Nydia EgremyEl registro de expedientes reservados por el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro (en proceso de extinción tras el decreto presidencial del 11 de octubre pasado) muestra un amplio universo integrado por miles de archivos y documentos que revelan las funciones, actividades, resoluciones y medidas administrativas que emprendió esa empresa, cuyas autoridades consideraron que debían ocultarse al conocimiento público luego de que entró en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG).
La Dirección de Asuntos Jurídicos de ese organismo clasificó 6 mil 597 asuntos; le sigue la Dirección de Recursos Humanos en el rubro de “Relaciones laborales”, con 5 mil 635 archivos, a los que se suman 146 expedientes de la Coordinación de Proyectos Institucionales que comprenden juicios laborales. Otros 100 expedientes reservados pertenecen a la Subdirección de Abastecimiento, rubro “Dispositivos de inteligencia y seguridad”; 22 más de esa subdirección corresponden al área “Recursos materiales y obra pública”, y 85, al aseguramiento de bienes e intereses asegurables de la empresa. No son todos los archivos reservados de Luz y Fuerza del Centro (LFC), aunque algunos de los que aquí se describen ilustran la condición de secretismo en que operaron desde hace años rubros estratégicos de ese organismo.
En el caso de asuntos jurídicos, Luz y Fuerza del Centro (LFC) reservó, por cinco años, como clasificados los expedientes correspondientes a “Averiguaciones previas”. Asuntos relativos a “Juicios especiales hipotecarios”, “Tercerías excluyentes de dominio”, “Juicios de amparo”, “Juicios ejecutivos mercantiles”, “Reclamaciones de fianzas”, “Juicios agrarios”, “Concursos mercantiles”, “Juicios ordinarios mercantiles”, así como “Asuntos fiscales y administrativos”, todos se clasificaron por 10 años, hasta enero de 2014.
Es notable que desde el 30 de enero de 2004, LFC clasificó más de 100 expedientes relativos a averiguaciones previas por “robo de fluido eléctrico”, así se observa en el expediente AP/RFE1, cuya información sería accesible hasta 10 años después. En el decreto que extingue a ese organismo se señala que “el porcentaje de pérdidas totales de energía de Luz y Fuerza del Centro es excesivo y superior en casi tres veces al que presenta la Comisión Federal de Electricidad”. Agrega el decreto que a junio de 2009 Luz y Fuerza del Centro perdió el 30.6 por ciento de energía; los documentos que informan las razones y a los responsables de esa pérdida se mantuvieron en secreto por años.
De la política de reserva que mantuvo Luz y Fuerza del Centro con respecto del robo de fluido eléctrico, María Xelhuantzi López, doctora en ciencia política y analista en organizaciones laborales de la Universidad Nacional Autónoma de México, considera que una investigación de esos expedientes arrojaría luz respecto “de quién robaba y cómo se clasificaba” esa información por parte de la empresa.
“Desde luego, el robo en pequeña escala, de los ambulantes o de la vía pública se resolvía con una mordida; en cambio, el robo de mayor proporción, que indudablemente implica a grandes consumidores, grandes empresas y grandes intereses, a riesgo de equivocarse, se concluiría que mientras más grande e importante fuera la empresa que robaba el fluido, más secreto es el expediente”, estima la entrevistada.
En “Asuntos penales”, que involucran a LFC según los archivos que reservó, es notorio que a partir de enero de 2006 esa empresa optó por el máximo periodo que autoriza la ley para clasificar su información (12 años). Así se evidencia en el expediente PGR/CHAL/106/II/03 que fue clasificado el 13 de julio de 2009 y que sería visible hasta 2021, aunque ahora, en el actual proceso de extinción del organismo, podría quedar olvidado.
Otro aspecto que permanecerá oculto al interés público es el relativo a los “Dispositivos de inteligencia y seguridad de LFC”. La Subdirección de Abastecimiento y Transportes en el rubro clasificó 100 expedientes, todos por 12 años. “Corporaciones policiales para vigilancia y seguridad en el Distrito Federal y en los estados de México, Hidalgo, Puebla y Morelos” se remonta al 1 de septiembre de 2003 y sería accesible hasta 2015.
