“Prometedor”, el saqueo de minerales en México: Economía

La secretaría responsable de fortalecer la economía del país y contribuir a su crecimiento confiere a las mineras trasnacionales el rol de detonar un futuro prometedor para el país. En contraste, la industria extractiva no ha generado los mecanismos de desarrollo necesarios, como se observa en las 26 entidades en las que la minería es la principal actividad; en todas ellas, la pobreza y las bajas tasas de empleo son evidentes.

Nydia Egremy

Información pública en el sitio web de la Secretaría de Economía (SE) describe que la minería se ha convertido en un “motor para el desarrollo de la economía nacional”. Actualmente, dice, las acciones del gobierno, combinadas con el potencial minero reconocido a nivel mundial, deparan “un futuro prometedor en cuestión de mejora para la industria, para la inversión y más y mejores empleos. Para que vivamos mejor”.
La dependencia indica que el sector minero contribuyó a la “conservación y generación de más de 290 mil empleos el año pasado”. Tan sólo en el primer mes de 2008 se reportó la creación de 5 mil 600 empleos, aunque explica que, después de cuatro años consecutivos de incremento en los niveles de empleo, durante 2008 se registró una caída del 0.8 por ciento anual, “reflejando el fin del auge en el sector”.
No obstante, la SE añade que el potencial geológico del subsuelo de México cuenta con un “escenario favorable”, pues actualmente México es el país con mayor potencial minero del mundo, sobre todo en extracción de plata, cobre y oro.
De acuerdo con las estadísticas –actualizadas a junio de 2009– sobre exploración minera que proporciona la Dirección General de Promoción Minera a través de la Dirección de Promoción de Proyectos, las empresas con capital extranjero en la industria minera provienen de los cinco continentes. Son, según los datos oficiales, 14 países los que “tradicionalmente” han tenido, como México, una amplia experiencia en la industria minero-metalúrgica y de exploración de minerales que están expandiendo su desarrollo y así satisfacen la demanda mundial de metales.
El Resultado del análisis de la información obtenida sobre las empresas con capital extranjero que invierten en la minería, de la SE, refiere que existen 263 empresas con capital extranjero operando actualmente en el país, y manejan un portafolio de 677 proyectos en total. De ese universo de empresas, 198 tienen sus oficinas centrales en Canadá (que equivale al 75 por ciento), 39 en Estados Unidos (15 por ciento), siete en el Reino Unido (3 por ciento), cinco en Australia (2 por ciento), tres en Japón (1 por ciento), China y Corea cerca del 1 por ciento, con dos empresas cada una, y Suiza, Luxemburgo, Chile, India, Italia, Holanda y Perú figuran con una empresa respectivamente.
Las actividades extractivas de esas firmas internacionales se despliegan por todo el territorio mexicano a lo largo de 26 estados: Sonora, 163 empresas; Chihuahua, 101; Durango y Sinaloa, 73 empresas, respectivamente; Zacatecas, 50; Jalisco, 41; Oaxaca, 32; Baja California, Nayarit y Guerrero, 15 empresas por estado; Guanajuato, 11; Michoacán y San Luis Potosí, 12 cada uno; Chiapas, nueve; Coahuila, ocho; Estado de México, Baja California Sur y Colima, siete, respectivamente; Puebla, seis; Nuevo León y Querétaro, cinco por entidad; Hidalgo, tres; Morelos, Tamaulipas y Veracruz, dos.
Del total de proyectos operados por empresas con capital extranjero en México, unas 621, el 85.38 por ciento, están en la fase de exploración (578); el 8.27 por ciento ya está en producción; 15 proyectos, en etapa de desarrollo, que representan el 2.22 por ciento, y 28 proyectos, que representan el 4.14 por ciento, en postergación (o stand by), para su posterior activación hasta que sea “financieramente razonable”.

Metales preciosos
La información de la SE indica que “aproximadamente” 434 de esos proyectos mineros están asociados con metales preciosos, oro y plata, que corresponden al 64 por ciento; 122 son polimetálicos (18 por ciento); 88 están asociados al cobre (13 por ciento); 23 al hierro (3 por ciento); y 10 proyectos a metales y materiales como germanio, cobalto, titanio, molibdeno, bismuto, antimonio, niquel, tungsteno, zeolita-chabazita, barita, pórfidos, wollastonita, roca fosfórica (2 por ciento). Sin embargo, señala la dependencia, en la mayoría de los casos, estos minerales son considerados como subproductos o asociados con los minerales metálicos.
En el rubro de inversión minera, la SE afirma que en el periodo de enero a agosto de 2009 “se ubicó en 1 mil 819 millones de dólares”, lo que significa 16.6 por ciento menos que la registrada en igual periodo de 2008.
Por su parte, el Anuario estadístico de la minería mexicana 2008 de la SE, cuya responsabilidad editorial corrió a cargo de la Coordinación General de Minería, la Dirección General de Minas y la Dirección General de Promoción Minera, explica que este sector acumuló dos años con variaciones anuales negativas; “evolución que se originó de la combinación de una acentuada disminución de la minería petrolera”, en respuesta a un volumen decreciente en la extracción del crudo, así como de incrementos modestos de la minería no petrolera, sector que “registró un crecimiento de 1.5 por ciento en 2008”; aunque en el último trimestre registró una tasa negativa de crecimiento en el Producto Interno Bruto debido a la recesión.
Este documento informativo agrega que el valor a precios corrientes de la producción de la minería mexicana ampliada alcanzó los 117.84 mil millones de pesos, monto que representó un incremento de 2.3 por ciento en relación con el año anterior. La inversión en el sector alcanzó un monto total de 3 mil 656 millones de dólares, cifra superior en 69.6 por ciento a 2007.

