sábado, junio 06, 2009
De la Madrid-Salinas: tapaderas mutuas
Bastaron sólo 11 días para que Miguel de la Madrid Hurtado recuperara la lucidez mental que había perdido por la vía epistolar, y detrás de la milagrosa rehabilitación está nuevamente la mano de Carlos Salinas de Gortari.La presencia del expresidente Salinas en la vida política del país ha sido permanente en las últimas fechas. Siempre en medio del escándalo y casi siempre sin responder a sus detractores.En una grabación telefónica revelada el 12 de febrero pasado en Primera Emisión, el noticiario radiofónico de Carmen Aristegui, el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, dijo que Salinas se había quedado con la mitad de la partida secreta de la Presidencia de la República.
Salinas guardó silencio, pero Téllez dio una conferencia de prensa en la que aceptó la veracidad de las grabaciones entregadas por Diana Pando –presumiblemente su compañera sentimental–, aunque matizó: “Lo dije de manera indebida ya que carecía de sustento alguno. Nunca tuve ni he tenido evidencia alguna sobre acciones ilícitas del expresidente Carlos Salinas de Gortari”. Pese a la disculpa pública, Téllez tuvo que renunciar por este escándalo.Apenas se había apagado la batahola, el 7 de mayo apareció el libro de Carlos Ahumada Derecho de réplica, en el que señala a Salinas como el orquestador de la difusión de los videos de corrupción de los perredistas René Bejarano y Carlos Ímaz, entre otros, por los que ofreció 400 millones de pesos, de los cuales al final sólo pagó 35 millones, según el empresario de origen argentino. Pese a ser responsabilizado por el “complot” operado por panistas contra Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos, Salinas de Gortari tampoco contestó a las acusaciones.Una semana después, el 13 de mayo, en el mismo noticiario de Aristegui, Salinas fue nuevamente objeto de escándalo a raíz de la entrevista que le dio Miguel de la Madrid a la periodista como parte del proyecto de un libro. Ahí el expresidente Miguel de la Madrid rompió la supuesta regla de oro de los expresidentes: no hablar de su sucesor en Los Pinos, y confirmó que Carlos Salinas se había quedado con parte de la partida secreta y reveló, además, los presuntos nexos de sus hermanos Raúl y Enrique con el narcotráfico.Salinas no aguantó más y reaccionó operando con sus seguidores para desmentir a De la Madrid y acusar a la periodista de abuso en una carta firmada por él mismo.De acuerdo con diversas versiones (entre ellas la de Porfirio Muñoz Ledo, en Proceso 1698), ese mismo miércoles al mediodía, al difundirse la entrevista de Miguel de la Madrid en el noticiario de MVS Multivisión, el expresidente Salinas comenzó a maniobrar desde Inglaterra, donde vive desde hace años, para desacreditar las palabras de su antecesor.Según el embajador Muñoz Ledo, un grupo de priistas fue enviado por Salinas a la casa de De la Madrid (entre ellos el exdirector de Pemex, el diputado Carlos Rojas; el exsecretario de Comunicaciones y actual líder de la bancada en la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa, y el exregente capitalino Ramón Aguirre Velázquez) para preparar la rectificación del exmandatario colimense. Los personeros de Salinas se reunieron con la familia de Miguel de la Madrid y fue Federico, su hijo, quien apareció públicamente para declarar incapacitado mentalmente a su padre y de esa manera invalidar lo que dijo en la entrevista con Aristegui.Presuntamente, Miguel de la Madrid escribió una carta dirigida a MVS Noticias y a la opinión pública, en la que sostuvo:“Actualmente me encuentro convaleciendo en un estado de salud que no me permite procesar adecuadamente diálogos o cuestionamientos, tal como constan las grabaciones presentadas por la Sra. Aristegui en las que mi tono de voz se escucha débil y confuso, por lo que después de haber escuchado la entrevista, mis respuestas carecen de validez y exactitud.”Al día siguiente, 14 de mayo, se atribuyó a Salinas la autoría intelectual de la carta enviada a Carmen Aristegui por el expresidente Miguel de la Madrid en el que se retractó de la entrevista que le dio a la periodista. En la víspera, cerca de las 10 de la noche, Carlos Salinas envió él mismo una carta a Carmen Aristegui en la que manifestaba su “dolor e indignación” porque, según él, se había aprovechado de la mala salud y del “deterioro de sus facultades” de De la Madrid para hacerle la entrevista.En la carta, de una cuartilla y media, Salinas también defendió a sus hermanos –sobre todo a Raúl– con el argumento de que las autoridades mexicanas, francesas y suizas ya habían investigado y concluido que las imputaciones fueron falsas y fabricadas. Sobre la partida secreta, citándose a sí mismo en su libro La década perdida 1995-2006, dijo que ya se habían auditado las cuentas públicas de su gobierno y descartó que se hubieran cometido desvíos hacia cuentas particulares o personales. Pero la carta no tuvo la aceptación social ni mediática que él deseaba.Quizá por eso, y a pesar de que ya había advertido que no estaba en condiciones para expresarse con “validez” y “exactitud”, el 26 de mayo De la Madrid envió otra carta a Aristegui en la que dio un nuevo giro a su posición. Ahora, con toda lucidez, resaltó la “modernización” que impulsó su sucesor Carlos Salinas de Gortari y le sugirió a la periodista tomar en cuenta los “logros de su gobierno” para la realización de su libro:
Señora Carmen Aristegui
Presente
Señora Aristegui:
Para ponderar el gobierno del licenciado Carlos Salinas de Gortari es necesario tomar en cuenta la importante modernización que promovió en distintas áreas de la vida del país: la promoción de reformas estructurales, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte destacan, entre otros, los logros que obtuvo su gobierno.Considero que usted debería de tomar en cuenta estos hechos en su estudio sobre el periodo presidencial del licenciado Carlos Salinas de Gortari.Agradezco la atención que le preste a la presente comunicación.De acuerdo con varias versiones, el domingo 24 de mayo Salinas fue a visitar a De la Madrid a su casa de Coyoacán. El periódico Reforma publicó el martes 26 una de estas versiones.“Por lo visto Carlos Salinas de Gortari sigue siendo el villano favorito que provoca soponcios y escalofríos a la tutifruti clase política. Y es que si ayer había quienes aseguraban que estuvo en Veracruz, ahora ya quedó claro que no fue por allá ni se reunió con Carlos Hermosillo, Miguel Ángel Yúnes o Fidel Herrera. “Donde estuvo fue en la Ciudad de México. ¿Y para qué? Quesque para visitar al convaleciente Miguel de la Madrid. Ahora sólo falta que Salinas y De la Madrid hayan departido alegremente con un cafecito y galletitas para recordar los viejos buenos tiempos.”
Gobiernos corruptos
Ahora, De la Madrid y Salinas vuelven a estar unidos en el escándalo.Dolia Estévez, corresponsal de la publicación financiera El Semanario, informó el jueves 28 de mayo que, según documentos secretos desclasificados en Washington, el gobierno estadunidense dio protección a Miguel de la Madrid y Carlos Salinas con un objetivo: impedir que México cayera en la inestabilidad, a pesar de que sus investigaciones concluían que altos funcionarios de sus gobiernos tenían vínculos con el narcotráfico y habían incurrido en actos de corrupción.En su nota, la corresponsal en Washington señala que, de acuerdo con un memorándum del 26 de enero de 1988, el secretario de Estado George Shultz le advirtió al presidente Ronald Reagan sobre la situación en México.“Mi gran preocupación está en el área de drogas. Algunos en la administración buscarán negarle a México la certificación de ‘país cooperante’. Si no manejamos esto con acierto, estaremos minando todos los avances que hemos alcanzado en otras áreas y debilitando los esfuerzos de De la Madrid y Salinas para preservar la estabilidad interna. De hecho, México ha hecho un gran esfuerzo contra las drogas. Es comprensible que resientan declaraciones de funcionarios de EU menospreciando esos esfuerzos o alegando complicidades delictivas por parte de altos funcionarios del Gobierno de México. Sugiero que el tema de las drogas sea el centro de sus discusiones privadas con De la Madrid, a diferencia de las sesiones abiertas que deberán resaltar los logros”, señala el documento, fechado 18 días antes de una reunión que sostuvieron Reagan y De la Madrid.Otro documento desclasificado citado por la corresponsal, que también lo es del noticiario de Aristegui, es una carta sin fecha de Elliot Abrams, quien era subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, en la que le advierte a Shultz que las políticas de austeridad estaban afectando la imagen de Salinas en plena campaña por la Presidencia, a pesar de que tenía asegurado su triunfo, “pero quizá con abstencionismo y fraude electoral”.Abrams toca también el tema del narcotráfico, previendo lo que hoy vive el país:“Muchos consideran que los programas para combatir el narcotráfico son insuficientes. Los traficantes y productores de drogas están ganando terreno. Algunos temen que México se vuelva otra Colombia; el programa está siendo socavado por los malos manejos, corrupción y una aparente falta de voluntad política para tomar medidas duras y arriesgadas para reducir el tráfico y la producción de drogas; (aún así) el estigma de negarle la certificación desataría una tormenta política en México. Haría de EU tema de la campaña electoral y reduciría el campo de maniobra de Salinas para cooperar con EU.”Para cerrar, la corresponsal recuerda que ese año México recibió la certificación, Salinas “ganó con fraude” y Washington lo promovió como “ejemplo de buen gobierno”, algo que años después Miguel de la Madrid pondría en duda al aceptar que se equivocó al nombrarlo candidato: “Me siento decepcionado, me equivoqué”. l
Desapariciones, como en los tiempos priistas
Decenas de desapariciones forzadas de personas se cometen cada año en Nuevo León, pero como sucede en otras entidades y también en el nivel federal, las autoridades se las atribuyen al crimen organizado para justificar los nulos avances o el abandono de la investigación. Además, familiares de los desaparecidos aseguran que policías estatales y municipales inhiben las denuncias, y la senadora Rosario Ibarra añade que, frente a estos delitos, lo único que ofrece el régimen panista es la indiferencia y ?la soberbia.
MONTERREY, N.L.- Las desapariciones de personas durante el gobierno de Felipe Calderón ocurren con las mismas características que bajo el régimen priista, pero se atribuyen al narcotráfico aunque son perpetradas por los cuerpos de seguridad que fueron lanzados a las calles junto con el Ejército, sostiene en entrevista la senadora Rosario Ibarra de Piedra.Las autoridades federales consideran a la gran cantidad de desaparecidos de los últimos tres años como víctimas de levantones, y los gobiernos estatales hacen lo propio. Sin embargo, en Nuevo León y Oaxaca, igual que en Chiapas y Guerrero, familiares de las víctimas señalan como responsables a los gobiernos emanados del PRI y del PRD.Ibarra de Piedra señala que las desapariciones forzadas, el encarcelamiento ilegal y la tortura continúan vigentes en todo el país, sin que haya variado la situación en los últimos 40 años, y afirma que en la mayoría de los casos la responsabilidad por autoría o por omisión es de las autoridades.Fundadora del Comité Eureka y actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, explica que en el pasado las víctimas de las desapariciones eran guerrilleros, líderes sociales o personas cercanas a ellos, pero ahora cualquier ciudadano puede desaparecer. La diferencia, dice, es que al menos con los gobiernos del PRI había interlocución, aunque entonces como hoy los resultados eran escasos.Para ella, los priistas “tenían la hipocresía a flor de piel. ‘Sabían’ hacer las cosas, por eso duraron tantos años en el poder. Los priistas no cerraban las calles, nos dejaban entrar a la Secretaría de Gobernación; ahora nos ponen unas vallas horribles”.Según los datos de Eureka, en el gobierno de Luis Echeverría hubo 336 desapariciones que no se esclarecieron; con José López Portillo, 150. Pero este presidente, al decretar la amnistía a “los extremistas con vocación de justicia”, benefició a mil 500 presos políticos, 2 mil exiliados y 57 perseguidos, además de que al abrir las cárceles clandestinas del Campo Militar Número 1, el de Icacos en Acapulco y el de La Joya en Torreón, recuperaron su libertad 153 personas desaparecidas en 1978.Así mismo, en el sexenio de Miguel de la Madrid se conocieron los casos de 36 desaparecidos y el régimen liberó a 370 presos políticos; y el gobierno de Carlos Salinas de Gortari dejó un saldo de sólo 12 desaparecidos, pero la lista de muertos por causas políticas llegó a 603. Desde Ernesto Zedillo ya no hubo interlocución, establece la entrevistada.“Los priistas atendían, aunque no hicieran nada. Era demagogia pura, en grado superlativo, muy bien hecha. Estos (los panistas) tienen la soberbia en grado superlativo, cierran calles, no reciben, nos dan con la puerta en la nariz a todos y no hacen caso absolutamente de nada. Pero las tácticas son las mismas: desaparecen gente.”Como ejemplo pone la participación del actual secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, frente a la comisión de intermediación para esclarecer los casos de los miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR) Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, desaparecidos el 24 de mayo de 2007:“Luego de cambiar las audiencias a su antojo, cuando se celebraron acudimos a un monólogo, un discurso solitario en el que (Gómez Mont) presumía la integridad del gobierno; (era) una alocución sobre su rectitud, pero no resolvía nada, nunca hizo nada y convirtió el reclamo en un proceso espeluznante.”Ibarra también sostiene que el gobierno atribuye otras desapariciones recientes a la delincuencia organizada con el fin de justificar la ausencia de resultados en la investigación, como ocurrió con la desa-parición de trabajadores petroleros de Cadereyta en mayo de 2007, a la que la senadora le atribuye un móvil político. “Yo creo que estamos muy mal, estuvimos muy mal entonces, con Madera, Chihuahua, y los ferrocarrileros, los doctores, los maestros, el encarcelamiento de Vallejo y Campa... Pero ahora están las cárceles repletas de presos comunes, de los cuales muchos no han cometido delitos mayores. La situación es que no hay a cuál (gobierno) irle.“Se avientan la pelota entre el PRI y el PAN, del municipio al estado, del estado a la federación, de la federación al municipio. Es estarse lavando las manos, pero todos violentan el estado de derecho y violentan los derechos humanos más elementales.”
