Mujeres en México: inequidad salarial al 20 por ciento

Organismos internacionales observan que México es uno de los países en el que la inequidad salarial persiste hasta en un 20 por ciento, como en la década de 1990. No obstante que la apertura comercial y las legales sobre los salarios, evidencian que las políticas comerciales han obligado a que más mujeres se inserten al mercado laboral por necesidad.

Érika Ramírez

Documentos internacionales colocan a México como una de las naciones donde prevalece la inequidad salarial. Mientras la participación laboral del sector femenino en condiciones de igualdad se incrementa en América Latina, la brecha económica en el país entre hombres y mujeres es hasta del 20 por ciento.

Así lo indican el Informe sobre el desarrollo mundial 2012: igualdad de género y desarrollo y el análisis Mujeres de América Latina y el Caribe en busca de un nuevo equilibrio, ambos elaborados por el Banco Mundial. En éstos se destaca que el nivel de ingresos de las mujeres es 20 por ciento menor al de los hombres.

El documento Informe sobre el desarrollo mundial 2012 presentado en enero pasado por Ana Revenga (coautora del documento) asegura que la población femenina tampoco puede acceder a mejores puestos de empresas donde laboran: “En México, como en otros países, han habido avances en algunas esferas pero siguen las brechas y barreras, las cuales no cambian mucho; entonces las mujeres de este país, como en otros, tienen más educación, trabajan más, pero siguen sin ganar más que los hombres”.

Agrega que el “nivel de ingresos y desarrollo en sí no es la solución, porque

estos países son relativamente avanzados y ricos en la región, pero en el tema de género están rezagados frente a naciones como Colombia”.

Inequidad en América Latina

Mujeres de América Latina y el Caribe en busca de un nuevo equilibrio es el segundo estudio que hace referencia a la “fuerza laboral” femenina. En éste se indica que las mujeres casadas con un alto nivel de educación muestran una mayor inclinación a permanecer en la fuerza laboral, con respecto a las mujeres con la educación básica como primaria o secundaria. Esto “porque las primeras tienden a considerar el trabajo más como una carrera que como simple fuente de negocios”.

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México, niños violentados y sin derechos

México se perfila para ser uno de los países en los que más violencia se ejerce contra niños y adolescentes. El maltrato físico y el homicidio se han convertido en una de las principales amenazas para esta población. Hasta 2009, el DIF había comprobado más de 20 mil casos de maltrato infantil. Pese a las cifras, no hay un sistema integral de protección de derechos de la infancia, y las entidades responsables no tienen atribuciones suficientes para garantizar la seguridad de niños y adolescentes.

Paulina Monroy

El ensayo temático La violencia contra niños, niñas y adolescentes. Miradas regionales, de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), advierte que el país asciende rápidamente en la lista mundial para ocupar uno de los primeros sitios por la creciente violencia contra niños y adolescentes que va desde el maltrato físico hasta el homicidio.

México ocupa el primer lugar en violencia física, abuso sexual y homicidios de menores de 14 años entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

De reciente publicación, el reporte apunta que la violencia más extendida en el país es el castigo corporal con fines disciplinarios, seguido por el maltrato infantil físico y sicológico, la omisión de cuidados y los tratos humillantes. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) registra más de 20 mil casos comprobados de maltrato infantil a través de sus instancias estatales.

En México, señala la Redim, aún no existe una legislación profunda que regule y proteja a niños y niñas en contra de la violencia. Dentro de los motivos, ubica el escaso conocimiento sobre los derechos de la infancia, la ausencia de datos estadísticos que permitan analizar las causas y efectos de la violencia y la falta de mecanismos de participación infantil que promuevan la opinión, exigibilidad o denuncia.

Respecto del número de casos, asegura que es difícil cuantificarlos debido al subregistro por factores externos, como la ilegalidad de este tipo de actividades y a elementos subjetivos o de interpretación de la agresión que no siempre permite identificar, distinguir y reconocer la presencia de violencia.

El Informe mundial sobre la violencia contra los niños y las niñas 2007 define ésta como el maltrato o la vejación de menores de edad que abarca todas las formas de malos tratos físicos y emocionales que originen un daño real o potencial para su salud, desarrollo o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.

