· Sin control alguno el lavado de dinero
· El plan entreguista de Felipe Calderón
· Integrar México a los Estados Unidos
El próximo 17 de octubre en la ciudad de Washington, la American Bankers Associaton (ABA) -el equivalente en el sistema crediticio estadounidense a la Asociación de Bancos de México (ABM)- llevará a cabo su conferencia anual sobre lavado de dinero. La presencia del crimen organizado en el sector financiero será, sin duda, una de las grandes preocupaciones de los participantes a esa cumbre.
¿Qué tan efectivo son los controles que aplica la banca en Estados Unidos frente a las prácticas de fraude y, finalmente, de lavado de dinero? Esa es la pregunta que abogados, funcionarios, banqueros y especialistas del sector bursátil se responderán a un año después de que funcionarios de la unidad del gobierno estadounidense encargada del combate contra el blanqueo de capitales, The Financial Crime Enforcement Network (Fincen), solicitaron a los banqueros con operaciones en México mayor reciprocidad en el intercambio de información para descubrir operaciones sospechosas resultado de prácticas fraudulentas y de las actividades de la delincuencia organizada que terminan por convertirse en lavado de dinero, aprovechando la interconexión y dependencia global de los circuitos financieros.
En octubre de 2009, en el marco de la reunión anual que también realiza la ABM para analizar la eficacia de los controles dirigidos a detectar dinero sucio, se recordó que hace 15 años, siendo Pedro Aspe titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Lloyd Bentsen secretario del Tesoro de Estados Unidos, se firmaron los primeros acuerdos para combatir de forma bilateral el lavado de dinero.
Fueron esos convenios los que más tarde se pondrían a prueba con la ya célebre e ineficaz “Operación Casablanca”, una investigación encubierta de funcionarios del gobierno estadounidense que pretendió exhibir las vulnerabilidades del sistema bancario mexicano y que terminó en un burdo escopetazo fallido en donde sólo se detuvo a pobres empleados y cajeros de bancos y ningún accionista o alto directivo, además también documentó la intromisión de Estados Unidos con prácticas extraterritoriales.
Con esos acuerdos para hacer posible el intercambio de información en la banca que opera en México también se puso al descubierto la intrincada red financiera construida por Raúl Salinas de Gortari para transferir de México hacia los sistemas financieros de Estados Unidos, Europa y el Caribe varios cientos de millones de dólares.
Pero no fueron las autoridades de Estados Unidos -a pesar de que el Congreso de ese país difundió ampliamente el caso- las que enarbolaron la batalla contra el lavado de dinero documentado, el expediente y el juicio contra Salinas de Gortari, fue la llamada “fiscal de hierro”, la procuradora suiza Carla Del Ponte, quien tomó el expediente y buscó llevarlo a sus últimas consecuencias judiciales, señalando culpables e impidiendo que el dinero regresara a México.
De no haberlo hecho -me comentó Del Ponte en una entrevista en la capital de Suiza- se hubiera sentado un pésimo precedente para el sistema bancario suizo, tan grave quizás como el del depósito del dinero de los judíos por parte del régimen Nazi.
Pero, a pesar del intercambio de información al que se comprometió Bentsen con Pedro Aspe, Estados Unidos nunca exhibió de la misma forma la ropa sucia de su propia casa. Fue poco conocido el caso del lavadores Giorgio Pelossi, a quien las autoridades de Chicago lograron imputarle cargos por blanqueo de capitales en bancos de Europa, Estados Unidos y México, resultado de actividades vinculadas con el narcotráfico. En el caso Pelossi la política interior estadounidense también estuvo involucrada y la investigación no fue menos escandalosa que la de Raúl Salinas de Gortari. Con Pelossi, la familia Bush apareció una y otra vez en los capítulos de su historia criminal y la respuesta fue que dos miembros de esa deshonrosa familia llegaran a la presidencia del país vecino.
Así se cumplen 15 años desde que los gobiernos de México y Estados Unidos intercambian información a través de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el FinCEN. Son, por lo tanto, funcionarios del fisco quienes también participan en el Grupo Egmont, un esfuerzo multilateral de al menos 100 países que han declarado la guerra al lavado de dinero y que ahora se ocupa de los nuevos caminos que utiliza el crimen organizado para limpiar sus dólares.