De igual manera, las autoridades del organismo descentralizado alejaron del conocimiento público por 12 años el archivo relativo a “Dispositivos de seguridad en instalaciones (directorio de instalaciones, planes de seguridad física, programas de supervisión, ficha técnica, diagnóstico de riesgos)”. Hicieron lo mismo con la información relativa a las “reuniones ordinarias y extraordinarias del grupo de coordinación para la atención de instalaciones estratégicas”, que se clasificó por 12 años, desde 2003.
Igual ocurrió el 11 de enero de 2006 cuando los funcionarios de LFC decidieron clasificar por 12 años la información del expediente “Presupuesto asignado para los servicios de vigilancia policial 2006 (presupuesto de explotación)”.
Finanzas oscuras
Por su parte, la Subdirección de Finanzas reservó, desde 2004, por 12 años, la información que contiene 1 mil 271 expedientes sobre el rubro “Recursos financieros”. Se trata de los estados de cuenta, relaciones de nómina, control y registro de pólizas de ingresos, conciliaciones, egresos por partida presupuestal, registro contable, valores financieros.
Como ejemplo, están los expedientes “Programas y recorridos de pago de nómina 2”, “Ingresos enlace bancos 30”, “Pólizas tipo 18”, “Liquidaciones semanales subt”. “Belem de las Flores 4”. Otros, como “Resguardos de los fondos fijos subt. Iztap”, estarían disponibles hasta 2011.
Entretanto, datos sobre nóminas, arqueos (comprobación de efectivo), pagos temporales se resguardaron desde 2006 hasta enero de 2018; así se observa en los expedientes “Requerimientos de nóminas subt. Cuautitlán”, “Arqueos subt. Cuautitlán”, “SC04C-SE05-Arqueos a pagadores-subtesorería Ecatepec-LFTAIPG-13-1v-1-5 años”, “Guías de autoevaluación subt. Cuautitlán”, “Penalización Tameme subt. Cuautitlán”, “Liquidaciones semanales subt. Cuautitlán” y el expediente “Egresos (programa pagos subg. plan y cont. F.) Febrero 06 S.T.-1 carpeta”.
Asimismo, la “Liquidación de pagadores subt. centro 10” se clasificó desde 2006 hasta enero de 2011. Los expedientes titulados “Subgerencia de Planeación y Control Financiero./S.T.Z.C.-1 carpeta” y “Remesas especiales extraordinarias g.finanzas-1 expediente” se reservaron el 13 de julio de 2006 para permanecer clasificados por 12 años.
Por otra parte, Luz y Fuerza del Centro decidió no informar qué sucede con respecto del rubro “Tecnologías y servicios de la información”, pues clasificó 108 expedientes desde 2004; todos por el máximo de tiempo que permite la ley. Se trata de archivos que contienen información sobre el software para cada equipo que opera en esa subdirección, sobre el código fuente, de documentación técnica y temas relacionados, de plataforma distribuida, así como de esquemas de seguridad.
También clasificó 104 archivos relacionados con el rubro “Programación, organización y presupuestación”, que contienen datos sobre compromisos para años subsecuentes e inversiones del organismo descentralizado, como el archivo denominado “Compromisos solicitados 1”, clasificado el 29 de enero de 2004, disponible hasta 2016.
Askareles en secreto
El jueves 11 de octubre de 2007 la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca del Senado de la República aprobó en votación económica un punto de acuerdo, que también aprobaron los congresos de Querétaro y San Luis Potosí, para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informara sobre el manejo de askareles en el país.
En el dictamen correspondiente de esa comisión se señaló que “los askareles o bifenilos policlorados (BPCs) son una mezcla de hasta 209 compuestos clorados individuales”, que son líquidos aceitosos o sólidos, incoloros a amarillo claro capaces de existir como vapor, inoloros e insípidos, que se usaban ampliamente como refrigerantes y lubricantes en transformadores, condensadores y otros equipos eléctricos.