Peligro: policías
En el sitio YouTube se pueden bajar varios videos de El Vaquero Galáctico, un mimo pintado totalmente de color plata que en las plazas públicas realiza movimientos robóticos y se toma fotos con quienes arrojan monedas en su bote, también plateado.Originario del Estado de México, el mimo Melchor Flores Hernández dio vida al personaje durante varios meses afuera del Museo de Historia Mexicana, en la explanada regiomontana que fue sede de muchas actividades del Fórum Universal de las Culturas en 2007. La fama de El Vaquero Galáctico creció pronto, sobre todo después de que elementos de la Policía Regia lo detuvieron varias ocasiones porque supuestamente alteraba el orden público. En una entrevista para la televisión, que se puede ver también en el conocido canal de videos en internet, se le pregunta a Flores Hernández por esas detenciones. El mimo responde:“Tengo derecho a hacer mi trabajo y los policías también. Lo que yo hago, como no tengo dinero para pagar la multa, es que me espero las 36 horas de arresto, voy a mi casa, me baño y me regreso a trabajar.”El pasado 25 de febrero, Melchor fue detenido nuevamente por policías de Monterrey sin su disfraz y cerca de su departamento, en la colonia Deportivo Obispado. Ya no regresó.Sus compañeros de departamento dicen que desde noches anteriores habían detectado movimientos de patrullas afuera del inmueble, que ellos utilizan también como oficina.Refieren que a las 8:00 de la mañana de ese 25 de febrero, uno de ellos, Andrés Batres, exagente de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y quien estaba iniciando un negocio de construcción, salió en su vehículo a comprar comida. Melchor Flores salió horas después en su motocicleta. Ninguno de los dos volvió.A eso de las 13:00 horas, Gustavo Castañeda Puentes, un analista de sistemas que Batres contrató para trabajar en los aspectos técnicos de sus proyectos, hablaba por teléfono con su padre afuera del departamento de Deportivo Obispado. De repente la comunicación se cortó.Desde ese día los padres del analista, Gustavo Castañeda y Amada Puentes, fueron a la Procuraduría General de Justicia del Estado a denunciar la desaparición, pero agentes ministeriales les advirtieron que en esa dependencia se filtraba la información a “los malos” –es decir, a los narcos–, y eso amedrentó a la pareja.Sin embargo, los padres de Gustavo iniciaron sus propias investigaciones entre los vecinos de la última zona donde se reportó su hijo. Días después regresaron a la procuraduría con nuevos datos y denunciaron la desaparición (expediente 039/2009/III-3).Gracias a esos informes, la fiscalía estableció que Gustavo Castañeda Puentes fue detenido por los oficiales Refugio Dávila Sánchez y Misael Mendoza, a bordo de la patrulla 5038 de la Policía Regia.Además se averiguó que la patrulla 5040, a bordo de la cual iban Efraín López y Dante Damián, y la 5034, tripulada por el oficial Romel García Canto, se llevaron a Flores Hernández y a Batres, respectivamente.Pese a ello, los policías negaron su participación en los hechos y el expediente no ha avanzado. Para colmo, los testigos que los padres de Gustavo habían encontrado se retractaron luego de ser amenazados por policías.El mencionado expediente incluye un oficio mediante el cual el área de Asuntos Internos de la Policía Regia declina su competencia y afirma al Ministerio Público que no tiene datos relacionados con el caso, aunque Amador Medina, que entonces encabezaba la corporación, se comprometió públicamente a realizar una investigación.Lo mismo ocurre en más de una decena de averiguaciones: policías municipales o ministeriales les transmiten a los familiares de las personas desaparecidas supuestas amenazas de los cárteles de Sinaloa y del Golfo para disuadirlos de interponer sus denuncias.
Aquí no hay levantones
A través de una solicitud de acceso a la información, este semanario obtuvo la estadística oficial de desapariciones de 2007. Según la procuraduría estatal, ese año no se denunciaron delitos contra la libertad de las personas, tipificados en el código penal de la entidad en sus modalidades de secuestro y privación ilegal de la libertad.Otra es la realidad que se ha hecho pública. Los diarios locales publicaron al menos 88 casos de levantones durante 2007, mientras que según el dirigente de la Cámara Nacional de Comercio en Monterrey, Carlos Campos, 30 de sus agremiados sufrieron secuestros exprés. Por su parte el Comité Eureka contó 42 desaparecidos ese año.En el último trienio, esta organización registra en Nuevo León más de 60 desapariciones forzadas en las que pudieron participar autoridades. La lista incluye a los 38 trabajadores petroleros de Cadereyta, ya mencionados.El gobernador y sus colaboradores dijeron a los medios de comunicación que se trataba de un asunto de delincuencia organizada. Incluso el procurador, Luis Carlos Treviño Berchleman, presionó a los familiares del líder sindical Hilario Vega Zamarripa, y a su hijo Josué lo amenazó personalmente con perseguirlo por actividades ilícitas si insistía en sus denuncias (Proceso 1651). La versión de familiares y trabajadores del sindicato petrolero indica que Vega Zamarripa pretendía relevar a Carlos Romero Deschamps, el líder del gremio que meses después de las desapariciones se reeligió. Hasta la fecha la dirigencia nacional del sindicato petrolero no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto.“Las desapariciones de Cadereyta tienen que ver con la política sindical y la defensa del petróleo”, asegura Ibarra, ya que Vega Zamarripa se opuso a la privatización de Pemex y denunció que empresas privadas incurrían en corrupción en sus negocios con la paraestatal.En 2008, al cumplirse un año de las desapariciones, Ibarra de Piedra se reunió con el gobernador Natividad González Parás. La senadora acompañaba a los familiares de las víctimas en una manifestación frente al palacio de gobierno y el mandatario mandó invitarla a su despacho.Ibarra accedió, pero llevó consigo a los familiares. Lo que dijeron ahí para el mandatario estatal “fue como si escuchara una canción lejana” y no hizo caso, dice la legisladora.
Disuasión y amenazas
También está pendiente la desaparición, el 2 de mayo de 2007, de José Everardo Lara Hernández, quien fuera guardaespaldas del alcalde panista de Santa Catarina, Dionisio Herrera Duque. La investigación de su caso no registra avances oficialmente.Al contrario, su madre, Maximina Hernández, fue amenazada por el comandante ministerial Manuel González en las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI):
–Por tu culpa están matando más policías –le gritó el oficial.
–Pero yo nada más estoy buscando a mi hijo.
–¿Es que no entiendes que soy de Sinaloa? Otro caso sin aclarar es el del reportero Gamaliel López Candanosa y el camarógrafo Gerardo Paredes Pérez, de Televisión Azteca, desaparecidos el 10 de mayo de 2007. Paredes regresaba de reportear los efectos de un tornado en Piedras Negras y de inmediato se le encargó que supliera al camarógrafo de López Candanosa, pero ya no volvió. Su hermano, Juan Paredes, no ha dejado de exigir que se investigue a fondo para hallar a Gerardo y recibió amenazas telefónicas de alguien que dijo ser integrante del cártel del Golfo.Juan respondió que no dejaría de denunciar: “Si es la voluntad de Dios que ustedes me maten, así será”.Ni siquiera se salvan de este riesgo los integrantes de los cuerpos de seguridad pública. Giovany Urbina Aguilera, Julián Eduy Aguilera y Julián Urbina Torres, agentes de tránsito de Monterrey, están desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2008. En la misma situación está el comandante de la Policía Municipal en Apodaca, Juan Manuel Ortiz Rodríguez, desaparecido el 26 de febrero pasado.Además, están pendientes de resolverse las desapariciones de los civiles Marco Antonio Zúñiga Solís (ausente desde el 19 de junio de 2007) y Mario Jorge Tovar Martínez (registrada el 14 de mayo de 2008).Todas estas personas desaparecieron con sus vehículos y las familias no recibieron llamadas para pedir rescate. Además, cuando sus allegados investigan, resulta que fueron detenidos por la Policía Regia, la Policía Ministerial o la AFI, y las instancias competentes no han seguido ninguna línea de investigación. Al pedir información en las corporaciones, éstas niegan que existan registros. Finalmente, los testigos que logran conseguir son amedrentados y dejan de declarar, en tanto que funcionarios y policías intentan disuadir a los familiares de interponer las denuncias correspondientes.“Se lavan las manos diciendo que son de delincuencia organizada, que fue un comando armado y que no tienen línea de investigación. Aunque haya testigos, nadie quiere decir nada”, dice Amada Puentes, madre de Gerardo Paredes.“Las autoridades nos ven que hacemos plantones, que pedimos esclarecer los casos, que pedimos seguimiento, pero los casos están turnados a delitos en general, cuando deberían estar en el Ministerio Público especializado en delitos contra la libertad de las personas”, señala.
Revocar la libertad de Zorrilla
Meses antes de que se cumplieran, el 30 de mayo, veinticinco años del asesinato de Manuel Buendía, el autor intelectual de su homicidio, José Antonio Zorrilla Pérez, quedó en libertad. Está libre diez años antes de cumplir la sentencia que purgaba en el Reclusorio Oriente del Distrito Federal. Me pregunto cuánto costó una década de prisión. Formulo la cuestión porque Zorrilla fue liberado contra la ley y en circunstancias que deben ser investigadas, por el director ejecutivo de Sanciones Penales del gobierno capitalino, José Manuel Casaopriego Valenzuela, probablemente con la participación, por acción u omisión del propio secretario de Gobierno José Ángel Ávila Pérez.
Fue de tal modo ilegal la liberación de Zorrilla Pérez, el 18 de febrero pasado, que la resolución respectiva está dirigida a Casaopriego y firmada por él mismo. Debía haberla signado Ávila Pérez, pero en su antefirma se declara que está ausente y por eso el destinatario se convirtió en el remitente. Sospecho que Ávila Pérez eligió no comprometerse con su rúbrica a desdecirse en febrero de lo que había afirmado en diciembre anterior. En esta fecha había solicitado la revisión del amparo otorgado por la justicia federal a Zorrilla Pérez y sostenido, por lo tanto, que el exdirector de la policía política mexicana debía permanecer en prisión.La liberación de Zorrilla no fue decidida por la justicia federal. Es verdad que un juez y un tribunal colegiado lo ampararon para que se emitiera una nueva resolución, dejando insubsistente la que en octubre del año pasado por enésima ocasión negó a Zorrilla la libertad anticipada. Pero el juez octavo de distrito no ordenó dejar en libertad al asesino de Buendía. Dispuso que la autoridad responsable, la Secretaría de Gobierno, emitiera una nueva resolución que fundara y motivara el acto reclamado (pues el juzgador consideró, y por eso y para eso lo amparó, que no lo había hecho la propia secretaría). Pero el juez dejó en libertad a la autoridad capitalina para actuar en plenitud de jurisdicción, por lo que la nueva resolución pudo ser emitida en el mismo sentido, es decir negando la libertad, sólo que fundando y motivando la negativa.Zorrilla no debía haber salido de la prisión antes de cumplir su condena, que se ejecutaba con grandes privilegios procesales y materiales. En vez de purgar sucesivamente las dos sentencias por homicidio que se le dictaron, logró que se cumplieran simultáneamente. Zorrilla no fue sólo condenado por el asesinato de Buendía, de cuya amistad se jactaba, sino también por la muerte de José Luis Esqueda, su amigo de juventud, con quien había realizado sus iniciales correrías políticas. Pero Esqueda se convirtió en una suerte de conciencia incómoda para Zorrilla. Habían concebido el sueño de hacer carrera política, Esqueda en Morelos, Zorrilla en Hidalgo, apoyándose mutuamente. El hidalguense gozó fortuna política antes que su amigo, y éste fue quedándose en una suerte de subordinación que no le restaba lealtad. Por ella no dejó de reprochar a Zorrilla el tren de vida a que se incorporó una vez designado director Federal de Seguridad, y el origen de los recursos que lo permitían. Para evitar que alguna vez Esqueda revelara las entretelas de su amigo, éste –calificado claramente como egocéntrico en los exámenes sicológicos carcelarios– lo quitó del camino. Mandó matarlo con el mismo cálculo frío con que resolvió asesinar a Buendía.Todavía al impugnar la sentencia del juez octavo, el secretario de Gobierno argumentó que Zorrilla no había sido readaptado, como es el propósito de la reclusión: “el quejoso no labora, no tiene participación escolar y sólo cuenta con 3970 días laborados, y en ese sentido se hace necesario mencionar que el hecho de que el interno cuente con dos licenciaturas que obtuvo durante su vida en libertad no implican que esté readaptado socialmente, ya que dichos estudios profesionales no lo inhibieron para que cometiese dos veces el delito de homicidio…”Agregó la autoridad responsable al solicitar la revisión del amparo que “el quejoso niega la comisión del delito, no posee conciencia delictiva, no obstante que fue encontrado culpable de la comisión del delito de homicidio calificado en agravio de Manuel Buendía Téllez Girón… al no haber conciencia delictiva, no existe conciencia del daño causado tanto a la persona a la que se privó de la vida como a su familia y el propio daño que se comete a la sociedad con estos delitos…”La Secretaría General había considerado también que la propuesta del Consejo Técnico Interdisciplinario del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente del Distrito Federal, favorable a Zorrilla, no vinculatoria, no la obliga a proceder en tal sentido, sino era sólo uno de los factores a tomar en cuenta. En febrero, sin embargo, ese dictamen, en que “se propone por mayoría (a Zorrilla) como candidato para obtener el beneficio de la libertad preparatoria”, se transformó en el argumento para liberar al homicida. En la nueva resolución, firmada por Casaopriego y dirigida a Casaopriego se declara, en sentido contrario a lo expuesto, que Zorrilla está readaptado socialmente, por lo cual “esta autoridad ejecutoria tiene a bien concederle el beneficio de la remisión parcial de la pena a José Antonio Zorrilla Pérez”. El documento entra en franca contradicción consigo mismo en la línea siguiente, al explicar que “el otorgamiento de este beneficio se sustenta en los estudios técnico interdisciplinarios practicados al interno, al encontrarse avances en su proceso de readaptación social” (las cursivas son mías).En la resolución liberatoria se impuso a Zorrilla la obligación de acudir cada treinta días a la Dirección Ejecutiva de Sanciones Penales “para firma y seguimiento de sus obligaciones en libertad”. Se estipuló así mismo que debe “residir en el domicilio que para tal efecto señale a esta dirección ejecutiva, y del cual no podrá ausentarse sin permiso de la misma”. El incumplimiento de estas condiciones puede provocar la revocación de su libertad. Tengo informes de que Zorrilla ha ido a residir a uno de los muchos bienes inmuebles que posee y de los que no se le privó: un rancho en las inmediaciones de Atotonilco el Grande, en Hidalgo. Es probable que no haya acudido a la firma obligatoria los días 18 de marzo, de abril y de mayo, por lo que acaso está en situación de perder su libertad.También sería revocable su libertad si la resolución que se la otorgó fuera declarada nula por sus deficiencias jurídicas. El juez octavo de distrito ordenó emitir una nueva resolución fundada y motivada, y la que liberó a Zorrilla no cumple esos requisitos del artículo 16 constitucional. La sentencia judicial debe ser cumplida por la autoridad responsable, y el firmante del documento liberador no encarna a la autoridad responsable.Zorrilla debe volver a la prisión. El recuerdo de sus víctimas, Esqueda y Buendía, nos urge a esforzarnos en conseguir ese objetivo. l
El narcotráfico como coartada
MÉXICO, D.F., 5 de junio (apro).- Legitimado con el tema del narcotráfico, Felipe Calderón decidió hacer de los operativos policíaco-militares su gran apuesta política para la segunda mitad de su gobierno.