El carpetazo a Pasta de Conchos

ARTURO RODRíGUEZ GARCíA

SAN JUAN DE SABINAS, Coah., 6 de octubre (apro).- El secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, quien estos días protagoniza una nueva escaramuza con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), busca ahora cerrar otro frente abierto: el caso Pasta de Conchos, al que considera "expediente cerrado", en sintonía con los empresarios de Grupo México.
Sin embargo, al decretar el carpetazo en Pasta de Conchos, tanto Grupo México como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) involuntariamente pusieron de relieve engaños y maniobras para evadir las exigencias de justicia de los deudos de los 65 mineros fallecidos en ese filón.
Así lo consideran deudos y activistas, quienes en principio refutan las aseveraciones de Xavier García de Quevedo, presidente de la subsidiaria Industrial Minera México (IMMSA), el que, entre otras cosas, hace una semana sostuvo que la mina se encuentra "colapsada".
Cristina Auerbach Benavides --activista defensora de las familias desde el 19 de febrero de 2006, cuando se registró el siniestro--, ironiza:
"El viernes 25 de septiembre la mina amaneció colapsada, según García de Quevedo. Es una buena noticia, porque primero dijeron que estaba inundada y pululaban en su interior virus de VIH, salomonela, tuberculosis y otros patógenos. Luego dijeron que tenía tanto gas, que éste salía por la bocamina. Todos esos riesgos finalmente fueron descartados al afirmar que la mina se encuentra colapsada, es decir, derrumbada, ¡qué alivio!".
En un principio IMMSA justificó sus negativas de recuperación de cuerpos al alegar que la mina se encontraba llena de gas, o que éste era tanto que salía por la bocamina, o que el socavón se encontraba repleto de patógenos.
Sin embargo, todos esos pretextos se derrumbaron desde el 20 de marzo de 2007, luego de la recuperación de dos de los 65 cadáveres, cuya autopsia por cierto reveló que murieron por estallamiento de vísceras y no por la explosión, como se sostuvo en un primer momento.
A lo largo de 79 meses, los deudos y el colectivo Familia de Pasta de Conchos (FPC) presentaron pruebas que respaldaban la posibilidad de rescatar los 63 cuerpos que aún yacen ahí y, con ello, la puesta en marcha de un peritaje confiable para saber qué ocurrió y, en su caso, procesar a los responsables.
Sin embargo, sus esfuerzos han enfrentado la negativa de la empresa y de la STPS, cuyo titular, Javier Lozano Alarcón, inclusive ha protagonizado enfrentamientos verbales con viudas y activistas, a los que ha descalificado en declaraciones y comunicados oficiales.
Así, las maniobras de la empresa y la STPS se han caracterizado por falsear informes y hacer lecturas parciales de dictámenes y conclusiones, llevados a cabo por terceros y organismos internacionales, para intentar cerrar en definitiva el socavón.
Es el caso del dictamen emitido por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, presentado en septiembre de 2007, que concluía que para el rescate era necesario "reponer las condiciones de seguridad de la mina", observación que Lozano Alarcón interpretó un "ingreso imposible" al socavón.
En febrero pasado, la FPC difundió un video grabado en el interior de la mina, con el que se demostró la existencia de condiciones para el rescate, así como la ausencia de gas.
Auerbach destaca que "ahora la nueva versión de IMMSA es que la mina está colapsada, lo cual quiere decir que no hay gas, no hay inundación ni patógenos, sólo derrumbes. Tendrán que preparar una nueva mentira", acota.
"Lectura parcial" de estudio de la OIT
Entre los intentos de Grupo México y la STPS por interpretar a su antojo estudios, peritajes e investigaciones, destaca el de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que conoció durante tres años el caso Pasta de Conchos y concluyó que, por acciones y omisiones, el gobierno mexicano no hizo lo necesario para evitar la muerte de los 65 mineros.
También concluyó que las medidas adoptadas por el gobierno federal después del accidente, así como la admisión de acciones y omisiones antes de éste, constituyen un reconocimiento tácito de que el caso es representativo de la forma en que se aplican las leyes en la minería del carbón.
Sin embargo, para el gobierno mexicano "el caso está cerrado" y la lectura es otra.
