Emisor Oriente, adjudicación directa por 15.5 mil MDP a Carlos Slim e ICA

La Comisión Nacional del Agua adjudicó nueve contratos para la construcción del Túnel Emisor Oriente, que implican más de 15 mil 500 millones de pesos, sin convocar a licitaciones públicas. Entre los beneficiarios están Grupo Carso –propiedad del empresario Carlos Slim– e Ingenieros Civiles Asociados. José Miguel Guevara Torres, funcionario de la Conagua, “justifica”: “No vamos a estar haciendo concursos limpios y transparentes en lo que la gente se está ahogando”. Para la Auditoría Superior de la Federación, hay irregularidades en el uso del presupuesto de ese proyecto, que en total ascenderá a 19 mil 500 millones.

Isabel Argüello

Carso Infraestructura y Construcción (propiedad del empresario Carlos Slim), Ingenieros Civiles Asociados (de Bernardo Quintana Isaac), Construcciones y Trituraciones (de Enrique Lavin Higuera), Constructora Estrella (de Pedro López Vázquez) y Lombardo Construcciones (de Adrián Lombardo Aburo) son las cinco empresas beneficiadas con contratos directos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para la construcción del Túnel Emisor Oriente.

Sin licitación de por medio, el consorcio integrado por esas compañías recibió nueve ajudicaciones directas de la dependencia que encabeza José Luis Luege Tamargo. Esos contratos implican, cuando menos, 15 mil 618 millones 992 mil 988 pesos, de los 19 mil 500 millones que han sido presupuestados para la obra.

La supuesta justificación de las adjudicaciones fue que sólo así se podría concluir el Túnel en 2012 y disminuir el riesgo inminente de inundaciones en el Distrito Federal; el argumento fue aprobado por las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Función Pública (SFP), así como por la Auditoría Superior de la Federación.

Además, 131 millones 715 mil 123 pesos se han destinado a consultoría, promoción y difusión del Túnel. Estos contratos fueron firmados entre el 14 de mayo de 2008 y el 30 de mayo de 2011. Incluyen asesorías y supervisión técnica administrativa; spots en televisión; renta de salones, mobiliario, equipo de audio y video para eventos; traducción y subtitulaje de videos institucionales; gorras y plumas, de acuerdo con datos obtenidos del Portal de Obligaciones de Transparencia.

José Miguel Guevara Torres, coordinador general de Proyectos Especiales de Abastecimiento del Agua Potable y Saneamiento del Valle de México, en entrevista con Contralínea justifica la adjudicación directa al consorcio Constructora Mexicana de Infraestructura Subterránea (Comissa), integrado por Carso Infraestructura y Construcción, Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Construcciones y Trituraciones, Constructora Estrella y Lombardo Construcciones.

“Hasta la lumbrera cinco, estamos haciendo el Túnel en lodo. Aquí tenemos arcillas mosmorinolitas. ¿Quién ha hecho túneles en el Valle de México? ¿Quiénes hicieron el Túnel Emisor Central? Compañías mexicanas. Además, ¿cuánto tiempo toma un concurso internacional? Nueve meses. Si la obra no se empezaba hoy en la tarde se nos colapsa el otro túnel y se nos inunda la Ciudad [de México]; las pérdidas serían inconmensurables. No vamos a estar haciendo concursos limpios y transparentes en lo que la gente se está ahogando.”

La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público establecen que las dependencias y entidades podrán adjudicar de manera directa cuando peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor.

La Auditoría Superior de la Federación, órgano coadyuvante de la Cámara de Diputados, revisó el gastó de 1 mil 952 millones 531 mil 900 pesos destinados a la adquisición de maquinaria y construcción del Túnel Emisor Oriente ?auditoría financiera y de cumplimiento 09-0-16B00-02-0315 y de inversiones físicas 09-0-16B00-04-0767?. Las conclusiones se integran en el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009.

Antecedentes del Túnel

José Miguel Guevara Torres relata que el expresidente Ernesto Zedillo pactó con el Banco Interamericano de Desarrollo y con el de Cooperación Internacional de Japón un crédito para impulsar un proyecto en materia hidráulica; sin embargo, Cuauhtémoc Cárdenas, recién electo jefe de Gobierno del Distrito Federal, se negó a firmar el convenio, por lo que “el fideicomiso que creó Zedillo se quedó sin ruedas (sin dinero)”, reitera.

El Fideicomiso 1928 es operado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, a través de la Comisión Nacional del Agua. Se ha financiado, principalmente, por el pago del agua en bloque de los ciudadanos del Distrito Federal.

José Luis Luege Tamargo, titular de la Comisión, presentó al presidente Felipe Calderón el Programa de Sustentabilidad Hídrica de la Cuenca del Valle de México, con aportes del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Colegio de Ingenieros Civiles.

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Privatizan créditos a contratistas de Pemex y CFE

Los contratos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Petróleos Mexicanos (Pemex) son el principal objetivo de muchos grupos de poder dentro y fuera del país porque concentran la mayor parte del Presupuesto de Egresos de la Federación relacionado con obra pública.

Miguel Badillo *

En México, el Grupo Carso de Carlos Slim –a través de la constructora Impulsora del Desarrollo Económico de América Latina– y el Grupo ICA (Ingenieros Civiles Asociados) han buscado mantener el liderazgo y participación en el mercado de los contratistas del sector energético, aunque la competencia de multinacionales es constante y depredadora para las compañías mexicanas, como muestra el caso de Bufete Industrial, que ya desapareció.
Los contratos que otorgan las paraestatales Pemex y CFE también han sido motivo de ambición y luchas internas de grupos vinculados a influyentes políticos. Se trata de un gran tesoro con un flujo constante y seguro que se administra de manera independiente a la crisis económica del país.

