A un año de Salvárcar, puras promesas...

Todos Somos Juárez: de las protestas a las promesas

A 11 meses del arranque del programa Todos Somos Juárez, activistas sociales de esa ciudad insisten en que las acciones emprendidas por el gobierno federal siguen siendo desatinadas e ineficaces. Algunos de ellos comentan a Proceso que el problema es de estrategia, y aun cuando no dejan de reconocer algunos logros, documentan las pifias de las acciones emprendidas supuestamente para ayudar a los jóvenes y combatir la violencia en la ciudad fronteriza.

Salvarcar, la herida abierta.

Patricia Dávila

Las declaraciones del presidente Felipe Calderón desde la capital de Japón sobre el asesinato de 15 estudiantes en Villas de Salvárcar el 30 de enero de 2010 –a quienes llamó pandilleros– sólo activaron la indignación, hasta ese momento contenida, de los juarenses.

Ya pasó un año de que un comando de sicarios del cártel de Juárez asesinó a esos adolescentes durante un convivio, pero la violencia no cede, sino que exhibe más las fallas de estrategia de las autoridades. Ante los embates de las organizaciones delincuenciales la población no ha dejado de elevar su clamor en busca de justicia.

En marzo de 2008, cuando se puso en marcha el Operativo Conjunto Chihuahua, con el despliegue de 5 mil 500 soldados que inundaron las calles de Juárez, las protestas fueron inmediatas. Los ciudadanos rechazaron la intromisión del Ejército y comenzaron a documentar las violaciones de las tropas a los derechos humanos de los habitantes; algunos grupos organizados denunciaron incluso ejecuciones de civiles.

Imparable, la violencia dio origen a delitos colaterales, como el secuestro, la extorsión, el cobro de piso por parte de las organizaciones criminales, el robo de autos y los asaltos.

Por eso las declaraciones de Calderón hechas en Tokio dos días después de la matanza de los jóvenes en Villas de Salvárcar, según las cuales se trató “de un ajuste de cuentas entre pandillas”, enardecieron a los juarenses, quienes le exigieron dar la cara. Y tuvo que hacerlo.

El 11 de febrero siguiente, Calderón llegó a Juárez, la urbe más violenta del país, y anunció su plan Todos Somos Juárez. Reconstruyamos la Ciudad, que se inició seis días después “como respuesta al círculo vicioso de violencia” que se vive en esa zona fronteriza.

Con una inversión de 3 mil 386.5 millones de pesos, el proyecto comprende seis áreas básicas: seguridad, educación, salud, desarrollo social, economía y empleo. Las primeras cuatro absorberán, se dijo, 99% de los recursos.

Acciones sin estrategia

A 11 meses del arranque del “programa integral”, la doctora Leticia Chavarría, de la Mesa de Seguridad formada por ciudadanos comprometidos con el buen desarrollo de su entorno social, sostiene que el fracaso de Todos Somos Juárez es patente. Y enumera las pifias.

El Centro de Emergencia y Reacción Inmediata (CERI), dice, no logró disminuir sus tiempos de respuesta ante las contingencias. Hoy, según la representante de los médicos locales, existen muchas quejas acerca del tiempo que tardan en llegar los socorristas cuando alguien los requiere; algunas veces ni siquiera atienden el reporte.

Entre los delitos que han tenido mayor impacto durante los meses recientes Chavarría menciona el secuestro y la extorsión –de los que, precisa, “no existen cifras confiables”– además del robo de autos. Por lo que atañe al programa de fronterización, cuyo propósito es dar facilidades a ciudadanos para regularizar sus vehículos, comenta, es inoperante por sus elevados costos.

A ello se debe que aún circulan alrededor de 80 mil unidades sin placas, lo que da pie a que se cometan delitos con ese tipo de autos, incluso en los dos “corredores seguros”, que sólo funcionaron de manera temporal y donde los actos delictivos van al alza pese al operativo de blindaje en la zona turística del Programa Nacional Fronterizo.

Por lo que respecta a la profesionalización de la Policía Municipal, la activista reconoce que no se ha abierto una campaña de reclutamiento ni se han diseñado cursos de capacitación para los agentes y tampoco se ha depurado la corporación. Cada que los juarenses cuestionan a las autoridades, les responden que carecen de recursos para instrumentar ese proyecto.

Otro punto débil del programa Todos Somos Juárez es el de la violación constante a los derechos humanos. En el Centro de Confianza Ciudadana (CCC) se reciben innumerables denuncias contra agentes federales. Uno de los casos más críticos es el del estudiante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) José Darío Álvarez Orrantia, quien el 29 de octubre de 2010 fue agredido dentro del campus por dos policías armados.

Los pendientes

Hugo Almada, integrante también de la Mesa de Seguridad, dice que pese a que observa “algunas cosas significativas” en el programa integral del gobierno federal, “es evidente que hay problemas en los que no se ha logrado nada.

“Se trata de una guerra innecesaria dirigida contra los pobres”, dice. Y lamenta que no se enfrenten delitos como el lavado de dinero ni la corrupción política y a los funcionarios implicados; tampoco interesa a las autoridades atacar la estructura financiera de los cárteles. Las acciones sólo se enfocan a la parte operativa, a los consumidores y vendedores, pobres en su mayoría, o a los sicarios.

Desde el punto de vista táctico la estrategia ha sido mal planteada. Carece de labor de inteligencia. Eso provoca que los operativos no sean ágiles ni contundentes.

–¿Cómo han actuado las autoridades? –se le pregunta a Almada.

–Las fuerzas federales o la tropa se desplazan a los lugares de conflicto sin hacer ninguna investigación previa; el problema es de estrategia. Quiero ser enfático: no estamos de acuerdo (como lo planteamos en febrero de 2010, cuando pedimos fortalecer el área de inteligencia) con la poca respuesta del gobierno federal (para enfrentar la violencia criminal).

Almada, quien participa también en la Mesa de Salud y de Desarrollo Social expone sus desacuerdos en esos rubros. Con respecto a la primera, admite que hay avances en la construcción del hospital psiquiátrico y en el equipamiento del hospital infantil y en la edificación de otro nosocomio con 120 camas, pero la afiliación de gente de escasos recursos al Seguro Popular tiene sus claroscuros.

Dice que aun cuando miles de personas de mayor pobreza fueron incorporadas a ese programa sanitario, instituciones como el IMSS y el ISSSTE resultaron “castigados”, pues ahora tienen que atender a más pacientes y algunas veces se saturan. Almada señala el error: primero debió ampliarse la infraestructura y luego realizar la afiliación. Así de fácil.

En lo relativo a las adicciones, el entrevistado señala que se están construyendo centros como Nueva Vida para atender a la población afectada, además de una red de organizaciones abocadas a ese problema. La UACJ y la Secretaría de Salud, por su parte, están a punto de culminar una investigación en torno a las adicciones en la ciudad.