En un comunicado del 27 de marzo, la STPS informó que el comité tripartito de la OIT "no hace responsable al gobierno mexicano" de ese ni otro accidente y que, por la información que aportó, dio prueba de las acciones tomadas después del accidente.
En entrevista el pasado 15 de abril con Apro, el titular de la STPS, Javier Lozano Alarcón, insistió en la versión de que las conclusiones sólo apuntan a que el accidente se produjo por razones imputables a la empresa IMMSA, y a los servidores públicos involucrados, quienes ya fueron inhabilitados por la Secretaría de la Función Pública.
"La obligación de tener condiciones adecuadas de seguridad e higiene le corresponde a los patrones. Y lo que haya ocurrido por negligencia, por el lado de la empresa, y por otro de las autoridades inspectoras, fue el que por alguna razón, si no del todo certera, aquello que pudo haber provocado la ignición o la explosión eso es algo que no sabremos", dijo.
Lozano Alarcón insistió en que es imposible saber qué motivó el siniestro y agregó:
"Como llevamos las conclusiones del Servicio Geológico Mexicano, que maneja dos hipótesis de lo que pudo haber ocurrido, le parecen suficientemente amplias y satisfactorias (a la OIT) esas explicaciones, y (son) claramente imputables a la empresa por las condiciones que prevalecían en ese momento".
En efecto, el comité tripartito de la OIT, integrado para analizar el caso, determinó que no se puede hacer absolutamente responsable al gobierno mexicano del accidente, pues hasta el momento se desconocen sus causas.
Empero sobre IMMSA revela que ni siquiera contaba con un médico ni con planes de contingencia.
Agrega que los responsables de supervisar la mina no fueron consecuentes con las recomendaciones e incumplieron el marco legal:
"El gobierno de México no hizo todo lo que razonablemente podía esperarse que hiciera para evitar o reducir al mínimo los efectos devastadores del accidente", se detalla en el informe GB 304/14/8.
El reporte también establece la responsabilidad del gobierno mexicano en 25 de 27 reclamaciones relativas a la violación de varias disposiciones de los convenios 150 de la OIT, sobre la administración del trabajo; 155, sobre seguridad y salud de los trabajadores, y 170 sobre los productos químicos, todos ellos ratificados por México.
Incluso en la información suministrada por el gobierno mexicano, con signada en el boletín de la STPS del 27 de marzo anterior, se asume una especie de 'autoimputación' en varios puntos.
Por ejemplo, en sus alegatos, el gobierno mexicano informó que al momento de ocurrir el accidente contaba con cinco inspectores de seguridad en la región, y los reclamantes afirman que había dos.
Aunque el comité no da la razón a ninguna de las partes, establece en el párrafo 72:
"El comité considera que la decisión adoptada por el gobierno luego del accidente, de reforzar la inspección del trabajo en Coahuila con siete nuevos puestos, de los cuales seis se asignaron a la Oficina Federal del Trabajo de Sabinas, genera dudas sobre si, previo al accidente, esa oficina contaba con suficientes recursos en cuanto a plazas de inspectores del Trabajo".
Además, en el párrafo 66 del reporte de la OIT, el comité advierte que toma nota de la información proporcionada por el gobierno mexicano, pero se limita a analizar las condiciones que prevalecían hasta el momento del accidente, conclusión contraria a la expuesta por Lozano Alarcón.
Cadena de agresiones
Con la aseveración de Xavier García de Quevedo, de que IMMSA es propietaria de la mina y de la planta lavadora de carbón que ahí se ubica, se desenmascaró la compra de las instalaciones que motivaron un desalojo violento el 31 de julio pasado, en el que resultaron heridas dos viudas y un menor.
Detrás del operativo de desalojo y de la pretensión por reiniciar operaciones, a pesar de la suspensión de la concesión por parte de la Secretaría de Economía, apareció el exdirector de Petróleos Mexicanos y exgobernador de Coahuila, Rogelio Montemayor, protagonista principal del famoso caso de corrupción conocido como el Pemexgate.
Con la protección de 60 policías estatales, un grupo de trabajadores ingresó ese día al predio minero, ante la inconformidad de los deudos de los mineros que permanecieron a la expectativa y mantuvieron una guardia en el acceso.
Sin embargo, la incursión se concretó cerca de las nueve de la mañana, cuando un contingente compuesto por 40 guardias privados y 40 trabajadores, hizo un hueco en la malla ciclónica para evadir el bloqueo de los deudos en el acceso principal.
