Procuraduría inhabilita a forense de Ernestina Ascensio

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Plascencia: Deslinde cómplice

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

En su edición 1712 de agosto pasado, la revista Proceso publicó este reportaje que da cuenta de la acutación del nuevo ombudsman Raúl Plascencia al frente de la investigación sobre violaciones a derechos humanos cometidas en contra de los presuntos responsables de los granadazos del 15 de septiembre de 2008 en Morelia, Michoacán. En esa ocasión, la CNDH documentó tortura pero se deslindó bajo el argumento de que los tratos crueles y degradantes no fueron cometidos por servidores públicos. A continuación el texto íntegro.

En abierto respaldo a la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se deslindó del caso de tortura e irregularidades judiciales cometidas contra los tres supuestos responsables de lanzar granadas a la multitud durante la ceremonia del Grito en Morelia, el 15 de septiembre del año pasado.
Aunque constató que fueron torturados para declararse culpables del atentado, que provocó ocho muertos y más de 100 heridos, el organismo se declaró incompetente para continuar con sus investigaciones, con el argumento de que fueron particulares, y no servidores públicos, los que incurrieron en tratos crueles y degradantes.
El 17 de julio pasado, la CNDH le informó a las esposas de los detenidos que por esa razón "se actualiza una causal de no competencia" del organismo "para seguir conociendo de sus quejas".
Las esposas de Juan Carlos Castro Galeana, Julio César Mondragón Mendoza y Alfredo Rosas Elicea habían acudido a la CNDH para denunciar el secuestro y tortura a que éstos fueron sometidos por un comando armado para inculparse de los atentados ocurridos en dos puntos del centro histórico de Morelia y presentarse como miembros de Los Zetas, el brazo armado del cártel del Golfo.
Según esas confesiones, el ataque tuvo como finalidad "calentar" la plaza de Michoacán y desatar una ofensiva del gobierno federal hacia La Familia michoacana. A las pocas horas del doble atentado, esa organización criminal se deslindó y advirtió que daría con los responsables para entregarlos al gobierno de Felipe Calderón.
Así ocurrió. En noviembre del año pasado Proceso documentó en su edición 1670 que el propio comando que secuestró y torturó a los acusados los entregó a la PGR.
Por medio de la titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Marisela Morales Ibáñez, la procuraduría admitió que dio con los detenidos gracias a una llamada anónima en la que le indicaron que los supuestos responsables estaban en una casa de la población de Antúnez, del municipio de Apatzingán.
Los agentes que fueron por ellos reconocieron que los acusados estaban vendados, amarrados de los pies y esposados. Cuando presentó a los detenidos, la PGR difundió un video en el que ellos "explicaban" la manera en que supuestamente aventaron las granadas. La versión fue ampliamente difundida por la televisión.
Las esposas de Cabrera, Mondragón y Rosas Elicea: Esperanza Fajardo Ortiz, Judith Medina Ayala y Julia Sánchez Vázquez, respectivamente, acudieron a la CNDH desde septiembre de 2008, a los pocos días de que sus cónyuges fueron presentados por la procuraduría como presuntos responsables.
En respuesta, el organismo que preside José Luis Soberanes les aseguró que será el juez de la causa el que se pronuncie "en relación con la culpabilidad o no de sus familiares", quienes desde noviembre pasado fueron enviados al penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco.
El deslinde quedó asentado en el oficio 32411, fechado el 17 de julio de 2009 y firmado por el primer visitador general de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, quien es mencionado como uno de los aspirantes a suceder a Soberanes en la CNDH en noviembre próximo.
Respecto a las quejas contra los agentes del Ministerio Público y un defensor de oficio, en el sentido de que no sólo avalaron la declaración bajo tortura, sino que permitieron que rindieran su declaración con los ojos vendados, la Comisión remitió a las mujeres al Órgano Interno de Control de la PGR y a la Dirección General del Instituto Federal de Defensoría Pública.
La tardía respuesta del ombudsman nacional, a casi un año de los atentados, avaló en la práctica las acusaciones de la PGR contra los detenidos por delincuencia organizada para incurrir en actos de terrorismo, homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, posesión de granadas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y lesiones calificadas.
Encubrimiento
"La contestación deja ver una CNDH entregada a la PGR, que pactó para sacar este asunto de acuerdo con la versión del gobierno federal. Fue algo inusitado", dice indignado Raúl Fernando Espinosa de los Monteros, abogado de Rosas Elicea.
En entrevista telefónica desde Guadalajara, el abogado adelanta que interpondrá una queja contra la CNDH en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o en el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra.
Para la defensa ha sido difícil desacreditar las acusaciones debido a los obstáculos de la PGR y del propio Poder Judicial.
En el caso del juez sexto de distrito en Materia Penal, que dictó el auto de formal prisión, la defensa tuvo que interponer un amparo para que se tomaran en cuenta los numerosos testimonios de familiares y vecinos de los inculpados, según los cuales éstos se encontraban en el puerto de Lázaro Cárdenas poco antes de los ataques en Morelia.
Esas pruebas finalmente fueron admitidas, pero el juez dictó de nueva cuenta el auto de formal prisión por los delitos que consignó la PGR. La defensa volvió a interponer un amparo, que se desahoga en el Juzgado Octavo de Distrito, en Naucalpan, Estado de México. Además, hay tres apelaciones radicadas en el Segundo Tribunal Unitario del Tercer Circuito, con sede en Jalisco.
En una carta que le envió a Soberanes para inconformarse con el deslinde de la CNDH, Julia Sánchez Vázquez, esposa de Rosas Elicea, le asegura que además de la tortura cometida por el comando que lo secuestró, su esposo también sufrió violaciones a sus derechos humanos por parte de los funcionarios de la procuraduría.
Julia Sánchez le reclama a Soberanes no sólo haber ignorado el Protocolo de Estambul, sino haber soslayado que su esposo "fue entregado a la PGR mediante un acuerdo celebrado entre La Familia michoacana y la SIEDO".
Y añade: "Sólo así se puede explicar que a través de una llamada anónima, de la cual nunca se establecen datos dentro de la averiguación, se haya puesto para ser aprehendido por la Agencia Federal de Investigación."
De la tortura, ni la propia PGR tiene dudas. Y así lo constató la CNDH, aunque matizó el hecho al asegurar que las lesiones no pusieron en peligro la vida de los detenidos.
Así lo explica el primer visitador general, Raúl Plascencia, en su respuesta a las esposas de los tres detenidos:
"El 27 de septiembre de 2008, peritos médicos adscritos a la PGR emitieron un dictamen en medicina forense, mediante el cual concluyeron que los señores Julio César Mondragón Mendoza y Juan Carlos Castro Galeana presentaron lesiones que no ponían en peligro la vida y tardaban en sanar menos de 15 días; en tanto que el señor Alfredo Rosas Elicea presentó lesiones que no ponían en peligro la vida y tardan en sanar más de quince días". Rosas Elicea, en efecto, tuvo que ser hospitalizado, debido a que presentaba cinco costillas rotas y disminución de la visión.
El 7 de octubre de 2008 y el 14 de abril de 2009, la CNDH hizo su propia revisión, a cargo de la Coordinación de Servicios Periciales. En su Certificado Médico Especializado para Casos de Tortura y Maltrato, los peritos de la Comisión, pese a haber admitido la existencia de daños emocionales en los detenidos, coincidieron con el peritaje de la PGR en el sentido de que sus vidas "no estuvieron en peligro".
Según el certificado que menciona el visitador, los detenidos "presentaron lesiones de tipo traumático al exterior en diversas partes del cuerpo, de diferentes características, algunas producidas en forma innecesaria para su detención o sometimiento; otras que se descarta que se hubieran producido por maniobras de sometimiento y unas más por la fricción de un cuerpo blando sobre la piel, compatible con las lesiones que dejan las vendas elásticas".
Concluye que "las lesiones de Julio César Mondragón Mendoza y Juan Carlos Galeana, por su naturaleza, no pusieron en peligro la vida y tardaron en sanar menos de 15 días. Sobre Alfredo Rosas Elicea establece que presentó lesiones que por su naturaleza no pusieron en peligro la vida y tardaron en sanar más de 15 días".
Respecto a las secuelas emocionales, indica que un psicólogo del Programa de Atención a Víctimas del Delito de la CNDH elaboró el 21 de noviembre y el 1 de diciembre de 2008 las "Opiniones psicológicas para casos de posible tortura, malos tratos, inhumanos y/o degradantes".
El resultado fue que Castro Galeana y Rosas Elicea "presentaron secuelas emocionales por eventos recientes que los han enfrentado con miedo a la propia muerte, de donde se infiere que los hechos que se obtuvieron con motivo de la valoración… se correlacionan directamente con los daños y lesiones de malos tratos y/o tortura".
En el caso de César Mondragón Mendoza, a quien el 18 de noviembre la CNDH le elaboró la "Opinión psicológica", estableció que presentó secuelas emocionales por eventos recientes, las cuales lo han enfrentado con miedo a la muerte.
Precisó que sus signos y síntomas "son característicos del Trastorno por Estrés Postraumático F43 (309.81), según la clasificación del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM IV-TR), y se correlaciona de manera directa con los daños y lesiones de malos tratos y tortura".
Enseguida, la CNDH deslinda a la PGR: "Sin embargo, cabe mencionar que en las citadas opiniones se precisó que no fue posible para los agraviados identificar a las personas que los detuvieron y que les propinaron tales tratos."
Pasando de largo los señalamientos de que la PGR recibió a los torturados de manos de un comando armado, el Primer Visitador insistió a las esposas:
"Se advirtió que si bien es cierto se refieren los hechos que causaron agravio a sus familiares, precisando las circunstancias en que éstos sucedieron, también lo es que no existe imputación alguna realizada en contra de servidores públicos de carácter federal a los que se les atribuya la práctica de alguna detención arbitraria cometida en contra de los agraviados los días 18, 21 y 23 de septiembre de 2008".
En esos días, los ahora acusados fueron levantados por grupos armados en distintos lugares de Lázaro Cárdenas, Michoacán. La PGR no los presentó hasta el día 26.
El organismo a cargo de Soberanes subraya que a esos funcionarios federales no se les puede imputar un trato cruel, inhumano, degradante o de tortura, ya que los propios agraviados no identificaron a quienes los cometieron.
Fuente: Proceso