–Si no ha dado resultado el combate al narcotráfico, ¿funcionará el programa contra las adicciones?

–Sí. Pero aquí hay dos problemas. Uno: mientras no mejore la seguridad de manera sustancial será difícil recomponer el tejido social… No obstante, nosotros también pensamos que independientemente de ello tenemos que entrarle a los programas sociales, sobre todo a los emergentes. Es claro que aunque no mejore la situación de seguridad, la falta de programas sociales empeora las cosas.

“En la Mesa de Salud Mental el problema es que prácticamente no hay presupuesto. La salud mental no existía en las predicciones presupuestales del gobierno federal, a pesar de que el daño psicoemocional de la población juarense es similar al de un desastre humanitario.

“A pesar de esa situación, no hay esa predicción presupuestal prevista en la normatividad del gobierno; tampoco se implementó un programa emergente con la mano de obra necesaria, a pesar de que se lo demandamos a Calderón desde su primera visita.”

En la Mesa de Desarrollo Social las cosas son aún peores, considera Almada. Dice que la gente que envió la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) ni siquiera se interesó por conocer la situación que viven los juarenses. Optaron por incorporar a más gente al padrón del programa Oportunidades en sólo tres colonias: Oasis Revolución, Plutarco Elías Calles y Luis Olague, de las 900 que hay en la ciudad.

“Esto hace que los problemas más significativos no se hayan atendido, a pesar de que la problemática es acuciante a causa del abandono”, expone el entrevistado.

“Hay un rezago histórico en todos los temas: educación, salud, atención a la niñez, a la juventud, a las personas con discapacidad y a quienes tienen problemas psicoemocionales o de adicciones”, dice Almada.

E insiste: “Lo que se requiere es sanar el tejido comunitario y atacar la pobreza que afecta a la mitad de la población (1.3 millones de habitantes)”. Y pone como ejemplo las guarderías. “Tenemos cupo sólo para 8 mil niños, pero la demanda es de 120 mil lugares”.

A lo anterior deben sumarse los problemas sociales emergentes derivados de la guerra emprendida por el gobierno federal contra el narco: atención a víctimas de la violencia así como a los adolescentes en situación crítica. Y aunque comenta que algunas cosas se están haciendo desde la Mesa de Educación, la Sedesol no trabaja con las redes comunitarias y sociales por lo que se desconoce cuáles son las poblaciones más afectadas.

–¿Es incongruente que no se atiendan estos problemas cuando Todos Somos Juárez se inicia a raíz de la masacre de 15 jóvenes a cuyas familias lastimó el presidente Calderón al llamarlos “pandilleros”?

–Fue el detonante. Pero también viene como respuesta a una realidad de gran dolor que ya vivía la ciudadanía, al clamor de las organizaciones sociales y civiles que demandaban la intervención gubernamental.

Hay avances, pero limitados

La activista Teresa Almada, integrante de la Mesa de Educación, en la que se incluyen 72 de los 140 compromisos de la estrategia Todos Somos Juárez, habla de los aciertos, sobre todo, dice, por la ampliación de la jornada escolar en 60 primarias públicas en las colonias críticas, aunque aclara que en las secundarias aún hay dificultades.

Otra acción significativa es el crecimiento de la matrícula en educación media superior y la construcción de cuatro escuelas de bachillerato en las zonas más pobres de la ciudad. “Es la primera vez que va a haber escuelas en esta zona. Es el pago a una deuda histórica, porque la escuela estaba dirigida a la clase media”, expone.

En cuanto a las becas a estudiantes de nivel medio superior y superior, la ayuda es notable. En el primer caso, relata, fueron 5 mil 100. Además se abrieron 4 mil espacios en la UACJ, en la Universidad Tecnológica y en el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez. “Son acciones importantes, aunque por el rezago educativo obviamente no van a revertir el grado de violencia”, advierte.

En el ámbito cultural las autoridades remodelaron los museos de la ex Aduana y de la Revolución Mexicana, y pusieron en marcha varios proyectos comunitarios y otros orientados a la promoción de artistas, todo ello pese a que faltó una estrategia para convertir la cultura en un recurso frente a la violencia avasallante.

Teresa Almada pone énfasis en el punto 84 –las acciones de la sociedad civil– que, dice, se abordó de manera velada. Aun cuando la encomienda era atender a 2 mil 500 niños y jóvenes en riesgo o en situación de calle para reintegrarlos a la educación básica, ella reconoce que el problema es mucho mayor.

“Creo que hay un fondo de 2.5 millones de pesos para un tema que requiere una estrategia mucho más acabada y más recursos. El problema es que hay miles de adolescentes fuera del sistema educativo y que las estructuras de la SEP son más para los jóvenes integrados que para los excluidos.

“Todos los adolescentes que participan en pandillas o que están en riesgo de vincularse al narcotráfico o a la delincuencia requieren otro tipo de estrategia de intervención, no porque se pongan ahora escuelas van a venir a las aulas. Este punto es central porque 30% de los adolescentes de 12 a 15 años está fuera del sistema escolar; mientras que el índice de jóvenes de 15 a 19 años llega a 31%.”

–¿Cuáles son las características de estos jóvenes?

–No me gusta el concepto de los “ninis” (los que ni estudian ni trabajan). Creo que encubre situaciones muy diferentes, cada una de las cuales requiere un tipo específico de tratamiento. En ese concepto se engloba lo mismo a un joven que no pudo entrar a la universidad y está esperando otra oportunidad, que a un adolescente de barrio que a los 15 o 18 años no sabe leer ni escribir.

“Por eso el concepto no me parece adecuado. Yo distinguiría varios tipos: uno, ligado a adolescentes y jóvenes vinculados con procesos de socialización violenta que, paradójicamente, desde mi punto de vista, no es tan difícil integrar y menos en este contexto.

“Los consejeros insistimos en colocar este sector como prioridad para 2011. El reto es saber cómo diseñar alternativas para estas poblaciones que no están necesariamente vinculadas al narcotráfico, pero potencialmente pueden estarlo. Sabemos que las bandas suelen contratarlos para un trabajo determinado, incluso riesgoso, pero el día de mañana ya no les sirven, algunos incluso son asesinados. Hay sicarios que sólo viven un día.”

–Resulta paradójico que temas enfocados a rescatar a los adolescentes y jóvenes sean ajenos al programa Todos Somos Juárez, cuando éste se diseñó después de la matanza de 15 estudiantes en Villas de Salvárcar el año pasado...