El Senado agregaba que “los askareles se constituyen como residuos peligrosos ya que poseen alguna de las siguientes características: corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, y ponen sustancial o potencialmente en peligro la salud humana o el ambiente”, pues los resultados del contacto de BPCs en seres humanos han sido: “abortos, defectos en los recién nacidos, desórdenes funcionales en el sistema nervioso, causando vértigo, depresión, fatiga y nerviosismo” y, en el peor de los casos, cáncer.
Además, ese documento apuntaba que los BPCs están prohibidos en la mayoría de los países “y en el nuestro no es excepción”, ya que es uno de los tres principales objetivos del Plan de Acción Regional de América del Norte que se lleva dentro del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, “del cual, México es parte”, y donde se comprometía a la eliminación, manejo ambientalmente adecuado de los inventarios en todo su ciclo de vida y retiro gradual y destrucción de los BPCs.
Por esas consideraciones, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales pedía a la Semarnat información sobre la localización y volumen de bifenilos policlorados almacenados, abandonados o en uso, así como un listado de generadores; fechas y métodos de eliminación de los bifenilos policlorados existentes, así como los responsables de ese proceso.
También, le requería copia del programa de eliminación de bifenilos policlorados para 2008, como lo indica la “Tabla I” de la Norma Oficial Mexicana: NOM-133-SEMARNAT-2000, incluyendo método, cantidades y responsables de tal eliminación y métodos y cantidad de BPCs, eliminados desde la entrada en vigor de la NOM mencionada hasta esa fecha (11 de octubre de 2007).
Esa preocupación del Senado sobre el manejo y desecho de esos residuos peligrosos no impidió, sin embargo, que desde 2004 la Subdirección de Planeación Estratégica de Luz y Fuerza clasificara 118 expedientes relacionados con el rubro temático: “Protección ambiental, manejo de residuos peligrosos”, particularmente la información relativa a los programas de eliminación.
Otros se clasificaron por seis años en cuanto comenzó la actual administración federal: “Askarel licitación pública internacional LPI/SS-153/94”, que permanecería clasificado hasta el 12 de enero de 2011. En igual circunstancia están los archivos “Bifenilos policlorados (BPC-S) 1994”, “Publicaciones diversas askarel 1994”, “BPCs bitácora de obra 1996”, “Certificado de incineración BPC-S (manifiesto de entrega y transporte) 1996”, “PBCs contrato No. SS-111/96 (RIMSA) (manifiesto de entrega y transporte)”. “Estado de cuenta del contrato de servicios (RIMSA No. SS-111-96) (ECOLAB No. SS-139/97)”, así como el denominado “Bifenilos policlorados (BPCs) (manifiestos) 1997”, y otras decenas de documentos más.
Además de los certificados para la incineración de BPCs y estados de cuenta de contratos de servicios o bitácoras de obra, la Subdirección de Planeación Estratégica de LFC clasificó otras actividades relacionadas con el manejo o destrucción de estos residuos peligrosos. Dos de ellos se vinculan con el Almacén Victoria del organismo. El primero, relativo a “Compras” y el segundo, a “Bajas de almacén”, que fueron blindados por cinco años a partir del 12 de enero de 2006.
Igualmente ocurrió con los archivos denominados “Bajas de almacén 1999”, “Programa de sustitución de equipos en operación con BPCs”, “Empresas autorizadas en el tratamiento con BPCs”, “Profepa-Almacén Victoria BPCs”, “Reporte de análisis de laboratorio 2003-2005” y “Avances de indicadores BPCs 2003-2004”.
Respecto de la falta de transparencia en proceso de eliminación de askareles que se tradujo en la clasificación de los expedientes que contienen la información respectiva, la estudiosa en relaciones laborales María Xelhuantzi López apunta que es delicado que no se hiciera pública en su oportunidad, pues conlleva riesgos a la salud de los propios trabajadores de LFC: “Es un asunto de salud y de vida para los trabajadores; hasta donde sabemos, el sindicato no tomó medidas oportunas”.
