PAREJA PRESIDENCIAL Y ABUSO

Tras una rigurosa investigación, el periodista Francisco Cruz Jiménez detalla en el libro Las concesiones del poder (Editorial Planeta Mexicana. Sello Temas de Hoy. 2011), el tráfico de influencias que han marcado a la administración de Felipe Calderón y al matrimonio presidencial. Al margen de la guerra contra el crimen organizado, que en cuatro años dejó 34 mil muertos –en octubre de 2011 se reportan ya 50 mil–, el autor describe cómo la forma de gobernar de Calderón está ligada a su esposa Margarita Zavala Gómez del Campo, y ha beneficiado a familiares, amigos y a corporativos que se enriquecen a manos llenas. Sobre el tema, y con autorización de la editorial, presentamos el siguiente texto que describe a la pareja quien, todavía, es el centro del poder político en México.

Francisco Cruz Jiménez

Capítulo II

Los rostros ocultos de Margarita y Felipe

EN EL CUIDADO DE LAS FORMAS y las apariencias para cumplir con el papel solidario de Primera Dama ejemplar —por más que le disguste el título y hasta le suene peyorativo—, a Margarita Esther Zavala Gómez del Campo no la distingue precisamente la transparencia.

Las dudas brotan apenas se rasca la superficie de la historia reciente: un mes antes de los comicios presidenciales de 2006, José Gutiérrez Vivó pilló a Margarita Esther y a Felipe de Jesús en un incidente, uno de los más desconocidos y extraños episodios de la futura pareja presidencial, que cobró una dimensión difícil de ocultar y que se grabó en la mente del entonces más escuchado periodista de la radio en México.

Casi inadvertido, esa noche el sutil episodio se dio en una entrevista familiar que hizo, para Grupo Monitor y Canal 52 MX, a los Calderón Zavala en la última semana de mayo de 2006. Gutiérrez Vivó estaba inmerso en una guerra muy desigual contra el gobierno —que quería silenciarlo a través de un boicot publicitario generalizado— y contra los propietarios de Radio Centro por 21 millones de dólares. También debía atender los cada vez más graves problemas, por falta de liquidez, en Radio Monitor y en El Heraldo de México o Diario Monitor.

El apetito insaciable de los medios por los candidatos, la posibilidad de que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) entrara a Los Pinos, la campaña de terror que alimentaban Fox, Calderón, el PAN y un grupo de empresarios desviaron el interés hacia otros temas. Se hicieron a un lado cuestiones como los ingresos y los bienes patrimoniales de la familia Calderón Zavala, así como las imputaciones contra un hermano de Margarita Esther.

Paquete especial con las figuras de los cinco candidatos presidenciales —Calderón, Roberto Campa Cifrián, Andrés Manuel López Obrador, Roberto Madrazo Pintado y Dora Patricia Mercado Castro—, Ésta es su casa fue un descalabro periodístico para Gutiérrez Vivó porque no mostró, aunque lo intentó, el lado humano de los cinco personajes. Lo mejor de las emisiones de Gutiérrez Vivó, quien visitó la residencia de cada uno de sus entrevistados, fueron los pequeñísimos detalles que no pudieron captar las cámaras de Canal 52 MX ni los micrófonos de Radio Monitor en el domicilio de los cinco integrantes de la familia Calderón Zavala. Para apoyar aquella entrevista, transmitida en vivo durante casi dos horas la noche del martes 30 de mayo, a la misma hora el equipo de campaña calderonista —encabezado por Juan Camilo Mouriño Terrazo, Josefina Vázquez Mota, Germán Martínez Cázares y César Nava Vázquez— y la dirigencia del PAN ratificaron que la diputada federal, Margarita Esther, sufragaba en forma íntegra los gastos personales y familiares de su abanderado presidencial.

Secretario general adjunto y vocero del Comité Ejecutivo Nacional, Nava confirmó que desde 1994 el ingreso de la familia “ha sido aportado principalmente por la legisladora federal. […] La declaración patrimonial de Calderón ante el IFE señala que goza de un fondo de ahorro que le permite afrontar su gasto, pero la fuente del sostén de la familia sigue siendo la misma: el ingreso de Margarita”.

Leer articulo completo AQUI.

Concesiones del poder o la rapiña calderonista

Álvaro Cepeda Neri *

El periodista (y académico de la Real Academia Española, en la España de los “indignados” contra el desempleo y los abusos del poder), Luis María Anson establece en su ensayo La prensa como contrapoder, contenido en el libro Contra el poder (varios autores, editorial Temas de Hoyy la Asociación de Escritores y Periodistas Independientes) que la prensa siempre debe criticar el ejercicio del poder autoritario y rapaz.

Precisamente, el periodista Francisco Cruz Jiménez, no deja de sorprender con su periodismo de investigación en sus libros: El cártel de Juárez; Tierra Narca; Negocios de familia: biografía no autorizada de Enrique Peña Nieto y el Grupo Atlacomulco, éste en coautoría con el escritor e investigador, Jorge Toribio Montiel.

Ahora publica el explosivo libro Las concesiones del poder: el tráfico de influencias que ha marcado al sexenio, sobre el presidente Felipe Calderón y su familia, la de su esposa, y de todo el grupo panista-calderonista. Es una investigación documentada y sustentada en la veracidad de la rapiña del calderonismo.

En 263 páginas de información condensada se indica que la suegra de Felipe Calderón “cariñosamente” lo llama pillo, además de entrelazar los cientos de de hechos que llenan la “voracidad” de éste: “Desde los primeros meses de la campaña de Calderón se presentaron evidencias sobre lo que sería su forma de gobernar: una espiral de beneficios al amparo del cuñadismo, del influyentismo, del corporativismo y de otros ismos de la pícara política mexicana. La sospecha salpica a todo tipo de personajes”. En primer lugar desde que Calderón (con el exsecretario de Gobernación, Juan CamiloMouriño y el presidente del Partido Acción Nacional, PAN, César Nava) fue designado por el expresidente Vicente Fox director de Banobras y secretario de Energía.

Con títulos como: “La mujer del presidente”; “Los rostros ocultos de Margarita y Felipe”; “Tráfico de influencias en la familia presidencial”; “Con el visto bueno de Calderón”; “Presidente de los pobres, amigos de los otros”; “Una modesta casita”; “Los depredadores”, y “La cueva del monstruo”, el autor desnuda al calderonismo, cuya cabeza son la primera dama, Margarita Zavala, y Felipe Calderón.

Le faltó un índice de nombres, aunque es fácil enlistarlo sobre la lectura que arrebata al lector quien, constantemente debe salir a respirar, ya que la corrupción calderonista parece superar a la foxista-martista.

Rapiña en la que se sumerge el PAN, desde que los Sahagún-Fox entregaron a Calderón 150 millones de pesos para sus “gastos” de campaña electoral, con el lema: “manos limpias”… y que terminó siendo “manos con ojos” para la corrupción.

Es un libro para llevar a juicio penal y político a Calderón (junto con su enemigo Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México).

La obra posee datos cuantitativos sobre cada pillería calderonista. Y es que en 12 años, los panistas superaron al perredismo chuchista-ebrardorista, y al salinismo y zedillismo. Al menos, Calderón es igual que los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. La investigación de este trabajo es un expediente de hechos sobre quien, como el presidente, cínicamente todo lo justifica con su frase “haiga sido, como haiga sido”.

Ficha bibliográfica:

Autor: Francisco Cruz Jiménez

Título: Las concesiones del poder: el tráfico de influencias que ha marcado al sexenio

Editorial: Ediciones Temas de Hoy, 2011

*Periodista

Fuente: Revista Contralínea 250 / 11 de septiembre de 2011

Para salir de esta pesadilla sólo tenemos que despertar

Desfiladero

Jaime Avilés

Quienes afirman que todos los legisladores son corresponsables de la violencia que nos ha destruido como país, pecan de soberbia. No pueden vestir con ese sambenito a los que ocuparon las tribunas del Congreso en 2008 para tratar de impedir la privatización de Pemex. Tampoco pueden meter en el saco universal de la culpa a quienes, trabajando discreta pero eficazmente en las comisiones de la Cámara de Diputados, han frenado la aprobación de la reforma laboral y las modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional. Esos legisladores, que tienen rostro, nombre y apellido, representan al Movimiento de Regeneración Nacional y responden al liderazgo de Andrés Manuel López Obrador.

Es verdad que la actual legislatura es indefendible. En ella han entretejido intereses y nexos los representantes de todas las expresiones del neoliberalismo salinista. Sin embargo, se equivocan quienes al descalificar a esos usurpadores de la representación popular, condenan a arder en el fuego de su santa indignación la casa que los alberga, una tarea tan absurda como sería la de quemar una cama para acabar con las chinches.

No es hora de renunciar a la política aunque nos repugnen los políticos del sistema. Mucho menos es hora de estigmatizar al Poder Legislativo, como hace a diario la televisión, para desmovilizar a la gente. Es la hora de organizarnos como pueblo a todo lo largo y ancho del país, para ganar el Congreso. Ante la multiplicación de murallas, alambradas y fosos llenos de cocodrilos, que la olinarquía ha colocado en torno de la Presidencia de la República para que nadie se la arrebate, tal vez lo correcto en 2012 sea buscar la mayoría legislativa, para sentar las bases de un régimen parlamentario que ponga en marcha un auténtico proceso de liberación nacional.

Necesitamos actualizar nuestras definiciones. Lo que nos vendieron como la guerra de Calderón contra el crimen organizado, en realidad era una guerra encubierta que el gobierno de Estados Unidos lanzó contra el pueblo de México para despojarnos de nuestras inmensas riquezas naturales, arrebatarnos la poca soberanía que nos queda y dotar a los bandos en pugna –los cárteles y las fuerzas armadas– de poderes extraordinarios que ya escapan a toda forma de control social.

A cinco años del inicio del histórico plantón de Reforma, que trató denodadamente de evitar la tragedia que hoy vivimos, hoy resulta más que obvio que, a través de Calderón, la Casa Blanca nos impuso un régimen cívico-militar en la forma de una narcodictadura, que debemos analizar con la cámara Phantom para mejor comprenderla, resistirla y derrotarla.