–Y cuando lo jóvenes son utilizados por la delincuencia organizada. Es lo que te decía. Esto implica mucho más. Este programa fue hecho al vapor. l

Sistema financiero mexicano, lavador de Mario Villanueva

Priista de toda la vida, el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, actualmente preso en México y sujeto a proceso de extradición hacia Estados Unidos, tejió una extensa e intrincada red financiera para lavar cientos de millones de dólares producto del tráfico de drogas. Contralínea reconstruye las rutas del dinero que fabricó mediante el uso de prestanombres, la creación de empresas off shore en los paraísos fiscales de las Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas, en complicidad con instituciones bancarias nacionales y del extranjero. En forma paralela, abrió una cuenta secreta por 100 millones de pesos para apoyar las campañas de diputados y presidentes municipales del Partido Revolucionario Institucional.

José Réyez / Primera parte

De acuerdo con reportes confidenciales de la Administración de Drogas y Narcóticos (DEA, por sus siglas en inglés), de la Unidad de Investigaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México, de la Procuraduría General de la República (PGR), testimonios de testigos protegidos incluidos en el proceso penal 101/2003, y peritajes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Mario Villanueva Madrid echó mano de familiares, funcionarios del gobierno de Quintana Roo, amigos y prestanombres para blanquear el dinero que obtenía por el pago y la protección que brindaba al cártel de Juárez, encabezado por los hermanos Amado y Vicente Carrillo Fuentes.

Entre las operaciones financieras que realizó para ocultar los fondos ilícitos, abrió cuentas bancarias en la Consultoría Internacional Casa de Cambio Ixe; en Casa de Cambio Tiber; en Grupo Financiero Banca Serfín; en el Chemical Bank de Nueva York; en Banca Serfín Nassau Branch; en BCH; en Bancomer; en Banco Internacional; Bancrecer e Inverlat; Banpaís; el Bank of New York; el Bank of America Cayman; el First Union National Bank of Florida; el Banco Atlántico de Miami, Florida; el Citibank Buffalo, entre otros, sin que alguna de estas instituciones reparara en el origen del dinero que el político priista depositaba o transfería a múltiples cuentas. A pesar de que los expedientes contra Mario Villanueva revelan la participación de las instituciones financieras en el lavado de dinero, ninguna ha sido investigada y muchos menos sancionada por ese delito grave.

Numerosos oficios, documentos de las transferencias, los depósitos, contratos y cheques fechados entre 1991 y 2000, investigados y suscritos por Sergio Raúl Díaz Roura, director de Investigaciones de la CNBV, confirman la complicidad de las instituciones bancarias en el manejo de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, que llevó a cabo Villanueva Madrid, antes y cuando ocupó la gubernatura de Quintana Roo (1993-1999).

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La protección militar al cártel de Júarez

Ricardo Ravelo

La declaración ministerial que el año pasado rindió ante la PGR Vicente Carrillo Leyva vuelve a evidenciar que en las operaciones de los cárteles del narcotráfico no es excepcional la participación de mandos policiacos y militares, incluso de alto rango. En este revelador documento, El Vicentillo, acusado por la PGR de lavar dinero para el cártel de Juárez, menciona qué empresarios, funcionarios y oficiales se asociaron con su padre, Amado Carrillo Fuentes, y cómo se quedaron con parte de la fortuna que amasó en sus actividades delictivas.

Desde que lo encabezaba Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, el cártel de Juárez –una de las organizaciones criminales más antiguas del país– siempre ha contado con la protección de efectivos del Ejército, así como de las policías estatales y federales.
Estos elementos “cuidaban a mi padre y a mi familia” durante los viajes que realizaban en México y en el extranjero, recuerda Vicente Carrillo Leyva, hijo del capo.
Agrega que, tras la muerte de su padre, la dirección del cártel fue asumida por su tío Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, quien ahora cuenta con una célula de sicarios “mayormente compuesta por exmilitares, siempre fuertemente armados, que se transportan en convoyes, están asentados en Chihuahua y se asociaron con Los Zetas, encabezados por Lazca o Lazcano, para atacar y defenderse del cártel de Sinaloa”.
Lo anterior forma parte de la declaración ministerial que rindió Carrillo Leyva ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) el 1 de marzo de 2009. Este testimonio se halla integrado en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/097/2004, cuya copia tiene Proceso.
Conocido como El Ingeniero o El Vicentillo, Carrillo Leyva dice tener 32 años y fue considerado por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Drug Enforcement Administration (la DEA, agencia antidrogas estadunidense) como el prototipo de la nueva generación de narcotraficantes y lavadores de dinero en ascenso dentro del crimen organizado. Se le acusa de varios delitos tipificados en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, como tráfico de drogas y lavado de activos.
Su captura derivó en polémica: la PGR afirma que lo detuvo en un parque cuando realizaba su rutina matinal de ejercicios, pero su esposa, Celia Quevedo Gastélum, sostiene que los agentes lo sacaron de su departamento de la Ciudad de México (Proceso 1711).
Carrillo Leyva declaró a la SIEDO detalles sobre las complicidades de su padre con altos mandos militares; habló de los negocios que su progenitor realizó con policías federales y de los empresarios que, según dice, lo estafaron cuando intentó comprar acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, primero, y del Banco Anáhuac, después.
En su declaración ministerial exhibió parcialmente las entrañas del cártel de Juárez, recordó pasajes de su fundación y describió cómo era su estructura en el momento de su detención. No pasó por alto “el suplicio” que enfrentó, junto con su madre y sus hermanos, para recuperar la fortuna de su padre, El Señor de los Cielos, de la que sólo hallaron 7 millones de dólares que tenía guardados en varias cajas fuertes ocultas en distintos refugios y “entre seis y ocho casas”.
También recordó cómo se abocó al cobro de las deudas que distintos testaferros, entre ellos narcos colombianos, habían contraído con Amado Carrillo; igual que se dedicó a recuperar residencias de su familia en todo el país. No olvidó hablar de las relaciones de negocios que trabaron con su padre personajes como Juan Alberto Zepeda Méndez –secretario particular del empresario Jaime Camil y expareja de la actriz Ninel Conde– y José Luis Sánchez Pizzini, a quienes Carrillo Fuentes, según el declarante, les entregó 30 millones de dólares para comprar acciones del Banco Anáhuac, con el que diversos políticos, narcos y empresarios hacían negocios.
Relata que esas personas y su tío Vicente Carrillo Fuentes negaron que su padre hubiera invertido, prestado o regalado dinero para emprender negocios con ellos. “No hay nada qué reclamar”, le dijo Zepeda Méndez a Carrillo Leyva cuando le pidió la devolución del dinero que –siempre según el declarante– le entregó Amado Carrillo.
Protección militar