Ante la perspectiva de un nuevo Congreso adverso, el Elliot Ness de Los Pinos –como lo caracterizó Obama– quiere evitar a toda costa lo que le ocurrió a quien lo dejó en la Presidencia de la República.
Cuando Vicente Fox perdió las elecciones del 2003 y el PAN no pudo tener la mayoría en la LIX Legislatura, su gobierno quedó prácticamente estancado, profundizando su incapacidad para gobernar en un sistema de fuerte competencia política.Si hace seis años el PAN fracasó en convencer a la población para que le diera la mayoría, con su lema "quítale el freno al cambio", ahora Felipe Calderón optó por repetir la estrategia del miedo y odio que explotó en el 2006 y dejó profundamente divididos a los mexicanos.De nueva cuenta, plantea un supuesto dilema: votar por "el pasado que dejó crecer el narcotráfico" o por el presente en que "se está actuando para que la droga no llegue a tus hijos".Para reforzar su propaganda, ha echado mano del aparato policíaco y militar, utilizando a las Fuerzas Armadas, en especial al Ejército, y a la PGR con propósitos políticos.El uso y abuso de la fuerza del Estado para objetivos políticos es propio de los regímenes autoritarios, de izquierda o de derecha.En España, el recurso del miedo lo intentó José María Aznar cuando ocurrieron los atentados del 11 de marzo de 2004 y pretendió capitalizar la aprensión ciudadana al responsabilizar a la terrorista organización separatista vasca ETA.Al Qaeda pronto lo desmintió al reivindicar el ataque como una represalia por el apoyo que la España de Aznar le dio a Bush para invadir Irak.Aznar intentó lucrar con un tema que los españoles, desde el inicio de su transición democrática –a la muerte del dictador Francisco Franco, en 1975– acordaron sacarlo de la competencia política.Para los españoles, el problema del terrorismo es un asunto de seguridad nacional y como tal no debe ser explotado políticamente, si bien forma parte de la agenda y el debate político.En México, el tema del narcotráfico también es un problema de seguridad nacional, pero Calderón se lo apropió para lucrar políticamente. Dentro y fuera de México existe la convicción de que ante la falta de legitimidad, recurrió a ese problema para ganarse el reconocimiento que no obtuvo en las urnas.Lo hizo sin tener un verdadero plan. Y es hora que sigue sin tenerlo. El propuesto embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, lo dejó claro apenas en marzo pasado en un documento –supervisado por él desde el Brookings Institution– en el que señala que las acciones de Calderón no van a ningún lado, excepto a presionar todavía más las cárceles mexicanas (Proceso 1693, del 12 de marzo de 2009).Nadie dice que no se deba enfrentar al narcotráfico. Como un problema que erosiona la seguridad de la nación, requiere de una visión de Estado, compartida por toda la clase política y los tres Poderes. Pero desde la Presidencia, por ya casi 15 años, ni el PRI ni el PAN han propiciado un acuerdo sobre el tema.Cada uno dice tener la solución; crean sus propias instituciones y modifican la ley a su acomodo: Lo hizo Ernesto Zedillo con la Policía Federal Preventiva; Fox, con la Agencia Federal de Investigaciones, y ahora Calderón desaparece a las dos y crea la Policía Ministerial de Investigación y la Policía Federal. El que venga y el que le siga crearán sus propias instancias. Y el problema crece sin parar.En el tema, Calderón actúa más por necesidad política. Puso el ejemplo con Michoacán para que los panistas hagan de la narcopolítica el tema electoral. Así se explican las acusaciones de la senadora panista Teresa Ortuño contra el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza.Los panistas intentan explotar una realidad incuestionable: la protección al narcotráfico desde diferentes niveles de la política. Pero en esa realidad también está el PAN.Más perverso todavía es que Calderón y el PAN usen los expedientes como chantaje y los cambien por distritos electorales.Si es cierto lo que dice, que está dispuesto a dar su vida, Calderón podría empezar por el pasado inmediato y revisar el crecimiento desbordado del narcotráfico durante el gobierno de Fox.Es algo que tiene a la mano, pues su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y su procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, ocuparon puestos clave con Vicente Fox. El primero en la AFI –creada por él mismo– y el segundo, en el Cisen y en la Secretaría de Seguridad Pública.Que expliquen, por ejemplo, a quiénes les pagó Joaquín El Chapo Guzmán por toda la cobertura política, policial o militar que ha tenido desde que lo dejaron escapar del penal de Puente Grande, a sólo tres semanas de la llegada de Fox.Por cierto, Medina Mora tiene un especial interés en dejar en paz a El Chapo, pues ha insistido en que "dejó de ser importante" en el cártel del Pacífico.Si de ese nivel es el interés de Calderón por enfrentar al narco, su alegada valentía no pasará de una irresponsable y nociva bravuconada.
jcarrasco@proceso.com.mx
El reino de lo impredecible
Nuestro siglo perdió los límites. Los males que desde el siglo pasado no han dejado de azotar a la humanidad tienen su origen en aquello que los griegos llamaron hybris –la desmesura–. El problema hoy tiene, sin embargo, un plus. Hemos convertido esa presencia del mal, que fungía como límite al hombre –y que en los griegos era el accionar de un puñado de locos como Prometeo o Sísifo–, en un derecho al que todos podemos acceder si conquistamos o nos colocamos en los centros del poder. “En nombre del bien –podría decir el hombre moderno– tenemos el derecho a cualquier desmesura”. Recuerdo en este sentido lo que Majid Rahnema –quien fue un alto funcionario en la ONU– narraba: “Cuando llegué como comisario de Naciones Unidas a Ruanda y Burundi, la ideología del panafricanismo estaba en auge. Presionamos entonces para que esas naciones que querían mantenerse independientes se unieran. Cuando salimos de ahí, sucedió la masacre que todos conocemos”. Algo semejante podemos mirar en la política antinarco de Calderón. Cuando llegó al poder, en nombre de la seguridad y la salud, aplicó una campaña policiaca y militar cuyos resultados conocemos. De la misma índole es la crisis financiera con la que cerramos la primera década de este milenio: Los genios financieros y matemáticos de Wall Street, después de medir los riesgos financieros mediante cálculos de probabilidad que se apoyaban en variaciones sucedidas en el pasado, se lanzaron a la apertura de créditos cuyos costos tienen una analogía con las masacres de Ruanda y con las que a lo largo de los años la política calderonista ha acumulado.El problema –del que podríamos hallar una larga enumeración de ejemplos en todos los campos de las actividades modernas– radica en que basamos nuestro accionar en la hipótesis de que, ya que la causa es buena, no sólo el fin, sino también los medios que se empleen, lo serán. Sin embargo, nadie, en estos casos, puede medir los costos de los mecanismos que para tal fin se echaron a andar. Obnubilados por la bondad de su acto o su derecho a hacer el bien, y confiados en su sabiduría de expertos en materia política y económica, así como en el poder que alcanzaron o les conferimos, se ven incapacitados para pensar en las situaciones límite. Imaginan que la información que hacen circular a través de planes y de propaganda es tan objetiva como un kilo de arroz. Pero tanto en política como en economía la información no es previa a la realidad; no se construye hipotéticamente. Es la realidad la que produce la información. Ni los expertos de la ONU, que en nombre del desarrollo y sus consensos nacionales se sienten con el derecho a intervenir en las vidas de los pueblos, ni la moral clasemediera de Calderón que cree que los problemas se resuelven con firmeza y mano dura, ni los financieros y matemáticos de Wall Street que, encerrados en sus cubículos, piensan la realidad de los mercados en abstracciones informativas, conocen la realidad; ni siquiera se mezclan con ella. Han perdido lo que para Pascal era la base de la moral: “pensar bien”. Ellos no piensan bien, sino en el bien que el poder –conferido por el dinero, el peso de una institución, sus diplomas obtenidos en las aulas universitarias y sus planes– los autoriza a emprender. Una forma de vivir espantosamente contagiosa. Los hombres de hoy –empezando por los responsables de la política y de la economía–, antes de obrar, deberían aprender a “pensar bien”. Etienne Perrot, un lúcido economista y filósofo, recordaba un principio que el Segundo Concilio de Letrán formuló en 1139. Dicho Concilio condenó el uso de las ballestas y las catapultas –no de las flechas ni de las espadas–. La razón era simple, pero profunda: las flechas de las ballestas y las catapultas iban tan lejos que los soldados no podían prever las consecuencias de sus actos. “Cuando los daños previsibles –dice Perrot– no están circunscritos, no debe hacerse nada. Es la base del principio de precaución”. Es también lo que Rahnema concluye después de años de intervención como experto de la ONU: “Si tuviera que derivar una lección de mi propia experiencia y de lo que veo a mi alrededor, debo decir que necesitamos una ética de la intervención (...) que sólo puede surgir cuando mi mundo interior no está separado del exterior (...) Para llegar a ella habría que hacer un examen de conciencia sobre las razones por las que uno hace algo, y de la responsabilidad –en términos de las consecuencias que se implican– cuando uno decide hacerlo, porque aun con las mejores intenciones las consecuencias son catastróficas”.El ideograma chino wu-wei (“no-acción”), que se enseñaba a los funcionarios del Estado, guarda también esta actitud como una sabiduría ancestral. Su práctica, que implicaba asentarse en el lugar adecuado, enseñaba que a veces intervenir debe ser, paradójicamente, una forma de no-intervención. Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a los presos de Atenco y de la APPO, y hacer que Ulises Ruiz salga de Oaxaca.
Perú: “Masacre de indígenas fue un operativo político encubierto”
Por: Servindi/La Haine
“Yo vi que los cadáveres fueron metidos en sacos negros y fueron llevados hasta las orillas del río Marañón para arrojarlos". Movilizaciones internacionales para el 11 de junio
Servindi, 5 de junio, 2009.- De “operativo político encubierto” calificó el líder del Partido Nacionalista Ollanta Humala a la masacre desatada por las fuerzas policiales contra indígenas amazónicos en la localidad de Bagua.
“El gobierno ha preferido la matanza de indígenas antes que derogar los decretos legislativos lesivos a los intereses de la amazonia” indicó.
“El gobierno y su bancada parlamentaria han impedido a toda costa debatir los informes que recomiendan derogar los decretos cuestionados por los indígenas amazónicos. Y no es casual que ayer hayan boicoteado el debate por tercera vez y esta madrugada se inicie la represión” indicó.
El gobierno está haciendo un tinglado
Por su parte el congresista Isaac Meckler calificó de “tinglado” la versión oficial brindada por el gobierno donde mienten acerca de la cantidad de indígenas muertos y los acusan falsamente de portar armas AKM.
“Durante 50 días los indígenas han estado protestando de manera pacífica con sus lanzas y no es creíble que el día 51 se convierten en terroristas armados. Esto no es creíble” aseveró el congresista.
En conferencia de prensa brindada por la tarde de hoy el Presidente del Consejo de Ministros y los ministros de Defensa y del Interior informaron que el saldo del conflicto son nueve policías y tres indígenas muertos.
Tal versión se contradice con la brindada por numerosos medios informativos que indican que habría más de 20 civiles muertos y un centenar de heridos de bala. Un solo corresponsal de Radio Programas del Perú pudo constatar personalmente nueve civiles fallecidos.
Una dificultad para precisar el número exacto de víctimas es el hecho de que las fuerzas policiales y armadas mantuvieron efectuando disparos a diestra y siniestra e impidieron el recojo de los cadaveres.
Fuentes locales informaron de rumores locales acerca de que los efectivos policiales y militares estarían trasladando los cadáveres de indígenas al cuartel El Milagro para quemarlos y desaparecerlos.
El Dr. Edgar Rodas del Hospital El Buen Samaritano de Bagua Grande calificó de “barbarie”, parecida a Beirut, el actuar de la policía que incluso hirió a niños y transeúntes que llegaron al nosocomio, que no se daba abasto para atender a tantos heridos.