“La exposición temprana a la violencia –enuncia Paulo Sérgio Pinheiro– es crítica porque puede tener un impacto en la arquitectura del cerebro en proceso de maduración. En el caso de exposición prolongada a la violencia, inclusive como testigo, la perturbación del sistema nervioso e inmunológico puede provocar limitaciones sociales, emocionales y cognitivas, así como dar lugar a comportamientos que causan enfermedades, lesiones y problemas sociales.”

México ratificó en 1990 la Convención sobre los Derechos de los Niños que establece que “los países miembros deben tomar las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas adecuadas para proteger al niño de toda forma de violencia física o mental, de traumatismos o de maltratos, de descuidos o trato negligente, de maltrato o de explotación, en especial del abuso sexual, mientras se encuentre bajo la custodia de sus padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que esté a su cargo”.

En 2006, el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas se dijo preocupado por el elevado número de casos denunciados de violencia en el hogar y abuso de niños, la falta de medidas preventivas y de combate a estas prácticas. Por ello, recomendó al gobierno mexicano intensificar sus esfuerzos para elaborar un sistema que facilite la reunión de datos sobre los niños menores de 18 años que necesitan protección especial.

Además, sugirió en temas como la tortura, el abuso, el descuido y los malos tratos que se adopten medidas para prevenir y eliminar todo tipo de violencia, que se investiguen debidamente los casos y que se asegure que los niños víctimas reciban protección y servicios adecuados para su recuperación y reintegración social.

De manera específica, propuso que se enmendaran las leyes federales y estatales para asegurar la prohibición del castigo corporal en todos los entornos, así como que se tipificaran como delitos penales la explotación, la trata y el secuestro de niños.

Mientras en México no exista un Sistema Integral de Protección de Derechos de la Infancia y el Sistema para el DIF carezca del marco legislativo, recursos y diseño institucionales adecuados, niños y adolescentes seguirán viendo altamente vulnerados sus derechos, advierte la Redim.

Maltrato físico, en la impunidad

El DIF recibió, en 2009, 22 mil 129 denuncias por maltrato infantil. Aunque existan pruebas en los casos, la Redim admite desconocer la razón por la que son tan pocos los llevados a las autoridades judiciales. Y es que la relación entre la comprobación de las acusaciones recibidas y las presentadas a las autoridades judiciales es mínima.

En La violencia contra niños, niñas y adolescentes. Miradas regionales, ejemplifica que, en Oaxaca, el segundo estado con más denuncias realizadas, de más de 4 mil acusaciones, sólo 75 son comprobadas ante el Ministerio Público. Mientras que en Colima, únicamente el 0.76 por ciento sigue un procedimiento jurídico o penal, aun cuando es el estado donde hay una mayor comprobación de casos.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia reconoce la insuficiencia en el registro y recomienda construir políticas públicas que permitan ampliar las posibilidades de denuncia de casos de maltrato infantil para conocer con precisión su magnitud, con atención especial a niñas, y dar la atención necesaria a las víctimas de violencia.

El maltrato físico es el tipo de violencia contra menores de edad de mayor incidencia en el centro del país. En 2009, se contaron 15 mil denuncias y únicamente el 52 por ciento se comprobó y el 21 por ciento siguió un procedimiento jurídico o penal. La asociación civil expresa que si bien se generan más esfuerzos judiciales, éstos siguen siendo insuficientes.

Dentro de la región, el Estado de México es donde hay más denuncias realizadas: 3 mil 700 en 2009, de las que únicamente el 10 por ciento fue llevado al Ministerio Público. A su vez, Querétaro tiene el primer lugar en la comprobación del delito; el 95 por ciento de las imputaciones resultó cierta en 2009. La asociación civil se lo explica de dos maneras: el que los mecanismos de atención de denuncias son eficaces o el que los casos denunciados sean aquéllos donde el maltrato es evidente y la denuncia resulta la última salida.

