MÉXICO, DF, 29 de abril (apro).- La pretensión de sacar a toda costa la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, y legalizar con ello las acciones del sector militar en el combate al narcotráfico, puso de relieve las luchas al interior de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) en sus carreras por la candidatura presidencial.
El aspirante más sonado del PRI, el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto, recurrió a Francisco Rojas para que operara la reforma a la ley y lograr con ello el respaldo del sector castrense.
El diputado Alfonso Navarrete Prida, que durante meses estuvo al frente de la confección de la reforma y quien trabajó junto con los asesores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), retrasó los trabajos debido a que, con cada modificación propuesta por los militares, intentaba salvar que se mantuviera el respeto a los derechos humanos y se evitara la violación a las garantías individuales.
Después de varios meses, y en forma sorpresiva, el trabajo dejó de tener escollos, se apresuró y concluyó el documento.
Al hacerse público, la molestia entre las organizaciones civiles en defensa de los derechos humanos y el malestar de connotados personajes de la vida pública, como el poeta Javier Sicilia o el padre Alejandro Solalinde, dieron la pauta para que la reforma quedara sepultada.
Y es que una primera lectura de los cambios llevaba irremediablemente a ver cómo se le daba potestad al Ejecutivo para hacer uso de la fuerza castrense, casi al libre albedrío.
Sin embargo, en el camino de la discusión, en la semana que concluyó, Peña Nieto, aspirante a la candidatura presidencial del PRI en el 2012, se evidenció como el principal promotor de los cambios en beneficio de los militares.
Aprobar la reforma de seguridad nacional le daría un punto más de ventaja sobre sus principales contendientes.
Del otro lado, el también priista Manlio Fabio Beltrones, otro de los aspirantes presidenciales, quedaba en desventaja, pues la reforma que había logrado en el Senado de la República, y que incluyó notoriamente propuestas de la izquierda, se mandaba al cesto de la basura.
El documento había sido modificado en su esencia.
Así, peñistas y beltronistas se enfrentaron de cara al 2012. Y fue en la Cámara de Diputados, donde en ocasiones parece prevalecer la influencia peñista, que estalló la bomba.
La estrategia de Beltrones fue la paciencia. Y en un golpe de suerte, ante el rechazo de la ciudadanía al nuevo documento que se atribuyó a Peña Nieto, los beltronistas tomaron ventaja.
El PRI se resquebrajó en San Lázaro cuando varios grupos en defensa de los derechos humanos, hombres respetados por su calidad moral, prestigio social y su largo camino en defensa de los más desprotegidos, arribaron a la Cámara de Diputados e increparon a los legisladores; entonces todo se modificó.
La papa caliente en que se convirtió la reforma fue rechazada por el PRI. Los beltronistas aprovecharon y tanto en la reunión de su consejo consultivo como en la plenaria de la fracción, destacaron los negativos efectos electorales que les daría dicha aprobación.
Los peñistas se plegaron ante la avasalladora oposición a la reforma, en tanto que Alfonso Navarrete Prida, autor da los cambios, enfrentó a los medios, asumió los costos y aclaró que él sólo hizo lo que le pidieron: trabajar en una nueva ley de seguridad.
Navarrete Prida salió indemne, no así Peña Nieto, quien ante los ojos de la ciudadanía figuró como el impulsor de una reforma regresiva para la democracia.
Pero del otro lado también se evidenciaron divisiones. En el PAN, Josefina Vázquez Mota y Santiago Creel midieron fuerzas en su lucha por la candidatura presidencia.
Inicialmente, el gobierno federal respaldaba los cambios, y por ello la coordinadora de los panistas en San Lázaro estaba obligada a operar en favor de Felipe Calderón; de lograrlo, quedaría como una persona astuta que habría alcanzado los consensos entre todos los partidos y, por lo tanto, como puntera en la carrera por la candidatura presidencial panista.
En los corrillos de la Cámara de Diputados se comenta que detrás de Vázquez Mota hay grandes aportaciones de dinero que apuestan por ella, y que tiene los recursos suficientes para mejorar su imagen y avanzar como una gran operadora política.
Del otro lado, Santiago Creel, quien ha pedido su apoyo a empresarios y éstos le han dicho que sí pero no cuándo, se encontraba en desventaja total.
Curiosamente, cuando ya nadie quería la papa caliente en que se había convertido la reforma, el diputado Javier Corral, a quien muchos panistas identifican como cercano a Creel, tomó las riendas de la discusión y se ubicó como el más coherente defensor de la ley, de los derechos humanos y, sobre todo, aliado de quienes demandaron abrir el tema a debate antes de aprobarlo.
Con la pelota en sus manos, pues la minuta del Senado fue enviada en primera instancia a la Comisión de Gobernación que Corral encabeza, éste decidió no dictaminar “a bote pronto”, “por imposiciones de arriba” o “por acuerdos entre algunos priistas y algunos panistas”.
Con su negativa a aprobar el dictamen o el documento elaborado por el priista Navarrete Prida, Corral colocaba a resguardo a la Presidencia, que ya no deseaba cargar con más costos políticos luego de que las organizaciones civiles cobraron relevancia y se manifestaron en contra de la polémica ley.
Sin embargo, Corral también rescató al Ejército, que ya no estaba interesado en la reforma luego de los cambios que sufrió el documento de Navarrete Prida y en el que la Sedena había participado activamente.
Corral evidenció la ausencia de eficacia en la operación política de Josefina Vázquez Mota, sepultó la controvertida reforma y colocó a Santiago Creel un paso delante de la líder de los diputados panistas.
Pero Corral también beneficio, indirectamente, al priista Manlio Fabio Beltrones, quien tenía como única salida congelar la reforma cuando ésta regresara al Senado luego de lo que parecía inevitable: que aprobaran y rehicieran su propuesta inicial.
Además, al mantenerse en su posición Corral y lograr frenar el proceso de aprobación, Francisco Rojas --uno de los más interesados en que se aprobara el documento trabajado con la Sedena— hizo quedar mal al grupo peñista.
Fracasada la intentona de Peña Nieto por darle todo a las Fuerzas Armadas, retrocedió unos pasos en su carrera por la Presidencia y pareciera que Beltrones Rivera avanzó en sus aspiraciones rumbo al 2012.
Visto de otra manera, se podría decir que al no aprobarse la ley, uno y otro connotados priistas quedaron “parejos”.
Una certeza sobre los efectos que pudo tener entre los militantes de uno y otro partido sobre lo ocurrido esta semana en San Lázaro, pues no se puede tener. Lo único verdadero es que en este afán por impulsar la reforma, los aspirantes presidenciales pudieron medir sus fuerzas.
Dato: La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aseguró que el 17 de mayo “evaluará” la posibilidad de dictaminar la reforma en un periodo extra; sin embargo, ello difícilmente ocurrirá, pues las campañas electorales en el Estado de México inician el 15 de mayo y seguramente a Eruviel Ávila, el priista que podría suceder a Peña Nieto, no le gustará que el PRD aproveche esta situación para recriminarle en cada acto político que el priismo apoya un Estado militar.
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