El gobierno se ha dedicado a engañar a los nativos
Ollanta Humala señaló que el gobierno ha utilizado la Mesa de Diálogo “como un elemento distractivo para evitar resolver la derogatoria de Decretos Legislativos”.
El operativo del gobierno tiene como objetivos aplicar el Tratado de Libre Comercio sin diálogo con los pueblos amazónicos y descabezar a la dirigencia amazónica, indicó Ollanta.
Un tercer objetivo es acusar al Partido Nacionalista de ser los azuzadores, de ser la mano que está moviendo las movilizaciones, lo que es una mentira grosera que repiten algunos medios, afirmó.
“Las comunidades nativas tienen toda la capacidad de tomar sus propias decisiones y nosotros defenderemos sus reclamos sociales porque se enmarcan dentro de la democracia, en defensa de la propiedad, el agua y demás recursos naturales” expresó el lider nacionalista.
“Exigimos al Gobierno, que maneja a la bancada aprista, que permita la realización de un Pleno Extraordinario en el Congreso de la República para derogar los mencionados decretos legislativos” y evaluar la situación actual.
“Hemos dispuesto que los congresistas nacionalistas viajen a las zonas de conflicto como observadores, que cumplan sus funciones parlamentarias y humanitarias para impedir la violencia, y evitar más muertos, heridos y detenidos” precisó.
Tras el asesinato de 50 indígenas en la Amazonía, el pueblo responde
Lima, 05/06/2009 (CNR / La Haine) -- Los cuerpos de los pobladores amazónicos muertos durante los enfrentamientos con la policía en la carretera Fernando Belaunde, en la zona de "La Curva del Diablo" estarían siendo quemados por efectivos policiales de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) y arrojados al río Marañón en el caserío de Reposo, en Bagua (Amazonas), según denunció el dirigente amazónico Zebelio Kayap.
En diálogo con la CNR contó que siguen masacrando a indígenas, y solicitó la intervención de los organismos defensores de Derechos Humanos.
Kayap precisó que hasta el momento hay aproximadamente 20 heridos y 40 muertos, “pero pueden ser más porque la Diroes ha entrado a atacarnos con balas y todo es un alboroto”.
Una pobladora de la zona que aseguró ser testigo de los hechos confirmó la versión de Kayap. “Yo vi que los cadáveres fueron metidos en sacos negros y fueron llevados hasta las orillas del río Marañón para arrojarlos. La población pedía que se les devuelva los cuerpos de sus familiares para darles cristiana sepultura, pero la policía no hizo caso”, informó.
Narró además que los miembros del orden perseguían a población aguaruna acusándola de senderista, y precisó que unos mestizos ayudaron a trasladar a los indígenas hasta Bagua, pero otros que no fueron embarcados en los carros, fueron retenidos en una casa de adobe donde los están masacrando.
La ciudadana, de nombre María, cuyo apellido prefirió mantener en reserva, contó que en tono amenazante un policía advirtió: “Así como han matado a nuestros compañeros policías, ustedes también tienen que morir”.
Impiden recoger heridos y cadáveres
Zebelio Kayap denunció también que en el caserío Siempre Viva, en Amazonas, la policía impide el paso de la ciudadanía para recoger a los heridos y trasladarlos a Jaén o a Chiclayo, y que tampoco permite que se recoja a los cadáveres desperdigados en la zona.
“La fuerza policial está entrando a la Plaza de Armas. Queremos levantar a los cadáveres y a nuestros heridos, pero no podemos hacerlo. Sigue la balacera desde el helicóptero de la Diroes”, precisó.
Reveló además que entre los heridos se encuentran niños que fueron impactados con bombas lacrimógenas en los caseríos de Reposo y Siempre Viva. Kayap informó a la CNR, además, que los hospitales están repletos de heridos, tanto indígenas como mestizos.
Por su parte la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), confirmó a través de su blog, que también recibieron información de medios locales, respecto a las agresiones contra los pobladores amazónicos y de la quema de cadáveres por parte de efectivos policiales, aunque estas informaciones aún se mantienen en calidad de extraoficiales.
Estas informaciones, desmienten lo señalado hace unas horas por la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, quien sólo mencionó que eran tres nativos los fallecidos, lo cual sería falso pues según las fotos publicadas por la CNDDHH, se trataría de más compatriotas fallecidos en la represión policial en Bagua y Jaén.
50 pobladores muertos
El coordinador del Movimiento Estudiantil Indígena, Shuar Velásquez Ruiz denunció que los militares y policías no dejaron ingresar a los médicos ni a la prensa local con el fin de ocultar evidencia, sobre todo los cadáveres de los indígenas asesinados los cuales habrían sido arrojados al río Marañón.
Velásquez Ruiz, afirmó que hasta estas horas de la noche la cifra de nativos fallecidos serían más de cincuenta, pero que esta situación estaría siendo ocultada por los militares y policías.
Por su parte, el dirigente indígena Zevelio Kayap, presidente de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), solicitó a la Policía Nacional que deje de intervenir violentamente a los nativos apostados en la zona de la Curva del Diablo, en Amazonas, porque ellos no están armados.
"Sólo tenemos nuestras lanzas que son simbólicas, ¿de donde vamos a tener armamento?, los que emplean armas pesadas son ellos (los policías) por eso pedimos que nos dejen de atacar".
Los reportes de prensa comercial desde el Perú dan cuenta de la muerte de "varios nativos". Sin embargo otras informaciones más cercanas al activismo indígena muestran una lista con 35 nombres confirmados de indígenas asesinados por los represores.
La respuesta popular
Informes desde Bagua afirman que 38 policías que custodiaban la Estación N°6 de Petro-Perú (petrolera privatizada), en el distrito de Imaza, en Bagua, han sido retenidos por nativos. Al parecer, un funcionario de la empresa también estaría en calidad de rehén.
El gobierno y los medios burgueses hablan de al menos 11 policías muertos, pero medios cercanos al activismo dejan la cifra en 7 policías ejecutados por la violencia popular. También se comenta que uno de las bajas policiales habría muerto por disparos realizados desde tierra contra uno de los helicópteros que se dedicaba a masacrar a la población.
En Bagua la táctica utilizada por el pueblo en algunos momentos era rodear a un grupo de represores y esperar a que se les acabe el parque. No se les permitía salir del encierro ni la llegada de refuerzos, y cuando los policías empezaban a juntar piedras a falta de otro elemento represivo, el pueblo atacaba.
Periodistas de la zona informaron que anoche (viernes) numerosos nativos y ronderos se dirigían al local de la Policía Nacional de Bagua Grande con la intención de incendiarlo.
Las informaciones de la zona precisan que los pobladores protestaron por el bombardeo de bombas lacrimógenas realizadas desde un helicóptero, contra el poblado de El Reposo.
Asimismo un conocido periodista de Bagua Chica, aseguró que dos periodistas habrían muertos por la policía cumpliendo con su deber de informar en tanto que otros cuatro habrían sido detenidos.
Con premeditación y alevosía, la policía buscó como uno de sus primeros blancos al líder awajún Santiago Manuim, a quien asesinó en los primeros momentos de la represión.
Fotos y videos en: http://www.lahaine.org/index.php?p=38413
Impulsemos juicio internacional a Alan García y su gobierno por genocidio indígena. Jueves 11 de junio: Jornada Internacional de Solidaridad.
Los Pueblos Indígenas Amazónicos del Perú están siendo brutalmente reprimidos. Hasta el momento se sabe de treinta muertos en Bagua, Región Amazonas. Y se ha emitido orden de captura contra toda la dirigencia nacional de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). La criminalización se agudiza y estalla con violencia precisamente hoy, 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente
La intransigencia del gobierno peruano presidido por Alan García, en alianza con los sectores más retrógrados del Congreso de la República (fujimoristas, apristas, ultraderecha), ha cerrado todas las puertas al diálogo y ha optado por el genocidio, haciendo oídos sordos a todas las instituciones nacionales, como la Defensoría del Pueblo, que ha comprobado la inconstitucionalidad de los decretos legislativos emitidos para implementar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, los mismos que vulneran además los tratados internacionales de protección de los derechos indígenas.
¿Cómo celebrar en el Perú el Día Mundial del Medio Ambiente mientras el gobierno defiende tercamente normas emitidas para el saqueo de los bienes naturales y la depredación de la Madre Tierra, llegando a emprender un genocidio contra los pueblos indígenas y encarcelando a sus líderes?
La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, llama a la solidaridad urgente con los pueblos indígenas amazónicos del Perú, para respaldar las acciones de lucha que se desarrollan en todo el país y cumplir con los acuerdos de la IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala (Puno, Perú, 27 al 31 de mayo):
Desarrollar plantones permanentes frente a las embajadas y sedes diplomáticas del Perú en todos los países, hasta detener la represión y lograr la derogatoria de los decretos legislativos del TLC con Estados Unidos.
Impulsar el juicio internacional contra Alan García y su gobierno por genocida, entreguista y vulnerar la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
Acompañar con acciones de respaldo en todos los países la Jornada Nacional de Lucha que se desarrollará en el Perú el jueves 11 de junio, en solidaridad con los pueblos indígenas amazónicos.
Lima, 05 de junio de 2009.
Miguel Palacín Quispe
Coordinador General CAOI
¿Dónde está la OEA y todas esas ONG's que "tan preocupadas" están por los derechos humanos en Cuba y Venezuela? Bola de inmorales, ocultadoras de verdaderos genocidios y creadas sólo para atacar a los únicos países que realmente defienden los derechos humanos y para hacerse cómplices de crímenes de lesa humanidad de gobiernos lacayos y asesinos de su propia gente. ¿Y la ONU? Ah, está consternada. Seguramente en mucho va a ayudar su "consternación" mientras sigue la masacre. "...esperamos que la preocupación internacional se traduzca para que en el Perú se recuperen los DDHH". ¿Entonces de qué sirve la ONU?
“Yo vi que los cadáveres fueron metidos en sacos negros y fueron llevados hasta las orillas del río Marañón para arrojarlos". Movilizaciones internacionales para el 11 de junio
Servindi, 5 de junio, 2009.- De “operativo político encubierto” calificó el líder del Partido Nacionalista Ollanta Humala a la masacre desatada por las fuerzas policiales contra indígenas amazónicos en la localidad de Bagua.
“El gobierno ha preferido la matanza de indígenas antes que derogar los decretos legislativos lesivos a los intereses de la amazonia” indicó.
“El gobierno y su bancada parlamentaria han impedido a toda costa debatir los informes que recomiendan derogar los decretos cuestionados por los indígenas amazónicos. Y no es casual que ayer hayan boicoteado el debate por tercera vez y esta madrugada se inicie la represión” indicó.
El gobierno está haciendo un tinglado
Por su parte el congresista Isaac Meckler calificó de “tinglado” la versión oficial brindada por el gobierno donde mienten acerca de la cantidad de indígenas muertos y los acusan falsamente de portar armas AKM.
“Durante 50 días los indígenas han estado protestando de manera pacífica con sus lanzas y no es creíble que el día 51 se convierten en terroristas armados. Esto no es creíble” aseveró el congresista.
En conferencia de prensa brindada por la tarde de hoy el Presidente del Consejo de Ministros y los ministros de Defensa y del Interior informaron que el saldo del conflicto son nueve policías y tres indígenas muertos.
Tal versión se contradice con la brindada por numerosos medios informativos que indican que habría más de 20 civiles muertos y un centenar de heridos de bala. Un solo corresponsal de Radio Programas del Perú pudo constatar personalmente nueve civiles fallecidos.
Una dificultad para precisar el número exacto de víctimas es el hecho de que las fuerzas policiales y armadas mantuvieron efectuando disparos a diestra y siniestra e impidieron el recojo de los cadaveres.
Fuentes locales informaron de rumores locales acerca de que los efectivos policiales y militares estarían trasladando los cadáveres de indígenas al cuartel El Milagro para quemarlos y desaparecerlos.
El Dr. Edgar Rodas del Hospital El Buen Samaritano de Bagua Grande calificó de “barbarie”, parecida a Beirut, el actuar de la policía que incluso hirió a niños y transeúntes que llegaron al nosocomio, que no se daba abasto para atender a tantos heridos.
El gobierno se ha dedicado a engañar a los nativos
Ollanta Humala señaló que el gobierno ha utilizado la Mesa de Diálogo “como un elemento distractivo para evitar resolver la derogatoria de Decretos Legislativos”.
El operativo del gobierno tiene como objetivos aplicar el Tratado de Libre Comercio sin diálogo con los pueblos amazónicos y descabezar a la dirigencia amazónica, indicó Ollanta.
Un tercer objetivo es acusar al Partido Nacionalista de ser los azuzadores, de ser la mano que está moviendo las movilizaciones, lo que es una mentira grosera que repiten algunos medios, afirmó.
“Las comunidades nativas tienen toda la capacidad de tomar sus propias decisiones y nosotros defenderemos sus reclamos sociales porque se enmarcan dentro de la democracia, en defensa de la propiedad, el agua y demás recursos naturales” expresó el lider nacionalista.
“Exigimos al Gobierno, que maneja a la bancada aprista, que permita la realización de un Pleno Extraordinario en el Congreso de la República para derogar los mencionados decretos legislativos” y evaluar la situación actual.
“Hemos dispuesto que los congresistas nacionalistas viajen a las zonas de conflicto como observadores, que cumplan sus funciones parlamentarias y humanitarias para impedir la violencia, y evitar más muertos, heridos y detenidos” precisó.
Tras el asesinato de 50 indígenas en la Amazonía, el pueblo responde
Lima, 05/06/2009 (CNR / La Haine) -- Los cuerpos de los pobladores amazónicos muertos durante los enfrentamientos con la policía en la carretera Fernando Belaunde, en la zona de "La Curva del Diablo" estarían siendo quemados por efectivos policiales de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) y arrojados al río Marañón en el caserío de Reposo, en Bagua (Amazonas), según denunció el dirigente amazónico Zebelio Kayap.
