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domingo, abril 15, 2012

En 15 días se duplicaron las pérdidas de Pemex por su inversión en Repsol


Rayuela
Algo está podrido, y no precisamente en Dinamarca, cuando a pesar de lo que México pierde con Repsol, el Presidente defiende en Cartagena los intereses de esa empresa española.

  • Disminuyó $2 mil 400 millones el valor de las acciones de la paraestatal en la firma española
  • Calderón, agente de avanzada de EU para concretar proyecto petrolero en Cuba: consultor
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Logotipo de la compañía Repsol frente a la Torre Espacio en MadridFoto Reuters

Israel Rodríguez J.

Petróleos Mexicanos (Pemex) duplicó las pérdidas en tan sólo 15 días por su posesión accionaria en Repsol debido a la caída en el valor de las acciones de la petrolera española ante la incertidumbre de que su principal filial YPF en Argentina sea nacionalizada.

Pemex posee casi 10 por ciento de las acciones de Repsol, por lo que la minusvalía de los títulos registrada en las últimas semanas representa una pérdida de valor de unos 2 mil 410.3 millones de pesos, monto similar al pagado en el primer bimestre del año por concepto de intereses por 2 mil 430 millones de pesos por el total de la deuda interna.

La posibilidad de que Argentina nacionalice o participe en sociedad en la compañía filial de Repsol, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) le ha costado a Pemex unos 139 millones 329 mil 400 euros, que al tipo de cambio actual representa una pérdida superior a los 2 mil 400 millones de pesos.

Desde finales de agosto de 2011, cuando determinó aumentar su participación en la petrolera española, y hasta el primer día de abril de este año, Pemex ya arrastraba una pérdida de valor de las acciones de Repsol por alrededor de mil 123 millones de pesos. Sin embargo, el creciente conflicto entre España y Argentina que ahora se elevó a niveles diplomáticos ocasionó que las minusvalías se hayan más que duplicado al alcanzar 2 mil 410.3 millones de pesos

*La confesión, ante el presidente de Perú, en reunión de Cartagena
El narco ya remplaza funciones del Estado, reconoce Calderón
*Necesario, cambiar estrategia antidrogas por los pobres resultados: Santos
*La despenalización de los estupefacientes "no es la solución", asegura Obama
*"Inaceptable, otra Cumbre de las Américas sin Cuba", reclamo generalizado
Gabrielle Rodríguez, de 10 años, cautivó con sus palabras a los jefes de Estado durante la instalación de la sexta Cumbre de las Américas en Cartagena, Colombia. Si estamos unidos haremos una mejor América, señaló la niña .

Columnas

viernes, febrero 03, 2012

Gobierno extradita a medio millar de mexicanos



En cinco años, la administración de Felipe Calderón Hinojosa extraditó a 505 personas que presuntamente cometieron delitos contra la salud, asociación delictuosa, homicidio, lenocinio contra menores, entre otros ilícitos. Los datos obtenidos de la PGR revelan que el número de extraditados supera en 3,156 por ciento los registrados durante todo el sexenio de Salinas de Gortari; en 631 por ciento, los del mandato de Zedillo, y 214 por ciento, los del foxismo. En total, los dos gobiernos panistas han concedido la extradición de 740 presuntos delincuentes, el 88.5 por ciento del total en cuatro sexenios. Esto es reflejo de una política exterior “subordinada” y “abandonada”, opinan especialistas.

Del 1 de enero de 2007 al 18 de enero de 2012, el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa extraditó a 505 personas. Éstas presuntamente cometieron delitos contra la salud, asociación delictuosa, homicidio, lenocinio contra menores, entre otros ilícitos, y eran requeridos por los sistemas de justicia de otros países, principalmente de Estados Unidos, descubre la respuesta de la Procuraduría General de la República (PGR) a la solicitud de información 0001700177511, hecha por este semanario.
Poco más del 80 por ciento de los supuestos delincuentes que son juzgados en en otras naciones –con la venia del gobierno federal– es de nacionalidad mexicana, se desprende de la información oficial. En el 20 por ciento restante se incluyen estadunidenses –la mayoría acusados de cometer delitos contra la salud–, alemanes, franceses, cubanos, italianos, españoles y colombianos.
Los datos entregados por la PGR revelan, además, que en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se concedieron sólo 15 extradiciones, por lo que los casos remitidos a las autoridades extranjeras en los cinco años de la administración calderonista implican 3,156 por ciento más. En el gobierno de Ernesto Zedillo se extraditaron 80 personas, 214 por ciento menos que en el actual; y en el de Vicente Fox, se concedieron 235 extradiciones, 214 por ciento menos que con su sucesor.

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domingo, enero 08, 2012

La estela


Las elecciones de 2012 en Estados Unidos, sea quien sea el triunfador el 6 de noviembre, no cambiarán en nada las políticas de Washington hacia México, como algunos analistas suponen, ni en materia de migración ni en lo relativo a la guerra contra el narcotráfico que nos han impuesto con la connivencia de los panistas, por lo que la vía para detener el proceso de degradación se halla en manos de los mexicanos.

1. 2012, año de elecciones en Estados Unidos y en México, se inicia con la información de que en 2011 la guerra de Calderón dejó más de 12 mil muertos y la deportación de más de 400 mil indocumentados, y el mayor desencuentro entre los pueblos de ambos países. De ahí que ante la inauguración en Chapultepec del adefesio arquitectónico denominado Estela de Luz, muchos sugieren se le llame el Monumento a la Corrupción, aunque otros proponen que sea bautizado como Memorial de los Crímenes de la guerra de Calderón.

2. Las elecciones estadunidenses que enfrentarán al demócrata Barack Obama probablemente con el ex gobernador de Massachusetts, el republicano Mitt Romney, no definirán ningún cambio de política, no sólo porque entre republicanos y demócratas no hay ya mayores diferencias, sino porque el presidente de Estados Unidos no tiene las facultades inmensas que le atribuyen algunos estudiosos. Lo confirma un Obama incapaz de hacer siquiera cambios cosméticos a la línea ultraderechista que le están marcando.

3. El gran sociólogo C. Wright Mills lo explicaba en 1956 en La élite del poder, donde sostenía que la clave estructural de esa élite reside tanto en el sector económico como en el militar y en el político, y siguiendo su análisis se confirma más de medio siglo después que esos tres círculos de poder –el del capital financiero, el de los militares del Pentágono y el de la clase política de Washington– tienen intereses propios para mantener a México en el estado de caos que han generado por la complicidad y venalidad del gobierno del PAN, y eso rebasa a los aspirantes a ocupar la Casa Blanca.

4. El balance de David Brooks (La Jornada, 4/1/12) sobre la precampaña republicana constataba lo que no puede sorprender: los aspirantes a la Casa Blanca –en particular Newt Gringrich, Rick Perry, Ron Paul y ahora Rick Santorum– coinciden en su posición antimigrante y a favor de sellar la frontera, por lo que, como buenos neoliberales, al manifestarse contra el Estado de bienestar y preconizar que el libre mercado es la solución para todo coinciden con los demócratas Barack Obama y Hillary Clinton en su designio de desmantelar la nación mexicana en función de los intereses estratégicos estadunidenses, que son tanto los de Wall Street y el gran capital como los del Pentágono y la hegemonía militar para hacerlos valer.

5. El narcotráfico es el gran tema ausente de la campaña presidencial en Estados Unidos, como lo ha sido de la literatura académica en las grandes universidades estadunidenses, cuyos investigadores se deleitan en hablar de los capos mexicanos, pero ignoran la realidad de su país. Todo mundo sabe cuál es el acuerdo tácito entre las élites del poder estadunidense y los cárteles luego del fracaso de la experiencia de la Prohibición, pero de esto sólo se habla veladamente en el cine y la literatura. La connivencia de los círculos de poder financiero, militar y político con las organizaciones mafiosas, que ya era plena en los años 60, no se quiere reconocer abiertamente, y si algunos miembros de la élite que pretende tener la conducción del aparato de poder (pero que no es autónoma, sino dependiente) no aceptan ese entendimiento, como fue el caso de los Kennedy, se les hace a un lado.

6. El narcotráfico es un negocio oficial y un asunto de Estado, pero no debe decirse. El país que es el principal consumidor de drogas en el mundo resulta que no tiene organizaciones de narcotraficantes y que, según la pueril explicación del Departamento de Estado en estos años de Obama (que han hecho suya los republicanos), son los cárteles mexicanos los responsables hasta del narcomenudeo en las ciudades de Estados Unidos. Como aconteció en las décadas de los 30 y los 40 del siglo XIX, México y los mexicanos son la expresión del mal y hay que combatirlos.

7. Obama puede ser considerado el presidente estadunidense que más daño ha hecho a México desde Andrew Jackson (1829-1837), quien fraguó la independencia de Texas y sentó las bases para su anexión a Estados Unidos y para la guerra contra México que cercenó más de la mitad del territorio mexicano (1846-1848), porque así como aquél tuvo cómplices de este lado de la frontera. Calderón, los panistas y los conservadores son los equivalentes de Santa-Anna, los santanistas y los conservadores del XIX: no entienden lo que son los derechos de los mexicanos, carecen de una visión de la nación, no saben cuáles son las funciones del Estado nacional y el pueblo de México no les importa.

8. La “guerra contra el narco” que Calderón pretende suya, aunque se la hayan impuesto, ha llevado a una entrega descarada del petróleo y de los recursos básicos a las trasnacionales, a un control de las agencias de Wa-shington sobre instancias del Estado mexicano, al desmantelamiento de la nación y a un empobrecimiento del pueblo, pero también a un mejor control por Estados Unidos del narcotráfico internacional, a reordenar el mercado y a asegurar lo que llaman su seguridad nacional. Para eso han servido las políticas de violación sistemática de los derechos de los mexicanos durante cinco años y más de 50 mil muertes: un saldo que ningún gobernante mexicano ha tenido desde el santanismo y que quiere proseguir con una imposición.

