Una larga historia negra

PATRICIA DáVILA

Por lo menos desde 1985, a raíz del secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar y del piloto Alfredo Zavala, Michoacán comenzó a ser el territorio estratégico de los cárteles de la droga. Los capos supieron aprovechar esta ubicación y no sólo cultivaron enervantes, también tejieron alianzas con funcionarios locales para operar con impunidad. Y hoy, pese a que el presidente Felipe Calderón inició en esa su entidad natal su personal guerra contra el narco, Michoacán sigue en manos de las organizaciones criminales.

Por sus amplias comunicaciones marítimas y terrestres que lo conectan con el Golfo de México y el océano Pacífico, así como por sus tierras fértiles para el cultivo de amapola y mariguana, Michoacán se convirtió en el territorio más codiciado por los cárteles de la droga. Sus capos, además, supieron estrechar lazos con cuerpos policiacos, alcaldes, regidores y síndicos para garantizarse impunidad.A partir del secuestro de Enrique Kiki Camarena Salazar, investigador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), en febrero de 1985 en Guadalajara, Jalisco, y cuyo cadáver fue encontrado al mes siguiente en Michoacán, el estado atrajo la atención internacional. Aquel año, desaparecieron Kiki Camarena y Alfredo Zavala, piloto mexicano adscrito a la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH). Sus restos fueron localizados el 6 de marzo en las inmediaciones del rancho El Mareño, en Michoacán. La DEA aseguró que los narcotraficantes Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo fueron los autores de las ejecuciones. Los dos cuerpos estaban enterrados y con huellas visibles de que habían sido torturados.Ese caso evidenció las debilidades del gobierno mexicano y del entonces procurador general de la República, Sergio García Ramírez: John Gavin, embajador de Estados Unidos acreditado en México, no sólo regañó a las autoridades mexicanas encargadas de la lucha contra las drogas por su “ineficacia”, sino que, violando el protocolo diplomático, dio información que se desconocía en nuestro país.“75 jefes importantes controlan el narcotráfico en México, 18 bandas lo manejan; 38% de la heroína que entra en Estados Unidos proviene de este país, operan en México 30 agentes de la DEA que desarrollan la Operación Padrino; la corrupción de funcionarios y policías impide el éxito de las campañas antinarcóticos”, dijo públicamente Gavin.Incluso aseguró que Caro Quintero logró escapar de Guadalajara por la “ineptitud” de los agentes federales y la “connivencia” de agentes de la Dirección Federal de Seguridad (Proceso 436).Esa fue la primera vez que un gobernador, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, protestó por la violación a la soberanía de su estado. Se quejó porque, dijo, el 2 de marzo de ese año 100 agentes del grupo Águila de la Policía Judicial Federal, auxiliados por elementos de la de Jalisco, irrumpieron –sin notificar a las autoridades locales– en el rancho El Mareño en busca de los dos desaparecidos. El enfrentamiento a balazos durante una hora y media con los habitantes dejó cinco muertos.Aquella ocasión, según el comandante Alfonso Velázquez Hernández, fue el capo Miguel Ángel Félix Gallardo quien les dio la pista a los agentes para la localización de los cuerpos de Camarena y Zavala. Según Velázquez Hernández, lo hizo a cambio de protección policiaca; incluso pagó 7 millones de pesos. De ese dinero, el propio Velázquez Hernández entregó 5 millones a Armando Pavón Reyes, comandante encargado del grupo Águila, consignó el reportero Miguel Cabildo en la edición 463 de Proceso.Ramiro Valdés, dirigente del Consejo Nacional Cardenista en Michoacán, aseguró que 60% de las tierras ya se dedicaba al cultivo de mariguana y amapola. De hecho, dijo en aquella ocasión, las cosechas competían ventajosamente con el aguacate, el principal cultivo local. El estado era ya una ruta estratégica en el trasiego de enervantes.
