Monsanto, a la cabeza en la siembra de maíz transgénico en México

La trasnacional Monsanto es la principal permisionaria del gobierno federal para la siembra de maíz genéticamente modificado. A dos años de la liberación de las concesiones, las agroindustrias experimentarían en más de 2 mil hectáreas de suelo mexicano. Al menos 10 especies de maíz criollo se encuentran amenazadas, pues su lugar de origen es el mismo donde ha sido autorizada la siembra experimental. Además de Monsanto, Dow AgroSciences, PHI México y Syngenta Agro acaparan los permisos para esas pruebas.

Érika Ramírez

Monsanto se erige como el principal permisionario para la siembra de maíz transgénico en el país. La trasnacional de capital estadunidense experimenta en más de 33 hectáreas de suelo mexicano. Además, sus patentes son distribuidas a través de otras comercializadoras extranjeras, lo que la convierte en el monopolio del transgénico, según especialistas.

Los informes Estatus de solicitudes de permiso de liberación al ambiente de maíz genéticamente modificado ingresadas, correspondientes a 2009 y 2010, indican que las semillas genéticamente modificadas de Monsanto, así como de Dow AgroSciences, PHI México y Syngenta Agro, se dispersan en tierras de Nayarit, Sinaloa, Tamaulipas, Coahuila, Durango y Sonora.

En esta última entidad es donde se concentra el mayor número de solicitudes. Ahí, también permanecen unas 10 razas o variedades de maíz originario. En tanto que el principal productor de maíz, Sinaloa, es el estado en el que más siembras se han registrado. Los documentos oficiales indican que, hasta el cierre del año pasado, las cuatro compañías han pedido al gobierno mexicano sembrar sus granos en 2 mil 171.6 hectáreas.

De acuerdo con los listados de la Dirección de Bioseguridad para Organismos Genéticamente Modificados –oficina dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa)– del 9 de marzo de 2009 al 16 de diciembre pasado, las multinacionales han realizado 110 solicitudes.

Adelita San Vicente Tello, ingeniera agrónoma por la Universidad Autónoma Metropolitana y representante de la asociación civil Semillas de Vida, dice que el incremento de solicitudes y siembras por año “es muy grave. Estamos exigiendo que se pare toda la siembra, que se evite que se pase a la siguiente fase y se revierta la posible contaminación antes de que suceda un desastre económico de contaminación en todo el país”.

Sonora, en riesgo de contaminación

Blando de Sonora, Chapalote, Dulce Norteño, Elotes Occidentales y otras seis variedades más de maíz crecen en los valles Yaqui y Mayo, en Sonora y Sinaloa­, respectivamente. Ahí es donde las multinacionales han solicitado más espacio para esparcir sus granos experimentales.

Los documentos oficiales indican que la Sagarpa tiene solicitadas 978.62 hectáreas para experimentación transgénica en tierras sonorenses, de las que se han concedido 8.29 hectáreas. De autorizarse esta superficie, al terminar este año fiscal el estado sería el de mayor presencia de organismos genéticamente modificados (OGM).

Le siguen Coahuila y Durango, con 434.94 hectáreas en petición, sin que hasta el término de 2010 se hayan concedido los permisos. Tamaulipas es el cuarto estado más demandado, con 281.14 hectáreas pedidas, de las que se han concedido 1.53 hectáreas.

Sinaloa, el principal productor de maíz blanco en México, es el quinto estado de la República respecto del número de solicitudes: 261.42 hectáreas. Éste es el que más concesiones tiene: 26.06 hectáreas. Nayarit ocupa el último lugar de los seis estados en los que se han sembrado OGM, con 120.58 hectáreas solicitadas, de las que se han asignado 0.14 hectáreas.

Vicente Tello asegura que el principal problema es la contaminación del territorio mexicano como centro de origen del maíz. “Estas siembras experimentales no están cumpliendo con los lineamientos de bioseguridad. Se difunde el maíz transgénico por todo el país y después ya no hay control”.

La edición “Maíz transgénico en México, riesgos y costumbres”, de la revista Ciencias, de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, indica que el país es “megadiverso, multicultural y centro de origen de domesticación y diversificación genética de 15.4 por ciento de todas las empresas que constituyen el sistema alimentario mundial. Esto se debe a la persistencia de los sistemas agrícolas tradicionales donde se cultiva el genoplasma nativo, principalmente en el territorio de los pueblos indígenas y comunidades campesinas”.

La presencia de Monsanto

Monsanto –fabricante del agente naranja (herbicida utilizado en la guerra de Vietnam para la destrucción de cosechas y vegetación)– acapara el 80 por ciento de las solicitudes de experimentación realizadas ante la Dirección de Bioseguridad para Organismos Genéticamente Modificados.

