Gobernantes, funcionarios e incluso legisladores promocionan su imagen con el presupuesto público de manera impune; para ellos, no existe un catálogo de sanciones. Éste debería incluirse en el reglamento del artículo 134 de la Constitución, que hasta ahora los congresistas no han emitido.
Cuando en noviembre de 2007 se publicó el decreto que adicionaba el artículo 134 constitucional para prohibir la promoción personalizada de los servidores públicos, se estableció que la ley respectiva estaría lista 30 días después. Eso no ocurrió. Por ello, diputados y senadores se encuentran en falta legislativa.
No fue un olvido del legislador, sino un acto premeditado. Así lo reconoció el Instituto Federal Electoral (IFE) en su resolución CG543/2009:
“Fue voluntad del legislador el colocar a las autoridades o los servidores públicos (…) en un ámbito especial dentro del derecho administrativo sancionador electoral, pues respecto de estos entes, el Instituto tiene atribuciones para investigar y analizar si algunas de las conductas desplegadas resultan contrarias a derecho; sin embargo, no previó la posibilidad de que éste, en forma directa, impusiera alguna sanción por tales conductas.”
Diputados y senadores tienen hasta el 4 de julio para cumplir con el mandato constitucional y crear esa legislación. Después de esta fecha, están impedidos por ley a hacer modificaciones a las normas, pues el proceso electoral de 2012 arranca el próximo octubre para elegir al presidente de la República y a los integrantes del Congreso de la Unión. El próximo año, habrá, además, 13 elecciones locales.
De no hacerlo, el modelo electoral se mantendrá vulnerable frente a fenómenos graves, como la injerencia de los poderes públicos en la competencia por el voto, además de provocar un mayor desencanto de los ciudadanos en su democracia.
“El IFE ha resuelto muchos asuntos que se han tornado polémicos por lo difícil que ha sido explicar el porqué no se ha sancionado a los gobernantes y funcionarios infractores; para la opinión pública, eso es impunidad”, asegura el diputado Agustín Castilla Marroquín, representante legislativo del Partido Acción Nacional ante el IFE.
La gama de servidores públicos es muy amplia. Además de los gobernadores, alcaldes, secretarios de Estado, directores de paraestatales y de órganos autónomos y descentralizados, jueces y legisladores, está el presidente de la República, que en los últimos años ha multiplicado el gasto en comunicación social y publicidad de manera excesiva y discrecional.
Según el Presupuesto de Egresos y la Cuenta Pública respectivos, para el ejercicio 2007 se presupuestaron 643 millones de pesos y se ejercieron 1 mil 771 millones; en 2008, pasaron de 998 millones autorizados a 3 mil 461 millones aplicados, y en 2009, de 2 mil 112 millones a 5 mil183 millones de pesos, respectivamente. La recesión no lo ha impedido.
En 2006, último año de la administración de Vicente Fox, se presupuestaron 806 millones y se ejercieron 860 millones; tres años después, en 2009, el gasto en comunicación social y publicidad de la Presidencia de Felipe Calderón aumentó 501 por ciento.
Hasta ahora, los diputados y senadores han sido incapaces de llegar a acuerdos. Al desconfiar entre sí, mantienen el mismo estado de cosas
El priista César Augusto Santiago, presidente de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, asegura, en entrevista, que las propuestas electorales de Felipe Calderón son ocurrencias y éste no tiene voluntad de discutir las iniciativas de los legisladores. Por estas razones, sostiene, “el proceso de dictaminación tiene que ser muy tardado, muy penoso. El presidente de la República no tiene otro objetivo que ver cómo pierde el PRI (Partido Revolucionario Institucional). No busca la salud de la legislación y del sistema electorales”.
Además, el diputado priista no cree necesaria la reglamentación del artículo 134 constitucional. “O seguimos pensando en antivalores, como la desconfianza y la persecución, o hacemos un sistema que esté sustentado en la confianza y en la no persecución de la gente”.
Iniciativas sin discutir
La reglamentación del artículo 134 constitucional es uno de los asuntos más reclamados por el IFE y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque la promoción personalizada es una de las faltas que más comenten los servidores públicos. El tema no se discute en el Congreso, a pesar de que hay iniciativas al respecto.
En diciembre de 2009, el diputado panista Agustín Castilla Marroquín presentó una iniciativa no para reglamentar el artículo 134 constitucional, sino para hacer una adición al artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), con la misma finalidad.
Si bien el legislador, en 2007, contempló oportunamente un cuadro de infracciones en las que pueden incurrir las autoridades o los servidores públicos, omitió el respectivo catálogo de sanciones, comenta en la exposición de motivos.
Las infracciones se centran en faltar al principio de imparcialidad, consagrado en el artículo 134 de la Constitución, cuando se afecta la equidad de la competencia entre los partidos políticos y los aspirantes, precandidatos o candidatos, difundiendo propaganda durante los procesos electorales, en cualquier medio de comunicación social, y utilizando programas sociales y recursos del ámbito federal, estatal, municipal o del Distrito Federal con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato.
El Cofipe establece sanciones específicas para partidos y agrupaciones políticas; aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular; ciudadanos, dirigentes y afiliados a los partidos políticos; cualquier persona física o moral; observadores u organizaciones electorales; concesionarios o permisionarios de radio y televisión, y organizaciones de ciudadanos, sindicales, laborales o patronales. Van de la amonestación pública, multas económicas y reducción del financiamiento, a la cancelación del registro, entre otras.
Pero el Cofipe no toca a los servidores públicos. “Esta laguna jurídica origina que cualquier conducta infractora de la ley comicial simplemente quedará sin correctivo, es decir impune”, señala el documento.
Por tal motivo, el diputado Castilla Marroquín propone en su iniciativa que se penalice al servidor público infractor con amonestación pública, o bien con una multa de hasta 5 mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal: 274 mil pesos.
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