Marta Lamas
MÉXICO, D.F., 11 de marzo.- La reforma que se discute para modificar al artículo 1 de la Carta Magna ha suscitado un debate que calificaría de hilarante si no fuera porque pone en evidencia la ignorancia (¿o tal vez la mala fe?) de un grupo de senadores del PAN. La propuesta de redacción que envió la Cámara de Diputados es: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. La bancada del PAN pidió más tiempo para revisar la redacción, ya que algunos de sus senadores consideraron “inaceptable” el contenido propuesto por los diputados. A la entrega de este artículo todavía no habían resuelto el diferendo que causó escozor: incluir el término “sexuales” para calificar las preferencias.
El presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables en el Senado, Guillermo Tamborrel, dijo que aceptar esa expresión en la Constitución sería como abrir la puerta a los pederastas y los zoófilos: “Tenemos que ser muy prudentes, porque si estamos hablando de parejas del mismo sexo, pues cada quien sus pompis, ¿verdad? Pero que no nos vaya a salir alguien con que prefiere tener experiencias sexuales con niñas de siete años o con animales, con vacas, y que no se le puede discriminar porque está amparado en la Constitución” (Reforma, 24 de febrero). A quien se preocupa por las niñas de siete años habría que recordarle que suelen ser violadas por hombres heterosexuales, frecuentemente dentro de la propia familia, y que los abusos sexuales a menores de edad son delitos que se castigan por ley. Y la zoofilia, poco común con vacas, debería ser perseguida en tanto la Sociedad Protectora de Animales dictamine que éstas mamíferas sufren por ello.
El argumento, si es que así se puede llamar a la sarta de imbecilidades que han dicho éste y otros senadores panistas como Ernesto Saro y Juan Bueno Torio, es que les preocupa la ambigüedad del término “preferencias sexuales”. Por ejemplo, Saro y Bueno dicen que la redacción es excluyente del resto de las preferencias de los ciudadanos, como podría ser la preferencia por un equipo de futbol o de un color para vestir. El senador Bueno Torio trató de justificar: “No es por mochilería, pero queremos que se quite porque la expresión acota o excluye a otras preferencias”. Por su parte, el senador Saro planteó que agregar el término “sexuales” a la palabra “preferencias” genera un ruido innecesario a una reforma de mucha trascendencia. ¿Y cómo querrán entonces que se aluda al tema de la orientación sexual, como “preferencias eróticas” o “preferencias en el contacto de los órganos y orificios corporales”?
El preclaro Tamborrel declaró: “Debemos ser muy cuidadosos para no abrirle la puerta a los degenerados”. ¿Será que el senador desconoce que los degenerados heterosexuales circulan libremente, y que muchos cometen sus crímenes puertas adentro de sus propias casas? ¿O que los degenerados homosexuales se concentran muy protegidos en sacristías y colegios religiosos?
Creer que la heterosexualidad es lo sano y la homosexualidad lo degenerado expresa una brutal ignorancia sobre la conducta sexual humana. Es indudable que existen personas con comportamientos homosexuales enfermos o negativos, como también hay heterosexuales con conductas indignas y patológicas. Pero lo degenerado de un acto sexual no depende de la interacción de cuerpos diferentes o iguales, sino del carácter abusivo o coercitivo que tenga. El problema no es la orientación sexual, en sí misma, sino la manera en que se ejerce. La violación de mujeres por hombres es una práctica aberrante, y sería muy injusto suponer que todos los hombres heterosexuales son violadores en potencia. Sin embargo, para este grupo de panistas parecería que todos los homosexuales son Macieles en potencia. Olvidan que es la relación de mutuo acuerdo y de responsabilidad de las personas involucradas en un acto sexual lo que vuelve sana –y ética– a la relación. Y es un hecho que un menor no puede consentir una relación sexual con un adulto y que, de existir dicha relación, se trata de un delito.
En la agenda de los derechos humanos, el respeto a la orientación sexual es un tema que las naciones democráticas, como las que integran la Unión Europea, promueven y defienden. El conocimiento científico sobre la conducta sexual es lo que ha permitido a los países europeos transformar sus sistemas jurídicos y normativos dando a la homosexualidad el mismo estatuto que a la heterosexualidad. Las democracias europeas garantizan que ninguna persona sea discriminada, perseguida u hostigada por sus prácticas sexuales, al mismo tiempo que castigan delitos sexuales, como la violación, el abuso sexual y la pedofilia. Es inconcebible que esos senadores panistas desconozcan una experiencia tan aleccionadora como la de la Unión Europea.
Mientras se resuelve la controversia, desde la ciudadanía podríamos hacer explícitas nuestras “preferencias” políticas y “ser muy cuidadosos para no abrirle la puerta del Senado a los políticos ignorantes”.
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