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¿Sabes cual es el Dolor de una Madre Cuando le matan Su Hijo y lo involucran con la Guerrilla?
¿Sabes Cuales son las Recompensas a Los Militares colombianos cuando "Dan de Baja a un Guerrillero"?
¿En Verdad en Colombia estan Cambiando La Sociedad, Generando Empleo, Comercio, Turismo?
En el Siguiente Video, vean la Realidad, lo que Ocultan los Medios, Sobre "La seguridad Democrática en Colombia"
Ejecuciones extrajudiciales 1
http://www.youtube.com/watch?v=iGxW09MPh1M&eurl=http://www.rebelion.org/noticia.php?id=65663
Ejecuciones extrajudiciales 2
http://www.youtube.com/watch?v=kHbFLQV0riA&eurl=http://www.rebelion.org/noticia.php?id=65663
Ejecuciones extrajudiciales 3
http://www.youtube.com/watch?v=dMCZkdGICow&eurl=http://www.rebelion.org/noticia.php?id=65663
Este es el ejemplo que pone Bush como democracia, muy sus estilo.
lunes, abril 07, 2008
Blackwater: "derecho" a matar
Mientras investigan el asesinato de 17 iraquíes por la empresa de mercenarios, EEUU renueva su contrato un año más
Juana Carrasco Martín
Juventud Rebelde
Mientras el FBI todavía «investiga» el incidente en que guardias de seguridad de la firma privada estadounidense Blackwater Worldwide asesinaron a 17 iraquíes el 16 de septiembre de 2007, la compañía sigue siendo la apadrinada de la administración de George W. Bush. El Departamento de Estado informó que le ha extendido por un año más el contrato para proteger a sus diplomáticos en Bagdad.
La información la dio el secretario asistente Gregory Starr, quien dijo a los reporteros en Washington: «He requerido y he recibido la aprobación para una orden de tarea renovada por la cual Blackwater tiene que proveer servicios de protección personal en Bagdad por un año».
Como era de esperarse, los iraquíes recibieron airados la noticia, este sábado, porque ellos sí que prevén la posibilidad de que sucesos semejantes vuelvan a ocurrir en sus ensangrentadas calles, ya que la impunidad acompaña a estos contratistas que van de la mano de las tropas ocupantes, pero estas también tienen sus crímenes particulares.
Quienes sufren en carne propia la consentida conducta criminal, no admiten las falacias, ni del Departamento que dirige la señorita Condoleezza Rice, cuando dicen que las tácticas de Blackwater han cambiado para prevenir incidentes como el de septiembre pasado en un punto de control, ni las del gobierno iraquí que asegura haber sido tomado en consideración y que la compañía que «cometió un error» seguirá las leyes del país.
Sin embargo, un consejero del gobierno de Nuri al Maliki le dijo a la CNN que «personalmente» no estaba feliz con el anuncio que calificó de «malas noticias» porque «ellos han cometido actos de agresión, asesinado a iraquíes, y esto no ha sido todavía resuelto positivamente para las familias de las víctimas».
Citado por Reuters, Naseer Kahdim, un soldado que chequea los carros a pocos cientos de la masacre, fue más preciso: «Estas compañías debían ser eliminadas del país. Ellas no merecen permanecer aquí ni un momento. Ellos cometieron masacres y asesinaron a personas inocentes».
Con cuartel general en Moyock, Carolina del Norte, Blackwater fue contratada inicialmente por cinco años y según Eagle Eye, una compañía investigadora que monitorea los gastos en contratos del gobierno estadounidense, la empresa de seguridad ha recibido más de mil millones de dólares de sus negocios federales desde el año 2000, justo cuando asumió el control de la Casa Blanca el equipo bushiano.
En mayo expiraría ese acuerdo de negocios y ahora se benefician de un año más, pues no es cosa de dejar sin protección a quienes se aventuran fuera de la Zona Verde de Bagdad.
Blackwater Worldwide no es la única en el lucrativo y peligroso negocio. Hay más de 160 000 contratistas prestando servicio en Iraq y unos 36 000 en Afganistán, aproximadamente el mismo número que las tropas militares en esos escenarios bélicos.
Además de las controversiales tareas mercenarias, que esconden bajo la nomenclatura de proveer seguridad armada y recolectar información de inteligencia, también se dedican a construir bases militares y proveer agua y alimentación a los efectivos militares. por cierto, una de las empresas dedicadas a estos servicios logísticos es la KBR, que fuera filial de la Halliburton del vicepresidente Dick Cheney, y que tiene en su expediente más de una acusación por suministros en mal estado y a precios inflados, pero que con gusto paga el Pentágono, con los dineros de los esquilmados bolsillos de los contribuyentes estadoundienses.
Pero no es el tema de la corrupción el que pongo ahora sobre el tapete, sino el del padrinazgo y la impunidad para matar. Ni las leyes de Iraq, ni las de Estados Unidos pueden juzgar a estos criminales, que siguen manteniendo su «derecho» a matar.
Juana Carrasco Martín
Juventud Rebelde
Mientras el FBI todavía «investiga» el incidente en que guardias de seguridad de la firma privada estadounidense Blackwater Worldwide asesinaron a 17 iraquíes el 16 de septiembre de 2007, la compañía sigue siendo la apadrinada de la administración de George W. Bush. El Departamento de Estado informó que le ha extendido por un año más el contrato para proteger a sus diplomáticos en Bagdad.
La información la dio el secretario asistente Gregory Starr, quien dijo a los reporteros en Washington: «He requerido y he recibido la aprobación para una orden de tarea renovada por la cual Blackwater tiene que proveer servicios de protección personal en Bagdad por un año».
Como era de esperarse, los iraquíes recibieron airados la noticia, este sábado, porque ellos sí que prevén la posibilidad de que sucesos semejantes vuelvan a ocurrir en sus ensangrentadas calles, ya que la impunidad acompaña a estos contratistas que van de la mano de las tropas ocupantes, pero estas también tienen sus crímenes particulares.
Quienes sufren en carne propia la consentida conducta criminal, no admiten las falacias, ni del Departamento que dirige la señorita Condoleezza Rice, cuando dicen que las tácticas de Blackwater han cambiado para prevenir incidentes como el de septiembre pasado en un punto de control, ni las del gobierno iraquí que asegura haber sido tomado en consideración y que la compañía que «cometió un error» seguirá las leyes del país.
Sin embargo, un consejero del gobierno de Nuri al Maliki le dijo a la CNN que «personalmente» no estaba feliz con el anuncio que calificó de «malas noticias» porque «ellos han cometido actos de agresión, asesinado a iraquíes, y esto no ha sido todavía resuelto positivamente para las familias de las víctimas».
Citado por Reuters, Naseer Kahdim, un soldado que chequea los carros a pocos cientos de la masacre, fue más preciso: «Estas compañías debían ser eliminadas del país. Ellas no merecen permanecer aquí ni un momento. Ellos cometieron masacres y asesinaron a personas inocentes».
Con cuartel general en Moyock, Carolina del Norte, Blackwater fue contratada inicialmente por cinco años y según Eagle Eye, una compañía investigadora que monitorea los gastos en contratos del gobierno estadounidense, la empresa de seguridad ha recibido más de mil millones de dólares de sus negocios federales desde el año 2000, justo cuando asumió el control de la Casa Blanca el equipo bushiano.
En mayo expiraría ese acuerdo de negocios y ahora se benefician de un año más, pues no es cosa de dejar sin protección a quienes se aventuran fuera de la Zona Verde de Bagdad.
Blackwater Worldwide no es la única en el lucrativo y peligroso negocio. Hay más de 160 000 contratistas prestando servicio en Iraq y unos 36 000 en Afganistán, aproximadamente el mismo número que las tropas militares en esos escenarios bélicos.
Además de las controversiales tareas mercenarias, que esconden bajo la nomenclatura de proveer seguridad armada y recolectar información de inteligencia, también se dedican a construir bases militares y proveer agua y alimentación a los efectivos militares. por cierto, una de las empresas dedicadas a estos servicios logísticos es la KBR, que fuera filial de la Halliburton del vicepresidente Dick Cheney, y que tiene en su expediente más de una acusación por suministros en mal estado y a precios inflados, pero que con gusto paga el Pentágono, con los dineros de los esquilmados bolsillos de los contribuyentes estadoundienses.
Pero no es el tema de la corrupción el que pongo ahora sobre el tapete, sino el del padrinazgo y la impunidad para matar. Ni las leyes de Iraq, ni las de Estados Unidos pueden juzgar a estos criminales, que siguen manteniendo su «derecho» a matar.
El Ejecutivo federal violó la ley de bioseguridad: especialista
Matilde Pérez U.
El Ejecutivo federal violó la ley de bioseguridad y organismos genéticamente modificados (OGM) al publicar el reglamento de ésta sin consultar al consejo consultivo científico, por lo que hay una serie de inconsistencias y omisiones, dijo el coordinador de ese órgano, Alejandro Espinosa.
Comentó que en septiembre del año pasado giró un comunicado a la Presidencia de la República manifestando su inconformidad porque el citado consejo científico no fue consultado para analizar la última versión del reglamento de la citada legislación.
Expuso que el artículo 20 de dicha ley establece que el consejo consultivo científico de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Órganismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) fungirá como órgano de consulta obligatoria de la propia comisión en aspectos técnicos y científicos en biotecnología moderna y bioseguridad de los OGM. Por ello, abundó, era muy importante la consulta a comité en torno al reglamento publicado el pasado 19 de marzo en el Diario Oficial, pero al suprimir la consulta, éste se quedó sin las observaciones respectivas.
La situación es grave porque el consejo consultivo científico tiene funciones relevantes por atender y se le ha minimizado; sin embargo, se otorga relevancia a los comités técnicos científicos de las secretarías de Estado involucradas en dicha normatividad y se remite la actividad del citado órgano a las reglas de operación del mismo, lo que es un absurdo.
“Si la autoridad evitó la consulta obligada al consejo consultivo científico en el documento más importante para el país en asuntos relacionados con los organismos genéticamente modificados, es evidente que no consultará otros aspectos que pueden ser sumamente riesgosos para la nación”, asentó.
Consideró que la situación debe ser revisada a la brevedad en el ámbito jurídico, ya que el reglamento se publicó “en forma indebida, porque se dejó de atender el artículo 20 de la ley de bioseguridad”.
De su lado, Greenpeace, Semillas de la Vida y el Grupo de Estudios Ambientales interpondrán una controversia constitucional en contra de dicho reglamento y asentaron que recurrirán a todas las instancias jurídicas para detener la siembra de maíz transgénico en México.
“El gobierno federal pretende aprobar la siembra de transgénicos pasando por encima de la ley, ya que no se ha establecido un principio precautorio para proteger a los maíces criollos”, expusieron las organizaciones. Exigieron que el régimen especial de protección al maíz –cuyas reglas deben ser publicadas por las secretarías de Agricultura y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a más tardar en mayo del presente año– considere los planteamientos propuestos desde septiembre de 2006 por científicos, investigadores y organizaciones ambientalistas, así como campesinas.
Advirtieron que el uso de las semillas de maíz transgénicas lejos de ayudar a los campesinos los hará más dependientes de empresas trasnacionales como Monsanto, las cuales encarecerán las semillas. Insistieron en que la adopción de dicha tecnología en el país debe estar sujeta al escrutinio de los campesinos.
Nada, que el usurpador se la ha pasado violando las leyes en perjuicio de los mexicanos. No de paso sin cometer falta o delito. No da una.
El Ejecutivo federal violó la ley de bioseguridad y organismos genéticamente modificados (OGM) al publicar el reglamento de ésta sin consultar al consejo consultivo científico, por lo que hay una serie de inconsistencias y omisiones, dijo el coordinador de ese órgano, Alejandro Espinosa.
Comentó que en septiembre del año pasado giró un comunicado a la Presidencia de la República manifestando su inconformidad porque el citado consejo científico no fue consultado para analizar la última versión del reglamento de la citada legislación.
Expuso que el artículo 20 de dicha ley establece que el consejo consultivo científico de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Órganismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) fungirá como órgano de consulta obligatoria de la propia comisión en aspectos técnicos y científicos en biotecnología moderna y bioseguridad de los OGM. Por ello, abundó, era muy importante la consulta a comité en torno al reglamento publicado el pasado 19 de marzo en el Diario Oficial, pero al suprimir la consulta, éste se quedó sin las observaciones respectivas.
La situación es grave porque el consejo consultivo científico tiene funciones relevantes por atender y se le ha minimizado; sin embargo, se otorga relevancia a los comités técnicos científicos de las secretarías de Estado involucradas en dicha normatividad y se remite la actividad del citado órgano a las reglas de operación del mismo, lo que es un absurdo.
“Si la autoridad evitó la consulta obligada al consejo consultivo científico en el documento más importante para el país en asuntos relacionados con los organismos genéticamente modificados, es evidente que no consultará otros aspectos que pueden ser sumamente riesgosos para la nación”, asentó.
Consideró que la situación debe ser revisada a la brevedad en el ámbito jurídico, ya que el reglamento se publicó “en forma indebida, porque se dejó de atender el artículo 20 de la ley de bioseguridad”.
De su lado, Greenpeace, Semillas de la Vida y el Grupo de Estudios Ambientales interpondrán una controversia constitucional en contra de dicho reglamento y asentaron que recurrirán a todas las instancias jurídicas para detener la siembra de maíz transgénico en México.
“El gobierno federal pretende aprobar la siembra de transgénicos pasando por encima de la ley, ya que no se ha establecido un principio precautorio para proteger a los maíces criollos”, expusieron las organizaciones. Exigieron que el régimen especial de protección al maíz –cuyas reglas deben ser publicadas por las secretarías de Agricultura y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a más tardar en mayo del presente año– considere los planteamientos propuestos desde septiembre de 2006 por científicos, investigadores y organizaciones ambientalistas, así como campesinas.
Advirtieron que el uso de las semillas de maíz transgénicas lejos de ayudar a los campesinos los hará más dependientes de empresas trasnacionales como Monsanto, las cuales encarecerán las semillas. Insistieron en que la adopción de dicha tecnología en el país debe estar sujeta al escrutinio de los campesinos.
Nada, que el usurpador se la ha pasado violando las leyes en perjuicio de los mexicanos. No de paso sin cometer falta o delito. No da una.
Necesario, “apresurar” la inversión privada en Pemex, sostiene el CEESP
Ya les anda:
Julio Reyna Quiroz
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) pidió este domingo “apresurar la inversión” en Petróleos Mexicanos (Pemex) y aprovechar la disponibilidad de recursos que ofreció la iniciativa privada para participar en el desarrollo del sector energético.
¿Para "participar" o para esquilmarle la ganancia que es de todos los mexicanos? Bola de rapaces.
En su análisis económico ejecutivo, señaló la necesidad de “apresurar” la inversión en la paraestatal, ya sea en exploración, extracción o refinación, para que los beneficios “también lleguen en menor tiempo”.
Sí para que los beneficios le lleguen a sus bolsillos, pero ya.
La discusión sobre de dónde deben provenir los recursos “no debe ser motivo para que la economía en su conjunto pague los costos del deterioro constante de este sector”, indicó el organismo dependiente del Consejo Coordinador Empresarial.
Qué poca madre.
Agregó que debe aprovecharse la actual fortaleza que tiene la economía y la disponibilidad de recursos que ofrece la iniciativa privada para participar en el desarrollo del sector energético.
El organismo privado destacó los planes de inversión por 23 mil 600 millones de dólares anunciados la semana anterior por el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios.
Aun cuando no hay una propuesta formal sobre las “alternativas” para mejorar la situación actual de Pemex, se han mencionado como opciones la de brindarle una mayor autonomía de gestión, un nuevo modelo de fiscalización, erradicar la corrupción y la participación de capital sin necesidad de privatizar, señaló el CEESP.
¿Autonomía de gestión? Jajajaja, ¿y quiénes son los que van a "gestionar"? Sí erradicar la corrupción, así que váyanse retirando.
Todo ello, dijo, contribuiría a tener un sector energético eficiente y capaz de impulsar la competitividad del país.
“Lo que sí aparece cada vez con mayor frecuencia son las cifras que hacen evidente el costo que representa para nuestra economía retrasar los cambios en este entorno.”
Órale pelele que para eso te pusimos ahí.
El incremento de casi 10 por ciento en los ingresos por la venta de petróleo crudo en 2007, frente al año previo, puede “sugerir que no existe un problema grave en materia petrolera”, expuso el organismo privado.
Sin embargo, advirtió que “gran” parte de este comportamiento se atribuye al aumento de los precios internacionales del energético. En cambio los niveles de producción y de exportación han mostrado importantes reducciones, dijo.
Por otro lado, consideró que el crecimiento de la economía de 4.2 por ciento en enero apoya la idea de que el país “no resentirá tan drásticamente el impacto de la desaceleración estadunidense”.
Además, el avance de 5 por ciento del sector servicios confirma que “es el mercado interno el que se mantiene como el principal motor de la economía”, mientras que el sector agropecuario se recuperó “parcialmente” al avanzar 3.3 por ciento, expuso el CEESP.
Nada, que ya les anda, ya afilan sus garras rapaces, ya quieren de plano dejar a la inmensa mayoría de los mexicanos sin nada, rápido, rápido, TIME IS MONEY.
Julio Reyna Quiroz
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) pidió este domingo “apresurar la inversión” en Petróleos Mexicanos (Pemex) y aprovechar la disponibilidad de recursos que ofreció la iniciativa privada para participar en el desarrollo del sector energético.
¿Para "participar" o para esquilmarle la ganancia que es de todos los mexicanos? Bola de rapaces.
En su análisis económico ejecutivo, señaló la necesidad de “apresurar” la inversión en la paraestatal, ya sea en exploración, extracción o refinación, para que los beneficios “también lleguen en menor tiempo”.
Sí para que los beneficios le lleguen a sus bolsillos, pero ya.
La discusión sobre de dónde deben provenir los recursos “no debe ser motivo para que la economía en su conjunto pague los costos del deterioro constante de este sector”, indicó el organismo dependiente del Consejo Coordinador Empresarial.
Qué poca madre.
Agregó que debe aprovecharse la actual fortaleza que tiene la economía y la disponibilidad de recursos que ofrece la iniciativa privada para participar en el desarrollo del sector energético.
El organismo privado destacó los planes de inversión por 23 mil 600 millones de dólares anunciados la semana anterior por el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios.
Aun cuando no hay una propuesta formal sobre las “alternativas” para mejorar la situación actual de Pemex, se han mencionado como opciones la de brindarle una mayor autonomía de gestión, un nuevo modelo de fiscalización, erradicar la corrupción y la participación de capital sin necesidad de privatizar, señaló el CEESP.
¿Autonomía de gestión? Jajajaja, ¿y quiénes son los que van a "gestionar"? Sí erradicar la corrupción, así que váyanse retirando.
Todo ello, dijo, contribuiría a tener un sector energético eficiente y capaz de impulsar la competitividad del país.
“Lo que sí aparece cada vez con mayor frecuencia son las cifras que hacen evidente el costo que representa para nuestra economía retrasar los cambios en este entorno.”