El trabajo del Fincen
Respecto a México, en medio de la mayor crisis financiera y bancaria de las últimas tres décadas en Estados Unidos, al Fincen y al Departamento del Tesoro aún les preocupan los llamados negocios de servicios monetarios que, aseguran, pueden jugar un papel determinante y central en la vida de las personas alrededor del mundo. Enviar una transferencia de efectivo entre un país y otro puede hacer la diferencia en la vida de muchas familias pero también constituir el camino para el financiamiento de actividades ilícitas. Por ello, en medio de la lucha contra el narcotráfico las autoridades estadounidense saben que, junto con el descubrimiento y bloqueo de actividades de empresas aparentemente lícitas, resulta prioritario desmantelar estas vías de financiamiento, pues sólo así será posible debilitar a las organizaciones criminales que, tanto en México como Estados Unidos, han puesto en jaque la seguridad nacional.
Para el gobierno estadounidense, los propietarios de centrales cambiarias y casas de cambio que no pertenecen a grupos bancarios extranjeros con operaciones en México y, en menor medida, a algunos mexicanos, tienen como obligación cumplir con la ley y cubrir las regulaciones que protegen al sistema financiero de abusos criminales y aportar información valiosa para combatir abusos.
El Fincen ha propuesto revisar la definición de los llamados negocios de servicios monetarios (como casas de cambio o centros cambiarios) con el propósito de definir y ampliar el tipo de actividades que deberán sujetarse a la llamada Acta de Secrecía Bancaria.
En mayo de 2009, en medio de la crisis financiera internacional, el Fincen presentó una propuesta en este sentido y reconoció que las innovaciones tecnológicas podrían integrar a su vigilancia a sectores no bancarizados, pues sin una supervisión adecuada podrían ser utilizados para propósitos ilícitos. Por ello, dijo, también resulta de vital importancia identificar a las empresas que provén este tipo de servicios.
México, reconoce el Fincen, se encuentra por buen camino ampliando la vigilancia a las casas de cambio y fortaleciendo la inspección a centros cambiarios, pero tendrá que explorar nuevos esquemas que, atados a la tecnología, están siendo utilizados para el blanqueo de capitales. Incluso, las tarjetas prepagadas para servicios de telecomunicaciones han sido identificadas como un área vulnerable para el blanqueo de capitales. Sin embargo, el problema no termina en las transferencias de efectivo.
Otra de las principales preocupaciones del Fincen son los fraudes asociados al sector de bienes raíces y a la emisión de hipotecas, lo que ha demostrado el nivel de sofisticación que han alcanzado las prácticas criminales porque las ganancias financieras de una actividad fraudulenta necesitan, forzosamente, estar integradas al sector financiero. Por ello, dice el Fincen, frecuentemente el lavado de dinero es resultado de un fraude.
Por ello, los funcionarios del Fincen han dicho a los banqueros en México que no se puede ignorar la importancia de compartir la información del sistema conocido como SAR, creado para detectar transacciones sospechosas a través del sistema financiero. En pocas palabras, Estados Unidos quiere reciprocidad completa de los bancos extranjeros que participan en su mercado. Ofrece, a cambio, ampliar la confidencialidad de dichos reportes. La oferta incluye compartir esta información con entidades como la Comisión de Valores o la Comisión de Futuros y Commodities de Estados Unidos.
Si bien es cierto que el Fincen reconoce la importancia de los cambios al artículo 115bis de la Ley de Instituciones de Crédito, también destaca el reto de obtener información de instituciones que no participan en la ABM, como si la ley no estuviera por encima de acuerdos gremiales. Por ello, se refiere a la autoridad que le da la Ley Patriota de 2001, bajo la cual el Fincen ha instrumentado regulaciones para permitir el intercambio de información, lo que se avizora, una vez más, como una estrategia extraterritorial, igual que en el pasado reciente, para obtener a toda costa que les permita identificar el dinero sucio de las organizaciones criminales que atentan contra la seguridad nacional de su país. El problema, sin embargo, es el mismo: Estados Unidos no lava la ropa sucia de su propia casa protegiendo el flujo de efectivo, sin importar su origen, que llega a sus alicaídos bancos, y en cambio , utiliza ese pretexto para intervenir con mayor fuerza en México y vulnerar lo poco que queda de las instituciones de gobierno.
