Las víctimas de secuestros, tortura, amenazas de homicidio o de ejecución, robos, acoso y persecución cotidiana figuran entre las 9 mil 400 solicitudes de refugio y asilo que actualmente valora el Ministerio de Ciudadanía, Inmigración y Multiculturalismo canadiense. Para esos genuinos peticionarios de amparo, que ingresaron a aquel país como turistas mientras esperan la sentencia a su caso, su futuro se hizo aún más incierto en julio cuando el gobierno de Ottawa impuso visas a todos los mexicanos, arguyendo que entre esos pretendientes abundan quienes fraudulentamente sólo buscan permanecer en su territorio aprovechando el generoso sistema canadiense.
Son miles de hombres y mujeres que en el curso de varios años ingresaron como turistas a Canadá y se distribuyeron a lo largo de las 10 provincias canadienses; desde ahí, solicitaron refugio en espera de que las autoridades de ese extenso y rico país les extendieran el ansiado estatus definitivo de refugio. Todos acudieron a las oficinas de Inmigración y Refugio (IRB, por sus siglas en inglés), ubicadas en el número 200 del bulevar René-Lévesque en Montreal, Québec, y en el 344 de la calle Slater en Ottawa, Ontario, o de cualquiera de las representaciones del IRB en Vancouver, Winnipeg, Toronto o Edmonton. Pusieron ante las mesas de estos funcionarios sus historias de agravio y actas de denuncias que habían presentado ante las autoridades mexicanas.
En las provincias fronterizas de Québec, Ontario, British Columbia, Alberta, Manitoba, la mayor parte de solicitantes de asilo son hombres (54 por ciento), el resto son mujeres de origen mexicano, afirman organizaciones sociales en Canadá. De acuerdo con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ese nuevo tipo de fenómeno migratorio de mexicanos hacia Canadá aumentó de 2005 a 2006 en 32 por ciento, con lo que México se situó en el lugar número 11 de países cuyos ciudadanos piden ayuda a un gobierno extranjero para que los acoja en su territorio, detrás de Irak, China, Rusia, Afganistán, Irán y Somalia.
Los mexicanos solicitantes de refugio y asilo van por delante de los de Colombia (con el lugar número 15), a pesar de que ahí sus derechos humanos estarían más expuestos por la actividad muy intensa de dos grupos guerrilleros: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, así como de miembros de la organización paramilitar presumiblemente desmantelada, Autodefensas Unidas de Colombia, y los cárteles del narcotráfico. En cambio, en 2002, México no figuraba entre los países que más asilo solicitaban.
El abogado Stewart Istvanffy, que desde hace dos décadas se ocupa de llevar los casos de mexicanos ante el IRB de Montreal, Québec, explicaba entonces a la agencia española EFE que “no es lo mismo esperar que conseguir”, refiriéndose a la diferencia entre las peticiones de refugio y la concesión del estatus definitivo de refugio.
Hasta 2005, penúltimo año de la presidencia de Vicente Fox Quesada, las peticiones de amparo que recibía Canadá denunciaban homofobia, intolerancia y violencia doméstica; éstas fueron sustituidas por secuestros, persecuciones, amenazas y homicidio.
Al respecto, María Cristina Rosas, especialista en solución de conflictos internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México, observa: “Es verdad que hubo un aumento exponencial en la cantidad de solicitudes de refugio, pues en 2009 superaron las 9 mil, mientras que el año pasado apenas eran 3 mil”, y ese volumen implica para Canadá un esfuerzo administrativo muy grande.
Las autoridades de Canadá vieron crecer el número de solicitudes de refugio de los mexicanos que se internaban en su territorio utilizando visas de turistas sin obtener una respuesta adecuada del gobierno mexicano. Esto sucedió en 2005, cuando Canadá pidió consultas con la Secretaría de Relaciones Exteriores para analizar el problema y cuando una mañana de julio la embajada canadiense en México decidió ya no sentarse a la mesa de consultas bilaterales, sino simplemente anunciar que impondría visa obligatoria para todos los mexicanos, entonces se vio el tamaño del problema, explica Humberto Hernández Haddad, excónsul mexicano en San Antonio, Texas.