Del Noroeste del país, Nuevo León es el estado que presenta la distancia más importante entre las denuncias de maltrato recibidas, los casos comprobados y los que siguieron un procedimiento jurídico o penal. Tiene un porcentaje mínimo de denuncia ante la autoridad, aun cuando los casos son significativos, por lo que, advierte la asociación civil, “los mecanismos de atención y seguimiento no están funcionando adecuadamente”.

Muertes por violencia

La expresión última y más severa de las lesiones por violencia es el homicidio y el suicidio. En México, las muertes por violencia constituyen el 3 por ciento de las defunciones totales. Entre la población de cero a cuatro años, es una de las 20 causas principales de muerte. De acuerdo con el Informe mundial sobre la violencia contra los niños y niñas, la población menor de 18 años y los bebés son quienes se encuentran en mayor riesgo de sufrir muerte por homicidio.

“En el caso de los niños en la primera infancia –explica la Redim–, este tipo de muerte puede ser encubierto en la mortalidad infantil por causas naturales y por no ser reportado como muertes provocadas; por ende, quedan dentro del subregistro que hace tan difícil el seguimiento y tratamiento de la violencia contra niños.”

Al año, en el país se registran 153 muertes por homicidio en niños de cero a cuatro años y 419 en adolescentes de entre 15 y 17 años. La región Noroeste del país es la que presenta la tasa de mortalidad por homicidio más alta en menores de cuatro años; Chihuahua es la entidad donde la incidencia es mayor, que de 2000 a 2008 registró 40 muertes. Sin embargo, comenta la Redim, “no hay cifras claras sobre niños víctimas indirectas de la ola de violencia en Chihuahua, es decir, a huérfanos de uno o dos padres que ha dejado esta guerra contra el crimen”.

Bullying y castigos en escuelas

El 2 de marzo de 2010 Mayra Vanessa Martínez, de 10 años fue encerrada en un salón con candado por 19 horas como castigo impuesto por la profesora María Dolores Servín. A su madre no le permitieron el acceso a las instalaciones de la escuela Lázaro Cárdenas del Río, ubicada en Uruapan, Michoacán, y le negaron que su hija estuviese dentro. Cuando ella dio parte a las autoridades, el director y la plantilla docente encubrieron a la profesora.

Violencia de género contra niñas

El ensayo La violencia contra niños, niñas y adolescentes. Miradas regionales expone que especialmente las niñas están en una situación de vulnerabilidad, marcada por la desigualdad y violaciones a sus derechos como parte de su cotidianidad.

De acuerdo con la Encuesta nacional de la violencia contra las mujeres 2003, una de cada cuatro mujeres dijo haber tenido una relación violenta en su vida. El 42 por ciento de las entrevistadas fueron golpeadas en su niñez por sus padres o familiares. Apunta que existen muy pocas cifras que reflejan la magnitud y características específicas de la violencia basada en género en menores de 15 años.

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La caída masculina

Denise Dresser

MÉXICO, D.F., 5 de enero.- ¿Son las mujeres un género mejor? ¿Poseen características que las harán dominantes en la sociedad postindustrial y en la era de la información? ¿Estamos presenciando la decadencia lenta pero segura de los hombres a nivel global? ¿Sirven para algo cuando las mujeres pueden hacer cada vez más cosas solas, incluyendo la procreación? ¿Estamos presenciando un histórico cambio de papeles? Estas son las preguntas que plantea Hannah Rosin en un artículo provocador publicado en The Atlantic Monthly. Allí llega a la conclusión de que las décadas por venir estarán definidas por el ascenso de las mujeres. La lucha por la equidad cederá el paso a una realidad innegable: Los sistemas económicos que están cobrando fuerza en el mundo dependen más de los atributos femeninos que de las características masculinas. En el siglo XXI las mujeres se están adaptando mejor.

Históricamente, el mundo ha estado poblado por sociedades patriarcales, centradas en la concepción, educación y dominancia de los hombres. Durante milenios, las niñas han sido sacrificadas, asesinadas, subyugadas para asegurar el predominio del género opuesto. Las mujeres han sido, como bien lo definió Simone de Beauvoir, el “segundo sexo”.