Pemex, por ejemplo, planea invertir un promedio anual de 369 mil millones de pesos durante los próximos nueve años, y será entre 2012 y 2014 cuando se registren los niveles más altos de ese flujo de recursos. Mucho de este dinero, por supuesto, irá a parar a los bolsillos de funcionarios comisionistas que otorgan contratos a intermediarios y empresarios corruptos.
Además, los contratistas de la paraestatal petrolera aún esperan inversiones por 8 mil millones de dólares para la refinería que se localizaría en Tula, Hidalgo. No sólo eso, las modificaciones a la legislación de la industria petrolera permitirán que Pemex aplique esquemas más flexibles y eficientes para la contratación de servicios a través de licitaciones públicas.

Así, se esperan millonarios contratos para Chicontepec y las aguas profundas del Golfo de México. Sin embargo, la corrupción y la falta de transparencia han caracterizado, en muchos casos, el ejercicio de estos recursos, y esa situación parece que no va a cambiar.

Hasta ahora, sin embargo, no se había formalizado la participación privada en el financiamiento del mercado de contratistas del sector petrolero. Ése es otro gran negocio que hace a muchos frotarse las manos.

La banca comercial, al menos los seis principales bancos del sistema, había concentrado la mayor parte de los créditos que necesitan los contratistas de Pemex y la CFE para cumplir los compromisos con estas paraestatales.
En medio de este escenario, surge la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) Navix, que, siendo un intermediario no regulado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, participa en el mercado del financiamiento de contratistas de Pemex con más de 60 millones de pesos, y que hace unos días obtuvo de las Afores, de los fondos de pensiones de los trabajadores mexicanos, al menos, 4 mil millones de pesos.

El nombre de Navix y de los fondos internacionales que la acompañan en la operación que se cerró a través de la Bolsa Mexicana de Valores pasaría prácticamente desapercibido si entre sus directivos y fundadores no figurara Gonzalo Gil White, hijo del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, el funcionario que impulsó, casualmente, la aprobación de la figura de las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles) –que después se convirtieron en Sofomes–, con el objetivo de impulsar los créditos para el sector productivo ante las restricciones que aún enfrentaba la banca múltiple en sus políticas de financiamiento.

Las Sofomes han surgido como hongos bajo la lluvia y las señales de alerta comienzan a encenderse ante problemas de cartera vencida. En Navix, además, participa como socio minoritario Citigroup, que controla Banamex y que, en teoría, debería otorgar créditos al sector petrolero de forma directa.
Pero, volviendo al caso de las Sofomes, el propio exgobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, ha encendido la alarma sobre la presencia de actividades vinculadas con el lavado de dinero que utilizan estos intermediarios no regulados.

La cartera vencida de estas entidades también preocupa a las autoridades porque han encontrado en los créditos con descuento a nómina de gobiernos municipales y estatales un negocio seguro, pero con pocos controles de riesgo. Allí está el caso de los problemas que enfrentaron varias Sofomes que otorgaron créditos al gobierno del Distrito Federal y que, ante los retrasos en las participaciones federales, enfrentaron problemas para cobrar los préstamos otorgados.

Llama la atención que Gonzalo Gil White, socio de Navix y quien en su currículo destaca su experiencia en Goldman Sachs y en Equity Group Investments, la compañía de inversión del financiero Sam Zell, haya decidido participar en el mercado de créditos para el sector petrolero a través de una Sofom.

Él mismo reconoció ante la prensa que esta figura permite una mayor flexibilidad frente a las políticas tradicionales de la banca. Pero, además del sello de Gil Díaz en la figura que escogió la intermediaria y fondo de su hijo para participar en el sector petrolero, destaca otra coincidencia: la creación de un fideicomiso como el elemento central de la operación. Se trata del Fondo Inversión en el Sector Energético, en el cual para otorgar créditos a los contratistas de Pemex y la CFE, deben depositar derechos de tesorería que garanticen el cobro y el seguimiento de las inversiones. El equipo de Gil White tendrá derechos de tesorería para vigilar que se cumpla el contrato comprometido y que se apliquen de forma efectiva los préstamos otorgados.

*Periodista

Privatizan créditos a contratistas de PEMEX y CFE

*Privatizan créditos a contratistas de PEMEX y CFE
*Hijo de Francisco Gil Díaz, al frente de la operación
*Navix, el nuevo prestamista del sector energético.

