Borra INEGI a 1 millón de trabajadores

Lilia Arellano
Estado de los ESTADOS

“El hombre que me da trabajo, al que tengo que sufrir, este hombre es mi dueño, llámelo como lo llame”.-
Henry George

El irresponsable manejo de la economía del país y la agresiva política implementada por la administración de Felipe Calderón contra los trabajadores, particularmente de las organizaciones sindicales que se oponen a la entrega abierta, descarada, del patrimonio nacional a trasnacionales extranjeras, obligó a millones de mexicanos a optar por salirse de la economía formal y refugiarse para sobrevivir en la informal, desde donde les es posible hacer frente a los embates del gobierno federal. De acuerdo con las cuestionables cifras del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), al concluir el primer trimestre del presente año 12.5 millones de personas, que representan el 28.6 por ciento de la población ocupada, es decir casi un tercio de ésta, laboran en el sector informal, lo que representa el porcentaje más alto de los últimos cinco años.
Al iniciar el primer trimestre del cuarto año del autodenominado “presidente del empleo”, Felipe Calderón, la población desempleada del país, según las maquilladas cifras del INEGI —quienes sin ningún rubor y mágicamente “desaparecieron” de sus registros a casi un millón de mexicanos en edad de laborar, pues en el cuarto trimestre del 2009 reportaban que había 47.041,909 mexicanos en esas condiciones, y al siguiente reporte, en el primer trimestre del 2010 dicen que hay sólo 46.092,460 ciudadanos mexicanos que pueden trabajar— fue de 2.5 millones de personas, es decir el 5.3 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), con lo que según los tecnócratas del calderonismo, el desempleo “apenas” si creció 0.2 por ciento con respecto al 5.1 por ciento de igual periodo de 2009. Las “cifras desestacionalizadas” de los tecnócratas del INEGI aseguran que la tasa de desempleo a nivel nacional descendió 0.37 puntos porcentuales con relación al último trimestre del año anterior al pasar de 5.29 a 5.22 por ciento.
Por supuesto que eso nadie se los cree y para desmentirlos ni siquiera hay que observar las filas de desempleados solicitando trabajo en las pocas empresas que lograron sortear el irresponsable manejo de la crisis financiera internacional o los errores durante la emergencia de la “influenza”, la cual están a punto de darla por terminada por decreto presidencial, sino simplemente bastaría con preguntar en el seno de la propia familia cuántos de sus miembros en edad de trabajar consiguieron trabajo en los últimos meses. Aunque es un ejercicio masoquista, por favor hágalo para que verifique cuál es la realidad del empleo en nuestro país.
Otro dato que revela la información oficial difundida este viernes por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, es que la población subocupada en los primeros tres meses del año alcanzó la cifra de 4.1 millones de personas, lo que significó una tasa de 9.4 por ciento de la población ocupada. Si sumamos los ciudadanos que abierta y reconocidamente, según las autoridades, están buscando trabajo y los subocupados, que tienen un gran trabajo buscan precisamente colocarse en un empleo formal, y los que de plano mejor se fueron a la economía informal porque no tuvieron otra opción, tenemos un total de 18.1 millones de ciudadanos de mexicanos al margen de la economía formal, quienes en condiciones verdaderamente adversas luchan todos los días por sobrevivir ante la depredadora labor de los jinetes del “Apocalipsis calderonista”, en el que tiene un lugar muy especial y sumamente destacado el funesto Javier Lozano Alarcón.