En diálogo con la CNR contó que siguen masacrando a indígenas, y solicitó la intervención de los organismos defensores de Derechos Humanos.
Kayap precisó que hasta el momento hay aproximadamente 20 heridos y 40 muertos, “pero pueden ser más porque la Diroes ha entrado a atacarnos con balas y todo es un alboroto”.
Una pobladora de la zona que aseguró ser testigo de los hechos confirmó la versión de Kayap. “Yo vi que los cadáveres fueron metidos en sacos negros y fueron llevados hasta las orillas del río Marañón para arrojarlos. La población pedía que se les devuelva los cuerpos de sus familiares para darles cristiana sepultura, pero la policía no hizo caso”, informó.
Narró además que los miembros del orden perseguían a población aguaruna acusándola de senderista, y precisó que unos mestizos ayudaron a trasladar a los indígenas hasta Bagua, pero otros que no fueron embarcados en los carros, fueron retenidos en una casa de adobe donde los están masacrando.
La ciudadana, de nombre María, cuyo apellido prefirió mantener en reserva, contó que en tono amenazante un policía advirtió: “Así como han matado a nuestros compañeros policías, ustedes también tienen que morir”.
Impiden recoger heridos y cadáveres
Zebelio Kayap denunció también que en el caserío Siempre Viva, en Amazonas, la policía impide el paso de la ciudadanía para recoger a los heridos y trasladarlos a Jaén o a Chiclayo, y que tampoco permite que se recoja a los cadáveres desperdigados en la zona.
“La fuerza policial está entrando a la Plaza de Armas. Queremos levantar a los cadáveres y a nuestros heridos, pero no podemos hacerlo. Sigue la balacera desde el helicóptero de la Diroes”, precisó.
Reveló además que entre los heridos se encuentran niños que fueron impactados con bombas lacrimógenas en los caseríos de Reposo y Siempre Viva. Kayap informó a la CNR, además, que los hospitales están repletos de heridos, tanto indígenas como mestizos.
Por su parte la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), confirmó a través de su blog, que también recibieron información de medios locales, respecto a las agresiones contra los pobladores amazónicos y de la quema de cadáveres por parte de efectivos policiales, aunque estas informaciones aún se mantienen en calidad de extraoficiales.
Estas informaciones, desmienten lo señalado hace unas horas por la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, quien sólo mencionó que eran tres nativos los fallecidos, lo cual sería falso pues según las fotos publicadas por la CNDDHH, se trataría de más compatriotas fallecidos en la represión policial en Bagua y Jaén.
50 pobladores muertos
El coordinador del Movimiento Estudiantil Indígena, Shuar Velásquez Ruiz denunció que los militares y policías no dejaron ingresar a los médicos ni a la prensa local con el fin de ocultar evidencia, sobre todo los cadáveres de los indígenas asesinados los cuales habrían sido arrojados al río Marañón.
Velásquez Ruiz, afirmó que hasta estas horas de la noche la cifra de nativos fallecidos serían más de cincuenta, pero que esta situación estaría siendo ocultada por los militares y policías.
Por su parte, el dirigente indígena Zevelio Kayap, presidente de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), solicitó a la Policía Nacional que deje de intervenir violentamente a los nativos apostados en la zona de la Curva del Diablo, en Amazonas, porque ellos no están armados.
"Sólo tenemos nuestras lanzas que son simbólicas, ¿de donde vamos a tener armamento?, los que emplean armas pesadas son ellos (los policías) por eso pedimos que nos dejen de atacar".
Los reportes de prensa comercial desde el Perú dan cuenta de la muerte de "varios nativos". Sin embargo otras informaciones más cercanas al activismo indígena muestran una lista con 35 nombres confirmados de indígenas asesinados por los represores.
La respuesta popular
Informes desde Bagua afirman que 38 policías que custodiaban la Estación N°6 de Petro-Perú (petrolera privatizada), en el distrito de Imaza, en Bagua, han sido retenidos por nativos. Al parecer, un funcionario de la empresa también estaría en calidad de rehén.
El gobierno y los medios burgueses hablan de al menos 11 policías muertos, pero medios cercanos al activismo dejan la cifra en 7 policías ejecutados por la violencia popular. También se comenta que uno de las bajas policiales habría muerto por disparos realizados desde tierra contra uno de los helicópteros que se dedicaba a masacrar a la población.
En Bagua la táctica utilizada por el pueblo en algunos momentos era rodear a un grupo de represores y esperar a que se les acabe el parque. No se les permitía salir del encierro ni la llegada de refuerzos, y cuando los policías empezaban a juntar piedras a falta de otro elemento represivo, el pueblo atacaba.
Periodistas de la zona informaron que anoche (viernes) numerosos nativos y ronderos se dirigían al local de la Policía Nacional de Bagua Grande con la intención de incendiarlo.
Las informaciones de la zona precisan que los pobladores protestaron por el bombardeo de bombas lacrimógenas realizadas desde un helicóptero, contra el poblado de El Reposo.
Asimismo un conocido periodista de Bagua Chica, aseguró que dos periodistas habrían muertos por la policía cumpliendo con su deber de informar en tanto que otros cuatro habrían sido detenidos.
Con premeditación y alevosía, la policía buscó como uno de sus primeros blancos al líder awajún Santiago Manuim, a quien asesinó en los primeros momentos de la represión.
Fotos y videos en: http://www.lahaine.org/index.php?p=38413
Impulsemos juicio internacional a Alan García y su gobierno por genocidio indígena. Jueves 11 de junio: Jornada Internacional de Solidaridad.
Los Pueblos Indígenas Amazónicos del Perú están siendo brutalmente reprimidos. Hasta el momento se sabe de treinta muertos en Bagua, Región Amazonas. Y se ha emitido orden de captura contra toda la dirigencia nacional de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). La criminalización se agudiza y estalla con violencia precisamente hoy, 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente
La intransigencia del gobierno peruano presidido por Alan García, en alianza con los sectores más retrógrados del Congreso de la República (fujimoristas, apristas, ultraderecha), ha cerrado todas las puertas al diálogo y ha optado por el genocidio, haciendo oídos sordos a todas las instituciones nacionales, como la Defensoría del Pueblo, que ha comprobado la inconstitucionalidad de los decretos legislativos emitidos para implementar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, los mismos que vulneran además los tratados internacionales de protección de los derechos indígenas.
¿Cómo celebrar en el Perú el Día Mundial del Medio Ambiente mientras el gobierno defiende tercamente normas emitidas para el saqueo de los bienes naturales y la depredación de la Madre Tierra, llegando a emprender un genocidio contra los pueblos indígenas y encarcelando a sus líderes?
La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, llama a la solidaridad urgente con los pueblos indígenas amazónicos del Perú, para respaldar las acciones de lucha que se desarrollan en todo el país y cumplir con los acuerdos de la IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala (Puno, Perú, 27 al 31 de mayo):
Desarrollar plantones permanentes frente a las embajadas y sedes diplomáticas del Perú en todos los países, hasta detener la represión y lograr la derogatoria de los decretos legislativos del TLC con Estados Unidos.
Impulsar el juicio internacional contra Alan García y su gobierno por genocida, entreguista y vulnerar la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
Acompañar con acciones de respaldo en todos los países la Jornada Nacional de Lucha que se desarrollará en el Perú el jueves 11 de junio, en solidaridad con los pueblos indígenas amazónicos.
Lima, 05 de junio de 2009.
Miguel Palacín Quispe
Coordinador General CAOI
¿Dónde está la OEA y todas esas ONG's que "tan preocupadas" están por los derechos humanos en Cuba y Venezuela? Bola de inmorales, ocultadoras de verdaderos genocidios y creadas sólo para atacar a los únicos países que realmente defienden los derechos humanos y para hacerse cómplices de crímenes de lesa humanidad de gobiernos lacayos y asesinos de su propia gente. ¿Y la ONU? Ah, está consternada. Seguramente en mucho va a ayudar su "consternación" mientras sigue la masacre. "...esperamos que la preocupación internacional se traduzca para que en el Perú se recuperen los DDHH". ¿Entonces de qué sirve la ONU?
Bonos Pemex: pierden millones en publicidad
Dinero*Bonos Pemex: pierden millones en publicidad
*El rescate de autopistas
*Vendedores estrella
¿Yquién va a asumir la responsabilidad de los millones de pesos invertidos –y perdidos– en la campaña de publicidad de los bonos nonatos (no nacidos, no natus)? Muy quitado de la pena, el director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles, confirmó ayer lo que comenté en este espacio: definitivamente no serán emitidos dada la enorme turbulencia económica y financiera, al menos en 2009. Cuando lanzó la campaña de publicidad ya había signos de que venía un agudo periodo de inestabilidad, aunque se negaban a admitirlo. Querían hacernos creer que los ciudadanos mexicanos participarían de las ganancias petroleras si daban su aval a la entrega de Pemex al extranjero. En realidad ya habían hecho arreglos para que fueran manejados en la Bolsa de Valores. Lo más probable es que los bonos de 100 pesos –devaluados antes de nacer– no aparezcan en lo que resta del sexenio. Gastaron muchos millones en algo que no existía. ¿Van a descontarle algo de sus enormes ingresos al señor Reyes Heroles? No es lo mismo amañar encuestas electorales que administrar la compañía petrolera nacional.
Vendedores estrella
El karma suele ser canijo, pero intravenoso. Diez empleados de una pequeña compañía distribuidora de equipo eléctrico, ubicada en las cercanías de París, recibieron como premio un viaje a Río de Janeiro por ser los mejores vendedores. Tenían meses compitiendo por dar los mejores resultados a su empresa. Todos, y sus respectivas esposas, viajaban en el vuelo de Air France que cayó en las heladas aguas del Atlántico.
Capufe, el rescate carretero
Creada como organismo descentralizado, Caminos y Puentes Federales cumplió 50 años de vida con muchos baches. Juan Molinar Horcasitas envió al director general de Desarrollo Carretero, José San Martín Romero, a la celebración que tuvo lugar en Cuernavaca. Un capítulo negro de su historia lo constituye el rescate de autopistas concesionadas al sector privado, que dio nacimiento a la red FARAC. Salinas de Gortari las repartió entre sus amigos y Zedillo tuvo que sacarlas del hoyo, a muy alto costo. Primero destinaron 100 mil millones de pesos, no fueron suficientes; al final del sexenio del presidente que nunca traía cash, la cifra se había duplicado, luego se perdió la huella. El salvamento está siendo pagado con dinero de los contribuyentes. Los políticos aprendieron muy bien la lección. ¿Ya no las volverán a concesionar? No, al contrario, varios caminos están en proceso de licitación. Resulta buen negocio que quiebren.
e@Vox Populi
Asunto: manipulando la estadística
Algo que me confunde, irrita y encabrita cuando veo los índices de inflación que proporciona algún funcionario público, o algunos analistas económicos, es lo alejados que están de la realidad. Tal vez calculen la inflación sobre el precio de los productos básicos, pero no sólo de frijoles y tortillas vive una familia. Hay muchas otras mercancías que se requieren en cada comida, así como ropa, calzado, transporte y un montón de cosas. Cada vez que voy al mercado, al supermercado o a la tienda de la esquina, y eso es varias veces a la semana, encuentro que los precios aumentan en promedio de 20 a 30 por ciento. ¿Y los salarios, cuándo? Digo, si es que uno es de los afortunados con tener empleo.
Miguel Dávila/Tepic
R: Amigo nayarita: la única forma como podrían aumentar los salarios es aplicando una regla japonesa: a los altos ejecutivos no se les permite ganar más de siete tantos que la secretaria o el mozo más modestos. Si éstos perciben 2 mil 500 pesos a la quincena, por ejemplo, el presidente –de una compañía o del país– no puede ganar más de 17 mil 500. Veríamos cómo les entrarían las prisas por subir el mínimo.
Asunto: retiros en efectivo
Te escribo para quejarme otra vez de Bancomer, que ha promovido a lo largo de los últimos dos años su tarjeta azul como la única que no cobra comisión por disposición en efectivo en el cajero automático y resulta que hoy, al hacer una disposición de $400 me cobraron $100. Al reclamar vía telefónica me informaron que a partir del primero de junio se cobra el 5% de las disposiciones, y si el retiro es inferior a $1,000 cobrarán $100, lo cual representa una comisión estratosférica. Enrique: ¿hay alguien que pueda regular estas comisiones?
Josefina De León/Distrito Federal
R: No hay, es inaudito, pero no hay. El sistema bancario funciona en un marco metalegal, en la metafísica de la impunidad. Bancomer no cobraba comisión, era un gancho para atraer clientes. Eso terminó justo cuando se discutía en el Congreso una legislación para poner topes a comisiones e intereses, pero no prosperó.
Asunto: el voto en blanco
He oído diferentes opiniones respecto de castigar a los partidos políticos con un voto en blanco. Realmente me parece una muy tonta manera de manifestar nuestro desacuerdo. Si queremos un cambio, hay que cambiar de gobernantes. Así que si yo voté, por ejemplo, PAN, ahora voto PRD, etcétera. Que se muevan de donde están. A ver si así logramos que se pongan a chambear y se dejen de payasadas. Lo malo es que dentro de la amplia gama de candidatos no hay a cuál irle. Como diría mi sobrina de 10 años: ¿qué prefieres, caca, pedo o chis? Lástima de gastos.
Gabriela E. Loera/Distrito Federal
R: Es una genio tu sobrinita. Pertenece a una generación que ya no va a perder el tiempo en discusiones sobre la situación en que se encuentra el país. Ya lo saben, están claros de que lo único posible es el cambio.
Asunto: sábado de fut
Hola, Enrique: mañana sábado jugarán dos selecciones de futbol: La de la república del Salvador (de la humanidad) contra la de El Salvador. Una con tapabocas y la otra sin él. ¿Cuál es cuál?