Senado apuesta por la continuidad en la CNDH; elige a Raúl Plascencia

LA REDACCIóN

MÉXICO, DF, 5 de noviembre (apro).- Con 78 votos, el pleno del Senado eligió a Raúl Plascencia como nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Los otros dos aspirantes, Emilio Álvarez Icaza, exombudsman capitalino, y Luis Raúl González Pérez, exfiscal del caso Colosio, sólo cosecharon 32 y 2 votos, respectivamente.
Sin embargo, como la designación del nuevo ombudsman nacional requería dos terceras partes de los votos de los senadores, se llevaron a cabo dos rondas de votación.
En la primera ronda, Álvarez Icaza alcanzó 32 votos, González Pérez, 6, y Raúl Plascencia obtuvo 75.
A la sesión acudieron 113 legisladores, por lo que el candidato ganador necesitaba sumar 76 votos o más.
Previo a la elección del nuevo titular de la CNDH, los legisladores aprobaron por 110 sufragios a favor y cero en contra el dictamen que contenía la terna de aspirantes a presidir la CNDH, conformada por Emilio Álvarez Icaza, Luis Raúl González Pérez y Raúl Plascencia.
El presidente del Senado, el perredista Carlos Navarrete, informó que Raúl Plascencia rendirá protesta el próximo 10 de noviembre. Sin embargo, asumirá el cargo de manera formal el 16 de este mes.
Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Rosario Ibarra, calificó de "simulación" el proceso por el que Raúl Plascencia fue elegido nuevo titular de la CNDH.
La senadora petista consideró que se trata del "continuismo" de la gestión del aún ombudsman nacional José Luis Soberanes Fernández.
La activista social advirtió que varias organizaciones civiles protestarán el próximo 10 de noviembre, cuando Plascencia tome posesión del cargo.
En respuesta, el coordinador del PAN en el Senado, Gustavo Madero, aseguró que Plascencia Villanueva demostrará que tiene cualidades propias.
Sostuvo que señalar la designación como "continuismo" de la gestión de Soberanes es descalificar a priori. "Creo que eso es tratar de descalificar a una persona que ha trabajado en la Comisión de una manera profesional, institucional; estoy seguro que él demostrará sus cualidades de él propias y que no se las debe a su antecesor".
También el presidente del Senado, el perredista Carlos Navarrete, salió en defensa del nuevo ombudsman. Dijo que no se debe "descalificar a la mayoría de más de dos tercios que hoy votó".
Refirió que Plascencia recibió el respaldo de varias organizaciones y voces, y sostuvo que "el Senado tomó una decisión en absoluta libertad".
Fuente: Proceso

CNDH, el cambio difícil

JENARO VILLAMIL

MÉXICO, D.F., 20 de octubre (apro).- Con las comparecencias de los aspirantes (27) a presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) comenzó a perfilarse ya por dónde vendrán los vetos y los votos para la elección de quien sustituirá a José Luis Soberanes.
El cambio se perfila difícil, después de 10 años de una era de dispendio acentuado –más de 60% de los casi mil millones de presupuesto anual de la CNDH no se destina a sus labores sustantivas–, un exceso de burocracia y falta de credibilidad entre organismos ciudadanos, nacionales e internacionales.Para distintos observadores es claro que el candidato más fuerte ante la opinión pública es el ombudsman capitalino saliente, Emilio Álvarez Icaza, pero no es el favorito de los grupos dominantes entre las bancadas del PAN y el PRI en el Senado.Mucho menos de la jerarquía católica, que no le perdonará su posición en favor de la despenalización del aborto y que, además, cabildea intensamente entre los legisladores de ambos partidos, tal como lo hizo para que en 16 entidades los diputados locales priistas y panistas aprobaran contrarreformas en materia de diversidad sexual y aborto.Si la correlación de fuerzas al interior de ambas bancadas cambia, es claro que Álvarez Icaza haría valer su experiencia al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), pero lo que está en juego es una negociación previa entre el PRI y el PAN para dejar a la CNDH en el entorno de los intereses creados.Otros observadores señalan que existe una red de intereses y compromisos políticos establecidos por José Luis Soberanes y su equipo en la última década. Son éstos los que determinarán la designación del próximo presidente de la CNDH, a menos que en el camino el grupo político de Jorge Carpizo, el primer ombudsman nacional, logre colocar a alguno de sus candidatos.Entre los actuales aspirantes, tres de los que han conseguido el mayor número de apoyos entre las bancadas del PRI y el PAN pertenecen al equipo actual de la CNDH: Mauricio Farah Gebara, exquinto visitador y exadministrador de la institución, considerado al interior de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara alta como el auténtico "delfín", tanto de Soberanes como del senador Manlio Fabio Beltrones; Raúl Plascencia Villanueva, exprimer visitador de la CNDH, el "plan B" del grupo Soberanes, junto con Javier Moctezuma Barragán, secretario ejecutivo del organismo en los últimos tres años y cercano a las posiciones conservadoras del PAN, el PRI y, al parecer, con el aval de Los Pinos.En conferencia de prensa, el pasado miércoles 7, la senadora Rosario Ibarra de Piedra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, afirmó que existe un pacto entre un bloque de senadores del PAN y el coordinador priista Manlio Fabio Beltrones, para elegir al exvisitador Mauricio Farah como titular de la CNDH, a cambio de la ratificación del procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez."Quiero que la CNDH funcione, que no sea coto de poder, que no sea un negocio, que no sea una fuente de empleos para amigos de los que integran los altos puestos en la Comisión", reiteró Ibarra de Piedra durante un encuentro legislativo el pasado jueves 15.Los otros dos candidatos que disputarán con los funcionarios de Soberanes la presidencia de la CNDH son el exombudsman del Distrito Federal, Emilio Álvarez Icaza, el más conocido de los 26 candidatos finalistas y quien cuenta con el apoyo de decenas de organizaciones civiles, y el exabogado general de la UNAM, Luis Raúl González Pérez, apoyado por el grupo cercano a la rectoría y a Jorge Carpizo, el primer presidente de la CNDH, distanciado finalmente del grupo de Soberanes.Entre los candidatos que podrían tener posibilidades de integrar las ternas finales se menciona, también, a Patricia Olamendi, exsubsecretaria de Relaciones Exteriores, apoyada por una red de organizaciones feministas; el director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Gerardo Laveaga, egresado de la Escuela Libre de Derecho y cercano al calderonismo; el exsubsecretario de Derechos Humanos, Ricardo Sepúlveda, cercano al senador Santiago Creel, quien al interior de la Cámara alta influye sobre cerca de 30 legisladores de su partido, incluyendo a los que se consideran del "ala yunquista" o conservadora. Otros aspirantes que han realizado un intenso cabildeo entre senadores son el exgeneral José Francisco Gallardo Rodríguez; la excomisionada de feminicidios en Ciudad Juárez, María Guadalupe Morfín Otero, adversaria de Soberanes años atrás; la exvisitadora Susana Talía Pedroza de la Llave; la profesora del Inacipe, Karmen Thereza Silva Fajardo, así como los abogados Jorge Eduardo Pascual López y Lucrecia Ortega.La posibilidad de que la elección final sea producto de un acuerdo bipartidista entre el PRI y el PAN, bancadas con mayoría en el Senado, ha generado suspicacias y advertencias, incluyendo a organismos multinacionales como Amnistía Internacional.Irene Khan, secretaria general de ese organismo, advirtió a los senadores, en una carta enviada el pasado viernes 17 de septiembre: "Amnistía espera que esta decisión asegure un proceso plural y transparente y no un preludio para imponer una decisión bipartidista, acerca de los candidatos más convenientes para los principales partidos políticos."La futura credibilidad de la CNDH ante la opinión pública nacional (e internacional) también depende de la credibilidad del proceso de selección del nuevo mandato", advirtió Khan en su misiva.
La era Soberanes
El exadministrador y exquinto visitador de la CNDH, Mauricio Farah Gebara, jugó desde 1999 un papel clave en el ascenso de José Luis Soberanes a la presidencia del organismo. Quienes conocieron este proceso consideran que Farah, yerno del exsubsecretario de Gobernación, Jesús Salazar Toledano, cabildeó al interior de la bancada del PRI en el Senado en 1999, en ese entonces coordinada por María de los Ángeles Moreno, para que los votos favorecieran a Soberanes.Durante los primeros seis años de Soberanes al frente del organismo, Farah fue el secretario de Administración del organismo. Como tal, fue el responsable de la adquisición de varios inmuebles de la CNDH por más de 185 millones de pesos. En febrero de 2005, Farah se convirtió en el quinto visitador general de la CNDH y responsable de programa de protección a los derechos humanos de los migrantes y periodistas.Farah Gebara fue responsable de los primeros contratos de consultoría con empresas como Aregional, vinculada al senador Manlio Fabio Beltrones. Entre 2003 y 2004, la CNDH firmó contratos por 1 millón 210 mil pesos con esta consultoría y también con el despacho Vázquez Nava y Asociados.El segundo candidato más fuerte dentro del equipo de Soberanes es el primer visitador Raúl Plascencia Villanueva, responsable de algunas de las recomendaciones más polémicas de la CNDH.Bien visto por Los Pinos y por un sector conservador del PRI es el secretario ejecutivo de la CNDH, Javier Moctezuma Barragán, abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho y estrecho colaborador de administraciones priistas y panistas.Moctezuma Barragán se incorporó en 2006 al equipo de Soberanes, pero antes fue embajador de México ante El Vaticano (2004-2005), subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos (2000-2003) y subsecretario del Trabajo en el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000). Ha sido profesor de Derecho en tres universidades tan disímbolas como la UNAM, la Universidad Panamericana y el Instituto Tecnológico Autónomo de Monterrey.Distintos columnistas y comentaristas de medios consideran a Moctezuma Barragán el "verdadero candidato" del PAN y del PRI. Al igual que en el caso de Plascencia, se le ha criticado por usar la infraestructura y los recursos de la comisión.Incluso, el pasado miércoles 7, Patricia Olamendi acudió a la Secretaría de Gobernación para exigir que Moctezuma renunciara a su cargo, a fin de que exista una "contienda equitativa" por la CNDH.
Email: jenarovi@yahoo.com.mx

