El mismo camino de las dictaduras clásicas latinoamericanas

Barómetro Internacional

Ricardo Daher.

El gobierno de Honduras se está constituyendo sobre el modelo de las dictaduras clásicas latinoamericanas, y ello se observa en la represión a los sindicatos, asesinato de dirigentes opositores y periodistas, ajuste fiscal, aumento del presupuesto para la defensa, y negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Cuando el pasado 28 de junio el ejército detuvo al presidente constitucional Manuel Zelaya y en pijamas lo subió a un avión para expulsarlo del país, Honduras pasó a ocupar por un tiempo los titulares de la prensa de todo el mundo. Después, con la manipulación de la mediación encabezada por el presidente cotarricense, Oscar Arias, e impulsada por Estados Unidos, el presidente depuesto pasó a ser el ”estorbo” para la reinstitucionalización del país. Después, los partidos políticos que dieron el golpe de Estado, como por arte de magia, se legalizaron a los ojos de las grandes potencias con la realización de las elecciones de noviembre, mientras el presidente constitucional estaba encerrado en la embajada de Brasil en Tegucigalpa.

En enero de este año asumió el presidente electo en esas limitadas y controladas elecciones, y ya Estados Unidos y los organismos de crédito internacional aceptaron al gobierno de Porfirio Lobo que, en un gesto por obtener simpatías regionales, aceptó otorgar un salvoconducto para que Manuel Zelaya, ya como ex presidente, abandonara el país para radicarse en República Dominicana, no como exilado político, sino como ”huésped de honor”.

La asunción de Lobo y del nuevo Congreso, sirvió para que muchos gobiernos y organismos internacionales dieran por superada la crisis. Hasta el presidente de El Salvador, Mauricio Funes, y el de Guatemala, Alvaro Colom, comenzaron a mediar para que los gobiernos de la región aceptaran el nuevo gobierno hondureño y su reincersión en la Organización de Estados Americanos (OEA). Curiosamente, el reclamo de ambos mandatarios, Colom y Funes, se realizó después que se entrevistaran con la Secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton.

Durante toda la crisis del año pasado, Estados Unidos fue desmantelando las resistencias al entonces futuro gobierno hondureño. Washington rechazaba públicamente el gobierno del dictador Roberto Michelletti, pero iba justificando cada paso que él emprendía, para asegurar que el gobierno que surgiera de las elecciones de noviembre estuviera lo más lejos posible de las políticas emprendidas por Manuel Zelaya.

El supuesto repudio a Michelletti no alcanzó para que el gobierno norteamericano cuestionara siquiera su designación como congresista vitalicio, lo que le otorgó impunidad absoluta para los desmanes y violaciones a los derechos humanos realizados durante su inconstitucional mandato. Poco a poco la campaña de Washington en la región fue instalando la idea de que la asunción de Lobo cerraba la etapa negra del golpe de Estado, y que Honduras emprendía así el camino de la reinstitucionalidad democrática, según el modelo liberal.

El nuevo Congreso hondureño sancionó en sus primeros días de sesiones una amnistía para los delitos cometidos durante el golpe de Estado, al tiempo que los tribunales de justicia absolvían a los militares golpistas. Las únicas excepciones han sido los supuestos delitos cometidos por Zelaya y los ministros que le fueron fieles.

Apenas concretado el golpe militar, los líderes políticos, gobernantes hoy en Honduras, acusaron al presidente y sus ministros desde usurpación de funciones, fraude, violación a la Constitución, de manera de justificar su destitución, y ahora, al mantener las acusaciones, impedir sus retornos. Así, cuando el presidente Porfirio Lobo dice públicamente que Zelaya es libre de retornar cuando quiera a su país, los jueces ratifican y sostienen que será detenido y sometido a juicio apenas ingrese al territorio nacional, y extienden la amenaza a sus ex ministros.

Pero, tras la concreción del golpe de Estado, comenzó a surgir en Honduras un nuevo actor político que hoy comienza a constituirse en una amenaza a las clases dirigentes. Al principio se temió que el Frente a la Resistencia al Golpe de Estado, centrado en defender la legalidad constitucional y el retorno de Zelaya al poder, comenzara a debilitarse y disolverse apenas caducara el mandato y asumieran las nuevas autoridades. Sin embargo, el ahora denominado Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras (FNRP), está ocupando el espacio de la verdadera oposición a la dictadura encubierta y al poder de la oligarquía hondureña.