Más tarde, a las 11:30, unos 60 policías estatales y ministeriales resguardaron a los trabajadores, repeliendo a viudas y deudos, a empujones, para dejarlos fuera del recinto y aislarlos, resultando lesionados la viuda Rosa Mejía y César Ríos, hermano de un trabajador fallecido ahí.
Hasta entonces la presencia de Montemayor Seguy no había destacado de manera abierta, pero por esos días afirmó en diferentes ocasiones que su empresa, Transportes Signum SA de CV, había adquirido la planta lavadora.
Sin embargo, luego del desalojo se supo que la planta lavadora fue adquirida por Industrial de Carbón Signum SA, en la que son accionistas Rogelio y Salvador Montemayor García, hijos del exdirector de Pemex.
Precisa Auerbach: "Según ellos, su empresa adquirió la planta lavadora mediante una licitación privada, pero cuando revisamos los nombres, nos dimos cuenta que esa razón social no se encontraba entre las cinco empresas que participaron en el concurso, pues ni siquiera existía".
Más aún, la sociedad de los hermanos Montemayor García apenas fue registrada el 29 de junio pasado, pero su padre, Rogelio Montemayor, ya se había ostentado desde marzo como dueño, a través de Transportes Signum.
La inconformidad de las familias, sostiene Auerbach, consiste en que la Secretaría de Economía emitió una suspensión definitiva en ese lote minero, lo que abarca tanto a la obra extractiva como al aprovechamiento de la maquinaria e instalaciones.
"Pretender ampararse en el alegato legaloide de que lavar carbón no forma parte del proceso de explotación del mineral y que, por tanto, la suspensión definitiva decretada por la Secretaría de Economía no incluye lavar carbón. Se trata de un recurso ruin, propio de IMMSA, para justificar su negligencia, violencia y ausencia de ética", subraya.
Las gestiones de Rogelio Montemayor para operar la planta ubicada en el predio de Pasta de Conchos incluyeron reuniones con el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, quien acompaña a las familias de mineros.
Tanto Vera López como la organización FPC han denunciado que, para lograr su objetivo, Montemayor hizo ofertas económicas a las familias y, ante la negativa de éstas, pasó a las amenazas y el hostigamiento.
Al respecto, Auerbach destaca:
"Nada nuevo: su maraña de mentiras lo desnuda y, sin pudor, fotografía el colapso, no de la mina, si de los peones que dicen gobernar el país.
"Desde el 18 de mayo y hasta el 31 de agosto pasado, cuando la policía estatal golpeó y desalojó a las familias, sostuvimos que Rogelio Montemayor era Grupo México y, con su trayectoria y su historial delictivo, no podía ser otra cosa, prueba de eso era que jamás acreditó la compra de la planta lavadora".
Sin embargo, Auerbach considera que Rogelio Montemayor, sus hijos y el abogado Heriberto Fuentes deben ser enjuiciados por falsear declaraciones, simular e intervenir en actos jurídicos; alterar u ocultar actas legales, lesiones, abuso de autoridad y lo que resulte.
El hostigamiento de IMMSA y de la STPS a los deudos de la mina ha sido denunciado desde los días posteriores al accidente minero y ha implicado, además del gobierno de Coahuila, a esquiroles del sindicato minero y guardias privados, así como a policías judiciales del Distrito Federal.
Aparte, organismos empresariales han descalificado, a través de desplegados y declaraciones, a Raúl Vera, los activistas y a los deudos de los mineros sepultados en Pasta de Conchos.
Sin embargo, la historia aún no concluye.
El 28 de septiembre pasado, integrantes del Comité Cerezo y la abogada de Familia Pasta de Conchos firmaron un acuerdo de conciliación con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), propuesto por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
El convenio tiene el propósito de que en tres meses la PGJDF presente un protocolo de investigación sobre averiguaciones previas relacionadas con activistas de derechos humanos víctimas de un delito.
Ello se pactó luego de un ataque personal y el robo de computadoras a Auerbach. Incluso en febrero pasado, agentes de la policía judicial capitalina hostigaron a la abogada en su propio domicilio.
Auerbach sólo tiene una conclusión para esa cadena de agresiones:
"En cualquier otro país que se rige por un estado de derecho jamás hubiera pasado todo lo que hemos visto en Pasta de Conchos; en México sucede porque quienes gobiernan, o dicen gobernar, no son sino peones de los grupos de poder".