9. La campaña presidencial de México en 2012 sí es, a diferencia de la estadunidense, un momento clave para redefinir al país y decidir si queremos ser una nación dueña de su destino o abismarnos hacia un protectorado: si queremos ser un país regido por leyes o las normas no escritas del mercado. Los tres tristes aspirantes a la investidura presidencial del blanquiazul no son moralmente viables para México, pues los tres –Creel, Cordero y Vázquez Mota– proponen el continuismo de los crímenes de Estado, del horror y del entreguismo, como sintetizaba Ernesto Cordero, precandidato oficial, cuando en su primera conferencia de 2012 clamaba que sería peligrosa la marcha atrás en “la narcolucha” (Milenio Diario, 3/1/12). Como no lo es tampoco el abanderado priísta Enrique Peña Nieto, cuyo partido ha avalado todas las tropelías de Calderón contra la nación y no propone sino más de lo mismo. O como no lo son los chuchos perredistas o el mismísimo Marcelo Ebrard, que al alinearse con Calderón, pretendiendo hacer méritos con Washington, le dieron la espalda a la nación.

10. El pueblo mexicano está diciendo a la élite del poder de México que ¡Ya basta!, y si ese clamor no lo entienden sus integrantes en este 2012, tendrán la responsabilidad de haber llevado al país a un abismo de profundidad desconocida

jueves, diciembre 08, 2011

El mayor escándalo de corrupción del calderonismo

El jefe de jefes-Fisgón
Patio trasero-Rocha
Partners-Helguera
Furiosamente cínicos-Helguera

  • En relación con su propuesta de una república amorosa, descarta querer reinventarse
Hay que actuar si existen evidencias de infiltración del narco en comicios: AMLO

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Al reunirse con empresarios en Mérida, Yucatán, Andrés Manuel López Obrador negó que busque confrontarse con las personas honradasFoto La Jornada

Mérida, Yuc., 7 de diciembre. Andrés Manuel López Obrador sostuvo que si hay evidencias de intervención del crimen organizado en los partidos, no sólo hay que denunciarlo, sino hay que actuar; no es nada más decir que está participando la delincuencia organizada en asuntos electorales, o que está apoyando a los partidos; hay que proceder si se tienen pruebas, si se tienen elementos. Esa es la obligación de cualquier ciudadano, mucho más de una autoridad.

Agregó: no creo que (los criminales) puedan evitar que se celebren las elecciones, porque la gente quiere el cambio por la vía pacífica, por la vía electoral, y la gente va a emitir (su voto), así lo subrayo, el año próximo, sobre su destino, que es un asunto muy importante, y no va a permitir que nadie le impida elegir sobre el futuro de México, sobre el futuro de los ciudadanos.

El dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se reunió hoy con empresarios locales para darles a conocer sus planes de trabajo en caso de llegar a la Presidencia, al tiempo que ratificó que no busca confrontaciones con nadie que sea una persona honrada.

Explicó que su equipo de campaña para competir por la Presidencia en 2012 está conformado por gente comprometida con el país y con la sociedad, para sacar adelante a México.

Justificó que su operador principal sea Ricardo Monreal, porque es una persona capaz, de diálogo y que escucha a la gente.

Vamos a enfrentar una elección muy dura, muy complicada, sobre todo porque el PRI quiere regresar a Los Pinos y no lo vamos a dejar fácilmente. Por ello necesito a los mejores hombres y mujeres a mi lado, destacó.

Para las personas que siempre han buscado el estancamiento del país, les digo que no vamos a consentirlo. Y para ello, el pueblo de México ya conoce mis objetivos, que son, fundamentalmente, combatir la corrupción y la pobreza, darle a los mexicanos más marginados oportunidades de salir adelante, manifestó.

López Obrador se reunió casi dos horas, en privado, con los empresarios yucatecos, quienes escucharon con atención los planteamientos del político tabasqueño.

Posteriormente, el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal dio una conferencia de prensa, en la cual subrayó que no se está reinventando, como se escucha en los corrillos políticos con su propuesta de la república amorosa.

No hay tal reinvención, son los sentimientos que afloran desde el Morena y que, precisamente, tratan de no buscar la confrontación, sino alternativas para salir adelante como mexicanos y como país, sostuvo.
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Ningún problema con López Obrador por su equipo de campaña: Zambrano

El presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, aseguró que no hay ningún problema porque Andrés Manuel López Obrador no haya incluido en su comité de campaña a ningún integrante de la dirigencia nacional del sol azteca.

Agregó que recibió la propuesta de hacerse cargo de la tercera circunscripción electoral, pero le manifesté (a López Obrador) que el conjunto de tareas que ahorita estamos teniendo en la presidencia nacional del partido me dificultaba que me hiciera cargo directamente de ella.

Expresé que yo jugaría mejor papel desde la presidencia nacional del partido y en la coordinación nacional de Dia (Diálogo para la Reconstrucción de México), agregó.

“Quedamos en que nos vamos a coordinar para ensamblar todo lo que hagamos desde las direcciones de los partidos, especialmente del PRD, la coordinación nacional de la coalición –Movimiento Progresista, que integran además el Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano– y lo que se esté haciendo directamente por este equipo de la coordinación general”, a cargo del senador petista Ricardo Monreal Ávila.

El perredista admitió que hubiese sido conveniente que alguien estuviera (en el equipo de precampaña y campaña), pero, vamos, no hay pleito con eso, no hay ningún problema por nuestra parte... Pero la decisión también de ese nombramiento le correspondía esencialmente a él (López Obrador)
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Falló el Estado en protegerlos, pese a ordenamiento de la CIDH, señalan ONG

Ante el asesinato de Trinidad de la Cruz y el secuestro de Eva Alarcón y Marcial Bautista, todos ellos integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), activistas de derechos humanos manifestaron su consternación y llamaron a adoptar medidas internas de seguridad, para remediar la ineficiencia de las autoridades.

Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos, lamentó que lo ocurrido se sume al asesinato de Nepomuceno Muñoz y el atentado contra Norma Andrade, lo que una vez más pone de relieve la necesidad de aplicar un mecanismo efectivo de protección para defensores de derechos humanos.

Nos preocupa la falta de respuesta de las autoridades, porque al momento del secuestro no estaban los agentes de la Policía Federal (que cuidaban la caravana), a pesar de que hay medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD). El Estado falló evidentemente al proteger a dichas personas, que se encuentran en un estado de extrema vulnerabilidad, dijo.

Ante esta situación, es cada vez más urgente que las organizaciones civiles adopten medidas de seguridad propias, de acuerdo con sus necesidades y su contexto, y permanezcan muy atentas al trabajo que realizan sus activistas en las zonas más peligrosas, alertó.
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  • De 73 años, el líder comunero fue plagiado cuando se dirigía a un acto de la organización de Sicilia
Hallan muerto al campesino Trinidad de la Cruz; el moviento por la paz suspende actos
  • Aún se desconoce el paradero de otros dos activistas secuestrados por un grupo paramilitar
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Trinidad de la Cruz Crisóforo, horas antes de que fuera secuestrado por un grupo armado en Michoacán, cuando con otros activistas se dirigía a un acto del Movimiento por la Paz con Justicia y DignidadFoto Notimex

El líder comunero Trinidad de la Cruz Crisóforo fue encontrado muerto ayer en el municipio de Aquila, Michoacán, sólo unas horas después de que otros dos activistas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) fueran privados de la libertad la noche del martes, lo que llevó al colectivo dirigido por el poeta Javier Sicilia a suspender casi todas sus actividades públicas, mientras definen sus nuevos protocolos de seguridad.
La Procuraduría General de Justicia de Michoacán (PGJE) informó que el hallazgo tuvo lugar la tarde de este miércoles en el predio Barranca de Reyes, municipio de Aquila. Funcionarios de la dependencia precisaron que el cuerpo del líder comunero, de 73 años, quien era jefe de la encargatura de Xayakalan, fue hallado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional alrededor de las 13 horas.
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Valiente y comprometido con su pueblo, Don Trino se mantuvo firme pese a amenazas
  • Comuneros de Xayakalan aseguran que en junio pasado El Chalano amenazó de muerte a De la Cruz
Trinidad de la Cruz Crisóstomo usaba el apelativo de El Trompas por cuestiones de seguridad, ante las permanentes amenazas en su contra por el crimen organizado y los paramilitares que operan en Ostula, en la costa de Michoacán.

De 73 años, valiente y comprometido con su pueblo –como lo definen sus compañeros–, Trinidad, o Don Trino, estuvo a la cabeza de la guardia comunal y de los nahuas que el 29 de junio de 2009 recuperaron un predio del litoral del Pacífico michoacano de más de mil hectáreas, que durante 40 años estuvo invadido por supuestos pequeños propietarios provenientes del poblado de La Placita, municipio de Aquila.

Conocido también como El Maíz o El Maizón, Don Trino ocupó los dos cargos máximos que se pueden tener en una comunidad: juez tradicional en repetidas ocasiones y jefe de tenencia de la tierra. Fue también el comandante de la guardia comunal y el primer encargado del orden del nuevo poblado de Xayakalan, construido sobre las tierras recuperadas.