Rebatiña por la onerosa CNDH

JENARO VILLAMIL

Dispendio, burocratismo y corrupción son parte de la herencia que deja José Luis Soberanes luego de una década al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Para la designación de quien lo sucederá, en el Senado se libra una lucha sorda. Por lo pronto, la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de este cuerpo legislativo, Rosario Ibarra de Piedra, asegura que dará la pelea para impedir que se imponga el continuismo en esa comisión.

Ante el relevo del ombudsman nacional José Luis Soberanes luego de 10 años de gestión, en el Senado se desató una intensa disputa para designar al nuevo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), proceso que culminará en noviembre próximo.En contrapartida, informes de una auditoría interna revelan gastos onerosos dentro de ese organismo, cuyo presupuesto para 2009 fue de 912 millones de pesos –el mayor destinado a una institución de ese tipo en el mundo–, de los cuales la mayor parte no se destinó a sus actividades sustantivas.Por ejemplo, 71.5% de ese monto se canalizó al pago de personal; 92 millones de pesos se emplearon para la compra y remodelación de edificios y 49 millones de pesos se usaron para la adquisición de terrenos.Entre 2003 y 2007, 11 millones 127 mil pesos en “gastos de asesoría” en materia de administración fueron pagados a empresas como Aregional, creada por el senador Manlio Fabio Beltrones (Proceso 1475). De 2004 a 2009 se liquidaron 5 millones de pesos al despacho Vázquez Nava y Asociados, creado por la excontralora en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, María Elena Vázquez Nava.En el bienio 2003-2004, la comisión firmó con Aregional convenios por 1 millón 20 mil pesos (contrato 80), una ampliación de 170 mil pesos (contrato 5), otra por 1 millón 875 mil pesos (contrato 76) y una más por 312 mil 500 pesos (contrato 27). Sin embargo, esas cifras se incrementaron a raíz de la designación en 2005 de Pablo Escudero Morales, yerno del senador Beltrones y actual diputado federal del Partido Verde, como Oficial Mayor de la CNDH.Ese mismo año, el funcionario firmó con Ricardo Carrillo Arronte, director actual de Aregional, el contrato 071 por 2 millones 70 mil pesos; en 2006, el contrato 03 por 2 millones 880 mil pesos, y en 2007, el contrato 025 por 2 millones 592 mil pesos. Hasta ahora no se conocen los resultados de la “evaluación administrativa” por la que se le pagó a esa consultora.Durante la gestión de Soberanes, los recursos para demoliciones, mantenimiento y remodelación de los inmuebles crecieron de manera significativa. En 2003 se destinaron a este rubro un total de 7 millones 319 mil pesos. A Grupo Constructor Cosmos por adjudicación directa se le otorgó un contrato por 5 millones 211 mil pesos.Para 2007, los recursos para este renglón fueron de 21 millones 874 millones de pesos; de éstos, 12 millones se pagaron a GPE Grupo Constructor por “la supervisión de los trabajos de construcción de un centro de cómputo y telecomunicaciones” para la comisión. Al año siguiente se erogaron 5 millones 13 mil pesos para la edificación de otro centro de cómputo y telecomunicaciones, pero ahora la empresa beneficiada fue Grupo Constructor EJA, S.A. de C.V.Un resumen del área contable de la CNDH, cuya copia obtuvo Proceso, revela que entre 2002 y 2009 se destinaron en total 57 millones 397 mil pesos a la compra y adaptación de bienes inmuebles.En octubre de 2006, un comunicado oficial de la CNDH dio a conocer que ante el grave déficit de espacios para sus empleados, adquirió un inmueble de 5 mil 115 metros cuadrados ubicado en Bulevar Adolfo López Mateos número 1922. La operación fue por 92 millones de pesos. Como ese edificio no fue construido con el propósito de albergar oficinas, se gastaron cuantiosos recursos para adaptarlo.Otros ejemplos del dispendio de la CNDH son los millonarios contratos para la edición de libros como Juárez, su obra y su tiempo, por la cual en el segundo trimestre de 2006 pagó 1 millón 527 mil pesos al Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa. También auspició, con la misma empresa, la publicación de las obras Liberales ilustres y Apuntes para el estudio de derecho constitucional, cuyos costos fueron de 1 millón 420 mil pesos y 1 millón 654 mil pesos, respectivamente. Incluso, la comisión destinó 100 mil pesos a la reimpresión del libro Las pasiones de Cuba, sin ninguna relación con la defensa de los derechos humanos.Un caso documentado por la organización Fundar, dedicada a la transparencia y la información pública, reveló que, entre 2002 y 2005, al exdirector de la Facultad de Derecho de la UNAM, Máximo Carvajal Contreras, se le pagaron 1 millón 304 mil 347 pesos para que realizara una investigación sobre la banda centroamericana conocida como Mara Salvatrucha. El encargo fue suspendido después de tres años, pero Carvajal cobró más de 700 mil pesos por un trabajo que no concluyó. En enero de 2005, sin tener experiencia en el área de derechos humanos, Carvajal fue nombrado cuarto visitador de la CNDH.Entre los organismos académicos más beneficiados por la comisión al otorgarles contratos para elaborar tratados y talleres se encuentra el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, de donde salió el propio Soberanes. En el primer trimestre de 2003 se le pagaron 650 mil pesos para elaborar “un tratado de derechos humanos”, y 280 mil pesos para impartir el taller Tendencias de los Derechos Humanos. En 2004, la CNDH le pagó 1 millón 985 mil pesos por el estudio Los derechos humanos en México, análisis y evaluación.En viajes, la comisión no reparó en gastos. En 2004 firmó un contrato anual por 9 millones 565 mil pesos con la agencia Yeshua. Un año después, la cifra había crecido a 17 millones 391 mil pesos. En el primer trimestre de 2008, la CNDH “ahorró” y pagó directamente a Aeroméxico, por expedición de boletos para todo el año, 20 millones 500 mil pesos.La batalla de RosarioLa legisladora del Partido del Trabajo Rosario Ibarra de Piedra, que preside la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, señala que la CNDH es un organismo “que dilapida, que tiene un negocio redondo para mucha gente que ni siquiera es de la comisión. No se vale”.En entrevistada con Proceso efectuada el miércoles 9, la legisladora afirma que, a 18 años de su creación, en la CNDH no existe “ni un visitador ni una mísera sección de la comisión que busque a los desaparecidos. Y no hablo de los del pasado, sino de los de ahora”.Ibarra libra una batalla dentro del Senado contra la intención de la Junta de Coordinación Política de colocar otras dos comisiones dictaminadoras (Estudios Legislativos y Justicia) en el proceso para seleccionar al próximo presidente de la CNDH. La luchadora social advierte que pugnará para que en la CNDH no vaya a darse el continuismo por parte del grupo encabezado por Soberanes.“Me opongo tajantemente a que me quieran poner otras dos comisiones, porque ni en la Constitución ni en el reglamento de la CNDH está escrito que dictaminen más de dos comisiones. La de Estudios Legislativos me la quiso imponer Manlio Fabio, y la otra, la Comisión de Justicia, es la que pidieron los panistas.“A Soberanes lo nombró la Comisión de Derechos Humanos del Senado y lo ratificó esa misma comisión. Entonces, por qué a mí me quieren colocar candados como si fuera yo una delincuente”, precisa la senadora.