“Ahí, la diplomacia mexicana no hizo su trabajo a tiempo, porque en la cancillería no hay una verdadera estrategia, con iniciativas mexicanas, para América del Norte”, incluso se está perdiendo lo que habíamos logrado. Y esto ocurre en momentos en que hay una crisis económica recesiva que hace aún más difícil que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá estén en condiciones de lograr una solución en su legislación interna para los trabajadores migratorios mexicanos, porque no es posible persuadir a sus propios desempleados de que sus puestos de trabajo los ocupen los mexicanos, y ése es el significado del 13 de julio: el retroceso en la apertura de las relaciones de México con sus dos socios de la región, sentencia el también doctor en derecho.
Ambos especialistas se refieren al escueto anuncio que lanzó el 13 de julio de 2009 Jason Kenney, ministro de Ciudadanía e Inmigración: “A partir de las 12:01 horas, hora del Este, del 14 de julio de 2009, se exigirá visa a los nacionales mexicanos para viajar a Canadá. Durante las primeras 48 horas, los ciudadanos mexicanos podrán solicitar entrada a su llegada a Canadá. Después de las 23:59 horas, hora del Este del 15 de julio de 2009, deberán tener una visa”.
Para la internacionalista María Cristina Rosas, el problema de fondo tiene que ver con los traficantes de personas que conocen el procedimiento canadiense para aprobar el estatuto de refugiado a una persona que posibilita a los solicitantes trabajar mientras esperan el resultado del juicio de Canadá. Coincide con Hernández Haddad en que antes de que detonara el caso del visado obligatorio para los mexicanos hubo negociaciones entre México y Canadá por el abrupto crecimiento de solicitudes.
“México se escudó en algo que es cierto, pero que en las negociaciones diplomáticas requiere de más habilidad. Argumentó que las ventajas que ofrece la legislación de refugio canadiense resultan muy atractivas para quienes incurren en acciones ilegales, como los traficantes. Es decir, se quiso transferir a Canadá la responsabilidad”, pues los interlocutores mexicanos planteaban que el país anfitrión cambiase su legislación de refugio y en materia de asilo, “y verán que el problema se resuelve”, señala la especialista.
Estima que a México le faltó insistir en que el problema de los traficantes de personas es binacional, pues para que ese delito exista se requiere de cierta permisividad, ya sea por corrupción por parte de autoridades mexicanas o canadienses, y ambos gobiernos debían combatirlo, pues operan en los territorios de los dos países, “pero esa parte México no la tocó porque insistió en que era responsabilidad del otro país y Canadá se retiró de la negociación, pues eso no se negocia”, agrega la analista. Comenta que ahora, tras la decisión del visado obligatorio, la canciller Patricia Espinosa reconoce que hay que trabajar contra ese ilícito.
El debate sobre la medida migratoria no sólo se lleva a cabo entre bastidores diplomáticos y académicos mexicanos, sino también en la arena política canadiense y traspasa el Atlántico. Una vez que Canadá impuso el visado a los mexicanos (así como a los ciudadanos de la República Checa) y como ejemplo del éxito del visado obligatorio, Kenney declaró a la cadena de televisión CTV que esa medida ya daba resultados, pues su país sólo había recibido una nueva solicitud de asilo de México y la República Checa.
De inmediato, Janet Dench, directora ejecutiva del Consejo Canadiense para Refugiados, se manifestó en sentido contrario. Indicó que le parecía “injusto” que Kenney culpara a los individuos del auge en el fraude de solicitudes de refugio “cuando es el sistema canadiense el que está fallando”, según el reporte de la agencia española EFE del 6 de agosto. Ahí se consigna que el Consejo insiste en que previamente a esta medida no se hizo un sistema suficientemente eficaz en la investigación de solicitantes falsos para descartarlos.
En el caso de la República Checa, el vocero europeo de Justicia, Michele Cercone, abogó por abrir un debate en la Unión Europea sobre “las condiciones y políticas de integración de los gitanos”, pues son 3 mil checos de origen romaní los que inesperadamente solicitaron refugio en Canadá en 2008, contra las dos peticiones presentadas en los últimos años. En un amplio respaldo al gobierno de Praga, Carl Bildt, ministro de asuntos exteriores de Suecia, manifestó que “éste no es un asunto entre la República Checa y Canadá, sino entre la Unión Europea y Canadá”.
