MÉXICO, D.F., 21 de mayo (apro).- El atentado contra el general retirado Mario Arturo Acosta Chaparro Escápite, quien investigaba una posible vinculación narcoguerrillera con la desaparición del exsenador Diego Fernández de Cevallos, fue un ataque directo a Calderón y a uno de sus principales aliados: el general secretario Guillermo Galván Galván.
Desde hace dos años, Calderón y Galván se habían dedicado a reivindicar pública e institucionalmente a Acosta Chaparro, limpiándolo de las acusaciones en su contra por narcotráfico y de crímenes de lesa humanidad durante la guerra sucia.
En julio de 2007 salió de la cárcel exonerado de las acusaciones de colaborar en la década de los noventa con el cartel de Juárez en los tiempos de Amado Carrillo, El señor de los cielos. Cumplió sólo casi siete de los 15 años a los que había sido condenado.
La madrugada del 28 de junio de ese año, Acosta Chaparro abandonó la prisión del Campo Militar número 1 junto con su coacusado, el general Francisco Quirós Hermosillo. Ambos salieron con sus galas de generales.
En abril de 2008, en una ceremonia en ese mismo lugar, Acosta Chaparro pasó a retiro en una ceremonia en la que le dieron trato de “héroe” por sus 45 años de servicio al Ejército.
Al mismo tiempo, sometía a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a un juicio para que le devolviera los haberes retenidos durante los casi siete años que estuvo en prisión. Lo logró.
Todo, a cambio de que se convirtiera en su principal asesor en grupos guerrilleros y sus vínculos con movimientos subversivos internacionales y el narcotráfico.
Durante dos años operó con un bajo perfil en los servicios de inteligencia militar hasta que, el pasado día 15, fue llamado para participar en las investigaciones por la desaparición de Diego Fernández.
En esa condición, el pasado martes fue objeto de un ataque armado que lo tiene inmovilizado en el Hospital Central Militar.
El ataque no sólo fue contra su persona, considerada como enemiga por aquellos que fueron sus víctimas, principalmente durante los años setenta en el estado de Guerrero.
Cuando un militar de alto rango, así sea retirado, es agredido de la manera en que lo hicieron contra Acosta Chaparro, la ofensa es considerada también contra el Ejército, en razón del llamado espíritu de cuerpo.
Así ocurrió en enero de 1994 cuando fue secuestrado el general retirado y entonces gobernador de Chiapas, Absalón Castellanos Domínguez, y en diciembre de 1997, con el secuestro del capitán retirado y jefe de la policía política del PRI, Fernando Gutiérrez Barrios, fallecido en el 2000.
El ataque a Acosta Chaparro es un agravio para Galván y su jefe Calderón, quienes una vez más tienen sometido al Ejército al vaivén de la coyuntura.
Si la desaparición del llamado “jefe Diego” era ya un desafío al gobierno de Calderón y a su gabinete de seguridad, lo sucedido al general retirado expone la vulnerabilidad de los miembros del Ejército, pues así son considerados también aquellos que pasan a retiro. Más grave es el caso de Acosta Chaparro, dado las funciones que cumplía para Calderón y la Sedena.
No son buenos tiempos para el Ejército. No lo han sido con Calderón quien, cuando se vaya, en dos años y medio, dejará una institución desgastada y desacreditada.
jcarrasco@proceso.com.mx
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