–¿Por qué la insistencia en imponerle otras dos comisiones? –se le pregunta.
–Porque me quieren tener agarrada, pero yo no me dejé. Por eso dije: ‘esto es ilegal e inconstitucional’.El miércoles 2, Rosario Ibarra publicó un desplegado en la prensa con el título ¿Qué hay detrás de la sucesión en la CNDH? En el texto, la defensora de los desaparecidos políticos sugiere que puede existir un proceso con “dados cargados” hacia un “arreglo político externo” y advierte que si se viola la legalidad en la designación del sucesor de Soberanes “con justa razón cualquier candidato, precandidato o candidato perdedor podría impugnar un proceso que estaría viciado de origen”.Ese desplegado generó una airada rea­cción en el seno de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la instancia donde se procesan los acuerdos políticos en el Senado, integrada por los coordinadores de las bancadas.Una semana después, el jueves 10, tras un intenso debate en el pleno se modificó el acuerdo original que le otorgaba a la Jucopo la aprobación de la convocatoria para el relevo en la CNDH, a más tardar el próximo lunes 28. Ahora las tres comisiones someterán al pleno la terna de candidatos, pero el dictamen final quedará a cargo de la comisión presidida por Ibarra.
–¿Qué intereses están en juego en torno a la CNDH? –se le pregunta a la senadora.
–Yo quiero que sea realmente un proceso abierto, sin componendas, nada en lo oscurito, pero sospecho que mucha de la gente que me quiere vigilar tiene en mente algunos personajes para la terna que se presentará en el Senado.“Ellos tienen todas las oportunidades del mundo para proponer a quien quieran, pero la comisión que presido puede vetar. Así que si yo veo continuismo, irregularidades, complicidades de alguna especie, así como falta de vocación, de mística en el sucesor de Soberanes, pondré mi voto como un veto, aunque no tenga mayoría”, adelanta.
–¿Qué tanto pesa la herencia de Soberanes en este proceso?
–Yo creo que tiene a su candidato y que a todo trance lo quiere imponer. Por eso saqué un desplegado que dice ¿Qué hay detrás de la sucesión en la CNDH? Pusieron el grito en el cielo porque me dijeron que eso no se hacía. Yo les contesté: “Le mandé una carta a cada uno de los integrantes de la Junta de Coordinación Política y ninguno me peló. Ni siquiera me enviaron un mensaje, un recadito, un guiño, nada”. Por eso lo publiqué, para que lo vean.
–¿No teme que esta sucesión ya se haya negociado y usted sea incómoda?
–Pueden hacer muchas negociaciones. A mí me han dicho que no sé negociar. Un senador del PRD, cuyo nombre no diré, me advirtió al principio de la Legislatura: “Doña Rosario, usted no sabe negociar, déjeme a mí la comisión”. Y le respondí: “chiquito, no sabré negociar, pero sí sé pelear”. Por lo pronto, si los razonamientos que uno tiene te los golpean, no se vale. Hay que defenderse. Yo digo que hay que negociar en buenos términos, sin ventajas excesivas.
–¿Usted no tiene candidato?
–No tengo ninguno. No me pueden acusar de eso. Han venido a verme muchos. Por ejemplo, Patricia Olamendi y Mauricio Farah (quinto visitador de la CNDH). Luego vino Alfonso Durazo (excolaborador de Luis Donaldo Colosio y exsecretario privado de Vicente Fox). Sólo quiso platicar conmigo y explicarme lo que para él son los derechos humanos.“Mi único interés es que la CNDH, aun con su origen nebuloso porque fue un engendro de Salinas de Gortari, funcione con todo lo que pueda ayudar al pueblo de México en contra de las arbitrariedades que se cometen.”
–Al parecer, la correlación de fuerzas no le es favorable. Su posición puede perder en una votación en el pleno. ¿Usted utilizaría su fuerza moral?
–Es lo único que tengo. Es lo que dije en la Junta de Coordinación Política. Yo nunca he sido rica, pero tampoco pobre. Tengo 34 años de vivir en la Ciudad de México en un departamento y pago renta; entonces, no tengo cola que me pisen, no soy corrupta, soy ecuánime en mis juicios, tengo la mejor voluntad del mundo para ayudar a la gente que sufre en este país. Entonces, exijo que en la CNDH hagan lo mismo, y si yo con sólo mis uñas he estado 34 años trabajando en esto, ¿por qué con todos los elementos y recursos que tiene la CNDH no lo hace?
–¿Quisiera que la CNDH tuviera una visitaduría de desaparecidos?
–Claro, y no sólo una visitaduría. Desearía que la CNDH contara con un departamento especial para este crimen de lesa humanidad que es la desaparición forzada. Ahora el mal gobierno quiere hablar de levantones, perpetrados por el crimen organizado.“Para mí los levantones son desapariciones forzadas hechas por los cuerpos policiacos. Puede haber algunos que se los lleven los narcos, pero la metodología del crimen organizado es muy distinta a la de los cuerpos policiacos.”GigantismoA 10 años de haber llegado a la CNDH, Soberanes deja una institución que creció más de 50% en su estructura y con salarios para los mandos superiores que se incrementaron hasta 80%.Con mil 90 servidores públicos en su nómina, la CNDH es la más grande comparada con otros organismos similares de los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).Por ejemplo, la fiscalía general de Estados Unidos para esta materia tiene 300 empleados y la Comisión de Derechos Humanos de Canadá cuenta con 250. En Francia, el Mediador de la República tiene 300 empleados y la oficina del Defensor del Pueblo Nacional, de España, tiene sólo 35. En los países nórdicos de Noruega y Suecia, creadores de la figura del ombudsman, el personal encargado de la defensa de los derechos humanos es de 30 y 50 personas respectivamente.En contraste, un análisis del Programa Atalaya, del ITAM, donde participan organismos como la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y Fundar, revela que en 2008 la comisión trabajó 7 mil 546 expedientes, de los cuales concluyó 5 mil 926. En 3 mil 947, más de 60%, no encontró violaciones a los derechos humanos y en 3 mil 112 concluyó su labor con una “orientación al quejoso”.Su condición autónoma le ha permitido a la CNDH realizar adquisiciones de bienes inmobiliarios de manera discrecional. El 90% de las inversiones en compras de casas, terrenos y edificios se realiza con la norma creada por la propia CNDH para tener avalúos.A diferencia de otras instituciones públicas, la comisión no tiene que pedir el visto bueno del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), entidad creada durante el gobierno foxista para evaluar la compra de bienes inmuebles.Los 912 millones de pesos de presupuesto que la comisión ejerció durante 2009 no son fiscalizados por ningún contralor externo o autónomo. En el seno de la Comisión de Derechos Humanos del Senado están pendientes varias iniciativas impulsadas por la propia Rosario Ibarra, para designar un contralor autónomo, a semejanza de lo que ha ocurrido en el Instituto Federal Electoral, así como reformar el mecanismo para designar a los integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH.

Soberanes: promesas al aire

GLORIA LETICIA DíAZ

“Sin miramiento alguno”, se atenderán las quejas contra el gobierno de Felipe Calderón promovidas por el semanario Proceso, aseguró el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, tras la presentación de su Recomendación General número 17 sobre los casos de agresiones a periodistas y la impunidad persistente.