Felipe el entreguista
La descomposición que vive el país pueden atribuirla a muchos factores políticos, económicos y tal vez hasta sociales, pero nadie puede negar la responsabilidad directa de Felipe Calderón y su gabinete, quienes además de tener una percepción distinta de la realidad del resto de los mexicanos y de la forma como se deben enfrentar y resolver los problemas, su propuesta vulnera la soberanía y la misma Constitución cuando el gobierno calderonista propone entregar el país, o de lo que él han dejado el PRI y el PAN, en manos privadas extranjeras, principalmente estadounidenses.
Así está planteado en el documento México 2030, Proyecto de Gran Visión, integrado por 14 documentos que revelan los planes entreguistas del gobierno federal panista para privatizar los sectores estratégicos y los bienes de la nación como la energía, el agua, las zonas de reserva de la biósfera, la salud, la ciencia y la tecnología.
Durante varios meses la reportera Nancy Flores, de la revista Contralínea, se dio a la tarea de investigar este amplio análisis del proyecto de nación que Calderón Hinojosa planeó antes de asumir el poder el 1 de diciembre de 2006, en donde participaron en su elaboración ejecutivos de trasnacionales, empresarios, políticos del PRI y del PAN y académicos afines a los intereses privatizadores.
En ese extenso trabajo publicado en siete entregas de Contralínea, uno de los temas más preocupantes es el planteamiento calderonista de que en 20 años algunos mexicoamericanos ocuparán cargos públicos de relevancia en áreas fundamentales del desarrollo del país, como parte del “proceso de integración con América del Norte”, cuyas primeras etapas abarcan las “áreas financiera, comercial y de políticas públicas”. Es decir, ceder la soberanía y el control del país a estadounidenses.
Justifica este abierto intervencionismo con el objetivo de que el país tenga un “liderazgo consolidado”, en donde México sería “parte fundamental de una comunidad de América del Norte, que abarca a México, Estados Unidos y Canadá”.
Esa “comunidad norteamericana”, dice el documento desclasificado por la Presidencia, estará “integrada con políticas e instituciones compartidas, incluyendo un espacio de seguridad común y una relación profunda en materia de migración, comercio e inversión”.
Plantea también abandonar la concepción de la soberanía: “Se deben reconsiderar conceptos considerados como ‘sacrosantos’, como el de la soberanía, ya que detonan debates que puedan llegar a contaminar la agenda internacional del país”.
¿Qué tan efectivo son los controles que aplica la banca en Estados Unidos frente a las prácticas de fraude y, finalmente, de lavado de dinero? Esa es la pregunta que abogados, funcionarios, banqueros y especialistas del sector bursátil se responderán a un año después de que funcionarios de la unidad del gobierno estadounidense encargada del combate contra el blanqueo de capitales, The Financial Crime Enforcement Network (Fincen), solicitaron a los banqueros con operaciones en México mayor reciprocidad en el intercambio de información para descubrir operaciones sospechosas resultado de prácticas fraudulentas y de las actividades de la delincuencia organizada que terminan por convertirse en lavado de dinero, aprovechando la interconexión y dependencia global de los circuitos financieros.
En octubre de 2009, en el marco de la reunión anual que también realiza la ABM para analizar la eficacia de los controles dirigidos a detectar dinero sucio, se recordó que hace 15 años, siendo Pedro Aspe titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Lloyd Bentsen secretario del Tesoro de Estados Unidos, se firmaron los primeros acuerdos para combatir de forma bilateral el lavado de dinero.
Fueron esos convenios los que más tarde se pondrían a prueba con la ya célebre e ineficaz “Operación Casablanca”, una investigación encubierta de funcionarios del gobierno estadounidense que pretendió exhibir las vulnerabilidades del sistema bancario mexicano y que terminó en un burdo escopetazo fallido en donde sólo se detuvo a pobres empleados y cajeros de bancos y ningún accionista o alto directivo, además también documentó la intromisión de Estados Unidos con prácticas extraterritoriales.
Con esos acuerdos para hacer posible el intercambio de información en la banca que opera en México también se puso al descubierto la intrincada red financiera construida por Raúl Salinas de Gortari para transferir de México hacia los sistemas financieros de Estados Unidos, Europa y el Caribe varios cientos de millones de dólares.