En cambio, en su visita a Guadalajara, el primer ministro canadiense, Stephen Harper, señaló que no habrá cambios legislativos en cuanto a la medida migratoria impuesta por su gobierno. Esto ocurrió el 9 de agosto al concluir la Cumbre de Líderes de América del Norte: México, Estados Unidos y Canadá, países fundadores, desde marzo de 2005, de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN).
Refugio contra la impunidad
A pesar de que los mecanismos de la ASPAN operan en el país desde hace tres años y de que su espíritu enfatiza más en materia de seguridad que en el desarrollo y prosperidad, como afirma en sus análisis John Saxe Fernández, los efectos de la delincuencia sobre los mexicanos violan de manera exponencial su derecho a la seguridad. La guerra contra el narcotráfico que emprendió por la vía del despliegue militar el nuevo Ejecutivo federal en 2006, así como el auge en el secuestro y la persecución política continua se agravan por la corrupción de las autoridades judiciales mexicanas.
Fue en 2006 cuando 4 mil 913 mexicanos solicitaron el amparo del Ministerio de Inmigración y Refugio Canadiense, y formalmente se convirtieron en el principal grupo nacional entre los aspirantes de todo el mundo que demanda refugio en aquel país.
Esa cifra equivale al 73 por ciento de las 6 mil 747 solicitudes de refugio en el exterior provenientes de ciudadanos mexicanos; el restante, 27 por ciento, prefirió desplazarse a Estados Unidos, reveló el informe del ACNUR del 27 de marzo de 2007. Agregó que las autoridades aceptaron a menos de una cuarta parte de ellos.
A partir de 2006 se observó también un cambio entre las razones que esgrimen los mexicanos para obtener la protección de otros países: de la intolerancia ideológica, religiosa y sexual se pasó a argumentar la violación de sus derechos humanos, hostigamiento o persecución por motivaciones políticas, incluso, sostienen que su vida correría peligro si permanecieran en territorio mexicano, citó entonces el informe del ACNUR.
Datos similares arrojó, desde el 8 de diciembre de 2008, el estudio Datos sobre el delito de secuestro en México del Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC, al revelar que, en México, “por cada secuestro se cometen seis homicidios dolosos, 11 violaciones, 48 fraudes y 750 robos”. A su vez, el estudio comparativo sobre el Índice de incidencia delictiva y violencia (18 de agosto de 2009) del Centro de Investigación para el Desarrollo, AC, establece que México ocupa el sitio 16 entre 115 naciones, con 10.60 homicidios por cada 100 mil habitantes, por encima de naciones bajo conflicto armado, como Palestina, que tiene la posición 42, con 3.85 homicidios.
Asimismo, el Informe nacional sobre la situación de la seguridad pública, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Federación de Instituciones Públicas de Defensa de los Derechos Humanos (15 diciembre de 2008), indica que los ciudadanos sólo denuncian el 10 por ciento de los delitos que se cometen y, “en su mayoría, las personas no se presentan ante las autoridades pues desconfían de ellas o temen ser víctimas de la corrupción”.
El Programa de Atención a Víctimas del Delito de la CNDH estimó que de ese porcentaje de denuncias, sólo uno de cada 100 concluye con una sentencia de los responsables; “es decir, en este rubro existe un nivel de impunidad de 99 por ciento”, establece la investigación; además subraya la desconfianza de la sociedad en las autoridades encargadas de perseguir a los criminales y procurar la justicia.
Ante ese diagnóstico, Miguel Pickard, investigador del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, observa que, aunque sin resultados para los ciudadanos, la seguridad seguirá siendo prioritaria entre Estados Unidos, Canadá y México en el marco de la ASPAN, por lo que “habrá una mayor militarización en México bajo las órdenes del Pentágono y una mayor homologación de diferentes procesos –sobre todo de justicia– para pasarse información en cuestiones de inteligencia (actualmente, ya sucede).
Esto significa, refiere el economista autor del estudio Los migrantes mexicanos en Canadá: programa de semiesclavos, que en muchos ámbitos se perderá aún más soberanía, ya muy relativa por la injerencia histórica estadunidense en México, y ahora “es un apretar las tuercas bastante más, pues sigue la tónica de una creciente limitación de la soberanía en muchos aspectos de la vida”.