Miguel Badillo

Los contratos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (PEMEX) son el principal objetivo de muchos grupos de poder dentro y fuera del país porque concentran la mayor parte del Presupuesto de Egresos de la Federación para obra pública.
En México, el Grupo Carso de Carlos Slim, a través de la constructora IDEAL, así como el grupo ICA han buscado mantener su lugar y participación en el mercado de los contratistas del sector de la energía aunque la competencia de multinacionales ha sido constante y depredadora para muchas compañías mexicanas.
Han desaparecido, de hecho, empresas como Bufete Industrial. Los contratos de PEMEX y CFE también han sido motivo de ambición y luchas internas de grupos ligados con influyentes políticos.
Se trata de un gran tesoro con un flujo constante y seguro que se administra de manera independiente a lo que suceda con la economía del país. PEMEX, por ejemplo, planea invertir un promedio anual de 369,000 millones de pesos durante los próximos nueve años y será entre 2012 y 2014 cuando se registren los niveles más altos de ese flujo de recursos.
Además, los contratistas de PEMEX aún esperan las inversiones por 8,000 millones de dólares para la refinería que se localizaría en Tula, Hidalgo. No sólo eso, las modificaciones a la legislación de la industria petrolera permitirán que PEMEX aplicara esquemas más flexibles y eficientes para la contratación de servicios a través de licitaciones públicas. Así, se esperan millonarios contratos para Chicontepec y las aguas profundas del Golfo de México. Sin embargo, la corrupción y la falta de transparencia han caracterizado, en muchos casos, el ejercicio de estos recursos y esa situación promete no cambiar.
Hasta ahora, sin embargo, no se había formalizado la participación privada en el financiamiento del mercado de contratistas del sector petrolero. Ese es otro gran negocio que hace a muchos frotarse las manos.
La banca comercial, al menos los seis principales bancos del sistema, habían concentrado la mayor parte de los créditos que necesitan los contratistas de PEMEX y CFE para cumplir los compromisos con estas paraestatales.
En medio de este escenario, surge la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM), Navix, que siendo un intermediario no regulado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), participa en el mercado del financiamiento de contratistas de PEMEX con más de 60 millones de pesos y que hace unos días obtuvo de las AFORES, de los fondos de pensiones de los trabajadores mexicanos, al menos 4,000 millones de pesos.
El nombre de Navix y de los fondos internacionales que la acompañan en la operación que se cerró a través de la Bolsa Mexicana de Valores pasaría prácticamente desapercibido si entre sus directivos y fundadores no figurara el nombre Gonzalo Gil White, hijo del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, el funcionario que, desde la SHCP, impulsó, casualmente, la aprobación de la figura de las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOLES) – que después se convirtieron en SOFOMES – con el objetivo de impulsar los créditos para el sector productivo ante las restricciones que aún enfrentaba la banca múltiple en sus políticas de financiamiento. Las SOFOMES han surgido como hongos bajo la lluvia y las señales de alerta comienzan a encenderse ante problemas de cartera vencida. En Navix, además, participa como socio minoritario Citigroup, que controla Banamex y que, en teoría, debería otorgar créditos al sector petrolero de forma directa.
Pero volviendo al caso de las SOFOMES, el propio ex gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, ha encendido la alarma sobre la presencia de actividades vinculadas con el lavado de dinero que utilizan estos intermediarios no regulados.
La cartera vencida de estas entidades también preocupa a las autoridades porque han encontrado en los créditos con descuento a nómina de gobiernos municipales y estatales un negocio seguro pero con escasos controles de riesgo. Allí está el caso de los problemas que enfrentaron varias SOFOMEX que otorgaron créditos al gobierno del Distrito Federal y que, ante los retrasos en las participaciones federales, enfrentaron problemas para cobrar los préstamos otorgados.
Fideicomiso, el sello de Gil

Por eso llama la atención que Gonzalo Gil White, socio de Navix y quien en su currículo destaca su experiencia en Goldman Sachs así como en Equity Group Investments, la compañía de inversión del financiero Sam Zell, haya decidido participar en el mercado de créditos para el sector petrolero a través de una SOFOM.
Él mismo reconoció ante la prensa que esta figura permite una mayor flexibilidad frente a las políticas tradicionales de la banca. Pero, además del sello de Gil Díaz en la figura que escogió la intermediaria y fondo de su hijo para participar en el sector petrolero destaca otra coincidencia: la creación de un fideicomiso como el elemento central de la operación, se trata del Fondo Inversión en el Sector Energético (FISE), en el cual, para otorgar créditos a los contratistas de PEMEX y CFE, deben depositar derechos de tesorería que garanticen el cobro y el seguimiento de las inversiones. El equipo de Gil White tendrá derechos de tesorería para vigilar que se cumpla el contrato comprometido y que se apliquen de forma efectiva los préstamos otorgados.
La estructura de un fideicomiso permite a Navix adquirir derechos sobre los recursos obtenidos vía el mercado de valores pero también diseñar reglas convenientes para no enfrentar mayores responsabilidades en caso de incumplimiento de los contratistas. Una de las advertencias que se hace a los inversionistas – los trabajadores cuyas SIEFORES decidieron invertir en Navix – es que, en caso de problemas o retrasos en los contratos con PEMEX o CFE, no se pagarán intereses moratorios.
El llamado FISE, en sus documentos públicos enviados a los inversionistas del mercado de valores, asegura que busca optimizar la relación riesgo-rendimiento en inversiones con proyectos en el sector energético. El esquema que Navix ha diseñado permite – de acuerdo con la promesa hecha a los inversionistas – hacer más eficiente el impacto fiscal, brindar transparencia respecto de la utilización de recursos y reducir las pérdidas potenciales mediante la captura de la utilidad esperada del proyecto.
No sólo eso, durante el periodo de revolvencia, FISE advierte que, una vez que cuente con un portafolio de créditos cedidos por los contratistas lo bastante robusto, con financiamientos cuya amortización se encuentre entre 9 y 60 meses, podrá bursatilizar la totalidad o parte del portafolio de créditos cedidos con el objeto de buscar incrementar los rendimientos del vehículo. Navix promete en el largo plazo – más de 20 años – un rendimiento mínimo de 16 por ciento mientras otros fondos de inversión prometen al menos 25 por ciento con un riesgo mucho menor.
Además, hasta ahora este tipo de operaciones estructuradas – incluyendo procesos de bursatilización – no son muy comunes en el mercado mexicano y vigilar el riesgo, para velar por los recursos de los trabajadores depositados en sus pensiones, podría representar una operación altamente riesgosa.
En la aventura de Gonzalo Gil White, lo acompañan Carlos E. Williamson, director ejecutivo de Originación de Navix, quien trabajó en Videovisa, Coronado, Televicentro así como José Antonio Cañedo, quien fue director de Banco de Inversión de Nafin.
Navix presume también su red de clientes y contactos desarrollados por su equipo durante los últimos ocho años, lo que le permitirá generar un flujo constante de prospectos y transacciones. Adicionalmente, dice, ha implementado un sistema de identificación dentro del cual se encuentra la construcción de una base de datos de compañías que participan activamente en licitaciones de PEMEX y CFE. Su objetivo son contratos por al menos 6,000 millones de pesos.

¿De dónde viene Navix?