Pero ahora la preferencia milenaria en favor de los hombres está cambiando. Las mujeres de nuestra generación quieren hijas porque nos gusta cómo somos y sabemos lo que es posible lograr. Poco a poco, las mujeres están ocupando papeles importantes en la ciencia, la ingeniería, la computación, la medicina. Como argumenta Rosin, las mujeres tienden a vivir más que los hombres, acaban sus carreras en proporción más alta que los hombres, y les va mejor en la sociedad de la información que nivela el terreno de juego entre los sexos.

La economía global está evolucionando de una manera que erosiona la preferencia histórica en favor de los hijos varones. En Corea del Sur –un país patriarcal y rígido durante la mayor parte de su historia– la entrada de las mujeres a la fuerza de trabajo, primero como obreras y después como profesionistas, ha llevado a cambios sustantivos en las costumbres y en las leyes. Ahora las mujeres que se divorcian pueden obtener la custodia de sus hijos, heredar propiedad, mantener su propio nombre. Apenas en 1985 las encuestas revelaban una preferencia marcada (50%) en favor de los hijos varones. Hoy la proporción de mujeres coreanas que desean tener niños en vez de niñas ha caído a 15%. Y lo mismo está ocurriendo en países como India y China.

Los cambios que explican este viraje son cada vez más obvios. El éxito económico está definido cada vez menos por la fuerza y el vigor físicos, y cada vez más por la habilidad para pensar y comunicar. Las sociedades que han aprovechado el talento de todos sus adultos –y no sólo de los hombres– son las más exitosas en la actualidad. Según la OCDE, mientras más grande sea el poder de las mujeres, mayor será el desarrollo económico. Mientras más grande sea la presencia femenina en la fuerza de trabajo, mayor será la capacidad de crecer y de competir exitosamente. Mientras mejor les vaya a las mujeres, mejor le irá al país.

A los hombres les ha afectado más la crisis económica global que a las mujeres. Los empleos perdidos han sido aquellos ocupados predominantemente por hombres: las manufacturas, la construcción, las finanzas. Y algunos de esos trabajos regresarán, pero el patrón de la dislocación masculina no es algo temporal o aleatorio, explica Rosin. La recesión ha revelado el cambio paradigmático que ha ocurrido durante los últimos 30 años. México, al igual que muchos otros países, se está convirtiendo en un matriarcado de facto, donde la mayor parte de las decisiones se toman ante la ausencia física o económica de los hombres. Esa tendencia irá al alza ya que la economía postindustrial valora una serie de habilidades –inteligencia social, comunicación abierta, la capacidad de concentración– que no son predominantemente masculinas. En partes pobres de la India, las mujeres están aprendiendo inglés con mayor velocidad que los hombres para poder trabajar en los call centers. En China, 40% de las compañías pertenecen a mujeres.

Y sí, es cierto que muchos patrones de discriminación prevalecen y es doloroso ver su perpetuación en nuestro país y en otras latitudes. Los pasillos del poder siguen dominados por hombres. Pero al mismo tiempo están ocurriendo cambios paradigmáticos y estructurales que abrirán las puertas a mujeres dispuestas a empujarlas. No se están dando a la misma velocidad en distintas partes del mundo, pero la tendencia al empoderamiento económico femenino está allí. Mientras las mujeres se educan e ingresan al mercado de trabajo en el sector servicios, los hombres se vuelven víctimas del fin de la era de las manufacturas. Las mujeres han aprendido a usar su cabeza, mientras que los hombres siguen apostándole a sus manos. Las expertas en computación y en enfermería y en contabilidad y en administración están reemplazando a los electricistas y a los trabajadores de las fábricas y a los empleados en la industria de la construcción.

Cuando la fuerza física se vuelve un factor secundario del éxito, las mujeres demuestran lo que ya sabíamos pero que al mundo le ha tomado mucho tiempo aceptar: Las mujeres son inteligentes, responsables, confiables, flexibles, buenas empleadas. Su estilo de liderazgo tiende a ser más incluyente y consensual. Cargan consigo una sensibilidad moral muchas veces ausente en los ámbitos dominados por hombres. El impacto de todo ello va a ser grande y duradero; demográficamente hablando, en las décadas por venir la clase media va a estar dominada por mujeres. Conforme pase el tiempo, van a ser cada vez más educadas, más independientes, más competitivas. Van a hacer lo que la bailarina Ginger Rogers dijo a su pareja Fred Astaire: lo mismo que tú, pero con tacones altos.

