Fuego de militares mató a niños en Tamaulipas, acusa la CNDH

Gloria Leticia Díaz

MÉXICO, DF, 16 de junio (apro).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) responsabilizó a soldados del Ejército Mexicano de las muertes de los niños Martín y Bryan Almanza Salazar, así como de provocar lesiones a cinco personas más, entre ellas dos menores, en hechos ocurridos el pasado 3 de abril en Tamaulipas.
En la recomendación 36/2010 dirigida al secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, y al procurador general de la República, Arturo Chávez, el ombudsman Raúl Plascencia desmintió la versión sostenida por la Sedena, que adjudica al crimen organizado las muertes de los hermanos Almanza.
De acuerdo con la CNDH, soldados pertenecientes a la VIII Zona Militar de Tamaulipas, que resguardaban un retén, son responsables de “violaciones a derechos humanos a la vida, a la integridad y seguridad personal, al trato digno, al acceso a la justicia, a la legalidad, y a la seguridad jurídica, y al derecho a los menores que se proteja su integridad”.
Los agravios provocados por los militares a los menores Almanza Salazar y a once personas más son “privación de la vida, atentados a la integridad y seguridad personal, uso arbitrario de la fuerza, tratos crueles, inhumanos y degradantes, omisión de auxilio, alteración de la escena de los hechos, incumplimiento de las formalidades para la emisión de la orden de cateo y ejercicio indebido de la función pública”.
En conferencia de prensa, Plascencia Villanueva resaltó que la versión de que las muertes ocurrieron por un “fuego cruzado” entre efectivos militares y sicarios de la delincuencia organizada, “es incompatible con el resultado que arrojan las evidencias obtenidas por esta Comisión Nacional”.
El expediente de mil 392 fojas, explicó, está compuesto por 12 solicitudes de información y de colaboración; 25 entrevistas con agraviados, autoridades y testigos; nueve visitas al lugar de los hechos; 17 dictámenes y opiniones periciales; 228 fotografías y 19 videos, así como las solicitudes de medidas cautelares a la Sedena.
Plascencia Villanueva se quejó de que en las investigaciones la CNDH “encontró diversos obstáculos de servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, que mostraron falta de interés y colaboración en la investigación de las violaciones a derechos humanos, lo que no debe ser tolerado”.
Entre la información que la Defensa Nacional se negó a entregar destacan los exámenes toxicológicos practicados a los elementos que intervinieron en los hechos; la copia de la averiguación previa integrada en el fuero militar, la GN/LAREDO/14/2010, y el informe presentado el 30 de abril por el procurador general de Justicia Militar; José Luis Chávez García.
La CNDH resalta que, a dos meses de los hechos y de que se integró una averiguación previa, la PGR ha incurrido en omisiones que conllevan a la violación de la garantía de acceso a la justicia.
En la recomendación se puntualiza: “El simple inicio de investigaciones resulta insuficiente, ya que se ha omitido la correcta integración de la indagatoria y, en consecuencia, el ejercicio de la acción penal en contra de los elementos militares”.
Ante las irregularidades detectadas, la CNDH advierte que existen elementos para presentar quejas ante la Unidad de Inspección y Contraloría General de la Sedena y el Órgano Interno de Control de la PGR, así como denuncias penales ante esta última dependencia y la Procuraduría General de Justicia Militar, con “el fin de que se inicie el procedimiento administrativo correspondiente en contra de los servidores públicos que participaron en los hechos a los que se refiere esta recomendación”.
Y en el caso de que “dicha conducta sea constitutiva de delito, se determine la responsabilidad penal y se sancione a los funcionarios responsables”.
La CNDH recomendó al titular de la Sedena, reparar los daños e indemnizar a los familiares de los niños Almanza Salazar; reparación de daños físicos y psicológicos a los once sobrevivientes, con el objetivo de “restablecer su salud física y mental, así como el daño a su proyecto de vida”.
Asimismo, instruir al personal de la dependencia para que “se abstenga de alterar las escenas de los hechos y/o se tergiverse la verdad histórica jurídica de los mismos”; se realicen exámenes toxicológicos a los soldados y se envíen a la CNDH los aplicados a quienes participaron en los hechos.
También, se den cursos de formación en derechos humanos a mandos medios, superiores y oficiales, coordinados por la CNDH; además, se colabore con el organismo en la presentación de quejas y denuncias ante la Unidad de Inspección y Contraloría General de Procuraduría General de Justicia Militar.
