sábado, marzo 29, 2008
Clausurar Guantánamo, demandan activistas, grupos humanitarios y ex secretarios de Estado
Inicia Amnistía Internacional una campaña por el cierre de la prisión en esa base de EU
“Es una mancha” para Estados Unidos, dice Kissinger; “nos da muy mal nombre”: James Baker
David Brooks (Corresponsal)
Nueva York, 28 de marzo. Un inusual coro de activistas contra la guerra, agrupaciones de derechos humanos y algunos de los más prominentes diplomáticos de este país abogan por la clausura de la prisión de Guantánamo.
Amnistía Internacional anunció este viernes el comienzo de una campaña de acciones en que miles de estudiantes de mil 600 preparatorias y universidades de Estados Unidos realizarán durante una semana eventos para demandar la clausura del campo de detención estadunidense en la base naval de Guantánamo, Cuba.
“Los estudiantes entienden que las violaciones contra los derechos humanos, especialmente aquellas cometidas por su propio gobierno, no se detendrán si ellos permanecen al margen”, aseguró Njambi Good, de la campaña contra tortura de Amnistía Internacional, sección Estados Unidos.
Agregó que estas movilizaciones son en favor de las “libertades fundamentales y, por tanto, contra instalaciones como la de (la base de) Guantánamo…”
Mientras tanto, cinco ex secretarios de Estado –Colin Powell, Henry Kissinger, James Baker, Warren Christopher y Madeleine Albright– instaron este viernes a que el próximo presidente estadunidense clausure el centro de detención en Guantánamo.
Todos ellos, reunidos en un foro de la Universidad de Georgia, coincidieron en afirmar que Guantánamo mancha la reputación internacional de Estados Unidos.
Cerrar la prisión, dijo Powell, quien fue jefe de la diplomacia estadunidense en el primer periodo presidencial de George W. Bush, “anunciaría al mundo que ahora estamos regresando a nuestras respectivas formas tradicionales de cómo manejar gente que potencialmente ha cometido delitos.
Colin Powell debería estar metido debajo de la mesa de vergüenza después de su discurso sobre las armas de destrucción masiva que aseguró que Irak tenía, que se calle no tiene autoridad moral para decir nada.
Kissinger señaló que Guantánamo es “una mancha” sobre Estados Unidos, mientras que Baker afirmó que “nos da un muy mal nombre, y no sólo internacionalmente”, reportó la agencia Ap.
Otro sátrapa de siete suelas cuyo premio Nobel de la Paz es una burla después de lo de Vietnam.
Otras agrupaciones y organizaciones de derechos humanos, defensa de derechos civiles y legales, junto con un sinnúmero de políticos, han condenado la existencia del centro de detención.
Ya se habían tardado ¿no creen?
Junto con Amnistía Internacional, Human Rights Watch y casi todo grupo destacado de derechos humanos, han llamado durante años a cerrar esa prisión, mientras que organizaciones como el Centro de Derechos Constitucionales y otras han presentado casos legales ante los tribunales nacionales (incluso la Suprema Corte) e internacionales para denunciar la violación de derechos civiles y legales que se comete con la existencia de ese centro de detención.
Un abogado prominente de Estados Unidos comentó en Washington a La Jornada que “nunca en mi vida esperé ver que mi propio país operara un campo de concentración. Qué vergüenza”.
El centro de detención en la base naval estadunidense de Guantánamo empezó a operar en 2002 y hoy día hay aproximadamente 275 hombres detenidos procedentes de unos 30 países –algunos llegaron como menores de edad y otros después de ser torturados en prisiones secretas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) o por las autoridades de otras naciones como un supuesto favor a Washington.
La abrumadora mayoría nunca ha sido formalmente acusado de algún delito, y no goza de casi ninguna garantía legal acordada a los prisioneros de guerra por las Convenciones de Ginebra ni las otorgadas por la Constitución de Estados Unidos, por orden ejecutiva del presidente George W. Bush, y, por tanto, no tienen derecho a cuestionar su detención ante algún tribunal independiente.
Vayamos más allá, los Estados Unidos es el país más terrorista del mundo, después del genocidio que a perpetrado en Irak, después de la tortura a la que somete a cuanto humano encuentre sospechoso de terrorista aunque no tenga pruebas, después de lo de Guantánamo, después del espionaje y de la represión que ejerce sobre sus propios ciudadanos, no tiene autoridad moral para hablar sobre derechos humanos. Un imperio sediento de sangre y lleno de avaricia que quiere explotar los recursos petrolíferos del planeta, despilfarrarlo a discreción, dirigir las políticas de todos los gobiernos y asesinar a quien se le de la gana.
“Es una mancha” para Estados Unidos, dice Kissinger; “nos da muy mal nombre”: James Baker
David Brooks (Corresponsal)
Nueva York, 28 de marzo. Un inusual coro de activistas contra la guerra, agrupaciones de derechos humanos y algunos de los más prominentes diplomáticos de este país abogan por la clausura de la prisión de Guantánamo.
Amnistía Internacional anunció este viernes el comienzo de una campaña de acciones en que miles de estudiantes de mil 600 preparatorias y universidades de Estados Unidos realizarán durante una semana eventos para demandar la clausura del campo de detención estadunidense en la base naval de Guantánamo, Cuba.
“Los estudiantes entienden que las violaciones contra los derechos humanos, especialmente aquellas cometidas por su propio gobierno, no se detendrán si ellos permanecen al margen”, aseguró Njambi Good, de la campaña contra tortura de Amnistía Internacional, sección Estados Unidos.
Agregó que estas movilizaciones son en favor de las “libertades fundamentales y, por tanto, contra instalaciones como la de (la base de) Guantánamo…”
Mientras tanto, cinco ex secretarios de Estado –Colin Powell, Henry Kissinger, James Baker, Warren Christopher y Madeleine Albright– instaron este viernes a que el próximo presidente estadunidense clausure el centro de detención en Guantánamo.
Todos ellos, reunidos en un foro de la Universidad de Georgia, coincidieron en afirmar que Guantánamo mancha la reputación internacional de Estados Unidos.
Cerrar la prisión, dijo Powell, quien fue jefe de la diplomacia estadunidense en el primer periodo presidencial de George W. Bush, “anunciaría al mundo que ahora estamos regresando a nuestras respectivas formas tradicionales de cómo manejar gente que potencialmente ha cometido delitos.
Colin Powell debería estar metido debajo de la mesa de vergüenza después de su discurso sobre las armas de destrucción masiva que aseguró que Irak tenía, que se calle no tiene autoridad moral para decir nada.
Kissinger señaló que Guantánamo es “una mancha” sobre Estados Unidos, mientras que Baker afirmó que “nos da un muy mal nombre, y no sólo internacionalmente”, reportó la agencia Ap.
Otro sátrapa de siete suelas cuyo premio Nobel de la Paz es una burla después de lo de Vietnam.
Otras agrupaciones y organizaciones de derechos humanos, defensa de derechos civiles y legales, junto con un sinnúmero de políticos, han condenado la existencia del centro de detención.
Ya se habían tardado ¿no creen?
Junto con Amnistía Internacional, Human Rights Watch y casi todo grupo destacado de derechos humanos, han llamado durante años a cerrar esa prisión, mientras que organizaciones como el Centro de Derechos Constitucionales y otras han presentado casos legales ante los tribunales nacionales (incluso la Suprema Corte) e internacionales para denunciar la violación de derechos civiles y legales que se comete con la existencia de ese centro de detención.
Un abogado prominente de Estados Unidos comentó en Washington a La Jornada que “nunca en mi vida esperé ver que mi propio país operara un campo de concentración. Qué vergüenza”.
El centro de detención en la base naval estadunidense de Guantánamo empezó a operar en 2002 y hoy día hay aproximadamente 275 hombres detenidos procedentes de unos 30 países –algunos llegaron como menores de edad y otros después de ser torturados en prisiones secretas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) o por las autoridades de otras naciones como un supuesto favor a Washington.
La abrumadora mayoría nunca ha sido formalmente acusado de algún delito, y no goza de casi ninguna garantía legal acordada a los prisioneros de guerra por las Convenciones de Ginebra ni las otorgadas por la Constitución de Estados Unidos, por orden ejecutiva del presidente George W. Bush, y, por tanto, no tienen derecho a cuestionar su detención ante algún tribunal independiente.
Vayamos más allá, los Estados Unidos es el país más terrorista del mundo, después del genocidio que a perpetrado en Irak, después de la tortura a la que somete a cuanto humano encuentre sospechoso de terrorista aunque no tenga pruebas, después de lo de Guantánamo, después del espionaje y de la represión que ejerce sobre sus propios ciudadanos, no tiene autoridad moral para hablar sobre derechos humanos. Un imperio sediento de sangre y lleno de avaricia que quiere explotar los recursos petrolíferos del planeta, despilfarrarlo a discreción, dirigir las políticas de todos los gobiernos y asesinar a quien se le de la gana.