Oscuras relaciones laborales
La relación entre LFC y sus trabajadores no es transparente, como lo demuestra la clasificación de 5 mil 635 expedientes relacionados con juicios laborales que hizo la Dirección de Recursos Humanos. El título de los expedientes no logra ilustrar el contenido de esos archivos blindados, como se observa en el expediente 005A30385/2006, cuyo contenido se reservó hasta el 11 de enero de 2019.
Entre el amplio universo de información oculta en torno a las demandas que empleados de LFC emprendieron contra el organismo descentralizado, también figuran los archivos GRL-AI-G-026-054197, por procedimientos administrativos laborales en 2007, y el 005 A/0666/2007, que apenas se clasificó el 14 de enero de 2009 y que se abriría hasta 2021.
Más de 5 mil expedientes que documentan causas y procedimientos de otros tantos juicios laborales entre una empresa pública y sus trabajadores corren el riesgo de perderse con su valioso contenido informativo para la sociedad frente al proceso de extinción del organismo.
Complicidad y corrupción
La práctica de clasificar miles de expedientes de la empresa Luz y Fuerza “refleja un altísimo grado de corrupción y complicidad del propio gobierno, pues se trata de un organismo público descentralizado de donde el gobierno no sólo era el administrador sino el propietario”, aprecia María Xelhuantzi, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
En su opinión, esto denota que el gobierno “es parte medular de la corrupción que había ahí” y no descarta que la Secretaría de Energía, que es la cabeza del sector, conociera esa información. Explica la especialista en organizaciones sindicales que “esto revela la responsabilidad tan grande que tiene el gobierno en la situación de inviabilidad y de crisis que, al final de cuentas, lo llevaron a tomar la decisión de liquidar la empresa”.
Al mismo tiempo, reitera, “también refleja que había toda una intención desde tiempo atrás de tomar la medida de extinguir a la empresa; refleja que el gobierno no tenía ni voluntad ni vocación” de que LFC operara de manera eficiente, de reestructurarla, pues si esto hubiera sido, habría tomado medidas oportunamente.
A su vez, la especialista sostiene que también hay gran corresponsabilidad del sindicato en la situación interna de la empresa, porque “indudablemente sabía, quizás no de todo y a fondo, pero sí de los malos manejos de la empresa”. Xelhuantzi López considera que el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) “no sólo no tomó la iniciativa para que esto cambiara, sino que se volvió también parte de ese statu quo”, y que la responsabilidad de la organización gremial radicaría en “haber omitido, tolerado y solapado” tal situación.
“El sindicato no actuó oportunamente ni con fuerza, la misma que mostró en las calles durante su marcha del jueves 15 de octubre, y que debió invertir para presionar suficientemente a la empresa con objeto de lograr que las cosas cambiaran, pero no lo hizo. En todo caso, la mayor responsabilidad de la crisis interna de Luz y Fuerza del Centro recae en el gobierno”, expresa la autora de las investigaciones: El sindicalismo mexicano: entre la coyuntura y la historia (UAM, 2004) y El sindicalismo en la reforma del Estado.
Más allá de la parte de responsabilidad que corresponda al SME respecto de la situación de Luz y Fuerza del Centro, la investigadora concluye que, “desafortunadamente”, con la liquidación del organismo todos los expedientes reservados y su valiosa información se perderán. Ese hecho y lo que actualmente pasa reflejan “la falta de transparencia brutal” que existe en este país sobre cosas fundamentales.
Si le buscamos a Petróleos Mexicanos o a la Comisión Federal de Electricidad, advierte, “encontraríamos irregularidades de igual o mayor proporción, lo que muestra que a pesar de la alternancia política en el país existen las mismas complicidades que nos llevan a tener un país sistemáticamente corrupto y donde los ciudadanos estamos indefensos y obligados a creer la información oficial, manipulada a través de los grandes monopolios de la información”.
La medida de extinción contra Luz y Fuerza del Centro “refleja que el presidencialismo autoritario en este país sigue intacto, lo que es muy grave”, declara María Xelhuantzi. Agrega que si para el gobierno federal el problema de fondo era la viabilidad de la empresa, esto se hubiera discutido en otro nivel y en otra forma, no recurriendo a un “acto de brutalidad autoritaria” como el que se dio el 11 de octubre.