Por el lado cívico nos cogobiernan las televisoras (que fabrican gobernantes y controlan el cuerpo y la mente de decenas de millones de personas), los grandes empresarios que no pagan impuestos y son dueños de casi todo, los políticos y policías que trabajan para ellos y las industrias que lavan los 50 mil millones de dólares anuales de la droga, que son la base de la economía del país.

A su vez, por el lado militar, coexisten, uniformados o no, quienes portando armas de grueso calibre y actuando al abrigo de la impunidad, andan por carreteras y ciudades matando, torturando y desapareciendo a personas indefensas, en un combate perpetuo, sin pies ni cabeza, pero con dos objetivos claros, por lo menos muy claros para el Pentágono. Uno, táctico –paralizarnos políticamente por medio del terror–, el otro, estratégico: diezmarnos como población.

Cuando al calor de la crisis del corralito en Argentina multitudes enardecidas repetían a diario, en violentas manifestaciones de protesta, que se vayan todos (los políticos en general), a la postre, los únicos que se vieron obligados a abandonar la escena pública fueron, irónicamente, los creadores de esa atractiva consigna, es decir, los escasos legisladores de la izquierda pura y dura, que efectivamente se fueron a sus casas mientras regresaban al poder los peronistas (esa fallida versión sudamericana del PRI).

Aquí, desde el movimiento de Javier Sicilia, voces respetables y queridas llaman a no votar en las elecciones del año próximo. Esto, afirman, despojaría de toda legitimidad a la clase política. Detengámonos a examinar esta idea. Para la gente de a pie, a la clase política pertenecen los ineptos fanfarrones del Poder Ejecutivo, los miembros del Congreso en ambas cámaras, los ministros de la Corte y su larga cauda de magistrados y jueces, los gobernadores y legisladores de los estados, los presidentes municipales y los dirigentes de los partidos, los levantacejas de la pantalla chica, los opinócratas de las cadenas radiofónicas, los obispos, cardenales y arzobispos, etcétera. ¿Vamos a dejar de votar para deslegitimarlos? No tiene sentido. Sería como tratar de rapar a Carlos Salinas de Gortari.

Además, también son parte de la clase política los activistas sociales, los militantes de los movimientos ciudadanos, las ONG, los periodistas del universo de papel impreso, los blogueros, los 300 mil que todo lo debaten a toda hora en Twitter y los ingenuos que participamos en los círculos de estudio de Facebook, como Fuera Orozco, que organiza el descontento contra la aliada de Elba Esther Gordillo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, o Los gastos pendejos, que documenta las compras fraudulentas hechas por la Marina, el Ejército, la Policía Federal y demás dependencias gubernamentales a ciencia y paciencia de Calderón.

Para asombro de unos y malestar de otros, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad ha hecho suyos la agenda y el discurso de la nueva derecha que se pretende modernizadora. Del brazo de Calderón, esa nueva derecha exige relección inmediata de los miembros del Poder Legislativo al mismo tiempo que los denigra, así como la incorporación de las candidaturas sin partido mientras amaga con el fantasma del voto nulo. ¿Cuál es su meta? ¿Que nada estorbe o entorpezca el cambio o de mandos en la cúpula de la narcodictadura? ¿Que al igual que en el estado de México el pueblo se mantenga al margen de las urnas y Calderón –haiga sido como haiga sido– se quede otros seis años, o bien le entregue el poder a Cordero, Don Beltrone o Peña Nieto, y el país siga igual, es decir, en el caos?

Dentro de 72 horas, probablemente, la historia de la humanidad entrará en una nueva etapa, que será inaugurada por un brutal desplome del dólar, si Obama no consigue aplazar la suspensión de pagos de Estados Unidos al FMI. Si el dólar deja de ser la moneda de referencia para todas las economías del planeta, vamos a experimentar muy emocionantes turbulencias en la ciudad, el país, el continente y el hemisferio donde estemos. En México se viven situaciones límites en todos los ámbitos: de represión desatada por los golpeadores de Esther Orozco contra los estudiantes de la UACM a la cólera de los vecinos de Tlalpan y Magdalena Contreras, provocada por la descarada corrupción de los delegados Higinio Chávez y Eduardo Hernández.

De la ira que sienten los habitantes de Nuevo León porque su gobernador se mudó a Texas, al pánico de los que viven en Veracruz por la creciente violencia de Los Zetas, la Marina y el Ejército. Del terror de los migrantes que van de Chiapas a Estados Unidos al nerviosismo de los más ricos entre los ricos que tiemblan pensando en que una nueva recesión en Estados Unidos agudizará en todo el orbe el estallido social. No, no es la hora de darle la espalda a la política, sino de cambiar de política y de políticos. Para salir de esta pesadilla sólo tenemos que despertar.

jamastu@gmail.com

Por eso, AMLO 2012!

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Cortados por la misma tijera

Desfiladero

Imagen del reloj con el nombre de Enrique Peña Nieto, en la tienda Bijan Tomada de Youtube.

Jaime Avilés

Rodeo Drive, ubicada en el centro del barrio de Beverly Hills, en Los Ángeles, a donde acuden de compras las grandes estrellas de Hollywood, los más ricos entre los ricos y los políticos más desvergonzados. En el número 420 de esa calle se erige Bijan, una tienda de ropa exclusiva para hombres, creada por el modista iraní Bijan Pakzad, a la que sólo se puede acceder mediante previa cita.

Fundada en 1976, Bijan se ufana de haber vestido a Barack Obama, George Bush, Ronald Reagan, al príncipe Carlos de Inglaterra, al ex presidente ruso Vladimir Putin, a Tony Blair, a Arnold Schwarzenegger, a John Kerry, a Tom Cruise, Jack Nicholson y Anthony Hopkins, a Giorgio Armani y Óscar de la Renta, a Michael Jordan y a Carlos Slim.

En su vitrina, exhibe una colección de relojes que ostentan el nombre, el cargo, el color de la bandera y la hora local del país de origen de sus clientes más generosos, a quienes les concede tal distinción por haber adquirido trajes, camisas, corbatas, bufandas, abrigos, calcetines, pañuelos, calzoncillos, relojes o perfumes por dos millones de dólares o más.

En ese escaparate figura junto a los ex emperadores de oriente y occidente antes mencionados, el primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi; el ex gobernador Miguel Alemán; el ex procurador general de la República, Fernando Lozano Gracia; el magnate Carlos Peralta, los cantantes Vicente y Alejandro Fernández, el ex presidente municipal de Tijuana –de momento preso por acopio de armas– Jorge Hank Rhon y el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto.

La sorprendente noticia fue divulgada hace unos días en Youtube por alguien que se hace llamar dr_yanez, quien con una cámara por momentos temblorosa, quizá debido a la emoción que le provocó semejante hallazgo, grabó de lejos y de cerca el reloj correspondiente a Enrique Peña Nieto, governor, y se preguntó en voz alta cómo un funcionario público, que supuestamente vive de su sueldo, pudo gastarse al menos 25 millones de pesos en ropa... sin ser un corrupto de siete suelas.

Berlusconi se hizo rico en la mafia del mercado inmobiliario de Milán, antes de dedicarse a la política. Que haya despilfarrado dos millones de dólares en Bijan se entiende. Que el príncipe Carlos se haya dado ese lujo también es comprensible: es un zángano mantenido por los súbditos de su madre. Que personas exitosas como Michael Jordan, Tom Cruise, Giorgio Armani o Jack Nicholson se permitan semejante derroche parece lógico aunque en el fondo sea insultante.

A nadie puede sorprender tampoco que Miguel Alemán, heredero del precursor de la oligarquía mexicana de los años 50; los muy populares cantantes Fernández, padre e hijo, el niño nacido en pañales de seda, Jaime Camil, y el dueño de la mayor cadena de casas de apuesta de México, Jorge Hank Rhon, por frívolos y vanidosos, se vistan en Bijad y paguen lo necesario para que les pongan su relojote en la vitrina. Pero Enrique Peña Nieto el intachable, el transparente, el austero, ¿de dónde?

Aunque su oficina de prensa niegue que el gobierno del estado de México sea cliente frecuente de Bijan –algo que de ninguna manera afirma el video del dr_yanez–, Peña Nieto no puede desmentir las imágenes que ofrece el documental en Youtube, ni contrarrestar las razonables sospechas que éstas despiertan acerca de lo que podría llevarlo a los tribunales: enriquecimiento inexplicable.

Si algo demuestra este escándalo, en todo caso, es que Hank Rhon, Berlusconi y Peña Nieto fueron cortados por las mismas tijeras: las del mágico sastre iraní, que murió el pasado 16 de abril, a la edad de 67 años, pero también por las del bandidaje a la sombra del poder público.

Otras figuras públicas que también parecen cortadas por las mismas tijeras, por su tendencia a criminalizar las protestas sociales, serían el secretario de Gobernación, José Francisco Blablablake; el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, y la rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Esther Orozco.

Luego de cinco años de pacífica y tenaz resistencia, los habitantes de Temacapulín, Acasijo y Palmarejo, en los Altos de Jalisco, se plantaron en marzo en la zona donde una empresa española construye la cortina de la presa El Zapotillo, que inundará y borrará del mapa sus pueblos.

Gracias a esa movilización lograron que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) encargara al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) un peritaje sobre los monumentos de esas localidades. El pasado 26 de mayo, el titular del INAH-Jalisco, Cuauhtémoc de Regil Fernández de Lara, entregó un dictamen donde exige que se conserve en su sitio de origen todo el patrimonio arquitectónico de Temacapulín, ya que representa un hito urbano histórico, cuyo valor es de interés manifiesto de sus habitantes, y su conservación responsabilidad del Estado mexicano.

¿Ah, sí? El negocio de El Zapotillo, fraguado por los inversionistas españoles que incrustaron a Felipe Calderón en Los Pinos, no iba a frustrarse por eso. Cinco días después del dictamen de De Regil, Conagua exhibió (sin mostrar su contenido) otro peritaje, firmado por tres funcionarios de rango superior en el INAH –Agustín Delgado, coordinador nacional de monumentos; Arturo Balandrano, director de apoyo técnico, y la directora de licencias, Ana María Lara–, que ordenan el traslado del patrimonio arquitectónico de Temacapulín a la ciudad fantasma de Talicoyunque, donde pretenden reubicar a los desplazados cuando se llene la presa.