El despliegue militar
Tres años después, en abril de 1988, durante el gobierno de Luis Martínez Villicaña, el municipio de Uruapan era uno de los centros de operación más importantes de la campaña contra el narcotráfico, que supervisaban agentes de la DEA.A su vez, el Ejército puso en marcha la operación Saturno en varios estados de la República, pero con énfasis en Michoacán; desplegó a 20 mil 407 soldados. El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Juan Arévalo Gardoqui, admitió que el narcotráfico era un “problema de Estado”.El titular de la Sedena destacó también que a través del plan Canador –que sustituyó al plan Cóndor puesto en práctica durante la década de los setenta y en el que por primera ocasión los militares se involucraron en el combate al narcotráfico–, el Ejército y la Fuerza Aérea desarrollaban acciones permanentes en las 36 zonas militares del país.Así mismo, se comenzaron a realizar acciones sorpresa “de alta movilidad, contundente intensidad y económicas en fuerza” en todo el territorio nacional, a través de 19 operaciones especiales denominadas Puma, Pantera, Águila, Lechuza, Halcón, Dragón, Centauro y Hércules, esta última se centró en Michoacán.En 1988, Uruapan era un ejemplo del “reflejo fiel de la gravedad del problema de las drogas”, según las autoridades federales. En marzo de ese año, fue descubierto un hipódromo clandestino a 12 kilómetros de ese municipio michoacano. El local, propiedad del narcotraficante Armando Valencia, se ubicaba en la huerta La Tregua, donde se cruzaban millonarias apuestas, mientras una banda de música amenizaba las competencias y los asistentes consumían bebidas alcohólicas importadas. Desde la carretera Uruapan-Carapan se podían observar las camionetas pick up, autos lujosos y remolques que transportaban los equipos, así como a patrullas de la Policía Federal de Caminos que los escoltaban.Un mes después, el municipio de Aguililla, también en Michoacán, cobró fama: de sus 20 mil pobladores, 99% sustituyó la agricultura y la producción de tabique por el cultivo de la amapola y mariguana, reconoció don Francisco Valencia Gómez, del Ejido del Pino, el único que el 25 de abril de ese año se atrevió a denunciar la situación:“Soy el malo del pueblo por no sembrar mariguana, hasta los fundadores del pueblo me propusieron el cultivo, estaban arreglados con el general de la zona militar de Apatzingán… Tengo una lista de 20 muertos de quienes ni acta se levantó. Sus viudas tienen que dejarles a los narcotraficantes sus parcelas al precio que ellos quieren, declaró Valencia Gómez (Proceso 599).En ese caso se relacionó por primera vez a una mujer con el narcotráfico: En el cerro El Borrego se encontró el cuerpo de una joven y el síndico del ayuntamiento, Amador Valencia Sandoval, informó que los vecinos de Aguililla reconocieron el cadáver y aseguraban que se trataba de una narcotraficante.En 1989, ya con Genovevo Figueroa Zamudio como gobernador, el 13 y el 15 de noviembre una veintena de agentes antinarcóticos baleó las casas, golpeó, amenazó y robó las pertenencias de varios habitantes de Aguililla; también les quitaron seis vehículos y detuvieron a una docena de campesinos. Días después, el 21 de noviembre, hubo otro incidente similar en la comunidad Los Sabinos, municipio de Nuevo Trecho. Ahí, a “golpe de metralleta” los agentes detuvieron a siete campesinos y lesionaron a varias mujeres; en Cotija sucedió lo mismo.Y el 31 de octubre de 2000, al dar a conocer los resultados de la operación Milenio, desplegada en Colombia, México y Estados Unidos, la DEA informó que el principal contacto de los narcos colombianos era el michoacano Luis Valencia o Armando Valencia. Tras ese anuncio, llevaron 100 agentes de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS) y cinco fiscales federales a Michoacán. De inmediato comenzaron a investigar a 300 personas de apellido Valencia en los municipios de Uruapan, Apatzingán, Aguililla y El Aguaje. Al final, requisitaron las propiedades de Armando Valencia (Proceso 1211).Los dos primeros años del gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, quien asumió la gubernatura en 2002, quedaron marcados por más de 100 ejecuciones, producto de las disputas por el control territorial entre los cárteles del Milenio, de Juárez, de Tijuana, de Sinaloa y del Golfo.