Sagarpa: apoyos millonarios a empresas de Mayorga

De 2000 a 2008, dos empresas de Francisco Mayorga –recién nombrado por Felipe Calderón titular de la Secretaría de Agricultura– recibieron “apoyos” económicos de esa dependencia, de Economía y del Conacyt. En ese lapso, el funcionario federal dirigió Aserca y la propia Sagarpa. Industrias Melder y Semillas Caloro, propiedad del secretario, obtuvieron 2 millones 855 mil 683 pesos del erario.

Érika Ramírez

Francisco Mayorga Castañeda, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), ha sido beneficiado con casi 3 millones de pesos mediante 16 subsidios de tres programas de apoyo operados por el gobierno federal. Más del 60 por ciento de los recursos le fue transferido cuando se desempeñaba como servidor público en la administración de Vicente Fox.

Como empresario, Mayorga Castañeda, recibió recursos públicos de la secretaría donde él mismo era servidor público: primero, como director de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), y después, cabeza de la secretaría.
Los padrones de beneficiarios de Aserca –órgano administrativo desconcentrado de la Sagarpa– revelan que Industrias Melder –empresa familiar del secretario de Estado–, obtuvo 1 millón 727 mil 33 pesos en 2000, 2005 y 2006, con 10 traspasos monetarios.
Durante el primer año en que esta agroindustria obtuvo recursos por 36 mil 600 pesos –del organismo dedicado a impulsar a la comercialización de la producción agropecuaria en beneficio de los productores del campo mexicano–, Mayorga Castañeda fue invitado por Vicente Fox a formar parte del equipo de Javier Usabiaga Arroyo, entonces secretario de la Sagarpa. Es así como el empresario jalisciense ocupa el puesto de director en jefe de Aserca, cargo en el que se mantuvo hasta 2002.
El 28 de septiembre de 2005 releva al llamado Rey del Ajo y asume la responsabilidad de encabezar la dependencia. En este año, y hasta finalizar el primer sexenio panista, Industrias Melder es dotada con la mayor parte de los “apoyos” obtenidos en tres años. Sólo en 2006 recibió 1 millón 690 mil 433 pesos.
Luego de que el 7 de septiembre pasado el presidente Felipe Calderón colocara por segunda ocasión a Mayorga Castañeda al mando de la Sagarpa –en sustitución de Alberto Cárdenas Jiménez–, en el portal de internet de la compañía continúa el nombre del secretario de Estado, bajo el cargo de director general de la empresa, iniciada en 1949 por su padre, Salvador Mayorga.
Los apoyos de Sagarpa
De acuerdo con los padrones de beneficiarios de Aserca, de los que Contralínea posee copia, Industrias Melder obtuvo 14 partidas en apoyos en los periodos 2000, 2005, 2006 y 2007, que ascienden a 1 millón 994 mil 755 pesos.
A través del Programa de Apoyos a la Comercialización, la empresa dirigida por Francisco Mayorga obtuvo 36 mil 600 pesos, cuando el jalisciense ascendía a la dirección del órgano desconcentrado de la Sagarpa.
Un segundo apoyo fue dotado en 2005, por 11 mil 854 pesos, mediante el Subprograma de Apoyos para la Adquisición de Coberturas de Precios Agropecuarios, para cubrir las cuotas de 508 toneladas de maíz.
No fue hasta 2006, justo cuando asume la titularidad de la Sagarpa, cuando la empresa del secretario registra un incremento en las cifras de los subsidios entregados. Los montos fueron de los 16 mil pesos hasta superar los 700 mil pesos, en el mismo año fiscal.
La comercialización de 635 toneladas de sorgo proveniente de Tamaulipas fue lo que le permitió obtener 16 mil 189 pesos. Luego, las transferencias se incrementaron a 29 mil 614 pesos, por 1 mil 16 toneladas de maíz de Chihuahua.
Le siguieron 32 mil 378 pesos por la comercialización de otras 1 mil 270 toneladas de sorgo de origen tamaulipeco y otras 2 mil 794 toneladas de la misma semilla sumaron 72 mil 764 pesos para la empresa.
Del estado natal del funcionario se comercializaron 762 toneladas de maíz, lo que dejó en las cuentas de Industrias Melder 84 mil 197 pesos. El mismo producto, ahora originario de Chihuahua, sumó 143 mil 639 pesos a las cuentas de la compañía, por la cobertura de 3 mil 48 toneladas del cereal.
Además, le fueron depositados 223 mil 524 pesos derivados de las operaciones realizadas con 2 mil 540 toneladas de maíz de Sinaloa, más 340 mil 294 pesos por 4 mil 699 toneladas de sorgo de Tamaulipas.
El Subprograma de Apoyos para la Adquisición de Coberturas de Precios Agropecuarios de Aserca dejó en los activos de la empresa jalisciense la cifra más alta registrada en las 14 operaciones, 735 mil 975 pesos, por cubrir la adquisición de 4 mil 953 toneladas de sorgo, cosechadas en el mismo estado.
Ya en 2007, fuera de los cargos públicos, los subsidios registraron una reducción en sus operaciones. El total de tres de los movimientos financieros fue de 267 mil 721 pesos. El menor de ellos derivó de la comercialización de maíz, por 11 mil 227 pesos.
También administraron 121 mil 768 pesos por 2 mil 32 toneladas de maíz de Chihuahua y otras 3 mil 48, del mismo producto, por 134 mil 726 pesos, indican los montos aportados por Aserca para la cobertura de semillas. El programa está bajo la Coordinación General de Comercialización, que ordena a la Dirección General de Operaciones Financieras.

La ley y el tráfico de influencias
El Capítulo I de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos indica en su artículo 8, fracción XI, que todo funcionario debe “excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”.

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Más de 70% de proyectos mineros en el país son de firmas canadienses

*En otros países las concesiones tardan en entregarse hasta 10 años y aquí ocho meses
*La presencia de esas empresas se debe a la flexibilización de la ley de inversión extranjera
*Habitantes de comunidades se quejan de daños ecológicos y a la salud de los pobladores

Maquinaria de Minera San Xavier, propiedad canadiense, en Cerro de San Pedro, San Luis Potosí.

Israel Rodríguez J.