Acto seguido, Gobernación cerró las negociaciones con los inconformes, no sin antes recordarles que podría activar las denuncias penales que pesan contra ellos, porque al suspender la construcción de la presa causaron pérdidas económicas millonarias. Por su parte, la rectora de la UACM incurrió en una conducta similar anteayer, al término de la sesión del consejo que dio entrada a la solicitud de revocación de mandato presentada en su contra por una parte de la comunidad académica y estudiantil.

Al finalizar la sesión, la secretaria técnica del consejo, Gloria Luz Alejandre, renunció a su cargo asegurando que había recibido amenazas de muerte. Quienes promueven la destitución de Orozco habían exigido también la salida de Alejandre porque ésta, en repetidas ocasiones, se negó a convocar a los integrantes del consejo obedeciendo órdenes de la rectora pero faltando a sus obligaciones. Así, tras el desmedido señalamiento de que se iba porque teme por su seguridad, la rectora dijo que pedirá a su amigo, el procurador capitalino Miguel Ángel Mancera, que le ponga escoltas y proceda contra quienes se escudan en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para promover la violencia en esa casa de estudios.

Por lo pronto, el consejo de la UACM analizará el próximo día 21 las nueve causales de revocación de mandato que se le imputan a Orozco, entre ellas tráfico de influencias, y uso de recursos para fines ajenos a los de la institución.

Durante el acto organizado el pasado lunes por el movimiento No + Sangre, en el Museo de la Ciudad, el escultor Alfredo López Casanova donó una estatua de Felipe Calderón, de 19 centímetros de alto, inspirada en un dibujo de Hernández, con una frase célebre del espurio sobre la base de madera: (En la lucha contra el crimen organizado) se perderán vidas humanas inocentes pero vale la pena seguir adelante.

jamastu@gmail.com

Los amos impunes del carbón

En la maraña jurídica y política que envuelve a los empresarios mineros por los accidentes ocurridos durante la administración de Felipe Calderón –incluidos el de Pasta de Conchos y el del Pozo 3 en Sabinas, donde en conjunto murieron alrededor de 80 trabajadores– salen a relucir los nombres de las familias Montemayor y Garza González. Hábiles para tejer alianzas entre sí y con otros empresarios, sus integrantes también son diestros para doblar a las autoridades, que hasta ahora sólo les han aplicado sanciones menores. Ellos todo lo pueden; son los amos de las minas y los pozos de carbón.

Montemayor. Privilegios familiares.

Arturo Rodríguez García

MÉXICO, D.F, 8 de junio (Proceso).- Los Montemayor y los González Garza son los principales beneficiarios de las mineras asentadas en la región carbonífera de Coahuila. Ambas familias han sabido combinar su poder económico con sus habilidades políticas para obtener las concesiones que les permiten explotar los socavones de sus fundos durante años sin sufrir contingencias laborales.

Sin embargo, la explosión del 3 de mayo en el Pozo 3 en una carbonera de Sabinas, en la que murieron 14 trabajadores y un adolescente de 15 años quedó mutilado, reveló la precariedad con la que operan las minas.

El fundo siniestrado pertenece a la empresa Beneficios Internacionales del Norte, S.A. de C.V. (BINSA), constituida el 2 de febrero de 2007, según el Registro Público de la Propiedad (RPP) local, de la que son socios a partes iguales Hilda Griselda Montemayor Marines y su esposo, Melchor González Vélez, El Chorín, hijo del empresario Alfonso González Garza.

Las autoridades observaron que fue Montemayor Marines la que firmó el contrato de renta del fundo con el concesionario minero Alfonso González Garza, quien le autorizó la explotación del pozo donde murieron los 14 mineros. Por tanto, ella tendrá que enfrentar el litigio, en caso de que prospere la averiguación previa AP/PGR/COAH/SAB-1/09/dd/2011 abierta por un fiscal federal.

De acuerdo con los peritajes, el accidente se debió a que los trabajadores sólo contaban con un desvencijado ventilador doméstico para realizar sus faenas de extracción de gas metano.

Según el registro de la Dirección General de Minas (DGM), adscrita a la Secretaría de Economía, el Pozo 3 se ubica en un lote de 357 mil 343 hectáreas denominado Santa María I en cuyo interior se encuentran por lo menos una docena de pocitos carboneros.

El expediente de la concesión minera otorgado por la DGM –el 218000– consigna que los dueños de BINSA y por lo tanto de ese pozo son Jesús María Chuma Montemayor Seguy y su socio Alfonso González Garza, suegro de Hilda Griselda y padre de El Chorín.

Para obtener esa concesión, Montemayor Seguy y González Garza pagaron 3 mil 670 pesos. Ni siquiera tenían estudios geológicos, pues desde que iniciaron el trámite, con la solicitud de folio 27849 de la DGM, Chuma Montemayor pidió a las autoridades que se les eximiera de presentar los trabajos periciales sobre la propiedad concesionada.

De acuerdo con el expediente, la apertura de una mina de carbón es relativamente barata: las “obras de exploración”, por ejemplo, implicaron dos pagos: uno de 25 mil 850 pesos y otro de 13 mil 500, suficientes para convertir el título 202967 de exploración en el título 218000 de explotación, inscrito en el acta número 260, volumen 331 del Registro Público de Minería (RPM). Por concesión y apertura de la mina, Montemayor Seguy y González Garza pagaron 43 mil 20 pesos.

Los caciques de la minería

El 27 de febrero de 2004, Chuma Montemayor cedió 50% de sus derechos a la empresa Minería y Acarreos, S.A. de C.V., que pertenece a su hermano Edmundo Montemayor y tiene como representante legal a otro familiar suyo: Rogelio Javier Montemayor García, hijo de Rogelio Montemayor Seguy, quien fue gobernador de Coahuila de 1993 a 1999 y director de Pemex entre 2000 y 2002.

Los Montemayor son ampliamente conocidos en la zona. El extinto patriarca, Edilberto Montemayor Galindo, era dueño de la concesionaria Chrysler y durante años fue proveedor de parque vehicular a los gobiernos estatal y municipal.

De sus hijos, Rogelio Montemayor Seguy es el más conocido, incluso por el desvío de recursos millonarios de Pemex a la campaña presidencial del priista Francisco Labastida Ochoa, lo que le costó su salida de la paraestatal, aunque posteriormente fue exonerado.

Chuma Montemayor fue alcalde de Sabinas entre 1985 y1987, y su hijo, Jesús María Montemayor Garza, Chumilla, ocupa actualmente la alcaldía. A su vez, Edilberto Montemayor García, hijo de Rogelio, es concesionario de la firma Mercedes Benz en Saltillo.

Rogelio tiene inversiones en autotransporte de carga, pues en 2009 se presentó como accionista de Transportes Signum, S.A. de C.V. Sus otros dos hijos, Rogelio Javier y Salvador Montemayor García, se asociaron para constituir Industrial de Carbón Signum, S.A. de C.V.

En este ramo, la familia Montemayor acumula al menos 26 concesiones en la zona carbonífera coahuilense, según se desprende de un rastreo en el RPM. En total, tienen bajo su dominio 22 mil 786 hectáreas. En lo individual, Enrique Edmundo Montemayor Seguy posee dos concesiones mineras para explotar una extensión de 13 mil 726 hectáreas. Una de ellas abarca 2 mil 235 hectáreas; la otra, cuya razón social es Minería y Acarreos, en realidad tiene 10 concesiones para explotar 11 mil 527 hectáreas.

Chuma tiene siete concesiones por una extensión de mil 30 hectáreas. En tanto que Minería Montemayor, S.A. de C.V., cuyos socios son Casimiro Seguy Fernández y Carlos Chavarría Montemayor, tiene títulos que le autorizan explotar mil 440 hectáreas.

Los Montemayor también están asociados en diferentes concesiones con los hermanos Luis y Alfonso González Garza, incluida la del lote Santa María I, donde ocurrió la explosión que causó la muerte de 14 mineros el pasado 3 de mayo.

Conocidos como Los Mupos, los González Garza tienen fundos mineros que rentan en fracciones a operadores de pocitos, el tipo de minería tan rudimentaria como el Pozo 3 de BINSA, que era manipulado por El Chorín, hijo de Alfonso González Garza, y su cónyuge, Hilda Griselda, nieta de Conrado Marines Ortiz, quien fue alcalde de Sabinas y connotado líder campesino del PRI.

Otro de los González Garza, Luis, posee 41 concesiones mineras que le permiten explotar 39 mil 103 hectáreas en la zona carbonífera.

Los Montemayor y Los Mupos son hábiles en la evasión de obligaciones. En los pozos que operan por arrendamiento dentro de sus lotes, por ejemplo, ellos no asumen ninguna responsabilidad; además, suelen cobrar una renta por la extracción del carbón sin cumplir sus obligaciones laborales, de seguridad y ambientales.

También son diestros en escamotear los beneficios sociales a sus trabajadores y en omitir los trámites administrativos ante las instancias federales. Así, por ejemplo, Luis González Garza, S.A. de C.V., empresa que hasta octubre de 2010 no estaba registrada en el IMSS, sí lo está en la Secretaría de Economía, lo cual muestra que opera sin cumplir obligaciones patronales.

La concesión 205068 está a nombre de Alfonso González Garza, pero en realidad la explota Minería y Acarreos, S.A. de C.V., que, aunque posee derechos sobre la mencionada concesión 218000, no tiene como objeto social la extracción del carbón, sino la compraventa de maquinaria, según su acta constitutiva.

Los otros muertos

La concesión 218000, del Pozo 3 de BINSA, fue otorgada y firmada por Luis Raúl Escudero Chávez, quien en 2002 era titular de la DGM en la Secretaría de Economía. A su vez, su hermano Rubén Escudero Chávez era el gerente de la Mina 8 Unidad Pasta de Conchos cuando ocurrió el siniestro del 19 de febrero de 2006 en el cual murieron 65 trabajadores y 12 resultaron heridos.

Tras el accidente de 2006, la DGM emitió la “suspensión definitiva” SE/5406/2007 –figura jurídica que deja abierta la posibilidad de una reapertura– para la concesión 196623 del lote Rosita y Pasta de Conchos de Industrial Minera México S.A. de C.V. (IMMSA), subsidiaria de Grupo México.

