Durante la primera semana de noviembre, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados envió a la Comisión de Presupuestos sus recomendaciones para equilibrar las distorsionadas partidas orientadas al gasto en el sector educativo para el año 2011.
Como se sabe, para el próximo año el presupuesto educativo programado, así como los correspondientes a la cultura, a la investigación científica y al desarrollo y bienestar de la población, están por debajo de los que se han dedicado al Ejército y a la policía. No hay aumentos considerables para los primeros rubros, aunque sí algunos que de forma diferenciada se han destinado, por ejemplo, a la educación tecnológica y, por supuesto, a sectores que maneja de forma directa el SNTE.
Es una extraña manera de planificar el presupuesto nacional en estos temas tan sensibles y tan importantes. Como muestra, mientras los estudiantes de Ciudad Juárez, Chihuahua, se organizan para protestar en contra de la acción policiaca y militar, el gobierno federal aumenta las partidas que irán a reforzar la presencia represiva de las corporaciones policiacas y militares, al tiempo que reduce el presupuesto para fomentar la cobertura y la calidad de la educación que reciben los niños y jóvenes de esa entidad y, en general, del país.
Descartada la inflación, el incremento de los recursos para los más sensibles rubros del sector educativo se reduce a cero: para la educación indígena y rural, para el desarrollo educativo de las mujeres, para compensar las desigualdades sociales y territoriales, para la educación de los migrantes y sus hijos, para la investigación científica y para las universidades públicas, salvo ciertas excepciones, como el presupuesto para la UNAM (con un aumento de poco más del 5% respecto del año anterior), y las mejoras que han logrado una que otra universidad pública. Sin embargo, habrá recortes fuertes para instituciones como el IPN, la UAM y la UPN, así como para la gran mayoría de las universidades de los estados, que resentirán problemas muy agudos.
De manera particular, en las universidades de los estados se negocia una reducción de casi 1% de sus presupuestos respecto del año anterior, que afectará sobre todo a sus gastos operativos, concentrados en el pago de salarios y prestaciones, pero también a su capacidad para realizar innovaciones académicas o para ampliar los actuales niveles de ingreso de alumnos. Con los magros recursos que obtendrán durante 2011, las universidades públicas no podrán, entre muchas otras cosas, incrementar el número y la calidad de sus proyectos de investigación.
Asimismo, se está atentando contra la sobrevivencia de muchas universidades que, desde hace años, no han podido resolver el tema de las jubilaciones. Y con los recortes sucesivos que se han vivido durante todo el actual sexenio, lo que es un conflicto en ciernes cobrará enormes dimensiones. En los hechos, unas 10 universidades están al borde de la quiebra financiera, debido a que los déficits acumulados llegan a superar los 700 mil millones de pesos.
Así con todo, la SEP es una de las dependencias del gobierno federal con mayor subejercicio, tan sólo debajo de la Secretaría de Comunicaciones y de la Semarnap, por un monto de mil 440 millones de pesos durante el año en curso. Frente a las necesidades que se tienen, y ante los recortes que vienen, este mal manejo de las finanzas de la SEP resulta ser ineficacia pura, pero también una acción malosa y criminal. l
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