Por apostar a la reforma energética, el gobierno detiene la inversión en Pemex
Ha provocado un estancamiento de las ramas productivas que dependen de sus productos
Censura la Canacintra el enorme e innecesario desgaste político que el debate ha propiciado
Susana González G.
Por apostar a una reforma energética que ha generado un “enorme e innecesario desgaste político”, el gobierno federal ha paralizado las inversiones en Petróleos Mexicanos (Pemex) y, en consecuencia, ha provocado un “atascamiento” de las diversas ramas productivas que dependen de sus proyectos e insumos, denunció Gilberto Ortiz Muñoz, vicepresidente de la Comisión de Petroquímica de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).
“En lugar de presentar la iniciativa de reforma energética, en este momento convendría que las autoridades informaran sobre el avance en las inversiones públicas en el sector energético. El gasto público no se ha aplicado y ello ha propiciado una cadena de efectos negativos entre empresas proveedoras y consumidoras de Pemex”, aseguró.
Contrario a lo que ha anunciado el presidente Felipe Calderón Hinojosa de acelerar la inversión de recursos públicos, como parte de un plan anticíclico para enfrentar las posibles consecuencias que tenga México por la desaceleración económica de Estados Unidos, en el sector energético se ha mantenido un subejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación 2008.
Pero la situación se torna aún más grave porque desde el año pasado, es decir en el primer año de gobierno de Calderón, Pemex dejó de hacer las inversiones que tenía programadas, pese a contar con recursos fijados tanto en el presupuesto como las partidas extras que ha obtenido a raíz de la constante alza en el precio internacional del petróleo.
“Todos esos excedentes ya se deberían haber destinado de manera urgente a iniciar los trabajos de la nueva refinería y ello serviría para reforzar ese plan anticíclico contra la recesión de Estados Unidos”, indicó.
Con ese suministro nulo o a cuenta gotas de recursos públicos al sector, el gobierno federal “está incumpliendo con su obligación constitucional de suministrar energéticos de manera adecuado y a precios competitivos en el país, porque Pemex prácticamente ya no abastece y, por ejemplo, los usuarios de productos petroquímicos están tratando de conseguirlos fuera del país porque la paraestatal ha tenido una cantidad enorme de cierres de plantas y ha abandonado producciones”.
Y en todo ello, señaló el dirigente empresarial, el gobierno de Calderón Hinojosa ha contado con la “cómplice omisión” del Congreso de la Unión, en tanto que los legisladores tienen por obligación vigilar y exigir que se aplique el presupuesto que aprobaron.
Pemex, insistió, cuenta con suficientes recursos para haber iniciado ya la construcción de una refinería y frenar la constante importación de derivados del petróleo, como las gasolinas y petroquímicos que requiere la población y la industria de México.
Resulta absurdo, según Ortiz Muñoz, que el Ejecutivo Federal anuncie que se realizará un estudio de viabilidad para la construcción de una nueva refinería, cuando Pemex cuenta con proyectos e investigaciones realizados con muchos años de antelación.
Al mismo tiempo acotó que no es necesaria la inversión privada o la modificación de leyes secundarias para construir una nueva refinería. “La refinación es un gran negocio y no debemos olvidar que los países que tienen mejores condiciones de vida son aquellos que agregan valor a sus riquezas naturales”, afirmó.
Censura la Canacintra el enorme e innecesario desgaste político que el debate ha propiciado
Susana González G.
Por apostar a una reforma energética que ha generado un “enorme e innecesario desgaste político”, el gobierno federal ha paralizado las inversiones en Petróleos Mexicanos (Pemex) y, en consecuencia, ha provocado un “atascamiento” de las diversas ramas productivas que dependen de sus proyectos e insumos, denunció Gilberto Ortiz Muñoz, vicepresidente de la Comisión de Petroquímica de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).
“En lugar de presentar la iniciativa de reforma energética, en este momento convendría que las autoridades informaran sobre el avance en las inversiones públicas en el sector energético. El gasto público no se ha aplicado y ello ha propiciado una cadena de efectos negativos entre empresas proveedoras y consumidoras de Pemex”, aseguró.
Contrario a lo que ha anunciado el presidente Felipe Calderón Hinojosa de acelerar la inversión de recursos públicos, como parte de un plan anticíclico para enfrentar las posibles consecuencias que tenga México por la desaceleración económica de Estados Unidos, en el sector energético se ha mantenido un subejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación 2008.
Pero la situación se torna aún más grave porque desde el año pasado, es decir en el primer año de gobierno de Calderón, Pemex dejó de hacer las inversiones que tenía programadas, pese a contar con recursos fijados tanto en el presupuesto como las partidas extras que ha obtenido a raíz de la constante alza en el precio internacional del petróleo.
“Todos esos excedentes ya se deberían haber destinado de manera urgente a iniciar los trabajos de la nueva refinería y ello serviría para reforzar ese plan anticíclico contra la recesión de Estados Unidos”, indicó.
Con ese suministro nulo o a cuenta gotas de recursos públicos al sector, el gobierno federal “está incumpliendo con su obligación constitucional de suministrar energéticos de manera adecuado y a precios competitivos en el país, porque Pemex prácticamente ya no abastece y, por ejemplo, los usuarios de productos petroquímicos están tratando de conseguirlos fuera del país porque la paraestatal ha tenido una cantidad enorme de cierres de plantas y ha abandonado producciones”.
Y en todo ello, señaló el dirigente empresarial, el gobierno de Calderón Hinojosa ha contado con la “cómplice omisión” del Congreso de la Unión, en tanto que los legisladores tienen por obligación vigilar y exigir que se aplique el presupuesto que aprobaron.
Pemex, insistió, cuenta con suficientes recursos para haber iniciado ya la construcción de una refinería y frenar la constante importación de derivados del petróleo, como las gasolinas y petroquímicos que requiere la población y la industria de México.
Resulta absurdo, según Ortiz Muñoz, que el Ejecutivo Federal anuncie que se realizará un estudio de viabilidad para la construcción de una nueva refinería, cuando Pemex cuenta con proyectos e investigaciones realizados con muchos años de antelación.
Al mismo tiempo acotó que no es necesaria la inversión privada o la modificación de leyes secundarias para construir una nueva refinería. “La refinación es un gran negocio y no debemos olvidar que los países que tienen mejores condiciones de vida son aquellos que agregan valor a sus riquezas naturales”, afirmó.
A $2 billones llegará la deuda con particulares vía Pidiregas este año
La cifra representa casi la cuarta parte del producto interno bruto de México
De 2008 a 2012 se afrontarán los pagos más abultados, según informes y estadísticas oficiales
Casi 80 por ciento de los proyectos de financiamiento están contratados en moneda extranjera
Israel Rodríguez y Roberto González Amador
El valor estimado de la deuda contratada con particulares para financiar las obras de expansión de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de los Proyectos de Inversión con Impacto Diferido en el Registro de Gasto (Pidiregas), creados a finales del sexenio de Ernesto Zedillo, ascenderá este año a casi 2 billones de pesos, monto histórico, equivalente a casi 25 por ciento del producto interno bruto (PIB) del país.
Adicionalmente, a partir de 2008 y hasta 2012, al finalizar la actual administración gubernamental, se enfrentarán los pagos más abultados en un horizonte de 47 años, según advierten informes y estadísticas oficiales.
Cabe apuntar que aproximadamente el 80 por ciento de los proyectos signados con financiamiento privado están contratados en moneda extranjera.
Solo en los próximos cuatro años, los requerimientos financieros para cubrir la amortización del principal e intereses será de 834 mil 679 millones de pesos, para posteriormente reducirse paulatinamente hacia el 2045.
Los Pidiregas son un esquema de inversión que se aplica exclusivamente en Pemex y CFE sustentado en financiamientos provenientes de inversionistas privados, donde el sector público comienza a pagar esas inversiones, con recursos presupuestales, una vez recibidos los proyectos a entera satisfacción de las paraestatales contratantes.
Este mecanismo de financiamiento conocido como Pidiregas se diseño para atender las necesidades crecientes de infraestructura productiva, en condiciones de escasez de recursos públicos para la inversión.
Actualmente existen dos categorías de Pidiregas, la primera, denominada de inversión directa, que incluye aquellos proyectos en los que, por la naturaleza de los contratos, las entidades públicas asumen una obligación directa y firme de adquirir las obras de infraestructura construidos por el sector privado a satisfacción de Pemex y CFE.