En el caso del Pozo 3, la dependencia prometió la cancelación de la concesión minera, lo que no ha ocurrido en el caso de Pasta de Conchos, donde la SE emitió sólo una “suspensión definitiva”. Por cierto, dicha “suspensión”, que prohibía cualquier trabajo dentro del fundo minero, no obra en el expediente de la concesión del RPM.

Desde principios de 2009, Rogelio Montemayor Seguy intentó negociar con los deudos de los mineros de Pasta de Conchos el desalojo del predio, donde mantenían un plantón para exigir el rescate de los cuerpos.

Montemayor se ostentaba como accionista de la empresa Transportes Signum, S.A. de C.V., una razón social que, decía, había adquirido la Planta Lavadora de Carbón, ubicada dentro del perímetro de Pasta de Conchos. El obispo Raúl Vera López, quien ha acompañado a las familias de los trabajadores, denunció en marzo de ese año que Montemayor hizo ofertas económicas a los deudos. Como no aceptaron, empezó a intimidarlos.

El 31 de julio de 2009, un grupo de 60 policías estatales, 40 guardias privados y 40 trabajadores irrumpieron en el predio del fundo, rodearon a los deudos de los mineros y los desalojaron. En la refriega resultaron lesionados la viuda Rosa María Mejía y César Ríos, hermano de un trabajador fallecido, así como un menor.

El operativo policiaco se realizó con unas horas de diferencia respecto del desalojo de los huelguistas de Cananea, propiedad de Grupo México, ejecutado por la Policía Federal. En esa ocasión el gobierno federal se desligó del caso y responsabilizó al gobierno de Humberto Moreira.

Entonces se iniciaron las contradicciones. Aunque la “suspensión definitiva” impedía todo tipo de actividades en Pasta de Conchos, el gobierno de Moreira justificó la acción policiaca porque, afirmó, al desalojar a los familiares de los mineros muertos se podía volver a trabajar en el predio.

Tras el accidente en el Pozo 3, los dueños de BINSA intentaron escamotear la raya de los trabajadores muertos a sus familiares, quienes también reclamaban sus cuerpos. Recuerdan que Patricia Garza, esposa de Chuma Montemayor, intentaba callarlos a base de regaños:

“¡Cállate! –le dijo a una de las madres enlutadas–. Los hijos son prestados. Dios los da y Dios los quita.”

Servicio diplomático, prebenda política

Más de la mitad de los representantes de México en el extranjero no son diplomáticos de carrera y muchos deben su nombramiento a su cercanía con el partido en el poder. Las embajadas y consulados se transforman en trofeos, refugio de políticos y catapultas hacia otros cargos públicos. Aunque práctica de antaño, la designación de personas ajenas al Servicio Exterior Mexicano se intensifica en los gobiernos panista.

Mayela Sánchez

Más de la mitad de los agentes diplomáticos y cónsules generales de México no pertenecen al Servicio Exterior Mexicano (SEM), aun cuando por ley este cuerpo de funcionarios es el encomendado de representar al país en el extranjero y de ejecutar la política exterior.

Ello refleja no sólo la falta de profesionalización de quienes integran la diplomacia mexicana, sino también cómo los encargos diplomáticos se han convertido en “premios” para políticos, miembros del gabinete o amigos del presidente de la República, señala el embajador retirado Antonio Dueñas Pulido.

Miembro de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano (ASEM), Dueñas Pulido reconoce que esta práctica ya existía desde la época priista, no obstante, advierte, se ha acentuado con los gobiernos panistas.

La consecuencia de ello es que la política exterior “se vuelve errática”. Esto exhibe que, en materia internacional, el país carece de una política de Estado y en su lugar cuenta con una estrategia política de partido.

El senador perredista Graco Ramírez Garrido Abreu, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, coincide con que las representaciones diplomáticas de México se han usado como “refugio político” lo mismo para funcionarios y exfuncionarios públicos que para miembros de los partidos políticos.

Para Rubén Camarillo Ortega, senador del Partido Acción Nacional (PAN) e integrante de la misma Comisión, la designación de personas sin carrera diplomática es justificable, toda vez que es una práctica que “siempre ha existido”.

Más aún, el legislador considera que “es una práctica conveniente bajo circunstancias especiales” y “que se debe mantener” para cuando se tiene un tema en particular con un país y se requiere a una persona “con un cierto perfil y no necesariamente a un miembro del SEM”.

Camarillo Ortega asegura que menos de la décima parte de las ratificaciones que han hecho en el Senado de la República corresponde a personas ajenas al Servicio Exterior Mexicano.

Sin embargo, el embajador en retiro Dueñas Pulido estima que dicha proporción alcanzaría el 60 por ciento entre quienes actualmente integran el cuerpo diplomático del país, conformado por agentes diplomáticos y cónsules generales de 73 embajadas, 70 consulados y siete representaciones en organismos internacionales.

Por ejemplo, Fernando Estrada Sámano, panista de larga trayectoria que ha recibido tres nombramientos como embajador y uno como cónsul en los gobiernos de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, aunque carece de formación como internacionalista.

En la lista de representantes en el exterior, también figura el exmagistrado Luis Malpica y de la Madrid, quien además de su experiencia en el Poder Judicial ocupó varios cargos en el Banco de México y fue subdirector general del Banco Nacional de Comercio Exterior.

Actualmente, Malpica y de la Madrid se desempeña como cónsul de Houston, Texas. Su única experiencia en el servicio exterior proviene de su anterior encargo como cónsul en San Juan, Puerto Rico, también encomendado por Calderón Hinojosa.

La politización de la diplomacia

El pasado 24 de marzo, el Senado de la República ratificó el nombramiento de cuatro cónsules para las ciudades estadunidenses de Chicago, Denver, Los Ángeles y Nueva York; ninguno de los elegidos pertenece al SEM.

El senador Ricardo Monreal Ávila, del Partido del Trabajo, calificó de “sospechoso” el nombramiento de los cónsules, puesto que se da un año antes de las elecciones presidenciales y en urbes que alojan un importante número de migrantes mexicanos. Para el legislador, esto podría implicar una promoción política a favor del partido que representan.

Y es que la propuesta que los senadores recibieron de Calderón Hinojosa incluyó a políticos panistas: David Figueroa Ortega para el consulado en Los Ángeles, California, y Eduardo Arnal Palomera para Chicago, Illinois.

La triada de allegados al panismo la completó Andrés Imre Chao Ebergenyi, llamado para el consulado en Denver, Colorado. En el dictamen que ratificó su nombramiento, se menciona que fue secretario auxiliar en el equipo de transición de Fox Quesada y luego formó parte de la secretaría particular de la Presidencia durante su sexenio.

Antes de sumarse al grupo foxista, Chao Ebergenyi había sido coordinador de radio y televisión de la campaña presidencial de 2000, pero del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Antes tuvo el mismo encargo para la elección de 1994, y un año después fue secretario particular del director de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación, entonces a cargo del priista Emilio Chuayffet.

El cónsul de Nueva York, Carlos Manuel Sada Solana, también proviene de la política, pues fue presidente municipal de Oaxaca en la década de 1990.

En su intervención ante el pleno del Senado, Monreal Ávila acusó que algunas representaciones en el exterior “se convierten en oficinas partidistas y de promoción política”. A pesar de su exhorto para que se analizara el perfil de los designados antes de ratificarlos, ese mismo día los senadores dieron su visto bueno a la elección del Ejecutivo.

Pero los cónsules Figueroa Ortega, Arnal Palomera y Chao Ebergenyi no son los únicos cercanos al partido en el poder que han sido favorecidos con cargos diplomáticos en este sexenio.

El embajador Arturo Sarukhán Casamitjana, representante de México ante Estados Unidos, fue coordinador de asesores en política internacional de Calderón Hinojosa cuando éste era candidato presidencial. Incluso se especuló que sería nombrado titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), encargo que finalmente se le dio a Patricia Espinosa Cantellano.

Junto a la designación de Sarukhán Casamitjana, también se eligió a Emilio Rafael Goicoechea Luna como embajador de Canadá. Habían pasado apenas tres meses de terminado el sexenio foxista cuando Goicoechea Luna, secretario particular de Fox Quesada, recibió el nombramiento. En septiembre de 2009, se le nombró embajador en Nueva Zelanda, cargo que ocupa actualmente.

Otro panista que se ha visto favorecido es el actual embajador de Paraguay, Fernando Estrada Sámano. Hasta antes de 2001 –cuando fue elegido como embajador en el Vaticano–, había desempeñado diversos cargos dentro del partido blanquiazul: fue diputado federal dos veces y candidato a senador y gobernador, siempre al cobijo de Acción Nacional.

El último cargo de Estrada Sámano antes de ser enviado a la santa sede fue dentro del equipo de transición de Fox Quesada. En la actual administración, también fue nombrado cónsul en Boston, Massachusetts.

El embajador en Cuba, Enrique Gabriel Jiménez Remus, es otro militante del PAN. En su trayectoria, figura haber sido dos veces diputado federal y presidente del partido en Jalisco. Previo a su comisión en la isla, tuvo el mismo encargo en España durante el sexenio foxista.

Tras la salida de Jiménez Remus de la embajada en España, ésta le fue otorgada a otro panista: Jorge Zermeño Infante, expresidente municipal de Torreón, Coahuila, exsenador y exdiputado federal. Ninguno de estos tres personajes pertenece al SEM.

En su artículo “La diplomacia mexicana: entre políticos y servidores de carrera”, Alejandro Acosta refiere que durante el sexenio foxista también hubo “benevolencia hacia el agregado civil o político” en las designaciones diplomáticas.

Tal fue el caso de Luis Felipe Bravo Mena, militante panista y cercano del expresidente, quien fue enviado al Vaticano “como premio de consolación”, luego de que su partido no lo consideró en las precandidaturas de cara a la elección presidencial de 2006, ni como candidato a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal.

En noviembre de 2008, Calderón Hinojosa lo trajo de regreso y lo nombró su secretario particular hasta enero pasado: fue remplazado por Roberto Gil Zuarth. Ahora es el candidato panista al gobierno del Estado de México.

Durante la administración foxista, también se designó a Augusto César Leal Angulo para la embajada de Grecia. Él fue consejero nacional de Acción Nacional durante 12 años y presidente del partido en Veracruz; también fue secretario de Desarrollo Económico en Sinaloa y diputado federal.