La declaración de Vicente Carrillo Leyva se efectuó el 1 de marzo de 2009 a las 14:10 horas ante José Federico Labastida Simón, su defensor de oficio, y Karina Gómez Sánchez, fiscal federal adscrita a la SIEDO.
Al referirse a la protección que recibía el cártel de Juárez cuando su padre lo encabezaba, Carrillo Leyva detalla cómo estaba constituida la organización criminal, los estados que controlaba y las relaciones que mantenía Carrillo Fuentes con mandos castrenses asignados a distintas plazas de la República.
Desde muy joven Carrillo Leyva comenzó a conocer a las figuras emblemáticas del narcotráfico en México:
...Conozco a Juan José Esparragoza, alias El Azul. Lo conocí en el mes de septiembre de 1989, aproximadamente, cuando mi papá fue internado en el Reclusorio Sur por portación de arma de fuego, teniendo yo aproximadamente trece años de edad, quien quedó internado hasta el mes de abril de 1990, ya que Esparragoza Moreno ya se encontraba interno en el Reclusorio Sur, y fue cuando mi papá llegó ahí y cuando lo fui a ver ahí estaba también él…
Cuando salió mi papá dejé de verlo (a Esparragoza), tres años después lo volví a ver en una de las fiestas de la familia…Tengo conocimiento que se dedica al narcotráfico, desde que lo conocí, y entre mi padre y él se decían compadres…
Por cuanto hace a la organización que comandaba mi papá, se encontraba integrada de la siguiente manera: Amado Carrillo era el jefe que se encargaba de la dirección del cártel. Mi padre era apodado El Señor de los Cielos. Le decían así porque le gustaban los aviones y en alguna ocasión llegó a tener dos o tres.
Debajo de él estaba Ramón Alcides Magaña, alias El Metro, quien era el enlace para realizar las negociaciones con los colombianos; enseguida estaba mi tío, Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy, quien era el encargado de la seguridad de la organización en todo, desde lo que eran los cargamentos de droga hasta la seguridad personal de mi papá.
Enseguida estaba Ernesto Pulido, quien era el hombre de confianza de mi papá y de mi tío, que se encargaba de la plaza de Ciudad Juárez; Chuy El Flaco era el responsable de Cancún, y también estaba Eduardo González Quirarte como encargado de la plaza de Guadalajara, y quien se jactaba de tener relaciones con los militares.
Según datos de esa averiguación previa, González Quirarte era también el encargado de las relaciones públicas del cártel de Juárez y fue quien logró corromper al general Jesús Gutiérrez Rebollo, entonces zar antidrogas, para que protegiera al capo Amado Carrillo y combatiera a los hermanos Arellano Félix, jefes del cártel de Tijuana, sus acérrimos rivales.

En su testimonio, Vicente Carrillo Leyva añade:
El encargado de la plaza de Sonora era Nicanor Loya, quien siempre manifestaba que Agua Prieta, Nacozari y Hermosillo eran territorios suyos. Jaime Olvera Olvera (quien tiempo después se convirtió en testigo protegido y fue asesinado) era el encargado de la seguridad aquí, dentro del Distrito Federal…
Por cuanto hace a los contactos entre policías locales, federales y militares, entre los estados (en los) que recuerdo se desenvolvía la organización estaban Quintana Roo, Sonora, Jalisco, Distrito Federal, Morelos, pero (en esta última entidad) no sé quién era el encargado porque yo sólo iba los fines de semana a visitarlo (a su padre) porque en ese tiempo yo vivía en el Distrito Federal…
En un pasaje, Carrillo Leyva cuenta cómo protegían a su padre los efectivos del Ejército:
En una ocasión... llegamos a Cozumel, Quintana Roo, por la época de semana santa. Mi papá nos dijo que nos adelantáramos al lugar y que ahí nos iban a recibir unos amigos de él y a tono de broma nos dijo que no nos fuéramos a asustar con las personas que nos iban a recoger en el aeropuerto, preguntando que quiénes eran y no nos quiso decir, sólo que nos iban a encontrar a nosotros...
Según el declarante, llegaron a Cozumel en un avión privado. Enseguida, cuenta, “los militares rodearon el avión y al abrir las puertas nos saludaron muy amablemente diciéndonos que venían de parte del general Curiel”. Se refiere al general Gonzalo Curiel García, quien falleció en septiembre de 1995 cuando cuatro aviones de la Fuerza Aérea Mexicana colisionaron en el aire durante una exhibición del día de la Independencia. En ese accidente murieron otros jefes castrenses.
Los soldados –continúa El Vicentillo en su declaración ministerial– los llevaron a un hotel:
Lo hicieron en vehículos oficiales que, recuerdo, (eran) un Jeep y una Suburban, instalándonos en el hotel…Ya por la tarde llegó el general Curiel presentándose y poniéndose a las órdenes, fue hasta entonces cuando supe de quién se trataba, pues era el jefe de la base aérea militar de Cozumel…
Amado Carrillo arribó a Cozumel cuatro días después.
...Y en el hotel donde nos hospedamos se reunió con el general Curiel, donde también estuvo Eduardo Quirarte y, según supe después, fue él quien los presentó, ya que el general había estado en la base aérea de Guadalajara con sede en Zapopan, Jalisco. Quiero aclarar que a mí no me consta que mi padre haya sido traficante de drogas, ya que yo siempre lo vi en casa, en plan familiar.
Carrillo Leyva señala en su declaración que, tras la muerte del general Curiel, acudió a su velorio acompañado de su padre, y ahí conoció a otros militares que resultaron piezas clave para la protección del cártel de Juárez:
Estando en el velorio del general Curiel, tres días después del avionazo, se nos informó que iba a llegar el general Rebollo (Jesús Gutiérrez), del cual Lalo Quirarte, quien se jactaba de ser su amigo, dijo que nos lo iba a presentar, lo cual nunca sucedió, pero después supe por medios informativos que lo acusan de haber colaborado con mi padre.