La segunda, denominada de inversión condicionada, incluye proyectos en los que los activos son propiedad privada y que en caso de alguna eventualidad contemplada en los contratos la entidad tiene la facultad de adquirir el bien.
En Pemex existen 37 proyectos de inversión financiada, de los cuales 36 son bajo la figura de inversión directa y uno de inversión condicionada, mientras que en la CFE son 209 proyectos de los cuales 183 son bajo la figura de inversión directa y los 26 restantes como inversión condicionada.
Con base en la información del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, el gobierno federal tendrá que erogar este año 117 mil 538 millones de pesos para cubrir el pago de los Pidiregas de Pemex y CFE. De este total 80 mil 607 millones de pesos serán para la amortización y 36 mil 930 millones para el pago de intereses.
En el 2009, el pago por Pidiregas será de 126 mil 911 millones, 83 mil 146 millones para el pago del principal y 43 mil millones para el pago del servicio de esta deuda.
Para el 2010 el costo total será de 177 mil 58 millones, entre principal e intereses, en tanto que para el 2011 serán de 182 mil 899 millones y para el 2012 se alcanzará el mayo monto histórico al pagarse 230 mil 273 millones de pesos. De este total 170 mil 958 millones se destinarán a pagar el principal y 59 mil 314 millones para el pago de intereses.
Después de que culmine la actual administración gubernamental las erogaciones por pago de Pidiregas disminuirán paulatinamente hasta el 2031 en el caso de CFE y al 2045 en Pemex.
Los compromisos de largo plazo de Pidiregas son parte de la deuda soberana del gobierno federal y están considerados dentro de los requerimientos financieros del sector público y sus saldos históricos, por ello no tienen impacto en el déficit presupuestario.
De acuerdo con un amplio y reciente diagnóstico sobre los Pidiregas, elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), estima que el valor total de la deuda de Pemex y CFE contratada con particulares, ascenderá al final de 2008 a un billón 904 mil 53 millones 810 mil 572 pesos.
De este total, la gran mayoría la concentra Pemex con un billón 618 mil 296 millones 465 mil 850 pesos, mientras que en el caso de la CFE ascenderá a 285 mil 757 millones 344 mil 722 pesos.
La estimación del valor de la deuda se realizó descontando los pagos pendientes al año en curso usando como base la tasa de descuento calculada a través de la tasa de interés de referencia, que es de 2.5 por ciento real anual.
Si bien todos y cada uno de los proyectos son aprobados en montos, plazos, por el Congreso de la Unión al ser parte de los presupuestos de Egresos de cada año, no implica que existan transferencias o subsidios por parte del gobierno federal para el pago de las obligaciones, ya que los costos son cubiertos con los ingresos que generan cada uno de los proyectos.
En general, según el CEFP dependiente de la Cámara de Diputados, el esquema Pidiregas ha devuelto buenos resultados, ya que ha permitido financiar infraestructura que de otro modo no hubiese sido posible generar, además de que los ingresos que se estima generarán para el siguiente año fiscal son muy significativos en los ingresos federales, principalmente por el aumento en los precios de los hidrocarburos a nivel internacional.
De 2008 a 2012 se afrontarán los pagos más abultados, según informes y estadísticas oficiales
Casi 80 por ciento de los proyectos de financiamiento están contratados en moneda extranjera
Israel Rodríguez y Roberto González Amador
El valor estimado de la deuda contratada con particulares para financiar las obras de expansión de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de los Proyectos de Inversión con Impacto Diferido en el Registro de Gasto (Pidiregas), creados a finales del sexenio de Ernesto Zedillo, ascenderá este año a casi 2 billones de pesos, monto histórico, equivalente a casi 25 por ciento del producto interno bruto (PIB) del país.
Adicionalmente, a partir de 2008 y hasta 2012, al finalizar la actual administración gubernamental, se enfrentarán los pagos más abultados en un horizonte de 47 años, según advierten informes y estadísticas oficiales.
Cabe apuntar que aproximadamente el 80 por ciento de los proyectos signados con financiamiento privado están contratados en moneda extranjera.
Solo en los próximos cuatro años, los requerimientos financieros para cubrir la amortización del principal e intereses será de 834 mil 679 millones de pesos, para posteriormente reducirse paulatinamente hacia el 2045.
Los Pidiregas son un esquema de inversión que se aplica exclusivamente en Pemex y CFE sustentado en financiamientos provenientes de inversionistas privados, donde el sector público comienza a pagar esas inversiones, con recursos presupuestales, una vez recibidos los proyectos a entera satisfacción de las paraestatales contratantes.
Este mecanismo de financiamiento conocido como Pidiregas se diseño para atender las necesidades crecientes de infraestructura productiva, en condiciones de escasez de recursos públicos para la inversión.
Actualmente existen dos categorías de Pidiregas, la primera, denominada de inversión directa, que incluye aquellos proyectos en los que, por la naturaleza de los contratos, las entidades públicas asumen una obligación directa y firme de adquirir las obras de infraestructura construidos por el sector privado a satisfacción de Pemex y CFE.
La segunda, denominada de inversión condicionada, incluye proyectos en los que los activos son propiedad privada y que en caso de alguna eventualidad contemplada en los contratos la entidad tiene la facultad de adquirir el bien.
En Pemex existen 37 proyectos de inversión financiada, de los cuales 36 son bajo la figura de inversión directa y uno de inversión condicionada, mientras que en la CFE son 209 proyectos de los cuales 183 son bajo la figura de inversión directa y los 26 restantes como inversión condicionada.
Con base en la información del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, el gobierno federal tendrá que erogar este año 117 mil 538 millones de pesos para cubrir el pago de los Pidiregas de Pemex y CFE. De este total 80 mil 607 millones de pesos serán para la amortización y 36 mil 930 millones para el pago de intereses.
En el 2009, el pago por Pidiregas será de 126 mil 911 millones, 83 mil 146 millones para el pago del principal y 43 mil millones para el pago del servicio de esta deuda.
Para el 2010 el costo total será de 177 mil 58 millones, entre principal e intereses, en tanto que para el 2011 serán de 182 mil 899 millones y para el 2012 se alcanzará el mayo monto histórico al pagarse 230 mil 273 millones de pesos. De este total 170 mil 958 millones se destinarán a pagar el principal y 59 mil 314 millones para el pago de intereses.
Después de que culmine la actual administración gubernamental las erogaciones por pago de Pidiregas disminuirán paulatinamente hasta el 2031 en el caso de CFE y al 2045 en Pemex.
Los compromisos de largo plazo de Pidiregas son parte de la deuda soberana del gobierno federal y están considerados dentro de los requerimientos financieros del sector público y sus saldos históricos, por ello no tienen impacto en el déficit presupuestario.
De acuerdo con un amplio y reciente diagnóstico sobre los Pidiregas, elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), estima que el valor total de la deuda de Pemex y CFE contratada con particulares, ascenderá al final de 2008 a un billón 904 mil 53 millones 810 mil 572 pesos.
De este total, la gran mayoría la concentra Pemex con un billón 618 mil 296 millones 465 mil 850 pesos, mientras que en el caso de la CFE ascenderá a 285 mil 757 millones 344 mil 722 pesos.
La estimación del valor de la deuda se realizó descontando los pagos pendientes al año en curso usando como base la tasa de descuento calculada a través de la tasa de interés de referencia, que es de 2.5 por ciento real anual.
Si bien todos y cada uno de los proyectos son aprobados en montos, plazos, por el Congreso de la Unión al ser parte de los presupuestos de Egresos de cada año, no implica que existan transferencias o subsidios por parte del gobierno federal para el pago de las obligaciones, ya que los costos son cubiertos con los ingresos que generan cada uno de los proyectos.
En general, según el CEFP dependiente de la Cámara de Diputados, el esquema Pidiregas ha devuelto buenos resultados, ya que ha permitido financiar infraestructura que de otro modo no hubiese sido posible generar, además de que los ingresos que se estima generarán para el siguiente año fiscal son muy significativos en los ingresos federales, principalmente por el aumento en los precios de los hidrocarburos a nivel internacional.
Lucía Morett pide refugio político al gobierno de Correa en Ecuador
Rechazan deudos haber solicitado algún tipo de indemnización
Georgina Saldierna
La mexicana Lucía Morett, sobreviviente del bombardeo que realizaron tropas colombianas contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), solicitó refugio político al gobierno de Ecuador, confirmó ayer su tía María Álvarez Moctezuma.
Luego de participar en un mitin que realizaron estudiantes y familiares de los cuatro nacionales muertos en el ataque, frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), puntualizó que la solicitud de su sobrina sorprendió a los funcionarios de la dependencia quienes antenoche se reunieron por primera vez con los paterfamilias.