Efraín Solís Almanza/Distrito Federal
R: Mmmm. Ya me pusiste a pensar. ¿A cuál le va el chamoy?
galvanochoa@yahoo.com • Foro: http://elforomexico.com/
Suben a 35 niños muertos en guardería que ardió en Sonora
El gobernador Eduardo Bours confirmó la cifra de decesos, que incluye a dos menores que fallecieron hoy. Asimismo, refirió que 41 bebés y seis adultos se encuentran hospitalizados.
Este gángster asesino para lo único que sirve es para contar los muertos y a veces ni para eso.
Ulises Gutiérrez y La Jornada En Línea
México, DF. A 35 niños aumentó la cifra de muertos tras el incendio registrado ayer viernes en una guardería de Hermosillo, Sonora, informó el gobernador del estado, Eduardo Bours.
El mandatario señaló que además hay 41 niños y seis adultos hospitalizados en diversos nosocomios.
En conferencia de prensa, Bours Castelo dijo que ya están trabajando en todos los niveles para apoyar a las familias de las víctimas.
Sí, cómo no. Les pasará los mismo que a las familias de Pasta de Conchos.
El mandatario local aceptó que rentaban una bodega aledaña a la guardería infantil, sin embargo, no quiso confirmar si el incendio inició en la propiedad del estado pero sí puntualizó que el fuego no inició en la guardería.
Autoridades afirmaron que entre las menores muertas este sábado están María Fernanda Miranda y Valentina Tamayo Trujillo, ambas de dos años.
En tanto, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) dio a conocer que 27 de los menores fallecidos en la guardería ABC fueron identificados, los cuales se encuentran en la sala de Medicina Legal de esta dependencia, donde serán entregados a sus familiares.
A su vez, el titular de la Secretaría de Salud Pública (SSP) estatal, Raymundo López Vucovich, mencionó que alrededor de 100 médicos especialistas, en cirugía plástica y pediatría, realizan todos los esfuerzos posibles para atender a los lesionados.
Aquellos heridos que puedan ser trasladados a clínicas Shriners, especializadas en la atención de quemaduras, en las ciudades de San Diego y Sacramento, California, serán llevados vía aérea, dijo.
Ayer, un incendio ocurrido en un bodegón habilitado como guardería en la colonia Y Griega, en el sur de Hermosillo, provocó la muerte de por lo menos 35 menores de edad y lesiones graves a unos 40, incluidos seis adultos.
La estancia infantil estaba subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a pesar de que operaba junto a una gasolinera y un gran taller de llantas, y no tenía salidas de emergencia ni extintores.
¿Cómo puede una estancia infantil no contar con salidas de emergencia ni extinguidores y estar ubicada junto a una gasolinera y a un taller de llantas? Muy sencillo, al gobierno corrupto e inmoral le vale madre lo que le pase a los mexicanos y mexicanas.
Daniel Karam, director general del IMSS, se negó a proporcionar los nombres de los dueños de la guardería que serían los mismos que le rentaron al gobierno del estado la bodega donde aparentemente inició el fuego.
La impunidad inmediata.
Además, el funcionario federal señaló que la guardería cumplía con los requisitos para operar.
¿Cómo va a cumplir con los requisitos para operar si no contaba con salidas de emergencia ni extintores y además estaba junto a una gasolinera y a un bodegón de llantas?
Fuentes extraoficiales indicaron que los dueños son miembros activos del PRI y funcionarios del gobierno del estado y empresarios afines al actual gobierno priísta.
Esta es la verdadera razón de tanta infamia y desdén por los niños y niñas mexican@s. Ah, pero a los sonorenses están con el PRIAN.
Con información de Notimex
Nuestras más sentidas condolencias por esas irreparables pérdidas.
Este gángster asesino para lo único que sirve es para contar los muertos y a veces ni para eso.
Ulises Gutiérrez y La Jornada En Línea
México, DF. A 35 niños aumentó la cifra de muertos tras el incendio registrado ayer viernes en una guardería de Hermosillo, Sonora, informó el gobernador del estado, Eduardo Bours.
El mandatario señaló que además hay 41 niños y seis adultos hospitalizados en diversos nosocomios.
En conferencia de prensa, Bours Castelo dijo que ya están trabajando en todos los niveles para apoyar a las familias de las víctimas.
Sí, cómo no. Les pasará los mismo que a las familias de Pasta de Conchos.
El mandatario local aceptó que rentaban una bodega aledaña a la guardería infantil, sin embargo, no quiso confirmar si el incendio inició en la propiedad del estado pero sí puntualizó que el fuego no inició en la guardería.
Autoridades afirmaron que entre las menores muertas este sábado están María Fernanda Miranda y Valentina Tamayo Trujillo, ambas de dos años.
En tanto, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) dio a conocer que 27 de los menores fallecidos en la guardería ABC fueron identificados, los cuales se encuentran en la sala de Medicina Legal de esta dependencia, donde serán entregados a sus familiares.
A su vez, el titular de la Secretaría de Salud Pública (SSP) estatal, Raymundo López Vucovich, mencionó que alrededor de 100 médicos especialistas, en cirugía plástica y pediatría, realizan todos los esfuerzos posibles para atender a los lesionados.
Aquellos heridos que puedan ser trasladados a clínicas Shriners, especializadas en la atención de quemaduras, en las ciudades de San Diego y Sacramento, California, serán llevados vía aérea, dijo.
Ayer, un incendio ocurrido en un bodegón habilitado como guardería en la colonia Y Griega, en el sur de Hermosillo, provocó la muerte de por lo menos 35 menores de edad y lesiones graves a unos 40, incluidos seis adultos.
La estancia infantil estaba subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a pesar de que operaba junto a una gasolinera y un gran taller de llantas, y no tenía salidas de emergencia ni extintores.
¿Cómo puede una estancia infantil no contar con salidas de emergencia ni extinguidores y estar ubicada junto a una gasolinera y a un taller de llantas? Muy sencillo, al gobierno corrupto e inmoral le vale madre lo que le pase a los mexicanos y mexicanas.
Daniel Karam, director general del IMSS, se negó a proporcionar los nombres de los dueños de la guardería que serían los mismos que le rentaron al gobierno del estado la bodega donde aparentemente inició el fuego.
La impunidad inmediata.
Además, el funcionario federal señaló que la guardería cumplía con los requisitos para operar.
¿Cómo va a cumplir con los requisitos para operar si no contaba con salidas de emergencia ni extintores y además estaba junto a una gasolinera y a un bodegón de llantas?
Fuentes extraoficiales indicaron que los dueños son miembros activos del PRI y funcionarios del gobierno del estado y empresarios afines al actual gobierno priísta.
Esta es la verdadera razón de tanta infamia y desdén por los niños y niñas mexican@s. Ah, pero a los sonorenses están con el PRIAN.
Con información de Notimex
Nuestras más sentidas condolencias por esas irreparables pérdidas.
Polos opuestos se juntan
Indice Político
“¡Al diablo las instituciones!”
- Andrés Manuel López Obrador -
DISÍMBOLOS PERSONAJES UNIDOS por una misma causa. Tatiana Clouthier y el subcomandante Marcos. Un primo de Felipe Calderón, Gabriel Hinojosa Rivero, de la mano de connotados foxistas y ex foxistas, como Luis Alberto Bolaños y Santiago Pando, respectivamente. Rosalbina Garavito, ex guerrillera y ex senadora del PRD, al lado del reputado abogado fiscalista Luis Manuel Pérez de Acha, concuño de Alfonso Durazo.¿Cuál es la causa que los junta?La promoción del “voto en blanco”, es la respuesta.Un mismo fin, diferentes motivaciones.Las de “La Otra Campaña”, movimiento que en la apariencia es jefaturado por el polémico personaje que se la pasa “mirando las montañas del Sur” del país, son las de la abierta insurrección. Las de aquellos que en algún tiempo estuvieron ligados al PAN y, también momentáneamente a aquél otro PRD, son más limitadas pues sólo condenan a la partidocracia y al peculiar sistema electoral que los propios partidos se han dado, mientras que en buena medida dejan a salvo la cuestionable acción de la fallida Administración federal en turno.Aunque personalmente no comulgo con la idea del “no voto” y, mucho menos, con la del “voto en blanco” –pero lo que a mí me guste o no debe ser irrelevante para usted—, considero más legítimas las razones de aquellos a quienes guía Marcos, sobremanera porque están inscritas en el contexto de una movilización de mayor alcance, a partir del arribo del emblemático año 2010. Las de Clouthier, Hinojosa, Bolaños, Pando, Garavito, Pérez de Acha et al, en cambio, son inmediatistas. No llegan más allá del 5 de julio de este 2009.“La Otra Campaña”, en efecto, prepara un foro sugestivamente bautizado “¡Váyanse o los Sacamos!” –nada qué ver con el “si no pueden, ¡renuncien!”, del empresario Alejandro Martí—, en el que el 27 y 28 de junio próximos, en Papantla, Veracruz, discutirán las “20 Razones para no Votar”.No existe un paralelismo entre ambos movimientos. “La Otra Campaña” invita a la abstención ya que hoy el voto sólo reproduce el actual sistema de corrupciones. Critica a la partidocracia e invita a construir otra forma de hacer política: que unifique a los mexicanos, que no genere más desigualdades y que no sea un botín para los políticos.De miras más cortas, la organización social de Clouthier sólo se lamenta de que los partidos políticos no representan los intereses de los ciudadanos. Los de ella misma, para empezar.Tomo del periódico El Volador (01/06/2009), órgano mensual de divulgación de La Otra Huasteca-Totonacapan –uno de los brazos del EZLN— los siguientes datos en los que se destaca la oposición al sistema electoral, al cual considera un sistema de derecha por sus modos de funcionar y por los resultados que arroja.Hace ver que a los políticos les interesa mucho que la gente vote, sea cual sea el candidato, pues para ellos lo de menos es cambiar de partido y acomodarse donde más les convenga.Enfatiza que no importa quién se aproveche de la abstención, cualquiera de los partidos gobernará igual, “ahí están los hechos”, dice. Por ello, el documento recuerda la frase del Subcomandante Marcos, quien afirmó que el voto es “el trámite más inútil” —mientras Calderón buscaba afuera lo que en sí mismo encarna.Subraya que existen mexicanos ansiosos de ir a votar por conveniencia personal, o a fin de endosar el compromiso del país a una camarilla de sinvergüenzas, sabiendo que no les volverán a molestar hasta nuevas elecciones. Son, en suma, los más irresponsables.El documento llama a una “desobediencia civil” que comience por no votar. Afirma que si no se sabe cuál otro camino seguir, al menos se sabe por dónde ya no: “el camino al precipicio”. Por eso, dice, es preferible permanecer de pie que seguir caminando en la dirección equivocada. E invita a que ese día de elecciones, la gente detenga su voto, que mejor se quede en casa a pensar cómo derrocar a Calderón por otras vías: “no voto, me organizo y lucho, por un gobierno que mande obedeciendo.”Juntos, los extremos. Pero no revueltos.La política, es cierto, hace extraños compañeros de cama. Beautiful people, gente nice, bonita, junto a los desarrapados de ayer, hoy, mañana ¿y siempre?
Indice Flamígero:
De carcajada la última “puntada” de los guardianes de la ley y el orden (jejeje) del calderonato. Ahora resulta que hay “narco-listas”. Sobre hojitas de papel (jejeje). ¿Escritas a mano? Pues no que hay dificultad para combatir a los mañosos por la posesión que éstos tienen de la más alta tecnología. ¿Sobre qué escribirán en la PGR, SEDENA, SSP? ¿Sobre una roca? ¿Con cincel?
* * * A la zaga de Marcelo Ebrard. Así va el ocupante de Los Pinos quien, luego de que el jefe de gobierno de la capital nacional recibiera a los Pumas, coronados campeones de fútbol, él se invitó una visita al seleccionado nacional de la patada. De la patada, sí.
* * * Durante el salinato, Diego Fernández de Cevallos fue motejado cual “La Ardilla”, dizque porque no salía de Los Pinos. Hace poco más de una semana, el polémico gobernador oaxaqueño Ulises Ruiz rebautizó igual a Beatriz Paredes, a quien también comparó con el simpático animalito que dio origen a la caricatura de Chip & Dale. Por lo mismo. Porque ya convirtió en guarida a la casona de Parque Lira en el Distrito Federal.
http://www.indicepolitico.com/
pacorodriguez@journalist.com
Se ganó a los musulmanes
Alaban el discurso del Presidente Barack Obama en El Cairo por tender la mano al Mundo Islámico y reconocer el sufrimiento del Pueblo palestino / Reacciones positivas en todo el mundo.WASHINGTON, D.C., 4 de junio (EFE/AFP).- Organizaciones musulmanas de EE.UU. alabaron hoy el discurso del Presidente Barack Obama en El Cairo, por tender la mano al Mundo Musulmán y reconocer el sufrimiento del Pueblo palestino, mientras que las judías lo recibieron fríamente.“El presidente ha establecido un nuevo marco en las relaciones entre Estados Unidos y la comunidad musulmana”, dijo Salam Al-Marayati, director ejecutivo del Consejo Musulmán de Asuntos Públicos (MPAC, por su sigla en inglés).A su juicio, el discurso fue “equilibrado” porque anunció al mismo tiempo un cambio en la política estadounidense y pidió la reforma en el Mundo Musulmán, con un apelo a los Gobiernos a que reconozcan derechos básicos de sus ciudadanos, incluidos los de la mujer.Por su parte, el Comité Anti-Discriminación Arabe-Estadounidense (ADC, por su sigla en inglés) dijo que en su intervención Obama reconoció el valor de la civilización islámica, lo que ayuda a eliminar estereotipos equivocados sobre los árabes y los musulmanes.El discurso del Presidente Obama dirigido al Mundo Musulmán fue recibido mayoritariamente de modo positivo en distintos países.En el mundo árabe, la reacción estuvo dividida. Mientras en Siria o Irak fue acogido con satisfacción, Jordania le reprochó la falta de una mayor presión al derechista Gobierno israelí de Benjamin Netanyahu. El jefe negociador palestino Saeb Erekat aplaudió el fuerte compromiso de Obama con la creación de un Estado palestino independiente.El politólogo sirio Sami Mobeid declaró que el discurso supone “un cambio de paradigma en la política estadounidense”.La Autoridad Palestina aplaudió el discurso que calificó de “buen comienzo” y una ruptura respecto a la administración de Bush.El movimiento islamista palestino HAMAS, considerado una organización terrorista por Washington, y que controla la Franja de Gaza, señaló, por su parte, un “cambio tangible” en el discurso de Obama respecto al Mundo Musulmán, pero también “contradicciones”.Desde Beirut, el movimiento chiíta libanés Hezbolá consideró por su parte que el discurso no mostraba ningún “cambio real” en la política norteamericana para el mundo musulmán, según indicó el diputado Hassan Fadlallah.En Europa, el jefe de la diplomacia europea, Javier Solana, consideró que el discurso de Obama “abre una nueva página en las relaciones con el Mundo Arabe-Musulmán”.El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, se mostró por su parte, “fuertemente alentado” por el discurso de Obama, que espera servirá para abrir un nuevo capítulo en las relaciones de Estados Unidos con el Mundo Islámico.El Vaticano valoró de forma positiva el discurso pronunciado por el Presidente Obama en El Cairo, considerado por su diario, L‘Osservatore Romano, como “un nuevo inicio en las relaciones con el Mundo Musulmán”.Y el Ministerio egipcio de Asuntos Exteriores calificó como histórico el discurso que pronunció Obama, que estuvo dirigido a la comunidad musulmana mundial.