Las empresas mineras de Canadá (con una larga lista de consecuencias sobre el medio ambiente y las comunidades donde operan), poseen más de 70 por ciento de los proyectos de exploración, desarrollo y producción de metales preciosos como oro y plata del total de las empresas con capital extranjero que operan en México, según revelan informes de la Secretaría de Economía (SE).
Pese a los efectos devastadores donde operan las empresas canadienses, como en el caso de la Minera San Xavier en San Luis Potosí, las autoridades esperan que la producción anual global de oro en el país alcance las 70 toneladas, gracias a proyectos como Peñasquito, Zacatecas; Dolores, Pinos Altos y Palmarejo, en Chihuahua, entre otros, los cuales en su mayoría son realizados por empresas del país de la hoja de maple.
La gran presencia de las empresas mineras canadienses en México se debe a la apertura y a la flexibilización de las diversas normas de inversión extranjera después de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio durante la gestión del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. En 1993 se cambió la Ley Minera que databa de 1961 y empezó la apertura del sector minero al capital extranjero, al eliminar la normatividad que exigía que se asociara con capital nacional en una proporción de 49-51 por ciento.
Diversos estudios han concluido que en otros países las concesiones mineras se otorgan luego de un largo proceso que puede tardar entre ocho y 10 años, que incluye la realización de audiencias públicas y foros en los que diversos grupos involucrados con el tema exponen sus puntos de vista con respecto al proyecto. En cambio, en México el proceso de concesión es cerrado y centralizado, con la competencia del gobierno federal, y se puede resolver en un plazo de solamente ocho meses.
La devastación ambiental y las violaciones de las empresas mineras canadienses han sido ampliamente documentadas en Guatemala, Perú, Rumania, Filipinas, Honduras, Ecuador, Bolivia, Ghana, Surinam, la República Democrática del Congo, Papua Nueva Guinea, Tanzania, India, Indonesia, Zambia y Sudán.
Desde 2001, la investigadora Adriana Estrada, con la colaboración de Helena Hofbauer, documentaron para FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, algunos de los daños ambientales ocasionados en México por las mineras canadienses, consideradas líderes en este sector. En octubre de 1996 se registró el derrame de mil litros de cianuro en el arroyo El Venero, municipio de Moris, en Chihuahua. La empresa responsable de este derrame fue Manhattan Mining.
Otro caso fue el ocurrido en febrero de 2000 en el ejido de Piedras Verdes, también en Chihuahua, donde se acusó a la empresa Glamis Ltd de verter altas concentraciones de cianuro en el cauce del río Urique. Glamis Ltd opera conjuntamente con Metallica, la emblemática Minera San Xavier.
En Sonora, para la explotación de la mina La Colorada, de la empresa canadiense El Dorado Gold Corporation, se encontró que las negociaciones con las comunidades afectadas se habían llevado a cabo de manera irregular, con una clara falta de información. Gold Corp Inc también tiene actualmente otros proyectos de producción de oro y plata en El Sauzal, Chihuahua; San Dimas, en Durango, y Los Filos Bermejal y Nukay, ambos en Guerrero.
Alianza ciudadana
Uno de los proyectos más controvertidos es el de la mina San Xavier, en Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, propiedad de las empresas canadienses Metallica Resources Inc y Glamis Gold Ltd, cuyos procedimientos de explotación agresivos, como explosiones con dinamita o uso de cianuro para destilados, con la consecuente contaminación de los mantos freáticos del subsuelo y la depredación del medio y del paisaje natural, originaron la coalición de 16 grupos, organizaciones y partidos políticos en una alianza ciudadana opositora.
Para minimizar las protestas de la población de San Pedro por la explotación depredadora, que incluso cambiara la fisonomía del cerro que da nombre a la localidad y que está en el escudo del estado, la empresa canadiense ofreció dotar de casa a los 400 trabajadores que participan en las tareas de mejoramiento de los caminos; se han electrificado 10 comunidades cercanas, y en algunos casos se les ha dotado de agua potable y se les ofrece consulta médica gratuita, entre otros beneficios.
Además de las mineras, operan en México corporaciones como Scotiabank, TransAlta, Transcontinental, Magna Internacional, Palliser, Presion Drilling, Fairmount y hoteles Four Seasons.
Según los datos de la Dirección General de Promoción Minera y de la Dirección de Promoción de Proyectos de la Secretaría de Economía, existen, al primer semestre de 2009, 263 empresas mineras con capital extranjero operando en México, las cuales manejan un portafolios de 677 proyectos en total.
Del total de esas empresas, 198 (75 por ciento) son de Canadá, 39 de Estados Unidos (15 por ciento); siete de Reino Unido (3 por ciento); cinco de Australia (2 por ciento); tres (uno por ciento) de Japón; China y Corea, dos empresas cada una (cerca de uno por ciento), y Suiza, Luxemburgo, Chile, India, Italia, Holanda y Perú con una empresa cada uno.
Son 26 los estados de la república mexicana en los que hay presencia de empresas con capital extranjero, en su mayoría canadienses, realizando trabajos de minería. El mayor número de proyectos se concentra en Sonora, con 163, Chihuahua con 101, Durango con 73, Sinaloa igualmente con 73, Zacatecas con 50, Jalisco 41, Oaxaca 32, Baja California, Nayarit y Guerrero con 15 cada uno, Guanajuato 11, Michoacán y San Luis Potosí con 12, Chiapas nueve, Coahuila ocho, estado de México siete, Puebla con seis, Nuevo León y Querétaro con cinco, Baja California Sur y Colima con siete e Hidalgo con tres; finalmente, con dos para cada uno de los estados de Morelos, Tamaulipas y Veracruz.