Negocios y poder

El cártel de Juárez siempre tuvo contacto con el poder político y empresarial. En 1997 corrió la versión de que Carrillo Leyva había sido detenido cuando regresaba de Suiza. Doce años después, ante la SIEDO, dice que nunca estuvo detenido y explica que en 1998 fue invitado por sus amigos “Luis y Franki” para ir al Mundial de Futbol de Francia, pero no quiso viajar.
Dice que cuando sus amigos regresaban de Francia fueron detenidos en Migración y los llevaron a una oficina...
... pensando Luis, según me platica, que era por el fraude de los boletos. Al llegar a dicha oficina se dio cuenta de que en el escritorio se encontraba una ficha de identificación mía y supo que se trataba de un asunto relacionado conmigo.
Los agentes se dirigieron a Franki, diciéndole que él era yo, y como éste era yerno de Enrique Molina, quien es el dueño de la Pepsi, éste le hizo saber al presidente, quien en ese momento era Zedillo, para hacerle del conocimiento la confusión, quien ordenó a la Secretaría de Relaciones Exteriores aclarar la confusión y, hecho lo anterior, horas después dejaron en libertad a Franki y a Luis…
En la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/097/2004, que contiene las acusaciones contra Vicente Carrillo Leyva, el presunto lavador de dinero del cártel de Juárez describe la estructura actual de la organización que, admite, ahora maneja su tío Vicente Carrillo Fuentes.
Expone:
Actualmente sé que la organización la maneja mi tío Vicente Carrillo Fuentes alias El Viceroy, que la persona que es su segundo se llama José Luis alias el JL o El Dos Letras y que como seña particular cojea de un pie. Él es quien se encarga de la seguridad de la organización en el estado (Chihuahua), quien es un sanguinario y me amenazó de muerte desde hace aproximadamente dos años y medio, porque dice que debí haberme metido al mando de la organización después de la muerte de mi padre.
Al referirse al cerco de protección con el que cuenta su tío Vicente Carrillo Fuentes, Carrillo Leyva señala que la mayoría de los sicarios son exmilitares:
Sé que ellos (su tío y el grupo que encabeza en el cártel de Juárez) manejan una célula de sicarios mayormente compuesta por exmilitares, siempre fuertemente armados, que se transportan en convoy de cuatro a seis camionetas tipo Durango o Suburban.
(Operan) con tácticas militares, se hacen mencionar gafes o ganfes, que es aeronáutico anfibio. Se aliaron con Los Zetas, al mando de Lazca o Lazcano, para tener más poder y así poder atacar y defenderse del cártel de Sinaloa. Que esto lo sé por pláticas y comentarios que he escuchado por gente de la organización criminal de mi tío Vicente Carrillo Fuentes, a los que me he encontrado en lugares públicos, quienes son de bajo perfil, es decir, choferes, mandaderos o veladores.
A finales de los años noventa, la PGR relacionó a Carrillo Leyva con operaciones de lavado de dinero y le atribuyó la propiedad de las tiendas Versace en Guadalajara, Jalisco, entre otros negocios. Ahora, El Vicentillo señala que la base de operaciones del cártel de Juárez es el estado de Chihuahua, aunque afirma que también opera en Sonora, Chiapas y Oaxaca.
En la madeja de datos, historias y anécdotas que Carrillo Leyva desmenuza en su declaración ante la SIEDO salta el nombre de Guillermo González Calderoni, excomandante de la Policía Judicial que cobró fama en el sexenio de Carlos Salinas por haber detenido a capos importantes, como Miguel Ángel Félix Gallardo, y después fue asesinado en McAllen, Texas.
De la relación de González Calderoni con Amado Carrillo, dice el hijo de éste:
Recuerdo haber conocido a Guillermo González Calderoni, quien fungía como policía y comandante… llegando en un vuelo de Hermosillo con destino a Guadalajara, y al arribar a Guadalajara nos detuvo a mí y a mis hermanos pensando que mi papá venía con nosotros. Nos revisó, nos interrogó y, al ver que no venía mi papá con nosotros, nos dejó ir. Al cabo de ocho días llegó mi papá a la casa de Guadalajara con él, ya que anteriormente los pilotos le comunicaron del incidente y así logró Calderoni hacer contacto con mi papá y ahí fue donde empezó la amistad con él…

La herencia

Carrillo Leyva detalla en su declaración que, tras la muerte de su padre, intentó recuperar su fortuna, que considera la herencia familiar. No tuvo el éxito que esperaba, pues algunos empresarios con los que su papá hizo negocios se negaron a pagarle; y otros, que fungían como testaferros, se rehusaron a devolverle casas, dinero en efectivo y acciones de diversas empresas constituidas con el dinero del narcotráfico.
El fallecimiento de Amado Carrillo tomó por sorpresa a su hijo:
Una vez que falleció mi padre yo estaba estudiando en el Distrito Federal, cuando me avisa Martín Ríos, quien era escolta de mi papá, que se encontraba muy mal y diez minutos después recibí una llamada de mi tío Vicente diciéndome que ya había fallecido. Esto ocurrió el cuatro de julio de 1997. Me dirigí a la funeraria López, ubicada atrás del hotel Fiesta Americana, percatándome físicamente que efectivamente la persona que se encontraba en el féretro era mi padre.
Después de este suceso comenzó la búsqueda de los bienes de Amado Carrillo Fuentes. Según Carrillo Leyva esto se hizo entre los familiares y con los socios de su padre, cuyos nombres refiere:
Supe que mi tío tomó el mando de la organización haciendo el reacomodo de la gente a su conveniencia. Dentro de los bienes muebles e inmuebles que él tenía para la operación de la organización nosotros nunca obtuvimos un beneficio. Los bienes de la familia eran entre seis y ocho casas, de las cuales nos repartimos entre mi madre (Candelaria Leyva Cárdenas), mis hermanos y yo, tocándome a mí una casa en Hermosillo y una en Guadalajara. A mis hermanos les tocaron dos casas en Ciudad Juárez, un departamento en Cancún y dos más en Culiacán.
En relación con el dinero de Amado Carrillo, señala:
No se llegó a encontrar, dentro de las cajas fuertes que tenía escondidas, más de siete millones de dólares en efectivo, los cuales nos repartimos en partes iguales entre todos los hermanos, mi mamá y yo, tocándome a mí poco más de 1 millón de dólares.
Tiempo después hizo contacto con su tío Vicente, al que le preguntó por los bienes de su padre. El Viceroy contestó que “no había bienes de la organización”, pues algunos estaban incautados y otros se habían vendido para subsanar deudas, “dándome a entender que no había nada qué reclamar” –puntualiza Carrillo Leyva.
La mayoría de los deudores y testaferros de Carrillo Fuentes tampoco respondieron. Por ejemplo, por medio de Alcides Ramón Magaña, El Metro, Carrillo Leyva se enteró, según su testimonio, de que un colombiano apodado El Carnitas o El Fritangas le debía a su padre 10 millones de dólares.
Lo tratamos de localizar y nos dijeron que lo había secuestrado la guerrilla colombiana. Dos años después lo ubicaron, reconoció el adeudo y pidió tiempo para pagarlo, pero hasta la fecha no hemos recibido dinero alguno.
En su testimonio, Carrillo Leyva menciona también al comandante de la Policía Federal de Caminos Alejandro Rostro Almaguer, afincado a principios de los noventa en Morelos, quien le dijo a Amado Carrillo por el año de 1993 que ya se iba a retirar y que deseaba poner un negocio de uniformes para venderlos a la corporación.
El comandante Almaguer le propuso a mi padre asociarse en dicha empresa, en partes iguales, diciéndome mi padre que ese negocio era mío y también las ganancias que salieran, aunque nunca me especificó la cantidad que se invirtió.
Cuando falleció mi papá le mandé a pedir cuentas al comandante, por medio del licenciado López, respecto de la fábrica de los uniformes, respondiendo él que no había nada qué aclarar ya que en su momento le pagó el préstamo de la inversión a mi papá.
Carrillo Leyva dice que posteriormente, y por medio de otro policía de Caminos, se enteró de que Rostro Almaguer seguía surtiendo uniformes a la corporación federal.
Vicente Carrillo habla de otro negocio realizado por su padre con Juan Alberto Zepeda Méndez para adquirir acciones de la Bolsa Mexicana de Valores, lo cual no se hizo, dice, porque Zepeda le ofreció comprar acciones en el Banco Anáhuac, negocio en el que implicó a Luis Sánchez Pizzini, un empresario relacionado con Carlos Cabal Peniche.
Tiempo después, el Banco Anáhuac fue intervenido por la Comisión Nacional Bancaria, entonces encabezada por Eduardo Fernández, al revelarse que el cártel de Juárez había comprado la mitad de las acciones del banco.
Tras un largo litigio –en el que, afirma Carrillo Leyva, encabezó la defensa de los accionistas el connotado panista Diego Fernández de Cevallos– el declarante se dirigió a Juan Alberto Zepeda Méndez y Jorge Hurtado Horcasitas.
Me entero por estas personas que el banco tenía problemas de malos manejos desde antes de que nosotros empezáramos la negociación de la compraventa de las acciones, por lo cual es intervenido el banco por la Comisión Nacional Bancaria, representada por Eduardo Fernández, quien tenía problemas personales, al parecer de dinero, con Juan Alberto Zepeda, Jorge Hurtado y José Luis Sánchez Pizzini.
Eduardo Fernández se tomó atribuciones que no le correspondían para afectar directamente al Banco Anáhuac, con lo que nos pasa a afectar a nosotros, por lo que se inició una auditoría, fungiendo como abogado Diego Fernandez de Cevallos. Luego supe, por otras personas, que el fallo judicial salió favorable al banco, lo cual tanto Juan Alberto Zepeda Méndez –a quien Carrillo Leyva relaciona sentimentalmente con la actriz Ninel Conde– como Jorge Hurtado han negado.
Respecto del historial de Zepeda Méndez, Carrillo Leyva afirma:
En el mes de julio de 2008 me encontré en un café de la Zona Rosa a Alberto Gallardo Islas, a quien conozco desde hace seis años, y me dijo que Juan Zepeda andaba haciendo gestiones para recuperar un cargamento de efedrina de una gente del cártel de Sinaloa. Me dijo que andaba gastando mucho dinero inexplicablemente…
Sé que Juan Zepeda Méndez hace ejercicio todos los días en el Sport City en Santa Fe en compañía de su esposa Ninel Conde, de quien es representante artístico, y cada vez que va a plazas o a provincia con el pretexto de acompañar a su esposa, aprovecha para hacer negocios con gente relacionada con el narcotráfico.