Órale pelele que para eso te pusimos ahí.
El incremento de casi 10 por ciento en los ingresos por la venta de petróleo crudo en 2007, frente al año previo, puede “sugerir que no existe un problema grave en materia petrolera”, expuso el organismo privado.
Sin embargo, advirtió que “gran” parte de este comportamiento se atribuye al aumento de los precios internacionales del energético. En cambio los niveles de producción y de exportación han mostrado importantes reducciones, dijo.
Por otro lado, consideró que el crecimiento de la economía de 4.2 por ciento en enero apoya la idea de que el país “no resentirá tan drásticamente el impacto de la desaceleración estadunidense”.
Además, el avance de 5 por ciento del sector servicios confirma que “es el mercado interno el que se mantiene como el principal motor de la economía”, mientras que el sector agropecuario se recuperó “parcialmente” al avanzar 3.3 por ciento, expuso el CEESP.
Nada, que ya les anda, ya afilan sus garras rapaces, ya quieren de plano dejar a la inmensa mayoría de los mexicanos sin nada, rápido, rápido, TIME IS MONEY.
Denuncia la CNC reactivación de órdenes de aprehensión contra opositores al TLCAN
La persecución se da principalmente en Chihuahua, Guanajuato y Chiapas, señala
El 21 de marzo fue asesinado Armando Villarreal, encarcelado por Fox, informó Cruz López
De la Redacción
En el contexto de un diálogo suspendido con el gobierno federal, la Confederación Nacional Campesina denunció que se “reactivaron” 40 órdenes de aprehensión en contra de dirigentes regionales y locales que se han pronunciado en contra del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y exigido respeto a sus derechos.
“Persecuciones, detenciones arbitrarias y acciones represivas, incluyendo el asesinato de luchadores sociales, se han multiplicado en las semanas recientes, principalmente en Chihuahua, Guanajuato y Chiapas”, dijo Cruz López Aguilar, dirigente de la organización de labriegos.
Es preocupante la reacción desatada contra líderes campesinos que se han manifestado contra los despojos de tierras, de la inequidad comercial y por la actitud asumida por el gobierno federal que, como dijo el secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez, se niega a la firma del adendo del Acuerdo Nacional para el Campo porque sus principales demandas resultan “inviables”, agregó.
En un comunicado, López Aguilar señaló que la “única respuesta concreta expresada por el gobierno ha sido la represión, como sucedió el pasado 21 de marzo en Casas Grandes, Chihuahua, donde fue asesinado por un comando especial Armando Villarreal Marta, fundador de la organización Aerodinámica Nacional, quien fue encarcelado por su lucha en demanda de la reducción de las tarifas eléctricas para los campesinos”.
Recordó que Villarreal Marta fue uno de los primeros “presos políticos” del sexenio de Vicente Fox, ya que fue condenado a cinco años de prisión por supuestos delitos de motín, robo calificado, amenazas cumplidas y lesiones, “pero su única culpa fue protestar por dichas tarifas y contra el TLCAN”, señaló.
Agregó que la semana pasada la dirigente Cipriana Jurado fue detenida de manera violenta, así como Carlos Chávez, líder del Comité Pro Mejoramiento del Agro, quienes también se han manifestado en contra de las altas tarifas eléctricas para el bombeo de agua y protestado por la cancelación del servicio, situación que ha profundizado la miseria en el campo.
En Chiapas, abundó, está preso Felipe Hernández Yoena, detenido luego de participar en el mitin del pasado 31 de enero en Tuxtla Gutiérrez, donde se pronunció en favor de la revisión del capítulo agropecuario del TLCAN. Está acusado de motín, rebelión e incitación a la violencia.
En Guanajuato fue encarcelado el ejidatario José Guadalupe Pacheco, acusado de despojo, por exigir que se devuelvan a su comunidad 900 hectáreas de ejido que ahora forman parte del rancho San Cristóbal, propiedad del ex presidente Vicente Fox.
El 21 de marzo fue asesinado Armando Villarreal, encarcelado por Fox, informó Cruz López
De la Redacción
En el contexto de un diálogo suspendido con el gobierno federal, la Confederación Nacional Campesina denunció que se “reactivaron” 40 órdenes de aprehensión en contra de dirigentes regionales y locales que se han pronunciado en contra del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y exigido respeto a sus derechos.
“Persecuciones, detenciones arbitrarias y acciones represivas, incluyendo el asesinato de luchadores sociales, se han multiplicado en las semanas recientes, principalmente en Chihuahua, Guanajuato y Chiapas”, dijo Cruz López Aguilar, dirigente de la organización de labriegos.
Es preocupante la reacción desatada contra líderes campesinos que se han manifestado contra los despojos de tierras, de la inequidad comercial y por la actitud asumida por el gobierno federal que, como dijo el secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez, se niega a la firma del adendo del Acuerdo Nacional para el Campo porque sus principales demandas resultan “inviables”, agregó.
En un comunicado, López Aguilar señaló que la “única respuesta concreta expresada por el gobierno ha sido la represión, como sucedió el pasado 21 de marzo en Casas Grandes, Chihuahua, donde fue asesinado por un comando especial Armando Villarreal Marta, fundador de la organización Aerodinámica Nacional, quien fue encarcelado por su lucha en demanda de la reducción de las tarifas eléctricas para los campesinos”.
Recordó que Villarreal Marta fue uno de los primeros “presos políticos” del sexenio de Vicente Fox, ya que fue condenado a cinco años de prisión por supuestos delitos de motín, robo calificado, amenazas cumplidas y lesiones, “pero su única culpa fue protestar por dichas tarifas y contra el TLCAN”, señaló.
Agregó que la semana pasada la dirigente Cipriana Jurado fue detenida de manera violenta, así como Carlos Chávez, líder del Comité Pro Mejoramiento del Agro, quienes también se han manifestado en contra de las altas tarifas eléctricas para el bombeo de agua y protestado por la cancelación del servicio, situación que ha profundizado la miseria en el campo.
En Chiapas, abundó, está preso Felipe Hernández Yoena, detenido luego de participar en el mitin del pasado 31 de enero en Tuxtla Gutiérrez, donde se pronunció en favor de la revisión del capítulo agropecuario del TLCAN. Está acusado de motín, rebelión e incitación a la violencia.
En Guanajuato fue encarcelado el ejidatario José Guadalupe Pacheco, acusado de despojo, por exigir que se devuelvan a su comunidad 900 hectáreas de ejido que ahora forman parte del rancho San Cristóbal, propiedad del ex presidente Vicente Fox.
Padres de jóvenes muertos en Ecuador señalan persecución del gobierno mexicano
Denuncian que personal de la cancillería tiene expedientes de los estudiantes
En la SRE negaron información al principio, pero interrogaron a familiares, aseguran
Blanche Petrich/ I
Lucía Morett tiene desde el pasado viernes 4 de abril la anuencia de los médicos que la atendieron de sus heridas para salir del Hospital Militar de Quito. Recuperada, es capaz de caminar apoyada en una andadera. Sus lesiones físicas están en vías de sanar. No así las heridas invisibles. Insegura, una de las tres únicas sobrevivientes de la masacre perpetrada por el ejército colombiano en Sucumbíos, Ecuador, prefirió pasar un fin de semana más en el sanatorio.
Reconoce que su testimonio será clave en la demanda internacional que presentó la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU) contra Colombia por “actos de terrorismo”, por lo que tiene temores fundados de ser presionada o procesada cuando regrese a México. Por ello la semana pasada solicitó la protección del gobierno de Raúl Correa dentro del programa de atención a víctimas y testigos. Además, no descarta la posibilidad de pedir asilo político de no cambiar las condiciones actuales en México.
Su padre, Jorge Morett, asegura que “el gobierno mexicano no ofrece las garantías suficientes para que ella se sienta segura de que no será hostigada ni perseguida por la policía mexicana ni los personeros del gobierno de Álvaro Uribe”.
Su temor radica en las afirmaciones que hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores el pasado 14 de marzo, en su boletín 059, y que hasta la fecha no han sido rectificadas. Esto es: “la preocupación del gobierno federal que ciudadanos mexicanos estén relacionados con una organización como las FARC, conocida por su ilegalidad y naturaleza violenta (...) y autora de actividades de narcotráfico”. En ese mismo comunicado la cancillería afirma que está a la espera de que el gobierno de Colombia “proporcione a nuestro país cualquier información derivada de las investigaciones que se llevan a cabo” y, conforme a convenios bilaterales existentes, Bogotá “investigue los presuntos vínculos de nacionales mexicanos que se encontraban en el campamento de las FARC”.
Desde la capital ecuatoriana, Morett señala, en entrevista telefónica, que su hija Lucía desconoce si existe un proceso judicial abierto en su contra. Pero aquí se sabe (La Jornada, 19/03/08) que en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada el Ministerio Público Federal inició una averiguación previa por el supuesto de delitos cometidos por mexicanos en el extranjero por órdenes del procurador, Eduardo Medina Mora.
Esta averiguación previa implica a la sobreviviente de Sucumbíos, pero también a los cuatro jóvenes mexicanos que murieron en el ataque militar: Natalia Verónica Velázquez, Juan González del Castillo, Soren Ángeles Avilés y Fernando Franco.
Este ha sido, hasta hoy, el meollo del diferendo entre las familias de las víctimas y el gobierno mexicano; un conflicto que estará vivo y presente en la agenda bilateral cuando, este 10 de abril, el presidente ecuatoriano Raúl Correa inicie una visita de Estado en nuestro país.
Bogotá sabía; México negaba
El 5 de marzo, a las 8 de la mañana, el mundo se derrumbó a los pies de Rita del Castillo al leer el periódico. El nombre de su único hijo figuraba en la lista de cuatro mexicanos muertos en el ataque en la frontera ecuatoriana. La nota estaba fechada en Bogotá. En un par de horas ella y su esposo, Álvaro González, se encontraban frente al enorme edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, desesperados. Así los encontraron Jorge Morett y su esposa, que habían acudido a pedir ayuda para viajar a Quito a apoyar a su hija, la sobreviviente. Fueron recibidos por el secretario del subsecretario Gerónimo Gutiérrez, Édgar Rodríguez, quien ese día no les dio información. “Decía que nada era oficial; que eran sólo versiones periodísticas”, cuenta Rita del Castillo.
“Pero sí sabían. Más tarde sacaron un comunicado de que desde el día 4, un día antes de la publicación de la noticia en México, habían empezado a investigar la identidad de los mexicanos. ¿Por qué en ese momento nos negaron la información? ¿Por qué nos tuvieron tantos días sin información oficial?”
A Jorge Franco, tío de Fernando Franco, otra de las víctimas, le fue peor. Él llegó a la una de la tarde de ese nefasto día cinco y le pidieron que volviera a las 4 porque el personal había salido a comer. Y así, nueva cita para el jueves, el viernes. El sábado fueron atendidos, junto con los padres de Soren Avilés, por un funcionario de nombre Julián Ahmed, “quien en lugar de ayudarnos nos hizo preguntas de corte policial: que si nuestros hijos portaban uniforme, que si iban armados”.
¿Robo de pasaportes?
A Rita la atormenta una pregunta: “¿Por qué desde el día 4 en Bogotá ya se sabían los nombres de nuestros hijos? ¿Será porque el ejército o la policía de Colombia tenían sus pasaportes y sus pertenencias?” Ha hecho esa pregunta ante el subsecretario Gutiérrez, pero no obtuvo respuesta.
La hipótesis del robo de documentos de los mexicanos por militares colombianos es consistente con el testimonio que rindió a las autoridades ecuatorianas Lucía Morett, en el sentido de que después de los dos bombardeos aéreos en la madrugada del primero de marzo, efectivos colombianos bajaron a tierra en helicópteros, ejecutaron a heridos y a combatientes que se habían rendido y permanecieron casi 12 horas examinando y saqueando el campamento. A las tres mujeres sobrevivientes –Lucía y dos colombianas– les dieron primeros auxilios y luego las abandonaron.
En Quito, el médico forense Marcelo Jácome aseguró a los familiares que los soldados ecuatorianos no recogieron ninguna pertenencia de las víctimas, que sus cuerpos fueron encontrados en ropa interior.
Otra pregunta de Rita: “En Quito nos entrevistamos con el enviado de la cancillería, José Ignacio Piña, director para América Latina. Él traía un expediente grueso. De ahí extrajo una fotografía ampliada. Era Juan, nuestro hijo, en una imagen de unos años antes. ¿De dónde la sacó? ¿Por qué la tenían? ¿Nuestros hijos estaban fichados? ¿Por quién y por qué?”
Relata Marcelo Franco. “Yo, ya se imaginarán ustedes, sentía que me había tragado una cucharada de lava. En el aeropuerto pensaba: seguro me encuentro vivo al Chac –como le decía cariñosamente a su hijo muerto–, le digo ‘vámonos, que la familia te espera’”. Pero el espejismo desapareció en la morgue. “Quise ver el cadáver. Estaba en una plancha. Primero lo acaricié con la vista, admiré lo grande que era. Luego vi su carita. Y no lo reconocí.” Estaba calcinado. Sólo la mitad del rostro estaba intacta.
La experiencia de los González fue distinta. Ellos acataron la sugerencia del forense y sólo vieron fotografías del cuerpo de su hijo. Rita no dudó: “Su pie es inconfundible. Y su mano. Supe de inmediato que era él”. A los ocho días los análisis de ADN confirmaron lo que su intuición había adivinado.
“En esos momentos, al cónsul le preocupaba mucho la imagen de México. Nos pidió que no habláramos con la prensa. Hasta que los abogados de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos nos dijeron: ‘no, aprovechen a los medios’. Entonces empezamos a hablar.”
El 7 de marzo la ALDHU anunció que presentaría una demanda contra Colombia por “actos terroristas”. Y el 13 de marzo los familiares de las víctimas emitieron su primer comunicado. Pedían, como ahora, una inequívoca condena de México a Colombia por el asesinato de sus hijos, “que se haga justicia y los responsables sean llevados a juicio”, y el cese de la campaña de difamación contra los jóvenes, que esos días eran juzgados y condenados sumariamente por decenas de comentaristas en la prensa mexicana, provistos de “filtraciones” de “fuentes de inteligencia” de todo tipo.
La cancillería respondió (boletín del 14 de marzo) que México exigía “una investigación puntual sobre la pérdida de la vida de los ciudadanos mexicanos y las razones que motivaron su presencia en el campamento armado”. En ese comunicado, el número 059, la SRE confirma que permitirá que Colombia “investigue los vínculos de los mexicanos” con las FARC.
En la SRE negaron información al principio, pero interrogaron a familiares, aseguran
Blanche Petrich/ I
Lucía Morett tiene desde el pasado viernes 4 de abril la anuencia de los médicos que la atendieron de sus heridas para salir del Hospital Militar de Quito. Recuperada, es capaz de caminar apoyada en una andadera. Sus lesiones físicas están en vías de sanar. No así las heridas invisibles. Insegura, una de las tres únicas sobrevivientes de la masacre perpetrada por el ejército colombiano en Sucumbíos, Ecuador, prefirió pasar un fin de semana más en el sanatorio.
Reconoce que su testimonio será clave en la demanda internacional que presentó la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU) contra Colombia por “actos de terrorismo”, por lo que tiene temores fundados de ser presionada o procesada cuando regrese a México. Por ello la semana pasada solicitó la protección del gobierno de Raúl Correa dentro del programa de atención a víctimas y testigos. Además, no descarta la posibilidad de pedir asilo político de no cambiar las condiciones actuales en México.
Su padre, Jorge Morett, asegura que “el gobierno mexicano no ofrece las garantías suficientes para que ella se sienta segura de que no será hostigada ni perseguida por la policía mexicana ni los personeros del gobierno de Álvaro Uribe”.
Su temor radica en las afirmaciones que hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores el pasado 14 de marzo, en su boletín 059, y que hasta la fecha no han sido rectificadas. Esto es: “la preocupación del gobierno federal que ciudadanos mexicanos estén relacionados con una organización como las FARC, conocida por su ilegalidad y naturaleza violenta (...) y autora de actividades de narcotráfico”. En ese mismo comunicado la cancillería afirma que está a la espera de que el gobierno de Colombia “proporcione a nuestro país cualquier información derivada de las investigaciones que se llevan a cabo” y, conforme a convenios bilaterales existentes, Bogotá “investigue los presuntos vínculos de nacionales mexicanos que se encontraban en el campamento de las FARC”.
Desde la capital ecuatoriana, Morett señala, en entrevista telefónica, que su hija Lucía desconoce si existe un proceso judicial abierto en su contra. Pero aquí se sabe (La Jornada, 19/03/08) que en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada el Ministerio Público Federal inició una averiguación previa por el supuesto de delitos cometidos por mexicanos en el extranjero por órdenes del procurador, Eduardo Medina Mora.
Esta averiguación previa implica a la sobreviviente de Sucumbíos, pero también a los cuatro jóvenes mexicanos que murieron en el ataque militar: Natalia Verónica Velázquez, Juan González del Castillo, Soren Ángeles Avilés y Fernando Franco.
Este ha sido, hasta hoy, el meollo del diferendo entre las familias de las víctimas y el gobierno mexicano; un conflicto que estará vivo y presente en la agenda bilateral cuando, este 10 de abril, el presidente ecuatoriano Raúl Correa inicie una visita de Estado en nuestro país.
Bogotá sabía; México negaba
El 5 de marzo, a las 8 de la mañana, el mundo se derrumbó a los pies de Rita del Castillo al leer el periódico. El nombre de su único hijo figuraba en la lista de cuatro mexicanos muertos en el ataque en la frontera ecuatoriana. La nota estaba fechada en Bogotá. En un par de horas ella y su esposo, Álvaro González, se encontraban frente al enorme edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, desesperados. Así los encontraron Jorge Morett y su esposa, que habían acudido a pedir ayuda para viajar a Quito a apoyar a su hija, la sobreviviente. Fueron recibidos por el secretario del subsecretario Gerónimo Gutiérrez, Édgar Rodríguez, quien ese día no les dio información. “Decía que nada era oficial; que eran sólo versiones periodísticas”, cuenta Rita del Castillo.
“Pero sí sabían. Más tarde sacaron un comunicado de que desde el día 4, un día antes de la publicación de la noticia en México, habían empezado a investigar la identidad de los mexicanos. ¿Por qué en ese momento nos negaron la información? ¿Por qué nos tuvieron tantos días sin información oficial?”
A Jorge Franco, tío de Fernando Franco, otra de las víctimas, le fue peor. Él llegó a la una de la tarde de ese nefasto día cinco y le pidieron que volviera a las 4 porque el personal había salido a comer. Y así, nueva cita para el jueves, el viernes. El sábado fueron atendidos, junto con los padres de Soren Avilés, por un funcionario de nombre Julián Ahmed, “quien en lugar de ayudarnos nos hizo preguntas de corte policial: que si nuestros hijos portaban uniforme, que si iban armados”.
¿Robo de pasaportes?