Minas mexicanas, sobreexplotadas por trasnacionales

Alba Martínez

Desde la llegada del panismo a la Presidencia, la Secretaría de Economía ha venido “flexibilizando” sus políticas en beneficio de 628 proyectos mineros de 257 compañías trasnacionales (198 canadienses) y sociedades de inversión con participación extranjera. Documentos de la Secretaría de la Función Pública revelan riesgo de corrupción; al tiempo, la Auditoría Superior de la Federación alerta un desvío de 17 millones 640 mil pesos (25.3 por ciento) en el control de concesiones.

En 2008, durante su Segundo Informe de Gobierno, Felipe Calderón expresó que, según la Encuesta compañías mineras 2007/2008, elaborada por el Instituto Fraser, de origen canadiense, México calificó en el primer lugar de potencial minero en el ámbito internacional.
En la encuesta aplicada a 3 mil compañías dedicadas a la exploración, explotación y otras actividades relacionadas con la minería, el Instituto Fraser también consideró que este país ocupa el lugar 28 (de 100) respecto del potencial político. Éste, “quizá –cita el documento–, es el más importante indicador que busca medir la totalidad de las políticas y su atractivo para la inversión”.
De 2002 a 2008 la Secretaría de Economía (SE) ha constituido el marco jurídico, legal y administrativo –brindando confidencialidad– en beneficio de 628 proyectos administrados por 257 compañías de origen extranjero; 198 canadienses, que representan el 77 por ciento.
Mario Patrón, investigador y colaborador del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, asegura que con las reformas a la Ley Minera el gobierno mexicano buscó otorgar certeza jurídica y económica a las compañías extranjeras. “Es la flexibilización de las leyes para permitir la sobreexplotación de recursos naturales y abrir aún más el mercado. El auge de la explotación extranjera en el país no cumple con una política pública integral que beneficie a la población mexicana”.
De las últimas reformas a la Ley de Minas destaca el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de febrero de 2005, por el que se constituyó un organismo descentralizado y de apoyo de la Secretaría de Economía, coordinado por la Dirección General de Minas (DGM): el Servicio Geológico Mexicano (SGM), que brinda atención e información a las compañías interesadas.
El investigador opina que con las reformas aprobadas “se golpeó a la pequeña y mediana industria, ya que a éstas les resulta más difícil cubrir los altos costos de los procesos y métodos de extracción. Se privilegió la entrada de grandes capitales de inversión de compañías extranjeras de manera directa, sobre todo las empresas canadienses”.
Para la Cámara Minera de México (Camimex) aún son siete los “retos políticos” que enfrenta la industria minera mexicana, expresan en un análisis de la empresa internacional Grupo Behre & Dolbear Inc que circula en una publicación interna.
Son “factores de riesgo” para la inversión: el sistema económico del país, el sistema político, el grado en el que los problemas sociales afectan a la minería, el grado de corrupción, el tiempo que se requiere en la obtención de permisos, la estabilidad del tipo de cambio y el régimen fiscal, según la Camimex.
El investigador Mario Patrón afirma que el marco jurídico es sumamente laxo. “Es el resultado de la determinación del gobierno. La Ley Minera tutela de facto que el Estado es el dueño y, por lo tanto, tiene el derecho unilateral de otorgar las concesiones”.
Así, en los dos últimos sexenios, de 2000 a 2008, se han otorgado un total de 22 mil 825 títulos de concesión –entre reasignaciones y nuevas concesiones– a empresas mineras en el país –45 millones 903 mil 311.24 hectáreas acumuladas– con un alto índice de participación y crecimiento de inversión internacional en la producción minera.
Además, la inscripción al Registro Público de la Minería –que actualmente cuenta con 1 mil 828 sociedades de inversión– se incrementó a más del 42 por ciento de concesiones mineras con capital extranjero, según el registro de la Secretaría de Economía: Principales indicadores de la administración de concesiones mineras 2007-2008.
Pero, para dos dependencias gubernamentales, las cifras y los procesos de asignación y operación de concesiones mineras, administradas por esa secretaría –a través de sus dos órganos descentralizados (la Dirección General de Minas y el Servicio Geológico Mexicano)– , muestran irregularidades.
En el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2007 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revela un “desvío significativo” de 17 millones 640 mil pesos, 25.3 por ciento del control de operación y pagos por concesiones; mientras que la Secretaría de la Función Pública (SFP) considera que la administración pública de la Secretaría de Economía hace “factible” el riesgo de corrupción.
Se solicitaron entrevistas con María Jiménez Valverde, titular de la Coordinación General de Minas, y Andrés Fuentes, gerente de Difusión y Medios del Fideicomiso y Fondo Minero, pero no hubo respuesta. También, con Carlos Eduardo de la Cruz Ledezma, titular de la DGM, por conducto de Fernando Arias, de Comunicación Social de la Secretaría Economía, con igual resultado.
El superávit extranjero
