La recuperación para el pueblo de las ondas de transmisión

Barómetro Internacional

Ricardo Daher

El día que el gobierno de Venezuela decidió no renovar la licencia de transmisión al canal Radio Caracas Televisión, el lobby más poderoso de los propietarios de medios de comunicación en América, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y algunos malintencionados socios, denunciaron a los cuatros vientos “el atropello” a la liberad de expresión. La novela en defensa de la supuesta libertad de expresión siguió a cada decisión en la que el gobierno venezolano intentaba hacer que las emisoras y televisoras se ajustaran a la ley. Cuando la presidenta argentina Cristina Fernández presentó el proyecto de ley de radiocomunicación, los mismos interesados volvieron a quejarse y denunciar.

Como buenos capitalistas, la mayor preocupación de la SIP y sus socios, es la defensa de las emisoras y televisoras como un bien privado, al que poseen de por vida y pueden heredar a sus descendientes. Escondieron en sus denuncias y quejas que los bienes materiales, edificio, equipos, etc, no fueron perjudicados por la decisión de Venezuela de cancelar licencias de transmisión, ni son afectados por la ley presentada por la mandataria argentina. Edificios y equipos que si poseen y pueden enajenar, heredar o enterrar en el fondo de sus mansiones.

En realidad de lo que se quejan, es que el Estado recupere la potestad de decidir quienes y por cuanto tiempo pueden usar el espectro de frecuencias para las transmisiones de radio o televisión abiertas. En realidad, el uso de las ondas hertzianas para las transmisiones de radio y televisión abiertas son un bien público reconocido por los organismos internacionales y se rigen por lo establecido por el Consejo Consultivo Internacional de las Comunicaciones de Radio de 1953.

Como el espacio para transmitir es limitado, existe un organismo internacional, dependiente de Naciones Unidas, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que ”recomienda” a los Estados, y regula, la distribución de ese espacio para cada país, incluyendo las asignaciones de frecuencia, posiciones orbitales y otros parámetros de satélites de comunicación. Ninguna de estas frecuencias, ondas, e incluso órbitas de satélites, es propiedad privada. Es un bien común que los estados administran y conceden su uso a los privados durante determinados periodos de tiempo –que varía en cada país- y que pueden recuperar en cualquier momento.

Los propietarios de radios y televisoras, tratan de hacernos creer que junto con los equipos, también poseen los derechos sobres las frecuencias de transmisión, y aunque muchas veces venden esos derechos mientras poseen la concesión, deben solicitar autorización al órgano contralor del Estado para realizar esa venta, o simplemente, mediante la ocultación de la operación, lo que realizan en realidad es una venta de la concesión de uso de la onda por el plazo que resta. Desde hace mucho tiempo, los grandes medios de comunicación social se han transformado en empresas, o voceros de empresas, donde el objetivo de informar ha sido abandonado, y donde sus resultados se miden por rentabilidad económica. Los medios de comunicación ni comunican ni informan, producen renta y sirven a sus propietarios.

Cuando en América Latina los pueblos comenzaron a sacudirse de años de oscurantismo, dictaduras militares y después gobiernos neoliberales, los grandes medios de comunicación comenzaron a jugar el papel de resistencia a los cambios, y sus propietarios, escudados en una falsa defensa de la libertad de expresión, comenzaron a luchar contra toda propuesta de democratización de los medios y negarle al Estado el derecho a conceder autorización a nuevas radios o canales de televisión, y de hacer uso del derecho de no renovar licencias. Como han sostenidos otros investigadores y periodistas, como Ignacio Ramonet o Pascual Serrano, esos medios de comunicación se transformaron en líderes de la oposición a los procesos de cambio.

Un breve repaso de la posición de los grandes medios de comunicación en todos los países de América Latina –con excepción de Cuba- revela que la mayoría, en casi un 90%, son opositores a los gobiernos progresistas o aliados a los gobiernos reaccionarios. En varios países, la oposición se organiza y se expresa a través de esos medios que, como en el caso de la televisión, tiene enorme influencia en la opinión pública, y sin exagerar, en la educación y lenguaje de los jóvenes.

No es un secreto que todo proceso de transformación de la sociedad debe ir acompañado de una política educativa, de información y combate ideológico, especialmente cuando se pretende construir una sociedad más justa y solidaria. Por eso mismo, las fuerzas de cambio, el pueblo que recupera protagonismo, quiere tener a su disposición medios de comunicación que comuniquen, informe y eduquen en los nuevos valores de solidaridad y justicia.

Es en este campo en el que los medios alternativos tienen que jugar un papel de confrontación con esos grandes medios privados, realizando precisamente lo que ellos no hacen. Además de la lucha por democratizar los espacios de radiodifusión y televisación, que siempre llevan un costo económico extra, se debe apelar al desarrollo de otras formas de comunicación tradicionales y efectivas: desde los periódicos barriales, boletines, seminarios, espectáculos musicales, teatro callejero, etc. El combate por las ideas, como lo definió Fidel Castro hace tiempo, abarca todos los aspectos creativos de la educación y la cultura.

Así, junto a la batalla legal por recuperar las ondas de transmisión, que pertenecen originalmente a los pueblos, también hay que ocupar otros espacios de comunicación.

ricardher@gmail.com