A Rita la atormenta una pregunta: “¿Por qué desde el día 4 en Bogotá ya se sabían los nombres de nuestros hijos? ¿Será porque el ejército o la policía de Colombia tenían sus pasaportes y sus pertenencias?” Ha hecho esa pregunta ante el subsecretario Gutiérrez, pero no obtuvo respuesta.
La hipótesis del robo de documentos de los mexicanos por militares colombianos es consistente con el testimonio que rindió a las autoridades ecuatorianas Lucía Morett, en el sentido de que después de los dos bombardeos aéreos en la madrugada del primero de marzo, efectivos colombianos bajaron a tierra en helicópteros, ejecutaron a heridos y a combatientes que se habían rendido y permanecieron casi 12 horas examinando y saqueando el campamento. A las tres mujeres sobrevivientes –Lucía y dos colombianas– les dieron primeros auxilios y luego las abandonaron.
En Quito, el médico forense Marcelo Jácome aseguró a los familiares que los soldados ecuatorianos no recogieron ninguna pertenencia de las víctimas, que sus cuerpos fueron encontrados en ropa interior.
Otra pregunta de Rita: “En Quito nos entrevistamos con el enviado de la cancillería, José Ignacio Piña, director para América Latina. Él traía un expediente grueso. De ahí extrajo una fotografía ampliada. Era Juan, nuestro hijo, en una imagen de unos años antes. ¿De dónde la sacó? ¿Por qué la tenían? ¿Nuestros hijos estaban fichados? ¿Por quién y por qué?”
Relata Marcelo Franco. “Yo, ya se imaginarán ustedes, sentía que me había tragado una cucharada de lava. En el aeropuerto pensaba: seguro me encuentro vivo al Chac –como le decía cariñosamente a su hijo muerto–, le digo ‘vámonos, que la familia te espera’”. Pero el espejismo desapareció en la morgue. “Quise ver el cadáver. Estaba en una plancha. Primero lo acaricié con la vista, admiré lo grande que era. Luego vi su carita. Y no lo reconocí.” Estaba calcinado. Sólo la mitad del rostro estaba intacta.
La experiencia de los González fue distinta. Ellos acataron la sugerencia del forense y sólo vieron fotografías del cuerpo de su hijo. Rita no dudó: “Su pie es inconfundible. Y su mano. Supe de inmediato que era él”. A los ocho días los análisis de ADN confirmaron lo que su intuición había adivinado.
“En esos momentos, al cónsul le preocupaba mucho la imagen de México. Nos pidió que no habláramos con la prensa. Hasta que los abogados de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos nos dijeron: ‘no, aprovechen a los medios’. Entonces empezamos a hablar.”
El 7 de marzo la ALDHU anunció que presentaría una demanda contra Colombia por “actos terroristas”. Y el 13 de marzo los familiares de las víctimas emitieron su primer comunicado. Pedían, como ahora, una inequívoca condena de México a Colombia por el asesinato de sus hijos, “que se haga justicia y los responsables sean llevados a juicio”, y el cese de la campaña de difamación contra los jóvenes, que esos días eran juzgados y condenados sumariamente por decenas de comentaristas en la prensa mexicana, provistos de “filtraciones” de “fuentes de inteligencia” de todo tipo.
La cancillería respondió (boletín del 14 de marzo) que México exigía “una investigación puntual sobre la pérdida de la vida de los ciudadanos mexicanos y las razones que motivaron su presencia en el campamento armado”. En ese comunicado, el número 059, la SRE confirma que permitirá que Colombia “investigue los vínculos de los mexicanos” con las FARC.
Hacia el debate. Segunda carta: El diagnóstico
El diagnóstico sobre la situación de Pemex presentado por la Secretaría de Energía y el director de la paraestatal, ha cumplido su cometido inicial: fuera de sus autores, no ha convencido a nadie. El Frente Amplio Progresista negó puntualmente la veracidad de sus datos y la lógica, si alguna, de sus conclusiones. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) calificó de catastrofista, y por tanto, de mentiroso, el documento. El mismo gobierno de Calderón no atendió a sus poderes persuasivos y pasó de inmediato a la amenaza, ya seguro de que no persuadiría. El secretario de Hacienda declaró: Si no hay reforma energética subiremos los impuestos o recortaremos el gasto. Es decir, si no nos obedecen la pasarán muy mal ahora, y sus descendientes la pasarán mucho peor ya sin el peso del patrimonio nacional sobre sus espaldas. Y el presidente de México de 2000 a 2006, líder moral del Partido Acción Nacional (PAN) sentenció: “Es increíble la resistencia que todavía hay en México para derrocar el monopolio de la energía y asociarlo con inversión privada para atraer las inversiones” (28 de marzo de 2008). Y vaya que Vicente Fox hizo lo posible por “derrocarlo”.
El diagnóstico convincente y veraz sigue haciendo más falta que nunca. En nuestro carácter de ciudadanos atentos al proceso económico y social del que tanto depende el país, insistimos en el debate, seguros de que éste no sólo consiste en el intercambio de puntos de vista tajantes. Por debate entendemos la confrontación de tesis y realidades en un nivel nacional. Eso exige el traslado de las discusiones a los medios electrónicos, una vez que se establezcan las reglas del intercambio de puntos de vista.
Al respecto, la secretaria Kessel afirmó: “Si la población mexicana rechaza la inclusión de inversión privada en Pemex el gobierno respetará y asumirá esa decisión”. Luego agrega, en plena debacle conceptual: “Cuando digo los mexicanos, digo la población que tenemos un grupo de representantes que hemos votado por ellos para que representen nuestros intereses en el Congreso”. No, cuando dice “la población mexicana” no dice el Congreso, donde nos representan los representantes; dice todos los ciudadanos mexicanos representados representadamente o no. De otro modo, la argumentación sería: “Si el Congreso rechaza etcétera”. Entre contradicciones, la secretaria se acercó a un hecho incontrovertible. De no posponer esa decisión a julio de 2012, la única forma para verificar en este tiempo el rechazo es el referéndum. Es agradecible el lapsus triunfal de Kessel y aguardamos su propuesta detallada en torno al referendo. Mientras, ratificamos nuestra certidumbre: no a la privatización y a las formas engañosas con que se presente. Sí al debate.
Comité de Intelectuales en Defensa del Petróleo.
El diagnóstico convincente y veraz sigue haciendo más falta que nunca. En nuestro carácter de ciudadanos atentos al proceso económico y social del que tanto depende el país, insistimos en el debate, seguros de que éste no sólo consiste en el intercambio de puntos de vista tajantes. Por debate entendemos la confrontación de tesis y realidades en un nivel nacional. Eso exige el traslado de las discusiones a los medios electrónicos, una vez que se establezcan las reglas del intercambio de puntos de vista.
Al respecto, la secretaria Kessel afirmó: “Si la población mexicana rechaza la inclusión de inversión privada en Pemex el gobierno respetará y asumirá esa decisión”. Luego agrega, en plena debacle conceptual: “Cuando digo los mexicanos, digo la población que tenemos un grupo de representantes que hemos votado por ellos para que representen nuestros intereses en el Congreso”. No, cuando dice “la población mexicana” no dice el Congreso, donde nos representan los representantes; dice todos los ciudadanos mexicanos representados representadamente o no. De otro modo, la argumentación sería: “Si el Congreso rechaza etcétera”. Entre contradicciones, la secretaria se acercó a un hecho incontrovertible. De no posponer esa decisión a julio de 2012, la única forma para verificar en este tiempo el rechazo es el referéndum. Es agradecible el lapsus triunfal de Kessel y aguardamos su propuesta detallada en torno al referendo. Mientras, ratificamos nuestra certidumbre: no a la privatización y a las formas engañosas con que se presente. Sí al debate.
Comité de Intelectuales en Defensa del Petróleo.
Nueva Izquierda rompe pacto y agrava la crisis perredista; arremete contra AMLO
Exige que se concluya el conteo de los sufragios en un plazo máximo de 48 horas
Esa corriente apuesta a que Felipe Calderón ponga al líder nacional del sol azteca: Encinas
Enrique Méndez y Alma Muñoz
La crisis en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se recrudeció, luego de que la corriente Nueva Izquierda no respetó el acuerdo de que el Consejo Nacional no reanudara sus trabajos hasta conocer el cómputo para la elección de dirigente nacional, y aprobó un resolutivo para exigir a la Comisión Técnica Electoral (CTE) terminar el conteo en un plazo máximo de 48 horas.
Además, a sugerencia del secretario general del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, quien forma parte de esa corriente, los consejeros avalaron un pronunciamiento para no permitir que se imponga la línea de Andrés Manuel López Obrador en las decisiones partidarias. “No nos avergüenza estar en contra de la línea. El PRD es más grande que cualquier presidente legítimo, por muy importante que sea”, sostuvo Acosta.
Más aún, anoche Nueva Izquierda presentó ante la Comisión Nacional de Garantías un recurso de juicio de protección de derechos políticos electorales para que su vez lo turne al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con ese recurso impugnará la resolución emitida la noche del sábado por esa instancia partidaria para que, en el cómputo, se separen “casillas controvertidas y no controvertidas”.
El representante de Jesús Ortega, candidato de Nueva Izquierda a la presidencial del sol azteca, Rafael Hernández, aseguró que Garantías autorizó dos cómputos “para favorecer a Alejandro Encinas, porque las casillas ‘controvertidas’ son las que él ha dicho no deben computarse, y entonces se impulsa un conteo a contentillo”.
Asimismo, y en respuesta a la celebración del consejo, Alejandro Encinas dijo que en Nueva Izquierda “están pensando que Felipe Calderón será quien ponga al presidente (nacional) del PRD… Le están apostando a que le levante la mano a Jesús (Ortega)” lo cual, aseveró, sería “sumamente delicado y no lo aceptaremos”.
Según el ex jefe de gobierno capitalino, la expresión de su oponente dejó en claro que esperan que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJ) revierta su triunfo, aunque no descartó la posibilidad de que busquen anular la elección del 16 de marzo pasado con ese mismo objetivo.
También acusó, en entrevista con este diario, que el presidente de la mesa directiva del sexto consejo nacional, Camilo Valenzuela, “se prestó y ha negociado con ellos”, pues la propuesta de formar un nuevo partido en realidad “es de Ortega, y la estuvo anunciando Guadalupe Acosta Naranjo en declaraciones anteriores”.
Así que, manifestó, es evidente que “nos han querido meter un albazo que no tiene posibilidad de prosperar. Lo mejor sería que se acaten las resoluciones de los órganos internos del PRD y Ortega acepte que yo gané la elección”.
Encinas aseguró que fue un lamentable error que “no se cumpliera el acuerdo que habíamos asumido (el jueves, ante los mandatarios Marcelo Ebrard y Leonel Godoy; el presidente del partido, Leonel Cota Montaño; el secretario general, Guadalupe Acosta Naranjo; y el comisionado electoral, Arturo Núñez) para que la reinstalación del consejo fuera consensuada”.
Pero ante la decisión de Nueva Izquierda, se mostró seguro de que la reunión de los consejeros, este domingo, no tiene validez. En primer lugar porque los temas allí abordados no estaban contemplados en la orden del día; segundo, porque la instancia “no tiene facultades electorales, menos aún siendo candidatos la mayor parte de los que asistieron”; y tercero, porque duda que se haya completado el quórum para instalar el consejo.
Encinas se negó a reconocer que el partido esté dividido. “Veo un conflicto de intereses de un sector de la burocracia que ha perdido no sólo las elecciones sino el control del partido, y eso los está llevando a cometer este tipo de equívocos y errores”.
Más tarde, el comisionado electoral Edmundo Cancino aseguró que entregarán resultados en el plazo que les fue marcado por la Comisión Nacional de Garantías (CNG), aunque admitió que esto tendría mayor celeridad “si no hubiera impedimentos” de las delegaciones de ambos candidatos en las sesiones de cómputo.
Sin embargo, manifestó: “tenemos bien definidos los esfuerzos para acabar el cómputo y dar por terminada esta crisis mediática pos electoral, y pasemos a la restructuración del partido”, precisó.
Manifestó que en la Comisión Técnica Electoral les falta conocer de fondo los resolutivos tomados este domingo por el Consejo Nacional para emitir una respuesta.
Y es que este domingo, y fuera del acuerdo para que el consejo se instalara el viernes –como ocurrió, a pesar de las dudas sobre el quórum– y se declarara en sesión permanente hasta que concluyera el proceso interno perredista, los chuchos reanudaron los trabajos para imponer su propia agenda.
En ese contexto, la corriente que lidera Jesús Ortega acordó exigir a la CTE que, en un plazo no mayor de 48 horas, concluya el cómputo de todas y cada una de las elecciones del 16 de marzo pasado, “sin consideraciones de índole política o subordinados a acuerdos entre las partes”.
También, para exhortar a los involucrados en el proceso a sujetarse a los estatutos, e “instruir” a garantías “para que su actuación se sujete y limite a las facultades de su competencia, hasta que concluya el cómputo, y que asuma una actitud imparcial”.
Esa corriente apuesta a que Felipe Calderón ponga al líder nacional del sol azteca: Encinas
Enrique Méndez y Alma Muñoz
La crisis en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se recrudeció, luego de que la corriente Nueva Izquierda no respetó el acuerdo de que el Consejo Nacional no reanudara sus trabajos hasta conocer el cómputo para la elección de dirigente nacional, y aprobó un resolutivo para exigir a la Comisión Técnica Electoral (CTE) terminar el conteo en un plazo máximo de 48 horas.
Además, a sugerencia del secretario general del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, quien forma parte de esa corriente, los consejeros avalaron un pronunciamiento para no permitir que se imponga la línea de Andrés Manuel López Obrador en las decisiones partidarias. “No nos avergüenza estar en contra de la línea. El PRD es más grande que cualquier presidente legítimo, por muy importante que sea”, sostuvo Acosta.
Más aún, anoche Nueva Izquierda presentó ante la Comisión Nacional de Garantías un recurso de juicio de protección de derechos políticos electorales para que su vez lo turne al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con ese recurso impugnará la resolución emitida la noche del sábado por esa instancia partidaria para que, en el cómputo, se separen “casillas controvertidas y no controvertidas”.
El representante de Jesús Ortega, candidato de Nueva Izquierda a la presidencial del sol azteca, Rafael Hernández, aseguró que Garantías autorizó dos cómputos “para favorecer a Alejandro Encinas, porque las casillas ‘controvertidas’ son las que él ha dicho no deben computarse, y entonces se impulsa un conteo a contentillo”.
Asimismo, y en respuesta a la celebración del consejo, Alejandro Encinas dijo que en Nueva Izquierda “están pensando que Felipe Calderón será quien ponga al presidente (nacional) del PRD… Le están apostando a que le levante la mano a Jesús (Ortega)” lo cual, aseveró, sería “sumamente delicado y no lo aceptaremos”.
Según el ex jefe de gobierno capitalino, la expresión de su oponente dejó en claro que esperan que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJ) revierta su triunfo, aunque no descartó la posibilidad de que busquen anular la elección del 16 de marzo pasado con ese mismo objetivo.
También acusó, en entrevista con este diario, que el presidente de la mesa directiva del sexto consejo nacional, Camilo Valenzuela, “se prestó y ha negociado con ellos”, pues la propuesta de formar un nuevo partido en realidad “es de Ortega, y la estuvo anunciando Guadalupe Acosta Naranjo en declaraciones anteriores”.
Así que, manifestó, es evidente que “nos han querido meter un albazo que no tiene posibilidad de prosperar. Lo mejor sería que se acaten las resoluciones de los órganos internos del PRD y Ortega acepte que yo gané la elección”.
Encinas aseguró que fue un lamentable error que “no se cumpliera el acuerdo que habíamos asumido (el jueves, ante los mandatarios Marcelo Ebrard y Leonel Godoy; el presidente del partido, Leonel Cota Montaño; el secretario general, Guadalupe Acosta Naranjo; y el comisionado electoral, Arturo Núñez) para que la reinstalación del consejo fuera consensuada”.
Pero ante la decisión de Nueva Izquierda, se mostró seguro de que la reunión de los consejeros, este domingo, no tiene validez. En primer lugar porque los temas allí abordados no estaban contemplados en la orden del día; segundo, porque la instancia “no tiene facultades electorales, menos aún siendo candidatos la mayor parte de los que asistieron”; y tercero, porque duda que se haya completado el quórum para instalar el consejo.
Encinas se negó a reconocer que el partido esté dividido. “Veo un conflicto de intereses de un sector de la burocracia que ha perdido no sólo las elecciones sino el control del partido, y eso los está llevando a cometer este tipo de equívocos y errores”.
Más tarde, el comisionado electoral Edmundo Cancino aseguró que entregarán resultados en el plazo que les fue marcado por la Comisión Nacional de Garantías (CNG), aunque admitió que esto tendría mayor celeridad “si no hubiera impedimentos” de las delegaciones de ambos candidatos en las sesiones de cómputo.
Sin embargo, manifestó: “tenemos bien definidos los esfuerzos para acabar el cómputo y dar por terminada esta crisis mediática pos electoral, y pasemos a la restructuración del partido”, precisó.
Manifestó que en la Comisión Técnica Electoral les falta conocer de fondo los resolutivos tomados este domingo por el Consejo Nacional para emitir una respuesta.
Y es que este domingo, y fuera del acuerdo para que el consejo se instalara el viernes –como ocurrió, a pesar de las dudas sobre el quórum– y se declarara en sesión permanente hasta que concluyera el proceso interno perredista, los chuchos reanudaron los trabajos para imponer su propia agenda.
En ese contexto, la corriente que lidera Jesús Ortega acordó exigir a la CTE que, en un plazo no mayor de 48 horas, concluya el cómputo de todas y cada una de las elecciones del 16 de marzo pasado, “sin consideraciones de índole política o subordinados a acuerdos entre las partes”.
También, para exhortar a los involucrados en el proceso a sujetarse a los estatutos, e “instruir” a garantías “para que su actuación se sujete y limite a las facultades de su competencia, hasta que concluya el cómputo, y que asuma una actitud imparcial”.
Prevé AMLO que la resistencia por Pemex se inicie esta semana
“Todos podemos hacer algo por salvar a la nación”, dice
Enrique Méndez y Alma E. Muñoz
Andrés Manuel López Obrador convocó ayer a la ciudadanía a estar muy atenta, porque el gobierno federal, el PAN y el PRI “buscan la forma de presentar la iniciativa, quieren dar un albazo y sorprendernos” con la presentación de la iniciativa de reforma al sector energético, y por ello anticipó que “es probable que empecemos la resistencia civil la próxima semana”.
Advirtió que cualquier modalidad de inversión en Petróleos Mexicanos (Pemex) es un intento por privatizar a la empresa. “No nos estamos chupando el dedo. Asociación es privatización; alianzas con empresas extranjeras es privatización; contratos de riesgo es privatización; contratos con terceros es privatización; contratos de servicios múltiples es privatización; autonomía de gestión es privatización”, definió.
Este domingo, al tomar protesta en el Monumento a la Revolución a las 10 mil mujeres que forman parte de las brigadas en defensa del petróleo, aseguró que la misión de ellas es la más envidiable, por desinteresada y noble.