Refugiados económicos
Al lado del problema político, el gobierno federal no ha sido exitoso en su política económica, fundamentalmente en la creación de empleos y oportunidades para la población. El éxodo hacia el extranjero de una mayoría de la población económicamente activa del país va en aumento, explica Humberto Hernández Haddad. Cita que en el más reciente reporte de Estudios Municipales se revela que alrededor de 800 municipios, de los 2 mil 345 existentes en México, muestran señales “despoblamiento de adultos jóvenes”. Muchos de éstos son los que, al emigrar, se constituyen como refugiados económicos –el ACNUR los describe como migrantes económicos porque abandonan su país voluntariamente.
Esto significa que quienes están en edad de trabajar en todo México emigran al exterior porque no lo encuentran aquí y son producto de un problema de política económica: la “dogmatización de la economía en el neoliberalismo y que privilegió la concentración del ingreso a las grandes corporaciones, al libre comercio y se olvidó de la cohesión social”, indica el exdiplomático. En esa lógica –advierte–, no hubo una política para preparar a las regiones que entrarían a competir con socios más desarrollados antes de firmar con Canadá y Estados Unidos el Acuerdo de Libre Comercio con América del Norte; “no se tomó en cuenta la experiencia europea” de trabajar para que los socios más adelantados aportaran fondos de cohesión a los socios menos avanzados del Sur, como Portugal y España.
Siendo Canadá el segundo país más extenso del mundo, casi cinco veces más grande que México, con una superficie de 9 millones 984 mil 670 kilómetros cuadrados y una población de 33 millones 720 mil habitantes, sus riquezas (recursos naturales abundantes y actividad económica intensa) se reparten con equidad entre todos ellos, lo que se traduce en un territorio atractivo para la inmigración económica. En ese sentido, David Crane advertía en su estudio The next canadian Century que de no continuar la inmigración a ese extenso país, los canadienses desaparecerían como tales en el curso del siglo XXI. A pesar de que mexicanos profesionistas, estudiantes y artistas radican legalmente en todo Canadá y otros más asisten para trabajar temporalmente en granjas, rastros, viveros, empacadoras y obras de infraestructura bajo el amparo de contratos binacionales, son muchos los que no tienen el respaldo del gobierno mexicano a través de los diplomáticos acreditados en aquel país.
Los solicitantes de refugio deciden no buscar el apoyo de los cónsules del gobierno mexicano, pues no les inspiran confianza. Al respecto, Humberto Hernández afirma que el sistema consular mexicano “es una zona de desastre” porque está mal equipado o no tiene suficientes recursos humanos y materiales para cumplir con su cometido.
A su juicio, esto sucede por la mala asignación que históricamente ha hecho la Secretaría de Relaciones Exteriores, “privilegiando el gasto suntuario en recepciones y cócteles, con una diplomacia de opereta, una diplomacia de salón y de banquetes”, alejada de la realidad de la vía consular que implica la defensa de los derechos de los mexicanos. Da como ejemplo el de los casi 10 millones de trabajadores mexicanos sin documentos en Estados Unidos y que están expuestos todos los días a abusos y violaciones graves a sus derechos humanos.
“Ahí no hay una estructura consular preparada, salvo honrosas excepciones de cónsules extraordinarios que se enfrentan a la diplomacia de banquetes y una diplomacia de oropel que los deja sin recursos y sin apoyos”. Entretanto, los mexicanos que huyeron de la violencia consumada y del acoso que pone en riesgo su vida enfrentan riesgo de la deportación si la Oficina de Evaluación de Riesgo Predeportación canadiense, dependiente del Servicio de Inmigración, determina que su caso no es digno de recibir el estatuto de refugiado.
México, ¿Estado protector?
Entre las múltiples solicitudes de refugio que presentan al gobierno canadiense mujeres y hombres mexicanos, destaca el caso TA6-07453 que atendió la Oficina de Inmigración y Refugio (IRB). En ese asunto, Canadá decidió que sí existía protección del gobierno mexicano en los casos de solicitudes de refugio de esta naturaleza, por cuanto el gobierno considera que “ahora existe protección estatal adecuada” por parte del gobierno mexicano para sus ciudadanos y que, por lo mismo, no existiría riesgo de un trato o castigo cruel o inusual o de un peligro de tortura si el solicitante de refugio se regresa a México. Esas decisiones del IRB se seleccionan como precedentes por oficiales de esa dependencia cuando resuelven un caso de refugio que posea características similares.
