Ugalde vive

John M. Ackerman

La informalidad y soberbia que empiezan a caracterizar al “nuevo” Instituto Federal Electoral (IFE) son el resultado directo del accidentado proceso de designación de los más recientes integrantes de su Consejo General. Al hacer a un lado a los candidatos ciudadanos y las propuestas del partido político que más ha defendido el principio de la austeridad republicana, el PRI y el PAN ratificaron el proyecto ugaldista de un IFE improvisado y derrochador. Los partidos hoy se escandalizan por la exagerada solicitud de ampliación presupuestal de parte del instituto, cuando ellos mismos han sido los arquitectos del perfil actual del instituto electoral.

La materialización de los grandes avances de la reforma electoral requiere de un instituto electoral con la infraestructura y el personal suficientes para cumplir con sus nuevas responsabilidades. Por mandato constitucional, el IFE debe tener sus ojos en cada rincón del país tanto para asegurarse de la correcta transmisión de sus mensajes como para asegurar que los medios no divulguen propaganda electoral por cuenta propia. Es loable que el IFE haya propuesto realizar estas importantes tareas de manera directa y autónoma, sin la intervención del gobierno federal, con el fin de garantizar la objetividad y la independencia del monitoreo. Asimismo, no hay duda de que estas tareas necesitarán de fuerte inversión económica.

Desafortunadamente, los consejeros electorales han violado olímpicamente el transitorio del Decreto de Egresos que los obliga a realizar una solicitud de ampliación presupuestal fundamentada en estudios técnicos y criterios operativos. El Anexo único al acuerdo del Consejo General que supuestamente justifica la petición de los mil 453 millones de pesos se parece más a una carta a los Reyes Magos que a un estudio profesional digno de un organismo autónomo. El documento incluye un enunciado telegráfico de las nuevas actividades que el IFE tendría que realizar a partir de la reforma electoral y un listado general de los recursos solicitados. Pero no existe ninguna vinculación entre las actividades y los recursos, ni una descripción pormenorizada de las nuevas acciones o un desglose detallado de los montos solicitados.

Con asombro vemos, por ejemplo, que el instituto ha decidido solicitar 187 millones 662 mil 479 pesos adicionales para el “envío de materiales de audio y video a los concesionarios de radio y televisión”. Por lo visto Leonardo Valdés tiene pensado contratar un ejército de los mensajeros mejor pagados del país para entregar los promocionales del IFE y los partidos políticos. O quizás planea contratar al mismísimo James Bond para saltar las bardas de Tv Azteca y entregar los materiales en propia mano a Ricardo Salinas Pliego, burlando a los vigilantes que tengan la consigan de negarse a recibir el material.

Por lo demás, es un despropósito afirmar que el “envío de materiales de audio y video” es una “nueva atribución” surgida de la reforma electoral. El IFE se ha encargado de enviar este tipo de materiales desde su creación en 1990. El instituto también incluye, de manera equivocada, dentro de sus “nuevas” actividades, la elaboración de “las propuestas para los lineamientos generales que sugerirá el Consejo General a los medios de comunicación social”, algo que el instituto ha venido haciendo desde la reforma electoral de 1996, y “coadyuvar en la producción ejecutiva y realización técnica de los debates presidenciales”, actividad ya desarrollada durante las campañas presidenciales de 2006, para la cual no hizo falta ninguna ampliación presupuestal.

Se acercan los nombramientos tanto del nuevo contralor del IFE como de los tres nuevos consejeros electorales que se integrarían al Consejo General en agosto. Lamentablemente, parece que los legisladores no tienen el menor interés en mejorar el procedimiento de selección de estos funcionarios. La reforma a la Ley Orgánica del Congreso, aprobada fast track por la Cámara de Diputados la semana pasada, remite todos los detalles del procedimiento a la misma convocatoria. Así, los diputados se otorgan la libertad para acomodar cada proceso a los amarres previos entre los partidos y a la coyuntura política del momento. Se desaprovecha la oportunidad para plasmar en la ley un proceso transparente y ciudadanizado que podría colocar personas con la capacidad y la visión para romper con la inercia burocrática del IFE ugaldista que hasta hoy sobrevive y sigue nutriéndose.

La minuta de la reforma a la ley orgánica se encuentra actualmente en el Senado. Los senadores están ante una oportunidad histórica para demostrar su coherencia. Si realmente les preocupa la actuación del IFE actual, modificarían la minuta de la Cámara para introducir mayor objetividad y controles sociales en las convocatorias que se acercan.