El ejército español operará en Afganistán con militares colombianos, violadores de derechos humanos

Plataforma Justicia por Colombia

Las ejecuciones cometidas por el ejército colombiano son permanentes e impunes, pero esos soldados sirven para que no lleguen a casa ataúdes con españoles.
La Ministra de Defensa española, Carme Chacón, ha confirmado ayer que unos 150 efectivos del ejército colombiano serán trasladados por Estados Unidos a Afganistán para incorporarse al contingente español que opera en este país. La confirmación de que militares colombianos estarán bajo mando español en Afganistán se hace pública tras la reunión de Chacón con el secretario de Defensa estadounidense, y unos días después de que el presidente de Colombia, Alvaro Uribe, hablara sobre esta colaboración militar en su reunión con Barack Obama. En un comunicado de la presidencia de Colombia se confirma que los soldados partirán a Afganistán “a través del apoyo de la Otan y por intermedio de las Fuerzas de España”.

España firma así una alianza militar con un ejército, el colombiano, que está acusado de gravísimas violaciones de derechos humanos por varias instituciones internacionales. Philip Alston, Relator Especial de Naciones Unidas para las ejecuciones arbitrarias, ha afirmado tras su misión a Colombia en este mes de junio que la versión de muchos miembros del gobierno colombiano que acusan de las ejecuciones extrajudiciales a algunas “manzanas podridas” dentro del ejército, “es insostenible. Las cantidades mismas de casos, su repartición geográfica y la diversidad de unidades militares implicadas, indican que éstas fueron llevadas a cabo de una manera más o menos sistemática, por una cantidad significativa de elementos dentro del ejército”.

El Relator de la ONU describe cómo “miembros del ejército matan al individuo. Luego se manipula el lugar de los hechos para que parezca que la persona fue dada de baja legítimamente en el fragor de un combate. A menudo se hace una fotografía en la que sale vistiendo uniforme de guerrillero con un arma o granada en la mano. Las víctimas suelen ser enterradas de manera anónima en fosas comunes, y los asesinos son premiados por los resultados conseguidos en la lucha contra la guerrilla”. Para Philip Alston, los “falsos positivos” constituyen en realidad “asesinato a sangre fría y premeditado de civiles inocentes, con fines de beneficio”. El relator señala en su informe preliminar que los militares hostigan sistemáticamente a los supervivientes (“esto forma parte de un patrón común”) y que a pesar de que el gobierno ha tomado medidas para parar y responder a estos homicidios, hay una preocupante brecha entre las políticas y la práctica, ya que la cantidad de enjuiciamientos por ejecuciones extrajudiciales sigue siendo muy baja y en algunas zonas “los jueces militares hacen caso omiso a los dictámenes de la Corte Constitucional”.

La Plataforma Justicia por Colombia lamenta que ésta sea la respuesta del gobierno español ante la calidad y cantidad de pruebas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la fuerza pública colombiana. Ante los informes de Naciones Unidas y de un sinnúmero de misiones internacionales y nacionales que han verificado la sistemática violación de los derechos humanos, la respuesta del gobierno español no puede ser otra que la inmediata suspensión de todo tipo de acuerdo militar con Colombia. De lo contrario, el mensaje que en nombre de España da el gobierno de Rodríguez Zapatero al mundo es que los torturas, las desapariciones forzadas, las matanzas, el paramilitarismo, las ejecuciones extrajudiciales y la impunidad son medios eficaces de inserción en la comunidad internacional. Ninguna credibilidad del discurso de los derechos humanos podría sostenerse si continúan y se amplían los convenios de colaboración militar con estructuras responsables de miles de crímenes que ofenden la conciencia ética de la humanidad.