En 2007, 1 millón 36 mil 400 niños residían en pequeñas comunidades rurales y en campamentos de población agrícola migrante, de acuerdo con los resultados de la revisión superior a la Cuenta Pública de ese año. Sin embargo, el Consejo Nacional para el Fomento Educativo (Conafe) se propuso atender sólo a 325 mil 440 personas, que no son atendidas por el sistema formal de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
De esa meta, que apenas representa la tercera parte de quienes requerían servicios educativos, el consejo atendió únicamente a 299 mil 200 alumnos. Ese año, más de 700 mil niños y jóvenes no recibieron educación.
La situación no es nueva, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Al fiscalizar la Cuenta Pública 2005, asentó que el número de personas que demandaban servicios de educación comunitaria era de 654 mil 500, pero el consejo atendió entonces sólo a 294 mil 400 (aun cuando su previsión era de 324 mil 400). Las personas que quedaron fuera de todo sistema educativo ese año sumaron las 360 mil 100.El documento también dejó ver que la cobertura de los programas de educación comunitaria decrecía significativamente en los niveles primaria y secundaria, pues mientras para preescolar fue de 83.4 por ciento, en primaria fue de 28.7 por ciento y en secundaria, de 34.1 por ciento.
De acuerdo con las Reglas de operación e indicadores de gestión y evaluación de los programas de educación comunitaria y de fomento educativo que opera el Conafe, vigentes en 2007, para que una población accediera al servicio de preescolar debía tener menos de 500 habitantes; para la primaria y secundaria, menos de 100 habitantes; en este último caso, también debía de contar con servicio de primaria comunitaria. Ello podría explicar por qué de las 71 mil 300 localidades donde había niños y jóvenes en edad escolar, el Conafe identificó como objeto de atención únicamente a 34 mil 900, menos de la mitad de las localidades carentes de servicios educativos.
Aun cuando las reglas de operación también indican que los grupos deben tener un mínimo de cuatro alumnos, el informe de la ASF contiene datos otorgados por el propio consejo en los que refiere que ese año operaron 1 mil 182 grupos con menos de tres alumnos, equivalente al 4 por ciento de los 29 mil 533 grupos existentes.
Las reglas de operación también establecían que los servicios de educación comunitaria se ofrecerían preferentemente en localidades que registraran altos niveles de marginación y carecieran de servicios de educación regulares, y que se daría preferencia a las localidades ubicadas en los 1 mil 338 municipios señalados por la Estrategia de Atención a Municipios Prioritarios o Microrregiones Prioritarias, especialmente en los 101 municipios con el menor Índice de Desarrollo Humano, los cuales son encabezados por Metlatónoc, Guerrero, y al que siguen cuatro municipios de Oaxaca, tres de Chiapas y dos de Veracruz, de acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano municipal en México, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Sin embargo, la distribución de los recursos se hizo por delegación estatal y no basándose en el nivel de marginación de las localidades en cada entidad. De esta forma, Coahuila, Baja California, Nuevo León y el Distrito Federal recibieron en conjunto el 30.1 por ciento de los recursos destinados a los programas de educación comunitaria (498 millones 939 mil 700 pesos) para atender a 14 mil 600 personas, aun cuando dichas entidades reportaban el menor índice de marginación. Casi la totalidad de este monto (454 millones 53 mil 600 pesos) lo obtuvo el Distrito Federal para dar servicio solamente a 300 personas.
De acuerdo con un análisis hecho por la ASF, Guerrero, Chiapas y Oaxaca fueron los estados con el mayor nivel de marginación. En conjunto recibieron un presupuesto de 325 millones 246 mil 200 pesos para atender a una población de 80 mil 400 personas, de modo que mientras el Distrito Federal gastaría 1 millón 513 mil 512 pesos por alumno, en tres entidades con carencias significativas se erogarían apenas 4 mil 45.35 pesos.
En el informe se indica que 5 mil 200 localidades (15.7 por ciento) presentaron un nivel de marginación de medio a muy bajo, mientras que en otras 7 mil 200 (21.7 por ciento) éste no se definió. Se trata de 12 mil 400 localidades (37.4 por ciento) que no necesariamente pudieron necesitar el apoyo.
