11 febrero 2010
Gregorio “Greg” Sánchez lleva casi tres años gobernando Cancún, al mismo tiempo que ejerce como pastor cristiano y utiliza a su iglesia para fines políticos. Ahora resulta que además era rehén de intereses oscuros que le habrían prestado diez millones de dólares “extras” para su campaña; recursos sin los cuales, dijo su equipo, no hubiera sido posible ganar el voto popular. Hasta aquí dos problemas: la violación a la Constitución y al Estado laico y la violación de las leyes electorales por utilizar recursos extraordinarios no reportados al Instituto Electoral. Pero hay otro más preocupante: ¿qué tipo de obligaciones políticas y tráfico de influencias existen detrás de ese préstamo? ¿Para quién gobierna, para la ciudadanía que votó por él o para “el inversionista” que financió su llegada a la alcaldía?
Va la radiografía: primero Greg compra su candidatura al CEN del PRD, se asocia con Jesús Ortega y paralelamente lo apadrina la familia Joaquín, patriarcas del priísmo quintanarroense. Una vez evidenciado por el diario Reforma con pruebas judiciales publicadas, Greg es defendido públicamente por Hernán Cordero, líder de la Coparmex quien responde que como no se ataca al gobernador él no va a opinar sobre el alcalde. Le sigue Víctor Loaeza, presidente de la Canaco quien dice: “El señor presidente municipal me merece todo el respeto por su jerarquía (…) tenemos la obligación de soportar hasta el último día las acciones de su mandato sean positivas o negativas”. Para no dejarles solos en la complicidad Cristina Alcayaga, cabeza del Consejo Coordinador Empresarial, ex legisladora priísta, asegura que este asunto es privado y compete sólo al alcalde resolverlo jurídicamente.
Ya sea por cobardía, por ineptitud, por limitaciones intelectuales, por abulia, por egoísmo, por corrupción, o todos los anteriores, los empresarios y los actores de poder son cómplices pasivos de esta corrupción.
Todos parecerían dar por sentado que un funcionario se debe a quien le pagó su campaña. A nadie parece importarle que un alcalde pudiera operar bajo pedido. Sólo porque rompieron su “acuerdo” pudimos enterarnos de que la alcaldía ya había sido comprada de antemano.
Afortunadamente las y los empresarios de México no son todos corruptos; el problema es que en su mayoría abdican de su responsabilidad social, y al hacerlo se ponen la soga al cuello; al guardar silencio o someterse ante los funcionarios públicos, debilitan el tejido social, debilitan la economía y fortalecen a gobernantes dispuestos a contribuir al derrumbe de un país como México, pleno de recursos humanos, naturales y materiales. Cancún podría ser el ejemplo de la Nación, pero es la caja chica de un puñado de sátrapas, de un empresariado débil, de una sociedad que también subestima su poder y capacidad de transformación.
Va la radiografía: primero Greg compra su candidatura al CEN del PRD, se asocia con Jesús Ortega y paralelamente lo apadrina la familia Joaquín, patriarcas del priísmo quintanarroense. Una vez evidenciado por el diario Reforma con pruebas judiciales publicadas, Greg es defendido públicamente por Hernán Cordero, líder de la Coparmex quien responde que como no se ataca al gobernador él no va a opinar sobre el alcalde. Le sigue Víctor Loaeza, presidente de la Canaco quien dice: “El señor presidente municipal me merece todo el respeto por su jerarquía (…) tenemos la obligación de soportar hasta el último día las acciones de su mandato sean positivas o negativas”. Para no dejarles solos en la complicidad Cristina Alcayaga, cabeza del Consejo Coordinador Empresarial, ex legisladora priísta, asegura que este asunto es privado y compete sólo al alcalde resolverlo jurídicamente.
Ya sea por cobardía, por ineptitud, por limitaciones intelectuales, por abulia, por egoísmo, por corrupción, o todos los anteriores, los empresarios y los actores de poder son cómplices pasivos de esta corrupción.
Todos parecerían dar por sentado que un funcionario se debe a quien le pagó su campaña. A nadie parece importarle que un alcalde pudiera operar bajo pedido. Sólo porque rompieron su “acuerdo” pudimos enterarnos de que la alcaldía ya había sido comprada de antemano.
Afortunadamente las y los empresarios de México no son todos corruptos; el problema es que en su mayoría abdican de su responsabilidad social, y al hacerlo se ponen la soga al cuello; al guardar silencio o someterse ante los funcionarios públicos, debilitan el tejido social, debilitan la economía y fortalecen a gobernantes dispuestos a contribuir al derrumbe de un país como México, pleno de recursos humanos, naturales y materiales. Cancún podría ser el ejemplo de la Nación, pero es la caja chica de un puñado de sátrapas, de un empresariado débil, de una sociedad que también subestima su poder y capacidad de transformación.
Entradas
No hay comentarios.:
Publicar un comentario