El más grande desafío
Así, ayer el “presidente legítimo” leyó una carta dirigida a todas las participantes en las brigadas. “Hoy más que nunca –dijo– quiero hablarles con el corazón, hoy que estamos decididos a defender el derecho del pueblo a la esperanza. Hoy que se acerca el momento de resistir ante esa gran tentación de privatizar el petróleo. Hoy que estamos a punto de enfrentar el más grande de los desafíos que nos haya tocado vivir”.
Sostuvo que si no se actúa en defensa del petróleo difícilmente se podría rendir homenaje a Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero, Villa, Zapata y el general Lázaro Cárdenas.
Preguntó: “¿Qué sentido tendría éste y todos los monumentos, si actuamos con cobardía? Si no luchamos hoy, vayamos pensando en la vergüenza que sería para nosotros si dentro de algunos años, ya esclavos de los potentados, viniésemos a este mismo lugar o a cualquier otro altar a la patria a celebrar a nuestros héroes. ¿Con qué ánimo vendríamos a recordarlos? Todos podemos hacer algo por salvar a la nación”.
Por eso, dijo, es trascendente el ejemplo de las mujeres al participar en la lucha contra la privatización del petróleo.
El movimiento para impedir la entrega de los recursos naturales, expuso, es para evitar la simulación y vivir en paz, porque el petróleo, a pesar de la corrupción, ha sido un factor de estabilidad política, para que en el país haya paz social. “No olvidemos, porque también muchos sostienen ‘para qué impedimos la privatización, si el pueblo no se beneficia’, pero hay que recordar que de cada peso del presupuesto 40 centavos provienen del petróleo”, afirmó.
Advirtió que no se permitirá el engaño de la asociación con la iniciativa privada. “En esencia, todo lo que significa entregar o compartir la renta petrolera con particulares, nacionales o extranjeros es privatización, y por eso no lo vamos a permitir”, explicó.
Las integrantes de las brigadas secundaron: “¡Ni un paso atrás, ni un paso atrás!”
Insistió en que se impedirá la apertura de Pemex porque detrás del interés privatizador lo que realmente subyace es la ambición y el afán de lucro de quienes pretenden hacer negocios con un bien que es de todos.
Explicó que si el movimiento ha comenzado ahora, es porque es preferible impedir ahora la privatización de la industria petrolera que “estar enfrentados los mexicanos o tener que estar enfrentándonos con potencias extranjeras. Es mejor, desde ahora, resolver en definitiva este asunto. ¡Que quede claro, el petróleo ya tiene dueño, es de todos los mexicanos!”
Celebró que las mujeres “estén preparadas para la acción”. En respuesta, las coordinadoras de las brigadas se declararon listas para bloquear las cámaras del Congreso, la toma de carreteras y bloqueos en los aeropuertos, y a “impedir por todos los medios posibles la privatización de nuestro petróleo”, como resaltó Marta Pérez, secretaria del “gobierno legítimo” para un estado de bienestar.
Ahí, además, Laura Itzel Castillo, quien encabeza el área de vivienda, sostuvo que a los panistas que critican la participación de mujeres en la defensa del petróleo se les olvida el papel femenino en movimientos de resistencia, “cuando aún eran oposición y no habían perdido la vergüenza ni la honra”.
Mujeres panistas, recordó, tuvieron una destacada participación en la insurgencia cívica potosina de 1991, liderada por Salvador Nava Martínez, junto a las perredistas y ciudadanas sin partido que cercaron el palacio de gobierno, lo cual impidió, dijo, la entrada “del espurio Fausto Zapata Loredo, y resistieron hasta que cayó”.
Enrique Méndez y Alma E. Muñoz
Andrés Manuel López Obrador convocó ayer a la ciudadanía a estar muy atenta, porque el gobierno federal, el PAN y el PRI “buscan la forma de presentar la iniciativa, quieren dar un albazo y sorprendernos” con la presentación de la iniciativa de reforma al sector energético, y por ello anticipó que “es probable que empecemos la resistencia civil la próxima semana”.
Advirtió que cualquier modalidad de inversión en Petróleos Mexicanos (Pemex) es un intento por privatizar a la empresa. “No nos estamos chupando el dedo. Asociación es privatización; alianzas con empresas extranjeras es privatización; contratos de riesgo es privatización; contratos con terceros es privatización; contratos de servicios múltiples es privatización; autonomía de gestión es privatización”, definió.
Este domingo, al tomar protesta en el Monumento a la Revolución a las 10 mil mujeres que forman parte de las brigadas en defensa del petróleo, aseguró que la misión de ellas es la más envidiable, por desinteresada y noble.
El más grande desafío
Así, ayer el “presidente legítimo” leyó una carta dirigida a todas las participantes en las brigadas. “Hoy más que nunca –dijo– quiero hablarles con el corazón, hoy que estamos decididos a defender el derecho del pueblo a la esperanza. Hoy que se acerca el momento de resistir ante esa gran tentación de privatizar el petróleo. Hoy que estamos a punto de enfrentar el más grande de los desafíos que nos haya tocado vivir”.
Sostuvo que si no se actúa en defensa del petróleo difícilmente se podría rendir homenaje a Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero, Villa, Zapata y el general Lázaro Cárdenas.
Preguntó: “¿Qué sentido tendría éste y todos los monumentos, si actuamos con cobardía? Si no luchamos hoy, vayamos pensando en la vergüenza que sería para nosotros si dentro de algunos años, ya esclavos de los potentados, viniésemos a este mismo lugar o a cualquier otro altar a la patria a celebrar a nuestros héroes. ¿Con qué ánimo vendríamos a recordarlos? Todos podemos hacer algo por salvar a la nación”.
Por eso, dijo, es trascendente el ejemplo de las mujeres al participar en la lucha contra la privatización del petróleo.
El movimiento para impedir la entrega de los recursos naturales, expuso, es para evitar la simulación y vivir en paz, porque el petróleo, a pesar de la corrupción, ha sido un factor de estabilidad política, para que en el país haya paz social. “No olvidemos, porque también muchos sostienen ‘para qué impedimos la privatización, si el pueblo no se beneficia’, pero hay que recordar que de cada peso del presupuesto 40 centavos provienen del petróleo”, afirmó.
Advirtió que no se permitirá el engaño de la asociación con la iniciativa privada. “En esencia, todo lo que significa entregar o compartir la renta petrolera con particulares, nacionales o extranjeros es privatización, y por eso no lo vamos a permitir”, explicó.
Las integrantes de las brigadas secundaron: “¡Ni un paso atrás, ni un paso atrás!”
Insistió en que se impedirá la apertura de Pemex porque detrás del interés privatizador lo que realmente subyace es la ambición y el afán de lucro de quienes pretenden hacer negocios con un bien que es de todos.
Explicó que si el movimiento ha comenzado ahora, es porque es preferible impedir ahora la privatización de la industria petrolera que “estar enfrentados los mexicanos o tener que estar enfrentándonos con potencias extranjeras. Es mejor, desde ahora, resolver en definitiva este asunto. ¡Que quede claro, el petróleo ya tiene dueño, es de todos los mexicanos!”
Celebró que las mujeres “estén preparadas para la acción”. En respuesta, las coordinadoras de las brigadas se declararon listas para bloquear las cámaras del Congreso, la toma de carreteras y bloqueos en los aeropuertos, y a “impedir por todos los medios posibles la privatización de nuestro petróleo”, como resaltó Marta Pérez, secretaria del “gobierno legítimo” para un estado de bienestar.
Ahí, además, Laura Itzel Castillo, quien encabeza el área de vivienda, sostuvo que a los panistas que critican la participación de mujeres en la defensa del petróleo se les olvida el papel femenino en movimientos de resistencia, “cuando aún eran oposición y no habían perdido la vergüenza ni la honra”.
Mujeres panistas, recordó, tuvieron una destacada participación en la insurgencia cívica potosina de 1991, liderada por Salvador Nava Martínez, junto a las perredistas y ciudadanas sin partido que cercaron el palacio de gobierno, lo cual impidió, dijo, la entrada “del espurio Fausto Zapata Loredo, y resistieron hasta que cayó”.
Se desligan los chuchos de movilizaciones pacíficas del FAP en defensa de Pemex
Son más panistas que los panistas, ¡qué bárbaros!
Enrique Méndez y Alma E. Muñoz
La corriente Nueva Izquierda utilizó ayer el sexto Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para aprobar –fuera del orden del día– una propuesta de Jesús Ortega para que el partido inicie su propia jornada de defensa del petróleo, y expresar su rechazo a las acciones de resistencia civil previstas por el Frente Amplio Progresista, como la toma de carreteras y aeropuertos.
Jajajaja, ¿y en qué consistirá su jornada?
En un discurso que confrontó abiertamente la posición de Andrés Manuel López Obrador, el dirigente de los chuchos afirmó que “Pemex no se defiende sólo en el Zócalo” –espacio del que él y sus colaboradores se alejaron en las dos concentraciones recientes– y advirtió que están contra la privatización de la paraestatal, “pero también de los intentos por privatizar esta lucha”.
No fueron al zócalo porque le temen al abucheo y al rechazo de la gente, la lucha no está privatizada, es pública, pero ellos no pueden presentarse ante los mexicanos que luchan en serio porque ya los conocen y saben que son puros esquiroles.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta, quien forma parte de la misma corriente, afirmó que desde el “gobierno legítimo se nos exige actuar como agitadores sociales y no como legisladores”, y pidió el respaldo del consejo, “porque es obvio que, a la hora de tomar una decisión de pedir la policía (en la Cámara), seré yo la afectada, porque seré cuestionada públicamente”.
Es decir, ella necesita el apoyo de los policías, como el pelele, porque no tiene el apoyo de la gente, ¿"agitadores sociales"?, no que actúen como legisladores que están ahí por el voto de los mexicanos y las mexicanas y su deber es representarlos, no estarle lamiendo la cola al usurpador.
La virtual advertencia de Zavaleta de recurrir a la fuerza pública para reprimir fue hecho apenas una hora después de que, a unas calles de donde se realizó el consejo, López Obrador tomó protesta a 10 mil mujeres que forman parte de las brigadas en defensa del petróleo, y que se declararon listas a bloquear las dos cámaras del Congreso para impedir que se apruebe la apertura de Petróleos Mexicanos.
Vamos a ver cómo le echa esta tipa la policía a diez mil mujeres.
Consideró que el PRD no debe cerrarse al debate de la reforma energética, porque “lo que viene no es menor y necesitamos definir qué es lo que quiere este consejo, y para que después no nos señalen como traidores”.
No, no después, ya es una traidora, ha dado plena muestra de ello, además de que es oligofrénica.
En la postura de no sumarse a la resistencia civil pacífica, el senador Graco Ramírez Garrido –también de los chuchos– afirmó que el PRD no puede estar en favor de “movilizaciones que afecten a terceros”.
Igualito que los panistas, los mismo argumentos, ¿y entonces porqué sí estuvo en el plantón de Reforma?, es que todavía no se había descarado.
Por ejemplo, dijo, en Morelos, de donde es originario y fue candidato a gobernador, “no compartimos el bloqueo de la autopista México-Cuernavaca, porque sería un revés a la lucha democrática en el estado y en Guerrero”. Exclamó: “¡La razón es suficiente y no la fuerza desatada contra todos los mexicanos!”
¿Cuál razón? ¿La de dar las nalgas?
Ramírez Garrido respaldó la postura de Zavaleta de solicitar la fuerza pública para disolver cualquier bloqueo a San Lázaro.
“Su obligación –expuso– es presidir la Cámara y no a un grupo parlamentario. Y los que le exigen un comportamiento sectario están contra una institución que se ganó en la lucha, y ésa es una actitud facciosa”.
¿Cuál lucha? ¿Cuál es la actitud facciosa?
Antes, al presentar su propuesta en el pleno del consejo, Ortega afirmó que la defensa de los recursos energéticos “no es una ocurrencia de última hora”, sino que es parte del programa del partido, desde que se fundó; “no es un capricho de nadie”.
¿Qué ha hecho Ortega en defensa de los recursos energéticos?
Por eso, dijo, el PRD “se opone por convicción y principios a la privatización de Pemex, pero con la misma energía a los intentos por privatizar la lucha contra la privatización de Pemex. La defensa de Pemex no es patrimonio de ninguna organización ni de ningún individuo. No es patrimonio de nadie, es deber de toda la izquierda. Y por ello, no se defiende sólo en el Zócalo; Pemex se defiende en todo el territorio nacional”.
¿Y entonces por qué no va al Zócalo? ¿Que el Zócalo no es un lugar público? ¿en qué territorio de la geografía nacional está defendiendo el petróleo?
En ese contexto presentó la propuesta de una jornada nacional, que consistirá, dijo, en que “todos los municipios del país donde esté el PRD, a partir de la próxima semana realicemos todo tipo de acciones en contra de la privatización” de la paraestatal.
Vamos a ver. Hasta risa da.
Más tarde, en entrevista, declaró que la defensa del petróleo “es una lucha de mucha gente, de muchos perredistas, de todos los perredistas, no de unos cuantos”.
Eso queremos ver, a todos los perredistas, lo malo es que sólo vemos a unos cuantos, ¿on tan los otros?
–¿Respalda las acciones de resistencia civil pacífica?
–No comparto la idea de que bloqueemos la ciudad de México, obstruyendo carreteras de acceso. No comparto cualquier intención de afectar derechos de ciudadanos cerrando aeropuertos. Se puede dar una lucha enérgica, firme e impedir que se privatice Pemex, sin actos que prefiguren violencia.
¿Lucha enérgica? ¿y cómo? Para lo único que ha luchado enérgicamente es para robarse la elección del PRD.
¡Que asco da!
Enrique Méndez y Alma E. Muñoz
La corriente Nueva Izquierda utilizó ayer el sexto Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para aprobar –fuera del orden del día– una propuesta de Jesús Ortega para que el partido inicie su propia jornada de defensa del petróleo, y expresar su rechazo a las acciones de resistencia civil previstas por el Frente Amplio Progresista, como la toma de carreteras y aeropuertos.
Jajajaja, ¿y en qué consistirá su jornada?
En un discurso que confrontó abiertamente la posición de Andrés Manuel López Obrador, el dirigente de los chuchos afirmó que “Pemex no se defiende sólo en el Zócalo” –espacio del que él y sus colaboradores se alejaron en las dos concentraciones recientes– y advirtió que están contra la privatización de la paraestatal, “pero también de los intentos por privatizar esta lucha”.
No fueron al zócalo porque le temen al abucheo y al rechazo de la gente, la lucha no está privatizada, es pública, pero ellos no pueden presentarse ante los mexicanos que luchan en serio porque ya los conocen y saben que son puros esquiroles.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta, quien forma parte de la misma corriente, afirmó que desde el “gobierno legítimo se nos exige actuar como agitadores sociales y no como legisladores”, y pidió el respaldo del consejo, “porque es obvio que, a la hora de tomar una decisión de pedir la policía (en la Cámara), seré yo la afectada, porque seré cuestionada públicamente”.
Es decir, ella necesita el apoyo de los policías, como el pelele, porque no tiene el apoyo de la gente, ¿"agitadores sociales"?, no que actúen como legisladores que están ahí por el voto de los mexicanos y las mexicanas y su deber es representarlos, no estarle lamiendo la cola al usurpador.
La virtual advertencia de Zavaleta de recurrir a la fuerza pública para reprimir fue hecho apenas una hora después de que, a unas calles de donde se realizó el consejo, López Obrador tomó protesta a 10 mil mujeres que forman parte de las brigadas en defensa del petróleo, y que se declararon listas a bloquear las dos cámaras del Congreso para impedir que se apruebe la apertura de Petróleos Mexicanos.
Vamos a ver cómo le echa esta tipa la policía a diez mil mujeres.
Consideró que el PRD no debe cerrarse al debate de la reforma energética, porque “lo que viene no es menor y necesitamos definir qué es lo que quiere este consejo, y para que después no nos señalen como traidores”.
No, no después, ya es una traidora, ha dado plena muestra de ello, además de que es oligofrénica.
En la postura de no sumarse a la resistencia civil pacífica, el senador Graco Ramírez Garrido –también de los chuchos– afirmó que el PRD no puede estar en favor de “movilizaciones que afecten a terceros”.
Igualito que los panistas, los mismo argumentos, ¿y entonces porqué sí estuvo en el plantón de Reforma?, es que todavía no se había descarado.
Por ejemplo, dijo, en Morelos, de donde es originario y fue candidato a gobernador, “no compartimos el bloqueo de la autopista México-Cuernavaca, porque sería un revés a la lucha democrática en el estado y en Guerrero”. Exclamó: “¡La razón es suficiente y no la fuerza desatada contra todos los mexicanos!”
¿Cuál razón? ¿La de dar las nalgas?
Ramírez Garrido respaldó la postura de Zavaleta de solicitar la fuerza pública para disolver cualquier bloqueo a San Lázaro.
“Su obligación –expuso– es presidir la Cámara y no a un grupo parlamentario. Y los que le exigen un comportamiento sectario están contra una institución que se ganó en la lucha, y ésa es una actitud facciosa”.
¿Cuál lucha? ¿Cuál es la actitud facciosa?
Antes, al presentar su propuesta en el pleno del consejo, Ortega afirmó que la defensa de los recursos energéticos “no es una ocurrencia de última hora”, sino que es parte del programa del partido, desde que se fundó; “no es un capricho de nadie”.
¿Qué ha hecho Ortega en defensa de los recursos energéticos?
Por eso, dijo, el PRD “se opone por convicción y principios a la privatización de Pemex, pero con la misma energía a los intentos por privatizar la lucha contra la privatización de Pemex. La defensa de Pemex no es patrimonio de ninguna organización ni de ningún individuo. No es patrimonio de nadie, es deber de toda la izquierda. Y por ello, no se defiende sólo en el Zócalo; Pemex se defiende en todo el territorio nacional”.
¿Y entonces por qué no va al Zócalo? ¿Que el Zócalo no es un lugar público? ¿en qué territorio de la geografía nacional está defendiendo el petróleo?
En ese contexto presentó la propuesta de una jornada nacional, que consistirá, dijo, en que “todos los municipios del país donde esté el PRD, a partir de la próxima semana realicemos todo tipo de acciones en contra de la privatización” de la paraestatal.
Vamos a ver. Hasta risa da.
Más tarde, en entrevista, declaró que la defensa del petróleo “es una lucha de mucha gente, de muchos perredistas, de todos los perredistas, no de unos cuantos”.
Eso queremos ver, a todos los perredistas, lo malo es que sólo vemos a unos cuantos, ¿on tan los otros?
–¿Respalda las acciones de resistencia civil pacífica?
–No comparto la idea de que bloqueemos la ciudad de México, obstruyendo carreteras de acceso. No comparto cualquier intención de afectar derechos de ciudadanos cerrando aeropuertos. Se puede dar una lucha enérgica, firme e impedir que se privatice Pemex, sin actos que prefiguren violencia.
¿Lucha enérgica? ¿y cómo? Para lo único que ha luchado enérgicamente es para robarse la elección del PRD.
¡Que asco da!