Entrevistado dos días después de la recuperación, aún con los retenes en alerta y la tensión por el enfrentamiento, Don Trino narró con orgullo visible lo que ocurrió esa madrugada: los invasores de La Placita nos recibieron a balazos, hiriendo a quemarropa a uno de nuestros compañeros, pero nosotros le seguimos hasta que llegamos con las camionetas a las tierras. De inmediato se instaló un campamento y aproximadamente 500 guardias comunitarias comenzaron la vigilancia de los alrededores, previniendo nuevas provocaciones
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Debe cambiar la estrategia de seguridad para proteger también a civiles: ONG

La actual estrategia de seguridad pública de los gobiernos no sólo genera múltiples violaciones de derechos humanos contra los civiles, como desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura, sino también quejas de los propios elementos del Ejército y las policías por falta de prestaciones laborales y equipamiento.

Denunciaron lo anterior activistas de diversas organizaciones defensoras de las garantías fundamentales, quienes llamaron a cambiar urgentemente de paradigma en este terreno, para buscar la protección de los ciudadanos y no sólo de las autoridades, como hacen ya las experiencias de policía comunitaria.

Durante la presentación del informe Desde la mirada ciudadana, realizado por el Monitor Civil de la Policía y Fuerzas de Seguridad de la Montaña de Guerrero (Mocipol), Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, explicó que dicho estudio se realizó desde noviembre de 2007 en unas 600 comunidades guerrerenses.

Documenta 353 casos de abuso cometidos por las policías investigadora ministerial y preventiva municipal, y el Ejército, entre los cuales figuran detenciones arbitrarias, extorsión, multa indebida o excesiva, allanamiento ilegal de morada, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y el hecho de no poner de forma inmediata a disposición del juez a un detenido.
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Subsecretario antinarcóticos de EU no niega versión de que la DEA lavó dinero de cárteles

Luego de un recorrido por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), donde supervisó la aplicación de recursos de la Iniciativa Mérida, Todd Robinson, subsecretario adjunto de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, del gobierno de Estados Unidos, señaló que las autoridades de su país y México van a usar todas las herramientas que podamos para luchar contra el crimen organizado y el tráfico de narcóticos, sin negar las versiones que señalan que elementos de la agencia antidrogas (DEA, por sus siglás en inglés) han lavado dinero de cárteles mexicanos para identificar a miembros de esos grupos delincuenciales.

El funcionario fue entrevistado al concluir su recorrido por las aulas donde se imparten cursos a distancia, las cuales se montaron con dinero y tecnología aportada por el gobierno estadunidense, y después de que recibió una explicación de los actos de carácter académico que se han impartido con esos apoyos. Lo primero que dijo es estar muy contento con que los recursos que se dan a las instancias mexicanas sirvan para hacer más transparente la justicia en México.

Luego, Robinson fue cuestionado en torno a los señalamientos aparecidos en el diario estadunidense The New York Times, que indican que los agentes de la DEA lavan dinero de grupos criminales, y si esas acciones forman parte de la estrategia de Estados Unidos contra los grupos del crimen organizado, a lo que respondió: tenemos muchos programas y muchas maneras de colaborar con el gobierno mexicano; somos socios en esta lucha contra el crimen organizado y el tráfico de narcóticos, y vamos a continuar la colaboración
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Pese a apoyos, persiste violencia en Ciudad Juárez

El secretario de la Reforma Agraria y coordinador del Programa Todos Somos Juárez, Abelardo Escobar Prieto, sostuvo que el año pasado se destinaron a esa ciudad chihuahuense 3 mil 500 millones de pesos para frenar al crimen organizado. Pese a ello y al gran despliegue de fuerzas federales, de enero a octubre de 2010 se registraron 2 mil 344 homicidios violentos en ese municipio fronterizo.

Al participar en una reunión con senadores de las comisiones de Asuntos Fronterizos Norte y Desarrollo Municipal, dijo que por ese motivo los jóvenes deben ser considerados no como problema, sino parte de la solución.

Agregó que a 20 meses de la puesta en marcha de ese programa, los resultados podrán apreciarse a mediano y largo plazo. Por lo pronto, expuso, se logró desarticular a 18 bandas dedicadas al secuestro, se detuvo a 120 plagiarios y a 50 personas dedicadas al cobro de piso, además de que se liberó a 134 personas secuestradas.

En la reunión intervino también el consejero para grupos vulnerables de la Presidencia de la República, Luis H. Álvarez, quien comentó que es obligación del gobierno de Estados Unidos combatir el consumo de drogas en su territorio y el tráfico de armas hacia México, ya que son dos de los factores principales que incrementan la violencia y el narcotráfico.

Ramón Galindo, senador del PAN, hizo notar que es injusto etiquetar como violentos los municipios de la frontera.
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Denuncia Sicilia ataques al Movimiento por la Paz

Monterrey, NL. El poeta Javier Sicilia afirmó que los integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad están alarmados e indignados, porque en fechas recientes se recrudecieron la persecución y los asesinatos de activistas de la agrupación, como se confirmó ayer con la muerte del indígena de Ostula, Michoacán, Trinidad de la Cruz, y los secuestros de Eva Alarcón y Marcial Bautista, en Petatlán, Guerrero. En entrevista colectiva que ofreció después de reunirse con el procurador de Justicia de Nuevo León, Adrián de la Garza Santos, para analizar junto con activistas locales 29 casos de desaparecidos por la lucha contra el narcotráfico, Sicilia consideró que parece que de una fecha para acá la persecución, principalmente sobre miembros del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, se ha recrudecido, pues tenemos ya varios asesinados
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Defiende Vega Casillas a su esposa y critica a diputados

Salvador Vega Casillas salió ayer en defensa de su esposa, Gladys López. En un comunicado de la Secretaría de la Función Pública (SFP) acusó a los diputados de tergiversar la verdad por intereses políticos. La investigación a la que hacen referencia los legisladores ha sido resuelta y sus conclusiones, que son del conocimiento público, señalan con claridad que en el actuar de los ex funcionarios de la Procuraduría Federal del Consumidor no existe vínculo alguno con el desempeño de la entonces subprocuradora de Verificación de esa instancia (Gladys López), como se pretende hacer pensar, sostuvo.

En el boletín emitido por la dependencia que encabeza, Vega afirmó que las acusaciones hechas por algunos legisladores de la Cámara de Diputados, liderados por Pablo Escudero, del PVEM, carecen de sustento y advierte que detrás de esto existe un interés político de tergiversar la verdad.

La respuesta obedece a la exigencia de los diputados, excepto del PAN, de que Vega se separe de la SFP mientras se desahoga la investigación de la presunta participación de la ex funcionaria de la Profeco en actos de extorsión a gasolineros del país.
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Se retracta la PGR; el casino Royale no cumplía con las medidas de seguridad

Aún se integra el expediente por uso de documento falso y delincuencia organizada, entre otros

La Procuraduría General de la República (PGR) dio marcha atrás a su postura inicial de que el casino Royale cumplía con las medidas de seguridad y de protección civil, y a través de un comunicado de prensa la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) dio a conocer que sigue integrando el expediente por los ilícitos de delincuencia organizada, uso de documento falso y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos respecto de diversos sujetos, entre ellos funcionarios federales.
Asimismo, además de informar que ya se ha ejercitado acción penal en contra de 28 presuntos involucrados en el incendio, que dejó un saldo de 52 personas fallecidas, la Siedo, que dirige Cuitláhuac Salinas Martínez, dio a conocer que adicionalmente, las autoridades federales integran una averiguación previa por las probables responsabilidades en que pudieran haber incurrido servidores públicos federales en relación con la obtención de la licencia de funcionamiento del casino y por las máquinas de juegos encontradas en el lugar
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Inconstitucionales, los criterios de la JLCADF

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal (JLCADF) actuó al margen de la ley al imponer a sindicatos y grupos trabajadores alrededor de 330 nuevos requisitos para diversos procesos laborales, como los emplazamientos a huelga, los registros de nuevos sindicatos y las solicitudes de toma de nota, lo que en realidad mata la democracia y la libertad sindical, sostuvieron diversos abogados y especialistas en derecho laboral, durante el seminario-debate Los alcances del decreto antisindical de la JLCADF.

En el colmo de la ilegalidad, al responder a los amparos que inmediatamente se presentaron contra las nuevas resoluciones, esta instancia señaló que “los criterios de la junta, indiscutiblemente no requieren del trámite constitucional exigido para la iniciativa y aprobación de la norma jurídica. Se elaboran administrativamente…”

En el acto, el abogado laboralista Manuel Fuentes afirmó que la imposición de esos requisitos resulta un hecho muy grave dado que la JLCADF se puso al margen de la ley al establecer normas jurídicas obligatorias de aplicación general que violan acuerdo internacionales firmados por México y violan la nueva legislación en materia de derechos humanos laborales.
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Los señalamientos de Lozano, mentirosos e irresponsables, afirma el sindicato minero

El sindicato minero respondió a las declaraciones vertidas el pasado martes por el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, quien dijo que la huelga de la mina Cananea fue absurda, por cuestiones de revanchismo y no laborales, a lo que esta organización apuntó que los señalamientos del funcionario resultan mentirosos e irresponsables, por decir lo menos, ya que con su declaración pone en entredicho al Poder Judicial federal y sus reiteradas resoluciones de que dicha huelga es legal y existente, que hasta hoy subsiste jurídicamente firme.

A decir de esta organización, el acto conjunto que encabezó el secretario con el presidente de Grupo México, Xavier García de Quevedo, para informar sobre los trabajos de rehabilitación de la mina Cananea, a la que ahora le cambiaron el nombre y le llaman Buenavista, robustece la tesis de que Lozano se encuentra al servicio de esa empresa y en contra de los auténticos trabajadores de esa mina.