María Teresa Segovia de Madero fue designada embajadora en Canadá en el sexenio pasado. Antes de su encargo, había sido alcaldesa de San Pedro Garza García, el municipio más rico del país, y diputada local en Nuevo León.

Aunque diplomático de carrera, Enrique Berruga Filloy, exembajador de México ante la Organización de Naciones Unidas, también es cercano a Fox Quesada.

Acosta señala en su trabajo, publicado en la revista El Cotidiano, que aproximadamente el 35 por ciento de las 130 representaciones diplomáticas que existían entonces estaban comandadas por elegidos políticos, la mayoría por ser simpatizantes del partido en el poder.

Más premios que castigos

El decano del Centro de Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de la Universidad Nacional Autónoma de México, Edmundo Hernández-Vela Salgado, critica que esta práctica está quitando espacio a los diplomáticos de profesión.

“Entiendo que hay ciertas necesidades en los gobiernos y que todos lo hacen, pero debería ser una cuota mínima, simbólica, en la que se nombre a esos personajes ahí donde su desempeño limitado no va a ocasionar problemas. Es decir, que no sea un premio mandarlos a las embajadas más peleadas porque ahí se vive mejor”, puntualiza.

El embajador en retiro Dueñas Pulido explica que las sedes más codiciadas son justamente donde suelen estar los funcionarios y políticos cercanos al presidente; las más de las veces, ajenos al servicio diplomático de carrera.

Se trata de “las perlas de la corona”, llamadas así no sólo por ser las representaciones más importantes en el extranjero, sino porque son las que reciben los mayores presupuestos para su operación.

Entre éstas, se encuentra la embajada en Estados Unidos, a la que se le otorga el mayor monto de entre todas las representaciones de México en el exterior. Tan sólo el año pasado, el embajador Sarukhán Casamitjana recibió 5 millones 470 mil dólares como presupuesto (64 millones 209 mil pesos al tipo de cambio actual).

Otras “perlas” son las oficinas en Canadá y España, a las que el gobierno mexicano asignó, en promedio, el equivalente a 26 millones 640 mil pesos como presupuesto en 2010. Ambas son ocupadas por políticos panistas: Francisco Javier Barrio Terrazas y Jorge Zermeño Infante, respectivamente.

En las embajadas en Francia y Reino Unido –también entre las más ambicionadas– despachan los primos Carlos Alberto de Icaza González y Eduardo Medina-Mora Icaza, aunque sólo el primero es diplomático de carrera.

Los nombramientos de Barrio Terrazas y Medina-Mora Icaza son paradigmáticos de una práctica señalada tanto por el exembajador como por el académico Hernández-Vela Salgado, en la que los puestos de embajadores y cónsules sirven para paliar destituciones o rechazo de otros cargos.

La designación de Barrio Terrazas, hecha tras la salida de Goicoechea Luna en 2009, se dio cuatro años después de que el político panista buscó, infructuosamente, ser el candidato de su partido en la elección presidencial de 2006. Tal postulación se le concedió finalmente a Calderón Hinojosa, quien ya como titular del Ejecutivo fue responsable de encomendar a Barrio Terrazas al país norteamericano.

En el caso de Medina-Mora Icaza, su nombramiento como embajador vino tras ser destituido como titular de la Procuraduría General de la República (PGR) y aun cuando carecía de experiencia como diplomático.

Los entrevistados también critican que los encargos consulares se determinen en un sistema de premios y castigos, donde las sedes más apetecidas se otorgan como canonjías para los amigos o partidarios políticos.

Ejemplo de ello es el actual embajador en China, Jorge Eduardo Guajardo González. El periodista Miguel Alemán escribió en su columna Itinerario político, del 9 de diciembre de 2007, que el embajador fue uno de los promotores de la candidatura de Fox Quesada entre el empresariado de Nuevo León, donde había trabajado entre 1997 y 2000 como director de Comunicación Social del gobierno estatal.

Más tarde, durante la campaña presidencial de 2006, se encargaría también de recaudar fondos para promover a Calderón Hinojosa.

Aunque es licenciado en relaciones internacionales, la trayectoria profesional de Guajardo González ha sido como relacionista público. No obstante, en 2005, en la última etapa del gobierno foxista, fue designado cónsul en Austin, Texas. Ya en la administración calderonista, recibió su segundo encargo diplomático al frente de la embajada en Pekín.

El exdiplomático Dueñas Pulido acota que algunos de esos “premios” se dan incluso –o quizá debido a ello – cuando pesan acusaciones o cuestionamientos sobre el desempeño profesional de los designados.

Tal es el caso de Eduardo Ibarrola Nicolín, quien fungió como subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR de 1996 hasta 2002, cuando se le designó cónsul en Houston, Texas.

Dicho llamamiento se hizo al tiempo de que el gobierno suizo lo señalara por, supuestamente, obstaculizar investigaciones sobre la procedencia ilícita de recursos de Raúl Salinas de Gortari.

En mayo de 2001, Francisco Rodríguez escribió en su columna Índice político que el representante de la empresa de informática International Business Machines, Kaveh Moussavi, denunció que en 1992 Ibarrola Nicolín le habría exigido el pago de 1 millón de dólares a nombre de Raúl Salinas de Gortari para asegurar la venta de un sistema de cómputo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Un año después, y previo a la ratificación de Ibarrola Nicolín como cónsul, Rodríguez recordó cómo gracias a la prescripción y a la mala integración de los expedientes que hizo el equipo del exsubprocurador, se dejó en libertad a personajes acusados de delitos financieros, como Carlos Cabal Peniche, Ángel Isidoro Rodríguez Sáez y Óscar Espinosa Villarreal.

Incluso, el editorialista y exdiplomático Humberto Hernández Haddad bautizó este procedimiento de fallas como “método Ibarrola”.

A la fecha, Ibarrola Nicolín es embajador en Guatemala y previamente ocupó el cargo de jefe de cancillería en la embajada en Estados Unidos.

Diplomacia gerencial

El académico Hernández-Vela Salgado señala que esta práctica de no exigir una formación como internacionalistas a quienes ejercen las funciones diplomáticas es deliberada, pues la directriz ahora es tener “gente obediente, que cumpla instrucciones”.

Y para tal propósito funciona mejor gente poco preparada, pero “simpática y favorable al gobierno en turno”, expresa.

A decir del titular del Seminario de Política Internacional en la FCPS, durante los últimos cinco gobiernos –todos de corte neoliberal–, ha habido un alejamiento de los principios que tradicionalmente habían normado la política exterior del país y se ha favorecido una tónica de libre mercado en las relaciones internacionales.

Refiere que, incluso, Fox Quesada intentó cambiar la estructura de la SRE y nombrar gerentes en lugar de embajadores, pretensión que finalmente no prosperó.

“Quién sabe si hubiera sido mejor dejarlo, hubiera sido menos engañoso, porque está hablando de una realidad”, reflexiona el académico, para quien Calderón Hinojosa instruye al cuerpo diplomático sólo el impulso a la inversión foránea y a los negocios con los extranjeros.

Práctica conveniente

La Ley del Servicio Exterior Mexicano define a éste como el “encargado específicamente de representarlo [al Estado mexicano] en el extranjero y responsable de ejecutar la política exterior”. Sin embargo, la ley no obliga a que los cargos de agentes diplomáticos y cónsules generales sean ocupados únicamente por sus miembros.

Por el contrario, se otorga al presidente la prerrogativa de seleccionar personas ajenas al servicio diplomático, pues sólo estipula que tales designaciones se harán “preferentemente entre los funcionarios de mayor competencia, categoría y antigüedad en la rama diplomático-consular”.

Además, el artículo 89 constitucional le concede la facultad de designarlos y removerlos libremente.

Los laxos requisitos que establece la ley para ser agente diplomático o cónsul general también favorecen la discrecionalidad en su elección: ser mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad, ser mayor de 30 años, tener “buenos antecedentes” y no pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de culto.

Respecto de la preparación académica, sólo pide contar con una licenciatura, aunque no especifica que ésta tenga que ser en relaciones internacionales.

El exembajador Dueñas Pulido, quien fue miembro del Servicio Exterior Mexicano por más de 30 años, refiere que, durante la administración foxista, la ASEM cabildeó para que se reglamentaran las designaciones diplomáticas y se definieran cuotas para personas ajenas al servicio profesional de carrera.

Jorge Castañeda Gutman, entonces secretario de Relaciones Exteriores, estableció la Comisión para la Reforma del Servicio Exterior Mexicano –presidida por Jesús Silva Herzog Flores– con el fin de estudiar la propuesta. El resultado fue una reforma a la ley, mas ésta no incluyó el tema de la regulación de cuotas en el servicio diplomático.

El también exdirector general de Europa Oriental por la SRE agrega que los acercamientos al Congreso de la Unión “para que desempeñe un papel más activo en la defensa del servicio profesional” tampoco han fructificado.

Dueñas Pulido duda que los legisladores motivarán una modificación al respecto, pues tanto ellos como los miembros del gabinete y de los partidos políticos ven al servicio diplomático como un “escalafón de espera” en lo que se procuran otro cargo. Ni priistas ni panistas ni perredistas estarán dispuestos a cerrarse esa posibilidad.

Senado incondicional

El pasado 6 de abril, Manuel Rodríguez Arriaga fue ratificado como embajador en Perú, país con el que México acaba de establecer un tratado de libre comercio.

Previo a su nueva encomienda, Rodríguez Arriaga fungió como cónsul en Chicago, donde asociaciones de migrantes mexicanos criticaron su “actitud déspota”. Además, acusaron que, desde su llegada, se habían reducido los trámites consulares y habían aumentado las redadas sin que el cónsul levantara una queja al respecto.

Incluso, el año pasado, el diputado priista Héctor Pedraza Olguín presentó un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para exhortar a la SRE a revisar la gestión de Rodríguez Arriaga.

Aun con estos antecedentes, su ratificación fue inmediata y no motivó discusión alguna en el pleno del Senado. Un día antes, entrevistado por Contralínea, el senador perredista Ramírez Garrido Abreu había reconocido que “hay un Senado incondicional que no aplica su política, su contrapeso, su control constitucional”.