La política social, eje del resto de mi gestión, promete Calderón
Deveras que este tipejo es patético; ya no sabe como hacerle y entonces le dice a Sabines que le llene la plaza, ha de ser para fantasear cómo se sentirá ser AMLO, nada más que el presidente legítimo llena las plazas, no se las llenan ni le ponen guardias por todas partes; luego se planta el traje de totzil y habla de la "política social" que dizque es "para que vivamos mejor", háganme el ca... favor; y luego le entra con singular entusiasmo al aguardiente y dice que a la que se le sube es a "Margara", ah, y lo del uso del lenguaje... no se lo pierdan. Deveras que es de un ridículo que da pena ajena. Leánlo y tómenlo con sentido del humor, aunque por tratarse de lo que se trata es humor negro.
Claudia Herrera Beltrán (Enviada)
Felipe Calderón durante el encuentro que sostuvo este domingo con dirigentes de comunidades indígenas en Chiapas. Foto: Notimex
San Juan Chamula, Chis., 6 de abril. Tras un año y cuatro meses de mandato, el presidente Felipe Calderón ofreció que partir de ahora la política social estará en el centro de la tarea de su gobierno, y para ello pidió dejar de lado las diferencias mediante el diálogo.
Ésa fue la promesa, sin embargo en el corazón de la zona tzotzil y ante miles de indígenas reunidos en la plaza de este municipio, el michoacano no anunció ninguna meta concreta más que la ya conocida de dotar de piso firme, en este caso, a las familias pobres chiapanecas, y el reforzamiento del programa Oportunidades.
Bien cobijado por el gobernador Juan Sabines Guerrero, que garantizó plazas llenas y envolvió de halagos a su huésped porque “hace mucho por los pueblos indígenas”, el Presidente hizo su primera visita a los Altos de Chiapas, que este primer día incluyó San Juan Chamula, Tenejapa y Ocosingo.
Ataviado con la ropa tradicional de los tzotziles, que a él, al gobernador y a sus respectivas esposas les fue obsequiada por las autoridades locales, recibió el bastón de mando del presidente municipal, Domingo López González, que le hizo ver que no cualquiera” recibía tal distinción.
Chiapas solidario llevó público
Abajo del templete y cercados por cientos de vallas y elementos del Estado Mayor Presidencial, estaban congregados unos 10 mil habitantes del municipio y de otros como Chalchihuitán, Larráinzar, Santiago el Pinar, Aldama, que llegaron transportados por los operadores de Chiapas Solidario, el programa del gobernador, cuyo lema portaban en sus camisetas.
Aunque la gira, denominada Vivir mejor –según aclaró el secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero–, estuvo centrada en el tema social, el titular del ramo no pronunció discurso alguno y, al igual que la titular de la SEP, Josefina Vázquez Mota, tampoco recibió traje indígena.
Tras resaltar que era el primer presidente en “muchos, muchos años” (30, según el gobernador, desde la visita que habría hecho Luis Echeverría Álvarez) que se encontraba en San Juan Chamula y pronunciar un saludo en esta lengua indígena, Calderón se comprometió a velar, a “trabajar sin descanso” por el bienestar de esta etnia y ayudar a quienes “no tienen nada”.
Como el Presidente recibió una retahíla de peticiones del alcalde indígena, tuvo que repartir instrucciones en público a Vázquez Mota para que construyera aulas, y luego a Cordero para que dé servicio de agua, porque “no hay condiciones para que viva una persona humana (sic) con la dignidad que Dios nos ha dado”.
La promesa presidencial consistió en dar certeza a la gente de que podrá salir adelante gracias a su trabajo. Así, en Tenajapa señaló que en su gobierno no hay mexicanos de primera o de segunda y retomando una frase del gobernador, aseguró que los indígenas son “los mexicanos de primera” y tienen la misma dignidad humana de cualquier hombre o mujer.
Cerca de una estatua de Benito Juárez, hizo un llamado a los mexicanos sin distingos a que conviertan la política social en el centro de la agenda nacional, “a que nuestro compromiso con los más pobres, la urgencia de actuar en favor de ellos, nos permita ponernos de acuerdo y dejar al lado nuestras diferencias”, como hicieron Sabines, de extracción perredista, y él, como presidente de origen panista, afirmó.
A lo largo del día, en lo que insistió más fue en el diálogo, como lo había planteado por la mañana en Acapulco, cuando despidió el buque escuela Cuauhtémoc, y dijo que es momento de mostrar que en la pluralidad y en el diálogo se pueden encontrar soluciones.
En el contexto de la discusión sobre la reforma energética, aseguró que su gobierno no ha sucumbido a la tentación de eludir los problemas ni se ha quedado cruzado de brazos.
“Hay que entrarle al posh”
De ahí, caminó unos pasos y colocó la primera piedra del mercado municipal, pero las autoridades lo hicieron repetir la ceremonia, pues no habían bebido posh, aguardiente que se toma en las celebraciones.
–Nos vamos pa’allá o qué –espetó el Presidente cuando alguien le hizo la observación.
–Pues vamos, si quiere.
–Es que si no se toma no se va a consolidar el mercado, Márgara. Hay que entrarle al posh –intervino Calderón ante la sorpresa de su esposa.
Una vez que bebió un vasito de posh, el michoacano bromeó: “No alcancé a pescarle (sabor). A ver, déme más”, lo que causó risas.
“No está mal, eh; no está mal”, concluyó, por lo que los lugareños le ofrecieron que si los recibía en Los Pinos le iban a llenar la botella.
Un grupo de mujeres también convidó a su esposa un poco de esta bebida, pero Calderón paró cualquier posibilidad de que le sirvieran más. “Se me va a acelerar y luego quién la para.”
Claudia Herrera Beltrán (Enviada)
Felipe Calderón durante el encuentro que sostuvo este domingo con dirigentes de comunidades indígenas en Chiapas. Foto: NotimexSan Juan Chamula, Chis., 6 de abril. Tras un año y cuatro meses de mandato, el presidente Felipe Calderón ofreció que partir de ahora la política social estará en el centro de la tarea de su gobierno, y para ello pidió dejar de lado las diferencias mediante el diálogo.
Ésa fue la promesa, sin embargo en el corazón de la zona tzotzil y ante miles de indígenas reunidos en la plaza de este municipio, el michoacano no anunció ninguna meta concreta más que la ya conocida de dotar de piso firme, en este caso, a las familias pobres chiapanecas, y el reforzamiento del programa Oportunidades.
Bien cobijado por el gobernador Juan Sabines Guerrero, que garantizó plazas llenas y envolvió de halagos a su huésped porque “hace mucho por los pueblos indígenas”, el Presidente hizo su primera visita a los Altos de Chiapas, que este primer día incluyó San Juan Chamula, Tenejapa y Ocosingo.
Ataviado con la ropa tradicional de los tzotziles, que a él, al gobernador y a sus respectivas esposas les fue obsequiada por las autoridades locales, recibió el bastón de mando del presidente municipal, Domingo López González, que le hizo ver que no cualquiera” recibía tal distinción.
Chiapas solidario llevó público
Abajo del templete y cercados por cientos de vallas y elementos del Estado Mayor Presidencial, estaban congregados unos 10 mil habitantes del municipio y de otros como Chalchihuitán, Larráinzar, Santiago el Pinar, Aldama, que llegaron transportados por los operadores de Chiapas Solidario, el programa del gobernador, cuyo lema portaban en sus camisetas.
Aunque la gira, denominada Vivir mejor –según aclaró el secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero–, estuvo centrada en el tema social, el titular del ramo no pronunció discurso alguno y, al igual que la titular de la SEP, Josefina Vázquez Mota, tampoco recibió traje indígena.
Tras resaltar que era el primer presidente en “muchos, muchos años” (30, según el gobernador, desde la visita que habría hecho Luis Echeverría Álvarez) que se encontraba en San Juan Chamula y pronunciar un saludo en esta lengua indígena, Calderón se comprometió a velar, a “trabajar sin descanso” por el bienestar de esta etnia y ayudar a quienes “no tienen nada”.
Como el Presidente recibió una retahíla de peticiones del alcalde indígena, tuvo que repartir instrucciones en público a Vázquez Mota para que construyera aulas, y luego a Cordero para que dé servicio de agua, porque “no hay condiciones para que viva una persona humana (sic) con la dignidad que Dios nos ha dado”.
La promesa presidencial consistió en dar certeza a la gente de que podrá salir adelante gracias a su trabajo. Así, en Tenajapa señaló que en su gobierno no hay mexicanos de primera o de segunda y retomando una frase del gobernador, aseguró que los indígenas son “los mexicanos de primera” y tienen la misma dignidad humana de cualquier hombre o mujer.
Cerca de una estatua de Benito Juárez, hizo un llamado a los mexicanos sin distingos a que conviertan la política social en el centro de la agenda nacional, “a que nuestro compromiso con los más pobres, la urgencia de actuar en favor de ellos, nos permita ponernos de acuerdo y dejar al lado nuestras diferencias”, como hicieron Sabines, de extracción perredista, y él, como presidente de origen panista, afirmó.
A lo largo del día, en lo que insistió más fue en el diálogo, como lo había planteado por la mañana en Acapulco, cuando despidió el buque escuela Cuauhtémoc, y dijo que es momento de mostrar que en la pluralidad y en el diálogo se pueden encontrar soluciones.
En el contexto de la discusión sobre la reforma energética, aseguró que su gobierno no ha sucumbido a la tentación de eludir los problemas ni se ha quedado cruzado de brazos.
“Hay que entrarle al posh”
De ahí, caminó unos pasos y colocó la primera piedra del mercado municipal, pero las autoridades lo hicieron repetir la ceremonia, pues no habían bebido posh, aguardiente que se toma en las celebraciones.
–Nos vamos pa’allá o qué –espetó el Presidente cuando alguien le hizo la observación.
–Pues vamos, si quiere.
–Es que si no se toma no se va a consolidar el mercado, Márgara. Hay que entrarle al posh –intervino Calderón ante la sorpresa de su esposa.
Una vez que bebió un vasito de posh, el michoacano bromeó: “No alcancé a pescarle (sabor). A ver, déme más”, lo que causó risas.
“No está mal, eh; no está mal”, concluyó, por lo que los lugareños le ofrecieron que si los recibía en Los Pinos le iban a llenar la botella.
Un grupo de mujeres también convidó a su esposa un poco de esta bebida, pero Calderón paró cualquier posibilidad de que le sirvieran más. “Se me va a acelerar y luego quién la para.”
¿Cuál reforma?
León Bendesky
El gobierno federal ha optado, de una manera que parece premeditada, por generar un escenario confuso con sus amagos de una reforma energética en cuyo centro está la situación de Pemex. Opta por este método para hacer política y para impulsar una transformación en la petrolera estatal que es a todas luces indispensable. Así ha decidido encarar un caso que puede ser crucial para definir el sentido de esta administración.
Se podría suponer que al embarcarse en promover tal reforma el gobierno de Felipe Calderón contaba con una propuesta desarrollada y bien sustentada técnica, financiera y políticamente para presentar al Congreso y a la ciudadanía. Pero en verdad no hay tal propuesta. Lo que tiene la Presidencia es una idea preconcebida de qué quiere hacer en materia petrolera y en el modo de gestión en Pemex. Los argumentos que ofrece, por cierto muy limitados, se repiten como en una representación bien ensayada. Nadie se sale del guión.
No hay en realidad espacio para el debate como a veces sugieren el presidente, sus funcionarios y su partido. En cambio, traslada el asunto a un Congreso en el que las alianzas de Acción Nacional y el PRI lo pueden favorecer y, así, justificar las decisiones que se tomen sobre la reforma energética. La jugada parece ser la de resentir una menor presión política. Ese fue el planteamiento de Germán Martínez, presidente nacional del PAN, que dice ignorar cuándo habrá reforma y que ésta se hará en el Congreso. Ésta es, a su vez, un modo de concebir la democracia.
Es notorio que ni los legisladores ni los empresarios interesados en el negocio que se puede abrir con el petróleo exijan que el gobierno formule claramente lo que quiere hacer. Pero este modo de proceder no es el preferido por nadie hoy en este país; en cambio, las ventajas políticas y económicas se derivan de la manera contraria de actuar: al acecho.
Ante la ausencia de una propuesta de reforma, el sentido común se expresa en torno a lo que debería hacerse en Pemex, por ejemplo: liberarla de la excesiva carga fiscal, extender las posibilidades de operación asociándose con la inversión privada, bursatilizar parte del capital, replantear el uso de los excedentes generados en años recientes, transformar la gestión interna y reducir enormes distorsiones acumuladas.
Pero el gobierno ha fallado hasta en la tarea más elemental de contar con un diagnóstico claro y útil en términos estratégicos de la situación de Pemex. Esto se puso en evidencia tras la presentación de la secretaria Kessel y del director Reyes Heroles en el Congreso.
El Diagnóstico de la situación de Pemex no es tal y la comparecencia de los funcionarios fue un fiasco. Es parte de la línea de acción planteada por el gobierno para eludir proponer con claridad no sólo una reforma útil de Pemex sino, peor aún, para evitar tener una política energética. De tal manera que en un entorno político tan poco claro como el que se alienta, el sentido común tiene poco alcance.
En el contexto de la incapacidad real o asumida de quienes manejan desde el gobierno el sector de la energía, no se habla del uso de los recursos excedentes obtenidos en los últimos años por el elevado precio del crudo, cuya existencia, paradójicamente, ha debilitado más a Pemex. No se considera la debacle interna de la empresa, no se quiere hablar de responsabilidades. No hay elementos técnicos y económicos que resulten políticamente convincentes y tengan sentido para la población. No hay consideración explícita de lo que corresponde hacer al Estado en la administración de un recurso natural como el petróleo, para generar riqueza duradera y aprovechar las rentas coyunturales que hoy existen en el mercado.
En este escenario el secretario de Hacienda puede advertirnos desde Acapulco sobre los ajustes restrictivos que tendrán que hacerse de no haber una reforma en Pemex. Pero, otra vez, ¿cuál reforma, señor secretario?
Carstens es el único funcionario que hoy puede sobresalir en el gris gabinete presidencial, pues representa junto con el equipo del Banco de México (que al final son todos los mismos desde hace demasiado tiempo) a la política de estabilización tan preciada para el gobierno.
No importa que esa política haya sido tan ineficaz para alentar el crecimiento del producto y del empleo durante casi tres décadas. No importa que la política fiscal hecha en Hacienda, y a la que se aferra, esté en el centro mismo de la debacle de Pemex. En el entendimiento de la gestión económica eso es secundario.
Seguiremos, al parecer, discutiendo sobre una reforma inexistente, en un entorno incierto y generador de crecientes sospechas que se promueve desde el gobierno. Así puede ser hasta que haya una sorpresa legislativa con poca legitimidad política, o bien el asunto de la reforma energética acabe siendo el Atenco de este sexenio.
El gobierno federal ha optado, de una manera que parece premeditada, por generar un escenario confuso con sus amagos de una reforma energética en cuyo centro está la situación de Pemex. Opta por este método para hacer política y para impulsar una transformación en la petrolera estatal que es a todas luces indispensable. Así ha decidido encarar un caso que puede ser crucial para definir el sentido de esta administración.
Se podría suponer que al embarcarse en promover tal reforma el gobierno de Felipe Calderón contaba con una propuesta desarrollada y bien sustentada técnica, financiera y políticamente para presentar al Congreso y a la ciudadanía. Pero en verdad no hay tal propuesta. Lo que tiene la Presidencia es una idea preconcebida de qué quiere hacer en materia petrolera y en el modo de gestión en Pemex. Los argumentos que ofrece, por cierto muy limitados, se repiten como en una representación bien ensayada. Nadie se sale del guión.
No hay en realidad espacio para el debate como a veces sugieren el presidente, sus funcionarios y su partido. En cambio, traslada el asunto a un Congreso en el que las alianzas de Acción Nacional y el PRI lo pueden favorecer y, así, justificar las decisiones que se tomen sobre la reforma energética. La jugada parece ser la de resentir una menor presión política. Ese fue el planteamiento de Germán Martínez, presidente nacional del PAN, que dice ignorar cuándo habrá reforma y que ésta se hará en el Congreso. Ésta es, a su vez, un modo de concebir la democracia.
Es notorio que ni los legisladores ni los empresarios interesados en el negocio que se puede abrir con el petróleo exijan que el gobierno formule claramente lo que quiere hacer. Pero este modo de proceder no es el preferido por nadie hoy en este país; en cambio, las ventajas políticas y económicas se derivan de la manera contraria de actuar: al acecho.
Ante la ausencia de una propuesta de reforma, el sentido común se expresa en torno a lo que debería hacerse en Pemex, por ejemplo: liberarla de la excesiva carga fiscal, extender las posibilidades de operación asociándose con la inversión privada, bursatilizar parte del capital, replantear el uso de los excedentes generados en años recientes, transformar la gestión interna y reducir enormes distorsiones acumuladas.
Pero el gobierno ha fallado hasta en la tarea más elemental de contar con un diagnóstico claro y útil en términos estratégicos de la situación de Pemex. Esto se puso en evidencia tras la presentación de la secretaria Kessel y del director Reyes Heroles en el Congreso.
El Diagnóstico de la situación de Pemex no es tal y la comparecencia de los funcionarios fue un fiasco. Es parte de la línea de acción planteada por el gobierno para eludir proponer con claridad no sólo una reforma útil de Pemex sino, peor aún, para evitar tener una política energética. De tal manera que en un entorno político tan poco claro como el que se alienta, el sentido común tiene poco alcance.
En el contexto de la incapacidad real o asumida de quienes manejan desde el gobierno el sector de la energía, no se habla del uso de los recursos excedentes obtenidos en los últimos años por el elevado precio del crudo, cuya existencia, paradójicamente, ha debilitado más a Pemex. No se considera la debacle interna de la empresa, no se quiere hablar de responsabilidades. No hay elementos técnicos y económicos que resulten políticamente convincentes y tengan sentido para la población. No hay consideración explícita de lo que corresponde hacer al Estado en la administración de un recurso natural como el petróleo, para generar riqueza duradera y aprovechar las rentas coyunturales que hoy existen en el mercado.
En este escenario el secretario de Hacienda puede advertirnos desde Acapulco sobre los ajustes restrictivos que tendrán que hacerse de no haber una reforma en Pemex. Pero, otra vez, ¿cuál reforma, señor secretario?
Carstens es el único funcionario que hoy puede sobresalir en el gris gabinete presidencial, pues representa junto con el equipo del Banco de México (que al final son todos los mismos desde hace demasiado tiempo) a la política de estabilización tan preciada para el gobierno.
No importa que esa política haya sido tan ineficaz para alentar el crecimiento del producto y del empleo durante casi tres décadas. No importa que la política fiscal hecha en Hacienda, y a la que se aferra, esté en el centro mismo de la debacle de Pemex. En el entendimiento de la gestión económica eso es secundario.
Seguiremos, al parecer, discutiendo sobre una reforma inexistente, en un entorno incierto y generador de crecientes sospechas que se promueve desde el gobierno. Así puede ser hasta que haya una sorpresa legislativa con poca legitimidad política, o bien el asunto de la reforma energética acabe siendo el Atenco de este sexenio.