Al titular de la PGR, la CNDH le pide el esclarecimiento de los hechos, “a fin de que los agraviados tengan acceso pleno a la justicia y se castigue a los responsables”; se reconozca a los padres de los niños Almanza su carácter de víctimas, y se colabore con el ombudsman en la tramitación de quejas y denuncias ante las dependencias señaladas.
A pesar de las graves violaciones a derechos, la CNDH da cuenta que en el oficio DH-V-5030, del 14 de mayo, se informó al organismo que en la Unidad de Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana “no se ha iniciado ningún procedimiento administrativo con motivo de los presentes hechos, bajo el argumento de que elementos militares no cometieron violaciones a derechos humanos en agravio de las víctimas, ya que el personal militar ‘actúo repeliendo una agresión real, inminente y violenta, actuando en legítima defensa, resguardando su integridad personal, adecuando su conducta al marco de la legalidad establecido en nuestra legislación interna y protegiendo los intereses de la sociedad al enfrentar a miembros de la delincuencia organizada”.
Entre las evidencias que desmienten la versión de la Sedena, el ombudsman menciona los testimonios de sobrevivientes y de testigos que asistieron a las víctimas; la reconstrucción de los hechos por parte de personal de la Comisión Nacional y sobrevivientes; necropsias de los menores realizada por personal de la Procuraduría de Tamaulipas y médicos forenses de la CNDH; peritajes de balística y psicología clínica por parte del personal del organismo, así como del análisis de las incongruencias en los reportes de la Defensa Nacional, PGR y PGJE.
La CNDH pudo identificar que “se realizaron maniobras para alterar el sentido de las investigaciones”, lo que se evidencia con el testimonio de personas que acudieron al lugar de los hechos en ayuda a sus familiares.
Según esas declaraciones, a las 21:30 horas del 3 de abril, sólo se encontraba la camioneta Tahoe en la que viajaban las familias agredidas y, una hora más tarde, cuando volvieron a pasar por el sitio, dicho vehículo “estaba en medio de una camioneta pick up azul y un vehículo rojo”.
Además, peritos de balística de la CNDH constataron que algunos de los impactos frontales que exhibe el vehículo, que pretendían sostener la versión del fuego cruzado, “fueron realizados una vez que la camioneta estaba desocupada”.
Un dato más que sostiene la hipótesis de la CNDH, de que se alteró la escena del crimen, es que la inspección ocular del lugar de los acontecimientos por el Ministerio Público de la Federación fue realizada a las 0:00 del 4 de abril, hora en el que había más camionetas rodeando a la de las víctimas.
Del análisis de los documentos oficiales, la CNDH destaca que en el informe de los hechos firmado por el comandante de la VIII Zona Militar, en el que se habla del supuesto enfrentamiento, nunca hay referencias de civiles capturados, por lo que “es inverosímil la versión del fuego cruzado”.
“Aun en el fragor de un enfrentamiento, resulta difícil entender que los gritos de 13 personas y la huída de 11 hayan pasado totalmente inadvertidos para los militares”, acota la CNDH.
En la recomendación se resalta que, contrario a lo señalado por la Sedena, en el sentido de que los niños Almanza Salazar murieron por esquirlas de granadas, las necropsias realizadas por la PGJE y forenses de la CNDH demuestran que fallecieron “producto de proyectil de arma de fuego”.
Otro de los agravios cometidos por los militares, se puntualiza, es que elementos del Ejército Mexicano ingresaron sin orden de cateo al domicilio de los padres de los menores Almanza mientras estaban hospitalizados, y se “se obtuvo evidencia de que, con posterioridad a los hechos, efectivos militares realizaron acciones para intimidar a los sobrevivientes”, de ahí que la CNDH solicitara medidas cautelares para los agraviados.
En cuanto a la falta de acceso a la justicia, la CNDH apunta que hay “una irregular integración de la averiguación” abierta por la PGR, la AP/PGR/DGCAP/DF/050/2010, y que hasta el momento “no se ha citado a comparecer a la totalidad de los agraviados para que rindan su testimonio”.
Tampoco se ha reconocido la calidad de ofendidos a los padres de los menores Almanza, que además fueron lesionados, “lo que implica una revictimización institucional”.
Por último, la CNDH advierte que el Ministerio Público federal “ha sido omiso en solicitar la práctica de los estudios de alcoholemia cuantificada y toxicología al personal militar involucrado en los hechos, así como los testimonios de cada uno de ellos”.