El reparto
De acuerdo con informes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), el cártel del Milenio, comandado por los hermanos Valencia, fue perdiendo dominio en la entidad, mientras otros, como el de Tijuana, comenzaron a controlar el tráfico de cocaína, mariguana y metanfetaminas en los municipios de Lázaro Cárdenas, Coahuayana, Aguililla, Arteaga y Tumbiscatio.El grupo sinaloense de Los Cawboys cubría las demarcaciones de Tingüindín, Tocumbo, Los Reyes, Azuayo, Jiquilpan, Purépero, Peribán y La Piedad. Otras redes del cártel de Sinaloa tenían su base en Carácuaro, Tacámbaro, Nocupetaro, Villa Madero, Acuitzio y Turicato.A su vez, el de Juárez, tenía a Morelia, Zitácuaro, Huetamo, Jungapeo, Tiquicheo, Tuzantla, Benito Juárez y Susupuato; y los hermanos Amezcua Contreras, llamados Los Reyes de las Metanfetaminas, cuya base estaba en Colima, tenían aliados y operadores en Apatzingán, Tafetán, Tepalcatepec, Ario de Rosales, La Huacana, Buenavista, Tancítaro, Santa Clara del Cobre y Nuevo Trecho.Osiel Cárdenas, del cártel del Golfo, entró a la zona a través de Carlos Rosales, antiguo socio de los hermanos Valencia. La propia PGR informó por aquellas fechas que el capo le asignó a Rosales tres exmilitares del grupo de Los Zetas. Desde entonces, el Ejército y la PGR empezaron a buscar a este grupo armado en Michoacán. El primer indicio de esta alianza se conoció en enero de 2004, cuando un grupo de 50 hombres armados asaltó el penal de Apatzingán y liberó a cuatro sicarios, entre ellos a Nazario El Chayo Moreno, operador del cártel del Golfo, así como a José El Chango Méndez.En febrero de 2004, Cárdenas Batel intentó defenderse: “Yo recibí el estado con las redes del narcotráfico enquistadas desde hace varios años”, dijo a Proceso en aquella ocasión. Y agregó: Es difícil probarlo, pero resultan preocupantes los escándalos de narcopolítica en el estado, pues existen casos de alcaldes o autoridades municipales menores que están bajo sospecha por haber sido financiados con dinero del narcotráfico.Y es que desde 1998 José Antonio García Torres, entonces senador por Michoacán, era mencionado en informes de inteligencia como presunto contacto de los hermanos Valencia y del cártel de Tijuana, que comenzaron a operar en la entidad durante del gobierno de Víctor Manuel Tinoco Rubí (1996-2002). En ese entonces, García Torres era secretario general de Gobierno y fue subprocurador general de la República con Jorge Carpizo (Proceso 1422).Para noviembre de 2005, las ejecuciones se multiplicaron. En sólo 10 meses hubo 75, según la Procuraduría de Justicia del estado; organismos de derechos humanos contabilizaron 86.Y el 13 de julio de 2006 un centenar de agentes federales y elementos del Ejército tomaron las poblaciones de Apatzingán y Buenavista Tomatlán. Más de 200 policías municipales fueron concentrados, desarmados e interrogados por los federales debido a la existencia de evidencias de su cooperación con el cártel del Golfo y sus operadores El Chango Méndez y El Chayo Moreno, a través de Los Zetas (Proceso 1553).Meses después, el 26 de noviembre de ese mismo año, la violencia en Michoacán se recrudeció. Según las estadísticas, se registraron 470 ejecuciones.
