El costo de la Iniciativa Mérida

Editorial

El senador demócrata estadunidense Patrick Leahy –actual presidente del subcomité de adjudicaciones del Senado sobre asuntos extranjeros–, se opuso ayer a la presentación de un informe elaborado por el Departamento de Estado, en el que se expresa una opinión favorable sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país en el contexto de la llamada guerra contra el narcotráfico. De tal forma, el senador por Vermont congeló la entrega de unos 100 millones de dólares –de un total de mil 400 millones, que se desembolsarán en tres años– al gobierno mexicano, presupuestados en el marco de la Iniciativa Mérida.

Con esta decisión, el político atendió peticiones de distintos organismos humanitarios internacionales que recientemente han protestado por los atropellos cometidos en nuestro país por efectivos castrenses, en el contexto de la campaña calderonista en contra de los cárteles de la droga; ayer mismo, Amnistía Internacional solicitó al Congreso de Estados Unidos retener 15 por ciento de los fondos de la Iniciativa Mérida en tanto el gobierno mexicano no cumpla con sus obligaciones en el ámbito de las garantías individuales; debe recordarse también que la organización Human Rights Watch solicitó, desde el pasado 13 de julio, que el gobierno de Barack Obama no certifique que México ha cumplido con los requisitos en materia de derechos humanos establecidos en la mencionada iniciativa, mientras los abusos cometidos por el Ejército Mexicano continúen siendo juzgados por tribunales militares y no por autoridades civiles, y señaló que nuestro país no ha cumplido con su obligación de investigar y juzgar la creciente cantidad de abusos graves cometidos por las fuerzas castrenses, como violaciones sexuales, asesinatos, torturas, desapariciones y detenciones arbitrarias que quedan en la impunidad.

Estos señalamientos, en conjunto, ponen en perspectiva las deficiencias de origen de la política de seguridad en curso y la improcedencia de someter el país a un acuerdo de cooperación que ha significado un trato humillante e injerencista por parte del país vecino: mucho antes de ser formalmente presentada y firmada por Felipe Calderón y el ex presidente George W. Bush, la Iniciativa Mérida fue objeto de duras críticas por sus similitudes con el desastroso Plan Colombia y porque pretendía resolver problemas sociales complejos, como el de la delincuencia organizada y la inseguridad, desde una perspectiva policiaco-militar por demás simplista; posteriormente, salieron a la luz mecanismos previstos en el contexto de ese acuerdo que conllevan claudicaciones inaceptables en materia de soberanía y seguridad nacional, como la que implica permitir que un Estado certifique a otro en ámbitos particulares, como el de los derechos humanos.

Hasta ahora, si algo ha podido lograrse a raíz de la Iniciativa Mérida es que se conozcan a escala internacional los atropellos cometidos por el Ejército en el contexto de la guerra en la que el presente gobierno involucró al país. Para saber eso, sin embargo, no era necesario someter a las instituciones nacionales al escrutinio de un país extranjero: bastaba con escuchar los planteamientos hechos a lo largo de los dos años anteriores por distintos organismos no gubernamentales y sectores políticos de la sociedad sobre la catastrófica situación de los derechos humanos en el país, sobre la improcedencia de involucrar al Ejército en tareas que corresponden a las instancias policiales y sobre el riesgo para la vigencia de las garantías individuales y el estado de derecho que prefiguraría la presencia de soldados en las calles .

En suma, la política de seguridad emprendida por el calderonismo y alentada desde Washington no sólo ha significado un enorme costo en términos de vidas humanas, sino que lo ha involucrado en un proyecto de cooperación equívoco, ominoso y gravemente perjudicial para los intereses y la soberanía nacionales, y ha abonado al desgaste innecesario y riesgoso de las instituciones mexicanas.