Pero no fueron las autoridades de Estados Unidos -a pesar de que el Congreso de ese país difundió ampliamente el caso- las que enarbolaron la batalla contra el lavado de dinero documentado, el expediente y el juicio contra Salinas de Gortari, fue la llamada “fiscal de hierro”, la procuradora suiza Carla Del Ponte, quien tomó el expediente y buscó llevarlo a sus últimas consecuencias judiciales, señalando culpables e impidiendo que el dinero regresara a México.
De no haberlo hecho -me comentó Del Ponte en una entrevista en la capital de Suiza- se hubiera sentado un pésimo precedente para el sistema bancario suizo, tan grave quizás como el del depósito del dinero de los judíos por parte del régimen Nazi.
Pero, a pesar del intercambio de información al que se comprometió Bentsen con Pedro Aspe, Estados Unidos nunca exhibió de la misma forma la ropa sucia de su propia casa. Fue poco conocido el caso del lavadores Giorgio Pelossi, a quien las autoridades de Chicago lograron imputarle cargos por blanqueo de capitales en bancos de Europa, Estados Unidos y México, resultado de actividades vinculadas con el narcotráfico. En el caso Pelossi la política interior estadounidense también estuvo involucrada y la investigación no fue menos escandalosa que la de Raúl Salinas de Gortari. Con Pelossi, la familia Bush apareció una y otra vez en los capítulos de su historia criminal y la respuesta fue que dos miembros de esa deshonrosa familia llegaran a la presidencia del país vecino.
Así se cumplen 15 años desde que los gobiernos de México y Estados Unidos intercambian información a través de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el FinCEN. Son, por lo tanto, funcionarios del fisco quienes también participan en el Grupo Egmont, un esfuerzo multilateral de al menos 100 países que han declarado la guerra al lavado de dinero y que ahora se ocupa de los nuevos caminos que utiliza el crimen organizado para limpiar sus dólares.
El trabajo del Fincen
Respecto a México, en medio de la mayor crisis financiera y bancaria de las últimas tres décadas en Estados Unidos, al Fincen y al Departamento del Tesoro aún les preocupan los llamados negocios de servicios monetarios que, aseguran, pueden jugar un papel determinante y central en la vida de las personas alrededor del mundo. Enviar una transferencia de efectivo entre un país y otro puede hacer la diferencia en la vida de muchas familias pero también constituir el camino para el financiamiento de actividades ilícitas. Por ello, en medio de la lucha contra el narcotráfico las autoridades estadounidense saben que, junto con el descubrimiento y bloqueo de actividades de empresas aparentemente lícitas, resulta prioritario desmantelar estas vías de financiamiento, pues sólo así será posible debilitar a las organizaciones criminales que, tanto en México como Estados Unidos, han puesto en jaque la seguridad nacional.
Para el gobierno estadounidense, los propietarios de centrales cambiarias y casas de cambio que no pertenecen a grupos bancarios extranjeros con operaciones en México y, en menor medida, a algunos mexicanos, tienen como obligación cumplir con la ley y cubrir las regulaciones que protegen al sistema financiero de abusos criminales y aportar información valiosa para combatir abusos.
El Fincen ha propuesto revisar la definición de los llamados negocios de servicios monetarios (como casas de cambio o centros cambiarios) con el propósito de definir y ampliar el tipo de actividades que deberán sujetarse a la llamada Acta de Secrecía Bancaria.
En mayo de 2009, en medio de la crisis financiera internacional, el Fincen presentó una propuesta en este sentido y reconoció que las innovaciones tecnológicas podrían integrar a su vigilancia a sectores no bancarizados, pues sin una supervisión adecuada podrían ser utilizados para propósitos ilícitos. Por ello, dijo, también resulta de vital importancia identificar a las empresas que provén este tipo de servicios.
México, reconoce el Fincen, se encuentra por buen camino ampliando la vigilancia a las casas de cambio y fortaleciendo la inspección a centros cambiarios, pero tendrá que explorar nuevos esquemas que, atados a la tecnología, están siendo utilizados para el blanqueo de capitales. Incluso, las tarjetas prepagadas para servicios de telecomunicaciones han sido identificadas como un área vulnerable para el blanqueo de capitales. Sin embargo, el problema no termina en las transferencias de efectivo.
