El proyecto transexenal calderonista México 2030 garantiza “la ocupación integral del país”: rompe las voluntades sociales y los marcos jurídicos, reprime y coopta. Inspirado en el imperialismo que encabeza Estados Unidos, su fin es acabar con el Estado nación mexicano, señala Gilberto López y Rivas; por ello, dice, los mexicanos enfrentan una “guerra social” disfrazada de combate al narcotráfico. En el mapa anexo a esta edición, Contralínea reconstruye gráficamente los principales objetivos de la ocupación.
Otros textos de la serie:
1.Proyecto México 2030: la venta de un país
2.Plan México 2030: “acotar” crimen organizado, no exterminarlo
3.Entrega Calderón áreas estratégicas a trasnacionales
4.Plan México 2030: desmantelar la seguridad social
5.Proyecto 2030: venta total de las reservas de la biósfera
6.Plan 2030: “mexicoamericanos” gobernarán la nación
7.Plan 2030: ocupación integral de México
El plan transexenal calderonista México 2030, Proyecto de Gran Visión, urde la ocupación integral del país, señala Gilberto López y Rivas. Con éste, la “clase dominante” pretende desmantelar el Estado-nación mexicano, explica el integrante del grupo Paz con Democracia e investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Los 14 documentos que integran el plan detallan que uno de sus principales objetivos es la creación de una nueva constitución política. Los archivos –desclasificados por la Presidencia de la República y consultados por Contralínea– revelan que esa carta magna abolirá la propiedad pública, desconocerá los derechos colectivos, el patrimonio y los bienes nacionales, y abandonará el concepto de soberanía nacional.
Con ese nuevo marco jurídico se materializarán los propósitos del Proyecto de Gran Visión, entre los que destacan: ceder el control gubernamental del país a “mexicoamericanos”; privatizar la salud, la educación, el agua, la energía, los minerales, las reservas de la biósfera, el patrimonio cultural, las carreteras, las telecomunicaciones; extinguir la propiedad ejidal y comunal; abolir los derechos a la sindicalización y a la protesta social en caso de expropiaciones.
En dos décadas, México será “un país con una nueva constitución y armonía entre la legislación interna y externa”, indica el apartado dedicado a la política exterior. El investigador Pablo Moctezuma Barragán observa que a los autores del plan “les estorba” la actual Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El doctor en estudios urbanos refiere que “armonizar” la legislación nacional con la extranjera necesariamente conlleva la pérdida de la soberanía: “México no se regiría por sus propias leyes, sino por las de las potencias extranjeras”.
La legislación externa, dice, es la que faculta a las trasnacionales a demandar al país por daños, perjuicios y discriminación cuando no se les asignan los contratos multimillonarios licitados. En ese contexto, explica el autor de México, dependencia y autoritarismo, el Estado no puede tomar decisiones.
Si las leyes hubieran estado “armonizadas” en la época de Lázaro Cárdenas, las empresas petroleras hubieran demandado a México y la expropiación se hubiera revertido, ejemplifica Moctezuma Barragán.
Gilberto López y Rivas –autor de Nación y pueblos indios en el neoliberalismo y Por los caminos del internacionalismo, entre otros libros– dice que no es fortuito calificar al México 2030 como el plan para la “ocupación integral”: “Es un símil histórico respecto de lo que fue la ocupación nazi-fascista en varios países durante la Segunda Guerra Mundial”.
Ahora, señala, lo que se impone es el modelo capitalista neoliberal. “El gran inspirador de este proyecto es el imperialismo, encabezado por Estados Unidos. Éste tiene (como base) la trasnacionalización de las economías, en lo que toca a los países que ellos ocupan”.
Para el investigador, en esa lógica imperialista se dan los lazos político, militar y comercial entre México y el país vecino. Las modificaciones de la relación con Estados Unidos, explica, han derivado en la incorporación de los sectores estratégicos y de los bienes de la nación al plan privatizador México 2030.