Fuente: Contralínea 232 / 08 de mayo de 2011

Beneficia gobierno a empresa ligada a primo de Margarita Zavala

La incorporación de Luis Gómez del Campo Gurza a la Dirección Financiera ha redituado al Grupo Andrade millonarios beneficios. El primo de Margarita Zavala –esposa del presidente Felipe Calderón– provee de parque vehicular a Pemex, Sedesol, Ssa, STPS, SEP, SAT, Fonhapo, Banjército, ASA, SCT, Profepa, CFE. En la Secretaría de la Función Pública, donde se le ha acusado de tráfico de influencias, despacha su hermana Teresa Gómez del Campo. Ante las contralorías internas del SAT y la CNBV, por las actividades que realiza, fueron acusados de omisión sus hermanos Antonio y Pablo Gómez del Camp.

Ana Lilia Pérez

A cuatro años de su gobierno, Felipe Calderón aún paga las facturas a los empresarios que lo respaldaron en su campaña política para la Presidencia de la República. Entre ellos, figura el Grupo Andrade, cuyas finanzas administra el primo del presidente Luis Gómez del Campo Gurza, hermano de la líder del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal, Mariana Gómez del Campo.

Los millonarios contratos que desde 2007 Pemex Refinación ha adjudicado a Camiones Andrade, una de las empresas del grupo, ha provocado la inconformidad de diversos proveedores, quienes han promovido quejas y denuncias ante el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, y el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan José Suárez Coppel, para que frenen el supuesto tráfico de influencias de Luis Gómez del Campo a favor de esa compañía.

Con Gómez del Campo, los empresarios Francisco Mieres Fernández y su hijo Ángel Mieres Zimmermann, directivos de Grupo Andrade, se convirtieron en los contratistas con las asignaciones más lucrativas de Pemex Refinación.

Sólo entre 2007 y 2010, mediante los contratos 4500236448, 4500298819, y 4500350033, la subsidiaria les compró más de 900 pipas para transportar hidrocarburos, cuyo costo unitario rebasa el millón de pesos; es decir, más de 1 mil millones de pesos. Es la facturación más alta en la historia de esa compañía. También les compró 57 autostanque y 91 tractocamiones mediante las licitaciones 18576178-003-10 y 18576178-004-10.

Para tales adjudicaciones, se argumentó que Grupo Andrade cumplía con los requerimientos técnicos y económicos, y que tenía la suficiente solvencia para compromisos contractuales de tal envergadura, no obstante que durante 2009 diversas cuentas bancarias le fueron embargadas por proveedores que alegaron falta de pago e incumplimientos, como Daimler Financial Services, derivado del juicio mercantil 159/2010.

Los órganos internos de Control en Pemex recibieron quejas de que las adjudicaciones responden a las gestorías e “influencias” de Gómez del Campo. Tales inconformidades también se hicieron públicas en desplegados que transportistas dirigieron a los titulares de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de Pemex.

El Grupo Andrade rechaza que existan tales influencias: “La relación de Luis Gómez del Campo con el Grupo tiene más de 15 años y sus funciones no lo vinculan en los procesos de licitación, en los que las empresas del Grupo participan”, dice a Contralínea el área de relaciones públicas del corporativo, a nombre del director general Ángel Mieres Zimmermann.

Sin embargo, fuentes internas del Grupo Andrade refieren que aunque la amistad entre Gómez del Campo y Ángel Mieres data de hace 15 años, su ingreso a la nómina fue en agosto de 2005. Antes, se desempeñaba como ejecutivo del grupo financiero Multiva, de la familia Vázquez Raña.

Explican que aunque Luis Gómez del Campo no participa directamente en los procesos de licitación gubernamental, sino a través de sus subordinados, él opera las relaciones públicas y administra los recursos económicos del consorcio, la mayoría desde 2007. Según el sistema Compranet, provienen del erario.

El Grupo Andrade se dedica a la venta de automóviles y camiones. Fue fundado en 1986 por Francisco Mieres Fernández y su hijo Ángel Mieres Zimmermann, accionistas mayoritarios junto con Antonio y María Cristina Mieres Zimmermann. Agrupa las firmas Automovilística Andrade; Camiones Andrade; Autoangar, SA de CV; Camiones de Cuautitlán, SA de CV; Refacciones y Servicio Zaragoza; Angar Azcapotzalco, SA de CV; Autos Británicos Angar, SA de CV; Camiones y Refacciones El Pajarito (Carepasa); Eurocamiones, SA de CV; Autos Japoneses Angar; Italo Angar, y Velotrans.

Si bien el consorcio ya era proveedor del gobierno desde el sexenio de Vicente Fox, sus contratos eran menores –uno de ellos, matizado de irregularidades–. En 2006, la Secretaría de Salud le concedió, fuera de ley, un plazo de cuatro meses para que entregaran las compras que les hizo el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades de una unidad de comando operativo para seguridad en salud y siete unidades de respuesta rápida para seguridad en salud.

Las cláusulas obligaban a Camiones Andrade a entregar las unidades el 10 de marzo de 2006; pero dos semanas antes de que se cumpliera la fecha, funcionarios del sector salud ampliaron el plazo hasta el 26 de julio mediante un convenio que la Auditoría Superior de la Federación calificó como ilegal; acusó a funcionarios de la Secretaría de Salud por violar la Ley de Adquisiciones para favorecer a la contratista y pidió al Órgano Interno de Control (OIC) fincar responsabilidades.

La bonanza

La llegada del gobierno autodenominado “de las manos limpias” impactó de manera directa al corporativo, no sólo con millonarias compras de Pemex, sino de secretarías de Estado, instituciones de salud, procuradurías, corporaciones policiacas, y lo colocó a la cabeza de los proveedores de parque vehicular.

Ya con Felipe Calderón, aun con la presencia de contralores y la incorporación de testigos sociales a los concursos de gobierno, se les ha permitido que dos, tres y hasta cuatro de sus compañías concursen en una misma licitación, un hecho que a otras contratistas les ha valido severas inhabilitaciones por simulación de competencia y por contravenir la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Al respecto, Rogelio Aldaz Romero, director General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la SFP, precisa que las leyes de Adquisiciones y Obra Pública prohíben que empresas de un mismo grupo participen en una misma licitación con propuestas diferentes, porque “este tipo de prácticas vulneran precisamente la libre competencia entre los servicios que se ofrecen al gobierno”.

Las sanciones, explica, promedian tres años de inhabilitación y multas económicas que “dependen del monto del contrato que se obtuvo con ese mecanismo de participación simulada. Pero, de entrada, amerita la inhabilitación severa de tres años”.

Esta pena no se ha aplicado al Grupo Andrade. En junio de 2009, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) emitió la licitación 00020043-012-09 para comprar vehículos a Liconsa, Diconsa y al Fondo Nacional de Habitaciones Populares. En el proceso, se permitió que cuatro compañías del grupo –Camiones y Refacciones El Pajarito, Camiones de Cuautitlán, Autoangar y Automovilística Andrade– concursaran, y se les adjudicó la compra de vehículos por 42 millones 969 mil 800 pesos.

Al año siguiente, la Sedesol convocó a la licitación 00020043-010-10 para compra de vehículos a Liconsa, Diconsa y Oportunidades. Se permitió que concursaran Autoangar, Camiones de Cuautitlán y Camiones y Refacciones El Pajarito, todas representadas por una persona distinta. Se les adjudicó el contrato por 33 millones 200 mil pesos a Camiones de Cuautitlán, y 3 millones 227 mil pesos, a Camiones y Refacciones El Pajarito.

Rogelio Aldaz, de la SFP explica que para que se acredite la infracción debe haber coincidencia de socios entre las empresas que están participando en un mismo concurso.

En las actas constitutivas de Camiones de Cuautitlán y Autoangar, Ángel y María Cristina Mieres Zimmermann aparecen como accionistas principales. En las actas de Automovilística Andrade, ambos aparecen como miembros del Consejo de Administración.

Los llamados públicos y a través de las contralorías internas para que la SFP escrute los contratos adjudicados al consorcio camionero pondrán en una encrucijada al área encargada de vigilar la legalidad de las contrataciones gubernamentales, pues otra integrante de los Gómez del Campo, Teresa, es funcionaria de dicha Secretaría.

SAT, compras al por mayor

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es otra área de gobierno que más compras ha hecho al Grupo Andrade. Quizá sea coincidencia que Antonio Gómez del Campo, hermano de Luis, sea administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes de esa dependencia.

En septiembre pasado, el SAT compró a Autoangar 58 camionetas tipo Guayin y 35 camionetas tipo pick up, que facturaron 10 millones 558 mil pesos. A finales de ese mes, compró camionetas por 153 millones 587 mil 471 pesos con dinero del Fideicomiso Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y de Control de las Auditorías Aduaneras.

Vehículos de lujo para secretarios y subsecretarios, camionetas para funcionarios ejecutivos y 4 por 4 para ejecutivos junior; vehículos utilitarios, camiones de carga, pipas y tractocamiones para la industria petrolera; pipas y camiones cisterna; camiones adaptados como unidades médicas para el sector salud; camiones de carga para transportar bienes incautados; patrullas con torreta para policías; motocicletas para los federales; blindados para el Banco Nacional del Ejército Fuerza Aérea y Armada (Banjército); grúas para Comisión Federal de Electricidad, etcétera. El Grupo Andrade surte de todo al gobierno federal en licitaciones públicas o adjudicaciones directas.

Aeropuertos y Servicios Auxiliares compra a Grupo Andrade autostanque para gasavión, dispensadores para suministro de combustible, vehículos de rescate y extinción de incendios. A la Comisión Nacional del Agua, vehículos y camiones tanque cisterna. Con cargo al Fondo Nacional de Desastres, el gobierno federal compra al Grupo Andrade camiones tanque cisterna, tractocamiones y camiones 6 por 4 con grúa.

En 2009, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) compró una flotilla de 46 automóviles sedan cuatro puertas, con dirección hidráulica y aire acondicionado, y 49 camionetas tipo pick up 4 por 4 con sistema de doble tracción.

Por adjudicación directa, también les compran la Comisión Nacional de Vivienda, la Secretaría del Trabajo, Banjército, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Y por “invitación restringida”, las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Educación Pública.