Por otra parte, están las decisiones identificadas como decisiones persuasivas bajo la clasificación: TA4-17681, TA4-10802/03 y T4-18833. En ellas se establecía la carencia de protección estatal del gobierno mexicano para sus ciudadanos que solicitaron refugio en aquel país, por temor a persecución de crímenes comunes cometidos o agravados por autoridades policiales mexicanas corruptas, persecución por orientación sexual; se revocaron por el consejo y ya no tienen más valor persuasivo para sus miembros frene a nuevos casos de refugio similares. (NE)
En las provincias fronterizas de Québec, Ontario, British Columbia, Alberta, Manitoba, la mayor parte de solicitantes de asilo son hombres (54 por ciento), el resto son mujeres de origen mexicano, afirman organizaciones sociales en Canadá. De acuerdo con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ese nuevo tipo de fenómeno migratorio de mexicanos hacia Canadá aumentó de 2005 a 2006 en 32 por ciento, con lo que México se situó en el lugar número 11 de países cuyos ciudadanos piden ayuda a un gobierno extranjero para que los acoja en su territorio, detrás de Irak, China, Rusia, Afganistán, Irán y Somalia.
Los mexicanos solicitantes de refugio y asilo van por delante de los de Colombia (con el lugar número 15), a pesar de que ahí sus derechos humanos estarían más expuestos por la actividad muy intensa de dos grupos guerrilleros: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, así como de miembros de la organización paramilitar presumiblemente desmantelada, Autodefensas Unidas de Colombia, y los cárteles del narcotráfico. En cambio, en 2002, México no figuraba entre los países que más asilo solicitaban.
El abogado Stewart Istvanffy, que desde hace dos décadas se ocupa de llevar los casos de mexicanos ante el IRB de Montreal, Québec, explicaba entonces a la agencia española EFE que “no es lo mismo esperar que conseguir”, refiriéndose a la diferencia entre las peticiones de refugio y la concesión del estatus definitivo de refugio.
Hasta 2005, penúltimo año de la presidencia de Vicente Fox Quesada, las peticiones de amparo que recibía Canadá denunciaban homofobia, intolerancia y violencia doméstica; éstas fueron sustituidas por secuestros, persecuciones, amenazas y homicidio.
Al respecto, María Cristina Rosas, especialista en solución de conflictos internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México, observa: “Es verdad que hubo un aumento exponencial en la cantidad de solicitudes de refugio, pues en 2009 superaron las 9 mil, mientras que el año pasado apenas eran 3 mil”, y ese volumen implica para Canadá un esfuerzo administrativo muy grande.
Las autoridades de Canadá vieron crecer el número de solicitudes de refugio de los mexicanos que se internaban en su territorio utilizando visas de turistas sin obtener una respuesta adecuada del gobierno mexicano. Esto sucedió en 2005, cuando Canadá pidió consultas con la Secretaría de Relaciones Exteriores para analizar el problema y cuando una mañana de julio la embajada canadiense en México decidió ya no sentarse a la mesa de consultas bilaterales, sino simplemente anunciar que impondría visa obligatoria para todos los mexicanos, entonces se vio el tamaño del problema, explica Humberto Hernández Haddad, excónsul mexicano en San Antonio, Texas.
“Ahí, la diplomacia mexicana no hizo su trabajo a tiempo, porque en la cancillería no hay una verdadera estrategia, con iniciativas mexicanas, para América del Norte”, incluso se está perdiendo lo que habíamos logrado. Y esto ocurre en momentos en que hay una crisis económica recesiva que hace aún más difícil que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá estén en condiciones de lograr una solución en su legislación interna para los trabajadores migratorios mexicanos, porque no es posible persuadir a sus propios desempleados de que sus puestos de trabajo los ocupen los mexicanos, y ése es el significado del 13 de julio: el retroceso en la apertura de las relaciones de México con sus dos socios de la región, sentencia el también doctor en derecho.