Soberanes respondió así cuando la reportera le cuestionó la omisión, en su recuento de violaciones a la libertad de expresión, de las quejas presentadas por Proceso por la “asignación discriminatoria de publicidad” oficial, así como por el intento del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de vincular al semanario con miembros del cártel de La Familia michoacana (Proceso 1697, 1700 y 1710).El ombudsman aseguró que en la recomendación general y en otras particulares se abordaron la cancelación de publicidad y la presión fiscal como mecanismos de “persecución de Estado”, asuntos que, por cierto, no están incluidos en el documento oficial.Sin hacer referencia a la queja formulada por Proceso contra la SSP, por incluir ejemplares de este semanario en la presentación de pruebas de delito contra miembros de La Familia el 29 de julio, Soberanes dijo: “De las quejas de Proceso, tenga usted por seguro que serán atendidas a cabalidad y emitiremos un pronunciamiento conforme a derecho, aquí sin miramiento alguno”.Soberanes formuló la declaración el miércoles 19, el mismo día en que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo dirigido a la SSP y a la CNDH sobre la última queja presentada por el semanario ante el organismo de derechos humanos.Tanto para la directora ejecutiva del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Brisa Maya Solís, como para la consultora legal de Article 19, Cynthia Cárdenas, la omisión de casos como el de Proceso y de otras violaciones al derecho a la libertad de expresión en la Recomendación General 17 de la CNDH la convierten en un documento débil, limitado, tardío, sin contundencia y vago en el señalamiento de responsables de proteger y garantizar ese derecho fundamental.Y es que lo presentado por Soberanes Fernández es un recuento estadístico de las 737 quejas atendidas desde 1991 por el Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos (492 recibidas sólo desde 2001 y hasta julio de 2009), en el que se hace énfasis en 65 casos graves ocurridos en los últimos nueve años de gobiernos panistas: 52 asesinatos, siete desapariciones y seis atentados con explosivos en instalaciones de medios de comunicación.El balance se enfoca en las deficiencias en las investigaciones de las agresiones a periodistas, retomando algunas recomendaciones formuladas con antelación por la CNDH, y que se traducen en la generación de “un clima de impunidad institucionalizada”.El recuento hace una especial observación de los “pobres” resultados de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP, dependencia de la Procuraduría General de la República), como los calificó en la conferencia de prensa el propio Soberanes, y también apunta fallas de algunas procuradurías estatales.En el análisis de la labor de la FEADP, se advierte que de febrero de 2006 a noviembre de 2008 dicha dependencia sólo ejercitó acción penal en tres de los casos graves, dato que refleja que “su actuación no ha tenido el efecto considerable sobre la protección y combate a la impunidad que prevalece en los agravios a periodistas y medios de comunicación, ya sea por su limitada competencia o por la deficiencia en sus investigaciones”.Respecto de los otros 62 casos graves, 17 de ellos fueron consignados ante un juez penal por “las diferentes procuradurías, federal y estatal”, pero sólo nueve tuvieron sentencias condenatorias, se indica. En dos de estas condenas, la CNDH “acreditó la actuación irregular de las autoridades” estatales, que ameritaron recomendaciones. Se trató de los casos de Gregorio Rodríguez Hernández, de El Debate, en Sinaloa, y Amado Ramírez, corresponsal de Televisa en Acapulco. En Guerrero, la Procuraduría de Justicia “fabricó testigos y torturó a los probables responsables”.Además, según el recuento, en 48 de los 65 registros de violaciones graves “no se ha resuelto la averiguación previa”.En su discurso, Soberanes resaltó: “En suma, la falta de diligencia por parte de las autoridades procuradoras de justicia ha generado, en gran medida, que los agravios contra informadores queden impunes o que no se agoten las líneas de investigación procedentes”.El documento fue dirigido a los 31 mandatarios estatales y al jefe de gobierno del Distrito Federal, así como los procuradores generales de la República y de Justicia Militar, y formula sugerencias muy generales para combatir la impunidad; agotar las líneas de investigación en los casos de agresiones a periodistas; hacer una “evaluación técnico jurídica” de los servidores públicos encargados de las indagatorias; garantizar las condiciones de seguridad para el ejercicio de la labor periodística; impulsar medidas de reparación de daño para periodistas y medios, y capacitar a personal de las agencias de Ministerio Público en derechos humanos y libertad de expresión.

Tiro errado
En su recomendación, Soberanes también pide que la Conferencia Nacional de Gobernadores y la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia sean las instancias que impulsen “las reformas legales reglamentarias y administrativas para definir de manera clara y adecuada la competencia y responsabilidad de las instancias procuradoras de justicia para conocer de los delitos cometidos en agravio de periodistas y medios de comunicación y para lograr mayor eficiencia en las investigaciones relacionadas con tales agresiones; asimismo, impulsar la transparencia en la rendición de cuentas de los resultados de la investigación de estos casos”.Brisa Maya Solís advierte que, al ser formulado como una “recomendación general”, el documento emitido por Soberanes en los últimos meses de su gestión no tiene garantías de recibir “respuestas contundentes y mucho menos ser aceptada”.Además, considera que la “CNDH debió dirigir la recomendación a los responsables de protección y defensa de derechos humanos del país, y no a la Conago, que es una instancia política. Entre las deficiencias de la recomendación, destaca no haber señalado “con nombre y apellido” a los responsables de garantizar la libertad de expresión.“Hay tareas más amplias y más altas que cumplir: la federalización de los delitos contra los periodistas, asunto parado en el Senado; hacer algo con la fiscalía especial, que le corresponde al Ejecutivo, y que el Poder Judicial asuma los casos y dé acceso a la justicia”, apunta.Cynthia Cárdenas coincide: “Hay instancias del Estado relacionadas con el tema a las que debió dirigir la recomendación: el secretario de Gobernación, encargado de la prevención y de políticas públicas, así como todos los procuradores e instancias de investigación”.Ambas le reconocen a Soberanes que abordó el tema central en la violación a las garantías de los periodistas: la impunidad. Sin embargo, consideran que el señalamiento del ombudsman es tardío.Dice Cárdenas: “Esta recomendación está precedida por varias hechas por la comunidad internacional. Sólo hay que recordar que el Examen Periódico Universal del Consejo de Naciones Unidas le formuló a México tres recomendaciones sobre la investigación efectiva y la sanción de responsables en materia de agresiones a periodistas y sobre la necesidad de fortalecer la fiscalía especial, que ya tiene tres años operando de forma ineficiente. Así lo han señalado varias organizaciones de la sociedad civil desde hace tiempo, y apenas ahora Soberanes lo advierte”.Para Solís, “hay que entender que la CNDH está pasando por un momento de crisis ante la opinión pública, y este tipo de recomendaciones, que necesitábamos desde hace tiempo, las emite Soberanes al cierre de su administración”.Las activistas insisten en que, a pesar de que la CNDH aborda en su análisis los casos más graves de agresiones contra periodistas y la impunidad en que se encuentran, no refleja la complejidad del problema.“El espectro es mucho más amplio, el recuento que hace la CNDH no puede tomarse como una radiografía completa. Hablamos de hostigamiento, discriminación en la distribución de publicidad, acoso, sanción a los medios… aunque en todos los casos el punto central es la impunidad. Cualquiera puede amenazar el ejercicio de la libertad de expresión, por distintas causas y distintas formas, porque persiste la impunidad”, resalta Solís.

Entrega HRW a Segob pruebas de abusos de militares

LA REDACCIóN

MEXICO, DF, 11 de agosto (apro).- El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, aclaró hoy que ocho de los doce militares que sentenció la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por imputaciones de homicidio, tortura y secuestro, son "casos antiguos" que correspondieron a los sexenios de Ernesto Zedillo y Carlos Salinas.