La oferta de los capos
En vísperas de la toma de posesión de Felipe Calderón como presidente de la República, el 1 de diciembre de 2006, los cárteles de Sinaloa y del Golfo pretendieron “forzar” con el nuevo gobierno una negociación que les garantizara seis años más de vida impune en el negocio de las drogas, a cambio de “tranquilizarle el país”.Este dato se incluye en un informe del Grupo de Inteligencia de Zona (GIZ), que Proceso consultó. El documento señala que a cambio de “concesiones y libertades” para operar en toda la República el negocio de las drogas, el cártel de Sinaloa –privilegiado en el sexenio foxista– propuso mantener la hegemonía, mientras que el del Golfo buscaba las concesiones que el “gobierno del cambio” le había negado.La oferta del cártel del Golfo cobró fuerza en el último trimestre de 2006, cuando hizo su aparición pública La Familia Michoacana, la cual propuso “limpiar” toda la entidad de grupos de narcotraficantes.De esta manera, el cártel del Golfo y su brazo armado Los Zetas empezaron a enfrentarse con La Federación de Narcotraficantes, integrada por Juan José Esparragoza Moreno, El Azul; Ismael El Mayo Zambada; Ignacio Nacho Coronel; Joaquín El Chapo Guzmán, y los hermanos Beltrán Leyva, quienes se escindieron en abril de 2008 de la organización de El Chapo. Su propósito, según dijeron, era demostrar quién podía poner fin a la guerra entre los cárteles (Proceso 1569).Pese a ello, una de las primeras medidas del gobierno de Calderón fue el anuncio del 11 de diciembre de 2006 de la Operación Conjunta Michoacán para combatir el narco en su entidad natal. Y, en efecto, envió 5 mil elementos, 4 mil 260 eran integrantes del Ejército, así como 131 bases de operación con 30 elementos cada una para erradicar plantíos de enervantes; también se establecieron 24 puntos de control para acotar el tráfico de drogas en territorio michoacano. El equipo contaba con 17 aeronaves de ala fija, 29 helicópteros, 19 binomios calófilos y 246 vehículos terrestres.Pero los resultados fueron magros. En mayo de 2007, el Ejército había acumulado decenas de quejas en la Comisión de Derechos Humanos local. A las tropas se les acusaba de abusos contra la población civil: cateos indiscriminados, torturas, levantones y robos (Proceso 1593).En vísperas de las elecciones del 11 de noviembre de 2007, cuando se renovaron la gubernatura y 113 presidencias municipales, los cárteles del Golfo y de Sinaloa desarrollaron una estrategia para lograr “aceptación social” y ser vistos como grupos benefactores. La medida iba desde la persuasión, hasta el soborno y las amenazas de muerte para quien se negara a colaborar.Un informe de inteligencia elaborado por la PGR, la Sedena y la SSP federal establece que los dos cárteles incorporaron a sus redes criminales a presidentes municipales, síndicos, regidores y tesoreros en por lo menos una veintena de municipios michoacanos, la mayoría colindantes con Guerrero, Colima y Jalisco. Por si fuera poco, ambos grupos financiaron las campañas políticas de al menos 10 candidatos a presidentes municipales, tanto del PRI, como del PAN y del PRD.Debido a sus alianzas, el cártel del Golfo es visto por autoridades civiles y militares como la organización más poderosa en Michoacán. Tiene varias ramificaciones. La Familia, también conocida como La Empresa, controla, entre otros, los municipios de Lázaro Cárdenas, Apatzingán y Buena Vista Tomatlán, vía de entrada a Jalisco y Colima. Justamente en Buenavista Tomatlán llevó al poder al alcalde Fernando Chávez y terminó por ejecutarlo cuando se negó a obedecer las órdenes de la organización.El cártel de Sinaloa, relacionado con el del Milenio, tiene su red de operadores en Turicato, Aguililla y Tepalcatepec. En este último se identifica como cabecilla a Juan Farías, El Abuelo, jefe del grupo conocido como Los Antizetas. El Abuelo, según el informe citado, era el principal enlace del empresario de origen chino Zhenli Ye Gon en la distribución de seudoefedrina y drogas en Michoacán.Esta célula también evidenció aspiraciones políticas: Uriel, hermano de Juan, fue precandidato del PRI a la presidencia municipal de Tepalcatepec, uno de los feudos del grupo. Además, en vísperas de los comicios de 2007, varios candidatos y precandidatos a alcaldes y diputados de todos los partidos eran investigados por la SIEDO por sus presuntas ligas con el narcotráfico y por disponer de dinero sucio, según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEDIC/2006-04. La lista incluía a Antonio Cruz Lucatero, alcalde de Apatzingán y aspirante a la diputación local, por sus presuntos vínculos con el cártel del Golfo (Proceso 1608).