María Álvarez explicó que Lucía Morett pidió refugio porque su familia ha pensado que requiere apoyo especial por ser un testigo importante de la masacre, pero hasta ayer por la tarde se desconocía si el gobierno de Rafael Correa aprobó o no la petición.
Jorge Morett, padre de Lucía, quien se encuentra en Quito, rechazó hoy cualquier indemnización a las víctimas sin que antes haya un juicio.
“Ninguno de los padres queremos una indemnización. Si después de enjuiciar a los culpables y como parte de este proceso se deriva una indemnización a las víctimas, me parece que está bien”, dijo.
Por su lado, Álvaro González, padre de otro de los fallecidos, aclaró que los paterfamilias no pidieron dinero. Al respecto la propia Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que fue la institución la que solicitó al gobierno colombiano la compensación.
Durante el mitin, realizado frente a la cancillería, se reiteró la demanda para que el gobierno de México condene a su homólogo de Colombia por el fallecimiento de los cuatro mexicanos y se criticó la criminalización contra los jóvenes al señalarlos como guerrilleros o delincuentes.
Los manifestantes se apostaron sobre la avenida Juárez, en donde diversos oradores se pronunciaron contra la administración del presidente Álvaro Uribe.
Por otro lado, el padre de Juan González, informó que hasta ayer por la tarde no había recibido ninguna comunicación de la SRE, para ofrecer respuesta a las demandas que le presentaron las familias afectadas por la acción militar. Entre ellas se encuentra la condena a Colombia.
Dichos planteamientos se entregaron al subsecretario para América Latina, Gerónimo Gutiérrez, en la reunión que tuvieron el jueves pasado.
Durante la realización del mitin, un grupo de familiares y dirigentes de organizaciones defensoras de los derechos humanos entregaron al oficial mayor de la SRE una carta, en la que demandaron la repatriación de Lucía Morett sin cargo alguno, en calidad de testigo de la masacre y que se garantice su seguridad física, sicológica y jurídica.
En la misiva califican como incomprensible que el gobierno y la sociedad ecuatoriana se hayan pronunciado para proteger la integridad y los derechos de la estudiante, mientras el presidente Felipe Calderón y la cancillería mexicana continúan en el silencio.
Georgina Saldierna
La mexicana Lucía Morett, sobreviviente del bombardeo que realizaron tropas colombianas contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), solicitó refugio político al gobierno de Ecuador, confirmó ayer su tía María Álvarez Moctezuma.
Luego de participar en un mitin que realizaron estudiantes y familiares de los cuatro nacionales muertos en el ataque, frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), puntualizó que la solicitud de su sobrina sorprendió a los funcionarios de la dependencia quienes antenoche se reunieron por primera vez con los paterfamilias.
María Álvarez explicó que Lucía Morett pidió refugio porque su familia ha pensado que requiere apoyo especial por ser un testigo importante de la masacre, pero hasta ayer por la tarde se desconocía si el gobierno de Rafael Correa aprobó o no la petición.
Jorge Morett, padre de Lucía, quien se encuentra en Quito, rechazó hoy cualquier indemnización a las víctimas sin que antes haya un juicio.
“Ninguno de los padres queremos una indemnización. Si después de enjuiciar a los culpables y como parte de este proceso se deriva una indemnización a las víctimas, me parece que está bien”, dijo.
Por su lado, Álvaro González, padre de otro de los fallecidos, aclaró que los paterfamilias no pidieron dinero. Al respecto la propia Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que fue la institución la que solicitó al gobierno colombiano la compensación.
Durante el mitin, realizado frente a la cancillería, se reiteró la demanda para que el gobierno de México condene a su homólogo de Colombia por el fallecimiento de los cuatro mexicanos y se criticó la criminalización contra los jóvenes al señalarlos como guerrilleros o delincuentes.
Los manifestantes se apostaron sobre la avenida Juárez, en donde diversos oradores se pronunciaron contra la administración del presidente Álvaro Uribe.
Por otro lado, el padre de Juan González, informó que hasta ayer por la tarde no había recibido ninguna comunicación de la SRE, para ofrecer respuesta a las demandas que le presentaron las familias afectadas por la acción militar. Entre ellas se encuentra la condena a Colombia.
Dichos planteamientos se entregaron al subsecretario para América Latina, Gerónimo Gutiérrez, en la reunión que tuvieron el jueves pasado.
Durante la realización del mitin, un grupo de familiares y dirigentes de organizaciones defensoras de los derechos humanos entregaron al oficial mayor de la SRE una carta, en la que demandaron la repatriación de Lucía Morett sin cargo alguno, en calidad de testigo de la masacre y que se garantice su seguridad física, sicológica y jurídica.
En la misiva califican como incomprensible que el gobierno y la sociedad ecuatoriana se hayan pronunciado para proteger la integridad y los derechos de la estudiante, mientras el presidente Felipe Calderón y la cancillería mexicana continúan en el silencio.
AMLO: impedir la venta de Pemex, “el desafío más grande de últimas décadas”
La privatización, más grave que políticas de Salinas, el Fobaproa y el fraude de 2006
De los corresponsales
Al comenzar los encuentros privados con los comités estatales de defensa de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Guerrero, Morelos y estado de México, Andrés Manuel López Obrador insistió en que la privatización de la paraestatal que pretende el gobierno federal es mucho más grave que la política neoliberal de Carlos Salinas, el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) e incluso el fraude electoral de 2006, “por eso la lucha por defender el energético es el desafío más importante de las últimas décadas”.
Recalcó que el movimiento contra la privatización debe ser pacífico, y solicitó que en las brigadas no tengan cabida grupos o personas que puedan generar violencia, “porque eso nos perjudica”.
En Guerrero, López Obrador recibió de Bernardo Ortega Jiménez un documento del grupo parlamentario local del PRD, en el cual se exhorta a la Cámara de Diputados federal a investigar de manera imparcial y objetiva los contratos entre Pemex y la empresa Ivancar, en la cual firmó como apoderado legal el actual secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, de quien exigieron su destitución.
Ahí destacó que desde el 25 de marzo se esperaba que el PAN presentara al Congreso de la Unión la iniciativa de ley de reforma energética, porque “seguramente se están estableciendo los amarres necesarios para sumar al PRI a esa intentona”.
En Morelos retó al presidente Felipe Calderón a debatir sobre el tema energético, para que públicamente dé a conocer las razones de por qué insiste en la privatización.
Reunido en privado con más de 600 líderes perredistas y dirigentes sociales y sindicales de Morelos, sostuvo que los espots representan un fraude que cuesta al erario 200 millones de pesos.
En Toluca, estado de México, solicitó a los comités acelerar el paso para que las brigadas estén listas la próxima semana, antes de que el PAN o el gobierno de Calderón presenten su iniciativa de reforma energética.
Ante más de 500 personas recalcó que “no porque haya un cerco policiaco nos vamos a enfrentar. Si alguien arremete contra un uniformado nos va a perjudicar. Si somos mesurados vamos a salir bien, porque somos muchos en todo el país”.
Horas antes, en los municipios de La Paz, Chicoloapan, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl simpatizantes de López Obrador empezaron a formar las brigadas para iniciar, a partir del lunes, la defensa del petróleo, informó el ex diputado federal Felipe Rodríguez Aguirre.
(La Jornada Morelos, Israel Dávila, René Ramón, Sergio Ocampo y Alma Muñoz)
De los corresponsales
Al comenzar los encuentros privados con los comités estatales de defensa de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Guerrero, Morelos y estado de México, Andrés Manuel López Obrador insistió en que la privatización de la paraestatal que pretende el gobierno federal es mucho más grave que la política neoliberal de Carlos Salinas, el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) e incluso el fraude electoral de 2006, “por eso la lucha por defender el energético es el desafío más importante de las últimas décadas”.
Recalcó que el movimiento contra la privatización debe ser pacífico, y solicitó que en las brigadas no tengan cabida grupos o personas que puedan generar violencia, “porque eso nos perjudica”.
En Guerrero, López Obrador recibió de Bernardo Ortega Jiménez un documento del grupo parlamentario local del PRD, en el cual se exhorta a la Cámara de Diputados federal a investigar de manera imparcial y objetiva los contratos entre Pemex y la empresa Ivancar, en la cual firmó como apoderado legal el actual secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, de quien exigieron su destitución.
Ahí destacó que desde el 25 de marzo se esperaba que el PAN presentara al Congreso de la Unión la iniciativa de ley de reforma energética, porque “seguramente se están estableciendo los amarres necesarios para sumar al PRI a esa intentona”.