Lo que calla García Luna

PATRICIA DáVILA

CIUDAD JUAREZ, CHIH.- Con más de 3 mil ejecuciones relacionadas con el crimen organizado desde que la Policía Federal y el Ejército irrumpieron con el Operativo Conjunto Chihuahua –y según las cifras oficiales del mismo– esta ciudad chihuahuense se situó en el nivel máximo de violencia, muy superior al registrado en las peores épocas de ciudades identificadas con el narcotráfico, como Palermo, la capital de Sicilia, Italia, o Nueva York y Chicago en Estados Unidos. No sólo eso: con 101 muertes por cada 100 mil habitantes, Juárez se acerca macabramente a los niveles de mortandad que en 1991 padeció Medellín, Colombia, la cuna del cártel comandado por el famoso narcotraficante Pablo Escobar Gaviria.

Y fue precisamente en esta ciudad chihuahuense donde, el miércoles 26, el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, participó en el II Foro Internacional “Inseguridad, dolor evitable. Acciones de paz”, convocado por la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA). Ahí, en su “conferencia magistral”, expuso un análisis estadístico de la evolución de la delincuencia organizada en las ciudades mencionadas y en Ciudad Juárez.En los años ochenta esta ciudad fronteriza fue testigo de la gestación del cártel de Juárez, liderado entonces por Rafael Aguilar Guajardo y Rafael Aguilar Talavera, y actualmente por Vicente El Viceroy Carrillo Fuentes. Antes que éste lo encabezó su hermano, Amado Carrillo, El Señor de los Cielos, que según las autoridades llevó a la organización delictiva a su apogeo. Sin embargo, es ahora cuando la violencia se abate con mayor crudeza sobre los juarenses: la guerra entre el cártel de Juárez y el de Sinaloa por esta plaza se suma a la ofensiva emprendida desde hace 16 meses por el gobierno federal en contra del crimen organizado.