Calderón, silencio cómplice

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

MÉXICO, DF, 15 de mayo (apro).- El escándalo de la Operación Demente para desacreditar las acusaciones del expresidente Miguel de la Madrid pegó, exacto, en el centro del sistema político mexicano corrupto, impune y ajeno, en esencia, a la democracia. La imposición de Carlos Salinas de Gortari en la Presidencia de la República, en 1988, en acuerdo con el PAN, marcó el inicio de una nueva etapa de degradación política del país. Los personajes de entonces son los mismos de ahora. Salinas, Diego Fernández de Cevallos, Emilio Gamboa, Manlio Fabio Beltrones y los pragmáticos panistas con Felipe Calderón a la cabeza. No es casualidad que el padre de Calderón haya renunciado como consecuencia de los arreglos panistas impulsados por Fernández de Cevallos con el PRI.De Salinas a Calderón lo que ha vivido México en materia política tiene que ver más con un pacto de las famiglias mafiosas que con cualquier desarrollo político del país. En ese reparto, por razones propias y externas, la izquierda ha quedado relativamente marginada, pero ha participado de la distribución facciosa del poder.La llegada del PAN a la Presidencia fue más un acuerdo de las elites políticas y económicas que consideraron que el régimen autoritario del PRI ya no se ajustaba para el nuevo siglo. Había que cambiar al partido, no la esencia del sistema político ni sus formas corruptas y autoritarias, propicias a esquilmar, ni los negocios ilegales y el abuso del poder. Eso sí, con el ropaje de elecciones democráticas y con un oportunista y arribista como Vicente Fox que capitalizó el hartazgo social contra el PRI. El propósito de Fox nunca fue el de transformar al antiguo régimen. Por eso nunca pretendió investigar las tropelías del PRI, puestas en primer lugar las graves violaciones a los derechos humanos. Mucho menos buscó un gran pacto político para sentar las bases de una república federal, representativa y democrática, según define la Constitución a este país.Si en 1988 Salinas llegó a la Presidencia con el aval del PAN, con la quema de las boletas de la elección fraudulenta bendecida por Diego Fernández en la Cámara de Diputados, Calderón pudo jurar como presidente en ese mismo lugar en 2006 gracias al respaldo de Beltrones y los priistas que reafirmaron su pacto con el PAN. Como presidentes, ambos nacieron sin legitimidad.Ni el PRI ni el PAN –y siempre en el margen el PRD– están para sanear la vida política de México. A la corrupción y abuso del Pemexgate del PRI le correspondieron las corruptelas y violaciones de Los Amigos de Fox.Al corporativismo sindical del PRI le siguió el lucrativo chantaje político-electoral de la Jimmy Hoffa del sindicato de maestros, como comparó el diario The Wall Street Journal a Elba Esther Gordillo, con el dirigente de los camioneros estadunidenses que a mediados del siglo pasado llegaba a arreglos mafiosos en las negociaciones de su gremio.Al patrimonialismo electoral del PRI le sigue el asistencialismo electoral del PAN. El Fobaproa fue su comunión. La destrucción del IFE, su obra. Su mayoría en el Congreso sólo es parte de los arreglos, no para la rendición de cuentas.No hay un Congreso que someta a una verdadera investigación los abusos e ineficiencias del gabinete y muchos menos para fincar responsabilidades. Si Calderón dice que salvó a la humanidad de la influenza del virus A/H1N1, no hay un solo diputado que se proponga investigar por qué ocurrió la epidemia y, sobre todo, por qué el gobierno federal actuó, alarmado, hasta que se empezó a morir la gente.Ahora enmedio de la crisis que exhibe a unos y a otros, Calderón se queda callado. No sólo por conveniencia electoral, sino porque al abrir la boca se desnuda.Por eso tampoco extraña que el priista Emilio Gamboa, envuelto entonces y ahora en escándalos, haya sido el encargado de la Operación Demente para dejar a su antiguo jefe como un vejete senil que no sabe lo que dice. Y, sin embargo, lo dijo.
Comentarios: jcarrasco@proceso.com.mx

1988: La rebelión domesticada

Porfirio Muñoz Ledo
Bitácora Republicana

Recién apareció un libro esencial para el conocimiento del acontecer contemporáneo del país. “1988: El año que calló el sistema”. Su autora, la noble periodista Martha Anaya. Leerlo es una experiencia estremecedora e imprescindible. Debiera generar un análisis responsable sobre los orígenes inmediatos de la tragedia nacional.