Insistió en que la huelga de Cananea es legal. Así lo resolvieron jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, no una sino cinco veces, y en vista de las resoluciones, Larrea y Lozano inventaron entonces un proceso ilegal para dar por terminada la huelga. Arguyeron que la mina no se puede explotar por daños causados, lo que calificaron falazmente como causa de fuerza mayor, y así dieron por terminadas las relaciones laborales con los trabajadores de Cananea. Pero Lozano, en la declaración conjunta con Grupo México del día de ayer, hace pública la plena reapertura de la mina. Ello significa que mintieron al declarar terminadas las relaciones con los trabajadores pretextando que la mina debía cerrar por los daños ocasionados en la misma. Un fraude a la ley que se comprueba con su reapertura. Los tribunales mexicanos e internacionales tendrán que dar la última palabra sobre este atropello
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Astillero
  • Golpear al activismo
  • Secuestros, asesinatos
  • Kadafi: de película
  • Cantaleta contra comicios
Julio Hernández López

Se han multiplicado los hechos de violencia contra ciudadanos que denuncian injusticias y defienden derechos humanos. Una de las organizaciones más lastimadas por esa modalidad es el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), originalmente impulsado por el poeta Javier Sicilia. En una espiral de agresividad impune están siendo amenazados, lesionados y asesinados algunos activistas regionales que creyeron encontrar cauce y fuerza en expresiones esperanzadoras como el citado movimiento que ha recorrido el país y ha decidido acompañar procesos de lucha en zonas conflictivas. El fantasma del paramilitarismo se ha ido asentando en la dolorosa realidad mexicana al igual que en su momento ha sucedido en otros países donde se han librado guerras irregulares internas en las que el Estado se muestra desfalleciente y al mismo tiempo protector y cómplice de esas manos criminales encargadas de tareas sucias.

El caso más reciente ha sucedido en Michoacán, donde una comitiva de 18 integrantes del MPJD fue confrontada por un grupo de delincuentes que les robaron sus teléfonos celulares y se llevaron por la fuerza a uno de los ciudadanos que había creído encontrar protección en los enviados de la instancia nacional que meses atrás dialogó, con intensa cobertura televisiva nacional, con el propio Felipe Calderón. El secuestrado, José Trinidad de la Cruz, fue encontrado ayer muerto y con evidencias de tortura, cuando aún no se cumplían 24 horas de su desaparición. Pietro Ameglio, uno de los miembros de la dirección colectiva del MPJD, aseguró que el ataque a la comitiva y el secuestro de De la Cruz ocurrieron luego que la Policía Federal dejó de acompañar al grupo y lo dejó a merced de los asesinos, según reportaban ayer en el portal de La Jornada el reportero Jaime Avilés y el corresponsal Eduardo Ferrer.

En otra entidad, Guerrero, y apenas con unas horas de diferencia, Eva Alarcón y Marcial Bautista, también miembros del MPJD, habían sido secuestrados cuando viajaban en autobús de Petatlán a Chilpancingo. Y diversos activistas y denunciantes de lo que se vive en el país, ya sean pertenecientes a otras organizaciones, o firmantes de solicitudes de indagación internacional respecto a crímenes de guerra cometidos por el calderonismo, han sido amenazados por diversas vías, en una abierta escalada de violencia verbal y física que pretende acallar a quienes han decidido actuar de manera abierta y pacífica en demanda de que sea frenado el baño nacional de sangre y se aplique una verdadera justicia en cada uno de los casos que ya suman decenas de miles.
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México SA
  • OCDE: apestó la quimera
  • FC: ¿Menor desigualdad?
  • Defender lo indefendible
Carlos Fernández-Vega

Pérfida OCDE que al inquilino de Los Pinos apestó su quinta tanda de cuentacuentos. El pasado domingo muy contento estaba el Felipillo duro que te dale con aquellos de que gracias a su responsable manejo de las finanzas nacionales los mexicanos cada día que pasa viven mejor, cuando, ¡zas!, que llega la citada organización y mete el dedo en la llaga: México es el segundo país más desigual en la región más desigual del planeta, y la diferencia entre el ingreso de los más ricos y el de los más pobres es de 26 tantos (en 2006 fue de 22).

Calderón no había apagado el micrófono de su quinta quimera, ni terminaban de caer el confeti y las serpentinas cuando, apenas 24 horas después, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos decidió difundir su más reciente análisis (Siempre más desigualdad: por qué la brecha de los ingresos aumenta) que deja muy mal parado al inquilino de Los Pinos y, desde luego, a los cuatro gobiernos neoliberales que precedieron al de para vivir mejor, lo que provocó uno de los más severos ataques hepáticos del inquilino de Los Pinos, quien, como acostumbra, procedió a defender lo indefendible. De por sí ya se había convulsionado con el reporte de la Cepal (divulgado el pasado 29 de noviembre), el cual subraya que México y Honduras fueron los únicos países (en América Latina) con incrementos significativos en sus tasas de pobreza y de indigencia, mientras en el resto se reportaron descensos.
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Dinero
  • El mayor escándalo de corrupción del calderonismo
  • Involucra a la esposa del secretario de la Función Pública
  • Presuntamente ligada a una red de extorsionadores
Enrique Galván Ochoa

Se trata quizá del mayor escándalo de corrupción de los 10 años de panismo, por los personajes que involucra: Gladis López, esposa del secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, y el propio funcionario, ya que supuestamente tienen cuentas de cheques con firma mancomunada. Antes fue la contraloría, creada en el gobierno de Miguel de la Madrid, como eje del programa –fallido– de la renovación moral de la sociedad, y tiene a su cargo vigilar que no se cometan actos de corrupción. El gobierno ha hecho lo imposible por impedir que llegue el escándalo a la opinión pública, es la puntilla a la política de manos limpias que prometió Felipe Calderón en su campaña política. Esta es la historia: un grupo de gasolineros denunció a funcionarios y verificadores de la Profeco por extorsión. Les pedían 50 mil pesos mensuales a cambio de hacerse de la vista gorda en la revisión de las bombas de gasolina, de manera que pudieran vender a los automovilistas litros incompletos. Es el colmo, ¿no les parece? No son suficientes los gasolinazos, aparte tenían que robar al automovilista dándole litros incompletos. La esposa del secretario de la Función Pública es señalada como presunta involucrada en la red de extorsión. Era importante funcionaria de la Profeco y aunque ya renunció, al parecer sigue relacionada con los extorsionadores.
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¿Cacería de activistas?

El secuestro y posterior asesinato del líder comunero Trinidad de la Cruz –ocurridos entre el martes y ayer en localidades de la costa michoacana–, así como el levantón –en el trayecto de Petatlán a Tecpan de Galeana, en el estado de Guerrero– de los activistas campesinos Marcial Bautista Valle y Eva Alarcón Ortiz, todos ellos integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), son los eslabones más recientes de una cadena de agresiones en contra de activistas de esa organización. Apenas el pasado 6 de octubre, en Santa María Ostula, Michoacán, fue asesinado a tiros el comunero Pedro Leyva Domínguez, quien se desempeñaba como integrante de la Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales y de la Guardia Comunitaria, y como representante del MPJD en ese municipio michoacano. Menos de dos meses después, el 28 de noviembre pasado, Nepomuceno Moreno Núñez fue abatido en Hermosillo, Sonora, tras haber recibido amenazas anónimas por parte de presuntos policías estatales.

La lista, sin embargo, no se circunscribe a integrantes del citado movimiento: hace casi dos años –en enero de 2010– fue asesinada la activista juarense Josefina Reyes, quien desde 2008 emprendió movilizaciones por la desaparición de uno de sus hijos, y el hecho marcó el inicio de una cadena de agresiones contra varios miembros de su familia. En diciembre de ese mismo año, Marisela Escobedo, madre de una joven asesinada, fue ultimada de un balazo frente al palacio de gobierno de Chihuahua. Y apenas el viernes pasado, Norma Andrade, dirigente de la organización humanitaria Nuestras Hijas de Regreso a Casa, fue herida de gravedad a las afueras de su domicilio.

Este cúmulo de asesinatos y ataques, en conjunto con la falta de capacidad de las autoridades para esclarecerlos y sancionarlos, hacen inevitable sospechar que, con el telón de fondo de la violencia desatada a raíz de la guerra contra el narcotráfico, el país asiste a una cacería de activistas sociales, de defensores de derechos humanos y de ciudadanos que han decidido alzar la voz y reclamar justicia. Es difícil concebir que todas las agresiones referidas sean producto del azar; por el contrario, pareciera que conllevan un mensaje ominoso dirigido a los sectores de la sociedad que se han movilizado por la pacificación del país y la justicia para las víctimas y sus deudos, que han criticado la estrategia de seguridad en curso y que hoy, con la muerte de algunos de sus integrantes, ven confirmadas sus advertencias en forma particularmente trágica.
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Peña y los malos políticos

Octavio Rodríguez Araujo

Juan Bosch, dominicano muy destacado en el mundo de las letras, un intelectual reconocido, hizo también política y alcanzó la presidencia de su país en 1963. Después de siete meses de gobierno, con enemigos muy poderosos de entre las fuerzas más retrógradas de República Dominicana (y de Estados Unidos), fue derrocado por un golpe de Estado. En una visita a México, ya como ex presidente, dijo en la UNAM que los intelectuales no deberían meterse en política como dirigentes, ni menos como gobernantes. Algo así como zapatero a tus zapatos.

Me impactó mucho lo que dijo Bosch, y desde entonces he entendido que los políticos pueden ser cultos o más o menos cultos, pero buenos políticos, y que no debe uno pedirles que sean intelectuales. Los intelectuales no tenemos el olfato de los políticos, ni el estómago o el hígado de éstos. Mejor cada quien en su lugar.

