Víctor Flores Olea
Se ha exigido al Ejecutivo, con argumentos irrefutables, que considere el tema educativo como clave del proyecto nacional y, en particular, el de la educación superior. Se ha dicho que sólo de esa manera tendría futuro el país, y que el desarrollo democrático y la prosperidad de México están enlazados a un proyecto de nación que considere centralmente al conocimiento, el impulso de la cultura, la ciencia y la tecnología, y la ampliación del sistema educativo a fin de que cada vez más mexicanos tengan acceso a sus beneficios.
Pero las cosas no son así: el Ejecutivo y su área financiera, encabezada por ese amasijo de contradicciones y dichos superficiales y envejecidos que lleva el nombre de Agustín Carstens (exhibiendo otra vez a los Chicago boys y su teología neoliberal como una de las principales causas de la actual catástrofe económica), no perciben que la inversión educativa es una absoluta necesidad para el país, sobre todo en tiempo de crisis. Claro, nada más cómodo que la sordera ante las razones esgrimidas.
Carstens ha presentado ya un presupuesto recortado. Calderón y la nueva dirigencia del PAN parecen haberse comprometido a la contraria. ¿Es verdad, o más bien se impondrá nuevamente la visión financiera del país? Es decir, un enfoque que sólo lleva a la salvación de los hombres del dinero y de los centros financieros, pero que mantiene en la miseria a los sectores necesitados del país, y que además resulta una aterradora fábrica de pobres.
Todavía diremos, porque no debe callarse: la monumental crisis que enfrentan México (con particular dureza) y el mundo tiene su origen en esa visión neoliberal que ha sido la regla perfecta para la acumulación de fortunas y el empobrecimiento de cada vez más largas mayorías de seres humanos.
Visión del pasado a la cual siguen fielmente adheridos nuestros dirigentes mientras otros gobiernos, con variados procedimientos, procuran escapar de la teología del mercado libre y otorgar a la sociedad y a sus necesidades la prioridad que merecen. Y coinciden, gobiernos con visión e inteligencias que piensan en el futuro, en que el campo de la educación y del desarrollo científico y tecnológico debe figurar a la cabeza de cualquier proyecto de sociedad mejor.
Pero decíamos que México es otra vez la excepción: el Ejecutivo y sus ejecutores permanecen atrapados por la rígida ortodoxia de un neoliberalismo que ya nos alcanzó por sus efectos catastróficos. Hasta los principales organismos financieros mundiales y continentales han definido la situación económica mexicana como particularmente desastrosa y la más difícil, si no imposible, de resolver.
Otra vez habría que mencionar la famosa frase de John Kenneth Galbraith cuando decía que los peores economistas son los que sólo aprenden unas cuantas fórmulas en el pizarrón de sus maestros, para después aplicarlas mal y sin saber que la economía ha de estar al servicio del hombre y no al revés. Pero ¡qué se hace ante un gobierno pétreo ante los argumentos!
Según la Conferencia Mundial para la Educación Superior de la UNESCO, que tuvo lugar entre el 5 y el 8 de julio pasados, la educación y el desarrollo cultural, científico y tecnológico deben asegurar su crecimiento año con año como una inversión socialmente protegida, y en que se reconozca plenamente a la enseñanza como un bien social y un derecho humano que garantice a la educación permanentemente un presupuesto suficiente para cumplir sus necesidades en cobertura, calidad y equidad, en el caso para el pueblo de México.
En esa misma conferencia se determinó, y lo asumió el gobierno de mexicano, que en ningún momento de la historia ha sido más importante (que en la actualidad) invertir en la enseñanza superior como vector importante de la construcción de una sociedad del conocimiento, diversa e integradora, y del progreso de la investigación, la innovación y la creatividad.
Por fortuna no se ha dicho la última palabra, que corresponde al Poder Legislativo y, en materia presupuestal, sobre todo a la nueva Cámara de Diputados. La sociedad, el pueblo de México, que los ha colocado en la función, aún espera que se abandone el seguidismo y la simple ejecución de los presupuestos formulados por la interesada ignorancia del Ejecutivo.
El nuevo legislador tiene en sus manos la posibilidad de cambiar el rumbo del país, reconociendo desde luego la importancia crucial de la educación y del desarrollo científico y tecnológico. Pero además dejando dejar atrás los principios de un sistema económico de explotación y derrota para los pobres que piensa únicamente en el beneficio de los ricos. Por ejemplo, es ya urgente una reforma fiscal realmente progresiva, que no se escude en el pueril supuesto de que la empresa privada es el principal agente del desarrollo.
Si no se logran tales drásticas correcciones, nuestro futuro quedaría cancelado y el desprestigio de los poderes iría en aumento, hasta la muy peligrosa orilla de levantamientos sociales de fuerza impredecible. Hoy la función crucial de los representantes consiste en establecer un parteaguas radical entre el México de la injusticia del pasado y un país con futuro mejor. Parece haber la última oportunidad; por eso deben abandonarse ya los anteriores caminos trillados o el daño para México será irreparable.
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