Privatizar el Estado posrevolucionario
Los 14 documentos vinculados al Proyecto de Gran Visión, reflejan las tendencias del capitalismo neoliberal, que rompen todo tipo de voluntades sociales y de marcos jurídicos surgidos del Estado benefactor, analiza López y Rivas. De manera abierta o silenciosa, indica, el plan transexenal lleva a la privatización del Estado mexicano posrevolucionario.
El politólogo y antropólogo recuerda que la “destrucción” de los marcos jurídicos se inició hace 30 años: “Las reformas a la Constitución se han hecho para dar viabilidad jurídica a estos planes del México 2030”. La meta de la “clase trasnacionalizada” es poner en venta el Estado mexicano.
—No ha habido diferencia entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional: Calderón es el álter ego de Carlos Salinas, mientras que Vicente Fox continuó todos los planes de su antecesor (Ernesto Zedillo). No hay diferencia. Es un proyecto bipartidista, de una clase dominante que se apodera de todo el aparato del Estado para venderlo al mejor postor y, de paso, enriquecerse y enriquecer a sus amigos, sus conocidos y familiares, a través de la profunda corrupción que caracteriza a la clase política actual.
Al describir a los impulsores del plan, López y Rivas indica: “Se trata del sector que, sin retórica alguna, podemos llamar vende patrias. Ese sector no tiene la menor idea de los sentimientos que inspiraron, por ejemplo, la expropiación petrolera de 1938, o de lo que llevó después a la construcción de una infraestructura mínima de carácter industrial”.
“Guerra social”
La imposición del plan México 2030, Proyecto de Gran Visión, incluye una “guerra social”. Una de las características de la clase política mexicana es la utilización permanente de dos instrumentos de control social: la cooptación, es decir, la corrupción de amplios sectores de la población; y la represión, explica López y Rivas.
—Lo que está caracterizando al gobierno de Calderón es la guerra “contra el narcotráfico”, que en realidad es una guerra social: busca propósitos no confesados. Es un proceso de militarización y criminalización de las luchas sociales, donde se ve la mano de un Estado autoritario dispuesto a usar la violencia selectiva y, como lo hizo en la Guerra Sucia con las desapariciones forzadas, con impunidad en el terreno represivo, supuestamente, en contra de los cárteles de las drogas.
Lo ya privatizado
El politólogo y antropólogo recuerda que la “destrucción” de los marcos jurídicos se inició hace 30 años: “Las reformas a la Constitución se han hecho para dar viabilidad jurídica a estos planes del México 2030”. La meta de la “clase trasnacionalizada” es poner en venta el Estado mexicano.
—No ha habido diferencia entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional: Calderón es el álter ego de Carlos Salinas, mientras que Vicente Fox continuó todos los planes de su antecesor (Ernesto Zedillo). No hay diferencia. Es un proyecto bipartidista, de una clase dominante que se apodera de todo el aparato del Estado para venderlo al mejor postor y, de paso, enriquecerse y enriquecer a sus amigos, sus conocidos y familiares, a través de la profunda corrupción que caracteriza a la clase política actual.
Al describir a los impulsores del plan, López y Rivas indica: “Se trata del sector que, sin retórica alguna, podemos llamar vende patrias. Ese sector no tiene la menor idea de los sentimientos que inspiraron, por ejemplo, la expropiación petrolera de 1938, o de lo que llevó después a la construcción de una infraestructura mínima de carácter industrial”.
“Guerra social”
La imposición del plan México 2030, Proyecto de Gran Visión, incluye una “guerra social”. Una de las características de la clase política mexicana es la utilización permanente de dos instrumentos de control social: la cooptación, es decir, la corrupción de amplios sectores de la población; y la represión, explica López y Rivas.
—Lo que está caracterizando al gobierno de Calderón es la guerra “contra el narcotráfico”, que en realidad es una guerra social: busca propósitos no confesados. Es un proceso de militarización y criminalización de las luchas sociales, donde se ve la mano de un Estado autoritario dispuesto a usar la violencia selectiva y, como lo hizo en la Guerra Sucia con las desapariciones forzadas, con impunidad en el terreno represivo, supuestamente, en contra de los cárteles de las drogas.