Otra de las principales preocupaciones del Fincen son los fraudes asociados al sector de bienes raíces y a la emisión de hipotecas, lo que ha demostrado el nivel de sofisticación que han alcanzado las prácticas criminales porque las ganancias financieras de una actividad fraudulenta necesitan, forzosamente, estar integradas al sector financiero. Por ello, dice el Fincen, frecuentemente el lavado de dinero es resultado de un fraude.
Por ello, los funcionarios del Fincen han dicho a los banqueros en México que no se puede ignorar la importancia de compartir la información del sistema conocido como SAR, creado para detectar transacciones sospechosas a través del sistema financiero. En pocas palabras, Estados Unidos quiere reciprocidad completa de los bancos extranjeros que participan en su mercado. Ofrece, a cambio, ampliar la confidencialidad de dichos reportes. La oferta incluye compartir esta información con entidades como la Comisión de Valores o la Comisión de Futuros y Commodities de Estados Unidos.
Si bien es cierto que el Fincen reconoce la importancia de los cambios al artículo 115bis de la Ley de Instituciones de Crédito, también destaca el reto de obtener información de instituciones que no participan en la ABM, como si la ley no estuviera por encima de acuerdos gremiales. Por ello, se refiere a la autoridad que le da la Ley Patriota de 2001, bajo la cual el Fincen ha instrumentado regulaciones para permitir el intercambio de información, lo que se avizora, una vez más, como una estrategia extraterritorial, igual que en el pasado reciente, para obtener a toda costa que les permita identificar el dinero sucio de las organizaciones criminales que atentan contra la seguridad nacional de su país. El problema, sin embargo, es el mismo: Estados Unidos no lava la ropa sucia de su propia casa protegiendo el flujo de efectivo, sin importar su origen, que llega a sus alicaídos bancos, y en cambio , utiliza ese pretexto para intervenir con mayor fuerza en México y vulnerar lo poco que queda de las instituciones de gobierno.
Felipe el entreguista
La descomposición que vive el país pueden atribuirla a muchos factores políticos, económicos y tal vez hasta sociales, pero nadie puede negar la responsabilidad directa de Felipe Calderón y su gabinete, quienes además de tener una percepción distinta de la realidad del resto de los mexicanos y de la forma como se deben enfrentar y resolver los problemas, su propuesta vulnera la soberanía y la misma Constitución cuando el gobierno calderonista propone entregar el país, o de lo que él han dejado el PRI y el PAN, en manos privadas extranjeras, principalmente estadounidenses.
Así está planteado en el documento México 2030, Proyecto de Gran Visión, integrado por 14 documentos que revelan los planes entreguistas del gobierno federal panista para privatizar los sectores estratégicos y los bienes de la nación como la energía, el agua, las zonas de reserva de la biósfera, la salud, la ciencia y la tecnología.
Durante varios meses la reportera Nancy Flores, de la revista Contralínea, se dio a la tarea de investigar este amplio análisis del proyecto de nación que Calderón Hinojosa planeó antes de asumir el poder el 1 de diciembre de 2006, en donde participaron en su elaboración ejecutivos de trasnacionales, empresarios, políticos del PRI y del PAN y académicos afines a los intereses privatizadores.
En ese extenso trabajo publicado en siete entregas de Contralínea, uno de los temas más preocupantes es el planteamiento calderonista de que en 20 años algunos mexicoamericanos ocuparán cargos públicos de relevancia en áreas fundamentales del desarrollo del país, como parte del “proceso de integración con América del Norte”, cuyas primeras etapas abarcan las “áreas financiera, comercial y de políticas públicas”. Es decir, ceder la soberanía y el control del país a estadounidenses.
Justifica este abierto intervencionismo con el objetivo de que el país tenga un “liderazgo consolidado”, en donde México sería “parte fundamental de una comunidad de América del Norte, que abarca a México, Estados Unidos y Canadá”.
Esa “comunidad norteamericana”, dice el documento desclasificado por la Presidencia, estará “integrada con políticas e instituciones compartidas, incluyendo un espacio de seguridad común y una relación profunda en materia de migración, comercio e inversión”.
Plantea también abandonar la concepción de la soberanía: “Se deben reconsiderar conceptos considerados como ‘sacrosantos’, como el de la soberanía, ya que detonan debates que puedan llegar a contaminar la agenda internacional del país”.
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