Ugalde vive
John M. Ackerman
La informalidad y soberbia que empiezan a caracterizar al “nuevo” Instituto Federal Electoral (IFE) son el resultado directo del accidentado proceso de designación de los más recientes integrantes de su Consejo General. Al hacer a un lado a los candidatos ciudadanos y las propuestas del partido político que más ha defendido el principio de la austeridad republicana, el PRI y el PAN ratificaron el proyecto ugaldista de un IFE improvisado y derrochador. Los partidos hoy se escandalizan por la exagerada solicitud de ampliación presupuestal de parte del instituto, cuando ellos mismos han sido los arquitectos del perfil actual del instituto electoral.
La materialización de los grandes avances de la reforma electoral requiere de un instituto electoral con la infraestructura y el personal suficientes para cumplir con sus nuevas responsabilidades. Por mandato constitucional, el IFE debe tener sus ojos en cada rincón del país tanto para asegurarse de la correcta transmisión de sus mensajes como para asegurar que los medios no divulguen propaganda electoral por cuenta propia. Es loable que el IFE haya propuesto realizar estas importantes tareas de manera directa y autónoma, sin la intervención del gobierno federal, con el fin de garantizar la objetividad y la independencia del monitoreo. Asimismo, no hay duda de que estas tareas necesitarán de fuerte inversión económica.
Desafortunadamente, los consejeros electorales han violado olímpicamente el transitorio del Decreto de Egresos que los obliga a realizar una solicitud de ampliación presupuestal fundamentada en estudios técnicos y criterios operativos. El Anexo único al acuerdo del Consejo General que supuestamente justifica la petición de los mil 453 millones de pesos se parece más a una carta a los Reyes Magos que a un estudio profesional digno de un organismo autónomo. El documento incluye un enunciado telegráfico de las nuevas actividades que el IFE tendría que realizar a partir de la reforma electoral y un listado general de los recursos solicitados. Pero no existe ninguna vinculación entre las actividades y los recursos, ni una descripción pormenorizada de las nuevas acciones o un desglose detallado de los montos solicitados.
Con asombro vemos, por ejemplo, que el instituto ha decidido solicitar 187 millones 662 mil 479 pesos adicionales para el “envío de materiales de audio y video a los concesionarios de radio y televisión”. Por lo visto Leonardo Valdés tiene pensado contratar un ejército de los mensajeros mejor pagados del país para entregar los promocionales del IFE y los partidos políticos. O quizás planea contratar al mismísimo James Bond para saltar las bardas de Tv Azteca y entregar los materiales en propia mano a Ricardo Salinas Pliego, burlando a los vigilantes que tengan la consigan de negarse a recibir el material.
Por lo demás, es un despropósito afirmar que el “envío de materiales de audio y video” es una “nueva atribución” surgida de la reforma electoral. El IFE se ha encargado de enviar este tipo de materiales desde su creación en 1990. El instituto también incluye, de manera equivocada, dentro de sus “nuevas” actividades, la elaboración de “las propuestas para los lineamientos generales que sugerirá el Consejo General a los medios de comunicación social”, algo que el instituto ha venido haciendo desde la reforma electoral de 1996, y “coadyuvar en la producción ejecutiva y realización técnica de los debates presidenciales”, actividad ya desarrollada durante las campañas presidenciales de 2006, para la cual no hizo falta ninguna ampliación presupuestal.
Se acercan los nombramientos tanto del nuevo contralor del IFE como de los tres nuevos consejeros electorales que se integrarían al Consejo General en agosto. Lamentablemente, parece que los legisladores no tienen el menor interés en mejorar el procedimiento de selección de estos funcionarios. La reforma a la Ley Orgánica del Congreso, aprobada fast track por la Cámara de Diputados la semana pasada, remite todos los detalles del procedimiento a la misma convocatoria. Así, los diputados se otorgan la libertad para acomodar cada proceso a los amarres previos entre los partidos y a la coyuntura política del momento. Se desaprovecha la oportunidad para plasmar en la ley un proceso transparente y ciudadanizado que podría colocar personas con la capacidad y la visión para romper con la inercia burocrática del IFE ugaldista que hasta hoy sobrevive y sigue nutriéndose.
La minuta de la reforma a la ley orgánica se encuentra actualmente en el Senado. Los senadores están ante una oportunidad histórica para demostrar su coherencia. Si realmente les preocupa la actuación del IFE actual, modificarían la minuta de la Cámara para introducir mayor objetividad y controles sociales en las convocatorias que se acercan.
La informalidad y soberbia que empiezan a caracterizar al “nuevo” Instituto Federal Electoral (IFE) son el resultado directo del accidentado proceso de designación de los más recientes integrantes de su Consejo General. Al hacer a un lado a los candidatos ciudadanos y las propuestas del partido político que más ha defendido el principio de la austeridad republicana, el PRI y el PAN ratificaron el proyecto ugaldista de un IFE improvisado y derrochador. Los partidos hoy se escandalizan por la exagerada solicitud de ampliación presupuestal de parte del instituto, cuando ellos mismos han sido los arquitectos del perfil actual del instituto electoral.
La materialización de los grandes avances de la reforma electoral requiere de un instituto electoral con la infraestructura y el personal suficientes para cumplir con sus nuevas responsabilidades. Por mandato constitucional, el IFE debe tener sus ojos en cada rincón del país tanto para asegurarse de la correcta transmisión de sus mensajes como para asegurar que los medios no divulguen propaganda electoral por cuenta propia. Es loable que el IFE haya propuesto realizar estas importantes tareas de manera directa y autónoma, sin la intervención del gobierno federal, con el fin de garantizar la objetividad y la independencia del monitoreo. Asimismo, no hay duda de que estas tareas necesitarán de fuerte inversión económica.
Desafortunadamente, los consejeros electorales han violado olímpicamente el transitorio del Decreto de Egresos que los obliga a realizar una solicitud de ampliación presupuestal fundamentada en estudios técnicos y criterios operativos. El Anexo único al acuerdo del Consejo General que supuestamente justifica la petición de los mil 453 millones de pesos se parece más a una carta a los Reyes Magos que a un estudio profesional digno de un organismo autónomo. El documento incluye un enunciado telegráfico de las nuevas actividades que el IFE tendría que realizar a partir de la reforma electoral y un listado general de los recursos solicitados. Pero no existe ninguna vinculación entre las actividades y los recursos, ni una descripción pormenorizada de las nuevas acciones o un desglose detallado de los montos solicitados.
Con asombro vemos, por ejemplo, que el instituto ha decidido solicitar 187 millones 662 mil 479 pesos adicionales para el “envío de materiales de audio y video a los concesionarios de radio y televisión”. Por lo visto Leonardo Valdés tiene pensado contratar un ejército de los mensajeros mejor pagados del país para entregar los promocionales del IFE y los partidos políticos. O quizás planea contratar al mismísimo James Bond para saltar las bardas de Tv Azteca y entregar los materiales en propia mano a Ricardo Salinas Pliego, burlando a los vigilantes que tengan la consigan de negarse a recibir el material.
Por lo demás, es un despropósito afirmar que el “envío de materiales de audio y video” es una “nueva atribución” surgida de la reforma electoral. El IFE se ha encargado de enviar este tipo de materiales desde su creación en 1990. El instituto también incluye, de manera equivocada, dentro de sus “nuevas” actividades, la elaboración de “las propuestas para los lineamientos generales que sugerirá el Consejo General a los medios de comunicación social”, algo que el instituto ha venido haciendo desde la reforma electoral de 1996, y “coadyuvar en la producción ejecutiva y realización técnica de los debates presidenciales”, actividad ya desarrollada durante las campañas presidenciales de 2006, para la cual no hizo falta ninguna ampliación presupuestal.
Se acercan los nombramientos tanto del nuevo contralor del IFE como de los tres nuevos consejeros electorales que se integrarían al Consejo General en agosto. Lamentablemente, parece que los legisladores no tienen el menor interés en mejorar el procedimiento de selección de estos funcionarios. La reforma a la Ley Orgánica del Congreso, aprobada fast track por la Cámara de Diputados la semana pasada, remite todos los detalles del procedimiento a la misma convocatoria. Así, los diputados se otorgan la libertad para acomodar cada proceso a los amarres previos entre los partidos y a la coyuntura política del momento. Se desaprovecha la oportunidad para plasmar en la ley un proceso transparente y ciudadanizado que podría colocar personas con la capacidad y la visión para romper con la inercia burocrática del IFE ugaldista que hasta hoy sobrevive y sigue nutriéndose.
La minuta de la reforma a la ley orgánica se encuentra actualmente en el Senado. Los senadores están ante una oportunidad histórica para demostrar su coherencia. Si realmente les preocupa la actuación del IFE actual, modificarían la minuta de la Cámara para introducir mayor objetividad y controles sociales en las convocatorias que se acercan.
Washington y sus peones
Carlos Fazio
La participación directa de soldados del Pentágono asentados en las bases de Manta (Ecuador) y Tres Esquinas (Colombia) en el golpe militar quirúrgico contra un campamento clandestino de las FARC en Sucumbíos es una señal de que Estados Unidos ha perdido la iniciativa estratégica. En ese contexto, en receso por ahora la vía del golpe de Estado, Washington necesita fabricar el clima ideológico y las coartadas para sus acciones encubiertas en el área, por lo que echa mano de políticos de medio pelo corruptos como José María Aznar, Vicente Fox, Luis Alberto Lacalle, Jorge Quiroga, Osvaldo Hurtado, Rafael Ángel Calderón Fournier, Marco Vinicio Cerezo y Francisco Flores, y de su enorme ejército de intelectuales orgánicos, entre ellos los neoconversos Mario Vargas Llosa y Jorge Castañeda, Enrique Krauze y el profesional de la industria de la contrarrevolución Carlos Alberto Montaner (ligado a la mafia de Miami), a lo que suma el aparato mass-mediático del gran capital nativo.
A todos los une la histérica denuncia del “populismo radical” y tres o cuatro clichés más fabricados en las usinas propagandísticas de Washington, incluidos el mito y las supersticiones del evangelio neoliberal, que los “idiotas pluscuamperfectos” (Atilio Borón dixit) repiten cual papagayos en sus primitivos cónclaves. Asimismo, tienen como objetivo de fondo construir una fuerza de la ultraderecha liberal, capaz de frenar los avances progresistas y de izquierda y, en forma paralela, coordinar y potenciar de manera subordinada la escalada de agresiones en contra de Raúl Castro, Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa y Daniel Ortega.
En ese sentido, marzo ha sido pródigo en acciones diversionistas patrocinadas por la administración Bush con fines propagandísticos y subversivos, en el contexto de una política hemisférica que combina un intervencionismo militar básicamente indirecto con el expansionismo ideológico, bajo la fórmula “democracia de mercado y seguridad”.
La confluencia escalonada de tres actos regionales que impulsan el decadente Consenso de Washington pone en evidencia lo anterior: el foro Solidaridad Latinoamericana al Encuentro de Cuba, celebrado en San José de Costa Rica el 14 de marzo; el seminario Los desafíos de América Latina: entre las falencias institucionales y las oportunidades de desarrollo, organizado por la Fundación Internacional para la Libertad en Rosario, Argentina, entre el 24 y el 29 de ese mes, y la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), realizada en Caracas del 28 al 30 de marzo.
Por razones de espacio nos referiremos al encuentro de Costa Rica dedicado a Cuba. Aunque están devaluados y la conservadora Organización Demócrata Cristiana de América que presiden ya no da lustre, Fox y su fiel escudero Manuel Espino cumplieron allí su “misión”: replicar la voz del amo. Por más que intentan encubrirla, su “agenda” es la de Estados Unidos y sus socios imperialistas de la “vieja Europa”. Financiado por la Konrad Adenauer, el encuentro estaba programado para realizarse en México. Pero tuvo que realizarse en Costa Rica debido a las presiones de Felipe Calderón, quien no quiso ver opacada la labor de reingeniería diplomática de su canciller Patricia Espinosa, quien ese mismo 14 de marzo se reuniría en Cuba con su homólogo Felipe Pérez Roque.
En su carácter de presidente de la ODCA, Manuel Espino dirigió un mensaje imbuido de una nueva retórica dialoguista que es un insulto a la inteligencia: “Este encuentro de recta intención, que no reconoce enemigos ni adversarios, sólo interlocutores de buena voluntad (…) ha sido convocado para reiterar nuestro respeto a la libre autodeterminación de Cuba”. Con eje el “bien común” y énfasis en la “reconciliación nacional” de los cubanos del exterior y la isla, el discurso de Espino recuerda la matriz ideológica y el papel asignado por Washington a la democracia cristiana en la época del neoconservadurismo reaganeano y los conflictos de baja intensidad en Centroamérica, en particular la guerra de la contra, financiada por Estados Unidos contra Nicaragua sandinista.
Según Espino, Cuba “vive un cambio de época con oportunidades imprevistas”, “un momento de transición” que, es el mensaje, debe ser aprovechado por las derechas del hemisferio occidental y sus aliados de Europa para acabar con la Revolución. Ese objetivo quedó más delineado en la Declaración de Costa Rica, donde, previa finta engañabobos dirigida presuntamente contra Estados Unidos (“ningún gobierno de un Estado extranjero puede tomar decisiones que sólo corresponden al pueblo cubano, ni intervenir en sus asuntos o imponer sanciones de manera unilateral”), practica un claro intervencionismo a través de un decálogo de recomendaciones al gobierno de Raúl Castro, que básicamente recoge las directrices de la administración Bush.
La nueva estrategia asignada al binomio Fox-Espino introdujo algunas contradicciones con sus aliados anticastristas de La Florida, en particular con el Directorio Democrático Cubano (DDC). Según un cable de la agencia Efe, fechado en Miami el 1º de abril, el DDC aclaró que, pese a formar parte de la internacional socialcristiana, “ni firmó ni suscribió ni apoyó el texto” de San José, que en una de sus resoluciones propone una reunión con Raúl Castro para impulsar la apertura política en la isla.
La organización lamentó que la ODCA se “aleje del consenso internacional que no le reconoce legitimidad a esta dictadura (la del gobierno cubano)”, y aseguró que no fue consultada sobre la puesta en marcha de “esa estrategia”. Para el DDC, la declaración “hace concepciones ideológicas” y se “alinea” con “la política de apaciguamiento impulsada por el gobierno del presidente español José Luis Rodríguez Zapatero”. O sea, una doble vía para un mismo fin.
La participación directa de soldados del Pentágono asentados en las bases de Manta (Ecuador) y Tres Esquinas (Colombia) en el golpe militar quirúrgico contra un campamento clandestino de las FARC en Sucumbíos es una señal de que Estados Unidos ha perdido la iniciativa estratégica. En ese contexto, en receso por ahora la vía del golpe de Estado, Washington necesita fabricar el clima ideológico y las coartadas para sus acciones encubiertas en el área, por lo que echa mano de políticos de medio pelo corruptos como José María Aznar, Vicente Fox, Luis Alberto Lacalle, Jorge Quiroga, Osvaldo Hurtado, Rafael Ángel Calderón Fournier, Marco Vinicio Cerezo y Francisco Flores, y de su enorme ejército de intelectuales orgánicos, entre ellos los neoconversos Mario Vargas Llosa y Jorge Castañeda, Enrique Krauze y el profesional de la industria de la contrarrevolución Carlos Alberto Montaner (ligado a la mafia de Miami), a lo que suma el aparato mass-mediático del gran capital nativo.
A todos los une la histérica denuncia del “populismo radical” y tres o cuatro clichés más fabricados en las usinas propagandísticas de Washington, incluidos el mito y las supersticiones del evangelio neoliberal, que los “idiotas pluscuamperfectos” (Atilio Borón dixit) repiten cual papagayos en sus primitivos cónclaves. Asimismo, tienen como objetivo de fondo construir una fuerza de la ultraderecha liberal, capaz de frenar los avances progresistas y de izquierda y, en forma paralela, coordinar y potenciar de manera subordinada la escalada de agresiones en contra de Raúl Castro, Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa y Daniel Ortega.
En ese sentido, marzo ha sido pródigo en acciones diversionistas patrocinadas por la administración Bush con fines propagandísticos y subversivos, en el contexto de una política hemisférica que combina un intervencionismo militar básicamente indirecto con el expansionismo ideológico, bajo la fórmula “democracia de mercado y seguridad”.
La confluencia escalonada de tres actos regionales que impulsan el decadente Consenso de Washington pone en evidencia lo anterior: el foro Solidaridad Latinoamericana al Encuentro de Cuba, celebrado en San José de Costa Rica el 14 de marzo; el seminario Los desafíos de América Latina: entre las falencias institucionales y las oportunidades de desarrollo, organizado por la Fundación Internacional para la Libertad en Rosario, Argentina, entre el 24 y el 29 de ese mes, y la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), realizada en Caracas del 28 al 30 de marzo.
Por razones de espacio nos referiremos al encuentro de Costa Rica dedicado a Cuba. Aunque están devaluados y la conservadora Organización Demócrata Cristiana de América que presiden ya no da lustre, Fox y su fiel escudero Manuel Espino cumplieron allí su “misión”: replicar la voz del amo. Por más que intentan encubrirla, su “agenda” es la de Estados Unidos y sus socios imperialistas de la “vieja Europa”. Financiado por la Konrad Adenauer, el encuentro estaba programado para realizarse en México. Pero tuvo que realizarse en Costa Rica debido a las presiones de Felipe Calderón, quien no quiso ver opacada la labor de reingeniería diplomática de su canciller Patricia Espinosa, quien ese mismo 14 de marzo se reuniría en Cuba con su homólogo Felipe Pérez Roque.
En su carácter de presidente de la ODCA, Manuel Espino dirigió un mensaje imbuido de una nueva retórica dialoguista que es un insulto a la inteligencia: “Este encuentro de recta intención, que no reconoce enemigos ni adversarios, sólo interlocutores de buena voluntad (…) ha sido convocado para reiterar nuestro respeto a la libre autodeterminación de Cuba”. Con eje el “bien común” y énfasis en la “reconciliación nacional” de los cubanos del exterior y la isla, el discurso de Espino recuerda la matriz ideológica y el papel asignado por Washington a la democracia cristiana en la época del neoconservadurismo reaganeano y los conflictos de baja intensidad en Centroamérica, en particular la guerra de la contra, financiada por Estados Unidos contra Nicaragua sandinista.
Según Espino, Cuba “vive un cambio de época con oportunidades imprevistas”, “un momento de transición” que, es el mensaje, debe ser aprovechado por las derechas del hemisferio occidental y sus aliados de Europa para acabar con la Revolución. Ese objetivo quedó más delineado en la Declaración de Costa Rica, donde, previa finta engañabobos dirigida presuntamente contra Estados Unidos (“ningún gobierno de un Estado extranjero puede tomar decisiones que sólo corresponden al pueblo cubano, ni intervenir en sus asuntos o imponer sanciones de manera unilateral”), practica un claro intervencionismo a través de un decálogo de recomendaciones al gobierno de Raúl Castro, que básicamente recoge las directrices de la administración Bush.