Ambos especialistas se refieren al escueto anuncio que lanzó el 13 de julio de 2009 Jason Kenney, ministro de Ciudadanía e Inmigración: “A partir de las 12:01 horas, hora del Este, del 14 de julio de 2009, se exigirá visa a los nacionales mexicanos para viajar a Canadá. Durante las primeras 48 horas, los ciudadanos mexicanos podrán solicitar entrada a su llegada a Canadá. Después de las 23:59 horas, hora del Este del 15 de julio de 2009, deberán tener una visa”.
Para la internacionalista María Cristina Rosas, el problema de fondo tiene que ver con los traficantes de personas que conocen el procedimiento canadiense para aprobar el estatuto de refugiado a una persona que posibilita a los solicitantes trabajar mientras esperan el resultado del juicio de Canadá. Coincide con Hernández Haddad en que antes de que detonara el caso del visado obligatorio para los mexicanos hubo negociaciones entre México y Canadá por el abrupto crecimiento de solicitudes.
“México se escudó en algo que es cierto, pero que en las negociaciones diplomáticas requiere de más habilidad. Argumentó que las ventajas que ofrece la legislación de refugio canadiense resultan muy atractivas para quienes incurren en acciones ilegales, como los traficantes. Es decir, se quiso transferir a Canadá la responsabilidad”, pues los interlocutores mexicanos planteaban que el país anfitrión cambiase su legislación de refugio y en materia de asilo, “y verán que el problema se resuelve”, señala la especialista.
Estima que a México le faltó insistir en que el problema de los traficantes de personas es binacional, pues para que ese delito exista se requiere de cierta permisividad, ya sea por corrupción por parte de autoridades mexicanas o canadienses, y ambos gobiernos debían combatirlo, pues operan en los territorios de los dos países, “pero esa parte México no la tocó porque insistió en que era responsabilidad del otro país y Canadá se retiró de la negociación, pues eso no se negocia”, agrega la analista. Comenta que ahora, tras la decisión del visado obligatorio, la canciller Patricia Espinosa reconoce que hay que trabajar contra ese ilícito.
El debate sobre la medida migratoria no sólo se lleva a cabo entre bastidores diplomáticos y académicos mexicanos, sino también en la arena política canadiense y traspasa el Atlántico. Una vez que Canadá impuso el visado a los mexicanos (así como a los ciudadanos de la República Checa) y como ejemplo del éxito del visado obligatorio, Kenney declaró a la cadena de televisión CTV que esa medida ya daba resultados, pues su país sólo había recibido una nueva solicitud de asilo de México y la República Checa.
De inmediato, Janet Dench, directora ejecutiva del Consejo Canadiense para Refugiados, se manifestó en sentido contrario. Indicó que le parecía “injusto” que Kenney culpara a los individuos del auge en el fraude de solicitudes de refugio “cuando es el sistema canadiense el que está fallando”, según el reporte de la agencia española EFE del 6 de agosto. Ahí se consigna que el Consejo insiste en que previamente a esta medida no se hizo un sistema suficientemente eficaz en la investigación de solicitantes falsos para descartarlos.
En el caso de la República Checa, el vocero europeo de Justicia, Michele Cercone, abogó por abrir un debate en la Unión Europea sobre “las condiciones y políticas de integración de los gitanos”, pues son 3 mil checos de origen romaní los que inesperadamente solicitaron refugio en Canadá en 2008, contra las dos peticiones presentadas en los últimos años. En un amplio respaldo al gobierno de Praga, Carl Bildt, ministro de asuntos exteriores de Suecia, manifestó que “éste no es un asunto entre la República Checa y Canadá, sino entre la Unión Europea y Canadá”.
En cambio, en su visita a Guadalajara, el primer ministro canadiense, Stephen Harper, señaló que no habrá cambios legislativos en cuanto a la medida migratoria impuesta por su gobierno. Esto ocurrió el 9 de agosto al concluir la Cumbre de Líderes de América del Norte: México, Estados Unidos y Canadá, países fundadores, desde marzo de 2005, de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN).
Refugio contra la impunidad
A pesar de que los mecanismos de la ASPAN operan en el país desde hace tres años y de que su espíritu enfatiza más en materia de seguridad que en el desarrollo y prosperidad, como afirma en sus análisis John Saxe Fernández, los efectos de la delincuencia sobre los mexicanos violan de manera exponencial su derecho a la seguridad. La guerra contra el narcotráfico que emprendió por la vía del despliegue militar el nuevo Ejecutivo federal en 2006, así como el auge en el secuestro y la persecución política continua se agravan por la corrupción de las autoridades judiciales mexicanas.