Un dato demasiado duro
Escoltado por 30 efectivos de la Policía Federal que viajaron un día antes a Juárez, equipados para repeler agresiones con cualquier tipo de armamento, el secretario de Seguridad Pública dictó su conferencia sin mencionar a las bandas delictivas por su nombre:“En México operan varios tipos de organizaciones criminales y suelen tener vínculos entre ellas, ya que las actividades de unos soportan a las otras. Por ejemplo, los narcotraficantes se sirven de los traficantes de armas, los traficantes de personas utilizan las rutas del narcotráfico y del contrabando”.Según el Reporte Mundial de Drogas 2009, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas y citado por el secretario, en 2007, en Colombia como país productor, el kilogramo de cocaína registró un precio al mayoreo de 2 mil 198 dólares; en México, país de consumo y tránsito, fue de 12 mil 500 dólares; mientras que en Estados Unidos y Europa, regiones consumidoras, ese mismo kilo valía, al menudeo, 97 mil 400 y 101 mil 490 dólares, respectivamente. De esa forma, en Estados Unidos las ganancias de los cárteles por colocación de la droga fueron de 95.2 millones de dólares por tonelada, mientras que en Europa alcanzaron 99.2 millones.Asimismo, de enero de 2007 a septiembre de 2008 el precio por kilogramo de cocaína en Estados Unidos se incrementó en 89%, al pasar de 96 dólares a 183, al tiempo que la pureza de la droga disminuyó en 32%. La DEA calcula que los consumidores de su país gastaron un promedio de 65 mil millones de dólares anuales en sustancias ilegales como mariguana, cocaína, heroína, anfetaminas y éxtasis. Según García Luna, en México los consumidores invirtieron 431 millones de dólares al año en esas drogas.En lo que se refiere al consumo de cocaína, entre 2001 y 2003 se redujo de 1.6% a 0.8% de la población colombiana. En México, que dejó de ser un país exclusivamente de tránsito, en 2002 consumían cocaína más de 260 mil personas (0.4%) y para 2006 el consumo ya se había duplicado. En su exposición, apoyada con 68 diapositivas, García Luna describió el crecimiento del consumo de drogas en México y después se refirió a las ciudades de Nueva York, Chicago, Medellín y Palermo, ya que ahí, “en circunstancias similares, en diferentes tiempos y puntos de la geografía mundial, se registraron casos de altos índices delictivos y de violencia que se han convertido en referentes de éxito al abatir la delincuencia”.Dijo que, a finales de los ochenta y principios de los noventa, en Nueva York se cometieron 30.66 homicidios por cada 100 mil habitantes (527 mil 257 en total). La violencia se atribuyó a la inusitada propagación del crack y la cocaína, que fomentó crímenes relacionados con el narcomenudeo, riñas por el control del territorio y delitos atribuibles a la intoxicación. Además la policía estaba “desmoralizada”, agregó García Luna.En 1993, Nueva York aplicó el programa “Tolerancia Cero”, que consistió en castigar con gran energía las faltas menores, a fin de inhibir de raíz los delitos mayores. Además se aplicó una “reingeniería” al departamento de policía. En 2007 los homicidios descendieron a 496.En el caso de Chicago, durante 1985 se cometieron 22.21 asesinatos por cada 100 mil habitantes. La criminalidad siguió avanzando y alcanzó su punto máximo entre 1991 y 1992. Al siguiente año se puso en marcha el programa “Juntos Podemos”, mediante el que se “reinventó” el departamento de policía y que se basó en tres ejes: la transformación de la policía local, la aplicación de una política preventiva a través de una intensa comunicación, y las alianzas de la policía con residentes, empresarios y líderes comunitarios. Como resultado, de 943 asesinatos registrados en 1991, el índice bajó a 450 en 2004.En la ciudad italiana de Palermo, antes del llamado Macrojuicio que el Estado emprendió de 1985 a 1988 contra la mafia siciliana, se registraba un promedio de 7.6 homicidios por cada 100 mil habitantes. De 1989 a 1992 los capos de la mafia desataron una contraofensiva y ese índice aumentó a 14.5 homicidios. Ya en 1997 el índice había descendido a 3.2 de esos crímenes, señaló García Luna en la gráfica 39 de su exposición. La cuarta ciudad analizada fue Medellín, Colombia, que en los años ochenta y principios de los noventa era la base de operaciones del cártel de Medellín, dirigido por Pablo Escobar, en aquel entonces uno de los capos más poderosos del mundo. Esta urbe también albergaba a numerosas pandillas dedicadas al narcomenudeo, a sicarios de los cárteles de Medellín y de Cali, así como a grupos paramilitares.En 1991 Medellín alcanzó su punto máximo de violencia al registrar 138.75 homicidios por cada 100 mil habitantes. Un año antes, el gobierno colombiano había emprendido una política de mano dura contra el narcotráfico y logró desarticular los cárteles de Medellín y de Cali, pero fue hasta la muerte de Escobar, en 1993, cuando los índices de violencia urbana disminuyeron a 58.01 homicidios.Según la comparación de Genaro García Luna, el año pasado Ciudad Juárez llegó a 101 homicidios por cada 100 mil habitantes, muy cerca de los 138.75 cometidos en Medellín durante su época de máxima violencia. Sin embargo, resalta un dato curioso: durante los 60 minutos de su conferencia García Luna nunca habló del cuestionado Operativo Conjunto Chihuahua. En la diapositiva 64 se refirió sólo a la fuerza policial presente en el estado: hay mil 217 policías estatales, 4 mil 603 municipales, 950 ministeriales y mil 93 federales, lo que significa que se cuenta con 232 elementos por cada 100 mil habitantes. Añadió que a partir de febrero pasado el gobierno federal “se planteó restar movilidad a los comandos armados que circulaban en convoyes; en consecuencia, se redujeron las ejecuciones en caravanas de vehículos. Actualmente, los homicidios se circunscriben a centros de distribución de drogas y a la pugna por el mercado. Incluso, el aseguramiento de armas a los grupos criminales migró de (armas) largas a cortas”.García Luna siguió aportando datos muy generales sobre la ciudad más violenta del país: “Manteniendo el combate al delito, la siguiente fase para Ciudad Juárez es acotar el mercado de distribución y consumo de drogas. Ha sido invadida por una gran cantidad de giros negros que funcionan como centros de operación del crimen organizado. Los delitos aparentemente menores que se registran en esta localidad, han generado una base de operaciones para potenciar al crimen organizado”.Eso sí, proporcionó cifras de las mencionadas ciudades de Italia, Estados Unidos y Colombia, donde el crimen organizado provocó altos índices de homicidios. Sin embargo, cuidadosamente evitó mencionar que a partir de abril de 2008, cuando el presidente Felipe Calderón desplegó el Operativo Conjunto Chihuahua en su guerra contra el narcotráfico, más de 3 mil personas han perdido la vida.

“Si te portas mal, te llevo a Juárez”

En la ciudad fronteriza, un relato terrible siempre es precedido por uno espantoso

Nueva amenaza en Texas: “si te portas mal, te llevo a Juárez”

*Malbaratan sus bienes raíces las personas que huyen a El Paso a causa de la violencia
*Hay casas de 2 millones y medio de pesos que se pueden adquirir en millón y medio”
*En una de las escuelas de mayor tradición, administrada por monjas, hay una niña a la que nadie soporta. Es hija de un capo, dicen. Y reparte billetes de cien dólares a cambio de que se junten con ella