La historia que públicamente da a conocer Navix se remonta a septiembre de 2007 con la alianza entre Axis Capital Management (AXIS), Eton Park Capital Management y Stara Investments. AXIS es una firma de inversión privada fundada en 1990 especializada en inversiones de capital de riesgos y en el diseño y ejecución de estrategias financieras de alta complejidad con más de 10,000 millones de dólares en operaciones completadas.
En 2002, AXIS identificó que a pesar de la estabilización de la economía mexicana y la creciente penetración del sistema financiero, existía una importante brecha entre la oferta y la demanda por financiamiento en México, particularmente para las empresas pequeñas y medianas, donde la mayor parte del financiamiento provenía de fuentes no bancarias, principalmente proveedores.
Por ello, AXIS decidió involucrarse de manera más activa, en calidad de agente, en el diseño de financiamientos estructurados que eran fondeados de manera independiente a través de la red de relaciones con diversos fondos e instituciones, principalmente internacionales, que el equipo de AXIS fue construyendo a lo largo de los años.
Fue en 2005, dice Navix en el prospecto de colocación, en respuesta la creciente demanda, principalmente de compañías en la industria petrolera que requerían de mayor agilidad en la ejecución de financiamientos, que AXIS constituyó una serie de vehículos especializados con recursos de inversionistas privados, nacionales y extranjeros que le permitieron canalizar recursos a esta industria de manera sistemática, conforme a los cuales no sólo era responsable de la originación y estructuración de los financiamientos sino también de la administración y monitoreo de los mismos.
AXIS obtuvo compromisos de fondeo por aproximadamente 475 millones de dólares que se han utilizado para financiar más de 570 millones de dólares en proyectos dentro de la industria petrolera logrando además que ninguno de ellos, a la fecha, ha presentado quebranto.
En 2007 AXIS decidió canalizar todas sus operaciones de financiamiento estructurado a través de una compañía independiente que tuviera una base sólida de capitalización creando así a Navix que se asoció con Eton Park Capital Managemente, que administra inversiones por 14,000 millones de dólares.
Después se incorporó Stara Investments, un fondo basado en Winsconsin con 17 años de experiencia y 10,000 millones de dólares en activos bajo manejo.
A mediados de 2008 y a pesar de la crisis por la que atravesaban la mayor parte de las instituciones financieras en el mundo, Navix logró firmar un programa de cofinanciamiento con Citigroup por 250 millones de dólares, el cual continúa operando exitosamente. A raíz de esta operación Citigroup decidió adquirir una participación minoritaria y pasiva en el capital de Navix. Al 15 de octubre de 2010, Navix ha participado en más de 45 proyectos en el sector energético los cuales tienen en promedio un valor de 62 millones de pesos. Las oficinas de Navix están ubicadas en Poza Rica, Veracruz, Villahermosa, Tabasco, Monterrey, Guadalajara, Puebla. Sin embargo, más allá del discurso corporativo, al interior de PEMEX observan con interés la amistad de Francisco Gil Díaz con el director de la paraestatal, Juan José Suárez Coppel.

Oficiodepapel@yahoo.com.mx

En 4 años Pemex registró 215 fugas de hidrocarburos en Tabasco ....

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No habrá seguridad en la pobreza

Manuel Bartlett
A más de la mitad de su mandato, Calderón rebautiza el programa dominante de su gobierno, lo llama “Lucha por la Seguridad Pública”. Combatir el narcotráfico no es el objetivo, dice, sino la seguridad de los ciudadanos. En dos planas profusas que difunde con su firma, explica desde las Causas del Problema hasta Conclusiones. En sólo tres líneas menciona: “Otras causas sociales: la falta de oportunidades, educativas, laborales y de esparcimiento para los jóvenes en algunas ciudades del país los hace susceptibles de ser presa de las organizaciones criminales”. Afirma por ahí: “Otra realidad que encontramos al inicio de mi gobierno fue la imperante necesidad de recomponer el tejido social dañado por la delincuencia” y pone como “un claro ejemplo de esta estrategia Todos Somos Ju�.. [+] Ver mas

Las vísperas de lo infame

Jorge Lara Rivera
El hipócrita doble discurso de la administración federal prosigue. Proliferan promocionales en prensa, espectaculares, spots radiofónicos y televisivos del régimen, autoelogiándose para apuntalar conjuntamente a la Iniciativa México el espejismo y allanar a cómplices suyos el camino de las próximas elecciones. La proclividad del Ejecutivo panista a dar uso sectario a instituciones gubernamentales y criminalizar a conveniencia con recursos y aberraciones jurídicas (“arraigo”/condena previa, “delación”/denuncia anónima, “testigo protegido”/mercenario colaboracionismo delincuencial) cuya autorización obtuvo, presionando con su fracasada y desorganizada guerra al narco y el crimen organizado (que ya perdió hasta el nombre: “Lucha por la Seguridad Pública”) queda evidenciad.. [+] Ver mas

Publicidad mata ejecutados

María Teresa Jardí
La frivolidad del usurpador Calderón sería graciosa si no fuera para los mexicanos tan trágica. Gastando una millonada en publicidad, pagando a extranjeros una carretada de dinero mal gastado del erario, dinero escatimado a los pobres que son los mayormente asesinados, hasta piensa Calderón con la frivolidad que en todo lo acompaña, que va a lograr ejecutar a los cientos de miles de ejecutados producto de la limpia que manda otro claro mensaje, por estos días, al pueblo mexicano. El pueblo mexicano ha sido condenado a ser adicto por el fascismo panista, al que le tocó ser cabeza de la derecha entreguista a lo largo de este sexenio infame, que a México adentra en el fondo del abismo sin salida posible sin una guerra de imprevisibles y seguramente lamentables consecuencias. Destructora.. [+] Ver mas

Saludable muestra de congruencia

Guillermo Fabela Quiñones
Una saludable y alentadora muestra de congruencia la dio el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, al rechazar la versión oficial emitida por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República, con respecto al trágico suceso que costó la vida de dos menores de edad en un retén ubicado en Ciudad Mier, Tamaulipas, ocurrido el 3 de abril de este año. Con base en pruebas periciales, demostró que fueron soldados los que dispararon contra el vehículo de la familia Almanza Salazar, quienes además alteraron la escena del crimen para zafarse de la responsabilidad en que incurrieron en un incalificable abuso de sus atribuciones. En conferencia de prensa, el titular de la CNDH hizo pública la recomendac.. [+] Ver mas