De esa manera respondió HRW a las declaraciones del presidente Felipe Calderón, quien ayer exigió al organismo internacional probar un solo caso de violación a derechos atribuible a militares.
El funcionario de HRW fue recibido en privado por el secretario de Gobernación (Segob), Fernando Gómez Mont, a quien entregó la documentación sobre el tema."Le expresé (a Gómez Mont) nuestra preocupación en torno a ese punto, él me dijo que el presidente Calderón lo que quiso decir fue que había una confusión fuerte en la defensa de derechos humanos y que si se cometían violaciones, no se hacían premeditadamente.
"Lo cierto es que le expresé nuestra preocupación y sorpresa por el tono del planteamiento del presidente, que toda la evidencia disponible dentro y fuera de México demuestra que son innumerables los casos de violaciones graves a los derechos humanos, y lo que ha sido la norma es la impunidad", indicó. Vivanco dijo que el titular de la Segob se comprometió a dar seguimiento al tema, "pues él no estaba enterado de los últimos planteamientos del Ejército".
"Me indicó que iba a examinar el asunto personalmente y, al mismo tiempo, iba seguir trabajando, así nos lo dijo, para corregir y mejorar los récord en materia de derechos humanos en México y particularmente del fuero militar.
"No hubo mayor atención en cuanto a una actitud transparente, por lo menos, en torno al diálogo en esta materia; de no haber diálogo, se hace mucho más difícil poder conseguir logros en los juzgados en materia de derechos humanos", aseveró Vivanco luego de una hora de reunión con Gómez Mont.
"Comenté nuestra sorpresa porque los anuncios hechos recientemente por la Sedena, en los que se da cuenta de algunos casos donde habrían logrado condenas contra militares por violaciones a los derechos humanos.
"Expliqué que el estudio que hemos hecho de ese informe de Sedena, ocurre que de los doce casos, ocho corresponden a la época del expresidente Zedillo, y probablemente incluso hasta en el mandato de Salinas de Gortari", expresó.
Por otra parte, Vivanco expresó al titular de la Segob su desencanto por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para dejar intacto el tema del fuero militar, pero aseguró que Gómez Mont "manifestó su satisfacción por la decisión de la mayoría de los ministros".

Responde Soberanes al presidente: los abusos de militares están comprobados
JOSé GIL OLMOS

MEXICO, D.F., 11 de agosto (apro).- Al presentar su último informe de actividades, el presidente saliente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, insistió en que debe ser temporal el uso del Ejército en la lucha contra el narcotráfico, y, en franca respuesta al reto lanzado por el presidente Felipe Calderón para aportar pruebas de los presuntos abusos cometidos por los militares, aseguró que existen evidencias claras de cómo éstos han violado los derechos humanos de civiles.

Soberanes apuntaló su dicho: "Que él (Felipe Calderón) explique el contenido y alcance de sus palabras. Les puedo decir que todos los casos de violaciones a derechos humanos los tenemos acreditados. Ahí están los expedientes. Quien los quiera ver que los vea y ahí están las recomendaciones; las pueden leer sin ningún problema".

Como ejemplo, Soberanes citó los casos de cuatro periodistas torturados por elementos del Ejército en Ciudad Juárez, Chihuahua, hace casi un año. "Esa recomendación la asigné ayer y ahí está. En unos días la pueden consultar. Entones, ahí no sólo se vulneró la dignidad de los periodistas, sino la libertad de expresión. Ahí están las pruebas y los expedientes", reiteró. Por otro lado, Soberanes pidió que "no nos acostumbremos a que las medidas excepcionales se conviertan en una normalidad", y reiteró que debe ser temporal el uso de las Fuerzas Armadas contra el crimen organizado."Aún es largo el camino de los derechos humanos y en México son casi innumerables los rezagos y las tareas pendientes. La inseguridad pública originada por los desbordamientos del crimen organizado continúa siendo expresión de nuestras peores realidades. La participación del Ejército en tareas policiales, lo hemos dicho, es tan indispensable como delicada en sus implicaciones; por ello debe ser temporal", dijo.Añadió: "No nos acostumbremos a que los medios excepcionales se conviertan en la normalidad. La lucha contra la inseguridad, la delincuencia organizada y el narcotráfico, flagelos de la sociedad mexicana contemporánea, exige acciones claras y precisas, con la ley en la mano, De igual manera –reitero: con la ley en la mano− deben castigarse los excesos cuando los hay". Soberanes consideró en ese sentido que el fuero militar debe ser discutido en el Congreso de la Unión y no en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), "porque hoy el Ejército es –dijo-- el que más recomendaciones tiene de la CNDH, seguido del sector salud". Aseguró que ninguna de las recomendaciones emitidas en 10 años por la CNDH "ha sido rebatida con mejores pruebas que las obtenidas por nuestros visitadores y peritos". Por ello, lamentó que "haya autoridades que aún pretendan ganar en los medios discusiones que han perdido ante los jueces o que no cambian el sentido de las evidencias reunidas por nuestro muy profesional cuerpo jurídico y técnico pericial, alma y sustento de la seriedad de nuestra labor"

Considero también pertinente hacer un llamado a favor de la objetividad y la mesura. Dijo: "En materia de participación de personal de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad pública, la realidad no se encuentra tampoco en ninguno de los dos extremos: bajo ningún fundamento ni razón puede calificarse que nuestros soldados sean genocidas o torturadores o que incumplan sistemáticamente con los derechos humanos, pero tampoco podemos obviar o desatender casos demostrados de faltas graves que ameritan sanción y una firme voluntad correctiva". Durante su discurso, Soberanes dijo también que es necesario erradicar por completo delitos y prácticas tan graves como la tortura, porque "es la negación misma de la severidad de la ley y de la capacidad de la justicia y del derecho para contener aún las más extremas conductas de la antisocialidad". Al hacer un resumen de actividades en sus 10 años a cargo de la CNDH, Soberanes informó que hasta junio pasado fueron atendidas 43 mil 688 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos y se logró que 3 mil 617 casos se resolvieran mediante conciliación entre autoridades y quejosos.En ese periodo, dijo que se emitieron 529 recomendaciones a las autoridades, algunas por casos de extrema gravedad.

Sostuvo que las recomendaciones que ha emitido la CNDH "son un recurso innovador y se han revelado como un instrumento que ayuda a impulsar modificaciones en las disposiciones normativas y en las prácticas administrativas en relación con el cumplimiento de los derechos humanos". Entre estas recomendaciones, Soberanes mencionó las que se refieren a detenciones arbitrarias; al derecho de los periodistas para mantener la confidencialidad de sus fuentes; a la situación de las mujeres internas en centros de reclusión y a la necesaria supervisión que todas las autoridades deben tener sobre diferentes servidores públicos para evitar la tortura.

Al concluir la presentación de su informe, Soberanes fue cuestionado por el caso Acteal y se pronunció por la libertad de algunos "presos inocentes", pues dijo que siempre habían estado concientes en la CNDH "de que fue algo mal hecho, pues pusieron a indígenas que ni siquiera sabían hablar castellano y fueron juzgados sin las mínimas garantías".

AMLO pide a Soberanes intervenir ante asesinato de Beatriz Leyva

Dos visitadores ya se encuentran en Oaxaca para recabar información del homicidio, responde la CNDH.
Notimex

México, DF. El ombudsman nacional José Luis Soberanes Fernández recibió este viernes a Andrés Manuel López Obrador, quien le solicitó la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el caso del homicidio de la dirigente perredista Beatriz López Leyva.
En compañía de la senadora Rosario Ibarra de Piedra, López Obrador se entrevistó por espacio de media hora con Soberanes Fernández a quien le expuso las presuntas violaciones a los derechos fundamentales de López Leyva.
En un comunicado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) indicó que su titular señaló que dos visitadores adjuntos del organismo a su cargo se encuentran desde el jueves en Oaxaca para recabar información relacionada con el homicidio de Beatriz López.
Los datos reunidos por la comisión en el lugar de los hechos, sumados a los que proporcionen diversas autoridades, dará lugar al expediente del caso, que permitirá desahogar la queja interpuesta por el ex candidato presidencial y la senadora Ibarra de Piedra.
El presidente de la CNDH ofreció presentar en breve un informe de avances de las investigaciones para determinar las violaciones a los derechos fundamentales cometidas contra López Leyva, asesinada el 6 de abril en la comunidad oaxaqueña de San Pedro Jicayán.

AMLO pide a Soberanes intervenir ante asesinato de Beatriz Leyva

Andrés Manuel López Obrador a su salida al término de la reunión que sostuvo con el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luís Soberanes en el edificio José FIX Zamudio de la CNDH en el sur de la Ciudad de México. Foto: Iván Méndez/Cuartoscuro.

Audio y texto de Conferencia de Prensa, después de la Entrevista del Presidente Legítimo Andrés Manuel López Obrador y el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos José Luis Soberanes, en las Instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.




Reina la impunidad en Oaxaca, necesario esclarecer los asesinatos de dirigentes sociales de oposición en la entidad: AMLO

México, Distrito Federal
Viernes 17 de abril de 2009

* La CNDH único organismo para hacer valer los derechos humanos, expresa López Obrador.

Entrevista al presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, al término de la reunión con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes Fernández

P:¿El comentario que nos puede hacer acerca de esta reunión?
Andrés Manuel López Obrador (AMLO): Nos entrevistamos con el doctor Soberanes para tratarle el tema del asesinato de Beatriz López Leyva, una mujer extraordinaria, que perdió la vida de manera vil. Fue asesinada en la costa del estado de Oaxaca, ella era representante del Gobierno Legítimo de México.