En Morelos retó al presidente Felipe Calderón a debatir sobre el tema energético, para que públicamente dé a conocer las razones de por qué insiste en la privatización.
Reunido en privado con más de 600 líderes perredistas y dirigentes sociales y sindicales de Morelos, sostuvo que los espots representan un fraude que cuesta al erario 200 millones de pesos.
En Toluca, estado de México, solicitó a los comités acelerar el paso para que las brigadas estén listas la próxima semana, antes de que el PAN o el gobierno de Calderón presenten su iniciativa de reforma energética.
Ante más de 500 personas recalcó que “no porque haya un cerco policiaco nos vamos a enfrentar. Si alguien arremete contra un uniformado nos va a perjudicar. Si somos mesurados vamos a salir bien, porque somos muchos en todo el país”.
Horas antes, en los municipios de La Paz, Chicoloapan, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl simpatizantes de López Obrador empezaron a formar las brigadas para iniciar, a partir del lunes, la defensa del petróleo, informó el ex diputado federal Felipe Rodríguez Aguirre.
(La Jornada Morelos, Israel Dávila, René Ramón, Sergio Ocampo y Alma Muñoz)
Presentarían el día 5 plan energético
Fabiola Martínez
La presentación de la iniciativa de reforma en materia energética podría ocurrir después del 5 de abril, esto es, luego que la cúpula priísta se reúna para fijar una postura al respecto. Sin embargo, pese a la oposición a esta enmienda, impulsada en diversos sectores, (incluida una fracción del PRI), “el proyecto sigue su curso”.
Funcionarios de alto nivel del gobierno federal confirmaron que “no será una reforma a la Constitución Política” pero sí a normas secundarias que permitan la participación de empresas privadas en la extracción de petróleo, aunque por el momento se estudia la forma de alcanzar este objetivo sin que la vía utilizada resulte contraria a los estatutos y declaración de principios del PRI, partido que resulta fundamental para que el gobierno calderonista saque avante su proyecto en esta materia.
De acuerdo con las fuentes, sigue el diálogo con el PRI y entre los legisladores del PAN vinculados a esta negociación, y se considera que los planes para Petróleos Mexicanos no son contrarios a documentos básicos del tricolor.
“Nos tomaremos el tiempo suficiente para presentar un proyecto sólido. El plazo para la presentación (de 10 a 15 días, delineado esta semana por el coordinador de los diputados del PAN, Héctor Larios) no es inamovible, el plan avanza, sigue”, señaló un funcionario consultado por este diario.
Diganóstico de Pemex
La mañana de ayer el presidente Felipe Calderón se reunió con los coordinadores parlamentarios del PAN, el titular de Pemex, Jesús Reyes Heroles, y la secretaria de Energía, Georgina Kessel, quien entregó al mandatario un diagnóstico sobre la industria petrolera, así como el estado del “diálogo” con actores políticos y sociales.
Al encuentro, realizado en la residencia oficial de Los Pinos, no fue convocado el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, quien a esa hora estaba en su oficina de Bucareli.
Más tarde, el responsable de la política interna del país acudió al restaurante Casa Bell, en la Zona Rosa, para comer con el secretario del Trabajo, Javier Lozano y otras personas –no identificadas– al parecer abogados, con quienes analizó –en la mesa– diversos documentos.
Como en otras ocasiones, registradas en días recientes, no hubo información acerca de los encuentros calificados en Gobernación como “privados”.
El encuentro parecía afable, Lozano se veía de buen humor, mientras Mouriño ponía atención especial a lo que explicaban los otros acompañantes. Compartieron cesina, robalo, tequila y ron.
La presentación de la iniciativa de reforma en materia energética podría ocurrir después del 5 de abril, esto es, luego que la cúpula priísta se reúna para fijar una postura al respecto. Sin embargo, pese a la oposición a esta enmienda, impulsada en diversos sectores, (incluida una fracción del PRI), “el proyecto sigue su curso”.
Funcionarios de alto nivel del gobierno federal confirmaron que “no será una reforma a la Constitución Política” pero sí a normas secundarias que permitan la participación de empresas privadas en la extracción de petróleo, aunque por el momento se estudia la forma de alcanzar este objetivo sin que la vía utilizada resulte contraria a los estatutos y declaración de principios del PRI, partido que resulta fundamental para que el gobierno calderonista saque avante su proyecto en esta materia.
De acuerdo con las fuentes, sigue el diálogo con el PRI y entre los legisladores del PAN vinculados a esta negociación, y se considera que los planes para Petróleos Mexicanos no son contrarios a documentos básicos del tricolor.
“Nos tomaremos el tiempo suficiente para presentar un proyecto sólido. El plazo para la presentación (de 10 a 15 días, delineado esta semana por el coordinador de los diputados del PAN, Héctor Larios) no es inamovible, el plan avanza, sigue”, señaló un funcionario consultado por este diario.
Diganóstico de Pemex
La mañana de ayer el presidente Felipe Calderón se reunió con los coordinadores parlamentarios del PAN, el titular de Pemex, Jesús Reyes Heroles, y la secretaria de Energía, Georgina Kessel, quien entregó al mandatario un diagnóstico sobre la industria petrolera, así como el estado del “diálogo” con actores políticos y sociales.
Al encuentro, realizado en la residencia oficial de Los Pinos, no fue convocado el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, quien a esa hora estaba en su oficina de Bucareli.
Más tarde, el responsable de la política interna del país acudió al restaurante Casa Bell, en la Zona Rosa, para comer con el secretario del Trabajo, Javier Lozano y otras personas –no identificadas– al parecer abogados, con quienes analizó –en la mesa– diversos documentos.
Como en otras ocasiones, registradas en días recientes, no hubo información acerca de los encuentros calificados en Gobernación como “privados”.
El encuentro parecía afable, Lozano se veía de buen humor, mientras Mouriño ponía atención especial a lo que explicaban los otros acompañantes. Compartieron cesina, robalo, tequila y ron.
En plena alza, Pemex malbarató acciones y perdió unos 655 mdd
Entre 2003 y 2004 cada título tenía un valor de 23.4 dólares; en 2006 había subido a 34.5
Con Calderón en el consejo de administración, se imponían ya aumentos en los precios del crudo
Roberto González Amador e Israel Rodríguez J.
Petróleos Mexicanos (Pemex) adquirió acciones por un equivalente a 4.94 por ciento del capital social de la trasnacional española de la energía Repsol YPF. Con esos títulos, y mediante una firma constituida por la paraestatal en el ducado de Luxemburgo –un territorio europeo considerado por el Grupo de los 7 (G7) como “paraíso fiscal”, la administración de la empresa mexicana realizó, entre 2003 y 2004 –mientras el hoy presidente Felipe Calderón era secretario de Energía y presidente del consejo de administración de la empresa–, operaciones que el auditor superior de la Federación considera al margen de la normatividad vigente y con probable daño al patrimonio público.
En el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública 2006, último año del gobierno del ex presidente Vicente Fox, divulgado el miércoles pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pide al órgano de control de Pemex fincar “posibles responsabilidades” a los servidores públicos que en 2003 y 2004 realizaron una operación de intercambio de acciones que Pemex poseía en Repsol YPF, que involucró mil 373.7 millones de dólares, y que contravino el artículo 126 de la Constitución y el 25 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.
La historia documentada por la ASF involucra apenas una parte de las múltiples operaciones que Pemex realiza en territorios extranjeros de baja fiscalidad o abiertamente considerados paraísos fiscales, donde las autoridades financieras mexicanas y los órganos de auditoría del Congreso no tienen ninguna facultad para requerir información.
La paraestatal posee, por ejemplo, un “vehículo financiero” conocido como Pemex Finance Ltd, “una sociedad de responsabilidad limitada constituida de conformación con las leyes de las Islas Caimán” –el paraíso fiscal por excelencia– en 1988.
Otro de los “vehículos financieros” de Pemex es Repcon Lux, Sociedad Anónima, una empresa constituida por la paraestatal en el ducado de Luxemburgo, un pequeño país de Europa occidental vecino de Francia y Bélgica que forma parte de la lista de 42 paraísos fiscales contabilizados por el Foro de Estabilidad Financiera, creado por el G7, integrado por los países más desarrollados del mundo.
En el reporte de la cuenta pública, que es la revisión anual que la ASF hace de la forma en que son gastados los recursos del erario, el órgano de fiscalización del Congreso señaló que Repcon Lux SA emitió un bono en el extranjero respaldado por Pemex que era intercambiable por acciones que la paraestatal mexicana posee de la firma energética española Repsol YPF.
