La antesala del colapso

Apuntes
Guillermo Fabela Quiñones

La realidad que vive la población de Ciudad Juárez es un indicador muy concreto de lo que puede ocurrir a nivel nacional en poco tiempo, si el gobierno federal no asume su responsabilidad de gobernar para todos los mexicanos. El Estado fallido es ya un hecho imposible de ocultar, si tomamos en cuenta que no garantizar seguridad elemental a la sociedad es la principal característica que define tal situación. Es cierto que aún quedan territorios del país no sacudidos por la violencia extrema que se experimenta en las ciudades fronterizas del Norte, pero eso no significa que México sea una nación sin peligros reales de ingobernabilidad, pues el efecto dominó de la violencia se está dando a grandes pasos.
El mayor riesgo está en que el grupo en el poder no tiene el más elemental sentido de la autocrítica, supone que está haciendo bien las cosas. Así lo patentiza el comportamiento de funcionarios con altas responsabilidades, cuyo desempeño deja mucho que desear en tanto que sus áreas enfrentan severas crisis, como es el caso de las secretarías de Gobernación, de Hacienda, de Economía, del Trabajo, de Energía, de Comunicaciones y Transportes, de Agricultura, así como las dependencias responsabilizadas de la seguridad y la procuración de justicia, principalmente, por el evidente interés de los titulares en servir a grupos de interés muy concretos, sólo empeñados en aprovechar la coyuntura que ofrece una administración entregada por completo a la oligarquía.
No hay que perder de vista la experiencia histórica y recordar, ahora que se habrá de conmemorar el centenario del inicio de la Revolución Mexicana, que el estado de Chihuahua fue donde afloró con más fuerza el efecto acelerador de la violencia en respuesta a los abusos de la clase en el poder: los grandes hacendados y su brazo armado, la dictadura porfirista. Esto mismo está sucediendo ahora, como es fácil advertirlo, por la situación prevaleciente que sobrepasa con mucho el mero fenómeno de la violencia derivada de la delincuencia organizada. Este flagelo es una más de las consecuencias de la incapacidad de gobernar de los “gobiernos” neoliberales, comenzando por el de Miguel de la Madrid, incapacidad que se recrudeció a extremos fatales con el arribo del PAN a Los Pinos.
Lo que está ocurriendo en Chihuahua puede ser el preámbulo de una realidad de más largo alcance, que acabaría con lo poco que queda de gobernabilidad en el país. Los juarenses están hartos de que gobiernos van y vienen y ninguno hace nada por refrenar la descomposición social que es el motor de la violencia y de la inseguridad pública. De ahí que sea muy entendible que varias organizaciones no gubernamentales de Ciudad Juárez hayan decidido enviar una carta a la ONU, en la que piden al máximo organismo mundial el envío de “cascos azules” para que restablezcan el orden en la urbe. Esto, además de vergonzoso, patentiza el grado de preocupación de una sociedad que vive en carne propia la desmesura de un flagelo que puso fin a la tranquilidad que se vivía antes en la ciudad fronteriza.
El lamentable multihomicidio de 16 adolescentes es la gota que derramó el vaso, sobre todo cuando es obvia la falta de voluntad gubernamental, tanto del gobierno federal como del estatal, para esclarecer los móviles y dar con los verdaderos criminales. La realidad es que las cosas se salieron de control para las autoridades y sólo se concretan a dar palos de ciego. Por otro lado, no podría esperarse algo más teniendo en cuenta que para Felipe Calderón su estrategia anticrimen no es más que un pretexto para criminalizar las protestas sociales y justificar el uso de las Fuerzas Armadas en actividades policiales. Su lucha contra los cárteles de la droga no es más que un medio para legitimar a su “gobierno”, como lo dijo en días pasados un diputado priísta.
Aun en medio de tal estado de cosas, llama la atención la soberbia con que se manejan los funcionarios, lo que agrava el divorcio entre gobernantes y gobernados. Tal vez porque suponen que están haciendo muy bien su trabajo, o porque tal es su estilo de “gobernar”. Lo cierto es que no hay una mínima voluntad de acercamiento con las clases más desprotegidas, para conocer de cerca su realidad y trabajar conjuntamente en busca de soluciones concretas. Al contrario, mientas más pasa el tiempo mayor es la soberbia con la que actúan. Allí está el rotundo rechazo a ofrecer disculpas a los 16 ediles michoacanos que fueron injustamente detenidos y encarcelados, recién dejados en libertad por no habérseles encontrado prueba alguna que los inculpara.

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