Para no variar, más de fútbol

Gilberto Balam Pereira
Doble moral de la industria del entretenimiento Nadie está contra el fútbol. Pero sí contra la comercialización y la política depravadas, como sus referentes. Valen la pena rescatar los comentarios que hacen el día de hoy jueves dos asiduos colaboradores de POR ESTO!: dos Cervera: Al técnico Javier Aguirre le fue como en feria. Jorge Cervera Ramírez dice: “a Javier Aguirre no lo bajaron de traidor, charlatán, vendido, mentiroso, estúpido, irresponsable y corrupto. Ahora bien –continúa Cervera–, yo les pregunto ¿habrá alguien en México, alguna figura pública (sea de deportes, política, espectáculos) que pueda tirar la primera piedra? ¿Alguien que compruebe haber cruzado el lodazal sin mancharse?... sinceramente lo dudo. (A Aguirre) le dijeron: ‘tienes que hacer .. [+] Ver mas

Profuso, difuso y confuso informe sobre seguridad

Conjeturas
Alvaro Cepeda Neri
Sabido es que toda intervención, discurso (que le hace un joven de apellido Ledo) y documento, que dice y suscribe el señor Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (su ahora enemigo a muerte y “nuevo periodista” también lleva lo de Jesús y es Manuel de Jesús Espino Barrientos, ex policía en Sonora y vividor de la politiquería), como a todos los inquilinos de Los Pinos (inquilinos de a gratis), se los redacta un equipo dedicado a esta actividad. Éste, hoy está bajo las órdenes de la poderosa Jefa de la Oficina Presidencial: Patricia Flores. No pocas ocasiones los que actuaron como presidentes se han salido del guión (Fox lo hacía y dijo un montón de babosadas) metiendo la pata. Calderón lo hace muy seguido. En los periódicos (domingo 13 de este junio), a dos planas (lo .. [+] Ver mas

Guerra suicida

CAMPECHE, Cam. 17 de junio.- El ex presidente nacional del PAN, Manuel Espino Barrientos, responsabilizó al espurio e ilegítimo Felipe Calderón Hinojosa, de las más de 23 mil muertes acumuladas en lo que va de su sexenio ante “la guerra fallida en contra del narcotráfico” al mismo tiempo que alertó “de que está en riesgo la presidencia del país”, para Acción Nacional, por la inconformidad de millones de mexicanos por la política que se desarrolla. Durante su estancia en Campeche para presentar su libro “Volver a empezar”, se declaró “soy uno de los convencidos en este país, de que la estrategia del gobierno federal de combate al crimen organizado debe de darse, sigo felicitando al presidente por el valor de haber emprendido esta batalla en contra de los criminales en México”. Lo que no p.. [+] Ver mas

Vergonzoso e indignante

CAMPECHE, Cam. 17 de junio.- Vergüenza e indignación provoca a los indígenas del Estado la imposición del ex diputado panista Eudelio Hinojosa Rebolledo como delegado de la Comisión para el Desarrollo de los pueblos Indígenas (CDI) en Campeche, mismo que reconoció públicamente desconocer la Ley de los Pueblos Indígenas, y que no cuenta con ninguna experiencia para dirigir a tan importante sector de Campeche. Así lo aseguró el dirigente estatal del Frente Campesino Independiente “Emiliano Zapata” (Freciez) Luis Antonio Che Cu, quien aseguró que tras la destitución arbitraria y por conveniencias políticas del antiguo delegado, se encuentran los intereses y conveniencias políticas de la federación, a fin de preparar el terreno para el proceso electoral del 2012. El líder del Freciez subrayó que a .. [+] Ver mas

Revolución de conciencias en Los Chenes

HOPELCHÉN, Cam., 17 de junio.- Tras afirmar que se han creado y conformado comités de apoyo al movimiento de Andrés Manuel López Obrador, en 30 de 37 comunidades del municipio, la delegada del Partido Convergencia en Los Chenes, Selene del Carmen Campos Balam, señaló que a través de esas representaciones comunitarias han dado a conocer las políticas erróneas del espurio Felipe Calderón, los cuáles son reforzadas con el periódico Regeneración, además que luchan por una revolución de conciencias. “Estamos visitando todas las comunidades, en donde hemos conformado los comités y brigadas que se han comprometido con el movimiento de AMLO; estamos repartiendo mensualmente el periódico Regeneración que en su momento y en los tiempos de revolución fue el único medio de comunicación que se tuvo para dar.. [+] Ver mas

A empresarios panistas, contratos por 37 mil MDP

Las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón benefician a empresarios afiliados al Partido Acción Nacional con más de 37 mil 600 millones de pesos mediante nueve Proyectos de Prestación de Servicios licitados en las secretarías de Salud y de Comunicaciones y Transportes. Los esquemas de negocios implican una deuda pública a pagar en más de 20 años. La fiscalización de la Cuenta Pública 2008 revela incumplimientos de los empresarios en los contratos; además, censura que la deuda millonaria no fuera consultada ni aprobada por el Congreso de la Unión, como lo ordena la Constitución.

Érika Ramírez

El gobierno federal endeuda a México con más de 37 mil 600 millones de pesos. Los compromisos se asumieron a través de nueve Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), esquemas de financiamiento firmados entre la iniciativa privada y el gobierno federal. La deuda tardará en cubrirse más de dos décadas y fue adquirida sin el consentimiento del Congreso de la Unión durante el periodo 2005-2008.

Bajo el pretexto de ampliar la infraestructura hospitalaria de la nación, en la Presidencia de Vicente Fox se inició este esquema de negocios en el sector salud, mismo que se amplió a la construcción de tramos carreteros y, también, contempla la edificación de una universidad en San Luis Potosí.

Luego de la fiscalización de hospitales regionales y unidades de especialidades médicas del Bajío y de Ciudad Victoria, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo observaciones por incumplimiento de contratos y la “no” incorporación de los montos comprometidos en la deuda pública del país.