El objetivo de Pemex al realizar esta operación, que fue aprobada por su consejo de administración –integrado por representantes del Poder Ejecutivo y del sindicato de trabajadores petroleros– supuestamente fue obtener recursos para financiar obras de infraestructura, aunque la ASF cuestiona la efectividad de esta meta.
La operación, de las que en el medio financiero se conocen como swap o intercambio, consistió en que Repcon Lux emitió, en enero de 2004, un bono por mil 373.73 millones de dólares, que entonces equivalían a 15 mil 474.8 millones de pesos, el cual era intercambiable por las 58.67 millones de acciones que Pemex posee de Repsol YPF o su equivalente en efectivo. Este documento tiene vencimiento en 2011.
El reporte de la ASF menciona que debido al incremento en los precios del petróleo, el valor de mercado de las acciones de Repsol YPF en poder de Pemex era de 2 mil 29.14 millones de dólares, equivalentes a 22 mil 67.9 millones de pesos.
Al momento de realizar la operación el valor de cada acción de Repsol YPF era de 23.4 dólares, según se pactó en el contrato, pero ya para diciembre de 2006 había subido a 34.58 dólares, dice el auditor.
Entre el precio de contratación y el que los títulos registraron en 2006, ejercicio fiscal al que corresponde la revisión, Pemex habría resentido una pérdida patrimonial de al menos 655 millones de dólares.
“El punto de controversia es el tema del precio en que se vendieron las acciones, pero en ese momento no se preveía que los precios de las acciones (que están vinculados a la cotización del petróleo) iban a subir, porque si esto pudiera preverse habría muchos ricos”, dijo a La Jornada Carlos Ramírez, vocero de Pemex, al ser interrogado sobre la posición de la paraestatal respecto de las observaciones de la ASF.
Tal como fue realizado el contrato, al término del plazo de la operación, en 2011, Pemex tiene derecho a recomprar las acciones de Repsol YPF que fueron empleadas en la operación de intercambio por el bono que emitió Repcon Lux.
Ramírez afirmó que “en todo momento” Pemex ha conservado los derechos corporativos por las acciones que posee de Repsol. “El vehículo financiero que se utilizó fue mediante la conversión de las acciones de Repsol YPF pertenecientes a Pemex en un bono. Este bono o swap le permitió a Pemex obtener liquidez para financiar su gasto de inversión en la empresa.”
Respecto a la utilización de Luxemburgo para constituir Repcon Lux y, por tanto, como sitio donde se concretó la transacción, Carlos Ramírez dijo que ese país “es una plaza de gran transaccionalidad, además de ser un gran centro financiero”, por lo que rechazó que se haya utilizado por cuestiones de evasión de impuestos.
Dudas y opacidad
En Luxemburgo, afirmó el vocero de Pemex, las normas del sistema financiero se han endurecido, por lo que aseguró que no se puede considerar como un “paraíso fiscal”.
Sin embargo, uno de los puntos que destaca el informe de la ASF es que Pemex sí contaba con elementos para anticipar el incremento en los precios del crudo y, por tanto, en el valor de las acciones que posee de Repsol YPF, lo que genera duda acerca de la conveniencia de haber realizado el intercambio.
Dice el auditor: “Para la fecha de la operación, Pemex ya contaba con datos que reflejaban una tendencia al alza del precio de petróleo, la cual se ha mantenido a la fecha. Con esta operación se cedió ciento por ciento de la plusvalía a los tenedores del bono, cuando en este tipo de operaciones se puede pactar en un porcentaje menor”.
La ASF menciona también que la operación permitió a Pemex elevar su “techo de endeudamiento” al margen de lo autorizado por el Congreso, y destinar esos recursos a “gasto de operación”.
Señala el reporte de la ASF: “El hecho de haber recurrido a la creación de un vehículo para la emisión del bono le permitió a Pemex obtener 526.7 millones de dólares, equivalentes a 5 mil 795.2 millones de pesos, conforme a lo reportado en la Cuenta Pública 2004, monto que superó su techo de endeudamiento, el cual era de 5 mil 469.5 millones de pesos; con este swap de activos Pemex consiguió que el monto obtenido no se registrara como deuda, e incrementar el gasto de operación mediante la generación de ingresos excedentes”.
Carlos Ramírez mencionó que Pemex está en posibilidad de solventar las observaciones realizadas por la ASF en los próximos 45 días naturales, cuyo vencimiento es a finales de mayo próximo.
Con Calderón en el consejo de administración, se imponían ya aumentos en los precios del crudo
Roberto González Amador e Israel Rodríguez J.
Petróleos Mexicanos (Pemex) adquirió acciones por un equivalente a 4.94 por ciento del capital social de la trasnacional española de la energía Repsol YPF. Con esos títulos, y mediante una firma constituida por la paraestatal en el ducado de Luxemburgo –un territorio europeo considerado por el Grupo de los 7 (G7) como “paraíso fiscal”, la administración de la empresa mexicana realizó, entre 2003 y 2004 –mientras el hoy presidente Felipe Calderón era secretario de Energía y presidente del consejo de administración de la empresa–, operaciones que el auditor superior de la Federación considera al margen de la normatividad vigente y con probable daño al patrimonio público.
En el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública 2006, último año del gobierno del ex presidente Vicente Fox, divulgado el miércoles pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pide al órgano de control de Pemex fincar “posibles responsabilidades” a los servidores públicos que en 2003 y 2004 realizaron una operación de intercambio de acciones que Pemex poseía en Repsol YPF, que involucró mil 373.7 millones de dólares, y que contravino el artículo 126 de la Constitución y el 25 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.
La historia documentada por la ASF involucra apenas una parte de las múltiples operaciones que Pemex realiza en territorios extranjeros de baja fiscalidad o abiertamente considerados paraísos fiscales, donde las autoridades financieras mexicanas y los órganos de auditoría del Congreso no tienen ninguna facultad para requerir información.
La paraestatal posee, por ejemplo, un “vehículo financiero” conocido como Pemex Finance Ltd, “una sociedad de responsabilidad limitada constituida de conformación con las leyes de las Islas Caimán” –el paraíso fiscal por excelencia– en 1988.
Otro de los “vehículos financieros” de Pemex es Repcon Lux, Sociedad Anónima, una empresa constituida por la paraestatal en el ducado de Luxemburgo, un pequeño país de Europa occidental vecino de Francia y Bélgica que forma parte de la lista de 42 paraísos fiscales contabilizados por el Foro de Estabilidad Financiera, creado por el G7, integrado por los países más desarrollados del mundo.
En el reporte de la cuenta pública, que es la revisión anual que la ASF hace de la forma en que son gastados los recursos del erario, el órgano de fiscalización del Congreso señaló que Repcon Lux SA emitió un bono en el extranjero respaldado por Pemex que era intercambiable por acciones que la paraestatal mexicana posee de la firma energética española Repsol YPF.
El objetivo de Pemex al realizar esta operación, que fue aprobada por su consejo de administración –integrado por representantes del Poder Ejecutivo y del sindicato de trabajadores petroleros– supuestamente fue obtener recursos para financiar obras de infraestructura, aunque la ASF cuestiona la efectividad de esta meta.
La operación, de las que en el medio financiero se conocen como swap o intercambio, consistió en que Repcon Lux emitió, en enero de 2004, un bono por mil 373.73 millones de dólares, que entonces equivalían a 15 mil 474.8 millones de pesos, el cual era intercambiable por las 58.67 millones de acciones que Pemex posee de Repsol YPF o su equivalente en efectivo. Este documento tiene vencimiento en 2011.
El reporte de la ASF menciona que debido al incremento en los precios del petróleo, el valor de mercado de las acciones de Repsol YPF en poder de Pemex era de 2 mil 29.14 millones de dólares, equivalentes a 22 mil 67.9 millones de pesos.
Al momento de realizar la operación el valor de cada acción de Repsol YPF era de 23.4 dólares, según se pactó en el contrato, pero ya para diciembre de 2006 había subido a 34.58 dólares, dice el auditor.
Entre el precio de contratación y el que los títulos registraron en 2006, ejercicio fiscal al que corresponde la revisión, Pemex habría resentido una pérdida patrimonial de al menos 655 millones de dólares.
“El punto de controversia es el tema del precio en que se vendieron las acciones, pero en ese momento no se preveía que los precios de las acciones (que están vinculados a la cotización del petróleo) iban a subir, porque si esto pudiera preverse habría muchos ricos”, dijo a La Jornada Carlos Ramírez, vocero de Pemex, al ser interrogado sobre la posición de la paraestatal respecto de las observaciones de la ASF.
Tal como fue realizado el contrato, al término del plazo de la operación, en 2011, Pemex tiene derecho a recomprar las acciones de Repsol YPF que fueron empleadas en la operación de intercambio por el bono que emitió Repcon Lux.