Fue en 2006 cuando 4 mil 913 mexicanos solicitaron el amparo del Ministerio de Inmigración y Refugio Canadiense, y formalmente se convirtieron en el principal grupo nacional entre los aspirantes de todo el mundo que demanda refugio en aquel país.
Esa cifra equivale al 73 por ciento de las 6 mil 747 solicitudes de refugio en el exterior provenientes de ciudadanos mexicanos; el restante, 27 por ciento, prefirió desplazarse a Estados Unidos, reveló el informe del ACNUR del 27 de marzo de 2007. Agregó que las autoridades aceptaron a menos de una cuarta parte de ellos.
A partir de 2006 se observó también un cambio entre las razones que esgrimen los mexicanos para obtener la protección de otros países: de la intolerancia ideológica, religiosa y sexual se pasó a argumentar la violación de sus derechos humanos, hostigamiento o persecución por motivaciones políticas, incluso, sostienen que su vida correría peligro si permanecieran en territorio mexicano, citó entonces el informe del ACNUR.
Datos similares arrojó, desde el 8 de diciembre de 2008, el estudio Datos sobre el delito de secuestro en México del Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC, al revelar que, en México, “por cada secuestro se cometen seis homicidios dolosos, 11 violaciones, 48 fraudes y 750 robos”. A su vez, el estudio comparativo sobre el Índice de incidencia delictiva y violencia (18 de agosto de 2009) del Centro de Investigación para el Desarrollo, AC, establece que México ocupa el sitio 16 entre 115 naciones, con 10.60 homicidios por cada 100 mil habitantes, por encima de naciones bajo conflicto armado, como Palestina, que tiene la posición 42, con 3.85 homicidios.
Asimismo, el Informe nacional sobre la situación de la seguridad pública, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Federación de Instituciones Públicas de Defensa de los Derechos Humanos (15 diciembre de 2008), indica que los ciudadanos sólo denuncian el 10 por ciento de los delitos que se cometen y, “en su mayoría, las personas no se presentan ante las autoridades pues desconfían de ellas o temen ser víctimas de la corrupción”.
El Programa de Atención a Víctimas del Delito de la CNDH estimó que de ese porcentaje de denuncias, sólo uno de cada 100 concluye con una sentencia de los responsables; “es decir, en este rubro existe un nivel de impunidad de 99 por ciento”, establece la investigación; además subraya la desconfianza de la sociedad en las autoridades encargadas de perseguir a los criminales y procurar la justicia.
Ante ese diagnóstico, Miguel Pickard, investigador del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, observa que, aunque sin resultados para los ciudadanos, la seguridad seguirá siendo prioritaria entre Estados Unidos, Canadá y México en el marco de la ASPAN, por lo que “habrá una mayor militarización en México bajo las órdenes del Pentágono y una mayor homologación de diferentes procesos –sobre todo de justicia– para pasarse información en cuestiones de inteligencia (actualmente, ya sucede).
Esto significa, refiere el economista autor del estudio Los migrantes mexicanos en Canadá: programa de semiesclavos, que en muchos ámbitos se perderá aún más soberanía, ya muy relativa por la injerencia histórica estadunidense en México, y ahora “es un apretar las tuercas bastante más, pues sigue la tónica de una creciente limitación de la soberanía en muchos aspectos de la vida”.
Refugiados económicos
Al lado del problema político, el gobierno federal no ha sido exitoso en su política económica, fundamentalmente en la creación de empleos y oportunidades para la población. El éxodo hacia el extranjero de una mayoría de la población económicamente activa del país va en aumento, explica Humberto Hernández Haddad. Cita que en el más reciente reporte de Estudios Municipales se revela que alrededor de 800 municipios, de los 2 mil 345 existentes en México, muestran señales “despoblamiento de adultos jóvenes”. Muchos de éstos son los que, al emigrar, se constituyen como refugiados económicos –el ACNUR los describe como migrantes económicos porque abandonan su país voluntariamente.