Dictan orden de captura contra líderes indígenas colombianos
TeleSUR
Un juez colombiano dictó una orden de captura contra Aida Quilcue, Feliciano Valencia, Daniel Piñacué y otros líderes de la Minga indígena, "en un claro caso de persecución política contra el movimiento indígena", según denunció este sábado Asociación de Cabildos Indígenas del Norte (ACIN).
En su página web la ACIN, indica que la orden de captura fue proferida por un juez con funciones de control de garantías, a instancias del Fiscal Delegado de la Fiscalía General de la Nación, ambos de la ciudad de Popayán.
Según informa Asociación indígena, la acción judicial se debe a una denuncia presentada en su contra por el cabo del Ejército Jairo Danilo Chaparrán Santiago adscrito a la unidad de contraguerrilla Nro 15 Libertadores.
Este militar, que "presenta todos los rasgos propios de la etnia, que aprovechando estas características permitió que fuera utilizado por el Ejército Nacional para infiltrarse dentro de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, dentro del territorio indígena del resguardo de La María Piendamó. Fue utilizado por el ejército para cometer un delito", afirma el texto.
Chaparrán fue capturado por las autoridades indígenas que gobiernan dentro del territorio indígena conocido como resguardo, y de manera pública, ante las autoridades y la comunidad indígena, se exhibió material militar, que portaba dentro del morral que le fue incautado.
"Actuando en derecho y sobre la base de Jurisprudencia Reiterada por la Honorable Corte Constitucional, las autoridades indígenas, en este caso los 60 Gobernadores de resguardos, procedieron a juzgarlo según usos y costumbres en asamblea. Quedó demostrada la flagrancia de su atentado contra la comunidad en territorio indígena. Fue sometido a una ceremonia de correción y entregado luego a Defensoría del Pueblo del Cauca", recuerda el texto divulgado este domingo en la página web de la Asociación.
Según la ACIN, los líderes indígenas a los que se les dictó orden de captura, obedecieron la decisión de los Gobernadores apegados en todo momento a derecho, y agregan que en ningún momento, éstos dictaron o ejecutaron sentencia. Por el contrario, "vigilaron el procedimiento para que respondiera al más estricto debido proceso y para garantizar los derechos del acusado".
De igual manera, la organización indígena deja claro que un Juez de la República no tiene jurisdicción sobre este caso que corresponde, según la Constitución, a las autoridades indígenas en su territorio.
"Las autoridades no cometieron delito alguno. Por lo tanto, acá se pretende condenar a autoridades judiciales indígenas por parte de quienes, desde el Estado, cometieron un delito y fueron descubierto en flagrancia. Es decir que los victimarios ahora vienen a capturar al juez que los descubrió cometiendo un delito" destaca el texto.
De igual manera, los indígenas resaltan la falta de derecho que se vive en Colombia, cuando según afirman, "los hechos demuestran la falta de garantías legales y procesales que existen en este país, de manera que los delincuentes de la fuerza pública, se atreven no solamente a cometer delitos sino que luego, se convierten en acusadores de sus propias víctimas".
"La "justicia" de bolsillo del Gobierno Colombiano sirve una vez más, para vengarse de un pueblo que se levantó pacíficamente en Minga contra el modelo económico de despojo, contra el terror, por el respeto a las obligaciones de Estado y para que los pueblos podamos tejer nuestra propia agenda en libertad. Mientras en Perú están asesinando a quienes se movilizaron desde hace 56 días contra el TLC, acá al terror de siempre, se suma la burla a la justicia" afirma el texto.
Asimismo la organización indígena calificó los hechos ocurridos en Perú y en Colombia como un anuncio de "masacres y persecusión, genocida y etnocida, sangrienta".
Mientras en Perú están asesinando a quienes se movilizaron desde hace 56 días contra el TLC, acá al terror de siempre, se suma la burla a la justicia. Es la misma lucha, son los mismos regímenes y solamente la unidad en resistencia hará libres a nuestros pueblos" destaca la ACIN.
En el documento también envían condolencias a los familiares a las comunidades indígenas peruanas, y expresaron una profunda admiración por el valor y la dignidad de sus hermanos andinos.
"No están solas ni solos. Acá luchamos, acá lloramos y seguimos adelante. No será en vano tanto dolor. Seremos libres y el "libre comercio" será condenado un día por lo que es: terror contra los pueblos y contra la vida para alimentar la codicia enferma de unos insaciables" afirman.
Por último realizaron un llamado a la comunidad internacional para que se reconozca la justicia de la lucha indígena y se repudie el etnocidio de Estado.
Perú, Colombia y México, lo peor del fascismo en América Latina.
Un juez colombiano dictó una orden de captura contra Aida Quilcue, Feliciano Valencia, Daniel Piñacué y otros líderes de la Minga indígena, "en un claro caso de persecución política contra el movimiento indígena", según denunció este sábado Asociación de Cabildos Indígenas del Norte (ACIN).
En su página web la ACIN, indica que la orden de captura fue proferida por un juez con funciones de control de garantías, a instancias del Fiscal Delegado de la Fiscalía General de la Nación, ambos de la ciudad de Popayán.
Según informa Asociación indígena, la acción judicial se debe a una denuncia presentada en su contra por el cabo del Ejército Jairo Danilo Chaparrán Santiago adscrito a la unidad de contraguerrilla Nro 15 Libertadores.
Este militar, que "presenta todos los rasgos propios de la etnia, que aprovechando estas características permitió que fuera utilizado por el Ejército Nacional para infiltrarse dentro de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, dentro del territorio indígena del resguardo de La María Piendamó. Fue utilizado por el ejército para cometer un delito", afirma el texto.
Chaparrán fue capturado por las autoridades indígenas que gobiernan dentro del territorio indígena conocido como resguardo, y de manera pública, ante las autoridades y la comunidad indígena, se exhibió material militar, que portaba dentro del morral que le fue incautado.
"Actuando en derecho y sobre la base de Jurisprudencia Reiterada por la Honorable Corte Constitucional, las autoridades indígenas, en este caso los 60 Gobernadores de resguardos, procedieron a juzgarlo según usos y costumbres en asamblea. Quedó demostrada la flagrancia de su atentado contra la comunidad en territorio indígena. Fue sometido a una ceremonia de correción y entregado luego a Defensoría del Pueblo del Cauca", recuerda el texto divulgado este domingo en la página web de la Asociación.
Según la ACIN, los líderes indígenas a los que se les dictó orden de captura, obedecieron la decisión de los Gobernadores apegados en todo momento a derecho, y agregan que en ningún momento, éstos dictaron o ejecutaron sentencia. Por el contrario, "vigilaron el procedimiento para que respondiera al más estricto debido proceso y para garantizar los derechos del acusado".
De igual manera, la organización indígena deja claro que un Juez de la República no tiene jurisdicción sobre este caso que corresponde, según la Constitución, a las autoridades indígenas en su territorio.
"Las autoridades no cometieron delito alguno. Por lo tanto, acá se pretende condenar a autoridades judiciales indígenas por parte de quienes, desde el Estado, cometieron un delito y fueron descubierto en flagrancia. Es decir que los victimarios ahora vienen a capturar al juez que los descubrió cometiendo un delito" destaca el texto.
De igual manera, los indígenas resaltan la falta de derecho que se vive en Colombia, cuando según afirman, "los hechos demuestran la falta de garantías legales y procesales que existen en este país, de manera que los delincuentes de la fuerza pública, se atreven no solamente a cometer delitos sino que luego, se convierten en acusadores de sus propias víctimas".
"La "justicia" de bolsillo del Gobierno Colombiano sirve una vez más, para vengarse de un pueblo que se levantó pacíficamente en Minga contra el modelo económico de despojo, contra el terror, por el respeto a las obligaciones de Estado y para que los pueblos podamos tejer nuestra propia agenda en libertad. Mientras en Perú están asesinando a quienes se movilizaron desde hace 56 días contra el TLC, acá al terror de siempre, se suma la burla a la justicia" afirma el texto.
Asimismo la organización indígena calificó los hechos ocurridos en Perú y en Colombia como un anuncio de "masacres y persecusión, genocida y etnocida, sangrienta".
Mientras en Perú están asesinando a quienes se movilizaron desde hace 56 días contra el TLC, acá al terror de siempre, se suma la burla a la justicia. Es la misma lucha, son los mismos regímenes y solamente la unidad en resistencia hará libres a nuestros pueblos" destaca la ACIN.
En el documento también envían condolencias a los familiares a las comunidades indígenas peruanas, y expresaron una profunda admiración por el valor y la dignidad de sus hermanos andinos.
"No están solas ni solos. Acá luchamos, acá lloramos y seguimos adelante. No será en vano tanto dolor. Seremos libres y el "libre comercio" será condenado un día por lo que es: terror contra los pueblos y contra la vida para alimentar la codicia enferma de unos insaciables" afirman.
Por último realizaron un llamado a la comunidad internacional para que se reconozca la justicia de la lucha indígena y se repudie el etnocidio de Estado.
Perú, Colombia y México, lo peor del fascismo en América Latina.
Indígenas peruanos acusan al Gobierno de distorsionar opinión pública
El representante de la Aidesep, Sapión Nonengo, denunció que más de 150 simpatizantes del organismo indígena están detenidos "arrodillados y con posibilidad de ser fusilados" en un lugar que identificó como el "Batallón 16 El Milagro", una base militar, según el indígena
TeleSUR
El representante de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía (Aidesep), Sapión Nonengo, denunció este sábado en rueda de prensa que el Gobierno "distorsiona la opinión pública nacional e internacional", ante lo que considera la organización, un genocidio a los pueblos orginarios.
La acusación indígena se produce en el marco de las aseveraciones del primer ministro peruano, Yehude Simon quien responsabilizó a los nativos de los hechos violentos registrados el pasado viernes en la Amazonia peruana, en los que murieron, según dirigentes indígenas, 40 aborígenes, información respaldada por fuentes médicas que aseguran la muerte de más de 30, mientras otros permanecen heridos.
Las citadas acciones violentas contra indígenas se iniciaron a primeras horas del pasado viernes, cuando una concentración de los aborígenes fue atacada por aire y tierra en la zona de la Curva del Diablo, de la Amazonia peruana, por funcionarios policiales.
El jefe del Comando Conjunto de las Fuerza Armadas, Francisco Javier Contreras, señaló que se mantendrá el toque de queda y el estado de emergencia en las provincias peruanas Bagua y Utcubamba, del norte del país, afectadas por la violencia.
El Gobierno mantiene que sólo han muerto nueve nativos y destacan el fallecimiento de 22 policías.
"Pensar en un policía moribundo (...) es una pena inmensa que cae sobre los corazones de los peruanos de bien", ha dicho el presidente Alan García este sábado, en un discurso en el que sólo mencionó hacia los grupos indígenas, acusaciones. En tanto, madres y familiares de las víctimas aborígenes denuncian un genocidio contra sus pueblos y exigen justicia.
El representante de la Aidesep, Sapión Nonengo, denunció que más de 150 simpatizantes del organismo indígena están detenidos "arrodillados y con posibilidad de ser fusilados" en un lugar que identificó como el "Batallón 16 El Milagro", una base militar, según el indígena. Ante ello, responsabilizó al Gobierno de lo que pueda suceder.
Desde el pasado 9 de abril, cerca de 60 etnias amazónicas se mantienen en protesta para rechazar diferentes reglamentos, entre los cuales está la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la Ley de Recursos Hídricos, por considerarlos lesivos a sus derechos.
Los nativos han insistido en que estas legislaciones vulneran sus derechos a la propiedad y el control sobre sus propios recursos naturales. También se oponen a a los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Chile.
Las protestas han sido impulsadas principalmente por el líder indígena amazónico peruano, Alberto Pizango, presidente de la Aidesep, sobre el que pende una orden de detención, dictada por el Gobierno peruano.
En entrevista a teleSUR, Pizango manifestó el viernes que "Nosotros nos habíamos desplazado pacíficamente durante 45 días y no esperamos esta reacción y muchos menos este ataque aéreo y terrestre. El gobierno utilizó armas de guerras como si nosotros fuéramos delincuentes, por ello los pueblos indígenas denunciamos este hecho genocida".
El principal líder indígena amazónico peruano, Alberto Pizango, se encuentra en paradero desconocido, según el Gobierno, quien lo busca para apresarlo.
