Victorias pírricas

JOHN M. ACKERMAN

In memoriam de don Pablo Sandoval Ramírez (1944-2000) luchador incansable por la democracia.
Los triunfos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tanto en las elecciones de Tabasco como en la aprobación del paquete fiscal en la Cámara de Diputados, se levantan sobre un escenario político que evapora cualquier vanagloria para el viejo partido del Estado. En ambos casos, el PRI gana perdiendo y los resultados sientan las bases para una intensa lucha política a lo largo de 2010.
Es falso que el PRI haya consolidado su hegemonía en las elecciones municipales de Tabasco. Si bien es cierto que el partido gobernante en aquel estado pudo arrebatar cinco municipios al Partido de la Revolución Democrática (PRD), incluyendo el simbólico poblado de Macuspana, se ha pasado por alto que el PRD a su vez recuperó de manos del PRI otros cuatro municipios en la misma elección. Asimismo, por primera vez en la historia de ese estado, el Partido Acción Nacional (PAN) obtuvo la victoria en dos municipios.
Como bien señala el encuestador Dan Lund, los comicios en Tabasco revelan una fuerte soberanía popular y una clara capacidad de los ciudadanos para evaluar y someter a cuentas a sus gobernantes. Todos y cada uno de los 17 municipios de dicho estado han experimentado una alternancia política en por lo menos dos ocasiones durante los últimos 10 años. El predominio del PRI en esa entidad no es de ninguna manera estable o garantizado. Al contrario, la norma es una intensa competitividad política y una gran sensibilidad a la coyuntura de parte de los electores.
Consciente de esta situación, el PRI no se atrevió a lanzar su contrapropuesta fiscal de aumentar el IVA y el ISR sino hasta después de que se hubieran cerrado las casillas electorales en Tabasco y en Coahuila. Los dirigentes priistas saben que su propuesta atenta claramente contra la economía popular y el desarrollo nacional, por lo que buscan evitar cualquier costo político por esa decisión.
El aumento de los impuestos tiene una evidente finalidad política. Los gobernadores del PRI están desesperados por obtener nuevos recursos para revitalizar sus maquinarias clientelares en el contexto de la crisis actual. Saben que necesitan liquidez para manipular a la ciudadanía y comprar liderazgos. De otra forma, la situación rápidamente podría escapar de su control.
Por fortuna, la rebeldía de los diputados del Partido del Trabajo (PT), así como el voto en contra de todos los diputados del PRD, pusieron en evidencia la antipopular alianza fraguada entre el PAN y el PRI. Ha fracasado de manera monumental el intento priista de cobrarle al PAN los costos políticos por estas medidas. La izquierda ha dejado constancia una vez más de la necesidad de transformar la correlación de fuerzas en el país.
La actitud de la izquierda parlamentaria, y en particular de los diputados vinculados a Andrés Manuel López Obrador, molesta a la clase política y a la mayor parte de los medios de comunicación. La toma de las tribunas les parece “vergonzosa” y es presentada como un ataque a la “dignidad” de las instituciones del país. Tales voces muestran una gran nostalgia por aquel sistema en el que la oposición no tenía acceso al poder y solamente podía manifestarse en las calles. Añoran los viejos tiempos en que era posible silenciar las protestas y fingir que el país estaba en paz o tranquilidad. Olvidan ciegamente que el Parlamento es precisamente el espacio donde debería aflorar la mayor pluralidad posible. El Congreso de la Unión es hoy una de las únicas válvulas de escape con las cuales todavía cuenta la ciudadanía ante la creciente desesperación social.
Ahora bien, un estado donde el control centralizado del poder sí se mantiene vigente es Coahuila. Aquí el PRI demostró su músculo al volver a conquistar la gran mayoría de los municipios y las diputaciones locales. La recuperación de la ciudad de Torreón es también un indicador de la fortaleza del PRI en la entidad. Muy a pesar de las estridentes declaraciones de César Nava al respecto, aquí el viejo partido del Estado sí se llevó el “carro completo”.
El caso de Coahuila y el de las elecciones federales del pasado 5 de julio demuestran que el poder de los gobernadores, la fuerza del clientelismo y la compra y coacción del voto siguen vivitos y coleando. Habría que preguntarnos, por ejemplo, si el sorprendente nivel de participación ciudadana que se ha visto últimamente se debe a un auténtico interés de parte de los electores por participar en los comicios, o si es únicamente el resultado de la renovación de las prácticas clientelares del pasado.
Un estudio reciente de la organización civil Alianza Cívica ha demostrado que la manipulación de la voluntad popular por medio de la compra y coacción del voto está hoy más presente que nunca. Por ejemplo, durante las elecciones federales de 2009, el 27% de los encuestados expresaron que no creen que el voto sea secreto, y 12% de los consultados afirmaron que por recibir un programa o servicio gubernamental están obligados a votar por un partido determinado. El mismo estudio demuestra que dichas prácticas son particularmente generalizadas en el Estado de México.
Ante esta situación, llama la atención la inacción de los organismos electorales del país en la materia. Ni el Instituto Federal Electoral (IFE) ni los institutos de las entidades federativas se han atrevido a entrarle al toro por los cuernos para prevenir, vigilar y castigar esta abierta defraudación a la democracia en México.
Si no se hace algo desde ahora para romper las cadenas del clientelismo electoral, independientemente del color del partido o el gobierno que lo implemente, podemos despedirnos desde ya de cualquier esperanza de construir una democracia auténticamente participativa y popular. Asimismo, se sacrificará el desarrollo económico, ya que actualmente cualquier aumento a la recaudación únicamente servirá para engrasar las máquinas electorales en lugar de apalancar el desarrollo nacional.
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