10 junio 2010
“Lo que importa es que murieron 49 niños quemados en la guardería, cómo empezó el incendio es lo de menos”, dijo un ministro en las deliberaciones de estos días. Algún otro ha expresado que sí es sustancial que el nuevo peritaje revele que el fuego fue provocado, aunque ello implique empezar de nuevo, rehacer el caso y de algún modo cuestionar el dictamen del ministro Arturo Zaldívar por ignorar el informe Smith o bien desestimarlo si es que sabía de su existencia.
En medio, hay una tesis más sensata con la que yo —aunque no sirva de nada— estoy de acuerdo: las conclusiones de Zaldívar y Smith no son excluyentes; el primero se enfoca más a las deficiencias administrativas y corruptelas de dueños y funcionarios derivadas del perverso esquema de subrogación del IMSS; el segundo está focalizado en los orígenes del fuego y —como se informó el martes en EL UNIVERSAL— concluye que se trató de un incendio provocado por la quema intencional de archivos en la bodega del gobierno de Sonora y que al salirse de control se extendió a la guardería ABC.
La diferencia es que la Corte contrató a la empresa denominada The McMullen Company, que concluyó con una pericial muy parecida a la que ya habían realizado las procuradurías estatal y PGR: que, con mínimas diferencias de matiz, coinciden las tres en que el incendio fue provocado por el sobrecalentamiento y cortocircuito de un enfriador o cooler. Un diagnóstico ilógico e inaceptable no sólo para los padres de los niños, sino para cualquier habitante de Sonora y otros estados fronterizos que —para sobrevivir al calor— dejan prendidos hasta por seis meses continuos estos aparatos sin que pase absolutamente nada.
En consecuencia, la propuesta obligada sería sentar a los expertos de McMullen y Smith para que se pongan de acuerdo. Y de no ser así, por lo menos escuchar y evaluar los argumentos de unos y otros. Por cierto, ahora sale la PGR con que –casualmente– el viernes pasado ya ratificó el informe Smith y lo ha integrado a su averiguación. Qué bueno. Ya era hora, después de meses de menospreciarlo.
En cualquier caso, lo importante es que ayer por la noche los padres de Manos Unidas por Nuestros Niños y sus representantes han solicitado formalmente a la delegación de la PGR en Sonora que se cambie el estatus de la acusación contra los ocho empleados de la bodega del gobierno de Eduardo Bours que actualmente están libres bajo fianza por el delito de homicidio culposo o accidental. Se trata de que ahora se les arraigue por homicidio doloso e intencional. Y que se haga rápido, antes de que desaparezcan.
Yo estoy seguro de que ésta es la punta del hilo del que hay que tirar para desenredar la madeja en que se han convertido las investigaciones sobre el que siempre he calificado como un crimen y no una tragedia. Es indispensable saber quién o quiénes ordenaron la incineración de qué documentos y por qué a riesgo de lo que finalmente sucedió. De lo que jamás debió ocurrir. Y que mientras no se haga justicia seguirá siendo una herida abierta en la memoria colectiva de este país.
En medio, hay una tesis más sensata con la que yo —aunque no sirva de nada— estoy de acuerdo: las conclusiones de Zaldívar y Smith no son excluyentes; el primero se enfoca más a las deficiencias administrativas y corruptelas de dueños y funcionarios derivadas del perverso esquema de subrogación del IMSS; el segundo está focalizado en los orígenes del fuego y —como se informó el martes en EL UNIVERSAL— concluye que se trató de un incendio provocado por la quema intencional de archivos en la bodega del gobierno de Sonora y que al salirse de control se extendió a la guardería ABC.
La diferencia es que la Corte contrató a la empresa denominada The McMullen Company, que concluyó con una pericial muy parecida a la que ya habían realizado las procuradurías estatal y PGR: que, con mínimas diferencias de matiz, coinciden las tres en que el incendio fue provocado por el sobrecalentamiento y cortocircuito de un enfriador o cooler. Un diagnóstico ilógico e inaceptable no sólo para los padres de los niños, sino para cualquier habitante de Sonora y otros estados fronterizos que —para sobrevivir al calor— dejan prendidos hasta por seis meses continuos estos aparatos sin que pase absolutamente nada.
En consecuencia, la propuesta obligada sería sentar a los expertos de McMullen y Smith para que se pongan de acuerdo. Y de no ser así, por lo menos escuchar y evaluar los argumentos de unos y otros. Por cierto, ahora sale la PGR con que –casualmente– el viernes pasado ya ratificó el informe Smith y lo ha integrado a su averiguación. Qué bueno. Ya era hora, después de meses de menospreciarlo.
En cualquier caso, lo importante es que ayer por la noche los padres de Manos Unidas por Nuestros Niños y sus representantes han solicitado formalmente a la delegación de la PGR en Sonora que se cambie el estatus de la acusación contra los ocho empleados de la bodega del gobierno de Eduardo Bours que actualmente están libres bajo fianza por el delito de homicidio culposo o accidental. Se trata de que ahora se les arraigue por homicidio doloso e intencional. Y que se haga rápido, antes de que desaparezcan.
Yo estoy seguro de que ésta es la punta del hilo del que hay que tirar para desenredar la madeja en que se han convertido las investigaciones sobre el que siempre he calificado como un crimen y no una tragedia. Es indispensable saber quién o quiénes ordenaron la incineración de qué documentos y por qué a riesgo de lo que finalmente sucedió. De lo que jamás debió ocurrir. Y que mientras no se haga justicia seguirá siendo una herida abierta en la memoria colectiva de este país.
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