De acuerdo con el reporte Estadísticas de inversión de empresas con participación extranjera en México, elaborado por la Secretaría de Economía, la DGM asegura que a septiembre de 2008 existían 257 empresas con capital extranjero operando en México que “manejan” un portafolio de 628 proyectos en total.
De las empresas extranjeras, la Dirección General de Minas apuntó que el 77 por ciento (198) tienen sus oficinas centrales en Canadá; 14 por ciento (36), en Estados Unidos; 2 por ciento (cinco), en Inglaterra; 1.5 por ciento (cuatro), en Australia; poco más del 1 por ciento (tres), en Japón; 1 por ciento, en China y Corea (dos); y una empresa por cada país en Suiza, Luxemburgo, Chile, India, Italia, Holanda y Perú.
En 26 estados de la república mexicana hay presencia de empresas con capital extranjero realizando trabajos de minería. Los proyectos, de mayor a menor número, se concentran en Sonora (154), Chihuahua (87), Durango (70), Sinaloa (66), Zacatecas (50), Jalisco (35), Oaxaca (31), Baja California (16), Nayarit (15), Guerrero (15), Guanajuato (11), Michoacán (10), Chiapas (nueve), Estado de México y San Luis Potosí (ocho), Coahuila (siete), Nuevo León (cinco), Puebla (seis), Querétaro, Baja California Sur y Colima (cinco), e Hidalgo (tres), señala el informe.
Del total de proyectos operados por empresas con capital extranjero en México, 549 (87.42 por ciento) se encuentran en etapa de exploración; 56 (8.92 por ciento), en producción; y 23 (3.66 por ciento), en desarrollo.
Aproximadamente, 426 proyectos (68 por ciento) están asociados a la extracción de oro y plata, considerados metales preciosos; 103 (16 por ciento), con polimetálicos; 77 (12 por ciento), con cobre; 17, con hierro (3 por ciento); y el resto, con otros metales y materiales, como germanio, platino, paladio, cobalto, amazonita, wulfenita, legrandita, ágata, wollastonitam tungsteno y otros.
De cifras de 2007 y reportes mensuales publicados en su portal de internet, la DGM expone que se expidieron en todo el país 2 mil 467 títulos de concesión y asignación minera que amparan una superficie de 135.9 millones de hectáreas, lo que alcanzó un saldo acumulado –en el mismo año– de 24 mil 442 títulos de concesión y asignación minera por una superficie total de casi 149 millones de hectáreas.
La doble nacionalidad de las mineras
Felipe Calderón, en su Informe de Gobierno de 2008, dijo que el 72.3 por ciento de la inversión minera era nacional, que provino de las empresas afiliadas a la Camimex, y el 27.7 por ciento correspondió a inversiones extranjeras.
Por su parte, en 2007 la Secretaría de Economía reportó en su Anuario estadístico de la minería mexicana ampliada que la inversión privada sumó 2 mil 156 millones de dólares y estuvo compuesta por el 70.96 por ciento nacional y el 29.04 extranjera, lo que representa 1 mil 530 y 626 millones de dólares, respectivamente.
En la misma evaluación, Economía expuso la conformación de 151 nuevas sociedades, lo que representa un incremento de 13.5 por ciento respecto del año anterior; de éstas, 74 con capital mexicano y 77 –más de la mitad– con algún grado de participación de capital extranjero.
Además, de las 73 sociedades inscritas durante 2007 en el Registro Público de Minería, 36 son de capital social mexicano y 37 cuentan con participación extranjera. En total, el registro cuenta con 1 mil 828 sociedades mineras acumuladas.
El investigador Mario Patrón dice que “en algunos proyectos mineros hay alianzas y fusiones con capitales extranjeros –sociedades de inversión–, como las empresas Peñoles o Grupo Industrial México; inversiones que sin duda tienen capital de diversos países y se acreditan como nacionales”.
La Secretaría de Economía informa que, de las 1 mil 755 acumuladas hasta 2007, 979 son mexicanas y 776 extranjeras; 55.7 por ciento y 44.2 por ciento, respectivamente.
“La mayoría de las veces, las empresas internacionales tienen subsidiarias registradas en el país, pero en realidad son parte de grandes compañías internacionales”.
México, del interés “iberoamericano”
En febrero de 2006 se estableció la Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos (ASGMI) en Quito, Ecuador, ratificada en Bolivia el 10 de marzo del mismo año. Está integrada por 22 países adheridos a la Cumbre de Países Iberoamericanos.
La ASGMI “invita” a algunos miembros honorarios no iberoamericanos que “podrán tener” los mismos derechos y obligaciones que los otros. Canadá es el país honorario representado por su Servicio Geológico y su titular, Douglas Michael Ellerbeck.
México, que a partir de la reforma de ley aprobada en 2005 ya cuenta con el Servicio Geológico, también es reconocido ante “todos aquellos servicios gubernamentales de geología y minería de los países iberoamericanos” y se conserva como el principal destino en América Latina de los gastos de exploración a nivel mundial, con una participación de 24 por ciento, junto a otros países receptores en América Latina: Perú y Chile. En segunda posición se ubica Canadá, con 19 por ciento.
Al servicio minero
Según sus estatutos (reformados en 2005), al Servicio Geológico se le confiere solicitar y recibir “con carácter confidencial” información sobre la producción, beneficio y destino de los minerales, geología de los yacimientos y reservas, así como los estados económicos y contables de empresas mineras y metalúrgicas.

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