En cuanto a la cobertura del servicio, el máximo órgano de fiscalización también detectó irregularidades. En Coahuila y Tlaxcala, las poblaciones objetivo del Conafe eran superiores a las que cuantificó como carentes de servicio educativo. Al final del año, en Tlaxcala se había atendido a 1 mil 800 personas más de las detectadas, mientras que en Coahuila se contabilizaron 7 mil 400 personas necesitadas, se registraron 8 mil 300 como población objetivo y se atendió apenas a 6 mil 300.
Sólo en 11 entidades la cobertura fue superior al 50 por ciento. De ellas, Chiapas, Hidalgo y Estado de México agrupaban a 124 mil 900 personas que carecían de servicios educativos, de 1 millón 36 mil 400 que se registraron a nivel nacional.
Entre los 10 estados en los que la cobertura fue menor al 20 por ciento, figuran Oaxaca con 100 mil 200 personas sin atención y Sinaloa con 142 mil 500; de éstas sólo se brindaron los servicios requeridos a 13 mil 600 y 14 mil 900 personas, respectivamente.
Ahorrando en la enseñanza
El Conafe ofrece servicios de educación comunitaria en los niveles preescolar, primaria y secundaria en pequeñas localidades rurales o que por su vulnerabilidad no son atendidas por el sistema educativo formal. Las clases son impartidas por jóvenes mayores de 15 años que han concluido la secundaria o el bachillerato y realizan así su servicio social. Para 2007 el número de instructores comunitarios era de 37 mil 100, no obstante que el número de grupos en operación fue de 29 mil 300, de acuerdo con las cifras consignadas en el informe de la Auditoría.
De acuerdo con un análisis hecho por la ASF, Guerrero, Chiapas y Oaxaca fueron los estados con el mayor nivel de marginación. En conjunto recibieron un presupuesto de 325 millones 246 mil 200 pesos para atender a una población de 80 mil 400 personas, de modo que mientras el Distrito Federal gastaría 1 millón 513 mil 512 pesos por alumno, en tres entidades con carencias significativas se erogarían apenas 4 mil 45.35 pesos.
En el informe se indica que 5 mil 200 localidades (15.7 por ciento) presentaron un nivel de marginación de medio a muy bajo, mientras que en otras 7 mil 200 (21.7 por ciento) éste no se definió. Se trata de 12 mil 400 localidades (37.4 por ciento) que no necesariamente pudieron necesitar el apoyo.
En cuanto a la cobertura del servicio, el máximo órgano de fiscalización también detectó irregularidades. En Coahuila y Tlaxcala, las poblaciones objetivo del Conafe eran superiores a las que cuantificó como carentes de servicio educativo. Al final del año, en Tlaxcala se había atendido a 1 mil 800 personas más de las detectadas, mientras que en Coahuila se contabilizaron 7 mil 400 personas necesitadas, se registraron 8 mil 300 como población objetivo y se atendió apenas a 6 mil 300.
Sólo en 11 entidades la cobertura fue superior al 50 por ciento. De ellas, Chiapas, Hidalgo y Estado de México agrupaban a 124 mil 900 personas que carecían de servicios educativos, de 1 millón 36 mil 400 que se registraron a nivel nacional.
Entre los 10 estados en los que la cobertura fue menor al 20 por ciento, figuran Oaxaca con 100 mil 200 personas sin atención y Sinaloa con 142 mil 500; de éstas sólo se brindaron los servicios requeridos a 13 mil 600 y 14 mil 900 personas, respectivamente.
Ahorrando en la enseñanza
El Conafe ofrece servicios de educación comunitaria en los niveles preescolar, primaria y secundaria en pequeñas localidades rurales o que por su vulnerabilidad no son atendidas por el sistema educativo formal. Las clases son impartidas por jóvenes mayores de 15 años que han concluido la secundaria o el bachillerato y realizan así su servicio social. Para 2007 el número de instructores comunitarios era de 37 mil 100, no obstante que el número de grupos en operación fue de 29 mil 300, de acuerdo con las cifras consignadas en el informe de la Auditoría.
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