Sus “eventos” (como se les llama a los experimentos MON-89Ø34-3, MON-88Ø17-3, MON-89Ø34-3 x MON-ØØ6Ø3-6 y MON-ØØØ21-9) se dispersan a través de las otras trasnacionales que han pedido formalmente la solicitud de siembra ante la Sagarpa.

De manera formal, Monsanto es la número dos en realizar solicitudes. Con 38 peticiones, la compañía originaria de Saint Louis, Missouri, Estados Unidos, se ubica por debajo de PHI México –empresa de DuPont y subsidiaria de Pioneer Hi bred, Int­–, que ha realizado 45 trámites. Sin embargo, entre las semillas que siembran PHI y las otras trasnacionales se encuentran las de Monsanto.

Dow AgroSciences es la tercera en importancia, pues ha documentado su interés por experimentar con OGM en México a través de 18 eventos. Finalmente, Syngenta Agro lleva 10 solicitudes ante las oficinas de la Sagarpa.

Monsanto tiene presencia en 88 de los 110 trámites, según muestran a detalle los Estatus de solicitudes de permiso de liberación al ambiente de maíz genéticamente modificado ingresadas, correspondientes a 2009 y 2010. No hay empresa que no promueva el agente MON.

“El gobierno mexicano está abriéndole la puerta a un monopolio en algo tan sensible como es la semilla. Tendría esta empresa el control absoluto de las semillas en México si se está permitiendo la siembra y luego se pasa a la siguiente fase, que es la piloto. Llegar a esta fase, sería el paso previo para la etapa comercial”, dice Adelita San Vicente Tello, representante de la asociación civil Semillas de Vida.

En peligro, maíz de origen mexicano: especialistas

Desde el 11 de mayo de 2009, los investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Antonio Turrent Fernández, Ramón Garza García y Alejandro Espinosa Calderón se dirigieron a la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria para advertir que las siembras experimentales de MON-00603-6 (tolerante al herbicida glifosato) corrían el riesgo de contaminar el maíz de la zona.

La misiva indica que, entre los factores que se han omitido en la siembra experimental, se encuentran “la ubicación geográfica de los parientes silvestres del maíz (teocintle y Tripsacum); la persistencia del mejoramiento genético autóctono que usa la vía ‘semilla-polen’ para sus cruzamientos y dispersión de alelos en sus poblaciones, y el valor inapreciable de la diversidad genética del maíz nativo in vivo, insustituible por su versión conservada in situ y/o ex situ”.

Exponen a las autoridades de la Sagarpa que la dispersión geográfica, con altas frecuencias de teocintle y de varias especies de Tripsacum “interferirían con el escalamiento a nivel comercial del evento MON 00603-6… Por esta vía, los transgenes de tolerancia a ciertos herbicidas pasarían al teocintle”.

Además, observan que “el teocintle, que es considerado maleza en el monocultivo de maíz del Altiplano de México, podrá transformarse en una supermaleza como resultado de su interacción genética con el maíz transgénico tolerante al glifosato o indirectamente, a través de su interacción con el maíz nativo”.

Víctor Suárez Carrera, dirigente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo (Anec), asegura que además de las afectaciones a las siembras nativas, habrá impactos negativos en la economía de los campesinos. “El gobierno mexicano no entiende que hay que respetar la Ley de Bioseguridad sobre Organismos Genéticamente Modificados; sigue tomando decisiones en función de la presión y chantaje de Monsanto y las trasnacionales”.

El representante de la Anec expone que en caso de contaminarse el maíz blanco que se produce actualmente, “se depreciarían a maíz de uso forrajero o industrial alrededor de 30 dólares por tonelada. Hoy mismo vemos cómo el maíz blanco es un bien escaso y si no lo produce México, no hay en todo el mundo. Esto significaría una pérdida económica de alrededor de 300 millones de dólares por año, tan sólo por la depreciación de maíz en 10 millones de toneladas que entran al mercado”.

Fuente: Contralínea 224 / 13 de marzo de 2011

Guarderías del ISSSTE: menores en riesgo.