Ya en 2007, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados alertó sobre los “problemas latentes” que atraen las también llamadas asociaciones público-privadas. Destaca en su informe CEFP/019/2007: “El costo del financiamiento de la infraestructura pública, a través de un PPS, podría ser superior al del esquema tradicional de deuda pública”. Es decir, contrario al discurso oficial, al país le resulta más caro “invitar” a la iniciativa privada a invertir en la construcción de obra pública y prestación de servicios.

En un primer esquema de promoción de estos vehículos de financiamiento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) –entonces a cargo de Francisco Gil Díaz– proyectó llevar a cabo 11 esquemas, de los cuales, tres serían desarrollados por las secretarías de Salud, siete más por la de Comunicaciones y Transportes, y uno por la de Educación Pública, según muestra el portal de internet oficial.

Sin embargo, la Secretaría de Salud indica que los PPS podrían incrementarse hasta en 10 institutos de salud. Los mismos deberán acabar su concurso de licitación al final de la segunda administración panista, bajo el plan México 2030, Proyecto de Gran Visión (Contralínea 171), firmado por Felipe Calderón Hijonosa.

Hospitales “especiales”

Documentos oficiales muestran que los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón suman ya un adeudo en el sector salud por 18 mil 481 millones 181 mil 500 pesos. La cifra engloba la firma de contratos para la construcción de tres unidades hospitalarias en Guanajuato, Ciudad Victoria y Estado de México.

Los contratos fueron asignados a la trasnacional española Acciona para el Hospital Regional de Alta especialidad (HRAE) Bajío; Infraestructura Hospitalaria del Noreste –propiedad de las familias Mariscal Servitje y Mariscal Torroella, quienes aportaron más de 2 millones de pesos al Partido Acción Nacional–, el HRAE Ciudad Victoria; así como a Constructora y Edificadora GIA+A, Constructora Hispánica, y Eductrade, el HRAE de Ixtapaluca. Los dos primeros merecieron observaciones del máximo órgano de fiscalización del país.

En marzo de 2009, Contralínea documentó que la “primera etapa” de administración de los PPS puso en marcha la construcción del HRAE Bajío. El 7 de noviembre de 2005, la Secretaría de Salud (Ssa) –entonces a cargo de Julio Frenk Mora– firmó el contrato 00012004-005, por 3 mil 130 millones 874 mil 400 pesos, con la trasnacional española.

Sin embargo, el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008, elaborado por la ASF, revela que el contrato se modificó el 25 de enero de 2007 y duplicó el monto inicial. A los más de 3 mil millones se le sumaron otros 4 mil 617 millones 684 mil pesos, lo que implica que el compromiso ascendió a 7 mil 748 millones 559 mil pesos. El mismo tiene vigencia hasta el 30 de enero de 2031.

Incumplimiento de los Servitje

Otro de los contratos auditados por la ASF fue el que firmó la administración de Felipe Calderón con quienes financiaron su campaña en 2006: los Mariscal Servitje y Mariscal Torroella. El proyecto de Prestación de Servicios HRAE de Ciudad Victoria, Tamaulipas, que costará al erario más de 4 mil millones de pesos; monto que deberá liquidarse hasta el 11 de julio de 2032.

A través de la empresa Infraestructura Hospitalaria del Noreste, los accionistas de grupo Bimbo obtuvieron el contrato 00012003-009-06, que concursó en una licitación pública internacional.

El compromiso, pactado entre la Ssa y los empresarios, fue incumplido “al no poner en operación la totalidad de las áreas que conforman el HRAE en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y no exigieron que el inversionista proveedor suministrara e instalara el equipamiento médico necesario”.

Pese a que el 10 de enero la Ssa certificó la terminación de los trabajos, la dependencia a cargo de Córdova Villalobos “no utilizó los recursos económicos con eficiencia y eficacia para satisfacer los objetivos del proyecto, debido a que no ha puesto en operación la totalidad de las áreas que conforman el HRAE”, indica la ASF.

Del hospital de atención especializada no se pusieron en servicio las áreas de “anatomía patológica, medicina física y rehabilitación, medicina nuclear, oncología, radioterapia, quimioterapia, y braquioterapia, y parcialmente consulta externa y hospitalización con 20 camas, cuatro camas en terapia intensiva y dos de la unidad de cuidados intensivos”.

Concesiones por 19 mil MDP a militantes del PAN

Empresas ICA (Ingenieros Civiles Asociados) es una de las principales compañías que conforman los consorcios “ganadores” de los PPS carreteros. Estos esquemas licitados por la SCT rebasan un “adeudo” por 19 mil millones de pesos.

Informes del financiamiento de campaña en 2006 del Partido Acción Nacional (PAN) muestran que los accionistas de ICA, militantes del blanquiazul, aportaron recursos por más de 4.5 millones de pesos a la campaña de Felipe Calderón Hinojosa, en la contienda presidencial de 2006.

La compañía liderada por Bernardo Quintana Isaac se ha dedicado a la construcción de obra pública desde 1947, cuando su padre Bernardo Quintana Arrioja inició el negocio. Ésta ha firmado alianzas con Desarrolladora de Proyectos de Infraestructura, Controladora de Operaciones e Infraestructura y FCC Construcción, para obtener la concesión de cuatro de los seis PPS carreteros.

De los hermanos Bernardo, Alonso y Diego Quintana Kawage, Diego es el que aportó más recursos al PAN en 2006: 2 millones 790 mil pesos. Integrante del Consejo de Administración de ICA e hijo de Quintana Isaac, el empresario hizo los depósitos al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) los meses de enero, junio, julio y septiembre de ese año electoral, como muestra la Relación personalizada de aportaciones de militantes del PAN en efectivo 2006 (cuya copia posee Contralínea).

El nieto del fundador de ICA aparece en el Consejo de Administración como director de la Unidad de Negocios de Vivienda desde 2004. También es vicepresidente y miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara Mexicana de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda.