Pero una cosa es que un político no sea intelectual y otra que carezca de cultura, por lo menos la de un estudiante promedio de licenciatura. Esto es grave, pero no tanto como ser un mal político. Un político debe ser hábil, saber torear una pregunta difícil o cuya respuesta no sepa. Si ni siquiera sabe hacer esto, está perdido-
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La Celac y la desmesura del sueño bolivariano

Ángel Guerra Cabrera

La cumbre constitutiva de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (Celac), celebrada en Caracas los días 2 y 3 de diciembre, es un hecho de incuestionable dimensión histórica. En este caso cabe utilizar el calificativo sin temor a exagerar. La reunión superó las expectativas más optimistas por el espíritu democrático con que fue preparada por los anfitriones venezolanos en permanente consulta con los demás gobiernos, por el ambiente de hermandad en que se desarrolló, por lo sustancioso de sus documentos fundacionales que transpiran espíritu y léxico emancipadores, independientes y latinoamericanistas. A partir de ahora América Latina y el Caribe hablarán con voz propia en el concierto internacional multipolar, acelerado por la debacle del capitalismo neoliberal y las fracasadas guerras de agresión de Washington.

No obstante que en la Celac existan naciones con políticas neoliberales y otros que las cuestionan frontalmente, la cumbre marca la ruptura de la región con el monroísmo. Como lo prueba la experiencia previa, estas diferencias no deben impedir su funcionamiento. Sí conviene reiterar que el camino a seguir en adelante no estará exento de obstáculos endógenos y principalmente amenazas exógenas. En todo caso, la magnitud de sus objetivos de integración económica, cultural y política con inclusión social, cuidado por la naturaleza y participación ciudadana es inherente a la magnífica desmesura del sueño bolivariano y martiano. Así lo corroboran la Declaración de Caracas, el Procedimiento para el Funcionamiento de la Celac, el Plan de Acción de Caracas y los otros 20 documentos adoptados.

Cuando Bolívar enunció este ideal, luego actualizado por Martí, unos no lo creyeron viable, aunque lo acogieran como noble y hermoso; a otros les fue indiferente; otros más –los imperios y las oligarquías– se erigieron en sus enemigos jurados e hicieron cuanto estuvo a su alcance por ahogarlo en la cuna cuando se transformó en propuesta política. Pero siempre, hasta en las circunstancias más adversas, hubo quienes lo defendieran y le fueran fieles, como puede apreciarse en el interesante mano a mano sobre historia latinoamericana protagonizado en vísperas de la cumbre por los presidentes Cristina Fernández y Hugo Chávez en la televisión venezolana(www.cubadebate.cu/noticias/2011/12/03/cristina-y-chavez-un-dialogo-excepcional).
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lunes, octubre 31, 2011

El enemigo en casa


Así como Vicente Fox heredó a Felipe Calderón un aparato estatal debilitado y carcomido por la corrupción y el crimen organizado, Calderón heredará a su sucesor instituciones públicas infiltradas e intervenidas por el gobierno estadunidense. El próximo Presidente se enfrentará a una doble tarea de limpieza: expulsar simultáneamente a los narcotraficantes y a los intereses extranjeros.

Calderón suele representar la situación en que encontraba el gobierno como una en que los criminales no solamente entraban a robar a la casa, sino ya pernoctaban en ella y desde allí operaban su negocio y cometían todo tipo de fechorías. Aun así, el actual Presidente prefirió la salida fácil de atacar mediáticamente a algunos de sus adversarios en la calle, en lugar de declarar una verdadera guerra contra el enemigo en casa. Esta estrategia ciega, torpe y criminal ha sido auspiciada y apoyada de principio a fin por el gobierno de Estados Unidos.

En lugar de insistir en una verdadera limpieza interna, los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama accedieron a la petición de Calderón de hacerse de la vista gorda con respecto a la corrupción y la constante violación de los derechos humanos. Esto a cambio de que Calderón les abriera la puerta para participar y dirigir los operativos antinarco en el territorio nacional. La apertura en otros ámbitos, como el económico y el energético, también se incluyó como regalo adicional a cambio de los espejitos del silencio y la complicidad estadunidenses ante el grave estado de la administración pública federal.

Si bien este trueque ha beneficiado a corto plazo a Calderón en su desesperada búsqueda de legitimidad y reconocimiento externos, a largo plazo tendrá efectos sumamente graves para todos los mexicanos. El constante debilitamiento de las instituciones estatales ha sido aprovechado gustosamente por los estadunidenses para aumentar cada día su intervención en los asuntos internos del país. Así como los gobiernos neoliberales abandonaron Petróleos Mexicanos, Luz y Fuerza del Centro y Mexicana de Aviación con el fin de provocar su quiebra y así justificar su intervención, hoy Calderón sigue el mismo guión con respecto a las instituciones de seguridad pública.

En su artículo del pasado 24 de octubre, Ginger Thompson, de The New York Times, nos regala otra joya periodística al revelar la existencia de una red de informantes secretos del gobierno estadunidense dentro del territorio nacional, que incluye “integrantes de las corporaciones de seguridad pública, políticos con cargos de elección popular y operadores de cárteles” (artículo disponible aquí: http://nyti.ms/rRXKbW). Recordemos que fue la misma Thompson quien en meses recientes dio a conocer tanto los vuelos de aviones espías no tripulados sobre México (http://nyti.ms/g4y4xP) como la existencia de centros de fusión de inteligencia similares a los utilizados por EU en Irak y Afganistán (http://nyti.ms/pcDBPy).

En esta ocasión el mensaje es aún más preocupante, porque los informantes de la periodista afirman que el gobierno mexicano ni siquiera está enterado de la existencia de esta red secreta. No se informa a las autoridades mexicanas para evitar problemas con las “leyes que prohíben que fuerzas de seguridad americanas [sic] operen en territorio mexicano”. Es decir, funcionarios estadunidenses confiesan que violan de manera sistemática y flagrante nuestras leyes al participar en acciones de procuración de justicia y espionaje en el país.

Pero, más allá de conducir investigaciones ilegales en territorio nacional, queda claro que los agentes estadunidenses también participan de manera directa tanto en actos de corrupción de funcionarios gubernamentales como de complicidad con el crimen organizado. Aquellos políticos y policías que participan en esta red de informantes y reciben alguna remuneración por sus servicios, no solamente serían corruptos, sino también traidores a la patria. Asimismo, aquellos agentes estadunidenses que contratan y establecen relaciones de confianza con informantes de la delincuencia organizada a espaldas del gobierno mexicano están siendo cómplices de la comisión de los delitos cometidos por sus contactos.

Ahora bien, en lugar de ordenar inmediatamente una investigación sobre la posible comisión de delitos por agentes extranjeros, el gobierno mexicano ha afirmado que, supuestamente, está perfectamente informado sobre estas acciones y que todas se llevan a cabo estrictamente de acuerdo con la normatividad nacional. Tales declaraciones son tan poco creíbles como aquellas de la canciller Espinosa sobre los aviones espías, en las que afirmaba que el gobierno mexicano mantenía el control directo sobre todos los vuelos. Con este tipo de desinformación el Poder Ejecutivo federal encubre los actos delictivos cometidos por los agentes extranjeros en el territorio nacional.

No sorprende que el gobierno de Estados Unidos defienda sus intereses y busque operar libremente en el país, así como incidir directamente en las acciones del gobierno mexicano. Lo que sí llama la atención es la complicidad del gobierno de Calderón, así como su total desapego de los principios básicos de soberanía y autodeterminación de los pueblos.

Twitter: @JohnMAckerman

sábado, agosto 13, 2011

La carta de entendimiento

Subordinado completamente a los Estados Unidos.....
La sirvientita de Hillary.....

El proceso de ocupación militar de México por Estados Unidos como vía para apoderarse de los recursos estratégicos del país, puesto en marcha por el gobierno de Felipe Calderón, compromete seriamente los destinos y el bienestar de la nación mexicana, pero muy poco se ha hecho para detenerlo, y se está llegando a un desastre sin paralelo en todos los órdenes.

1. La información publicada en los primeros días de este agosto de 2011 por la prensa estadunidense y mexicana sobre las dimensiones del proceso de militarización de México orquestado por el Pentágono, que ha abierto una muy tibia discusión en el ámbito legislativo, se conocía desde hace tiempo, y había sido analizada en esta columna, pero a pesar de su gravedad no suscitó entonces una vigorosa respuesta política y social, de ahí que las últimas informaciones, de las cuales cuatro son significativas, adquieran un nuevo relieve histórico.

2. La violencia existente en el país desde hace cuatro años, como ya se sabe, ha sido generada esencialmente por el gobierno del PAN y sus grupos paramilitares de todo tipo, en vistas a pretender justificar el uso anticonstitucional de las fuerzas armadas mexicanas en una supuesta “guerra contra el narco”, que no lo es, pero este escenario hechizo no convence ya a nadie, y la escalada actual en esa misma dirección está generando una repulsa cada vez mayor.

3. El número de militares y agentes policiacos estadunidenses, encubiertos y no encubiertos, que operan ya en territorio mexicano, es cada vez mayor y escapa a cualquier estimación oficial, en particular por el hecho de que están siendo imbricados, junto con los que se llama contratistas privados, en la que se pretende sea la primera base de Washington en suelo mexicano, como diversas notas lo afirmaban hace meses. La primera información que ha generado un enorme escándalo fue la publicada el domingo 8 por The New York Times, en la que se reitera que agentes del Pentágono, la CIA, la DEA y otras agencias operan no nada más a partir del centro de inteligencia ubicado en Reforma 225 sino desde una base militar que se supondría es mexicana, ubicada en algún ignoto lugar del norte de México, pero que ellos ya controlan en vistas a hacer prevalecer sus intereses, de manera que se puede establecer que existe, bajo una simulación, una base militar estadunidense en México.