2000 nuevos policías y soldados

Pese a la crisis económica y la presentación de un paquete de ajuste fiscal, el gobierno de Porfirio Lobo presentó un presupuesto con ampliación de gasto para el ejército y la policía, donde se contempla la incorporación de mil nuevos soldados y mil policías.

El gobierno que presentó un paquete de ajuste fiscal, reducción del gasto público y suba de impuestos, al tiempo que maneja la posibilidad de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó su presupuesto anual con incrementos del gasto en Defensa y Seguridad, y sin un plan detallado de como cubrir el déficit fiscal.

Por lo pronto, la Secretaría de Defensa verá aumentar su presupuesto anual de 2,101. 3 millones de lempiras (110 millones de dólares) a 2. 583. 5 millones (136 millones de dólares), con lo que se pretende crear mil nuevas plazas para soldados, y renovar la flota de helicópteros (vehículo ideal para el control de manifestaciones y protestas urbanas). Al mismo tiempo, la Secretaría de Seguridad aumentará su presupuesto de 2. 704. 1 millones de lempiras (142 millones), a 2. 925. 4 millones (154 millones de dólares) con el objetivo, entre otros, de reclutar mil nuevos policías.

Esto representa un aumento del presupuesto militar de más del 23 por ciento y de Seguridad en más del 17 por ciento. Educación, que también recibe un poco más, sólo aumenta poco más del 0,6 por ciento y sólo podrá contratar a 500 nuevos maestros de primaria. Salud Pública tendrá un aumento de casi el 10 por ciento, pero sólo podrá contratar 100 médicos.

Por otra parte, el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS sufrirá un recorte significativo de su presupuesto, al pasar de 947 millones de lempiras a 714.1 millones, es decir un recorte del 25 por ciento.

Paquete fiscal y visita del FMI

La semana pasada el ministro de Finanzas, William Chong Wong presentó al Congreso un paquete de medidas fiscales que contempla la creación de nuevos impuestos, la modificación y elevación de otros para hacerle frente a la crisis económica hondureña.

Entre algunas medidas se contempla subir del 12 al 15 por ciento el impuesto sobre ventas a las llamadas telefónicas celulares; del 10 al 20 por ciento el impuesto a la venta de vehículos cuyo precio sea superior a 15 mil dólares. También incrementa t los impuestos a las bebidas alcohólicas.

El paquete de medidas es resistido en un principio por las gremiales empresariales que temen reduzca aún más el consumo, y exigen que sea el Estado, a través de más recortes en su presupuesto, que obtenga los fondos para salir de la crisis.

El ajuste fiscal fue presentado al mismo tiempo que llegaba al país una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) para reanudar los vínculos y pasar revista a la economía del país.

La delegación del FMI se mantuvo del 15 al 25 de marzo y volverá a principios de mayo para avanzar en un acuerdo. "Vienen a hacer una revisión de dónde estamos, a hacer un diagnóstico para poder encontrar, junto con nosotros, los escenarios posibles para ir ordenando las finanzas, mantener la economía sana y tener acceso a recursos internacionales", comentó el ministro de Finanzas Chong sobre esa visita.

Las relaciones de Honduras con los organismos internacionales estaba suspendida desde el golpe de Estado de junio del pasado año.

Con la asunción del gobierno de Porfirio Lobo, el Banco Mundial y el FMI reanudaron relaciones el pasado 5 de marzo. De inmediato, el FMI dispuso de 160 millones de dólares por concepto de Derechos Especiales de Giro para Honduras. La nueva inspección del FMI tendrá como objetivo concretar un nuevo acuerdo de préstamo o cooperación financiera y técnica. Las medidas anunciadas por la administración de Lobo están en consonancia con el diagnóstico de los organismos financieros internacionales.

La directora del Banco Mundial para América Central, la italiana Laura Frigenti dijo que el presidente Lobo tiene que tomar, en poco tiempo “decisiones que, desafortunadamente, son muy difíciles, sobre las leyes de salarios públicos, el recorte de salarios, la composición del gasto público, falta de transparencia en el manejo de recursos públicos, etcétera".

La funcionaria del Banco Mundial intervino también en política al comentar que limitar los aumentos de salarios a los profesores es una situación "muy fuerte" porque "eran los que representaban a Zelaya". De esa manera se refirió al conflicto que mantiene cerrada la Universidad y a 15 dirigentes sindicales presos.

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