La conocí personalmente, como a muchos otros dirigentes, una mujer buena, extraordinaria y ayer que estuve en Oaxaca, hicimos el compromiso con sus familiares, con sus amigos, con todo el pueblo de Oaxaca de exigir que se aclaren estos hechos y que se castigue a los responsables.

En el estado de Oaxaca, desgraciadamente, reina la impunidad, han habido muchos asesinatos de ciudadanos, de dirigentes sociales, de opositores y hay una característica, no se aclara absolutamente nada, no se castiga a nadie, repito, impera la impunidad en Oaxaca y como que ya basta.

Es necesario que se ponga un hasta aquí a esta situación que impera en Oaxaca y desgraciadamente en otras partes del país, por eso hablamos con el doctor desde ayer para solicitarle esta audiencia, porque otra situación también muy triste es de que no hay a dónde acudir, porque no se puede pensar que se va a impartir justicia en Oaxaca, porque la misma autoridad en Oaxaca está involucrada en todos estos hechos de una u otra manera, y en este caso como en otros, la Procuraduría General atrajo el asunto y la Procuraduría General está demostrado que también actúa de manera cómplice, protege a delincuentes.

Entonces, por eso se decidió ayer acudir aquí a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y vamos a presentar formalmente la queja el lunes próximo, la vamos a suscribir doña Rosario Ibarra, que es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y la voy a suscribir yo.

El lunes vamos a presentar formalmente la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Nos han informado de que ya de oficio, como corresponde también la Comisión ha iniciado ya una investigación.

Ya hay personas de la Comisión que se han trasladado al municipio de Oaxaca, donde se llevó a cabo el asesinato para hacer la investigación, para recoger información de familiares y de la comunidad, entonces eso es lo que estamos haciendo aquí.

P: ¿Señor La Comisión de Derechos Humanos se ha convertido en la única instancia verdaderamente imparcial para hacer de este tipo de investigaciones?
AMLO: Pues mire, se lo acabo de decir al doctor y a mí no me gusta simular, le acabo de decir que en el balance que es la única institución a la que se puede acudir.

Le decía yo que no me pareció la forma en que actuó la Comisión de Derechos Humanos en el caso de la señora que fue ultrajada en Zongolica, sobre todo porque se dio la impresión de contubernio entre lo que dijo el usurpador Calderón, lo que dijo la Procuraduría y lo que dijo la Comisión de Derechos Humanos.

Pero, independientemente de ese asunto, en otros casos, hemos estado viendo de que es la única institución que esta alzando la voz, que está haciendo denuncias y por cierto hay también una actitud irresponsable de todo la Procuraduría General de la República y de otras instituciones, en donde parece que no les importa, que sienten que pueden hacer lo que les da la gana, y que no van a recibir ningún castigo.

Hay un ambiente de esa naturaleza, de mucha impunidad en el país, desgraciadamente los del gobierno usurpador, en general, se atienen a que tienen el control de la mayoría de los medios de comunicación.

Entonces como estos asuntos prácticamente no se difunden, no se exige que se esclarezcan, que se castiguen a los responsables, como tienen el control de los medios, pues ellos piensan de que pueden hacer y deshacer, por eso precisamente es que decidimos estar aquí el día de hoy y vamos a darle seguimiento a este caso y a otros más.

Vamos a esperar a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos presente un primer informe, luego de que presentemos formalmente la queja.

P:¿Ante tantos asesinatos en el estado de Oaxaca, el Poder Legislativo debe tomar cartas en el asunto para pedir la desaparición de Poderes?
AMLO: Pues eso se ha planteado desde hace mucho tiempo, pero es un ambiente de mucha complicidad. No olvidemos que el origen de esto fue el fraude electoral del 2006 y el compromiso del PRI de apoyar en el fraude a Calderón, la imposición de Calderón, a cambio de que se protegiera a Ulises Ruiz y al gobernador de Puebla, no olvidemos eso.

Entonces, así desgraciadamente están actuando, no solo es el Poder Legislativo, el Poder Judicial igual, los ministros de la Corte están al servicio de la mafia, del poder político y del poder económico en nuestro país, es una situación muy dramática la que se vive en México, porque todas las instituciones están tomadas, están al servicio de una oligarquía.

Qué es una oligarquía, desde la definición aristotélica o apoyándonos en esa definición, pues es el gobierno de los pocos, no hay en México una democracia, no hay un gobierno del pueblo y para el pueblo.

P: ¿ Y se puede hacer algo ante esta impunidad, ante esta corrupción e incluso ya vimos ayer con el encuentro con el presidente de Estados Unidos, que parece que van a avanzando hacia una mayor militarización, qué se puede hacer?
AMLO: Por eso, lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo, convocando a la gente a defender nuestros derechos ciudadanos a hacer valer nuestras libertades, a que no se violen derechos humanos, a que haya un verdadero estado de derecho, no un estado de chueco, ni mucho menos un estado oligárquico, es decir un estado al servicio de unos cuantos.

P:¿Al estar aquí usted considera que la CNDH es un organismo confiable?
AMLO: Pues, por eso estoy aquí, porque no tenemos a donde acudir, ya lo explique, desgraciadamente no hay otras instituciones, con todas sus deficiencias es esta la única instancia que hay, el único organismo para hacer valer los derechos humanos.

P:¿Si me permite, finalmente le decía del encuentro de ayer hay una serie de compromisos o proyectos para tratar de atacar el tráfico de armas, estamos ante otro simulación?
AMLO: Sí, es evidente, además yo no considero, lo he venido planteando que el problema de la inseguridad y mucho menos el fenómeno migratorio se resuelvan con medidas coercitivas, eso es un grave error.

El problema de inseguridad en México y el fenómeno migratorio no se reducen a un asunto entre policías y bandidos, estos problemas se han originado por la falta de empleo y de bienestar, y sobretodo por el imperio de la corrupción y de la impunidad que hay en México.

Se habla mucho de bandas de delincuentes y se habla de la delincuencia organizada, yo les diría que la banda más peligrosa que opera en México y la que ha hecho más daño es el cártel de Los Pinos.

P:¿Yo le quisiera preguntar al doctor Soberanes, qué pasa con Ulises Ruiz y qué pasa con el gobierno de Oaxaca, porque parece ser que nadie le hace nada ni una cosquilla, ni un rasguño ?
José Luis Soberanes Fernández (JLSF): Pues esa es la pregunta que yo hago, ya ve que emitimos la recomendación de los desaparecidos del EPR y la rechazaron, entonces, es esta impunidad que es la estamos viviendo, y que estas autoridades, pues la están a prodigando.

P:¿Qué expectativas tiene ante el asesinato de la señora Beatriz, porque en efecto fue un hecho ya consumado?
JLSF: Yo me comprometí con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado a dar un informe en 15 días y ahí estaremos en la posibilidad de decírselo a ustedes.

P:¿Cuántos visitadores fueron el día de hoy a Oaxaca?
JLSF: Dos, ayer fueron enviados dos, ya están allá trabajando, el primer balance en 15 días.

P:¿Va a ir a la toma de protesta de los candidatos del PRD a diputados federales?
AMLO: Voy a estar en Jalisco, en Guadalajara, hoy voy a Tlaxcala, mañana voy a la Huasteca potosina, mañana que es sábado y el domingo estoy en Guadalajara.

P:¿Por qué no va?
AMLO: Tengo mi programa ya hecho de defensa de la economía popular.

La peor gente, con FeCal

Calderón “se valió de la peor gente”, afirma José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos / En el gobierno fecalista crece la impunidad, denuncia / Desatiende las recomendaciones de la CNDH y desprecia los señalamientos, sostiene.
MEXICO, D.F., 19 de marzo (UNIVERSAL/LA JORNADA).- El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes, consideró que aunque Calderón “tiene voluntad política para enfrentar los grandes problemas nacionales”, como la impunidad y la violencia generada por el Crimen Organizado, se ha rodeado de funcionarios que no están a la altura.“Se valió de la peor gente”, aseguró en entrevista.En el gobierno fecalista crece la impunidad, debido entre otras cosas a la desatención a nuestras recomendaciones, y a éste desprecio a los señalamientos que le hacemos a los funcionarios, todo ello, alienta la impunidad, sostiene, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luís Soberanes Fernández.Añade: ante la impunidad creciente, en este gobierno, Calderón, tiene que parar esta situación, y justo a punto de cumplir la mitad de su mandato, puede dar un par de manotazos en la mesa, y convocar a un auténtico acuerdo nacional, para resolver todos los grandes problemas que estamos enfrentando, porque en materia de seguridad, no se trata de leyes, ni de coartar libertades o de leyes de excepción. Se requiere voluntad”. A unas horas de que presente su último informe de labores, como titular de la CNDH, la que ha presidido por una década, el ombusman nacional asegura que hoy le recomendará a Calderón que es necesario que se revise la aplicación del Código de Justicia Militar, porque “a los militares que están haciendo labores de policías, que son funciones civiles, como lo establece la Constitución, cuando cometan violaciones de derechos humanos, deben ser juzgados por la justicia ordinaria, y no por los tribunales militares”.Soberanes Fernández, subraya, que el Congreso es la instancia para discutir y revisar la aplicación del fuero de guerra, “ya que éste, a mi modo de ver, procede cuando los militares realzan labores propias de su ramo, por ello, creo que debería de haber un cambio de paradigma, pensamos que el legislativo tiene que hacer una re-interpretación de ese fuero, porque hoy, se aplica de una manera muy amplia, y es urgente, que se precise”.El presidente de la CNDH, acusa: “la PGR está colapsada. No está cumpliendo con su trabajo, ¿cuántos homicidios hay del crimen organizado, vemos las cifras diarias en las páginas de los periódicos, las de este año y las del año pasado, y nos preguntamos estos asuntos son investigados, se han encontrado a los responsables o han sido llevados ante los tribunales, la respuesta es no.