La Dirección de Asuntos Jurídicos de ese organismo clasificó 6 mil 597 asuntos; le sigue la Dirección de Recursos Humanos en el rubro de “Relaciones laborales”, con 5 mil 635 archivos, a los que se suman 146 expedientes de la Coordinación de Proyectos Institucionales que comprenden juicios laborales. Otros 100 expedientes reservados pertenecen a la Subdirección de Abastecimiento, rubro “Dispositivos de inteligencia y seguridad”; 22 más de esa subdirección corresponden al área “Recursos materiales y obra pública”, y 85, al aseguramiento de bienes e intereses asegurables de la empresa. No son todos los archivos reservados de Luz y Fuerza del Centro (LFC), aunque algunos de los que aquí se describen ilustran la condición de secretismo en que operaron desde hace años rubros estratégicos de ese organismo.
En el caso de asuntos jurídicos, Luz y Fuerza del Centro (LFC) reservó, por cinco años, como clasificados los expedientes correspondientes a “Averiguaciones previas”. Asuntos relativos a “Juicios especiales hipotecarios”, “Tercerías excluyentes de dominio”, “Juicios de amparo”, “Juicios ejecutivos mercantiles”, “Reclamaciones de fianzas”, “Juicios agrarios”, “Concursos mercantiles”, “Juicios ordinarios mercantiles”, así como “Asuntos fiscales y administrativos”, todos se clasificaron por 10 años, hasta enero de 2014.
Es notable que desde el 30 de enero de 2004, LFC clasificó más de 100 expedientes relativos a averiguaciones previas por “robo de fluido eléctrico”, así se observa en el expediente AP/RFE1, cuya información sería accesible hasta 10 años después. En el decreto que extingue a ese organismo se señala que “el porcentaje de pérdidas totales de energía de Luz y Fuerza del Centro es excesivo y superior en casi tres veces al que presenta la Comisión Federal de Electricidad”. Agrega el decreto que a junio de 2009 Luz y Fuerza del Centro perdió el 30.6 por ciento de energía; los documentos que informan las razones y a los responsables de esa pérdida se mantuvieron en secreto por años.
De la política de reserva que mantuvo Luz y Fuerza del Centro con respecto del robo de fluido eléctrico, María Xelhuantzi López, doctora en ciencia política y analista en organizaciones laborales de la Universidad Nacional Autónoma de México, considera que una investigación de esos expedientes arrojaría luz respecto “de quién robaba y cómo se clasificaba” esa información por parte de la empresa.
“Desde luego, el robo en pequeña escala, de los ambulantes o de la vía pública se resolvía con una mordida; en cambio, el robo de mayor proporción, que indudablemente implica a grandes consumidores, grandes empresas y grandes intereses, a riesgo de equivocarse, se concluiría que mientras más grande e importante fuera la empresa que robaba el fluido, más secreto es el expediente”, estima la entrevistada.
En “Asuntos penales”, que involucran a LFC según los archivos que reservó, es notorio que a partir de enero de 2006 esa empresa optó por el máximo periodo que autoriza la ley para clasificar su información (12 años). Así se evidencia en el expediente PGR/CHAL/106/II/03 que fue clasificado el 13 de julio de 2009 y que sería visible hasta 2021, aunque ahora, en el actual proceso de extinción del organismo, podría quedar olvidado.
Otro aspecto que permanecerá oculto al interés público es el relativo a los “Dispositivos de inteligencia y seguridad de LFC”. La Subdirección de Abastecimiento y Transportes en el rubro clasificó 100 expedientes, todos por 12 años. “Corporaciones policiales para vigilancia y seguridad en el Distrito Federal y en los estados de México, Hidalgo, Puebla y Morelos” se remonta al 1 de septiembre de 2003 y sería accesible hasta 2015.
