06 abril 2010
“Cuando entendemos las dimensiones de la crisis nacional… debemos preguntarnos cómo entramos en ella y en torno a qué debemos organizarnos para enfrentarla”.
Enrique Calderón Alzati.
I
Como bien supondríase, detener la guerra fraticida –del poder político panista, priísta, perredista, etc., del estado mexicano versus el pueblo de México-- puede ser un acto de audaz y valor personal y civil de los siguientes actores:
Uno, que el Presidente de Facto, Felipe Calderón Hinojosa, considerado espurio por millones de sus conciudadanos a raíz del dictamen amañado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ordene replegar tropas y acuartelar éstas.
Dos, que el Poder Legislativo, en congruencia con las funciones de su ministerio constitucional, disponga ordenarle al Presidente de Facto replegar y acuartelar al Ejército Mexicano y a la Armada de México. O declarar perdida la guerra.
Tres, que el Poder Judicial atraiga el caso --como lo establece la Constitución-- y disponga, en función de sus responsabilidades y potestades legales, fallar a favor de una suspensión de actividades militares, replegar fuerzas armadas y acuartelar éstas.
Más aun, el Poder Legislativo, como nítidamente lo establece la Constitución, podría iniciar quehaceres orientados a fincar responsabilidades penales al Comandante Supremo (el Presidente de la República) y varios generales, y proceder en consecuencia.
II
Proceder en congruencia significa que, si se le fincan responsabilidades penales al Comandante Supremo por los casi veinte mil muertos de la ”narcoguerra” e incontables violaciones a los derechos humanos de civiles y se le halla culpable, desaforarlo.
Empero, esos escenarios prospectivos posibles carecen del atributo de la probabilidad, vistos al través de los prismas del análisis asépticamente objetivo de las formas de detener la insensata matanza entre mexicanos.
Y es que en ninguno de los tres Poderes de la Unión adviértese inclinación alguna, por mínima que fuere, de poner fin a las degollinas, las cuales no sólo se perpetran en agravio de delincuentes, sino en su mayoría a ciudadanos y niños inocentes.
No hay, pues, voluntad política para actuar en el sentido de poner fin a tan colosal demencia. ¿Por qué? Por diversos motivos, siendo el principal de éstos la conveniencia facciosa y/o personal de los actores legislativos y judiciales.
Esos actores aducen, además, cuando se les ha planteado el dilema, que el repliegue y acuartelamiento secuencial de las Fuerzas Armadas tendría por desenlace soldados y marinos muertos, acosados por los sicarios de los cárteles.
Dado ese escenario de la inacción ejecutiva, legislativa y judicial, el ciudadano informado y, sobre todo, consciente políticamente del entorno y de la interacción de los componentes de éste, concluiría que el poder político desatiende el interés ciudadano.
III
Esa conclusión es, a no dudarlo, estrujante. Es un hecho insoslayablemente factual que esa desatención del poder político a los intereses de la sociedad no es mera omisión, sino una monumental comisión; es decir, es desatención premeditada, intencional.
Y dado ese atributo de acto premeditado, la desatención a los intereses de los mexicanos deviene en alevosía y ventaja. Los personeros panistas, priístas, perredistas, etc., del poder político del Estado no están allí para servir al pueblo. No.
Por tales razones, ninguno de los personeros del poder político del Estado moverá un dedo para poner fin a la guerra; ello reduce la opción formal, convencional diríase, de detener la matanza entre mexicanos. Entender que esa guerra es una forma de opresión.
Así, opciones serían sólo dos: o abstenerse de votar por candidatos que no nos digan cómo detener la guerra y en qué plazo perentorio y, simultáneamente, irnos a la movilización organizada de masas; o, si ello no resulta, aprender de la historia.
Y la historia nos dice que la vía viable es la del bicentenario y el centenario que los personeros panistas, priístas, perredistas, etc., del poder político celebran y exaltan como ejemplo, ignorando que tal moraleja tiene valor de precedente jurídico.
En efecto. Miguel Hidalgo y Francisco I. Madero ya nos dijeron cómo hacerlo --cambiar las cosas, quitar de en medio a gobernantes espurios--; aquél con su “grito” a desasirnos de España y la iglesia; éste, con derrocar un mal gobierno, como el de hoy.
ffponte@gmail.com
Enrique Calderón Alzati.
