OEA: El régimen colombiano juzgará si en Honduras hay democracia y respeto a las personas

Rómulo Pardo Silva
www.malpublicados.blogspot.com

El Secretario General de la OEA y Estados Unidos impulsan, entre otros, el regreso hondureño a la Organización. El gobierno encabezado por Porfirio Lobo es producto de un golpe de estado en conocimiento previo de Washington que significó la detención y expulsión del presidente constitucional, asesinatos con impunidad de periodistas y opositores, persecución social.

Los hechos del país de José Manuel Zelaya deberán ser examinados y los políticos de gobierno de Colombia serán uno de los evaluadores. Es importante conocer entonces algunos antecedentes de la realidad política y social colombiana.

Informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CIRC) sobre Colombia: Hay más de 3.300.000 desplazados internos por el conflicto armado, peor que en Irak, situación que no es tema en la actual campaña electoral. Los grupos paramilitares han resurgido, ahora se les llama “bacrim” (bandas criminales), y en relación al período 2006-2008 las consecuencias han empeorado para los campesinos mayoritariamente y comunidades de indígenas y negros, que son asesinados, abusados sexualmente o deben huir perdiendo todo. La cifra de desplazados aumenta cada año. En 2009 el CICR registró 800 casos de violaciones al derecho humanitario, 28 asesinatos y 84 desapariciones, delitos en que uno de los participantes fue el ejército. Una forma de esa violencia son los llamados “falsos positivos” o civiles muertos por las fuerzas armadas y presentados después como guerrilleros caídos en combate.

Declaraciones de colombianos opositores en Europa: Los servicios de seguridad de Colombia los persiguen y crean montajes políticos con la posible complicidad de los servicios secretos de esos países.

Exposición de la senadora Piedad Córdoba en Europa: En Colombia hay 200 mil personas desaparecidas por acción del estado. Los “falsos positivos” son 5 mil. Se han descubierto dos mil fosas comunes, en una había 2.000 cuerpos de campesinos y campesinas asesinados según las investigaciones por miembros de la fuerza pública. Un jefe paramilitar actualmente preso reconoció que construyeron 5 hornos crematorios para desaparecer los restos de víctimas y atemorizar a los campesinos y que mató a dirigentes políticos, periodistas, defensores de derechos humanos, señalados en una lista. Un documento encontrado en allanamientos al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la policía secreta que depende directamente del gobierno de Álvaro Uribe, expone un plan para desarticular a la oposición que contempla la persecución a tres congresistas, un ex candidato a la presidencia, magistrados de las cortes, periodistas y una revista.
Denuncia del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo: En el DAS se elaboraron listas de personas que posteriormente fueron asesinadas por paramilitares.
Declaración pública colectiva: Unas 60 organizaciones no gubernamentales, políticos, sindicalistas, maestros, líderes estudiantiles y dirigentes de agrupaciones defensoras de derechos civiles, denuncian que fueron amenazados por grupos paramilitares. La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento precisó que los llamados Rastrojos, remanentes de las Autodefensas Unidas, declararon objetivo militar a organizaciones ciudadanas.

Denuncia de líderes de la etnia aborigen colombiana misak: Panfletos de las Autodefensas Unidas los señalan como objetivos militares y precisan que ''más allá de las amenazas'' retornarán ''a las actuaciones para el pueblo guambiano sin piedad ni temor alguno". Su comunidad ha sido amenazada en reiteradas oportunidades para que abandone sus tierras.

Declaración judicial de Salvatore Mancuso ex jefe paramilitar preso en Estados Unidos: Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) mantenían una alianza con el Ejército Colombiano, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la Fiscalía, destinada a combatir a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El ex ministro de defensa y actual candidato a la presidencia Juan Manuel Santos se entrevistó al menos dos veces con los líderes paramilitares. El hoy vicepresidente de la república Francisco Santos les propuso la creación del Bloque Capital, uno de los frentes más sanguinarios, al que se entregaba personas raptadas en Bogotá. La oligarquía de que forman parte estos dos políticos tenía interrelación con los paramilitares. En el DAS se planificó vincular en un supuesto complot contra el presidente Uribe a un magistrado de la Corte Suprema que investiga delitos de políticos y paramilitares en connivencia. Las AUC sustentaron la elección del presidente Álvaro Uribe en 2002 y llevaron a las poblaciones a otorgarle el voto.

Expediente judicial: Un documento encontrado a un jefe paramilitar dice que en reuniones secretas el año 2002 con jefes paramilitares el Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo les hizo un claro reconocimiento político y aprobó un derecho de las AUC para enfrentarse defensivamente con los guerrilleros.
Acción judicial: Fueron detenidos los representantes a la cámara Luis Carlos Restrepo, acusado de haber recibido apoyo político y económico de las Autodefensas, y Antonio Valencia Duque, por presuntos vínculos con un ex jefe paramilitar. Se ordenó la detención del ex senador Mario Uribe Escobar, primo del presidente Uribe, procesado por tener nexos con paramilitares. En el juicio a solicitud del presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema el presidente Uribe deberá declarar "acerca de los nexos políticos entre él y el doctor Mario Uribe Escobar". También están llamados a declarar el candidato presidencial Juan Manuel Santos y Salvatore Mancuso que afirma se reunió con Mario Uribe en 2002.
Declaración del ex presidente de la república Ernesto Samper: El candidato presidencial Juan Manuel Santos intentó expulsarlo del poder a través de una alianza con grupos paramilitares y guerrilleros. Mancuso confirma que Juan Manuel Santos propuso a los paramilitares dar un golpe de estado contra el gobierno de Samper y les pidió que le consiguieran las pruebas del narcotráfico, “a lo cual el comandante le dijo que si que teníamos las pruebas”.
Información sindical: Desde 1986 en Colombia han sido asesinados 2.742 sindicalistas.
Esta es una parte del historial de la oligarquía, el gobierno, los políticos, los militares, los medios de comunicación, colombianos. América deberá escuchar su dictamen sobre si hay o no atropello golpista a la constitución, elecciones ilegítimas, asesinatos impunes de periodistas y activistas sociales, represión a los opositores, amenazas de muerte o desaparición a los que censuran al régimen, en Honduras.
Si alguien tiene confianza en estos jueces debe fundamentarla también.

Contacto romulo.pardo@gmail.com