Ramírez afirmó que “en todo momento” Pemex ha conservado los derechos corporativos por las acciones que posee de Repsol. “El vehículo financiero que se utilizó fue mediante la conversión de las acciones de Repsol YPF pertenecientes a Pemex en un bono. Este bono o swap le permitió a Pemex obtener liquidez para financiar su gasto de inversión en la empresa.”
Respecto a la utilización de Luxemburgo para constituir Repcon Lux y, por tanto, como sitio donde se concretó la transacción, Carlos Ramírez dijo que ese país “es una plaza de gran transaccionalidad, además de ser un gran centro financiero”, por lo que rechazó que se haya utilizado por cuestiones de evasión de impuestos.
Dudas y opacidad
En Luxemburgo, afirmó el vocero de Pemex, las normas del sistema financiero se han endurecido, por lo que aseguró que no se puede considerar como un “paraíso fiscal”.
Sin embargo, uno de los puntos que destaca el informe de la ASF es que Pemex sí contaba con elementos para anticipar el incremento en los precios del crudo y, por tanto, en el valor de las acciones que posee de Repsol YPF, lo que genera duda acerca de la conveniencia de haber realizado el intercambio.
Dice el auditor: “Para la fecha de la operación, Pemex ya contaba con datos que reflejaban una tendencia al alza del precio de petróleo, la cual se ha mantenido a la fecha. Con esta operación se cedió ciento por ciento de la plusvalía a los tenedores del bono, cuando en este tipo de operaciones se puede pactar en un porcentaje menor”.
La ASF menciona también que la operación permitió a Pemex elevar su “techo de endeudamiento” al margen de lo autorizado por el Congreso, y destinar esos recursos a “gasto de operación”.
Señala el reporte de la ASF: “El hecho de haber recurrido a la creación de un vehículo para la emisión del bono le permitió a Pemex obtener 526.7 millones de dólares, equivalentes a 5 mil 795.2 millones de pesos, conforme a lo reportado en la Cuenta Pública 2004, monto que superó su techo de endeudamiento, el cual era de 5 mil 469.5 millones de pesos; con este swap de activos Pemex consiguió que el monto obtenido no se registrara como deuda, e incrementar el gasto de operación mediante la generación de ingresos excedentes”.
Carlos Ramírez mencionó que Pemex está en posibilidad de solventar las observaciones realizadas por la ASF en los próximos 45 días naturales, cuyo vencimiento es a finales de mayo próximo.
Pemex: los profesionistas y técnicos se organizan
Arturo Alcalde Justiniani
Treinta mil trabajadores profesionistas y técnicos de Petróleos Mexicanos (Pemex) participan en la operación de plantas, refinerías, complejos petroquímicos, de gas, oficinas administrativas, plataformas y hospitales; son los ingenieros, economistas, administradores, médicos y demás especialistas que ocupan una amplia gama intermedia entre directivos y trabajadores operativos. Su labor es altamente calificada y estratégica para el desarrollo de la empresa, sin embargo históricamente ha sido devaluada. Se piensa que la mejor política es desplazarlos para reducir costos. Este equívoco se ha hecho evidente, por ejemplo, en la Cuenca de Burgos, donde se han sustituido, sin justificación, más de mil trabajadores con personal subcontratado por la trasnacional Repsol; también con el intento, hasta ahora fallido, de modificar su contratación individual con la aviesa finalidad de suprimir su estabilidad laboral.
El proceso organizativo de este sector exhibe los obstáculos que viven los trabajadores para agremiarse libremente en nuestro país; son incontables los esfuerzos para lograr ser escuchados en sus planteamientos laborales y profesionales; la constante ha sido la represión. En este largo andar hacia la organización colectiva, destaca la formación de la Asociación de Técnicos y Profesionistas Petroleros iniciada en 1973 en las oficinas centrales de la paraestatal. Su experiencia facilitó, un par de años después, su integración como sección dentro del sindicato petrolero con 15 mil miembros. Su reconocimiento gremial duró tan sólo 14 años; poco después del golpe al sindicato, encabezado en aquel tiempo por Joaquín Hernández Galicia, La Quina, en 1989, el gobierno federal impuso la desarticulación de esta sección en tres vías: los profesionistas serían considerados personal de confianza, una parte de los técnicos se mantendrían en el sindicato y 5 mil trabajadores se irían a la calle.
Un nuevo periodo se abrió a principios de los años 90 con la formación de la Asociación Nacional de Trabajadores Petroleros (ANTP), provenientes mayoritariamente de las refinerías de Tula y Salina Cruz. Entre 1992 y 2004 surgieron otros intentos de organización como Todos por Pemex. En 2001, el Sindicato Gremial de Médicos dio la batalla para su registro por cerca de dos años, hasta que en enero de 2002 le fue negado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) alegando absurdas formalidades contrarias a la ley. Ese mismo año nace la Organización Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera (ONTCIP), quizá la más cercana a su reconocimiento legal al ser vista con simpatía por el nuevo gobierno panista, ya que varios de sus dirigentes militaban en este partido; después de promesas y engaños por parte de la STPS, bastó un manotazo de Carlos Romero Deschamps, secretario general del sindicato petrolero, para que les fuera negado de inmediato su registro. Su litigio por la vía del amparo avanzó en su favor, pero la empresa logró convencer a los principales dirigentes de aceptar su jubilación anticipada, con una previa y jugosa promoción escalafonaria, a cambio del desistimiento de su solicitud de registro sindical. A pesar de los años, convendría aclarar esta penosa experiencia que exhibe el verdadero rostro de la política laboral del llamado “gobierno del cambio”.
Es de destacar la formación en el año 2002 de la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera (UNTCIP), bajo la forma de asociación civil, encabezada por personajes de gran prestigio y entrega, David Eduardo Cortés Bastidas y Felipe de Jesús Díaz González, quienes generosamente dedicaron sus últimos años de vida en favor de la promoción y defensa de los trabajadores petroleros. En estos días de profunda controversia sobre el futuro de la industria petrolera convendría rescatar sus análisis y previsiones que hoy se cumplen a cabalidad. Esta asociación evolucionó hacia la forma sindical como la UNTCIPM buscando su reconocimiento legal, que como era de esperarse, fue reprimida; no se olvida el 21 de junio de 2004 cuando Pemex lleva a cabo el despido masivo de su dirigencia en un intento por arrancar de raíz la ilusión de la asociación libre y democrática. Finalmente, las autoridades laborales, haciendo causa común con la paraestatal, les negaron toda posibilidad de reconocimiento legal alegando su supuesta condición de personal de confianza, a pesar de que nuestra legislación les reconoce expresamente el derecho de asociación sindical, con la única condición de que no formen parte del sindicato que agrupa al resto de los trabajadores.
Como muestra del tesón y la valentía de este sector de trabajadores, el pasado 18 de marzo, precisamente aniversario de la expropiación petrolera, renovaron su esfuerzo organizativo. En las instalaciones de la Cámara de Diputados, ante la presencia de numerosas organizaciones sindicales y de la sociedad civil como testigos de honor, se constituyó la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP), encabezada por Didier Marquina. Su declaración de principios ratifica el compromiso con la defensa de sus derechos laborales y el desarrollo eficiente de la paraestatal como palanca fundamental de una política en favor de todos los mexicanos.
La UNTyPP es heredera de muchas luchas y esfuerzos en favor del reconocimiento al derecho de asociación en Pemex. Si bien es cierto que la formación de cualquier organización gremial democrática es de celebrarse en nuestro país, tratándose de los técnicos y profesionales de nuestra principal industria, de la cual depende en buena parte la suerte de las futuras generaciones, adquiere especial trascendencia; más ahora, que está en juego el destino de este recurso energético propiedad de todos los mexicanos.
Treinta mil trabajadores profesionistas y técnicos de Petróleos Mexicanos (Pemex) participan en la operación de plantas, refinerías, complejos petroquímicos, de gas, oficinas administrativas, plataformas y hospitales; son los ingenieros, economistas, administradores, médicos y demás especialistas que ocupan una amplia gama intermedia entre directivos y trabajadores operativos. Su labor es altamente calificada y estratégica para el desarrollo de la empresa, sin embargo históricamente ha sido devaluada. Se piensa que la mejor política es desplazarlos para reducir costos. Este equívoco se ha hecho evidente, por ejemplo, en la Cuenca de Burgos, donde se han sustituido, sin justificación, más de mil trabajadores con personal subcontratado por la trasnacional Repsol; también con el intento, hasta ahora fallido, de modificar su contratación individual con la aviesa finalidad de suprimir su estabilidad laboral.
