La trasnacionalización de las organizaciones delictivas llevó a Estados Unidos a extender su estrategia antidrogas –Iniciativa Mérida– hasta Centroamérica. En esa región, la existencia de Estados vulnerables ha permitido el incremento de la actividad pandilleril y, al mismo tiempo, la presencia notable de agencias estadunidenses, describe Steven S Dudley en su estudio DTO en Centroamérica: transportistas, cárteles mexicanos y maras.
Según estimaciones del gobierno estadunidense, el 90 por ciento de las drogas ilícitas que entran por su frontera Sur pasan a través del Istmo de América Central y de México. De ese porcentaje, cerca de la mitad cruza toda Centroamérica, cita el “Tomo I” del informe “Droga y control químico”, de 2010, que integra el Informe internacional de control estratégico de narcóticos del Departamento de Estado.
Ante tal escenario, el Congreso estadunidense ha destinado 165 millones de dólares –que representan el 20 por ciento de los recursos aprobados– para ayudar a esa región a combatir ese problema, señala el también codirector de InSight, un servicio de observación del crimen organizado.
A pesar del flujo de esos recursos millonarios, Dudley considera que los esfuerzos de Estados Unidos y México por combatir a los cárteles de las drogas “exacerban los problemas para Centroamérica”. “Pese a la gravedad del problema –señala el especialista– son pocas las investigaciones transfronterizas o los intercambios internacionales entre organismos de aplicación de la ley”.
Los casos más agudos de incremento de la ilegalidad se presentan en Guatemala, El Salvador y Honduras. Se trata de tres países próximos a México con una gran superficie costera –lo que representa un gran atractivo para las actividades de la delincuencia organizada– que también tienen grandes “espacios ingobernados”.
Además de la vulnerabilidad geográfica, esos Estados padecen aún las secuelas de los conflictos armados que se suscitaron en la década de 1980. Ahora se considera que los efectos de esa crisis política, social y económica pusieron los cimientos para el auge actual del tráfico de drogas, del lavado de dinero y el contrabando.
Los transportistas Según indicadores de 2009, a los que se remite el estudio de Steven S Dudley, Guatemala erradicó un récord de 1 mil 300 hectáreas de amapola. En contraste, Colombia erradicó 546 hectáreas de ese cultivo. En la actualidad, aunque la producción guatemalteca de amapola aún está lejos de la de México, es muy posible que el país centroamericano ya haya sustituido a Colombia en producción.
Otras drogas se abren paso en Centroamérica. Este año, el gobierno guatemalteco anunció la incautación de “grandes cantidades” de seudoefedrina y las autoridades hondureñas incautaron 3 millones de píldoras de esa sustancia. Por su parte, los gobiernos de Costa Rica y Panamá se muestran preocupados por el incremento en el consumo de polvo de cocaína y crack, refiere Dudley.
Los Intocables La estrategia de Estados Unidos para frenar, desde Centroamérica, el flujo de drogas hasta su territorio tiene en Guatemala un esquema muy particular. Ahí, la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un cuerpo internacional judicial sancionado por Naciones Unidas, trabaja con el gobierno estadunidense, investigadores guatemaltecos y la policía.
Su objetivo es desarrollar y fortalecer células de agentes policiacos altamente capacitados como fiscales. Ésos son los Intocables –que toman el nombre del grupo de policías elegidos por su valor e incorruptibilidad, habilitados como fiscales hacendarios para combatir a la mafia estadunidense de la década de 1930– y que ahora operan en Guatemala para combatir el crimen organizado.
Cooperación e intereses Los ejes sobre los que actúan las instituciones estadunidenses en otros países para extender su seguridad, en este caso Centroamérica, son la Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos 2010 y el Informe 2010 sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (INCSR, por sus siglas en inglés).
Infiltración y fuerzas ocultas
Las Organizaciones de Tráfico de Drogas (DTO, por sus siglas en inglés) y los transportistas legales ya penetraron, en diferente grado, importantes porciones del Ministerio del Interior, de Aduanas, la Procuraduría General, el Tesoro, Aduanas, Ejército, así como los sistemas penitenciarios y de justicia en Centroamérica. De acuerdo con Steven S Dudley, son ellos quienes financian las obras públicas y las campañas políticas.
La habilidad que tienen para infiltrar los gobiernos frustra a las autoridades locales y desgastan los esfuerzos para detener el desarrollo de esas organizaciones ilegales. Se afirma que los gobiernos de Guatemala y Honduras habrían perdido el control sobre amplias franjas de su territorio.
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