Congreso reprobado

Frente a la escasa credibilidad ciudadana en el desempeño de los diputados, la LX Legislatura presenta un déficit de atención y transparencia en derechos humanos, presupuesto y cuenta pública, así como en equidad y género, según un análisis de Fundar. Comisiones que no se reúnen, iniciativas que se “dictaminan” en los pasillos, ausentismo de legisladores, entre las deficiencias señaladas por la organización no gubernamental

Paulina Monroy

A tres meses de presentar las conclusiones del Monitoreo y Vínculo con el Poder Legislativo de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Itzel Checa Gutiérrez, Haydeé Pérez Garrido y Melissa Ortiz Massó, investigadoras y responsables del proyecto, concluyen que la LX Legislatura presenta un balance deficiente en derechos humanos, presupuesto y cuenta pública, y equidad y género. Pese a la importancia de los temas, en la Cámara de Diputados los avances son mínimos, observan.
Al inicio de la LX Legislatura, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos fue dividida para “fortalecer la capacidad de acción de cada una”, según se desprende del boletín 0193 de la Cámara de Diputados; sin embargo, advierte Itzel Checa Gutiérrez, los derechos humanos no fueron una prioridad.
Déficit en derechos humanos
La investigadora de Fundar define que el respeto a esas garantías es uno de los pilares básicos en el Estado para alcanzar el imperio de la ley y una democracia sólida. Describe que al darle un estatus diferenciado, la cámara contribuyó en ese sentido, sobre todo en un contexto de endurecimiento de las políticas de seguridad pública, de estigmatización de la protesta social, de indefensión, de resoluciones judiciales y de comisiones que no garantizan la función de salvaguarda y defensa de los derechos humanos.
Sin embargo, indica, la comisión no sorteó los retos de la mejor manera. Aunque incluido en la reforma del Estado, la reforma constitucional en derechos humanos no se logró. Se planteaba modificar el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incorporar la obligación del Estado a respetar los derechos humanos; se introdujo el principio de privilegiar la norma que proteja más esas garantías; se estableció que un principio de la política exterior debe ser el respeto a derechos humanos, y que un extranjero puede tener libre audiencia antes de ser expulsado del país (siempre que sea frente a una instancia administrativa y la decisión sea inapelable); además de disponer que las comisiones estatales tengan autonomía presupuestaria y de gestión.
El alto comisionado de las Naciones Unidas firmó un convenio de colaboración con el Congreso de la Unión, que tenía como objetivo impulsar la reforma. La investigadora menciona que organizaciones civiles y académicas hicieron una propuesta que, aunque mínima, contemplaba cuatro ejes: conceptualización y fortalecimiento de los derechos humanos, obligaciones del Estado, jerarquía a los tratados internacionales y principios de protección como la no discriminación, la igualdad, la progresividad y la universalidad.
Otro eje fue la revisión y armonización de los derechos contenidos en el marco legal con los tratados internacionales; el fortalecimiento de los mecanismos en materia judicial y de organismos públicos, y la inclusión de la perspectiva de género.
Pese a las 93 propuestas realizadas, la iniciativa se estancó. Checa Gutiérrez considera que la reforma realizada no cubre con los mínimos suficientes para decir que sea integral: “Al final quedaron cinco artículos que es una base muy minúscula para las obligaciones que tiene México en el exterior”.
Opina que algunas reformas violan los principios del debido proceso, como la de la expulsión de extranjeros, mientras que otras son contradictorias, pues se privilegia la norma que proteja mejor los derechos humanos, mientras existen otras que no los respetan, como las modificaciones en materia judicial y penal, aprobadas también por esta legislatura: “Los partidos políticos tienen sus prioridades y se puede notar en las reformas que se realizaron: en el sistema de seguridad pública y las de justicia penal. So pretexto de ellas, hay medidas muy regresivas y que restringen la vigencia de los derechos humanos. La reforma en esa materia no hace un contrapeso efectivo para contrarrestar las facultades excesivas al Ejército ni los abusos que otras reformas proponen”.
