La impunidad de la Acción Responsable

• Escenarios bilaterales
• La delicada aventura verde olivo

A Puerta Cerrada
Marcela Gómez Zalce

Quien mal escucha, mi estimado, mal responde. Dentro de un lapso breve nuestras fuerzas armadas, tan irresponsablemente utilizadas por este (des)gobierno en la mal llamada guerra contra el narcotráfico, pasarán al escrutinio internacional sobre las constantes violaciones a los derechos humanos contra la población civil cada vez más indefensa ante, no sólo el fuego cruzado contra la organizada delincuencia sino con los actos arbitrarios sufridos que acompañan, sin ningún marco jurídico, esta aventura verde olivo.
Aventura que hasta hoy, my friend, no ha redituado sino en más violencia y menos control de territorios. Más corrupción y menos resultados. El foco rojo es alarmante si, como lo exige el Congreso estadunidense, el mentado Plan, perdón, Iniciativa Mérida estará supeditada a reportes detallados sobre violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército, la Armada y la tristemente célebre Policía Federal. El problema no es menor. Felipe usa y abusa del Ejército, y cuando se llegue a la báscula de la historia estos civiles los dejarán desabrigados.
Y hoy el (des)gobierno de Calderón no prepara la salida de las fuerzas armadas de labores que son competencia de la policía civil porque no está en su interés. Lo suyo es politizar su infame guerrita, utilizar el combate al narcotráfico como estandarte electorero dinamitando importantes puentes políticos y sobreexponer a nuestras fuerzas armadas que son el último reducto para salvaguardar México.
Y como los derechos humanos estarán siempre en el epicentro internacional, nuestro país puede sufrir un severo revés en diversos tratados. Y en el colmo a la capitulación del interés norteamericano, el denominado Plan Centinela, impulsado en el sexenio de Fox, fue reactivado con simpáticos detallines en la cadena de mando que termina con supervisión y órdenes del gobierno de Estados Unidos. O sea, una copia calca de lo implementado en Colombia.
El fondo (que no la forma) parece esbozar la preocupación extrema de nuestros vecinos sobre las derivaciones que desencadenará la confluencia de la crisis económica y la crisis de seguridad. Coctelito ideal que abona un explosivo caldo de cultivo social y/o para el colapso rápido de un estado fallido. Escenarios que ya se analizan en la poderosa sede diplomática en la capital y que incorporan la fragilidad de las instituciones, los niveles de impunidad, la corrupción y el endeble Estado de Derecho…
Ése que no aparece después de 20 días de la tragedia en Hermosillo, donde murieron 47 indefensos chiquitos quemados y asfixiados. Ése que no alcanza para llamar a cuentas a la cúpula del IMSS y los responsables de firmar, otorgar y avalar la subrogación de la guardería-bodega-funeraria ABC. Ahí donde la impunidad del manto protector de Margarita Zavala arropa a Carla Rochín Nieto, quien en 2008, como Coordinadora de las guarderías del IMSS, efectuó una licitación en Guanajuato para parentela de esa gran familia de Acción Nacional.
Y con ese distintivo cinismo, Juan Molinar Horcasitas afirmó que fue a la PGR a comparecer (¿en lo oscurito?) sin que el vocero Ricardo Nájera conociera del significativo hecho sobre la tragedia que ha elevado el nivel de confrontación (y excitación de hormonas) federal contra el gobierno de Eduardo Bours, donde el titular de Bucareli actúa cual camorrero desafiante mientras el otro gobernador, Leonel Godoy, le escupe al (des)gobierno que se confunde cooperación con sumisión.
Espléndida la armonía lucida (que no lúcida) por este (des)gobierno con mandatarios de la oposición, ¿no le parece?
Pero si como presumió Juan Molinar sobre la legalidad y la transparencia en los procesos de licitación en la subrogación de guarderías: ¿cuáles fueron las bases y en qué fechas fueron publicadas…? ¿Cómo es posible que no se conozca la lista de nombres de los que lucran en el negocio de (des)cuidar infantes si la información es pública…? ¿Cuál fue el criterio para renovar los contratos de los responsables de embodegar a los chiquitos en ABC…? ¿Cuál es la justificación legal para que la socialité sonorense y la parentela Gómez del Campo no estén consignados...?
Y la mejor Acción Responsable: ¿por qué el PAN se niega a que Karam comparezca ante la Permanente fijando la fecha después del 5 de julio…?
¡¿Acaso esto no es lucrar electoralmente con la muerte de 47 chiquitos…?!
gomezalce@aol.com