De igual manera, las autoridades del organismo descentralizado alejaron del conocimiento público por 12 años el archivo relativo a “Dispositivos de seguridad en instalaciones (directorio de instalaciones, planes de seguridad física, programas de supervisión, ficha técnica, diagnóstico de riesgos)”. Hicieron lo mismo con la información relativa a las “reuniones ordinarias y extraordinarias del grupo de coordinación para la atención de instalaciones estratégicas”, que se clasificó por 12 años, desde 2003.
Igual ocurrió el 11 de enero de 2006 cuando los funcionarios de LFC decidieron clasificar por 12 años la información del expediente “Presupuesto asignado para los servicios de vigilancia policial 2006 (presupuesto de explotación)”.
Finanzas oscuras
Por su parte, la Subdirección de Finanzas reservó, desde 2004, por 12 años, la información que contiene 1 mil 271 expedientes sobre el rubro “Recursos financieros”. Se trata de los estados de cuenta, relaciones de nómina, control y registro de pólizas de ingresos, conciliaciones, egresos por partida presupuestal, registro contable, valores financieros.
Como ejemplo, están los expedientes “Programas y recorridos de pago de nómina 2”, “Ingresos enlace bancos 30”, “Pólizas tipo 18”, “Liquidaciones semanales subt”. “Belem de las Flores 4”. Otros, como “Resguardos de los fondos fijos subt. Iztap”, estarían disponibles hasta 2011.
Entretanto, datos sobre nóminas, arqueos (comprobación de efectivo), pagos temporales se resguardaron desde 2006 hasta enero de 2018; así se observa en los expedientes “Requerimientos de nóminas subt. Cuautitlán”, “Arqueos subt. Cuautitlán”, “SC04C-SE05-Arqueos a pagadores-subtesorería Ecatepec-LFTAIPG-13-1v-1-5 años”, “Guías de autoevaluación subt. Cuautitlán”, “Penalización Tameme subt. Cuautitlán”, “Liquidaciones semanales subt. Cuautitlán” y el expediente “Egresos (programa pagos subg. plan y cont. F.) Febrero 06 S.T.-1 carpeta”.
Asimismo, la “Liquidación de pagadores subt. centro 10” se clasificó desde 2006 hasta enero de 2011. Los expedientes titulados “Subgerencia de Planeación y Control Financiero./S.T.Z.C.-1 carpeta” y “Remesas especiales extraordinarias g.finanzas-1 expediente” se reservaron el 13 de julio de 2006 para permanecer clasificados por 12 años.
Por otra parte, Luz y Fuerza del Centro decidió no informar qué sucede con respecto del rubro “Tecnologías y servicios de la información”, pues clasificó 108 expedientes desde 2004; todos por el máximo de tiempo que permite la ley. Se trata de archivos que contienen información sobre el software para cada equipo que opera en esa subdirección, sobre el código fuente, de documentación técnica y temas relacionados, de plataforma distribuida, así como de esquemas de seguridad.
También clasificó 104 archivos relacionados con el rubro “Programación, organización y presupuestación”, que contienen datos sobre compromisos para años subsecuentes e inversiones del organismo descentralizado, como el archivo denominado “Compromisos solicitados 1”, clasificado el 29 de enero de 2004, disponible hasta 2016.
Askareles en secreto
El jueves 11 de octubre de 2007 la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca del Senado de la República aprobó en votación económica un punto de acuerdo, que también aprobaron los congresos de Querétaro y San Luis Potosí, para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informara sobre el manejo de askareles en el país.
En el dictamen correspondiente de esa comisión se señaló que “los askareles o bifenilos policlorados (BPCs) son una mezcla de hasta 209 compuestos clorados individuales”, que son líquidos aceitosos o sólidos, incoloros a amarillo claro capaces de existir como vapor, inoloros e insípidos, que se usaban ampliamente como refrigerantes y lubricantes en transformadores, condensadores y otros equipos eléctricos.
El Senado agregaba que “los askareles se constituyen como residuos peligrosos ya que poseen alguna de las siguientes características: corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, y ponen sustancial o potencialmente en peligro la salud humana o el ambiente”, pues los resultados del contacto de BPCs en seres humanos han sido: “abortos, defectos en los recién nacidos, desórdenes funcionales en el sistema nervioso, causando vértigo, depresión, fatiga y nerviosismo” y, en el peor de los casos, cáncer.