Advierte que la modificación no se discutió en el seno de la comisión. En su lugar, relata, se tuvieron que conseguir las firmas en los pasillos y en las oficinas de los integrantes: “Vemos una actividad poco profesional con deficiencias de este sistema de comisiones que no permiten que se logre de la mejor manera el trabajo”.
Ejemplifica que la Comisión de Derechos Humanos se reunió sólo ocho veces con el quórum reglamentario durante la legislatura. Por ley, explica, tuvo que convocar cada mes a una sesión ordinaria y si bien sí se cumplió, sólo en ocho hubo el número de legisladores necesario para tomar acuerdos.
Al respecto, la investigadora opina que no fueron asuntos tan transcendentales ni se discutieron reformas sustantivas: “Únicamente implicaron las comparecencias de algunos funcionarios y éstas se dieron en un marco donde los integrantes no cuestionaron los temas que se trataban: la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y Ernestina Ascencio”.
En el primer caso, comenta, el ombudsman nacional José Luis Soberanes rindió un informe sobre las violaciones, y los integrantes no lo cuestionaron, no hicieron un análisis posterior ni llamaron a comparecer a los supuestos responsables. Asegura que en el caso de la mujer que fue supuestamente violada y asesinada por elementos militares en Zongolica, Veracruz, fue la misma tónica: “No asumieron con responsabilidad el hacer un contrapeso en los abusos de poder”.
Comenta que en el trabajo legislativo, la comisión no terminó con todos los asuntos que le fueron turnados, y por no contar con el quórum suficiente no hubo oportunidad de presentar los dictámenes ante el pleno; por lo que no se tradujo en leyes sustantivas.
Otro asunto que debía trabajar la legislatura, era analizar el informe rendido por el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; sin embargo, no lo hizo. Tampoco, dice, las funciones de control se realizaron de la mejor manera, pues hubo deficiencias y una participación poco activa de los diputados.
Presupuesto y cuenta pública, sin control
Encargada de aprobar el Presupuesto de Egresos, la Ley de Ingresos, las cuentas públicas y dar seguimiento al ejercicio de los recursos, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública “no cumplió con su función de control”, advierte Haydeé Pérez Garrido.
La investigadora de Fundar observa centralización y opacidad en la negociación del presupuesto. Expone que con la entrada en vigor de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria los procesos de negociación habían empezado a realizarse de manera más ordenada. Sin embargo, para este año hubo retrocesos. En los últimos 15 días de aprobación se cerraron las puertas para la ciudadanía y los medios, y se realizó el intercambio político.
Sobre la negociación del presupuesto, apunta que fue compleja, pues a la mitad la propuesta del Ejecutivo se inscribió en una política anticíclica o de inversión en infraestructura para contrarrestar la crisis económica. Aprobados por el pleno, los recursos no fueron ejercidos, según se observa en el primer informe trimestral.
Advierte que ese presupuesto sería designado a educación, salud y agricultura: “Se entrega el informe y la cámara no ha hecho nada con él. Parece como si los diputados ya hubieran concluido su mandato y no estuvieran interesados en llamar a comparecer a los responsables de que los recursos no se estén ejerciendo”.
Uno de los “puntos más álgidos en el trabajo legislativo”, según la especialista, es el rezago de la comisión en dictaminar las cuentas públicas a partir de 2002.
En su artículo “La cuenta pública: ¿pan y circo o rendición de cuentas?”, de mayo de 2009, menciona que la comisión tenía como obligación emitir un dictamen para su votación a más tardar seis meses después de recibida la cuenta pública, el 30 de septiembre de 2004.
A cuatro meses de que terminara su mandato, la actual legislatura discutió y rechazó las cuentas de 2002 y 2003 por considerar que hubo mal uso de recursos. Un proceso que debió durar un año nueve meses, tardó seis años ocho meses en llegar al pleno para su discusión. Probablemente, dice Pérez Garrido en su artículo, el dictamen de las revisiones se herede a la LXI Legislatura.
