De bruces

Luis Javier Garrido

Las políticas de violencia militar desatadas por el gobierno panista en estos tres años con el pretexto de la lucha contra el narco han llegado adonde pretendían quienes las concibieron desde Washington: a una entrega casi absoluta de la vocación soberana de México por parte del gobierno panista.

1. La reunión en el edificio de la cancillería mexicana del gabinete de seguridad de Estados Unidos, encabezado por Hillary Clinton, secretaria de Estado, en la mal llamada Reunión de Alto Nivel México-Estados Unidos sobre la Iniciativa Mérida, el martes 23 de marzo, no buscó llegar a acuerdos sobre las políticas de supuesta lucha conjunta contra el narcotráfico (en territorio mexicano desde luego) ni reformular programas, sino dejar claro en un acto propagandístico que Washington dicta al gobierno calderonista no sólo las políticas financiera y económica, sino las políticas de seguridad y ahora incluso en materia social, transmitiendo un único mensaje: que México es para Estados Unidos su protectorado.

2. En dicho encuentro, como en el efectuado la tarde de ese día en Los Pinos, no hubo discusión alguna, como lo trataron infructuosamente de investigar algunos periodistas, sino un mero acto de sumisión de Felipe Calderón y sus colaboradores al gobierno de Barack Obama.

3. La campaña en los medios oficialistas mexicanos, que son la casi totalidad, ha buscado por eso en estos días tergiversar la realidad de las graves regresiones que se están produciendo en México por el entreguismo de un gobierno espurio y débil que se fue de bruces antes las exigencias de sumisión de Washington y que está dejando el control de la situación interna a agentes extranjeros al aceptar reducir las fuerzas militares y policiales nacionales a simples agentes operativos a las órdenes del Pentágono. Y está insistiendo por eso en celebrar el acontecimiento como un acto de confianza en México y en descalificar los señalamientos de lo que acontece como trasnochadas invocaciones a la soberanía nacional: una noción que, reiteran, no tiene ya cabida en el mundo globalizado.

4. La autojustificación de las políticas de claudicación se estuvo manifestando durante varios días en todos los niveles del gobierno panista sin que se produjera la menor reacción de las dirigencias de los partidos políticos. El creciente intervencionismo de Estados Unidos fue justificado con el mismo argumento: la incapacidad del gobierno calderonista para enfrentar el problema, una incapacidad que los propios panistas han buscado probar y evidenciar en los últimos tres años. El propio Felipe Calderón eligió el acto de supuesto homenaje a Juárez el 21 de marzo para aceptar este hecho y pedir la que llamó una cooperación respetuosa, y el general brigadier Benito Medina (director de Educación Militar de la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea), para vergüenza de las fuerzas armadas, insistió en una entrevista en que México no puede solo contra el narco (El Universal, 22 de marzo).

5. El pueblo mexicano ha entendido ya, sin embargo, a pesar de la propaganda, que la mayor parte de los crímenes cometidos contra la población civil en estos meses son obra de las fuerzas federales y de los grupos paramilitares creados desde el gobierno, incluyendo los de Ciudad Juárez y Monterrey que han generado tanta indignación, y no de los cárteles: que no son casos fortuitos, como se ha pretendido, sino atentados contra la sociedad que se enmarcan dentro de las acciones deliberadas que se ha instruido cometer a estas tres fuerzas armadas, que actúan ya fuera de control, con el objetivo de generar un clima de amedrentamiento y de confusión. Poco se dice, además, en este contexto fascistoide de violencia generalizada desatada desde el gobierno, de las decenas de dirigentes sociales victimados diariamente en Guerrero y otras entidades, ni de la violencia contra las comunidades zapatistas de Chiapas.

6. El gobierno de Estados Unidos no busca con la Iniciativa Mérida luchar contra el narcotráfico (negocio en el que se hallan coludidos poderosos intereses, empezando por los de la familia Bush), sino generar alarma y temor en los pueblos al sur de su frontera para controlar sus espacios estratégicos a fin de adueñarse de sus recursos naturales y de paso controlar mejor el mercado de estupefacientes. El gobierno de facto calderonista no pretende tampoco a su vez con la guerra que ha desatado luchar contra el narcotráfico (negocio en el que se hallan asociados poderosos intereses del PRI y el PAN), sino generar un amedrentamiento en el pueblo a fin de afianzarse en el control del aparato estatal para disponer de él de manera patrimonialista y poder imponer los programas neoliberales que les exigen el capital financiero y el gobierno de Washington.

7. La supuesta lucha contra el narco del gobierno de facto ha fracasado de manera estrepitosa precisamente porque no es una “lucha contra el narco” ni tampoco la idearon Calderón y sus empleados. Las políticas de violencia policiaco-militar que ha implementado en México el gobierno panista de facto fueron concebidas por el Pentágono sobre la base de la doctrina preventiva de Bush (en la mira de provocar reacciones que generen una escalada cada vez mayor de la violencia), y tienden en lo esencial, a mediano plazo, a desmantelar el Estado nacional mexicano y someter a nuestro territorio al control de Washington. El embajador estadunidense Carlos Pascual lo reconoció ante los micrófonos de Televisa, luego de la pregunta, ideada como parte de la propaganda panista, que le hizo López Dóriga en su Noticiero del miércoles 24, demandándole si el gobierno de Estados Unidos aprobaba la estrategia del gobierno de Calderón: esa estrategia la hemos diseñado los dos juntos, le recordó.

8. La principal lección que deja al pueblo el delirante baño de sangre en el que Felipe Calderón y el gobierno panista lo han hundido es que las acciones de un gobierno deben llevarse a cabo en todos los ámbitos en el marco de la legalidad constitucional, y no trasgrediéndolo o tratándolo de suprimir o de prostituir. La modificación legal aceptada en Morelia el martes 23 por los 31 gobernadores integrantes de la Conago, convalidando un mando unificado de policías judiciales estatales supuestamente para colaborar con el gobierno central en la persecución de delitos federales, es un ejemplo de las perversiones fascistoides actuales, pues trasgrede los fundamentos federales de la Constitución Mexicana al atentar contra la naturaleza federal de nuestro país y la autonomía de estados y municipios.

9. El aval del PRI a las políticas entreguistas del gobierno panista de Felipe Calderón sólo puede explicarse por una razón: la extrema debilidad del grupo salinista y de quien lo encabeza ante Washington, en razón de su vinculación con el narcotráfico, que lo vuelve en extremo vulnerable.

10. El saldo de la violencia desatada por Felipe Calderón y los panistas en estos tres años y medio, no contra el narco sino contra los mexicanos, está a la vista: un pueblo vejado impunemente con miles de víctimas inocentes, un Ejército federal cada vez más corrompido y subordinado a las agencias de Washington, los cárteles de la droga convertidos en fuerzas armadas fortalecidas con los miles de soldados que han desertado para unírseles, la Constitución y las leyes tornadas en letra muerta y México en vías a consolidarse como un protectorado estadunidense, pero eso sí: un negocio del narcotráfico cada vez más floreciente, en México y en Estados Unidos.