Contratos al margen de la ley

Además de los contratos a través de los esquemas PPS, las administraciones panistas han licitado siete proyectos carreteros, concesionados a la iniciativa privada por más de 20 años. La cifra total de este compromiso suma 19 mil 202 millones de pesos mediante seis tramos carreteros.

El informe de la Cámara de Diputados explica que los PPS carreteros son una concesión otorgada a través de una licitación pública, que le garantiza al concesionario la adjudicación del contrato de prestación de servicios. Éste establece la asociación entre la SCT y la empresa privada para diseñar, financiar, construir, mantener y operar una carretera; el plazo del mismo va de 15 a 30 años.

De los seis proyectos licitados (de un total de siete programados) la ASF fiscalizó en la Cuenta Pública el “tramo carretero Querétaro-Irapuato”, que comprende 3 mil 628 millones de pesos. Concedido hasta por 20 años, el pago del contrato fue administrado como gasto corriente.

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Discutamos México, pero en serio

Álvaro Delgado

MÉXICO, D.F., 18 de enero (apro).- Al grito de “es un privilegio ser mexicano”, Felipe Calderón anunció este lunes el lanzamiento para este mítico 2010 de una serie de radio y televisión denominada “Discutamos México”, que además de ser otro estandarte propagandístico de su gobierno, evoca al “Celebremos México” de Televisa, en 2005, que proclamaba “el orgullo de ser mexicano y la conciencia de lo nuestro”.
Este programa de Calderón, que está a cargo del precandidato presidencial, Alonso Lujambio, aparentemente rivalizará con el que diseñó este año Televisa para su propio negocio, “Estrellas del Bicentenario”, pero no puede haber riña si ambos están instalados en la lógica de anteponer el folclor a las ideas, que en todo caso son las del elenco compartido de “intelectuales”.
¿Se abordarán en los 150 programas que se transmitirán a lo largo del año la corrupción y la impunidad desde el poder público? ¿Será capaz la alta burocracia calderoniana de auspiciar el debate sobre la adulteración del voto popular y el tráfico de la miseria en las elecciones? ¿Podrán los televidentes y radioescuchas conocer cómo se integran, a la manera de la mafia, las instituciones del Estado? ¿Se discutirá sobre conflictos de interés, tráfico de influencias y fortunas al amparo del poder? Veremos.
Mientras tanto, es oportuno contar aquí una historia justamente de complicidades entre prominentes personajes del Partido Acción Nacional (PAN) y empresarios, bajo los auspicios del gobierno de Calderón, pero también la correspondiente lección de dignidad para echar abajo esa deleznable trama.
Es, en realidad, una doble historia: Una de contubernio y otra de vergüenza social.
Resulta que, en violación al derecho constitucional de tránsito y al propio título de concesión --otorgado de por sí con irregularidades--, el gobierno de Calderón privatizó 28 kilómetros de una autopista federal en Jalisco para beneficiar a una empresa vinculada a panistas, entre ellos el jefe delegacional Demetrio Sodi y el diputado federal Mario Alberto Becerra Pocoroba.
Se trata de la carretera Barra de Navidad-Tampico, en cuyo tramo Lagos de Moreno-San Juan de los Lagos la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) autorizó a la empresa Red de Carreteras de Occidente (RCO) instalar una caseta para cobrar 47 pesos a cada uno de los miles de vehículos que usan la vía.
La decisión enfureció a la población de los municipios de los Altos de Jalisco, no sólo porque viola el libre tránsito que consagra la Constitución, sino porque la propia concesión otorgada a la empresa ECO no incluye ese tramo ni la instalación de la caseta de peaje, porque además no existe una ruta alterna como lo ordena la ley.
El contubernio entre la SCT y la empresa ECO amenazaba dañar todas las actividades productivas de la región y a los más de seis millones de peregrinos que anualmente visitan San Juan de los Lagos, el segundo santuario religioso más importante de México.
“No permitiremos esta arbitrariedad”, advirtieron los afectados en un desplegado que se publicó en el diario capitalino Excelsior, el jueves 7, que unió a diez alcaldes, diputados locales y federales de todos los partidos, así como representantes de los sectores productivos y la Iglesia católica, que condenaron tal privatización por la “afectación sin precedentes en nuestras vías de comunicación, al turismo, a nuestra economía y a nuestra dignidad”.
Apenas el martes 12, una comisión de autoridades y productores alteños, que incluyó al rector del Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara, Roberto Castelán, se reunió en la Ciudad de México con Oscar de Buen, subsecretario de Infraestructura de la SCT, a quien le advirtieron de la irritación de los habitantes y de un conflicto que ponía en riesgo el tejido social.
Justo cuando estaba en curso la organización de acciones de resistencia civil pacífica, la SCT en Jalisco emitió la noche del jueves 15 un comunicado para dar a conocer que, “por el momento”, no se instalaría la caseta de cobro que se tenía previsto comenzaría a funcionar este 15 de enero.
Esta determinación de la SCT fue una victoria inobjetable de la sociedad alteña que, sin embargo, no depone su alerta por la latente privatización de la autopista federal que, además, ha dejado al descubierto un contubernio de la empresa con el gobierno de Calderón y figuras del PAN.
Uno de ellos es el director de la empresa constituida por la constructora mexicana Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y la estadounidense Goldman Sach Infraestructure Partners, Demetrio Sodi Cortés, hijo de Demetrio Sodi de la tijera, delegado panista en Miguel Hidalgo y excandidato a jefe de Gobierno del Distrito Federal en 2006, a cuyo cargo se prevé que se postule en 2012.
Otro es el apoderado legal de RCO, Mario Alberto Becerra Pocoroba, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y amigo de Calderón desde que éste era estudiante de la Escuela Libre de Derecho.
Fue justamente Sodi el que nombró representante legal a Becerra Pocoroba, el 24 de junio de 2009, menos de dos semanas antes de las elecciones del 5 de julio, y tal nombramiento se formalizó ante el Registro Público de la Propiedad el 20 de julio, ya siendo diputado plurinominal electo del PAN.
Otro dato: Uno de los principales accionistas y directivos de ICA, Diego Quintana Kawage, es militante del PAN desde el 17 de agosto de 2006.
Por supuesto, este señor es libre de militar en el partido político que le dé la gana, pero no pasa desapercibido que tal militancia concite sospecha de obtener privilegios mediante el tráfico de influencias, cuya hipótesis se actualiza en el caso de Becerra Pocoroba.
Busqué a este diputado el propio jueves 15 y a través de su secretario particular, Martín Vivanco, negó ser apoderado de la empresa RCO y que el que tenía esa condición era el despacho de su propiedad, pero al decirle que tenía en mi poder el documento que hacía constar tal condición, contenido en el Registro Público de la Propiedad, me pidió tiempo para consultar.
Vivanco me comunicó que Becerra Pocoroba era, en efecto, apoderado legal, pero aclaró: “Ese poder no ha sido utilizado por mi jefe en un asunto judicial”.
--¿Pero sigue siendo apoderado?
--Sí, sigue siendo apoderado.
Tal cual.
Apuntes
Carlos Lara González es un panista serio, de los pocos que se han ocupado del trabajo cultural. Fue líder juvenil en Jalisco, donde fue diputado local, y es autor de numerosos estudios sobre la fuerza de las ideas en los orígenes del PAN, en particular en el terreno de las artes. De él es este párrafo: “El cierre de la Oficina externa de la Misión Permanente de México ante la UNESCO es una grave incongruencia, no sólo del gobierno de México, cuya relación histórica con el organismo ha sido más que destacada, sino en particular del gobierno del presidente Calderón, según se puede leer en los Principios de Doctrina del PAN, en la plataforma política 2007- 2012 y el Programa Nacional de Cultura vigente.”
Comentarios: delgado@proceso.com.mx