“El Poder Legislativo, al postergar su tarea de revisión, incumple uno de sus mandatos constitucionales: aquel que le otorga la facultad para controlar a los otros poderes del Estado. La consecuencia directa de esto es inhabilitar un ejercicio efectivo de rendición de cuentas horizontal y vertical, es decir, entre poderes y hacia la ciudadanía, respectivamente”, concluye.
Después de que la Auditoría Superior de la Federación hizo su revisión y fiscalización, a decir de la investigadora en entrevista, y pese a haber malversación, falta de transparencia y un problema sistémico de subejercicios, el Poder Legislativo nuevamente falla en su función de control del Ejecutivo, dejando que esas faltas queden en la impunidad.
Equidad y género
Melissa Ortiz Massó describe que el Estado mexicano tiene una deuda con las mujeres en varios temas. Relata que la Comisión de Equidad y Género entra en un momento de encono político, pero “con ciertos avances sustanciales”.
Dos de ellos, enuncia, fueron la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia y la Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres, que le permitieron a la comisión comenzar un trabajo integral con los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, y en la articulación de políticas públicas. Expone que fue una comisión que también se enfocó en el presupuesto etiquetado y dirigido a mujeres en el tema de salud, educación, campo y violencia.
No obstante, observa, quedaron muchos pendientes y se alcanzaron los mínimos indispensables. Define que la comisión es sui géneris, porque a diferencia de otras pretende abarcar una cantidad de temas que para 30 integrantes es demasiado.
“Los resultados no son los idóneos, son resultados desde el análisis de corto plazo, limitados, que responden a intereses particulares y no necesariamente de la población. En el término de equidad y género, las deudas tienen que ver con eso”.
De este modo, expone, en el tema de salud sexual y reproductiva prepondera una visión conservadora, donde la mujer no tiene alcance a derechos. La investigadora apunta que en igualdad laboral, de presupuesto con visión de género y acceso a justicia tampoco hubo progresos.
En tanto que en el acceso a la política y a puestos públicos, en la composición del propio legislativo, hay retrocesos: “A los propios partidos políticos les cuesta cumplir. Es más, hay que asignarles cuotas para que las mujeres lleguen al poder. Aun asignando estas cuotas, las incumplen o hacen triquiñuelas para meter a candidatas en los últimos lugares de la lista plurinominal”.
Indica que el modelo de política pública no necesariamente se ha construido para que haya igual acceso e iguales derechos entre hombres y mujeres. Sostiene que la sociedad mexicana está preparada para más avances y que el Legislativo “se está viendo corto”.
Opacidad
El sistema político, refiere Itzel Checa Gutiérrez, se caracterizó por 71 años de un presidencialismo que desdibujó al Poder Legislativo y lo supeditó a los intereses del Ejecutivo. Subraya que la legislatura debe jugar el papel de contrapeso y control entre los poderes.
Melissa Ortiz Massó resalta que una de las principales razones para vigilar el trabajo legislativo es que es el poder más cercano a la ciudadanía; no obstante, señala, en esta vinculación no hay transparencia que facilite conocer cómo se construye la política pública y qué hacen los legisladores para representar los intereses de la población.
Describe que la información es muy limitada, por lo que la ciudadanía no puede conocer ni participar de esos procesos: “No hay posibilidades para opinar y esa participación sólo se da con el voto”. Por ello, expone que la importancia del monitoreo es que permite observar cuáles son las buenas y las malas prácticas e incluir mecanismos de participación que permitan una representación efectiva de los intereses.
Las investigadoras opinan que el Poder Legislativo da cuenta muy poco de sus acciones y decisiones, y bajo qué criterios lo hace. Para Checa Gutiérrez la rendición de cuentas no debe ir dirigida sólo a la ciudadanía, sino a los otros poderes y organismos autónomos, “que sirvan de control para mejorar las prácticas y las políticas públicas”.

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