Esto significa que quienes están en edad de trabajar en todo México emigran al exterior porque no lo encuentran aquí y son producto de un problema de política económica: la “dogmatización de la economía en el neoliberalismo y que privilegió la concentración del ingreso a las grandes corporaciones, al libre comercio y se olvidó de la cohesión social”, indica el exdiplomático. En esa lógica –advierte–, no hubo una política para preparar a las regiones que entrarían a competir con socios más desarrollados antes de firmar con Canadá y Estados Unidos el Acuerdo de Libre Comercio con América del Norte; “no se tomó en cuenta la experiencia europea” de trabajar para que los socios más adelantados aportaran fondos de cohesión a los socios menos avanzados del Sur, como Portugal y España.
Siendo Canadá el segundo país más extenso del mundo, casi cinco veces más grande que México, con una superficie de 9 millones 984 mil 670 kilómetros cuadrados y una población de 33 millones 720 mil habitantes, sus riquezas (recursos naturales abundantes y actividad económica intensa) se reparten con equidad entre todos ellos, lo que se traduce en un territorio atractivo para la inmigración económica. En ese sentido, David Crane advertía en su estudio The next canadian Century que de no continuar la inmigración a ese extenso país, los canadienses desaparecerían como tales en el curso del siglo XXI. A pesar de que mexicanos profesionistas, estudiantes y artistas radican legalmente en todo Canadá y otros más asisten para trabajar temporalmente en granjas, rastros, viveros, empacadoras y obras de infraestructura bajo el amparo de contratos binacionales, son muchos los que no tienen el respaldo del gobierno mexicano a través de los diplomáticos acreditados en aquel país.
Los solicitantes de refugio deciden no buscar el apoyo de los cónsules del gobierno mexicano, pues no les inspiran confianza. Al respecto, Humberto Hernández afirma que el sistema consular mexicano “es una zona de desastre” porque está mal equipado o no tiene suficientes recursos humanos y materiales para cumplir con su cometido.
A su juicio, esto sucede por la mala asignación que históricamente ha hecho la Secretaría de Relaciones Exteriores, “privilegiando el gasto suntuario en recepciones y cócteles, con una diplomacia de opereta, una diplomacia de salón y de banquetes”, alejada de la realidad de la vía consular que implica la defensa de los derechos de los mexicanos. Da como ejemplo el de los casi 10 millones de trabajadores mexicanos sin documentos en Estados Unidos y que están expuestos todos los días a abusos y violaciones graves a sus derechos humanos.
“Ahí no hay una estructura consular preparada, salvo honrosas excepciones de cónsules extraordinarios que se enfrentan a la diplomacia de banquetes y una diplomacia de oropel que los deja sin recursos y sin apoyos”. Entretanto, los mexicanos que huyeron de la violencia consumada y del acoso que pone en riesgo su vida enfrentan riesgo de la deportación si la Oficina de Evaluación de Riesgo Predeportación canadiense, dependiente del Servicio de Inmigración, determina que su caso no es digno de recibir el estatuto de refugiado.
México, ¿Estado protector?
Entre las múltiples solicitudes de refugio que presentan al gobierno canadiense mujeres y hombres mexicanos, destaca el caso TA6-07453 que atendió la Oficina de Inmigración y Refugio (IRB). En ese asunto, Canadá decidió que sí existía protección del gobierno mexicano en los casos de solicitudes de refugio de esta naturaleza, por cuanto el gobierno considera que “ahora existe protección estatal adecuada” por parte del gobierno mexicano para sus ciudadanos y que, por lo mismo, no existiría riesgo de un trato o castigo cruel o inusual o de un peligro de tortura si el solicitante de refugio se regresa a México. Esas decisiones del IRB se seleccionan como precedentes por oficiales de esa dependencia cuando resuelven un caso de refugio que posea características similares.
Por otra parte, están las decisiones identificadas como decisiones persuasivas bajo la clasificación: TA4-17681, TA4-10802/03 y T4-18833. En ellas se establecía la carencia de protección estatal del gobierno mexicano para sus ciudadanos que solicitaron refugio en aquel país, por temor a persecución de crímenes comunes cometidos o agravados por autoridades policiales mexicanas corruptas, persecución por orientación sexual; se revocaron por el consejo y ya no tienen más valor persuasivo para sus miembros frene a nuevos casos de refugio similares. (NE)
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