Arturo Cano

Ciudad Juárez, Chih., 7 de marzo. En esta frontera un relato terrible siempre antecede a uno espantoso.
Es un día tranquilo en la estética Marrakesh. Una señora encopetada habla con su estilista: se queja de los sicarios, de la violencia, de todas las barbaridades de los malandros. Uno de los clientes se levanta y pone su pistola en la cabeza del trabajador: “Pelonéame a esta pinche vieja”. Aterrado, tembloroso, el peluquero rapa a su clienta.
Unos estudiantes de una universidad privada salen de un antro en su camioneta nueva. Otro vehículo los sigue. Se asustan y llaman a la policía. Sus perseguidores les dan un cerrón al tiempo que se acercan cinco patrullas. Una joven baja de la camioneta de los delincuentes. Uno de los muchachos la reconoce, pues es su compañera de banca. “Déjalo así, somos de La Línea”, dice la chica. Dan cualquier disculpa a los agentes. El muchacho nunca regresa a la universidad.
En una de las escuelas de mayor tradición en la ciudad, administrada por monjas, hay una niña gorda y malencarada a la que nadie soporta. Es hija de un capo, dicen. Y reparte billetes de cien dólares a cambio de que se junten con ella.
Una profesora universitaria adora las flores. Ahora debe tocar y entrar a hurtadillas en su florería de siempre. La primera vez que encontró cerrado, tocó y su marchante le informó: “Para que no me caigan, nomás vendo a los que conozco”.
Ciudad Juárez está llena de negocios que funcionan clandestinamente, sin anuncios, sin letreros, que abren sólo para clientes conocidos.
Para muchos la cuota es simplemente impagable. Al dueño de una ferretería en una colonia popular le exigieron 30 mil pesos mensuales. “Pues aunque te los quisiera dar”, fue su respuesta. Y cerró.
En la escuela hay nuevos alumnos: un par de niños del otro extremo de la ciudad. Su madre pidió que no los registraran con sus nombres verdaderos.
Una noche la señora y su marido, dueños de un pequeño negocio de joyería, fueron secuestrados por un comando, en su casa. Los encapucharon y torturaron. Al día siguiente los subieron a una camioneta y los llevaron a un lugar donde tenían otras seis personas. A todos les comenzaron a exigir que enlistaran los bienes que iban a entregar. Un hombre los mandó al diablo y lo mataron ahí mismo. Los niños no pueden perder la escuela mientras la pareja arregla sus asuntos para irse de esta ciudad, adonde no piensa volver.
“Si te portas mal...”
El Diario de Juárez reporta desde El Paso, Texas, una nueva modalidad de violencia intrafamiliar: las autoridades informan que en el último mes han otorgado cinco órdenes de restricción contra hombres que amenazan a sus esposas con llevarlas al otro lado de la frontera.
“Tenemos a varios agresores que les dicen a sus mujeres que, si se portan mal, las llevarán a Juárez, donde tendrán su merecido”, afirma José Rodríguez, procurador del condado.
En el río revuelto, según la vox populi, La Línea (el cártel de Juárez) se quiso deslindar de los extorsionadores, de la única forma que conoce. Comenzaron a aparecer ejecutados con cajas de cerillos en las manos. A otros les ponían billetes y abandonaban los cuerpos cerca de las escuelas.
Las extorsiones bajaron, aunque muchos juarenses no lo atribuyen a esos asesinatos, sino a que “ya cerramos los negocios o ya trabajamos a puerta cerrada”.
“Éste es el momento de comprar”, apunta el corredor de bienes raíces. “Hay casas de 2 millones y medio de pesos que se pueden adquirir por millón y medio”. La gente que ya se fue a El Paso, Texas, remata sus propiedades.
Los juarenses dicen que El Paso es una de las ciudades más seguras de Estados Unidos. Por eso el alcalde priísta José Reyes Ferriz vive del otro lado. Él, por supuesto, lo niega: “Fue un invento de mi adversario en la campaña, porque hablo perfecto inglés y tengo muchos amigos del otro lado”. Uno de esos amigos es el alcalde de El Paso, John Cook, quien le ofreció protección aunque no viva allá.
Una pareja vende carnitas en la carretera a Casas Grandes. Le caen a pedir cuota. Cierra el lugar y se refugia en su tiendita de abarrotes, en la colonia División del Norte. Ahí van los extorsionadores. “Ya cerraron y se fueron a Toluca”, expresa el sacerdote Óscar Henríquez, excepción en la regla porque, se asombra de sí mismo, no ha sido testigo de ningún hecho violento.
Se corrige a medias Henríquez: “Lo que sí es que he ido a una gran cantidad de funerales”.

Las cuentas alegres
Los primeros cinco días de febrero hubo 54 homicidios. En los primeros cinco días de marzo, sólo 10. Las autoridades se apresuran a decir que se trata de un efecto inmediato de la mayor presencia militar y policial.
Dos mil soldados más llegaron a esta ciudad fronteriza el sábado 28, tres días después de la “cumbre” de seguridad, en la cual el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, anunció más hombres y lanzó un mensaje a los cárteles: “No se les va a ceder ni un centímetro de la plaza”.
“El aumento de la presencia del Ejército y de las fuerzas federales inmediatamente trajo como resultado una reducción importante en la delincuencia de la ciudad”, celebró el alcalde José Reyes Ferriz el viernes pasado.
En las cuentas alegres, de 54 a 10 muertos, no son incluidos los 21 internos asesinados por sus rivales en la cárcel estatal el 4 de marzo.
Lo destacable, sin embargo, es que lo mismo ocurrió 11 meses atrás, con la llegada de los primeros 2 mil soldados que se sumaron a los 500 estacionados en la plaza.
Según un recuento de la prensa local, basado en cifras oficiales, en abril de 2008 los asesinatos fueron 55, contra 117 del mes anterior. Una disminución de 50 por ciento. Apenas un espejismo. En mayo hubo 136 asesinatos y en junio 139. Así llegamos a febrero de este año, mes que terminó con 231 homicidios.
Fue entonces que llegaron los refuerzos: las fuerzas federales suman 8 mil hombres, y las estatales 3 mil.
A bordo de su Suburban negra blindada, custodiada por dos vehículos, el alcalde Reyes celebra la cifra y señala una malla: “Aquí dejaban cadáveres”.
Estamos a unos pasos del Centro de Inteligencia Policial (Cipol), desde hace un año a cargo de militares.
En el Cipol hay varias camionetas pintadas con el verde del Ejército. “Ésas eran nuestras patrullas y se las dimos”, presume el alcalde.
Saca cuentas el alcalde Reyes: sus 450 patrullas, ahora subutilizadas, recorrerán todo el tiempo las calles de la ciudad, “quizá manejadas por un municipal acompañado de soldados”. El edil no ve de otra: “Con todos esos elementos, pues tienen que bajar los índices de delincuencia”.
Con tanta patrulla por todos lados, no habrá dónde tirar cadáveres, es de suponerse.
¿Qué pidieron los niños de Juárez a los Santos Reyes?
“Cualquier malandro decía que era de La Línea y pedía cuota”, dice un ama de casa. ¿Cómo saber si el extorsionador era o no miembro de un cártel? Mientras eran peras o manzanas, la gente pagaba o cerraba.
El encargado de un bar cuenta su caso:
–El hombre, bien vestido y con portafolio, se presenta solo pero habla en plural, muy propio: “Somos de La Línea y venimos a ofrecerle protección”.
–¿Protección de qué?
–Pues si tiene algún problema con el gobierno o con Comercio, nosotros le ayudamos.
–¿Y cómo me ayudarían?
–Pues los matamos.
El siempre tranquilo hombre pide al encargado del negocio que “le hable a El Flaco” y le entrega una tarjeta con el teléfono.
Unos días después de la visita, el gerente se entera por los periódicos de la detención de la banda de Marco Antonio Guzmán Zúñiga, alias El Flaco, agente de tránsito hasta agosto de 2005 (muy gordo, de acuerdo con las fotos).
Según la procuraduría chihua-huense la banda es responsable de ocho asesinatos, sobre todo de vendedores de autos a quienes extorsionaba. Se ofrece una recompensa de medio millón de pesos por datos que lleven a su captura, porque hasta ahora El Flaco sigue prófugo y puede que haya escuchado este chiste de juarenses:
–¿Qué le pidieron los niños de Juárez a los Santos Reyes?
–Cuota.
O el no-chiste:
–¿Cómo se llama una de las porras del equipo de futbol Indios de Ciudad Juárez?
–El Cártel.