El SAT, además de comprar vehículos, contrata a Grupo Andrade el servicio de mantenimiento; igual que Pemex Corporativo, que en febrero de 2008 contrató el mantenimiento de los vehículos de sus ejecutivos por 590 mil pesos. También Liconsa, la Policía Federal Preventiva y la Secretaría del Trabajo.

Pemex Refinación compra a Andrade refacciones y el mantenimiento de pipas y del parque vehicular, así como de tanques de terminales del país.

Denuncias elocuentes

El pasado 30 de agosto, el SAT recibió una denuncia donde se ventilan, con santo y seña, supuestas irregularidades del corporativo Andrade. Aquí, la parte sustancial de la denuncia, a la que tuvo acceso Contralínea:

“Los trabajadores del Grupo Andrade son empleados de una administradora de personal Trasinmex, SA de CV, y/o Servicios de Contraloría, Administración y de Personal, SA de CV. Los gerentes y directivos son miembros de una cooperativa. Adicionalmente, los dueños y directivos reciben sus ingresos por medio de depósitos en efectivo de la empresa de transporte Velotrans, SA de CV, la cual factura a las distribuidoras ciertos montos con IVA [impuesto al valor agregado], los cuales son depositados a cuentas bancarias de los dueños, directivos, gerentes y empleados de las distribuidoras.

“La empresa de transporte acumula el IVA y factura como asesorías administrativas. Esto se ha llevado a cabo mensualmente por más de cinco años, abusando de las ventajas fiscales de las deducciones de las empresas de transporte. Al final, esta empresa está ‘vendiendo’ facturas y realiza operaciones fuera de su giro. A sabiendas de que este tipo de transacciones son ilegales, los directivos y dueños sacan sus ingresos adicionales de las empresas, ya que cobran una mínima porción dentro de la nómina de la empresa administradora de personal.

“Tanto propietarios como empresas no son asesorados por empresas externas como es común, sino que copian esas prácticas y las implementan por medio de sus directores de contraloría y del área legal. Además de incurrir en simulaciones contables, triangulaciones financieras, doble contabilidad, evasión de pago del ISAN, y promueven amparos para dejar de pagar contribuciones.

“Los dueños podrían ser responsables de evasión fiscal, lavado de dinero, fraude, ya que a pesar de hacer ventas importantes a Pemex de auto tanques y tener utilidades, buscan figuras para no contribuir al fisco a pesar que el mismo Estado le hace importantes compras…” (sic).

Al respecto, la Administración Regional de Evaluación Metropolitana, de la Administración General de Evaluación del SAT, integró el expediente (103-24) 331-02-02-2010-208.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) recibió una denuncia similar.

En octubre, ambas denuncias derivaron en otras que se presentaron ante las contralorías internas del SAT y la CNBV. La razón: se acusa a Antonio Gómez del Campo, en el SAT, y Pablo Gómez del Campo, en la CNBV, de supuesta “omisión ante las actividades que realiza su hermano Luis Gómez del Campo Gurza, director financiero del Grupo Andrade”.

En la CNBV, Pablo Gómez del Campo es vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la CNBV. La queja en su contra quedó integrada en el expediente AQ/DE-17/10.

La denuncia ante los órganos internos de Control detalla el supuesto encubrimiento de los Gómez del Campo a las supuestas prácticas de su hermano Luis en el Grupo Andrade.

Cita el texto:

“Denuncio las presuntas irregularidades cometidas por Pablo Gómez del Campo Gurza, vicepresidente de supervisión de procesos preventivos de la H Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

“Presuntas irregularidades: el servidor en cuestión ha encubierto a su hermano Luis Gómez del Campo Gurza de operaciones financieras ilícitas, ya que la empresa de la cual es el director financiero conocida como Grupo Andrade, ha sido señalada de presunta evasión fiscal, ya que utiliza diferentes mecanismos para no cumplir con sus obligaciones fiscales.

“El servidor público en cuestión podría estar actuando por omisión ante las actividades de su hermano. Puede ser también probable cómplice de su hermano al asesorarlo y/o ayudarle a él y G Andrade en cómo tramar las operaciones sospechosas, así como evadir las sospechas de las autoridades fiscales y judiciales.

“Puede también tener conflictos de intereses al serle cuestionado por las autoridades sobre el actuar de su hermano, así como de las actividades de la empresa de la que es director.

“Sobre la responsabilidades y actividades de Luis Gómez del Campo se pueden señalar, entre otras: contacto con personas o socios de las empresas en las que labora, que probablemente lavan dinero producto de negocios ilícitos o de evasión fiscal. Las personas son el exedil de Tuxpan, Michoacán, Gilberto Coria Gudiño; los propios socios de las empresas de Grupo Andrade Ángel Mieres Zimmermann, Jorge Armando Olivares de Emparan, amigos personales de Luis Gómez del Campo, así como otros directivos del grupo.

-“Ha sido ejecutor de movimientos financieros inusuales y sospechosos, en complicidad con los socios señalados.

-“A sabiendas de las actividades irregulares, no reporta ni denuncia las mismas ante las autoridades competentes, más aún, teniendo un hermano servidor público que su deber es prevenir tales actividades.

- “El mismo Luis Gómez del Campo es en lo personal evasor fiscal, ya que por diferentes mecanismos (por medio de la empresa transportadora del grupo llamada Velotrans) obtiene ingresos que no registra, haciéndolo sospechoso de enriquecimiento ilícito y desmesurado, lo cual Pablo Gómez del Campo ya debió haber notado en los últimos años.

- “Luis Gómez del Campo, junto con el contralor de las empresas Antonio Carlos Colombo son los responsables de autorizar los movimientos de efectivo por medio de Trasportadora Velotrans a los socios y directivos, abusando de los deducciones y régimen fiscal de empresas dedicadas al transporte.

-“Responsable de elaborar estados financieros y modificarlos con datos no reales, con el fin de mostrarlos a las instituciones financieras y recibir créditos, así como de falsificación de pagarés y otras obligaciones junto con el señor Ángel Mieres Zimmermann. Prueba de esto son los diversos juicios entre las financieras de las armadoras de las marcas que representan.

“La lista puede continuar, pero la idea es que consideren que este servidor público, encargado de vigilar y prevenir muchas de las actividades descritas con anterioridad, haga su encomienda, independiente de quien se trate, como lo ha señalado en reiteradas ocasiones el presidente Calderón, del que, curiosamente, los hermanos Gómez del Campo se relacionan familiarmente. Parece que el enemigo a combatir está cerca de casa.

“Estas actividades descritas se han llevado a cabo al menos durante el periodo que comprende del 1 de octubre de 2005 a la fecha.

“Pido respetuosamente se dé seguimiento a esta denuncia, ya que la H CNBV tiene la capacidad de verificar la información de movimientos bancarios sospechosos y que se lleguen a aclarar todos estos inconvenientes, por el bien de Mexico y de los que lo queremos y buscamos un mejor país.”

En noviembre pasado, el OIC ordenó cerrar el caso por “improcedencia”.

Contralínea solicitó a los representantes del Grupo Andrade su postura respecto de dichas denuncias. La respuesta fue que ellos no tienen conocimiento de tales denuncias y que sus empresas “siempre se han conducido bajo la observancia y cumplimiento de las leyes. Ninguna de las empresas de Grupo Andrade ni sus funcionarios, ni sus socios se encuentran involucrados en alguna actividad ilícita y no se tiene conocimiento de investigación alguna”.

Ante los graves señalamientos que en dichas denuncias hay en su contra, se solicitó a Luis Gómez del Campo una entrevista. Hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta. También, a Margarita Zavala Gómez del Campo, quien, a través de su Secretaría Particular, dijo que no haría comentario alguno al respecto.

Fuente: Contralínea 232 / 08 de mayo de 2011

Tribunal Electoral: el imperio personal de María del Carmen Alanís

La presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanís, fue exhibida por reunirse en sigilo con emisarios del gobernador Enrique Peña Nieto, acusado de violar la Constitución y cuyo caso debe resolver esa instancia. El hecho no es nuevo: en su búsqueda de poder a toda costa, la magistrada ha tejido una red de exsocios, familiares, amigos y familiares de amigos que ya abarca distintos ámbitos de los poderes Judicial y Ejecutivo, además de influir en los órganos electorales.

María del Carmen Alanís, presidenta del TEPJF.

Álvaro Delgado

MÉXICO, D.F., 5 de abril (Proceso).- Desde agosto de 2007, cuando asumió la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde pretende reelegirse, María del Carmen Alanís ha edificado un imperio personal mediante una red de relaciones con prominentes personajes de todos los partidos políticos, los tres poderes de la unión, la iniciativa privada y la academia.

No es raro, como se puede probar, que sean criterios políticos, afectivos y de negocios los que guían a menudo la actuación jurisdiccional de Alanís, quien está envuelta en un nuevo escándalo al ser pillada en una subrepticia reunión, el 9 de marzo, para presuntamente pactar con emisarios del gobernador Enrique Peña Nieto que el TEPJF lo exonere de violar la Constitución, como lo resolvió el Instituto Federal Electoral (IFE).

El elenco reunido en la casa de Alanís en una comida –no en una cena, como aclaró a sus compañeros magistrados– revela el signo de sus relaciones: El consejero del IFE Marco Antonio Baños, su exsocio en la empresa de consultoría Demos e identificado como allegado al senador Manlio Fabio Beltrones, y el expriista Enrique Ochoa Reza, aspirante a consejero y subordinado suyo en el TEPJF.

Otros asistentes priistas fueron los diputados federales Luis Videgaray, coordinador de campaña de Eruviel Ávila, candidato a suceder a Peña Nieto como gobernador del Estado de México, y Sebastián Lerdo de Tejada, representante de su partido ante el IFE y hermano de Fernando, empresario que cobra 240 mil pesos mensuales por asesorar a Alanís en cabildeo político y medios de comunicación.

Un quinto comensal de esa reunión, quien el miércoles 30 se reunió con Alanís para solicitarle que se excuse del juicio a Peña Nieto, según confirmó la propia Alanís a la cúpula del Partido Acción Nacional (PAN), fue Frank del Río, uno de sus amigos que supuestamente opera, junto con Benito Neme Sastré, a favor del gobernador priista.

La revelación por el diario Reforma de ese sigiloso encuentro en el penthouse de Alanís, puesta bajo sospecha por el PAN –que la ha apoyado por impulso de Margarita Zavala, su amiga desde la niñez–, la obligó a proceder de manera equívoca y causó disgusto entre magistrados.