La nueva estrategia asignada al binomio Fox-Espino introdujo algunas contradicciones con sus aliados anticastristas de La Florida, en particular con el Directorio Democrático Cubano (DDC). Según un cable de la agencia Efe, fechado en Miami el 1º de abril, el DDC aclaró que, pese a formar parte de la internacional socialcristiana, “ni firmó ni suscribió ni apoyó el texto” de San José, que en una de sus resoluciones propone una reunión con Raúl Castro para impulsar la apertura política en la isla.
La organización lamentó que la ODCA se “aleje del consenso internacional que no le reconoce legitimidad a esta dictadura (la del gobierno cubano)”, y aseguró que no fue consultada sobre la puesta en marcha de “esa estrategia”. Para el DDC, la declaración “hace concepciones ideológicas” y se “alinea” con “la política de apaciguamiento impulsada por el gobierno del presidente español José Luis Rodríguez Zapatero”. O sea, una doble vía para un mismo fin.
Máximas de Zhenli Ye Gon inspiran a Carstens
Carlos Fernández-Vega
La experiencia de Dubai
A la desastrosa cuan agujereada estrategia para alcanzar la “reforma” petrolera, el gobierno calderonista ha tenido la brillante idea de agregar la máxima del afamado pensador chino-mexicano Zhenli Ye Gon: “copelan o cuello”; “sin lefolma, más impuestos; sin ella, menos gasto público”.
Dada su innegable creatividad, en Los Pinos han retomado la fallida “política de convencimiento” por medio del chantaje, utilizada hasta el exceso por el “presidente del cambio” y su secretario de Hacienda, a quienes hasta sus apocalípticos augurios (ya no se diga los buenos) resultaron fallidos. Desde sus tiempos como subsecretario salinista de Ingresos, pero especialmente como secretario foxista de Hacienda, a Francisco Gil Díaz le apasionó “solucionar” las diferencias por la vía del cataclismo verbal (desde la “argentinización” del país hasta la amenaza de “caos nacional” si no se aceptaban sus propuestas). Felizmente nadie le hizo caso.
Así, dado que el mercado de las ideas en la clase gobernante es limitado, el secretario calderonista de Hacienda retoma las enseñanzas de su maestro Paco Gil, ahora en funciones de operador telefónico de trasnacional ibérica, y de su ronco pecho nos lanza la amenaza: “si no hay reforma (energética), lo más probable es que los ingresos petroleros cayeran rápidamente como proporción del producto interno bruto, y eso pondría sobre la mesa una cuestión muy clara que, de hecho, tendríamos que resolver todos los mexicanos: o más impuestos o menor gasto… Corresponderá al Congreso decidir por dónde se va” (La Jornada, 5/4/08), o lo que es lo mismo, apechuguen si no aprueban nuestra fórmula mágica.
La notoria incapacidad recaudatoria de la Secretaría de Hacienda (sin dejar a un lado la complicidad con la que “olvida” cobrar impuestos en los grupos económicos más poderosos del país y la magnanimidad con la que a éstos les cancela créditos fiscales y gracias similares) ha llevado al país a ocupar el nada honroso último lugar entre las naciones de la OCDE, en lo que a captación impositiva se refiere.
Durante décadas, la Secretaría de Hacienda, no sin la brillante participación del Congreso, rotundamente se ha negado a incrementar el padrón de causantes, eliminar regímenes especiales de tributación, corregir distorsiones e inequidades en el cobro de impuestos y demás gracias, entre las que sobresale la condición perdedora de la dependencia en la mayoría de las demandas fiscales interpuestas por los grandes grupos empresariales (Bimbo, mil 600 millones de pesos; TMM, 10 mil millones, por citar un par de ejemplos).
No puede, o no quiere, con lo que le corresponde; tampoco promueve una reforma fiscal de fondo, pero a la primera provocación posa el machete fiscal sobre el cuello de los exhaustos causantes cautivos. ¿Cuántas veces ha prometido el gobierno en turno que con tal o cual aumento de impuestos el país saldrá adelante, saldará la deuda social y los mexicanos, por fin, serán felices, dada la eficiente intervención de la SHCP? Todas, y el país se mantiene en el hoyo.
Lo anterior, cuando están de buenas, porque cuando, como ahora, el engrudo se les hace concreto (léase “reforma” petrolera), entonces viene el chantaje de “copelas o cuello”, cuando éste lo tienen los mexicanos verdaderamente escarapelado de tanto machetazo fiscal.
El doctor que diagnostica un “catarrito” económico para México por la recesión estadunidense parece no consultarse a sí mismo, porque unos son sus apocalípticos augurios derivados del rechazo de la susodicha “reforma” petrolera, y otros muy distintos sus pronósticos, así sean de corto plazo, para 2009.
En este contexto, Carstens proyecta lo siguiente (en documento oficial enviado al Congreso cinco días atrás): en 2009 el PIB de México crecería a una tasa anual de 4 por ciento; en igual año “se estima que los ingresos presupuestarios superen en 110 mil millones de pesos de 2009 el monto previsto en la ley de ingresos 2008, como resultado de los siguientes factores: mayores ingresos tributarios no petroleros en 55 mil 900 millones; mayores ingresos propios de las entidades de control directo distintas de Pemex en 25 mil 100 millones; mayores ingresos petroleros en 40 mil 400 millones, debido al mayor precio de referencia de la mezcla de petróleo mexicano respecto a lo aprobado en 2008 y que permite compensar la reducción en la producción y exportación del petróleo crudo estimados para 2009; la reducción de ingresos no tributarios en 11 mil 500 millones debido a que no se consideraron recursos no recurrentes”. Así, “el gasto neto presupuestario sería mayor en 110 mil millones de pesos… (aumentaría) 80 mil 500 millones el gasto programable y 29 mil 500 el no programable…”.
A mediados de la década de los 90 el jeque de Dubai reunió a sus notables para informarles que el petróleo estaba por agotarse (estimaba que en 2008), de tal suerte que urgentemente requería alternativas viables para captar recursos alternativos y evitar el colapso financiero del emirato. Se optó por explotar la industria turística, hacerla crecer exponencialmente, sacarle jugo a la microscópica costa de ese país y construir, entre otras cosas, tres maravillosas islas artificiales y el hotel más grande y caro del mundo. Pues bien, llegó el apocalíptico 2008 y el petróleo de Dubai no deja de fluir, como tampoco los multimillonarios recursos que al emirato le proporciona su industria turística.
En México, un país con todo tipo de recursos y riquezas, desde 20 años atrás, cuando menos, se supo del riesgo que se corría por el eventual agotamiento petrolero si no se invertía en infraestructura, exploración y tecnología. Cinco gobiernos consecutivos procedieron en estricto sentido contrario; abandonaron la industria petrolera, la exprimieron y patearon hasta dejarla morada, y la única “solución” de los “líderes” nacionales ha sido exprimir a los causantes cautivos y privatizar absolutamente todo, con los resultados conocidos y padecidos.
Las rebanadas del pastel
Decidieron “aliarse” con Repsol, hacer negocios con Shell, “asociarse” con Chevron y “consultar” a Petrobras, cuando era más sencillo y productivo haberse dado una vuelta por Dubai.
La experiencia de Dubai
A la desastrosa cuan agujereada estrategia para alcanzar la “reforma” petrolera, el gobierno calderonista ha tenido la brillante idea de agregar la máxima del afamado pensador chino-mexicano Zhenli Ye Gon: “copelan o cuello”; “sin lefolma, más impuestos; sin ella, menos gasto público”.
Dada su innegable creatividad, en Los Pinos han retomado la fallida “política de convencimiento” por medio del chantaje, utilizada hasta el exceso por el “presidente del cambio” y su secretario de Hacienda, a quienes hasta sus apocalípticos augurios (ya no se diga los buenos) resultaron fallidos. Desde sus tiempos como subsecretario salinista de Ingresos, pero especialmente como secretario foxista de Hacienda, a Francisco Gil Díaz le apasionó “solucionar” las diferencias por la vía del cataclismo verbal (desde la “argentinización” del país hasta la amenaza de “caos nacional” si no se aceptaban sus propuestas). Felizmente nadie le hizo caso.
Así, dado que el mercado de las ideas en la clase gobernante es limitado, el secretario calderonista de Hacienda retoma las enseñanzas de su maestro Paco Gil, ahora en funciones de operador telefónico de trasnacional ibérica, y de su ronco pecho nos lanza la amenaza: “si no hay reforma (energética), lo más probable es que los ingresos petroleros cayeran rápidamente como proporción del producto interno bruto, y eso pondría sobre la mesa una cuestión muy clara que, de hecho, tendríamos que resolver todos los mexicanos: o más impuestos o menor gasto… Corresponderá al Congreso decidir por dónde se va” (La Jornada, 5/4/08), o lo que es lo mismo, apechuguen si no aprueban nuestra fórmula mágica.
La notoria incapacidad recaudatoria de la Secretaría de Hacienda (sin dejar a un lado la complicidad con la que “olvida” cobrar impuestos en los grupos económicos más poderosos del país y la magnanimidad con la que a éstos les cancela créditos fiscales y gracias similares) ha llevado al país a ocupar el nada honroso último lugar entre las naciones de la OCDE, en lo que a captación impositiva se refiere.
Durante décadas, la Secretaría de Hacienda, no sin la brillante participación del Congreso, rotundamente se ha negado a incrementar el padrón de causantes, eliminar regímenes especiales de tributación, corregir distorsiones e inequidades en el cobro de impuestos y demás gracias, entre las que sobresale la condición perdedora de la dependencia en la mayoría de las demandas fiscales interpuestas por los grandes grupos empresariales (Bimbo, mil 600 millones de pesos; TMM, 10 mil millones, por citar un par de ejemplos).
No puede, o no quiere, con lo que le corresponde; tampoco promueve una reforma fiscal de fondo, pero a la primera provocación posa el machete fiscal sobre el cuello de los exhaustos causantes cautivos. ¿Cuántas veces ha prometido el gobierno en turno que con tal o cual aumento de impuestos el país saldrá adelante, saldará la deuda social y los mexicanos, por fin, serán felices, dada la eficiente intervención de la SHCP? Todas, y el país se mantiene en el hoyo.
Lo anterior, cuando están de buenas, porque cuando, como ahora, el engrudo se les hace concreto (léase “reforma” petrolera), entonces viene el chantaje de “copelas o cuello”, cuando éste lo tienen los mexicanos verdaderamente escarapelado de tanto machetazo fiscal.
El doctor que diagnostica un “catarrito” económico para México por la recesión estadunidense parece no consultarse a sí mismo, porque unos son sus apocalípticos augurios derivados del rechazo de la susodicha “reforma” petrolera, y otros muy distintos sus pronósticos, así sean de corto plazo, para 2009.
En este contexto, Carstens proyecta lo siguiente (en documento oficial enviado al Congreso cinco días atrás): en 2009 el PIB de México crecería a una tasa anual de 4 por ciento; en igual año “se estima que los ingresos presupuestarios superen en 110 mil millones de pesos de 2009 el monto previsto en la ley de ingresos 2008, como resultado de los siguientes factores: mayores ingresos tributarios no petroleros en 55 mil 900 millones; mayores ingresos propios de las entidades de control directo distintas de Pemex en 25 mil 100 millones; mayores ingresos petroleros en 40 mil 400 millones, debido al mayor precio de referencia de la mezcla de petróleo mexicano respecto a lo aprobado en 2008 y que permite compensar la reducción en la producción y exportación del petróleo crudo estimados para 2009; la reducción de ingresos no tributarios en 11 mil 500 millones debido a que no se consideraron recursos no recurrentes”. Así, “el gasto neto presupuestario sería mayor en 110 mil millones de pesos… (aumentaría) 80 mil 500 millones el gasto programable y 29 mil 500 el no programable…”.
A mediados de la década de los 90 el jeque de Dubai reunió a sus notables para informarles que el petróleo estaba por agotarse (estimaba que en 2008), de tal suerte que urgentemente requería alternativas viables para captar recursos alternativos y evitar el colapso financiero del emirato. Se optó por explotar la industria turística, hacerla crecer exponencialmente, sacarle jugo a la microscópica costa de ese país y construir, entre otras cosas, tres maravillosas islas artificiales y el hotel más grande y caro del mundo. Pues bien, llegó el apocalíptico 2008 y el petróleo de Dubai no deja de fluir, como tampoco los multimillonarios recursos que al emirato le proporciona su industria turística.
En México, un país con todo tipo de recursos y riquezas, desde 20 años atrás, cuando menos, se supo del riesgo que se corría por el eventual agotamiento petrolero si no se invertía en infraestructura, exploración y tecnología. Cinco gobiernos consecutivos procedieron en estricto sentido contrario; abandonaron la industria petrolera, la exprimieron y patearon hasta dejarla morada, y la única “solución” de los “líderes” nacionales ha sido exprimir a los causantes cautivos y privatizar absolutamente todo, con los resultados conocidos y padecidos.
Las rebanadas del pastel
Decidieron “aliarse” con Repsol, hacer negocios con Shell, “asociarse” con Chevron y “consultar” a Petrobras, cuando era más sencillo y productivo haberse dado una vuelta por Dubai.
Premios a periodistas (mujeres)
Julio Hernández López
■ A Lydia Cacho, el de la Unesco
■ El Ortega y Gasset, a Sanjuana
■ Aristegui, apoyo popular
Es una justiciera ironía globalizada que la corrupción política mexicana, expresada de forma destacada en casos de pederastia cometidos por empresarios, funcionarios y sacerdotes, esté generando atención y apoyo tanto internacional como popular a quienes en situaciones de peligro han dado a conocer esos expedientes oscuros y han insistido en la necesidad de que haya protección a las víctimas, castigo a los responsables y políticas públicas de verdadera protección a niños y jóvenes. Es también notable que frente a una elite periodística dominada por voces masculinas que en gran parte han preferido la cobardía alineada a los intereses y a las órdenes de quienes tienen poder, resalte (sin intención de género aunque, a fin de cuentas, la justicia y la libertad son sustantivos femeninos) la participación de mujeres de tal valentía que sus trabajos son premiados por jurados internacionales y, como acaba de suceder en el Zócalo de Puebla, por la clamorosa adhesión de miles de ciudadanos que ven en ellas un tipo de periodismo absolutamente plausible.
Lydia Cacho, por ejemplo, está en curso de ser informada de que un jurado independiente de periodistas de varios países la consideró merecedora del Premio Mundial de la Libertad de Prensa Unesco-Guillermo Cano, que será entregado en Mozambique el próximo 3 de mayo. Con ese reconocimiento, establecido en 1997, la Unesco honra la memoria de Guillermo Cano Isaza, director del diario colombiano El Espectador, quien fue asesinado el 17 de diciembre de 1986 por narcotraficantes a causa de que era “un implacable crítico del poder de los señores de la droga colombianos y de su infiltración en el sistema político”. El premio que ahora recibirá Cacho fue entregado en 1999, en Bogotá, al antes mencionado Blancornelas, y en la ceremonia correspondiente a 2007 fue asignado a la periodista rusa Anna Politskovskaya.
Por otra parte, el próximo 7 de mayo serán entregados en Madrid cuatro galardones de periodismo Ortega y Gasset (instituidos por el diario El País), de los cuales uno corresponde, en la categoría de trabajos de investigación, a las publicaciones sobre pederastia clerical hechas por Sanjuana Martínez en La Jornada (diario que tiene a Carmen Lira como directora, a Elena Gallegos como jefa de información y a reporteras como Blanche Petrich y Alma E. Muñoz, por citar sólo un par de ejemplos, que también han difundido con entereza y persistencia hechos violatorios de derechos humanos). Luego de ser durante largos años corresponsal de la revista Proceso en el extranjero, Sanjuana encontró el nicho de los libros como alternativa para publicar materiales que no siempre encuentran acomodo en medios periódicos (igual sucedió con Cacho, impulsadas ésta por Random House Mondadori y aquélla por Editorial Planeta, con Ariel Ramos y Braulio Peralta como editores, respectivamente). Además, comenzó a entregar textos a La Jornada y publicaba una columna, A bocajarro, en Milenio-Diario de Monterrey, cuya directora, Roberta Garza Medina (hermana del Vicario General de los Legionarios de Cristo) dejó de publicar a causa de una supuesta remodelación de páginas.
Otro de estos premios Ortega y Gasset será entregado, en esta 25 edición, a la revista Zeta, por la “coherencia, independencia y valentía” que ha mantenido desde 1980, cuando fue fundada, en la denuncia del “clima de impunidad impuesto por la corrupción y el tráfico de drogas en los estados del norte de México”. El reconocimiento tiene una dedicatoria póstuma a Jesús Blancornelas, alma, motor, escudo y blanco de esa revista, pero también al trabajo de continuidad que ha hecho su actual directora general, Adela Navarro Bello.
Pero el reconocimiento al trabajo de periodistas valiosas y valientes no se queda en el plano de las premiaciones institucionales. Este sábado reciente, en la principal plaza pública de la ciudad de Puebla, al presentar el más reciente libro de Cacho, ésta y Sanjuana (quienes celebrarán este sábado 12 sus coincidentes cumpleaños con una fiesta en las playas de Cancún que les organiza la “Falsa Procuraduría Ciudadana contra la Pederastia Clerical y Secular”) recibieron muestras de respaldo masivo que tuvieron especial resonancia al dirigirse a Carmen Aristegui, la conductora de programas de radio y televisión cuya congruencia y profesionalismo son altamente estimados por segmentos sociales que entienden su salida de empresas, como W radio, como una forma de censura apenas disfrazada de “políticas comerciales” o replanteamientos de formas de trabajo. Aristegui fue especialmente ovacionada y sus palabras continuamente interrumpidas por gritos de apoyo (entre otras cosas, Carmen dijo que “México se ha convertido en una nueva Tailandia”, según el portal del diario poblano Intolerancia).
El reino explícito de las impunidades, el cinismo y las complicidades podría también organizar sus propias entregas de premios. El góber precioso y el empresario Kamel Nacif merecerían distinciones, al igual que el presidente de la República de Los Pinos, que ha hecho pactos vergonzosos con Mario Marín y Ulises Ruiz para, según eso, afianzarse en el poder a partir de supuestos pilares, carcomidos y sucios. Los cardenales Norberto Rivera, Juan Sandoval y Francisco Ortega (con sedes en la ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, respectivamente) podrán continuar con sus labores de protección de curas pederastas, mediante clínicas de atención sicológica y cambiándolos de sede para que no sean alcanzados por procesos judiciales y para que puedan actualizar sus agendas de agresiones a menores de edad. En realidad, deberían recibir esos antipremios tanto el sistema completo de justicia, en sus tres niveles, con participación destacada del flanco derechista que domina la Suprema Corte, como los entes fantasmales llamados Estado de Derecho, instituciones y Representación Popular.
Y, mientras otras mujeres, valiosas y valientes, se alistan para enfrentar otra batalla, la de la defensa del petróleo, ¡hasta mañana, con el cascarón del PRD enredado en cómputos y consejos nacionales!
