La Suprema Corte de Justicia de la Nación administra 2 mil 941 millones de pesos por medio de seis fideicomisos, considerados las figuras más opacas en el ejercicio público. Destinados al pago de pensiones complementarias, gastos médicos extraordinarios, modernización del sector judicial y financiamiento de publicaciones, estos fondos se manejan sin rendir cuentas a nadie.
El máximo órgano de justicia de México posee seis fideicomisos públicos al margen de toda fiscalización. En total, las figuras fiduciarias resguardan recursos extraídos de las arcas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por 2 mil 941 millones 257 mil 663 pesos.
El fondo con más dinero es el de las Pensiones Complementarias Mandos Medios y Personal Operativo de la SCJN, cuyo saldo al 31 de diciembre de 2010 ascendía a 1 mil 232 millones 132 mil 657 pesos.
La especialista en transparencia y rendición de cuentas Irma Eréndira Sandoval señala que, en el máximo tribunal, los recursos resguardados en fideicomisos se administran de manera poco clara. “Los fideicomisos que maneja el Poder Judicial repiten las mismas cuestiones de opacidad que están demostradas año tras año en la revisión de la Cuenta Pública en el Poder Ejecutivo”.
Para la investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “lamentablemente, en el Poder Judicial, al igual que en el Poder Ejecutivo y en los órganos autónomos, no se han sujetado a la rendición de cuentas porque no están obligados a registrar los fideicomisos que fundan. Tampoco se apegan a los marcos jurídicos que regulan estas figuras”.
Por monto, el fideicomiso Remanentes Presupuestarios del Año 1998 y Anteriores se coloca en el segundo lugar. Su bolsa asciende a 694 millones 738 mil 902 pesos, de la que se desconoce el uso y destino, pues los informes de la Corte no lo especifican.
En tercer lugar se ubica el Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia, con un saldo de 480 millones 568 mil 571 pesos.
“Cuando investigamos los fideicomisos del Poder Judicial, vimos casos muy llamativos y hasta cierto punto impúdicos respecto de la forma en como se están manejando los recursos. En la Sala Superior, por ejemplo, se han fundado fideicomisos para el retiro de los magistrados, para pensiones complementarias. Pero hay otros fideicomisos que exceden moralmente el objetivo para un fin lícito y determinado que fija la ley: es inmoral que se haya fundado un fideicomiso para el mantenimiento de viviendas de los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación”, refiere la también titular del Laboratorio de Análisis y Documentación de la Corrupción y la Transparencia de la UNAM.
Añade que, “escarbándole más, encontramos que este fideicomiso incluye el pago de seguros contra riesgos de las residencias, y que el fin lícito y determinado para el cual fue creado es, por ejemplo, el pago del predial, del consumo de agua, teléfono, electricidad. Es excesivo que, en la opacidad que generan estas figuras, se pague el programa de mantenimiento de las residencias de jueces y magistrados”.
Estrategias para evadir la fiscalización
Los fideicomisos son el ejemplo de las estrategias a las que recurren los servidores públicos para evadir la fiscalización y la transparencia, señala Sandoval Ballesteros.
Entre esas estrategias se habría constituido el fideicomiso de las Pensiones Complementarias para Servidores Públicos de Mando Superior de la SCJN, que beneficiaría a los exministros y cuyo fondo asciende a 318 millones 502 mil 31 pesos.
“Es muy opaca no solamente la operación y la administración de los fideicomisos en general, y sobre todo en el Poder Judicial, sino también lo es la forma en la cual se constituyen. Los procesos de constitución son a discrecionalidad de quien maneja los recursos”, dice la investigadora de la UNAM.
Uno de los rubros más onerosos en la Suprema Corte, el de los gastos médicos, también cuenta con su propio fideicomiso. Se trata del Plan de Prestaciones Médicas Complementarias y de Apoyo Económico Extraordinario a los Empleados del Poder Judicial, cuyo saldo ascendía al 31 de diciembre pasado a 117 millones 415 mil 278 pesos.
Sandoval Ballesteros observa que “hay mucha ilegalidad en la forma en que están creándolos y extinguiéndolos: se crean cuando necesitan justificar la existencia de bolsas que tienen los poderes y se declaran extintos cuando hay necesidades políticas”.
El fideicomiso con menos dinero en la Corte es el destinado a la Administración de los Recursos Producto de la Venta de Publicaciones de la SCJN para el Financiamiento de Nuevas Publicaciones, cuyo monto es de 97 millones 900 mil 224 pesos.
Para Sandoval Ballesteros, los fideicomisos son la prueba de ácido de las leyes que se presentan como grandes avances en términos de rendición de cuentas.
La investigadora opina que para transparentar estas figuras, se necesitaría tener una ley general de fideicomisos que establezca, por ejemplo, los montos máximos que se pueden manejar a través de los fideicomisos.
“Es un exceso que los poderes y los órganos autónomos utilicen el presupuesto aprobado por el Congreso para estas figuras y que no tengan límites porcentuales. En cuestiones de educación, salud y seguridad social, no debería de permitirse su uso. La ley debería establecer castigos y penas y tipificar delitos vinculados con la opacidad para que no se esté dependiendo de la buena voluntad.”
Irma Eréndira Sandoval recuerda que el tema central es que ésta es una figura importada del derecho privado que se está aplicando cada vez con mayor profusión en el derecho público.
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