I
Como bien supondríase, detener la guerra fraticida –del poder político panista, priísta, perredista, etc., del estado mexicano versus el pueblo de México-- puede ser un acto de audaz y valor personal y civil de los siguientes actores:
Uno, que el Presidente de Facto, Felipe Calderón Hinojosa, considerado espurio por millones de sus conciudadanos a raíz del dictamen amañado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ordene replegar tropas y acuartelar éstas.
Dos, que el Poder Legislativo, en congruencia con las funciones de su ministerio constitucional, disponga ordenarle al Presidente de Facto replegar y acuartelar al Ejército Mexicano y a la Armada de México. O declarar perdida la guerra.
Tres, que el Poder Judicial atraiga el caso --como lo establece la Constitución-- y disponga, en función de sus responsabilidades y potestades legales, fallar a favor de una suspensión de actividades militares, replegar fuerzas armadas y acuartelar éstas.
Más aun, el Poder Legislativo, como nítidamente lo establece la Constitución, podría iniciar quehaceres orientados a fincar responsabilidades penales al Comandante Supremo (el Presidente de la República) y varios generales, y proceder en consecuencia.
II
Proceder en congruencia significa que, si se le fincan responsabilidades penales al Comandante Supremo por los casi veinte mil muertos de la ”narcoguerra” e incontables violaciones a los derechos humanos de civiles y se le halla culpable, desaforarlo.
Empero, esos escenarios prospectivos posibles carecen del atributo de la probabilidad, vistos al través de los prismas del análisis asépticamente objetivo de las formas de detener la insensata matanza entre mexicanos.
Y es que en ninguno de los tres Poderes de la Unión adviértese inclinación alguna, por mínima que fuere, de poner fin a las degollinas, las cuales no sólo se perpetran en agravio de delincuentes, sino en su mayoría a ciudadanos y niños inocentes.
No hay, pues, voluntad política para actuar en el sentido de poner fin a tan colosal demencia. ¿Por qué? Por diversos motivos, siendo el principal de éstos la conveniencia facciosa y/o personal de los actores legislativos y judiciales.
Esos actores aducen, además, cuando se les ha planteado el dilema, que el repliegue y acuartelamiento secuencial de las Fuerzas Armadas tendría por desenlace soldados y marinos muertos, acosados por los sicarios de los cárteles.
Dado ese escenario de la inacción ejecutiva, legislativa y judicial, el ciudadano informado y, sobre todo, consciente políticamente del entorno y de la interacción de los componentes de éste, concluiría que el poder político desatiende el interés ciudadano.
III
Esa conclusión es, a no dudarlo, estrujante. Es un hecho insoslayablemente factual que esa desatención del poder político a los intereses de la sociedad no es mera omisión, sino una monumental comisión; es decir, es desatención premeditada, intencional.
Y dado ese atributo de acto premeditado, la desatención a los intereses de los mexicanos deviene en alevosía y ventaja. Los personeros panistas, priístas, perredistas, etc., del poder político del Estado no están allí para servir al pueblo. No.
Por tales razones, ninguno de los personeros del poder político del Estado moverá un dedo para poner fin a la guerra; ello reduce la opción formal, convencional diríase, de detener la matanza entre mexicanos. Entender que esa guerra es una forma de opresión.
Así, opciones serían sólo dos: o abstenerse de votar por candidatos que no nos digan cómo detener la guerra y en qué plazo perentorio y, simultáneamente, irnos a la movilización organizada de masas; o, si ello no resulta, aprender de la historia.
Y la historia nos dice que la vía viable es la del bicentenario y el centenario que los personeros panistas, priístas, perredistas, etc., del poder político celebran y exaltan como ejemplo, ignorando que tal moraleja tiene valor de precedente jurídico.
En efecto. Miguel Hidalgo y Francisco I. Madero ya nos dijeron cómo hacerlo --cambiar las cosas, quitar de en medio a gobernantes espurios--; aquél con su “grito” a desasirnos de España y la iglesia; éste, con derrocar un mal gobierno, como el de hoy.
ffponte@gmail.com
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