■ A Lydia Cacho, el de la Unesco
■ El Ortega y Gasset, a Sanjuana
■ Aristegui, apoyo popular
Es una justiciera ironía globalizada que la corrupción política mexicana, expresada de forma destacada en casos de pederastia cometidos por empresarios, funcionarios y sacerdotes, esté generando atención y apoyo tanto internacional como popular a quienes en situaciones de peligro han dado a conocer esos expedientes oscuros y han insistido en la necesidad de que haya protección a las víctimas, castigo a los responsables y políticas públicas de verdadera protección a niños y jóvenes. Es también notable que frente a una elite periodística dominada por voces masculinas que en gran parte han preferido la cobardía alineada a los intereses y a las órdenes de quienes tienen poder, resalte (sin intención de género aunque, a fin de cuentas, la justicia y la libertad son sustantivos femeninos) la participación de mujeres de tal valentía que sus trabajos son premiados por jurados internacionales y, como acaba de suceder en el Zócalo de Puebla, por la clamorosa adhesión de miles de ciudadanos que ven en ellas un tipo de periodismo absolutamente plausible.
Lydia Cacho, por ejemplo, está en curso de ser informada de que un jurado independiente de periodistas de varios países la consideró merecedora del Premio Mundial de la Libertad de Prensa Unesco-Guillermo Cano, que será entregado en Mozambique el próximo 3 de mayo. Con ese reconocimiento, establecido en 1997, la Unesco honra la memoria de Guillermo Cano Isaza, director del diario colombiano El Espectador, quien fue asesinado el 17 de diciembre de 1986 por narcotraficantes a causa de que era “un implacable crítico del poder de los señores de la droga colombianos y de su infiltración en el sistema político”. El premio que ahora recibirá Cacho fue entregado en 1999, en Bogotá, al antes mencionado Blancornelas, y en la ceremonia correspondiente a 2007 fue asignado a la periodista rusa Anna Politskovskaya.
Por otra parte, el próximo 7 de mayo serán entregados en Madrid cuatro galardones de periodismo Ortega y Gasset (instituidos por el diario El País), de los cuales uno corresponde, en la categoría de trabajos de investigación, a las publicaciones sobre pederastia clerical hechas por Sanjuana Martínez en La Jornada (diario que tiene a Carmen Lira como directora, a Elena Gallegos como jefa de información y a reporteras como Blanche Petrich y Alma E. Muñoz, por citar sólo un par de ejemplos, que también han difundido con entereza y persistencia hechos violatorios de derechos humanos). Luego de ser durante largos años corresponsal de la revista Proceso en el extranjero, Sanjuana encontró el nicho de los libros como alternativa para publicar materiales que no siempre encuentran acomodo en medios periódicos (igual sucedió con Cacho, impulsadas ésta por Random House Mondadori y aquélla por Editorial Planeta, con Ariel Ramos y Braulio Peralta como editores, respectivamente). Además, comenzó a entregar textos a La Jornada y publicaba una columna, A bocajarro, en Milenio-Diario de Monterrey, cuya directora, Roberta Garza Medina (hermana del Vicario General de los Legionarios de Cristo) dejó de publicar a causa de una supuesta remodelación de páginas.
Otro de estos premios Ortega y Gasset será entregado, en esta 25 edición, a la revista Zeta, por la “coherencia, independencia y valentía” que ha mantenido desde 1980, cuando fue fundada, en la denuncia del “clima de impunidad impuesto por la corrupción y el tráfico de drogas en los estados del norte de México”. El reconocimiento tiene una dedicatoria póstuma a Jesús Blancornelas, alma, motor, escudo y blanco de esa revista, pero también al trabajo de continuidad que ha hecho su actual directora general, Adela Navarro Bello.
Pero el reconocimiento al trabajo de periodistas valiosas y valientes no se queda en el plano de las premiaciones institucionales. Este sábado reciente, en la principal plaza pública de la ciudad de Puebla, al presentar el más reciente libro de Cacho, ésta y Sanjuana (quienes celebrarán este sábado 12 sus coincidentes cumpleaños con una fiesta en las playas de Cancún que les organiza la “Falsa Procuraduría Ciudadana contra la Pederastia Clerical y Secular”) recibieron muestras de respaldo masivo que tuvieron especial resonancia al dirigirse a Carmen Aristegui, la conductora de programas de radio y televisión cuya congruencia y profesionalismo son altamente estimados por segmentos sociales que entienden su salida de empresas, como W radio, como una forma de censura apenas disfrazada de “políticas comerciales” o replanteamientos de formas de trabajo. Aristegui fue especialmente ovacionada y sus palabras continuamente interrumpidas por gritos de apoyo (entre otras cosas, Carmen dijo que “México se ha convertido en una nueva Tailandia”, según el portal del diario poblano Intolerancia).
El reino explícito de las impunidades, el cinismo y las complicidades podría también organizar sus propias entregas de premios. El góber precioso y el empresario Kamel Nacif merecerían distinciones, al igual que el presidente de la República de Los Pinos, que ha hecho pactos vergonzosos con Mario Marín y Ulises Ruiz para, según eso, afianzarse en el poder a partir de supuestos pilares, carcomidos y sucios. Los cardenales Norberto Rivera, Juan Sandoval y Francisco Ortega (con sedes en la ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, respectivamente) podrán continuar con sus labores de protección de curas pederastas, mediante clínicas de atención sicológica y cambiándolos de sede para que no sean alcanzados por procesos judiciales y para que puedan actualizar sus agendas de agresiones a menores de edad. En realidad, deberían recibir esos antipremios tanto el sistema completo de justicia, en sus tres niveles, con participación destacada del flanco derechista que domina la Suprema Corte, como los entes fantasmales llamados Estado de Derecho, instituciones y Representación Popular.
Y, mientras otras mujeres, valiosas y valientes, se alistan para enfrentar otra batalla, la de la defensa del petróleo, ¡hasta mañana, con el cascarón del PRD enredado en cómputos y consejos nacionales!
domingo, abril 06, 2008
Millonaria partida para gastos secretos
La decisión del gobierno federal de impedir que se conozcan las partidas secretas, según lo publicó el Diario Oficial de la Federación, las deja a salvo de cualquier supervisión. A partir de ahora el Congreso no podrá auditar las compras, arrendamientos o pagos de servicios que realicen por lo menos 11 dependencias gubernamentales, con el argumento de que son erogaciones relacionadas con la seguridad nacional.El gobierno de Felipe Calderón decidió mantener en secreto, y aun incrementar, el gasto discrecional que cualquier área de su administración haga en servicios considerados necesarios para la seguridad nacional.El pasado 10 de marzo, el Diario Oficial de la Federación publicó las Reglas de Operación del Comité Técnico del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) emitidas por la oficina de la Presidencia de la República. En la práctica, estas reglas crean partidas secretas de gasto público en dicho rubro.Además de los recursos que cada secretaría de Estado tiene asignados para este tipo de gasto, principalmente los dedicados al combate a la delincuencia organizada, el presidente Calderón cuenta con un presupuesto propio de seguridad nacional, que este año ascendió de 12 y medio millones de pesos a 33 millones y medio.Con el establecimiento de estas reglas, el mandatario extiende a su gabinete de seguridad nacional una carta blanca en lo que respecta al manejo de recursos, pues con ellas evitará que la Cámara de Diputados audite las compras, arrendamientos o pagos de servicios que se realicen con el argumento de que abarcan aspectos de dicho rubro.Además, las reglas aumentan la discrecionalidad para que ese gabinete, formado por los integrantes de 11 dependencias, haga adjudicaciones directas. Evitan incluso la supervisión por parte de los órganos internos de control (OIC) de cada dependencia involucrada y mandan a la reserva, hasta por 12 años, la información implicada, con la agravante de que cualquier infracción grave en el manejo de los recursos prescribe a los cinco años.Vigentes desde el mismo 10 de marzo, las Reglas de Operación cierran el paso a revisiones como la practicada el año pasado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al presupuesto ejercido en 2006 por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), dependiente de la Secretaría de Gobernación.A pesar de que sólo auditó una muestra de 257 millones de pesos –21.7% de los mil 187 millones de pesos presupuestados para el Cisen en el último año del gobierno de Vicente Fox–, la ASF encontró que 20 millones se entregaron a proveedores de servicios sólo mediante un acta circunstanciada y que otros 22 millones de pesos se ejercieron con cargo al presupuesto de años posteriores.En su reporte, dado a conocer el 27 de marzo, la auditoría comprobó además que un vehículo y 19 equipos de cómputo fueron transferidos a la Presidencia; y más grave aún, que un avión del Cisen fue utilizado por funcionarios de otras dependencias gubernamentales.Al revisar 59 órdenes de vuelo de la aeronave Lear Jet 45, matrícula XC-VMC, por el período enero-diciembre de 2006, la ASF encontró que trasladó a funcionarios ajenos al Centro sin contar con la autorización del titular de la Secretaría de Gobernación, en ese momento Carlos Abascal Carranza.Por este hecho, que implicó la utilización de recursos del Cisen para fines ajenos a sus tareas de investigación y análisis, el organismo fiscalizador dependiente de la Cámara de Diputados pidió una investigación para el posible establecimiento de responsabilidades del funcionario o los funcionarios que permitieron esa desviación.Si las Reglas de Operación hubieran estado vigentes al momento de la auditoría, no se habría conocido que el Cisen gastó 54 millones y medio de pesos en la contratación de servicios de noticias en español, de telefonía, de comunicación de voz satelital, de renovación y actualización de licencias de software o en el mantenimiento de una aeronave.La opacidad promovida por la Presidencia de la República quedó establecida en las Reglas de Operación del Comité Técnico de Seguridad Nacional, publicadas en el Diario Oficial de la Federación bajo la certificación de Sigrid Arzt Colunga, secretaria técnica del CSN, cargo que depende directamente del presidente de la República.Ese comité fue creado el 10 de diciembre de 2007 por el CSN, instancia que se formó a finales del sexenio pasado luego de que en enero de 2005 entró en vigor la Ley de Seguridad Nacional. El CSN se ha convertido en uno de los principales actores del gobierno calderonista. Lo preside el propio Calderón y lo integran los secretarios de Gobernación, de la Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad Pública, de Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública, de Relaciones Exteriores, y de Comunicaciones y Transportes. También participan el procurador general de la República y el director general del Cisen.El CSN cuenta con un secretario ejecutivo, que recae en el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y con un secretariado técnico, que está bajo el mando de la académica Sigrid Arzt como parte de la estructura de la Oficina de la Presidencia de la República.En el primer año del gobierno de Calderón, el secretariado técnico tuvo un presupuesto de 12 millones 581 mil 233 pesos. Para 2008 dispondrá de 33 millones 556 mil pesos, casi el triple.Esta instancia tiene un gran poder de operación. De acuerdo con la Ley de Seguridad Nacional, además de manejar la información generada por el CSN, propone lineamientos y la ejecución de acciones, controla el inventario de la infraestructura estratégica del país y mantiene la relación con la comisión bicameral de Seguridad Nacional, entre otras facultades.
Reservas
La Presidencia de la República mantiene en reserva la información sobre la estructura de la oficina que encabeza Arzt, y ahora pretende que tampoco se conozca la manera en que ejercerá su presupuesto en caso de que la Cámara de Diputados quiera revisarlos mediante la Auditoría Superior de la Federación.De los 33 millones y medio de pesos que dispondrá esa oficina de Los Pinos, 23 millones y medio serán para “servicios personales”, 1 millón 247 mil para “materiales y suministros” y 8 millones 771 mil para “servicios generales”.Es decir, más allá de los 20 millones de pesos que en su mayor parte se destinan al pago de sueldos, quedará en secreto la forma en que se gasten por lo menos 10 millones, pues de acuerdo con las Reglas de Operación no se sabrá qué empresas o personas serán quienes cobren ese dinero ni bajo qué concepto.En teoría, el comité se encargará de “agilizar la adquisición de bienes, arrendamientos y servicios en materia de seguridad nacional”. Pero en los hechos su tarea consistirá en garantizar el secreto de los gastos discrecionales que haga el gobierno de Calderón en el sector.Sus operadores serán Salvador Vega Casillas, secretario de la Función Pública –dependencia que pretende mantener como reservada por tres años la declaración patrimonial del expresidente Vicente Fox– y Dionisio Pérez-Jácome Friscione, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda.Vega es el presidente del Comité Técnico, que además de Pérez-Jácome tendrá “un representante con nivel de oficial mayor u homólogo” de las dependencias que integran el CSN.Calderón cuidó que ese Comité no se salga de su control, pues en las reglas estableció que en todas las sesiones de aquél “asistirá con el carácter de invitado permanente, con voz pero sin voto, un representante de la Oficina de la Presidencia de la República”.La regla quinta de la publicación crea un régimen de excepción que no sólo garantiza el secreto, sino una mayor discrecionalidad en el manejo de los recursos y la impunidad en caso de que se incurra en irregularidades graves.Según esa disposición, el Comité Técnico del CSN tiene la tarea de integrar un catálogo con la descripción de los bienes muebles, arrendamientos y servicios en materia de seguridad nacional, un registro general de proveedores y otro de precios de referencia.Con el registro del nombre, razón social, domicilio, apoderados, experiencia, bienes o servicios y antecedentes de los proveedores, el comité pretende que el Consejo de Seguridad Nacional contrate bajo criterios de “economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado”.En esas bases de datos quedarán las compras “que por sus características básicas relevantes y finalidad intrínseca encuadren en el régimen de excepción previsto en el artículo 41, fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”.Ese artículo establece también que las dependencias y entidades “bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a tres personas o de adjudicación directa”.En su fracción IV precisa que ese tipo de contrataciones se podrá hacer cuando “se realicen con fines exclusivamente militares o para la Armada, o sean necesarias para garantizar la seguridad nacional, de acuerdo con lo que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental”.La referencia a la Ley de Transparencia alude a su artículo 13, según el cual este tipo de información tiene el carácter de reservado. Más aún, cuando se trata de seguridad nacional, la misma Ley de Adquisiciones establece, en su artículo 40, excepciones relativas a la transparencia en el manejo de los recursos públicos.Dice esa disposición que el titular del área responsable de la contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios de seguridad nacional no está obligado a rendir ningún informe al Órgano Interno de Control de la dependencia cuando esas operaciones se realicen con fundamento en el artículo 41 de la ley.Lo que hizo el gobierno de Calderón a través del Comité Técnico fue fijar reglas para obstruir la revisión de los gastos que las dependencias aduzcan como de seguridad nacional y ampliar las facultades discrecionales de su gabinete de seguridad para hacer compras, arrendamientos o pago de servicios por adjudicación directa o invitación a terceros.Pero como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental reserva por 12 años lo referente a seguridad nacional, extiende también una garantía para que queden sin castigo los posibles abusos cometidos al amparo de esta discrecionalidad.La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos señala en su artículo 34 que en el caso de infracciones graves en el manejo de recursos públicos las sanciones prescriben a los cinco años, un tiempo muy inferior al permitido para que se conozca la información reservada como de seguridad nacional.La información sobre ese tipo de gasto ni siquiera podrá ser conocida por la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, creada como un pretendido control a las acciones del Ejecutivo federal en esa área. La Ley de Seguridad Nacional señala que en sus relaciones con ese órgano legislativo, la oficina que ahora está bajo el control de Sigrid Arzt omitirá “cualquier información cuya revelación indebida afecte la Seguridad Nacional, el desempeño de las funciones del Centro (Cisen) o la privacidad de los particulares. Para tal efecto, ningún informe o documento deberá revelar información reservada”.
Blindaje presidencial
De acuerdo con el diputado del PRD Alfonso Suárez del Real, integrante de la Comisión de Defensa Nacional, los candados puestos a la supervisión del gasto por parte de la ASF van contra el artículo 74 de la Constitución. Este artículo le da a la Cámara de Diputados la facultad exclusiva de fiscalizar el ejercicio del gasto público. En el caso de las partidas secretas, ese mismo ordenamiento señala que no las habrá “fuera de las que se consideren necesarias”, con ese carácter, en el presupuesto de egresos de la federación. Además, las “emplearán los secretarios por acuerdo escrito del presidente de la República”. Más allá de lo establecido en la Constitución, Calderón le da ese trato al gasto de su gabinete de seguridad nacional.Suárez del Real asegura que “la rendición de cuentas quedaría sepultada por este esquema de discrecionalidad en el que se quiere esconder el gasto en áreas que no reúnen las características de alta seguridad”.Y señala una paradoja: “Si tanto queremos proteger los asuntos de seguridad nacional, por qué no tenemos un satélite propio que se encargue de la transmisión de datos”. Recuerda que sólo 7% de Satmex es propiedad pública. “Como Estado somos un cliente más de una empresa particular”.Las Reglas de Operación van más allá de las excepciones, como las encontradas en la revisión del gasto ejercido por el Cisen en 2006. Una de éstas fueron los 20 millones de pesos auditados que se pagaron mediante “actas circunstanciadas” por no requerir de comprobantes.Según la regulación de las partidas de seguridad pública y nacional, en los casos en que no exista documentación que compruebe las erogaciones, la instancia gubernamental que las haya dispuesto deberá acreditarlas mediante actas circunstanciadas en las que se asiente el motivo y el monto de la erogación, ante la presencia de dos testigos designados por esa misma instancia y, posteriormente, formalizada por el titular de la unidad.Además de los recursos, la ASF también revisó el desempeño del Cisen. La conclusión no fue nada favorable. Según el fiscalizador, “no se identifican mecanismos de control interno para evaluar el impacto de las acciones que en materia de seguridad nacional el Cisen realiza para contribuir a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, dar sustento a la gobernabilidad, y fortalecer el estado de derecho”.Directo, le dice que carece de “indicadores de desempeño y de instrumentos formales de retroalimentación” que permitan la evaluación de su trabajo. Más: le indica que “no elaboró los lineamientos generales del plan estratégico” de seguridad nacional que le ordena la Ley de la materia.La ASF señala también que la Agenda Nacional de Riesgos que por ley el Cisen debe elaborar cada año, en 2006 la formuló sin respetar los procedimientos establecidos en el “Acuerdo por el que se establecen las normas generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal”, publicado por la Secretaría de la Función Pública el 27 de septiembre de 2006.Ante esas observaciones, el Cisen apeló al secreto por razones de “seguridad nacional” y coincidió con el argumento esgrimido por el Comité Técnico para reservar cualquier información relacionada con la materia.“Es necesario advertir que la publicación de datos asentados en los resultados de la Auditoría de Desempeño número 234, aun tratándose del producto de ejercicio de facultades de fiscalización, deberá apegarse (a la Ley de Transparencia y la de Seguridad Nacional).”Por lo tanto, expone, “está vigente una reserva por ministerio de ley sobre la información cuya difusión implique la revelación de normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, tecnología o equipos útiles a la generación de inteligencia para la seguridad nacional, así como aquella cuya revelación pueda ser utilizada para actuar o potenciar cualquiera de las amenazas” a la seguridad del país.Y continúa: la publicación de información no reservada que está en poder del Cisen “debe apegarse invariablemente al principio de información confidencial gubernamental” establecido en la Ley de Seguridad Nacional.
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