MÉXICO, DF, 11 de marzo (apro).- En contraste con las inmediatas reclamaciones de los congresistas estadunidenses por la operación Fast & Furious, que permitió la introducción de casi 2 mil armas a nuestro país de manera ilegal para perseguir a integrantes del crimen organizado, en México se han producido tibios reclamos por la acción injerencista y la evidente violación a la soberanía nacional.
El Poder Legislativo reaccionó una semana después de las revelaciones de un empleado de la Oficina para el Control de Armas, Tabaco y alcohol (ATF, por sus siglas en inglés) y acordó llamar a comparecer al secretario de Gobernación, al director del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y al nuevo administrador general de Aduanas (AGA), José Francisco Blake Mora, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Gerardo Perdomo Sanciprián, respectivamente, pero ¿y la Presidencia de la Republica qué ha hecho?, ¿qué explicación ha exigido?
Hasta el momento lo único que hay son declaraciones contradictorias, pues por un lado Estados Unidos alega que las autoridades mexicanas sabían todo, y de este lado se asegura que no. Ambas posiciones, en lugar de aclarar el tema, han generado más dudas que siguen abonando al escándalo.
Lo cierto es que la operación realizada por la ATF y las demás acciones del resto de las agencias de Estados Unidos en México, nunca han sido nítidas para la población. Y sus prácticas en el país no son nuevas y mucho menos el ingreso ilegal de armas provenientes del vecino país.
Por citar un ejemplo, en 2005, en Sinaloa, autoridades mexicanas detectaron un ¡misil! en manos del crimen organizado; sorprendidos, agentes de la agencia estadunidense antidrogas (DEA) preguntaron a los mexicanos qué hacía arma tan letal en Sinaloa y que en ese momento solo había en Irak; la respuesta fue un simple revire: “No sé, dímelo tú que eres es quien los fabricas”.
Y como éste hay otros hechos en donde las armas ilegales son descubiertas, en donde los agentes norteamericanos actúan bajo la autorización del propio gobierno mexicano y en donde el último enterado es la población.
Por esto resulta difícil creer que las autoridades de nuestro país realmente desconocían lo que estaba ocurriendo con la estrategia Fast & Furious.
Esta no es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos trabaja en México de manera encubierta, así ocurrió con la llamada Operación Casa Blanca, realizada a fines de los años noventa y que acabó con la detención de lavadores de dinero del crimen organizado y de autoridades bancarias del lado mexicano.
Públicamente se dijo que Estados Unidos no avisó a México, pues desconfiaba de la colusión de autoridades mexicanas en el lavado de dinero y las bandas de narcotraficantes. Pero en los altos mandos del país sí se tenía conocimiento de lo que estaba aconteciendo, aunque públicamente se aseguraba que no era así.
Otro ejemplo --y más reciente-- es el de los dos agentes de la Aduana estadunidense (ICE) que estaban trabajando en el país. Como se recordará, el par de agentes fue emboscado en una carretera de San Luis Potosí; uno de ellos murió y el otro sólo tuvo heridas.
La población preguntó qué hacían esos agentes en México, pues se desconocía su presencia, pero las autoridades sí sabían. Sería difícil pensar que no, sobre todo si se toma en cuenta que en esa entidad se encuentra el segundo recinto aduanal mexicano, uno de los más importantes del país y que resguardan las policías de Genaro García Luna, titular de Seguridad Pública federal (SSP). Un lugar en donde se concentra un sinnúmero de mercancía de contrabando inaugurado por Vicente Fox en los últimos meses de su mandato.
La población poco sabe de estas oficinas, como poco sabe de las operaciones de las distintas agencias estadunidenses. Estas actúan en sigilo, pero en muchos de los casos con la autorización de una parte del gobierno mexicano.
Quizá por eso es que el gobierno mexicano ha expresado tibias explicaciones, o quizá por eso las autoridades del vecino país aseguran que en México se tenía conocimiento de la operación Fast & Furious.
Y más allá de la criticada inacción del gobierno federal, habría que preguntarse las razones por las cuales reacciona así; también es momento para saber cuántas operaciones se realizan todos los días en México y por cuáles agencias estadunidenses.
Por cierto, en breve, autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR), SPP, Defensa Nacional y de Aduanas, sostendrán un cónclave con integrantes de la DEA, ICE y FBI en el poblado de El Sauzal, municipio de Ensenada, Baja California; y a las reuniones asistirán algunos legisladores de la Cámara de Diputados.
Dato: Por las aduanas pasa todo. Ejemplo, en el 2000, la hermana del capo Juan García Abrego cruzaba seguido por la aduana de Matamoros con la permisividad de todos, autoridades de Estados Unidos y de México. Y si la hermana del capo de capos de esa época atravesaba las adunas con singular tranquilidad, ¿por qué ahora sorprende que casi 2 mil armas ingresado al país?
Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx
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