REFORMA CONTRA TRABAJADORES
El grave problema del desempleo en el país, que es una bomba de tiempo armada paciente y concienzudamente por los funcionarios del régimen calderonista, fue desplazado de las primeras planas de los medios impresos de comunicación y de los poderosos medios electrónicos por el también sumamente delicado problema de la inseguridad pública, por la ya inaguantable ola de violencia que ha llenado de luto a más de 23 mil hogares mexicanos en una “guerra” estúpida, mal planeada y peor ejecutada por el impuesto inquilino de Los Pinos. Este repudiado ciudadano, que en otras circunstancias merecería algo de respeto por parte de los mexicanos, reconoció ante el diario madrileño “El País” que cuando inició la guerra contra el narco, en diciembre de 2006, “no tenía idea” precisa de las dimensiones del crimen organizado.
Al galopante desempleo, Felipe Calderón tiene la intención, eso en el discurso oficial, de enfrentarlo a través de una retrograda reforma laboral presentada por la fracción parlamentaria del PAN ante el Congreso de la Unión. Fue precisamente el camorrista y cuestionado titular de la Secretaría del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, destructor del sindicalismo mexicano, quien la presentó el pasado 18 de marzo ante los legisladores, a los que propuso unos 420 cambios a la ley del trabajo, con el fin, justificó, de generar alrededor de 800 mil empleos formales, del millón 300 mil que requiere el país para incorporar al sector productivo adecuadamente a su población en edad de trabajar.
En los hechos, este proyecto está representando para el ex zedillista su apuesta para apuntarse como aspirante a la Presidencia de la República en el 2012, pues ofrece al poderoso sector empresarial del país “disciplina, control y alineamiento” de los trabajadores a sus intereses. En el remoto caso de que se logre aprobar la reforma como fue presentada, Lozano ofrecería un férreo control sobre la fuerza de trabajo del país y una mayor intensificación en el trabajo a costa de los propios trabajadores.
La denominada “ley Lozano” es parte de las reformas estructurales que la gestión de Felipe Calderón empuja, con decisión y con obstinación, en el sector energético, el educativo, las telecomunicaciones, con el sobado argumento de mejorar la “competitividad” de México, que para los tecnócratas en el poder se define únicamente como “reducir los costos laborales, relajar las obligaciones de los patrones, tanto en la contratación como en el despido”, con el único fin de atraer inversiones extranjeras, que si bien trasladan momentáneamente capitales al país, al final se llevan mucho más gracias al valor agregado del producto del trabajo de los mexicanos.
Los elementos de la reforma laboral panista manifiestan el deseo de cambiar el actual “modelo de la calificación” —que está plasmado en la legislación actual, y en el que la retribución se apoya en la antigüedad, en la primicia de que el que es primero, es primero en derechos, es decir, un principio de distribución de autoridad y jerarquías, como bien lo apuntan especialistas en derecho laboral— por el “modelo de competencias”, cuya lógica es pasar a la retribución a partir del mérito, con lo que los trabajadores estarían obligados para conservar su empleo a mostrar sus habilidades, sus capacidades, su disposición al ejercicio y a su implicación en el trabajo, de acuerdo –claro— con los estándares establecidos por los propios empresarios.