A Calderón no le preocupan los derechos humanos: Soberanes

■ El panista llegó cuestionado y sin empuje para avanzar en materia de garantías básicas
A Calderón no le preocupan los derechos humanos: Soberanes
■ Rodeado de colaboradores pequeñitos, Fox no tuvo interés en el tema, asegura el ombudsman
■ Guerra sucia y asesinatos de mujeres en Juárez, baldón en la historia por negligencia

Víctor Ballinas

El ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, afirma a La Jornada que al gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa “no le preocupa el tema de los derechos humanos. No son su prioridad”.
Abunda: los problemas políticos y los cuestionamientos “impidieron que el Ejecutivo pudiera entrar con el empuje que normalmente llegan los gobernantes de este país. Ello motivó que no hubiera un planteamiento presidencial para avanzar en el rubro”.
Aunado a ello, continúa, “desde el comienzo del gobierno Calderón se ha visto enfrascado en los temas de seguridad pública y lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Está metido en otros problemas y no le preocupa el de los derechos humanos”.
Soberanes Fernández, con casi una década como titular de la CNDH –es el primero que concluye el periodo de cinco años y logra una relección, que terminará en noviembre próximo–, apunta en entrevista: “mi aprendizaje en estos años ha sido ser tolerante. Muchas veces eso nos falla como seres humanos, al no saber reconocer en el otro valores innatos, al menospreciar o al injuriar al que es diferente. Me llevo ese aprendizaje”.
El deseo de portarse bien...
–Le tocó estar al frente de la comisión con tres presidentes. ¿Cómo evalúa esas gestiones?
–Con Ernesto Zedillo me tocó sólo un año y era el electoral, en el cual siempre hay el deseo de portarse bien, de dar buena cara. La CNDH no tenía el impacto que consiguió después, porque era una dependencia de la Secretaría de Gobernación muy acotada y eso hacía que no tuviera mucha credibilidad.
“En el gobierno de Vicente Fox parecía al comienzo que las garantías básicas iban a ser prioridad, pero la realidad se encargó de desmentirlo. Todos sabemos que los colaboradores del Presidente eran muy pequeñitos, no estaban a la altura de los retos que el país enfrentaba en ese momento. Por tanto, el cambio que requería la nación, que implicaba un avance de los derechos humanos, no se dio.
“Al principio –del gobierno foxista– muy bien, la luna de miel, pero después le importó poco el tema. Luego vino el desorden en el gabinete, la desilusión generalizada de la población sobre Fox, lo que llevó a un deterioro de la vida política del país, y acabó mal el sexenio.
“El inicio de la administración de Calderón estuvo marcado por problemas políticos y cuestionamientos, y no hizo un planteamiento en la materia.”
–¿Dónde ubica el quiebre en materia de derechos humanos en el gobierno de Vicente Fox?
–Fox había generado muchas expectativas. En burla me gusta decir que fue como el gran Makakikus. ¿Se acuerda de aquella película de Pardavé? Que no era más que una farsa. Bueno, su compromiso no quedó mas que en palabras o discursos bonitos que nunca se concretaron. Cuando se le planteaba avanzar en el tema nunca hubo respuesta. Muchas veces sentí que nos veía como mal necesario.
–En la recomendación 26/2001 sobre los desaparecidos en la guerra sucia se señala la responsabilidad del Estado en esas acciones, pero no pasó nada.
–En el trabajo que hizo la CNDH están perfectamente señalados los responsables, pero todo quedó en agua de borrajas. Fue muy decepcionante.
–¿Y en la recomendación sobre las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez?
–También está incumplida. Fue culpa del gobierno al haber puesto como responsable del asunto a una persona que no tenía facultades ni capacidad para sacar el buey de la barranca. Fue una oficina carísima, con magros resultados, total y absolutamente desilusionantes. La fiscalía que creó la PGR no ha metido a nadie a la cárcel. Es desilusionante, pero se convirtió en botín político.
–¿Hay deuda del Estado con los familiares de los desaparecidos, las mujeres asesinadas y la sociedad?
–Por supuesto hay una deuda política que cada vez va a ser más difícil pagar. Creo que quedan también como baldón en la historia de México esos dos temas por la negligencia de los que tuvieron a su cargo esas cuestiones.
–Pero los mayores cuestionamientos al ombudsman nacional por la sociedad indudablemente se han dado en este gobierno, con el caso de la indígena Ernestina Ascencio.
–Sí, evidentemente Calderón se precipitó al hacer declaraciones sin fundamento. Para mí, los informes se los dieron los médicos que estuvieron presentes en la segunda necropsia de la mujer. Fue una declaración precipitada, pero también es muy lamentable que mucha gente de izquierda, en lugar de asumir una actitud razonable y querer ver los hechos tal como fueron, se cerrara y tomara una actitud de mofa. Ahora dicen que yo aseguré que la señora había muerto de gastritis, y eso nunca lo expresé. Claramente señalé que había fallecido de un cuadro de trombosis mesentérica.
–Ese hecho marcó a la CNDH y fue el comienzo del descrédito.
–Es una actitud de obstinación, cerrazón, de gente vinculada a la izquierda. Cuando estuve en la Cámara de Diputados para explicar el caso solicité a los peritos que hablaran. Hubo una legisladora que dijo: “No queremos oírlos”. Ésa es la verdad: nunca quisieron escuchar, ver ni razonar. Entonces, esto quedó convertido en un pleito de dimes y diretes, nunca en el ejercicio razonable de una investigación.
–Ese capítulo no se cerraba aun cuando la CNDH volvió a ser motivo de severos cuestionamientos en un informe.
–Sí, lo recuerdo muy bien. Fue muy lamentable la actitud de Human Rights Watch, porque en lugar de volverse defensora de los derechos humanos se convirtió en agente de las luchas por el botín, porque para muchos eso representa la CNDH. O sea, el informe de la organización es una vergüenza. No entiendo cómo una institución que se supone tiene prestigio en la defensa de las garantías se prestó a hacer afirmaciones sin sustento, simple y sencillamente para seguir un juego politiquero. Para mí es muy lamentable.
–¿Qué episodios recuerda como decepcionantes en la defensa de esos derechos?
–Hubo muchos casos. Uno fue el de Lázaro Cárdenas en Michoacán, donde se investigó, se hizo un buen trabajo y no se aceptó la recomendación. Ahí quedaron homicidios impunes. Otro fue Atenco. Más recientemente el caso del periodista Bradley Will, en el cual un inocente está en la cárcel por una actitud de soberbia (de la PGR) de no querer aceptar la recomendación.
Los casos Oaxaca y Atenco no están cerrados
–¿Oaxaca ya es caso cerrado?
–No, porque ahí están las causas, las cosas pendientes. Todavía hay heridas abiertas.
–¿Los casos de los desaparecidos, Atenco y Oaxaca siguen siendo asignatura pendiente?
–Atenco y Oaxaca continúan pendientes, están en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
–¿Se siente satisfecho de su trabajo al frente de la comisión?
–Sí, hicimos muchas cosas, pero faltaron muchas.
–¿Cuáles son los pendientes?
–Se tiene que hacer una buena reforma constitucional, la cual tendría que ir en dos líneas: avanzar en la reglamentación de las garantías individuales, y que las comisiones nacional y estatales puedan promover controversias constitucionales y perfeccionar el sistema de designaciones de ombudsman.
–Este año habrá elección de presidente de la comisión. ¿Espera que se incrementen las tensiones y las descalificaciones a su trabajo?
–Creo que tendrían que hacer propuestas y no descalificaciones, porque ya no voy a competir. ¿Qué ganan con cuestionar lo que pude haber hecho o dejé de efectuar? Ahí están las constancias de mi trabajo.