Lo ya privatizado
Los 14 documentos que integran el expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión, contienen los resultados de los talleres temáticos convocados por Calderón en octubre de 2006, tras ser declarado presidente electo de México por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en plena crisis poselectoral.
Originalmente clasificados como confidenciales, éstos se dividen en cinco ejes: estado de derecho y seguridad pública; economía competitiva y generadora de empleos; igualdad de oportunidades; desarrollo sustentable; democracia efectiva y política exterior responsable.
Esos documentos revelan los planes del gobierno federal para privatizar los sectores estratégicos y los bienes de la nación. Algunos de los esquemas ahí previstos para concesionar la riqueza del país ya son vigentes: asociaciones público-privadas, Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), obras públicas financiadas, contratos de servicios múltiples, unidades de conservación para la vida silvestre (Uma).
Tan sólo en el tema ecológico, al menos 23 reservas de la biósfera han sido parcialmente privatizadas bajo la figura de las Uma, consta en reportes oficiales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esto implica 2 millones 456 mil 142 hectáreas de “áreas naturales protegidas” en manos de particulares, por medio de 66 unidades de conservación.
En el caso de los PPS, hay 11 proyectos de infraestructura: tres desarrollados por la Secretaría de Salud; siete por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y uno por la de Educación Pública, indica el portal de internet oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Como lo ha documentado Contralínea (número 173), nueve de esos proyectos, que implican una deuda pública por más de 37 mil 600 millones de pesos, han beneficiado a empresarios vinculados con el Partido Acción Nacional: las familias Mariscal Servitje, Mariscal Torroella y Quintana Kawage.
En esos esquemas privatizadores se mueven, por ejemplo, las contrataciones de la Comisión Federal de Electricidad. Entre 2009 y 2018, esta paraestatal destinará 634 mil 920 millones de pesos a la asociación público-privada.
De acuerdo con el documento El sector energético en México: oportunidades de inversión, tan sólo en 2010 se entregarán cuatro proyectos bajo ese esquema: el Ciclo Combinado Norte II (acuerdo de compra de energía bajo el esquema de productor independiente de energía), la planta de Cogeneración Salamanca (obra pública financiada), el Ciclo Combinado Planta de Energía Valle de México I y II (obra pública financiada), Ciclo Combinado Agua Prieta II (obra pública financiada).
Además de los PPS ya contratados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en 2010, las inversiones “público-privadas” comprometen 115 mil 660 millones de pesos. El dinero público se destinará a 53 proyectos carreteros PPS o privados, que se encuentran en marcha o por licitarse. Los contratos tienen una vigencia de entre 15 y 30 años, de acuerdo con información de Susana González, publicada en el diario La Jornada el 28 de febrero pasado.
Resistencia, única vía para frenar el plan
—Esta ocupación integral del país tiene como propósito vender el Estado nación, pero las cosas no están saliendo tal como lo quisieran: hay resistencias, profundas insatisfacciones, una indignación generalizada. Este proyecto está provocando una profunda indignación en amplios sectores de la población, lo cual, evidentemente, significa la resistencia al proyecto –dice López y Rivas.
Pérdida de soberanía nacional
La soberanía nacional de México ya fue vulnerada. El cambio en la actitud de las fuerzas armadas mexicanas respecto de las fuerzas armadas estadunidenses así lo demuestra, dice Gilberto López y Rivas.
—Esta clase dominante, independientemente de sus colores, ya sean rojos o azules y algunos amarillitos que se están colando, tiene una visión totalmente apátrida de lo que significa la nación mexicana. Ellos son (parte de) lo que en su momento Carlos Monsiváis llamó la primera generación de estadunidenses nacidos en México: su mentalidad es una mentalidad colonizada, que favorece los planes de Estados Unidos.
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