No es un alegato ideológico sino un repaso objetivo y documentado de sucesos que descarrilaron el cambio histórico. El abatimiento de los velos piadosos que han encubierto la enorme traición cometida contra la voluntad popular: el juego suicida entre inercias y mezquindades que ha marcado desde entonces el despeñadero moral de la República.
La obra es una crónica de las jornadas iniciadas el día de la elección y desarrolladas más tarde entre bambalinas, hasta que el sistema recobró el control político mediante la aceptación -interesada o medrosa- de una victoria oficial que nunca existió, por parte de quienes realmente la obtuvieron. Los testimonios de los actores no dejan lugar a dudas sobre las cuestiones a debate.
Ante todo el verdadero resultado de los comicios ¿Cárdenas obtuvo más sufragios que Salinas o sólo quisieron preservar una mayoría holgada para el régimen? Además de que los hechos relatados apuntan inequívocamente en el primer sentido, ninguno de los interrogados afirma que Salinas ganó la elección.
Quien era titular del Ejecutivo dice “portar el sambenito del fraude es penoso pero lo hubiese sido más perder el poder”; “a la izquierda no había ni hay que dejarla llegar”. “Creo que hice bien en impedirlo”. Aunque no haya sido obra de su firmeza, sino de las maquinaciones del beneficiario primordial.
La célebre caída del sistema es más sustantiva de lo que muchos suponen. No fue sólo una decisión de emergencia para evitar la diseminación de cifras abrumadoramente favorables a la oposición en el Valle de México. Derivó también de obstrucciones informativas de los comités estatales, que improvisaban malabarismos para maquillar los resultados en todo el territorio nacional.
El cúmulo de falsificaciones comprobables, el “escalofrío de Los Pinos” descrito por la autora, el desconcierto de la clase gobernante, la perceptible neutralidad del Ejército, la convicción de nuestro triunfo en la opinión internacional y sobre todo el enardecimiento popular, habían creado las condiciones para exigir la nulidad de la elección e impulsar una genuina transición democrática.
Así lo convenimos el 6 de julio en el “Llamado a la legalidad” redactado por Castillo Peraza y por mí. “En caso de que no se reestablezca la legalidad del proceso electoral no aceptaríamos los resultados ni reconoceríamos a las autoridades que provinieran de hechos fraudulentos, por lo que procederíamos a defender los derechos del pueblo mexicano con todas las armas que la Constitución nos otorga”.
Las evidencias de fraude eran mucho mayores a las que cualquier legislación establece para anular comicios y la capacidad de movilización social muy superior a otras que desplomaron regímenes por la vía pacífica. La equiparación con el 68 es desproporcionada y el hipotético “baño de sangre” sólo una excusa a posteriori del desistimiento. No era factible, ni con Atila despachando en Palacio.
Ciertamente, las experiencias previas de Europa mediterránea y el Cono Sur no eran comparables a la nuestra y la erupción del 88 ocurre un año antes del No a Pinochet y dos de la caída del Muro de Berlín. Pudimos ser adelantados de la historia, pero los principales dirigentes carecían de los tamaños para entenderlo. Se requería, como escribió Castañeda, “una visión de largo plazo y la definición precisa de que la meta era la liquidación del sistema”.
Recuerda que entonces le dije: “si dejamos que el chaparrito se recupere y reagrupe sus fuerzas, no nos lo quitamos de encima”. Así sucedió y la derecha se instaló en el poder durante dos decenios para ejecutar un programa radicalmente opuesto al plebiscitado por el pueblo. El desastre acaecido hasta hoy es nuestra responsabilidad por omisión y la pequeñez de algunos apenas se distingue de la complicidad.
Afirma De la Madrid que, al entrevistarse secretamente con su contrincante, Cárdenas admitió la derrota: “aceptó la victoria de Salinas en los hechos; se sentó con él a negociar”. A cambio de ninguna ventaja política comprobable, ya que todas fueron a las alforjas de Acción Nacional. Para acá reservaron la represión y finalmente el desprecio.
No imagino a los conspiradores de Querétaro negociando en la sombra posiciones con el virreinato ni a los maderistas o constitucionalistas enviando en la batalla mensajes subterráneos de retirada. Para infortunio de nuestra generación, los héroes no se dan en maceta ni la grandeza es un bien heredable.