Adjudicará Pemex dos grandes contratos a empresa más cara y sin experiencia

Y segun el gobierno espurio la produccion ha bajado......se le esta dando a empresas transnacionales sin reportar un peso al gobierno mexicano.
*Saipem no acredita capacidad técnica, mientras Samsung hizo la oferta más baja

*Se trata de la construcción de dos plantas desulfuradoras en las refinerías de Tula y Salamanca

Israel Rodríguez

Petróleos Mexicanos (Pemex) se apresta a adjudicar de manera directa el contrato para la construcción de dos plantas desulfuradoras en las refinerías de Tula y Salamanca, para elaborar gasolinas con ultra bajo azufre (UBA), a la empresa Saipem, pese a que la oferta de ésta es superior en 50 millones de dólares a la formulada por la compañía Samsung, que presentó la cotización más baja.
El contrato, por 458 millones de dólares (unos 6 mil millones de pesos), sería el primero de gran magnitud adjudicado por la paraestatal bajo la dirección de Juan José Suárez Coppel. El Instituto Mexicano de Auditoría Técnica (IMAT), testigo social del proceso licitatorio designado por la propia paraestatal, concluyó que la asociación de Sainmexicana /Saipem “no acredita el requerimiento de experiencia y capacidad técnica establecido en las bases de licitación”.
Esta obra permitiría a Pemex cumplir con la norma oficial mexicana (NOM) 086 Semarnat-Sener para la elaboración de combustibles limpios, que se prevé puedan distribuirse en el territorio nacional a partir de 2014 .
El 11 de septiembre de 2008 Pemex emitió la convocatoria pública internacional para la ingeniería, procura y construcción de dos plantas desulfuradoras de gasolina en las refinerías Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo, e Ingeniero Antonio M. Amor, en Salamanca, Guanajuato. Estas plantas tendrían una capacidad de elaboración de 30 mil y 25 mil barriles diarios de gasolinas, respectivamente, con un máximo de 10 partes de azufre por millón.
Tortuoso proceso
En el concurso se inscribieron cinco consorcios: la coreana Samsumg, que ofreció un precio de 408 millones de dólares; la italiana Saipem, con 458 millones; Ica-Fluor Daniel, con 508 millones; Isolux-Jantesa, con 530 millones, y ACS-Dragados, con una oferta de 550 millones de dólares.
Después de un tortuoso proceso que incluyó diversas vistas al lugar de la edificación, 17 juntas de aclaraciones y la presentación de propuestas y diferimientos para dar el fallo, Pemex resolvió declarar desierto el concurso por considerar que ninguna de las propuestas reunía los requisitos técnicos ni económicos. Posteriormente Saipem e ICA decidieron seguir un proceso de inconformidad en junio de 2009 ante la Secretaría de la Función Pública, el cual fue desechado.
La organización no gubernamental Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, en sus conclusiones y recomendaciones sobre el proceso identifica diversas inconsistencias y señala: “La entidad (Pemex) no tuvo lista toda la información técnica relativa a esta licitación en el momento de la publicación de la convocatoria, lo que originó que se hicieran muchas modificaciones a dicha información, generando un proceso licitatorio de casi siete meses de duración, con el consecuente desgaste tanto de la entidad como de los licitantes que participaron. Se recomienda, para licitaciones futuras, tener toda la información completa antes de la publicación de la convocatoria, en aras del mejoramiento de la planeación de los procesos de licitación”.
Abunda: “El alto número de preguntas, así como la naturaleza de las mismas, indica, en opinión del testigo social, que no hubo una preparación en detalle de las bases de licitación, a pesar de que existió un tiempo razonable para la preparación de las mismas. Para futuras licitaciones se recomienda una revisión exhaustiva de las bases de licitación antes de proceder a su publicación”.
El dictamen de la dirección corporativa de ingeniería y desarrollo de proyectos de Pemex recomienda la adjudicación directa del contrato a Saimexicana-Saipem, pese a tener un precio 50 millones de dólares superior a la oferta más competitiva y no acreditar la experiencia y capacidad técnica necesarias.