Más de 70% de proyectos mineros en el país son de firmas canadienses

*En otros países las concesiones tardan en entregarse hasta 10 años y aquí ocho meses
*La presencia de esas empresas se debe a la flexibilización de la ley de inversión extranjera
*Habitantes de comunidades se quejan de daños ecológicos y a la salud de los pobladores

Maquinaria de Minera San Xavier, propiedad canadiense, en Cerro de San Pedro, San Luis Potosí.

Israel Rodríguez J.

Las empresas mineras de Canadá (con una larga lista de consecuencias sobre el medio ambiente y las comunidades donde operan), poseen más de 70 por ciento de los proyectos de exploración, desarrollo y producción de metales preciosos como oro y plata del total de las empresas con capital extranjero que operan en México, según revelan informes de la Secretaría de Economía (SE).
Pese a los efectos devastadores donde operan las empresas canadienses, como en el caso de la Minera San Xavier en San Luis Potosí, las autoridades esperan que la producción anual global de oro en el país alcance las 70 toneladas, gracias a proyectos como Peñasquito, Zacatecas; Dolores, Pinos Altos y Palmarejo, en Chihuahua, entre otros, los cuales en su mayoría son realizados por empresas del país de la hoja de maple.
La gran presencia de las empresas mineras canadienses en México se debe a la apertura y a la flexibilización de las diversas normas de inversión extranjera después de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio durante la gestión del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. En 1993 se cambió la Ley Minera que databa de 1961 y empezó la apertura del sector minero al capital extranjero, al eliminar la normatividad que exigía que se asociara con capital nacional en una proporción de 49-51 por ciento.
Diversos estudios han concluido que en otros países las concesiones mineras se otorgan luego de un largo proceso que puede tardar entre ocho y 10 años, que incluye la realización de audiencias públicas y foros en los que diversos grupos involucrados con el tema exponen sus puntos de vista con respecto al proyecto. En cambio, en México el proceso de concesión es cerrado y centralizado, con la competencia del gobierno federal, y se puede resolver en un plazo de solamente ocho meses.
La devastación ambiental y las violaciones de las empresas mineras canadienses han sido ampliamente documentadas en Guatemala, Perú, Rumania, Filipinas, Honduras, Ecuador, Bolivia, Ghana, Surinam, la República Democrática del Congo, Papua Nueva Guinea, Tanzania, India, Indonesia, Zambia y Sudán.
Desde 2001, la investigadora Adriana Estrada, con la colaboración de Helena Hofbauer, documentaron para FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, algunos de los daños ambientales ocasionados en México por las mineras canadienses, consideradas líderes en este sector. En octubre de 1996 se registró el derrame de mil litros de cianuro en el arroyo El Venero, municipio de Moris, en Chihuahua. La empresa responsable de este derrame fue Manhattan Mining.
Otro caso fue el ocurrido en febrero de 2000 en el ejido de Piedras Verdes, también en Chihuahua, donde se acusó a la empresa Glamis Ltd de verter altas concentraciones de cianuro en el cauce del río Urique. Glamis Ltd opera conjuntamente con Metallica, la emblemática Minera San Xavier.
En Sonora, para la explotación de la mina La Colorada, de la empresa canadiense El Dorado Gold Corporation, se encontró que las negociaciones con las comunidades afectadas se habían llevado a cabo de manera irregular, con una clara falta de información. Gold Corp Inc también tiene actualmente otros proyectos de producción de oro y plata en El Sauzal, Chihuahua; San Dimas, en Durango, y Los Filos Bermejal y Nukay, ambos en Guerrero.
Alianza ciudadana
Uno de los proyectos más controvertidos es el de la mina San Xavier, en Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, propiedad de las empresas canadienses Metallica Resources Inc y Glamis Gold Ltd, cuyos procedimientos de explotación agresivos, como explosiones con dinamita o uso de cianuro para destilados, con la consecuente contaminación de los mantos freáticos del subsuelo y la depredación del medio y del paisaje natural, originaron la coalición de 16 grupos, organizaciones y partidos políticos en una alianza ciudadana opositora.
Para minimizar las protestas de la población de San Pedro por la explotación depredadora, que incluso cambiara la fisonomía del cerro que da nombre a la localidad y que está en el escudo del estado, la empresa canadiense ofreció dotar de casa a los 400 trabajadores que participan en las tareas de mejoramiento de los caminos; se han electrificado 10 comunidades cercanas, y en algunos casos se les ha dotado de agua potable y se les ofrece consulta médica gratuita, entre otros beneficios.
Además de las mineras, operan en México corporaciones como Scotiabank, TransAlta, Transcontinental, Magna Internacional, Palliser, Presion Drilling, Fairmount y hoteles Four Seasons.
Según los datos de la Dirección General de Promoción Minera y de la Dirección de Promoción de Proyectos de la Secretaría de Economía, existen, al primer semestre de 2009, 263 empresas mineras con capital extranjero operando en México, las cuales manejan un portafolios de 677 proyectos en total.
Del total de esas empresas, 198 (75 por ciento) son de Canadá, 39 de Estados Unidos (15 por ciento); siete de Reino Unido (3 por ciento); cinco de Australia (2 por ciento); tres (uno por ciento) de Japón; China y Corea, dos empresas cada una (cerca de uno por ciento), y Suiza, Luxemburgo, Chile, India, Italia, Holanda y Perú con una empresa cada uno.
Son 26 los estados de la república mexicana en los que hay presencia de empresas con capital extranjero, en su mayoría canadienses, realizando trabajos de minería. El mayor número de proyectos se concentra en Sonora, con 163, Chihuahua con 101, Durango con 73, Sinaloa igualmente con 73, Zacatecas con 50, Jalisco 41, Oaxaca 32, Baja California, Nayarit y Guerrero con 15 cada uno, Guanajuato 11, Michoacán y San Luis Potosí con 12, Chiapas nueve, Coahuila ocho, estado de México siete, Puebla con seis, Nuevo León y Querétaro con cinco, Baja California Sur y Colima con siete e Hidalgo con tres; finalmente, con dos para cada uno de los estados de Morelos, Tamaulipas y Veracruz.