Además, ese documento apuntaba que los BPCs están prohibidos en la mayoría de los países “y en el nuestro no es excepción”, ya que es uno de los tres principales objetivos del Plan de Acción Regional de América del Norte que se lleva dentro del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, “del cual, México es parte”, y donde se comprometía a la eliminación, manejo ambientalmente adecuado de los inventarios en todo su ciclo de vida y retiro gradual y destrucción de los BPCs.
Por esas consideraciones, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales pedía a la Semarnat información sobre la localización y volumen de bifenilos policlorados almacenados, abandonados o en uso, así como un listado de generadores; fechas y métodos de eliminación de los bifenilos policlorados existentes, así como los responsables de ese proceso.
También, le requería copia del programa de eliminación de bifenilos policlorados para 2008, como lo indica la “Tabla I” de la Norma Oficial Mexicana: NOM-133-SEMARNAT-2000, incluyendo método, cantidades y responsables de tal eliminación y métodos y cantidad de BPCs, eliminados desde la entrada en vigor de la NOM mencionada hasta esa fecha (11 de octubre de 2007).
Esa preocupación del Senado sobre el manejo y desecho de esos residuos peligrosos no impidió, sin embargo, que desde 2004 la Subdirección de Planeación Estratégica de Luz y Fuerza clasificara 118 expedientes relacionados con el rubro temático: “Protección ambiental, manejo de residuos peligrosos”, particularmente la información relativa a los programas de eliminación.
Otros se clasificaron por seis años en cuanto comenzó la actual administración federal: “Askarel licitación pública internacional LPI/SS-153/94”, que permanecería clasificado hasta el 12 de enero de 2011. En igual circunstancia están los archivos “Bifenilos policlorados (BPC-S) 1994”, “Publicaciones diversas askarel 1994”, “BPCs bitácora de obra 1996”, “Certificado de incineración BPC-S (manifiesto de entrega y transporte) 1996”, “PBCs contrato No. SS-111/96 (RIMSA) (manifiesto de entrega y transporte)”. “Estado de cuenta del contrato de servicios (RIMSA No. SS-111-96) (ECOLAB No. SS-139/97)”, así como el denominado “Bifenilos policlorados (BPCs) (manifiestos) 1997”, y otras decenas de documentos más.
Además de los certificados para la incineración de BPCs y estados de cuenta de contratos de servicios o bitácoras de obra, la Subdirección de Planeación Estratégica de LFC clasificó otras actividades relacionadas con el manejo o destrucción de estos residuos peligrosos. Dos de ellos se vinculan con el Almacén Victoria del organismo. El primero, relativo a “Compras” y el segundo, a “Bajas de almacén”, que fueron blindados por cinco años a partir del 12 de enero de 2006.
Igualmente ocurrió con los archivos denominados “Bajas de almacén 1999”, “Programa de sustitución de equipos en operación con BPCs”, “Empresas autorizadas en el tratamiento con BPCs”, “Profepa-Almacén Victoria BPCs”, “Reporte de análisis de laboratorio 2003-2005” y “Avances de indicadores BPCs 2003-2004”.
Respecto de la falta de transparencia en proceso de eliminación de askareles que se tradujo en la clasificación de los expedientes que contienen la información respectiva, la estudiosa en relaciones laborales María Xelhuantzi López apunta que es delicado que no se hiciera pública en su oportunidad, pues conlleva riesgos a la salud de los propios trabajadores de LFC: “Es un asunto de salud y de vida para los trabajadores; hasta donde sabemos, el sindicato no tomó medidas oportunas”.
Oscuras relaciones laborales
La relación entre LFC y sus trabajadores no es transparente, como lo demuestra la clasificación de 5 mil 635 expedientes relacionados con juicios laborales que hizo la Dirección de Recursos Humanos. El título de los expedientes no logra ilustrar el contenido de esos archivos blindados, como se observa en el expediente 005A30385/2006, cuyo contenido se reservó hasta el 11 de enero de 2019.