TeleSUR
El representante de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía (Aidesep), Sapión Nonengo, denunció este sábado en rueda de prensa que el Gobierno "distorsiona la opinión pública nacional e internacional", ante lo que considera la organización, un genocidio a los pueblos orginarios.
La acusación indígena se produce en el marco de las aseveraciones del primer ministro peruano, Yehude Simon quien responsabilizó a los nativos de los hechos violentos registrados el pasado viernes en la Amazonia peruana, en los que murieron, según dirigentes indígenas, 40 aborígenes, información respaldada por fuentes médicas que aseguran la muerte de más de 30, mientras otros permanecen heridos.
Las citadas acciones violentas contra indígenas se iniciaron a primeras horas del pasado viernes, cuando una concentración de los aborígenes fue atacada por aire y tierra en la zona de la Curva del Diablo, de la Amazonia peruana, por funcionarios policiales.
El jefe del Comando Conjunto de las Fuerza Armadas, Francisco Javier Contreras, señaló que se mantendrá el toque de queda y el estado de emergencia en las provincias peruanas Bagua y Utcubamba, del norte del país, afectadas por la violencia.
El Gobierno mantiene que sólo han muerto nueve nativos y destacan el fallecimiento de 22 policías.
"Pensar en un policía moribundo (...) es una pena inmensa que cae sobre los corazones de los peruanos de bien", ha dicho el presidente Alan García este sábado, en un discurso en el que sólo mencionó hacia los grupos indígenas, acusaciones. En tanto, madres y familiares de las víctimas aborígenes denuncian un genocidio contra sus pueblos y exigen justicia.
El representante de la Aidesep, Sapión Nonengo, denunció que más de 150 simpatizantes del organismo indígena están detenidos "arrodillados y con posibilidad de ser fusilados" en un lugar que identificó como el "Batallón 16 El Milagro", una base militar, según el indígena. Ante ello, responsabilizó al Gobierno de lo que pueda suceder.
Desde el pasado 9 de abril, cerca de 60 etnias amazónicas se mantienen en protesta para rechazar diferentes reglamentos, entre los cuales está la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la Ley de Recursos Hídricos, por considerarlos lesivos a sus derechos.
Los nativos han insistido en que estas legislaciones vulneran sus derechos a la propiedad y el control sobre sus propios recursos naturales. También se oponen a a los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Chile.
Las protestas han sido impulsadas principalmente por el líder indígena amazónico peruano, Alberto Pizango, presidente de la Aidesep, sobre el que pende una orden de detención, dictada por el Gobierno peruano.
En entrevista a teleSUR, Pizango manifestó el viernes que "Nosotros nos habíamos desplazado pacíficamente durante 45 días y no esperamos esta reacción y muchos menos este ataque aéreo y terrestre. El gobierno utilizó armas de guerras como si nosotros fuéramos delincuentes, por ello los pueblos indígenas denunciamos este hecho genocida".
El principal líder indígena amazónico peruano, Alberto Pizango, se encuentra en paradero desconocido, según el Gobierno, quien lo busca para apresarlo.
Cuba, inalterable
La Isla de la Dignidad proclama como gran victoria la decisión de la Organización de Estados Americanos de abrirle la puerta tras 47 años de expulsión, pero no modifica en nada su negativa a volver al grupo.LA HABANA, Cuba, 4 de junio (REUTERS/AFP).- Cuba describió el jueves la decisión de la OEA de eliminar su suspensión como una gran victoria, pero dijo que no modifica en nada su negativa a volver al grupo del que fue expulsada hace 47 años.Los 34 países de la Organización de Estados Americanos (OEA) derogaron el miércoles en la ciudad hondureña de San Pedro Sula una resolución que apartó en 1962 a Cuba por presión de Estados Unidos.“Yo creo que es una gran victoria para América Latina y el Caribe. Es también (una victoria) para el Pueblo de Cuba”, dijo el presidente del Parlamento cubano, Ricardo Alarcón, a periodistas en La Habana.La derogación fue aprobada de forma unánime por los Estados miembros de la OEA pese a la resistencia de Estados Unidos, que proponía condicionarla a avances en Derechos Humanos.Así, Cuba proclamó como gran victoria la decisión de la OEA de abrirle la puerta tras 47 años de exclusión, pero mantuvo inalterable su rechazo a retornar al foro, lo que deja dudas del impacto real de la medida sobre todo en el acercamiento con Washington.“Es una gran victoria para los pueblos de América Latina y el Caribe y también para el pueblo de Cuba, (pero) lo que ha ocurrido no modifica en nada lo que Cuba pensaba ayer, antier y hoy”, dijo el jefe del Parlamento, Ricardo Alarcón, en la primera reacción oficial de La Habana.Ilustrando el desdén por la Organización de Estados Americanos (OEA), Alarcón afirmó que la decisión, si bien puso “fin a una injusticia y a un atavismo prehistórico”, en Cuba “hay interés de guardarla en los museos de arqueología”.En un hecho considerado “histórico” por gobiernos de América Latina, la OEA en su Asamblea General en Honduras anuló el miércoles por consenso, incluido Estados Unidos, la resolución que suspendió a Cuba en 1962, con lo que permitió su regreso si lo pide y adopta los principios democráticos del foro.Antes de esa decisión, el líder de la revolución, Fidel Castro, apartado de la presidencia desde que enfermó hace tres años, acusó a la OEA de ser el “caballo de Troya” de Estados Unidos y cómplice de su “crímenes”.Los cubanos, enterados por el diario oficial Granma y el resto de medios -todos estatales-, acogieron la medida, pero angustiados por sus problemas cotidianos, piensan que poco o nada va a cambiar.
Pruebas desvinculan al presidente Colom del asesinato de abogado
Las investigaciones en torno al crimen del abogado guatemalteco Rodrigo Rosenberg podrían tomar un nuevo rumbo, luego que un supuesto testigo identificado como José Pérez León, asegurara que el Partido Patriota, principal de la oposición, habría contratado a la banda denominada los Pitágoras para concretar el asesinato del profesional del derecho.
TeleSUR
Pruebas que desvinculan al presidente de Guatemala, Álvaro Colom, del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, e implican al principal partido de oposición, fueron entregadas a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por un supuesto testigo.
Rosenberg, fue asesinado el pasado 10 de mayo en un pudiente sector sur de la capital guatemalteca. Al día siguiente salió a luz pública un video donde el abogado responsabilizaba al presidente guatemalteco, a la esposa de éste y al secretario privado de la presidencia de su muerte.
Por su parte, Colom ha defendido en reiteradas oportunidades su inocencia, negando enfáticamente la veracidad del video, además de recalcar que tiene su conciencia totalmente limpia.
Este viernes, un supuesto testigo identificado como Juan Pérez León, ha desvinculado del crimen al mandatario guatemalteco al sostener que los autores intelectuales del asesinato del abogado fueron miembros del Partido Patriota (PP), el principal de la oposición en Guatemala.
Pérez León, señaló directamente al congresista del PP por Quetzaltenango, Armando Paniagua Rodríguez de contactarlo para realizar el pago a la banda de sicarios llamada Los Pitágoras.
De igual manera el supuesto testigo indicó a los medios de prensa del país que Paniagua le había ofrecido dinero y un automóvil para se retractara de sus declaraciones.
"Me envió un mensaje de texto donde me dijo que ya estaba arreglado lo de mis cuatro llantas (un vehículo) y Q200 mil (24.702,03 dólares) serían depositados a mi cuenta bancaria".
En otro momento de su declaración, Pérez sostuvo que "el (Partido) Patriota me ofreció dinero, me ofreció carro, yo no soy un niño para recibir un carro. Piensan que con eso me voy a quedar callado, que no voy a seguir, yo sólo muerto voy a dejar de hacer lo que hago".
Según los medios locales, el supuesto testigo indicó que en una fecha sin especificar mantuvo una entrevista con el diputado en un restaurante de Quetzaltenango, donde le ofreció la paga y que el secretario general del PP, Otto Pérez Molina, le comunicó por teléfono que a Paniagua podía pedirle lo que quisiera.
Como prueba, Pérez León entregó a la CICIG en una provincia del departamento noroccidental de San Marcos, fronterizo con México, el teléfono móvil en el que supuestamente recibió los mensajes de texto que implican a Paniagua, en el crimen de Rosenberg.
De igual manera, Pérez señaló que proporcionó a la CICIG, detalles de los presuntos asesinos, entre ellos Juan Ordóñez, que según indicó fue quien dio muerte a Rosenberg; así como de los vehículos y residencias utilizadas esos días.
El pasado 26 de mayo, coincidencialmente, el líder del PP, el general Otto Pérez Molina, denunció la existencia de un complot para asesinarlo a él y a la diputada Roxana Baldetti, y aseguró que por ese plan había sido detenido un ciudadano de nombre Juan Ordónez.
Por su parte, el nuevo implicado en el crimen del Abogado, el diputado Armando Paniagua indicó a los medios de su país que no ha escuchado las declaraciones y que se pronunciará hasta que las analicen y que no sabe de quién se trata.
"No sé quién es esa persona. No puedo darle ninguna reacción hasta que no escuche la grabación", sentenció el parlamentario, al tiempo de asegurar que lo único de lo que él tiene conocimiento es de la persona que está protegida por la ley.
Mientras tanto, el portavoz de Colom, Fernando Barillas, confirmó a periodistas locales que la Presidencia prestó un helicóptero para que los miembros de la CICIG se movilizaran hasta San Marcos y recibieron las pruebas de Pérez León, que constaron de unos documentos, un disco compacto y su teléfono celular.
El asesinato de Rosenberg, que Colom atribuye a una conspiración para desestabilizar a su Gobierno, ha provocado una crisis en Guatemala que el mandatario espera que sea superada a la brevedad.
"Esta crisis va a pasar, tengo la certeza porque mi corazón está limpio", reiteraba el mandatario guatemalteco a finales de mayo pasado al señalar que espera que la ley caiga "implacablemente" contra los responsables.
TeleSUR
Pruebas que desvinculan al presidente de Guatemala, Álvaro Colom, del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, e implican al principal partido de oposición, fueron entregadas a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por un supuesto testigo.
Rosenberg, fue asesinado el pasado 10 de mayo en un pudiente sector sur de la capital guatemalteca. Al día siguiente salió a luz pública un video donde el abogado responsabilizaba al presidente guatemalteco, a la esposa de éste y al secretario privado de la presidencia de su muerte.
Por su parte, Colom ha defendido en reiteradas oportunidades su inocencia, negando enfáticamente la veracidad del video, además de recalcar que tiene su conciencia totalmente limpia.
Este viernes, un supuesto testigo identificado como Juan Pérez León, ha desvinculado del crimen al mandatario guatemalteco al sostener que los autores intelectuales del asesinato del abogado fueron miembros del Partido Patriota (PP), el principal de la oposición en Guatemala.
Pérez León, señaló directamente al congresista del PP por Quetzaltenango, Armando Paniagua Rodríguez de contactarlo para realizar el pago a la banda de sicarios llamada Los Pitágoras.
De igual manera el supuesto testigo indicó a los medios de prensa del país que Paniagua le había ofrecido dinero y un automóvil para se retractara de sus declaraciones.
"Me envió un mensaje de texto donde me dijo que ya estaba arreglado lo de mis cuatro llantas (un vehículo) y Q200 mil (24.702,03 dólares) serían depositados a mi cuenta bancaria".
En otro momento de su declaración, Pérez sostuvo que "el (Partido) Patriota me ofreció dinero, me ofreció carro, yo no soy un niño para recibir un carro. Piensan que con eso me voy a quedar callado, que no voy a seguir, yo sólo muerto voy a dejar de hacer lo que hago".
Según los medios locales, el supuesto testigo indicó que en una fecha sin especificar mantuvo una entrevista con el diputado en un restaurante de Quetzaltenango, donde le ofreció la paga y que el secretario general del PP, Otto Pérez Molina, le comunicó por teléfono que a Paniagua podía pedirle lo que quisiera.
Como prueba, Pérez León entregó a la CICIG en una provincia del departamento noroccidental de San Marcos, fronterizo con México, el teléfono móvil en el que supuestamente recibió los mensajes de texto que implican a Paniagua, en el crimen de Rosenberg.
De igual manera, Pérez señaló que proporcionó a la CICIG, detalles de los presuntos asesinos, entre ellos Juan Ordóñez, que según indicó fue quien dio muerte a Rosenberg; así como de los vehículos y residencias utilizadas esos días.
El pasado 26 de mayo, coincidencialmente, el líder del PP, el general Otto Pérez Molina, denunció la existencia de un complot para asesinarlo a él y a la diputada Roxana Baldetti, y aseguró que por ese plan había sido detenido un ciudadano de nombre Juan Ordónez.
Por su parte, el nuevo implicado en el crimen del Abogado, el diputado Armando Paniagua indicó a los medios de su país que no ha escuchado las declaraciones y que se pronunciará hasta que las analicen y que no sabe de quién se trata.
"No sé quién es esa persona. No puedo darle ninguna reacción hasta que no escuche la grabación", sentenció el parlamentario, al tiempo de asegurar que lo único de lo que él tiene conocimiento es de la persona que está protegida por la ley.
Mientras tanto, el portavoz de Colom, Fernando Barillas, confirmó a periodistas locales que la Presidencia prestó un helicóptero para que los miembros de la CICIG se movilizaran hasta San Marcos y recibieron las pruebas de Pérez León, que constaron de unos documentos, un disco compacto y su teléfono celular.
El asesinato de Rosenberg, que Colom atribuye a una conspiración para desestabilizar a su Gobierno, ha provocado una crisis en Guatemala que el mandatario espera que sea superada a la brevedad.
"Esta crisis va a pasar, tengo la certeza porque mi corazón está limpio", reiteraba el mandatario guatemalteco a finales de mayo pasado al señalar que espera que la ley caiga "implacablemente" contra los responsables.
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