4. Estados Unidos tiene al menos 14 bases militares en América Latina y el Caribe, bajo la autoridad del Comando Sur, con las que espía y controla a 19 países del continente, y que son estimadas como centros de movilidad estratégica y guerras relámpago, por lo que esta base encubierta constituye un nuevo problema continental, sobre todo porque los militares mexicanos ahí comisionados, y bajo las órdenes de oficiales de Washington, han sido formados en el Instituto de Cooperación Hemisférica (antes Escuela de las Américas), que ahora funciona en Fort Benning (Georgia). El Times reconoce que Washington ha adiestrado al menos a 4 mil 500 agentes de la Policía Federal y a un número indeterminado de marinos y militares.

5. Hay que tener presente, por otra parte, cómo se enfrenta el problema en otros países del continente, y bastan dos ejemplos. En Ecuador, el presidente Rafael Correa se negó a refrendar en 2009 el acuerdo para el funcionamiento de la tristemente célebre base de Manta, lo que obligó a Washington a trasladarla a Colombia. Y en Brasil, siendo Lula presidente rechazó en 2010 la pretensión del gobierno de Obama de establecer bases en la zona amazónica, y ahora ante la pretensión del derechista general Nelson Jobim (ministro de la Defensa) de apoyar esta vía, la presidenta Dilma Rousseff forzó su renuncia y nombró para sustituirlo a Celso Amorim, miembro del ala izquierda del Partido de los Trabajadores (PT), a pesar de la inconformidad de jefes de las fuerzas armadas, imponiendo así la autoridad del poder civil y la lógica de la legalidad.

6. Es muy significativo por ello que al presentarse esta situación de militares y agentes de Washington actuando impunemente en México, como si nuestro país fuese un protectorado, en abierta violación a la legislación mexicana, durante una entrevista con el diario angelino La Opinión, el presidente Barack Obama, escudándose en la Iniciativa Mérida, pretendiese al día siguiente de la nota del Times que sólo se trata de una asistencia técnica y se encubriese diciendo que es a México a quien compete hacer cumplir sus leyes en sus fronteras, según reporta David Brooks en La Jornada del martes 9.

7. Las evidencias se multiplican sobre el entreguismo antinacional del gobierno del PAN, y con ellas va la claudicación de la clase política nacional. La segunda nota que ha marcado el escándalo creciente es la publicada por La Jornada el día de ayer, en la que se confirma que no sólo parte del personal naval, militar y policiaco mexicano se halla sometido a las agencias estadunidenses, sino que altos funcionarios del gobierno indigno de Calderón, como Marisela Morales (procuradora general de la República) o Genaro García Luna (secretario de Seguridad Pública), tienen compromisos de subordinación con Estados Unidos, y actúan como sus simples empleados, confirmándose además que los supuestos operativos antinarco del gobierno son ordenados por la administración de Obama en función de sus intereses.

8. La cereza en el pastel de la estrategia que Washington impuso a Calderón a cambio de convalidar su llegada a Los Pinos por la vía del fraude es la de las revelaciones en La Jornada de ayer del acuerdo entre Estados Unidos y México para sustentar políticas similares a las de Afganistán e Irak, suscrito hace 19 meses. La administración de Bush hijo pactó con Calderón las condiciones para apoyarlo a espaldas de los legisladores de ambos países, pero fue con el gobierno de Obama con el que Calderón aceptó el ingreso masivo de militares estadunidenses a México. La carta de entendimiento entre él y Obama, que es más que un tratado, fue llamada así para burlar al Senado, y lo más sorprendente es que ahora que conocen la información los legisladores mexicanos sigan actuando como cómplices timoratos.

9. No sorprende por lo mismo la nota de El Universal de ayer en la que señala que la Casa Blanca, a fin de evadir la discusión pública, y pasando por encima del Congreso, haciendo suyas las políticas de la ultraderecha, discrecionalmente aumentó los recursos para el apoyo militar a México en 400 por ciento entre 2007 y 2011, con lo que éste pasó de 15 a 71 millones de dólares (a pesar de la crisis).

10. En un país en el que la clase política se halla corrompida y en el que las fuerzas de oposición y las propias instancias del Estado son incapaces para detener los actos de traición de un gobierno empeñado en servir a intereses oligárquicos, el pueblo ciudadano debe movilizarse y reiterar una y otra vez a Calderón y a sus cómplices que: ¡Ya basta!

domingo, julio 24, 2011

Todo México es de la DEA

La DEA hace y deshace en México

Los agentes de la DEA operan en México con toda libertad y hasta con el beneplácito y colaboración del gobierno. Como si fueran mexicanos. Espían, detienen sospechosos, manejan a los policías de la PGR y atestiguan cómo aplican torturas; ellos mismos interrogan a los detenidos y se llevan celosamente la información a su búnker de Reforma 265. Los miembros de la agencia antidrogas estadunidense conocen bien las deficiencias y torpezas de los investigadores locales y llenan los vacíos en su provecho. No les preocupa la ley, porque se saben impunes: tienen permiso del presidente Felipe Calderón.

La Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA) opera en México como si estuviera en su país: participa en detenciones, interroga, interviene comunicaciones, infiltra a sus soplones y, lo más grave, incluso atestigua torturas aplicadas por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR).

El aumento de la presencia de la DEA en México –autorizado por el gobierno de Felipe Calderón– se ha traducido en la participación de sus agentes en operativos en todo el país, incluido el Distrito Federal, donde han organizado hasta detenciones de presuntos traficantes.

Su gran aliada ha sido la PGR, que integra sus averiguaciones previas con la información que le proporciona la DEA y permite a sus agentes interrogar a los detenidos y llevar la información así obtenida a sus propias bases de datos. Además, gestiona la extradición a Estados Unidos de los investigados por la DEA, aun cuando las incriminaciones se hagan bajo tortura.

La PGR no es la única en facilitar su operación. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) le da cobertura operativa al brindarle a sus agentes camionetas con placas de esa dependencia para participar en detenciones. A la colaboración también se ha sumado la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), cuyos policías adaptan sus informes para avalar las investigaciones de los estadunidenses. Ha tenido apoyo hasta de la Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación, según varios acusados por la agencia.

Uno a la cuenta de la agencia

En el haber de ese organismo en México se cuenta el fallecimiento de al menos un inculpado por sus investigaciones: el mexicano-estadunidense Orlando Mijares Estévez, quien murió el domingo 17 en el Reclusorio Norte, tras tres años encarcelado, por falta de atención médica y a quien nunca se le comprobó el delito de lavado de dinero que le fincó la PGR a partir de las acusaciones de la DEA.

Mijares Estévez, de origen cubano, fue uno de los detenidos por la PGR a finales de 2007 luego de que durante el primer año de gobierno de Calderón la DEA desplegó una intensa actividad en México para desarticular una célula del cártel colombiano del Norte del Valle.

Clave para esa operación fue la infiltración del narcotraficante colombiano Juan Carlos Umbacia, quien tras ser declarado culpable en Estados Unidos de haber conspirado para traficar cocaína entre finales de los ochenta y principios de la década pasada, se convirtió en 2003 en informante de la agencia. En 2005, Umbacia se infiltró en el cártel del Norte del Valle para detectar sus operaciones en Estados Unidos, México y Colombia.

Para operar en México, la DEA se apoyó en Édgar Enrique Bayardo del Villar, entonces jefe de la Tercera Sección, Estado Mayor, de la Policía Federal Preventiva, hoy Policía Federal.

Bayardo fue detenido en octubre de 2008 como resultado de la Operación Limpieza. Fue procesado bajo la acusación de trabajar para Ismael El Mayo Zambada, del cártel de Sinaloa, y asesinado en el Distrito Federal en diciembre de 2009 cuando era testigo protegido de la PGR con el nombre clave de Tigre.

Como varios de los infiltrados por Umbacia eran residentes en México, el colombiano también operó en el Distrito Federal hasta que agentes de la DEA, el 30 de noviembre de 2007, participaron en la detención de Joaquín Alejandro Senderos Higuera, a quien el Departamento de Justicia de Estados Unidos requiere en extradición como presunto responsable de lavar dinero para el cártel colombiano.

A instancias de la DEA, Senderos está encarcelado en el Reclusorio Norte acusado por la PGR de delincuencia organizada y lavado de dinero. Después de tres años y ocho meses de proceso aún no ha sido sentenciado, pero la PGR tramita desde finales del año pasado su extradición, gestionada por la entonces titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y actual procuradora, Marisela Morales Ibáñez, ante el Juzgado Décimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el DF.

Además de Senderos, la funcionaria solicitó la detención con fines de extradición de otras seis personas, todas colombianas, a las que Estados Unidos les finca los cargos de lavado de dinero y conspiración para traficar cocaína. Los cargos están contenidos en la causa penal 3-10-cr-073-K, abierta en Dallas por la corte federal para el distrito norte de Texas.

La petición de Morales, a la que este semanario tuvo acceso, está elaborada con la información obtenida por el infiltrado de la DEA, aunque la SIEDO asegura que realizaba su propia investigación desde enero de 2007.

Entre los requeridos por Estados Unidos está Harold Mauricio Poveda Ortega, El Conejo, señalado por la PGR como el principal proveedor de cocaína del cártel del Norte del Valle a la organización de los hermanos Arturo Beltrán Leyva.