Autor: Érika Ramírez

El ISSSTE favorece a nueve empresas de fumigación con contratos por 9.2 millones de pesos. Sin justificación aparente, guarderías a cargo de la institución que encabeza Miguel Ángel Yunes son sometidas al efecto de plaguicidas hasta dos veces por mes.La CNDH y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria constatan el riesgo toxicológico en que viven más de 25 mil niños en 133 guarderías.
Juan tiene casi cinco años de edad y desde sus primeros meses de vida ha estado expuesto a los “riesgos toxicológicos” que emiten los plaguicidas rociados en las instalaciones de la Estancia de Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI) 97, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Su madre, Josefina Hernández Cervantes, jefa del Departamento de Neurofisiología del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE, se percató, desde mediados de 2004, que en el lugar se llevaban a cabo fumigaciones en periodos de tiempo muy cortos en las salas donde comen, duermen y juegan los pequeños.
El cambio de estancia no fue opción, pues en las más de 130 guarderías institucionales se siguen los mismos procedimientos de “prevención de fauna nociva”, dice.
A los padres de familia se les pedía los viernes de cada 15 días, en promedio, que los niños acudieran al siguiente lunes “ya desayunados”. El primer alimento que se acostumbra a dar en la estancia no sería suministrado como consecuencia de la fumigación llevada a cabo durante el fin de semana.
Esta situación llamó la atención de la doctora Hernández Cervantes, quien también observó que Juan (nombre ficticio) enfermaba con mayor frecuencia de diarrea, infecciones en las vías respiratorias y alergias en la piel.
Solicitó a las autoridades del plantel, entonces a cargo de María Eugenia Robles Peña, que suspendieran las desinfecciones con plaguicidas, “pues la exposición continua a estos químicos afecta la salud de los menores, y pueden tener efectos mutagénicos, teratogénicos y cancinogénicos, así como el retraso en el desarrollo de algunos de sus sistemas nervioso, inmune y endócrino”. No recibió ninguna respuesta favorable. Acudió entonces ante distintos funcionarios de la institución –encabezada por Benjamín González Roaro en el foxismo y por Miguel Ángel Yunes Linares desde que Calderón asumió la Presidencia de la República– y tampoco hubo respuesta.
El 28 de abril de 2008, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 014/2008, en la que acredita violaciones a los derechos de “protección de la salud, imputables a servidores públicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en agravio de los alumnos de estancias de bienestar y desarrollo infantil de ese instituto”. Sin embargo, las fumigaciones continúan.
El llamamiento está dirigido a Yunes Linares y al secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos. Al primero se le recomienda que “se adopten medidas sanitarias de carácter preventivo, tendentes a evitar la presencia y propagación de fauna nociva en las estancias de bienestar y desarrollo infantil de ese instituto, dejando el procedimiento de fumigación como última opción”.
A Córdova Villalobos se le sugiere que sean giradas las instrucciones “necesarias para que el personal de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) verifique que las fumigaciones que se realicen en las estancias se encuentren justificadas, que se tomen medidas preventivas y acciones de higiene necesarias para erradicar cualquier tipo de fauna nociva, antes de proceder a la utilización de sustancias tóxicas”.
El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, que acompaña la queja de los investigadores, indica que, además del daño a los pequeños, se están violentando nor mas y leyes mexicanas, como la NOM 045-SSA1-1993 que indica: “No deben exponerse a este producto las mujeres embarazadas, en lactación y personas menores de 18 años”.
La queja
El 7 de junio de 2006, la doctora Josefina Hernández Cervantes acudió a la CNDH, cuyo titular es José Luis Soberanes Fernández, acompañada por el doctor Jorge Arturo de León Rodríguez, investigador del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Este último interpuso una queja en contra de las autoridades del ISSSTE por la serie de fumigaciones que se llevan a cabo en las guarderías del instituto.
En el expediente 2006/2843/1/Q, abierto por el organismo encargado de velar por los derechos humanos de los mexicanos, quedó asentado que los productos químicos utilizados por el ISSSTE, empleados en todos los EBDI de la república mexicana, son “tóxicos”.
De acuerdo con el informe estadístico Estancias para el bienestar y desarrollo infantil, capacidad instalada y niños atendidos por entidad federativa 2006, el ISSSTE tiene bajo su control 133 guarderías para atender a 25 mil 626 niños menores de seis años. De éstas, 55 se encuentran en el Distrito Federal y tienen capacidad para 10 mil 346 infantes, las otras 78 se distribuyen en el resto del país con servicio para 15 mil 280 niños.
En entrevista con Contralínea, el catedrático de la UNAM asegura que, aunque los plaguicidas están en la última categoría de toxicidad, la exposición continua se vuelve crónica y causa efectos en la salud de los niños. “Normalmente los cuadros agudos de enfermedades pasan desapercibidos y se confunden con cualquier manifestación de malestar como la gripe, diarrea o alergias”.
También tienden a “deprimir el sistema inmune. La combinación de todos los elementos químicos de los plaguicidas son invisibles, incluso para los pediatras, que no saben siquiera a qué están expuestos los niños”, explica.
Alejandro Domínguez, integrante de la asociación civil Centro de Diagnóstico y Alternativas para Afectados por Tóxicos (Cedaat), coincide con De León Rodríguez. Agrega que los efectos de los plaguicidas pueden manifestarse varios años después, incluso en generaciones.
El investigador del Cedaat refiere que actualmente “nos estamos encontrando niñas de 11 o 12 años que ya maduran sexualmente. Los estrógenos de su madurez son influidos por estos agentes externos, lo que provoca su primera menstruación antes de tiempo. En el caso de los hombres, puede causar infertilidad. Éste es el sentido de la gravedad".

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