Se intensificó la criminalización de radios comunitarias en 2009

Gabriel León Zaragoza

Este año, el gobierno de Felipe Calderón intensificó la criminalización de las actividades de radios comunitarias, a las que con acciones policiacas reprime su derecho a ejercer su libertad de expresión, denunciaron organizaciones de la sociedad civil.

En conferencia de prensa denunciaron la persecución penal del gobierno federal en contra de Rosa Cruz, artesana purépecha e integrante de la radio comunitaria Uekakua, en Ocumicho, Michoacán, el cual a finales de enero fue violentamente cerrada por al menos un centenar de elementos de la Agencia Federal de Investigación.

Aleida Calleja, vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), indicó que junto con otras organizaciones no gubernamentales han asumido la defensa de Rosa Cruz, quien tiene una suspensión luego que el día 13 de este mes recibió un citatorio para comparecer ante el agente del Ministerio Público de la Federación, radicado en Uruapan, Michoacán, en calidad de indiciada por la comisión del delito previsto en el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales, que alcanza hasta 12 años de prisión por la utilización del espectro radioeléctrico sin la concesión o permiso.

Indicó que diversos frentes sociales ya han documentado el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Señaló, asimismo, que se ha enviado la notificación al relator de Libertad de Expresión de Naciones Unidas y a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en México. Buscaremos llevar el caso ante la CIDH y a la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, indicó.

Denunció que este tipo de acciones judiciales no operan contra los medios electrónicos comerciales cuando violan la ley, como, dijo, sucedió con Tv Azteca, cuando a través de HI TV utilizó un espectro que no tiene autorizado.

“La respuesta de las autoridades es que ‘se revisará la irregularidad’, y en el caso de las radios comunitarias es ‘son ilegales y clandestinas’, así lo dicen las autoridades.”

El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Luis Arriaga Valenzuela, manifestó que en contra de Rosa Cruz se utiliza de manera facciosa, discrecional e inadecuada el sistema de justicia del país, para reprimir y castigar este tipo de expresión.

Dijo que el Estado mexicano niega las bases para construir una opinión pública plural, independiente, que busca el diálogo y la atención a contextos locales, que apuesta por mayorías excluidas.

Se trata de la tercera radio comunitaria que cierra esta administración. Al menos unas 200 agrupaciones sociales, estiman, han solicitado permiso de operación ante la Secretaría de Gobernación y la Comisión Federal de Telecomunicaciones, instancias que han iniciado procedimientos penales seguidos de la utilización desmedida de la fuerza pública en el cierre de emisoras.