Poveda fue detenido en noviembre de 2010, dos años después de que se escapó de un operativo de la Policía Federal en una residencia del Desierto de los Leones. En ese operativo participó Bayardo como inspector de la corporación policial que depende del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

A pesar de que en el expediente de extradición se transcribe parte de las conversaciones del infiltrado de la DEA, la PGR consignó ante el juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el DF la causa penal 22/2008/II, supuestamente elaborada a partir de una “denuncia anónima” contra Senderos y otras seis personas.

Bayardo, a su servicio

El 30 de noviembre de 2007, Joaquín Alejandro Senderos Higuera, administrador de empresas graduado en la Universidad de Stanford y fundador de varias compañias de operaciones internacionales, se había encontrado para comer con dos amigos en el restaurante El Cabrito Asador, en la esquina de Luis Moya y Arcos de Belén, en el centro de la Ciudad de México.

Alrededor de las cuatro y media de la tarde Bayardo entró al restaurante. Mencionó en voz alta el nombre de Joaquín Senderos y pasó por su mesa pero siguió de frente. El requerido también alzó la voz y le dijo: “Por acá, por favor”.

Sin identificarse, Bayardo le soltó: “Soy policía judicial. Necesito que me acompañe para aclarar unas situaciones de su amigo Horley Rengifo”. Senderos accedió porque se trataba de quien le había comprado una franquicia de su empresa de alimentos naturales no perecederos Life & Victory, que operaba bajo el esquema empresarial de multiniveles.

Horley Rengifo Pareja, nacido en 1968 en Neiba Huila, Colombia, y establecido en México, había comprado la franquicia para distribuir los productos en Valle del Cauca desde la ciudad de Cali, “pero sólo nos pagó 15 mil dólares y nos quedó a deber casi 190 mil más”, cuenta Senderos en entrevista.

En cuanto Senderos se identificó, Bayardo le quitó su teléfono celular y su aparato de radiocomunicación. Uno de los amigos de Senderos increpó a Bayardo: “¿Cómo sabemos que es policía y no un secuestrador?”. El policía se alteró: “Cállese y no se meta, si no quiere que también me lo lleve”. Se abrió el saco y le mostró la pistola que llevaba en la cintura.

Cuando salió del restaurante detenido sin ninguna orden judicial, Senderos vio dos camionetas blancas tipo VAN con placas de la SRE. Notó que en ellas viajaban por lo menos 10 estadunidenses. Se encaminaron hacia las instalaciones de la SIEDO, en Reforma 75.

Lo presentaron en la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, ante el fiscal José Luis Marmolejo, conocido como Licenciado Dolor o Doctor Muerte. Ahí se abrió la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIORPIFAM/186/2007.

En la SIEDO los agentes de la DEA interrogaron a Senderos durante casi media hora: “Exactamente en la puerta de mitad madera y mitad vidrio de acceso a la oficina de Marmolejo. Me pidieron mis datos generales, si había estado en Estados Unidos, a qué había ido, en qué lugares había estado, si tenía negocios, si sabía por qué estaba en la SIEDO”.

Tras el interrogatorio “me hicieron tocar el piano” en sus laptops, dice al referirse a la toma de las huellas de los 10 dedos. Recuerda a un agente de la DEA de origen puertorriqueño, “muy alto y moreno”.

Los estadunidenses también interrogaron a Samuel Jiménez Roldán, su chofer, a quien Bayardo y otros dos agentes de la SIEDO habían detenido en las oficinas de Senderos y a quien golpearon hasta que los llevó al restaurante. “Después de hablar conmigo el puertorriqueño se jaló a Samuel. Pero sólo hablaron unos tres minutos. Samuel estaba aterrado”, recuerda.

Esa noche también fueron interrogados en la SIEDO tres colombianos que Bayardo había detenido en una casa de las Lomas: Horley Rengifo Pareja –inquilino de la casa–, Roberto Mario Angulo Isaza, a quien la DEA identifica como El Costeño, y Carlos Ariel Montoya, quien acababa de llegar de Colombia pero que fue liberado poco después.

También estaba Tito Miller Parra Izasa, a quien el mismo Bayardo había detenido una noche antes, el 29 de noviembre, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuando se disponía a volar junto con su esposa a Colombia. Junto con él fue detenido Ricardo Martínez Rodríguez.

Los detenidos declararon actividades económicas en México. Ricardo Martínez se naturalizó mexicano… Está con Senderos en el Reclusorio Norte.

En sus declaraciones ministeriales afirman haber sido torturados por Bayardo y el propio Marmolejo en la SIEDO. Los peritajes médicos realizados dos años después a petición de Senderos para desacreditar las acusaciones en su contra confirmaron que, de acuerdo con el Protocolo de Estambul, todos padecen secuelas de tortura física y psicológica.

Senderos asegura que no todos los agentes de la DEA fueron testigos de la tortura: “Sólo cuatro o cinco, pero entre los principales había dos anglosajones; uno de ellos vestido de traje, que parecía y actuaba como jefe”.

La presencia de la DEA la hizo saber Senderos al contralor del Poder Judicial de la Federación en diciembre de 2010 mediante un escrito en el que relata la forma en que los abogados defensores se coludieron con Bayardo y los agentes del Ministerio Público Federal para inculparlo:

“De casi tres horas que pasé declarando frente a los ministerios públicos y los agentes de la DEA, el licenciado Javier Ramiro Lara Salinas (abogado defensor) no pasó ni 15 minutos en total conmigo, entre sus idas y venidas que ahora comprendo eran para ir con Horley Rengifo Pareja y (el ministerio público) José Luis Martínez Pérez y luego regresar conmigo.”

La presencia de los agentes de la DEA en la PGR también es mencionada por Angélica María Hernández Ramírez, esposa de Tito Miller Parra Izasa. En una declaración jurada en Cali, Colombia, el 10 de julio de 2009 ante la Fiscalía General de la Nación –equivalente a la PGR– dijo sobre las personas que estuvieron en la SIEDO el 30 de noviembre de 2007:

“Los nombres que recuerdo son José Luis Martínez, Alejandro Zito López, Édgar Ballardo (sic), Conchita, que luego supe que era del Ministerio Público, José Luis Marmolejo, que era el jefe de la unidad de lavado de activos, Aldo Martínez, Iván Reyes, Aarón Arturo Mateos y Giovanny Villagrana. Había gente de la AFI y de la DEA.”

En las actas ministeriales Zito López aparece como agente del Ministerio Público, mientras que Iván Reyes y Giovanny Villagrana como efectivos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), dependencia de la PGR.

Eduardo Alberto Torres Jaramillo, también colombiano y detenido en el DF el 16 de diciembre de ese año como parte del operativo, declaró al perito médico:

“José Luis Martínez fue el que me tomó la declaración. Era la oficina de Marmolejo, en ese lugar fue donde me torturaron. Llegó una persona que dijo ser licenciado y que se llamaba José Luis Pérez. Yo le pedí que me oyera, le quería explicar mi caso. Me respondió. ‘Ya estás aquí, es mejor que colabores’. Se levantó y se despidió de ellos y me dio la impresión de que eran cuates, como dicen ustedes aquí en México.

“A la segunda mañana en la oficina de Marmolejo me ordenó que me sentara en el sofá. Estaba ahí una persona blanca y alta. Marmolejo me dijo que era de la DEA y ese señor me dijo que tenía que colaborar. En ese momento mandan traer a (Carlos) Thorné (también colombiano acusado de pertenecer al cártel del Norte del Valle), lo cachetean y le dicen que yo (ya) había hablado…”

En sus declaraciones al perito los detenidos coinciden en que fueron torturados en la oficina de Marmolejo. Horley Rengifo dijo que cuando fue detenido en su casa por Bayardo le metieron la cabeza a la taza del baño. Le echaron loción en los ojos y agua mineral en la nariz. También le pidieron 1 millón de dólares. Ya en la oficina de Marmolejo lo volvieron a torturar y lo amenazaron con matar a su esposa y a su hija, que en ese momento estaban retenidas en la SIEDO.

Tito Miller, que al momento de su detención fue golpeado por Bayardo, acusó a Marmolejo de pedirle 1 millón de dólares: de lo contrario iba a torturar a su esposa, que estaba embarazada, “y sacarle el bebé de una patada”. José Luis Martínez le decía: “esté tranquilo, ¿qué no ve que yo voy a ser el padrino de su hija?”.

Tito fue torturado en la SIEDO, dice Ricardo Martínez, quien señala: “Llegó un señor Marmolejo. Me dijo: ‘Vas a tener que firmar esos papeles. Si no los firmas, vamos a estrenar con usted la tortura de los siete nudos… es una cuerda gruesa con siete nudos que vamos apretando uno por uno hasta que te matamos, te echamos en una bolsa y te tiramos en un basurero’. Entonces firmé”.

El búnker de Reforma

La declaración de guerra al narcotráfico de Calderón facilitó la entrada de agentes estadunidenses de la DEA y de otras agencias y, por primera vez, de servicios de inteligencia militar. En total nueve agencias civiles y militares están desde finales del año pasado concentradas en Reforma 265, a unos pasos de la embajada de Estados Unidos en México (Proceso 1776), cerca también de la PGR.

A diferencia de Colombia, donde la estrategia contra el narcotráfico implicó la participación directa de militares estadunidenses en ese territorio, en México ha consistido en un amplio despliegue de efectivos de esas agencias y de cientos de colaboradores mexicanos.

La propia DEA ha admitido que sólo en dos años, entre 2007 y principios de 2009, unos 120 colaboradores o informantes suyos y del Buró Federal de Investigaciones (FBI) han sido asesinados por narcotraficantes, de acuerdo con los cables de WikiLeaks publicados por el diario La Jornada.