TIRO DE GRACIA A SINDICATOS
La “Ley Lozano” es una ofensiva final del calderonismo contra los trabajadores de México y un tiro de gracia para el sindicalismo mexicano, pues pretende limitar el derecho de huelga y antepone, como requisito para el registro de nuevos sindicatos, que deben contar con autorización de las empresas, con lo que la posibilidad de que puedan tener un registro oficial es totalmente nula. La iniciativa de reforma presentada por el PAN no es más que la concreción de un plan empresarial en el que destaca la llamada “flexibilidad”, que en palabras claras es dar cada vez menos prestaciones a los trabajadores, es decir, mano de obra cada vez más barata, casi a niveles de esclavitud.
Por esto hay una total oposición a esta pretensión de la derecha blanquiazul y Lozano Alarcón logró unir a todos en su contra, desde los representantes de las organizaciones obreras en la Cámara de Diputados hasta las dirigencias del Congreso del Trabajo, la Unión Nacional de Trabajadores y el Frente Sindical Mexicano.
El absoluto repudio a las pretensiones de Calderón y Lozano y a su política laboral fue público y manifiesto en todo el país durante las marchas y manifestaciones con motivo del “Día del Trabajo”, una de las conmemoraciones más dolorosas y difíciles de los últimos años, en que además las organizaciones sindicales y los ciudadanos en general condenaron el empobrecimiento masivo de los trabajadores y demandaron la “salida inmediata” del titular de la Secretaría del Trabajo. También, organizaciones extranjeras del Tribunal Internacional de Libertad Sindical condenaron la política sistemática del Estado mexicano para coartar la libertad de sindicatos y dejaron en claro que los funcionarios públicos en torno al secretario del ramo son “parte de una red de corrupción con empresarios”.
Dentro del centro político de la República Mexicana, la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, se fundió el crisol de inconformidades de los contingentes de los sindicatos de trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, de los telefonistas, tranviarios; de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación; de los del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), de los mineros, de los pilotos de aviación, de la industria nuclear, de los ferrocarrileros, de los trabajadores de instituciones de educación superior como Chapingo, el Colegio de México y Posgraduados y de la Universidad Iberoamericana. También de Nacional Financiera, del Sistema de Transporte Colectivo Metro, del Instituto Nacional de Pediatría, del Instituto del Petróleo, entre muchos otros.
Martín Esparza, el líder de los electricistas acorralado por la administración calderonista, demandó el “desafuero” de Lozano. A pesar de la huelga de hambre que sostienen valientes trabajadores de la extinta compañía de Luz y Fuerza del Centro, el SME mantiene el grito de “sigo vivo”. Mientras Sergio Beltrán, secretario del Interior del sindicato minero, calificó de “esclavista” la reforma o “Ley Lozano”. A nadie escapa el apoyo irrestricto, lacayuno, del titular de la STPS al Grupo México, del multimillonario Germán Larrea, que ha fincado su fortuna sobre los cadáveres de mineros, pues cuenta con las minas más inseguras del país, aunque también hay que señalarlo, con las más productivas para sus bolsillos.

“NO PASA LA LEY LOZANO”
Hasta el momento, la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en manos de las traicioneras manos de la triada de “los chuchos”, Jesús Ortega, Carlos “Chucho” Navarrete y Jesús Zambrano, ha sostenido que no apoyará la iniciativa de reforma laboral de Felipe Calderón, conocida despectivamente como la “ley Lozano”. Incluso, el diputado federal perredista e integrante de la dirección colegiada de la Unión Nacional de Trabajadores, Francisco Hernández Juárez, advirtió que dicha iniciativa de reforma “no pasará y ya está enterrada”.
Para hacerle frente a la iniciativa de Lozano, los perredistas armaron su propia iniciativa de reforma laboral que propone, entre otros aspectos, que ya no haya trabajadores bajo la norma del apartado B del Artículo 123; que desaparezca la Comisión de Salarios Mínimos; que se haga un rediseño de todas las instituciones laborales; que se deroguen las facultades del secretario del Trabajo para dar la toma de nota, que ha representado la punta de lanza del embate contra sindicatos que no se alinean a los oscuros intereses económicos defendidos desde la sede de la STPS, que con tan sólo un reglamento secundario adquirió facultades que nadie le dio y puede desaparecer de un plumazo sindicatos enteros y sumamente importantes como el SME. Asimismo, plantean que las juntas de Conciliación y los jueces pasen al ámbito de lo judicial y no dependan más del titular de la STPS.
Por lo que toca al PRI, no se sabe cuál será finalmente su posición, pues oscila de acuerdo con los intereses coyunturales de su cúpula. Sin embargo, durante la inauguración del XV Consejo General Ordinario de la Confederación de Trabajadores de México, realizada a finales del pasado febrero, Beatriz Paredes, dirigente nacional del Revolucionario Institucional, advirtió que su partido y la CTM no avalarán una reforma laboral que atente contra los derechos fundamentales de los trabajadores y que ponga en riesgo las conquistas históricas de ese sector. Y a principios de ese mes, durante la celebración del Día del Trabajo, la tlaxcaleteca dijo estar dispuesta a transformar la Ley Federal del Trabajo a favor de la clase trabajadora. Sostuvo que los legisladores priístas están dispuestos a sacar adelante las reformas, “sin dañar la autonomía sindical” y afirmó que no están dispuestos a perder ninguna conquista ganada por los obreros. Bueno, ya lo veremos.