Cuando, el viernes 17, ese diario publicó en la columna institucional Fray Bartolomé detalles de la reunión, Alanís inició un periodo vacacional hasta el día 22, pero regresó a su oficina un día antes, cuando en la columna Tolvanera, de Roberto Zamarripa, con el título de La cena, se añadieron detalles del encuentro.

Sin importarle que el magistrado Alejandro Luna Ramos estaba en funciones de presidente del TEPJF por ministerio de ley, Alanís comenzó a impartir instrucciones para frenar el escándalo, como el envío de cartas al diario a través del coordinador de Comunicación Social, Octavio Mayén, pero magistrados como Flavio Galván le reclamaron.

–¡Yo soy la presidenta! –dijo.

–No estabas en funciones –le aclaró Galván–. ¿No sabes lo que es ser presidente por ministerio de ley?

–Perdón, me equivoqué –reconoció luego de una larga discusión.

El martes 22, dos días antes de que el PAN se lo solicitara formalmente, Alanís planteó a los magistrados, en sesión privada, excusarse de intervenir en el caso, del que es ponente, lo que internamente se interpreta como una argucia para no comprometerse con Peña Nieto, como lo ha hecho en casos en los que simplemente se ausenta.

Entre estos asuntos destacan la ratificación de multas a las televisoras, las impugnaciones del PAN en elecciones estatales o recursos promovidos por los adversarios de la corriente Nueva Izquierda del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que la apoya.

Por lo pronto, como se lo dijo Gustavo Madero, presidente del PAN, este partido desconfía de ella, pese a que, en la reunión del miércoles por la mañana, negó que en la reunión con los priistas y el consejero Baños se haya pactado exonerar a Peña Nieto.

El diputado federal Agustín Castilla, testigo de la reunión de la cúpula del PAN con Alanís, revela: “Maricarmen nos dijo: ‘Niego categóricamente lo que se me imputa de que hubo acuerdo e incluso ofrecimientos económicos. Es falso. Es una reunión como tengo muchas. A lo mejor no fue pertinente, se puede discutir’”.

Castilla dice que de todas formas la magistrada está en una encrucijada: “Si se excusa, habrá quien piense que está dando la razón a los argumentos que dicen que en esa reunión se trató el asunto del Estado de México; si no lo hace, también podría pensarse que tiene algún interés respecto al asunto”.

Pero, dice, aun “si el tribunal confirma la resolución del IFE habrá quien piense que se dejó presionar o que podría tener un acercamiento con el PAN; si revoca la resolución, se interpretará que confirma un acuerdo en el marco de esta reunión con representantes del PRI”.

Dispendios

El TEPJF puede revocar o ratificar que Peña Nieto violó el artículo 134 de la Constitución, que prohíbe el uso de recursos públicos para promoción personalizada, y el artículo 128 del Cofipe por pagar spots de televisión de cobertura nacional con motivo de su quinto informe de gobierno, como lo resolvió el IFE el 18 de enero. Más allá de cuál sea el fallo, Alanís afianza su poder dentro y fuera del TEPJF sin escatimar recursos.

Apoyada en los 2 mil millones de pesos de presupuesto del TEPJF para este año, Alanís ha hecho más obesa a la institución para colocar en la estructura laboral a sus amigos o de los magistrados, así como para pagar jugosos contratos a empresas y personajes vinculados a ella.

El objetivo: Reelegirse, en agosto, como presidenta del TEPJF que calificará la elección presidencial –en la que prevé participar Peña Nieto– para luego ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde goza de la amistad de ministros como Guillermo Ortiz Mayagoitia, Sergio Valls y Fernando Franco.

La austeridad no va con Alanís: cuando asumió la presidencia del Tribunal Electoral, en agosto de 2007, luego de que Galván presentó su renuncia “por motivos de salud”, la institución tenía una plantilla de 886 plazas, pero para marzo de 2011 suman más de mil empleados.

Pese a contar con un equipo de comunicación social, con 43 servidores públicos, Alanís destina multimillonarias sumas en asesorías en la materia: Por ejemplo, otorgó un contrato a Estrategia Total, empresa de cabildeo propiedad de Fernando Lerdo de Tejada que, sólo para 2011, asciende a 2 millones 784 mil pesos, a razón de 232 mil pesos mensuales por “servicios de asesoría en comunicación de información estratégica”.

Poco menos de esa cantidad, y para un contrato bianual, le paga a la agencia Ferrer y Asociados para asesoría para campañas de difusión: un total de 2 millones 180 mil pesos.

Amigo de Alanís, el exconsejero electoral Rodrigo Morales Manzanares obtuvo un contrato, vigente de marzo a diciembre del año pasado, por 809 mil pesos, por “servicios profesionales consistentes en la consultoría en materia electoral”.

Por “servicios de consultoría”, de junio a septiembre, el TEPJF pagó a Rafael Corona Funes 290 mil pesos. Y a la asociación civil Inclusión Ciudadana le otorgó 527 mil pesos para “desarrollar el proyecto Niñas y Niños como Yo”.

A cada uno de los miembros del Comité Editorial del TEPJF, que se reúnen ocasionalmente, se le paga casi 150 mil pesos. Entre ellos destacan Lorenzo Córdova Vianello, Álvaro Arreola y Rafael Estrada Michel.

El Tribunal Electoral, incluso, destinó 50 mil 270 pesos al mantenimiento del receptor de la alerta sísmica.

Otro dato: El TEPJF pagó 6 millones 300 mil pesos al escultor Enrique Carvajal González, conocido como Sebastián, por una escultura denominada “Los caminos de la justicia hacia el siglo XXII”, como parte de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución. La escultura fue donada a la UNAM y se levanta junto al estadio de Ciudad Universitaria.

Los amigos

La nómina del TEPJF ha crecido, también, porque Alanís ha consentido que los magistrados contraten amigos y familiares. Ella misma, quien devenga un salario de medio millón de pesos mensuales, ha usado la institución para ampliar sus vínculos políticos.

Alanís contrató como jefe de departamento a Ramón Patiño Muñoz, hijo del director de la Facultad de Derecho de la UNAM, Ruperto Patiño Manffer, quien forma parte del Comité Académico del TEPJF.

Presuntamente a petición de Alanís, Patiño Manffer firmó una carta a nombre de la Facultad de Derecho para respaldar a Ochoa Reza –quien se desempeña como director del Centro de Capacitación Electoral del TEPJF– como aspirante a consejero electoral.

Junto con Ochoa Reza, quien fue uno de los asistentes a la comida con emisarios de Peña Nieto, Alanís impulsa para el Consejo General del IFE a Cecilia Tapia Mayans, coordinadora técnica administrativa de esa institución, y a Leonardo Duque Roquero, quien fue su socio en la empresa de consultoría Demos, junto con Marco Baños, el otro comensal.

En marzo de 2007 Alanís dejó de ser socia de Demos al venderle su parte accionaria a Emilio Rabasa Gamboa, su esposo y allegado a Manlio Fabio Beltrones, y al año siguiente, en abril de 2008, esta empresa de consultoría fue liquidada.

En junio de ese año también renunció a la empresa Asistencia y Capacitación Electoral, en la que era socia de Jorge Alcocer Villanueva, e hizo lo mismo en la asociación civil Sueños y Quimeras, dedicada “a todo tipo de servicios profesionales en materia de consultoría”.

Alanís impulsa también a Jacinto Silva Rodríguez, magistrado de la sala regional del TEPJF con sede en Guadalajara, Jalisco, quien goza del apoyo de Calderón, pero también de la organización ultraderechista de El Yunque. De hecho, según información de esa sala regional, Jacinto Silva, quien aspiró a ser magistrado de la Sala Superior del TEPJF, se despidió del personal la semana antepasada, dando por hecho que será uno de los tres consejeros electorales.

Como parte de sus relaciones políticas, que le han permitido mantener el control del TEPJF, Alanís también contrató al actuario Fernando Ojesto Martínez Manzur, adscrito a la Secretaría de Acuerdos del TEPJF e hijo del exmagistrado Fernando Ojesto, quien es su asesor de tesis de doctorado y allegado a Benito Neme, uno de los operadores de Peña Nieto.

Ojesto es amigo de Benito Neme Sastré, colaborador de Peña Nieto, y allegado a Frank del Río, otro de los asistentes a la reunión en casa de Alanís, hijo de Carlos del Río Rodríguez, expresidente de la SCJN.

La presidenta del TEPJF tiene como secretaria privada a Tatiana Hernández Velásquez, cuyos parientes son supuestamente propietarios de la empresa Diseño, Reconstrucción y Comunicación, S.A. de C.V., proveedora de papelería a las autoridades electorales.

Con el aval de Alanís, hay magistrados que contratan a parientes y amigos directamente o a través de sus colegas, como es el caso de los magistrados Luna Ramos y Pedro Penagos López, quienes en una primera ronda votaron en contra de Alanís para presidenta en agosto de 2007, propuesta por el magistrado Manuel González Oropeza.

Con Luna Ramos trabajan Juan Carlos López Penagos, secretario de estudio y cuenta, y Armando Penagos Robles, secretario auxiliar, ambos familiares del magistrado Penagos López.

Y con éste labora Francisco Belisario Luna Ramos, secretario de ponencia, hermano del magistrado Luna Ramos. Otro familiar del magistrado Penagos, Adriana Penagos Robles, es auxiliar de mandos medios en la coordinación de relaciones con organismos electorales.

Penagos López, quien ha dejado ver que busca disputar a Alanís la presidencia del TEPJF, contrató como secretario de ponencia a Jorge Alberto Orantes López, hermano de la senadora María Elena Orantes, quien aspiró a la secretaría general del PRI y se dice allegada a Beltrones y Peña Nieto.

Por su parte, el magistrado Constancio Carrasco Daza contrató a José Luis Ceballos Daza, secretario de estudio y cuenta, supuestamente su pariente.

Así, con esta red de relaciones, Alanís busca reelegirse como presidenta del TEPJF en una sesión que deberá llevarse a cabo el 5 de agosto, porque en esa fecha concluye el periodo del magistrado Flavio Galván, quien presentó su renuncia por motivos de salud...