Entre el amplio universo de información oculta en torno a las demandas que empleados de LFC emprendieron contra el organismo descentralizado, también figuran los archivos GRL-AI-G-026-054197, por procedimientos administrativos laborales en 2007, y el 005 A/0666/2007, que apenas se clasificó el 14 de enero de 2009 y que se abriría hasta 2021.
Más de 5 mil expedientes que documentan causas y procedimientos de otros tantos juicios laborales entre una empresa pública y sus trabajadores corren el riesgo de perderse con su valioso contenido informativo para la sociedad frente al proceso de extinción del organismo.
Complicidad y corrupción
La práctica de clasificar miles de expedientes de la empresa Luz y Fuerza “refleja un altísimo grado de corrupción y complicidad del propio gobierno, pues se trata de un organismo público descentralizado de donde el gobierno no sólo era el administrador sino el propietario”, aprecia María Xelhuantzi, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
En su opinión, esto denota que el gobierno “es parte medular de la corrupción que había ahí” y no descarta que la Secretaría de Energía, que es la cabeza del sector, conociera esa información. Explica la especialista en organizaciones sindicales que “esto revela la responsabilidad tan grande que tiene el gobierno en la situación de inviabilidad y de crisis que, al final de cuentas, lo llevaron a tomar la decisión de liquidar la empresa”.
Al mismo tiempo, reitera, “también refleja que había toda una intención desde tiempo atrás de tomar la medida de extinguir a la empresa; refleja que el gobierno no tenía ni voluntad ni vocación” de que LFC operara de manera eficiente, de reestructurarla, pues si esto hubiera sido, habría tomado medidas oportunamente.
A su vez, la especialista sostiene que también hay gran corresponsabilidad del sindicato en la situación interna de la empresa, porque “indudablemente sabía, quizás no de todo y a fondo, pero sí de los malos manejos de la empresa”. Xelhuantzi López considera que el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) “no sólo no tomó la iniciativa para que esto cambiara, sino que se volvió también parte de ese statu quo”, y que la responsabilidad de la organización gremial radicaría en “haber omitido, tolerado y solapado” tal situación.
“El sindicato no actuó oportunamente ni con fuerza, la misma que mostró en las calles durante su marcha del jueves 15 de octubre, y que debió invertir para presionar suficientemente a la empresa con objeto de lograr que las cosas cambiaran, pero no lo hizo. En todo caso, la mayor responsabilidad de la crisis interna de Luz y Fuerza del Centro recae en el gobierno”, expresa la autora de las investigaciones: El sindicalismo mexicano: entre la coyuntura y la historia (UAM, 2004) y El sindicalismo en la reforma del Estado.
Más allá de la parte de responsabilidad que corresponda al SME respecto de la situación de Luz y Fuerza del Centro, la investigadora concluye que, “desafortunadamente”, con la liquidación del organismo todos los expedientes reservados y su valiosa información se perderán. Ese hecho y lo que actualmente pasa reflejan “la falta de transparencia brutal” que existe en este país sobre cosas fundamentales.
Si le buscamos a Petróleos Mexicanos o a la Comisión Federal de Electricidad, advierte, “encontraríamos irregularidades de igual o mayor proporción, lo que muestra que a pesar de la alternancia política en el país existen las mismas complicidades que nos llevan a tener un país sistemáticamente corrupto y donde los ciudadanos estamos indefensos y obligados a creer la información oficial, manipulada a través de los grandes monopolios de la información”.
La medida de extinción contra Luz y Fuerza del Centro “refleja que el presidencialismo autoritario en este país sigue intacto, lo que es muy grave”, declara María Xelhuantzi. Agrega que si para el gobierno federal el problema de fondo era la viabilidad de la empresa, esto se hubiera discutido en otro nivel y en otra forma, no recurriendo a un “acto de brutalidad autoritaria” como el que se dio el 11 de octubre.
Entradas
No hay comentarios.:
Publicar un comentario