LOZANO, ODIADO
POR TODOS
El secretario del Trabajo, Javier Lozano, es un hombre intolerante y camorrista, quien adquirió notoriedad al iniciar el régimen calderonista cuando se involucró en el escándalo de los 205 millones de dólares –dato oficial— incautados al empresario mexicano de origen chino, Zhenli Ye Gon, quien sostuvo y no ha sido desmentido legalmente, que Lozano lo obligó a guardar ese dinero durante la campaña presidencial de Felipe Calderón.
Es del todo conocidas sus actuaciones frente a problemas sumamente sensibles como los casos de los mineros muertos en la mina de Pasta de Conchos, cuyas viudas incluso presentaron una denuncia ante la PGR por abuso de autoridad; de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), quienes solicitaron un juicio político en su contra por violar los derechos de más de 40 mil trabajadores de la extinta compañía de Luz y Fuerza del Centro; de las sobrecargos de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA); de los mineros del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, cuyo pleito lo inició la administración de Vicente Fox pero que compró muy contento y “muy echado para adelante”, este “porro” abogado poblano, que busca ser el próximo presidente de la República, aunque nadie vote por él.

DE LOS PASILLOS
Una cómoda ventaja de dos a uno registra en estos momentos el candidato del PRI-PVEM-Nueva Alianza al gobierno de Quintana Roo, Roberto Borge. El estudio sobre la preferencia electoral en esa entidad, publicada ayer en el diario Milenio, precisa que si los comicios se realizaran hoy, Borge obtendría el 46.1 por ciento de los votos, seguido muy de lejos por el abanderado del PRD, Gregorio “Greg” Sánchez, quien alcanzaría únicamente el 22.4 por ciento de los sufragios. La panista Alicia Ricalde se ubicaría en el tercer lugar con 13.1 por ciento de las boletas electorales. Así, de acuerdo con este sondeo, ni sumando los votos de panistas y perredistas, se podría poner en peligro el triunfo de Roberto Borge. Además, todo apunta a que la preferencia electoral por Borge se extenderá como consecuencia de los compromisos de campaña asumidos con sectores tan importantes como el de los trabajadores del volante, quienes en la próxima administración estatal contarán con prestaciones tan trascendentes como el Seguro Social y el Infonavit.
Ayer la Secretaría de Gobernación y los gobiernos del Distrito Federal y el Estado de México instalaron, en un lugar secreto, el Centro de Atención y Reacción Inmediata (CARI) para responder ante los presuntos actos de sabotaje a instalaciones eléctricas en esas dos entidades. La oportunidad fue aprovechada por Roberto Gil Zuarth, subsecretario de Gobierno de la Segob, para advertir que aplicarán “todo el rigor de la ley y sin miramientos contra los responsables de los sabotajes”.
La embestida de la administración calderonista es clara, puesto que conforme va tomando relevancia la resistencia de los trabajadores de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro, es cuando responden con la denuncia de tener reportes de que se han registrado 392 actos de sabotaje contra instalaciones eléctricas en el Valle de México. La realidad, según lo manifestó el dirigente de los electricistas Martín Esparza desde el jueves pasado, es que ante la falta de mantenimiento de la red eléctrica, el Centro Histórico de la Ciudad de México es una “bomba de tiempo”, problema que fue reportado y advertido desde mucho antes de la extinción por decreto presidencial de la CLF.

(lilia_arellano@yahoo.com; www.fuego-cruzado.tv; www.estadodelosestados.com.mx)4