El hecho más grave hasta ahora ha sido el asesinato del agente Jaime Zapata, en febrero pasado, en San Luis Potosí. Apenas el pasado 1 de julio, en la ciudad de Chihuahua aparecieron narcopintas contra la DEA: “Pinchis gringos (D.E.A.) mierdas. Ya los tenemos ubicados y sabemos quienes son y donde anden les vamos a mochar la cabeza mierdas”.

La PGR reservó para 12 años el dato sobre el número de agentes de la DEA en el país, pero según funcionarios de la Procuraduría, el gobierno estadunidense ya tiene en México unos 500 efectivos de diversas agencias, según publicó el 18 de abril pasado el periódico Excélsior. Requerida por Proceso, la embajada de Estados Unidos en México señaló el viernes 22 que no puede dar información “que pueda poner en riesgo (la) seguridad” de sus agentes.

En 2005 sólo había 60 de ellos. En el primer año de gobierno de Calderón su número llegó a 227, informó el entonces director de la DEA, Anthony Placido, ante el Congreso estadunidense. Desde entonces no se ha capturado a ningún jefe del narcotráfico en México en la que el organismo estadunidense haya estado ausente.

Washington invade México poco a poco…

J. Jesús Esquivel

WASHINGTON.- Con el pretexto de intercambiar información de inteligencia con sus contrapartes mexicanas en el contexto de la guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico, el gobierno de Estados Unidos incrementará en México el número de militares y agentes de la CIA y la DEA.

“Una expansión expedita en México de la presencia de enlaces de las agencias federales para colocar al personal estadunidense en los lugares donde operan los cárteles permitiría tener una colaboración más cercana con nuestros aliados de las agencias federales mexicanas”, establece el punto A del capítulo 5 –“Investigaciones y procesos judiciales”– de la Estrategia Nacional Antinarcóticos para la Frontera Sur, que el martes 19 dio a conocer el gobierno de Barack Obama.

La idea de aumentar la presencia de agentes estadunidenses en territorio mexicano es sólo una propuesta, pero según funcionarios mexicanos y estadunidenses consultados por Proceso, el tema ya se negoció y se amarró con el gobierno de Calderón.

“Si no fuera así, el punto A no se hubiera publicado en la Estrategia”, dice a Proceso un funcionario del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca.

“Al Congreso le tenemos que presentar un documento con propuestas viables a fin de que apruebe el dinero para financiarlo; aumentar la presencia de agentes en México es un aspecto previamente negociado (con las autoridades mexicanas)”, añade el funcionario del gobierno de Obama que habló a condición de mantener el anonimato.

Agrega que después de casi tres años de apoyar a Calderón en su guerra contra el narcotráfico con la herramienta de la cooperación bilateral que heredó del gobierno de George W. Bush –antes llamada Iniciativa Mérida y ahora, Más allá de Mérida–, Obama quiere sacar ventaja de las necesidades y fracasos del gobierno mexicano imponiendo condiciones.

“Las agencias estadunidenses de aplicación de la ley, con el consentimiento del gobierno de México, trabajarían para incrementar la presencia de sus enlaces en ciudades mexicanas clave a lo largo de la frontera y en otras localidades, con el propósito de apoyar las investigaciones y procesos judiciales contra las organizaciones criminales trasnacionales”, subraya el punto A del capítulo 5 de la Estrategia, que dio a conocer la Oficina Nacional de Políticas para el Control de las Drogas (ONDCP) de la Casa Blanca.

El documento subraya que la petición de aumento del número de sus agentes en territorio mexicano obedece al “impacto directo que tienen en Estados Unidos el tráfico de drogas y las actividades criminales relacionadas”.

En su Estrategia Nacional el gobierno de Obama se muestra muy cauto y nunca dice que el pretendido incremento de sus agentes en México es para respaldar a Calderón en su guerra contra el narcotráfico. Aclara que es para contener los efectos de ésta en Estados Unidos.

El pretexto del 11 de septiembre

En el sexenio de Vicente Fox, luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, la Casa Blanca convenció al gobierno mexicano de que le permitiera aumentar el número de sus agentes en territorio mexicano, supuestamente para impedir que los terroristas ingresaran a Estados Unidos por su frontera sur.

Fox aceptó, pero limitó la presencia de los agentes estadunidenses a los estados de la frontera norte, donde presuntamente sólo se dedicarían a vigilar y contener cualquier intento de ingreso de presuntos terroristas a su país.

No fue sino hasta el final del sexenio anterior cuando el entonces presidente Bush logró dar un primer paso que después se multiplicaría con la llegada de Calderón a Los Pinos: La Subsecretaría para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) firmó la carta de aceptación de ocho nuevos agentes de la Administración Antidrogas (DEA) para apoyar la lucha bilateral contra el narcotráfico.

A partir de noviembre de 2006 y hasta la fecha, oficialmente y con el consentimiento de Los Pinos, la DEA tiene en México 54 agentes. Todos están registrados ante la SRE como liaisons (enlaces) de la embajada estadunidense.

La guerra que inició Calderón contra el narcotráfico más que debilitar las estructuras de los cárteles de la droga y pese al respaldo de Estados Unidos con la Iniciativa Mérida, dejó que México aceptara más condiciones impuestas por Washington, como la de contar con un centro de espionaje en la misma capital mexicana (Proceso 1776).

En agosto del año pasado comenzó de manera oficial sus funciones la Oficina Binacional de Inteligencia (OBI) en Reforma 265. Desde ahí, en un edificio a 250 metros de la embajada de Estados Unidos, operan con toda libertad decenas de agentes estadunidenses (el número preciso se mantiene como información confidencial y como secreto de seguridad nacional).

Pese a que se supone que la OBI fue creada para respaldar a Calderón en su lucha contra el narcotráfico, este centro se destaca por tener muchos agentes dedicados al espionaje internacional más que a contener o desmantelar el crimen organizado mexicano.

A unos metros del Ángel de la Independencia el centro de espionaje concentra personal del Pentágono asignado a la Agencia de Inteligencia Militar (DIA), a la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO) y a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA).

A su vez, el Departamento de Justicia tiene ahí a agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI), de la DEA –además de los 54 registrados oficialmente por el gobierno mexicano– y del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). El Departamento de Seguridad Interior está representado por agentes de Inteligencia de la Guardia Costera (CGI) y de la Oficina de Cumplimiento Aduanal y Migratorio (ICE).

Los efectivos de la Oficina de Inteligencia sobre Terrorismo y Asuntos Financieros (TFI) representan al Departamento del Tesoro.

Sin restricciones

La Estrategia Nacional de la ONDCP –cuya cabeza es Gil Kerlikowske, El Zar Antidrogas de la Casa Blanca– no estipula cuántos agentes más quiere meter Obama a México ni el nombre de las agencias de inteligencia o federales a las que pertenecen. Lo único que informa al respecto es que debe ser personal del “Departamento de Justicia, Seguridad Interior, del Tesoro, Salud y del Pentágono”. Pero efectivos de esas dependencias federales ya están en la OBI.

Fuentes del gobierno mexicano consultadas por Proceso explican que este incremento de agentes federales estadunidenses, aunque “todavía no se acepta de manera oficial en un papel”, es algo que podría consolidarse antes de que acabe el sexenio de Calderón.

“Desde que aumentó la presencia de agentes de Estados Unidos en México y comenzó a funcionar el centro de intercambio de información de inteligencia, subió el número de detenciones de capos del narco. Desde esa perspectiva no veo razón por la cual el presidente Calderón le diga que no al gobierno de Estados Unidos”, admite el funcionario mexicano que pide el anonimato.

De acuerdo con un reporte fechado en febrero de 2009, que el auditor general de la DEA entregó al Congreso federal de su país (Proceso 1742), durante los primeros 18 meses del sexenio de Calderón se autorizó el ingreso de casi 50% más agentes y la apertura de otras tres oficinas de la administración antinarcóticos.

Los efectivos estadunidenses que trabajan en México –sobre todo los que se concentran en la OBI– no tienen ninguna restricción para realizar operaciones que no están relacionadas con el combate al narcotráfico y el crimen organizado. Son los únicos encargados de operar y manejar el equipo especializado con el que se espía y vigila con satélites y otras tecnologías vanguardistas del Pentágono todo lo que ocurre en México y posiblemente más allá de la frontera sur.

Pese a que en la OBI hay personal del gobierno federal mexicano, sus contrapartes estadunidenses no están obligadas a intercambiar con ellos información de inteligencia concerniente a otros rubros. La Estrategia Nacional de la ONDCP establece que Washington quiere más agentes en México para resguardar y garantizar la seguridad nacional de Estados Unidos, no para contener el saldo de muerte y desolación que ha dejado la lucha militarizada contra el narcotráfico.

Los intereses de Washington están por encima de los casi 50 mil muertos que ha dejado la narcoviolencia en México en poco más de cuatro años. El ejemplo más claro es el asesinato del agente del ICE Jaime Zapata ocurrido el pasado 15 de febrero en una carretera de San Luis Potosí. Pocos días después de este asesinato, el gobierno de Calderón arrestó a los presuntos autores del crimen, quienes presumiblemente son zetas.

“Cuando mataron a Zapata, de Washington recibimos la orden de entrar a México para encontrar a los responsables”, dice a Proceso un agente de la Oficina del Sheriff de El Paso, Texas, quien coordinó parte del cumplimiento de la orden federal.

“Entraron a México decenas de agentes del ICE, la DEA, el FBI, el Pentágono… de todas las agencias federales y hasta estatales y locales”, anota el policía de El Paso.