El proceso organizativo de este sector exhibe los obstáculos que viven los trabajadores para agremiarse libremente en nuestro país; son incontables los esfuerzos para lograr ser escuchados en sus planteamientos laborales y profesionales; la constante ha sido la represión. En este largo andar hacia la organización colectiva, destaca la formación de la Asociación de Técnicos y Profesionistas Petroleros iniciada en 1973 en las oficinas centrales de la paraestatal. Su experiencia facilitó, un par de años después, su integración como sección dentro del sindicato petrolero con 15 mil miembros. Su reconocimiento gremial duró tan sólo 14 años; poco después del golpe al sindicato, encabezado en aquel tiempo por Joaquín Hernández Galicia, La Quina, en 1989, el gobierno federal impuso la desarticulación de esta sección en tres vías: los profesionistas serían considerados personal de confianza, una parte de los técnicos se mantendrían en el sindicato y 5 mil trabajadores se irían a la calle.
Un nuevo periodo se abrió a principios de los años 90 con la formación de la Asociación Nacional de Trabajadores Petroleros (ANTP), provenientes mayoritariamente de las refinerías de Tula y Salina Cruz. Entre 1992 y 2004 surgieron otros intentos de organización como Todos por Pemex. En 2001, el Sindicato Gremial de Médicos dio la batalla para su registro por cerca de dos años, hasta que en enero de 2002 le fue negado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) alegando absurdas formalidades contrarias a la ley. Ese mismo año nace la Organización Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera (ONTCIP), quizá la más cercana a su reconocimiento legal al ser vista con simpatía por el nuevo gobierno panista, ya que varios de sus dirigentes militaban en este partido; después de promesas y engaños por parte de la STPS, bastó un manotazo de Carlos Romero Deschamps, secretario general del sindicato petrolero, para que les fuera negado de inmediato su registro. Su litigio por la vía del amparo avanzó en su favor, pero la empresa logró convencer a los principales dirigentes de aceptar su jubilación anticipada, con una previa y jugosa promoción escalafonaria, a cambio del desistimiento de su solicitud de registro sindical. A pesar de los años, convendría aclarar esta penosa experiencia que exhibe el verdadero rostro de la política laboral del llamado “gobierno del cambio”.
Es de destacar la formación en el año 2002 de la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera (UNTCIP), bajo la forma de asociación civil, encabezada por personajes de gran prestigio y entrega, David Eduardo Cortés Bastidas y Felipe de Jesús Díaz González, quienes generosamente dedicaron sus últimos años de vida en favor de la promoción y defensa de los trabajadores petroleros. En estos días de profunda controversia sobre el futuro de la industria petrolera convendría rescatar sus análisis y previsiones que hoy se cumplen a cabalidad. Esta asociación evolucionó hacia la forma sindical como la UNTCIPM buscando su reconocimiento legal, que como era de esperarse, fue reprimida; no se olvida el 21 de junio de 2004 cuando Pemex lleva a cabo el despido masivo de su dirigencia en un intento por arrancar de raíz la ilusión de la asociación libre y democrática. Finalmente, las autoridades laborales, haciendo causa común con la paraestatal, les negaron toda posibilidad de reconocimiento legal alegando su supuesta condición de personal de confianza, a pesar de que nuestra legislación les reconoce expresamente el derecho de asociación sindical, con la única condición de que no formen parte del sindicato que agrupa al resto de los trabajadores.
Como muestra del tesón y la valentía de este sector de trabajadores, el pasado 18 de marzo, precisamente aniversario de la expropiación petrolera, renovaron su esfuerzo organizativo. En las instalaciones de la Cámara de Diputados, ante la presencia de numerosas organizaciones sindicales y de la sociedad civil como testigos de honor, se constituyó la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP), encabezada por Didier Marquina. Su declaración de principios ratifica el compromiso con la defensa de sus derechos laborales y el desarrollo eficiente de la paraestatal como palanca fundamental de una política en favor de todos los mexicanos.
La UNTyPP es heredera de muchas luchas y esfuerzos en favor del reconocimiento al derecho de asociación en Pemex. Si bien es cierto que la formación de cualquier organización gremial democrática es de celebrarse en nuestro país, tratándose de los técnicos y profesionales de nuestra principal industria, de la cual depende en buena parte la suerte de las futuras generaciones, adquiere especial trascendencia; más ahora, que está en juego el destino de este recurso energético propiedad de todos los mexicanos.
En torno al petróleo
Enrique Calderón Alzati /I
El petróleo constituye hoy, como en otras ocasiones pasadas, el tema central de atención en el escenario nacional. Razones hay para ello: no sólo la celebración del 70 aniversario de la expropiación petrolera decretada por el general Lázaro Cárdenas, también cuentan los precios del crudo en el mercado internacional, más altos hoy que nunca, y al mismo tiempo los reclamos del gobierno, de su partido y de un buen número de líderes de opinión, en torno a la necesidad de fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) con recursos privados, cuando sus ingresos están en los niveles más altos de la historia. La desinformación, la incongruencia alrededor del tema y las descalificaciones parecen ser hoy los elementos dominantes del escenario político nacional.
Varios hechos resultan evidentes en este escenario: los altísimos volúmenes de exportación de crudo, simultáneos a la importación millonaria de gasolina para el consumo interno de la maquinaria y los vehículos en operación, resultan ser una contradicción insostenible como política de gobierno. ¿La exportación misma del petróleo sin valor agregado alguno no fue una de las razones estratégicas de la expropiación petrolera, que buscaba con ello la terminación del saqueo del patrimonio nacional? Asimismo, está el destino de los excedentes petroleros, que vienen rebasando los 25 mil millones de dólares cada año, desde hace más de una década. ¿Adónde se han ido? ¿Por qué razón las naciones productoras de petróleo son en general las más ricas del mundo, mientras que en México la miseria es cada día más intensa?
¿Cuál es la razón por la que las ciudades en las que se procesa el petróleo poseen generalmente las mejores condiciones de vida, mientras que en México sean sólo verdaderos basureros insalubres? ¿Cómo explicar que, mientras en otros países, las universidades centran sus investigaciones en los problemas relacionados con la exploración, la extracción y el procesamiento del petróleo, recibiendo por ello recursos económicos importantes, en México esto no suceda?
Es claro, pues, que es mucho lo que se debe corregir en torno al petróleo, y que la responsabilidad del gobierno en toda la problemática descrita es enorme y seguramente con componentes criminales; los problemas que se requiere resolver deben ser tremendamente complejos, no sólo por sus aspectos técnicos, sino por las inmensas marañas de intereses creados y de corrupción que en ellos existen.
En el escenario de confrontación que hoy vive el país, parecen existir dos visiones totalmente opuestas que amenazan con paralizar al país, o crear situaciones de enfrentamiento cuyo desenlace poco servirá para resolver la problemática descrita.
La posición del gobierno, de su partido y, por qué no decirlo, de la derecha en su conjunto, afines a los esquemas de privatización, pero conscientes de que la Constitución mexicana constituye un obstáculo insalvable, se ubica en plantear la existencia de un problema central, la supuesta falta de recursos de Pemex, y la necesidad de recurrir a empresas y a capitales privados para rescatar la empresa y el sector entero de la crisis financiera en la que están sumidos, ignorando los demás problemas descritos y la existencia de los mecanismos que nos han llevado a la situación actual. Las campañas mediáticas, los recursos que se han puesto en operación y los argumentos utilizados dejan muy claro que el propósito del gobierno es más responder a compromisos contraídos con anterioridad, y crear nuevas oportunidades de negocio, como lo han sido todas las privatizaciones realizadas hasta ahora, que resolver los problemas mencionados y aprovechar para el país las oportunidades de desarrollo que la misma problemática entraña.
La posición contraria, asociada supuestamente con un sector de la izquierda y apoyada por grupos importantes de la sociedad, está consistiendo en rechazar cualquier propuesta referente a cambio alguno en el sector energético proveniente del gobierno y su partido, o de cualquier otro grupo que genere sospechas de colaboración con el gobierno. Esta posición entendible ante la sucesión de despojos, engaños y entregas del patrimonio y de empresas públicas a grupos privados conlleva el riesgo de parecer extrema, violenta e inmadura, opuesta a toda discusión y, sobre todo, fuera de los cauces legales, al amenazar con cierres de carreteras, tomas de aeropuertos y acciones que inevitablemente producirán enfrentamientos. Un aspecto francamente inaceptable de esta posición es que aun en el caso de triunfar, lo que implicaría es que las cosas quedaran como están, sin resolver en modo alguno la problemática existente.
En este escenario, la tercera posición, propuesta por Cuauthémoc Cárdenas en su discurso de Morelia del pasado 18 de marzo, planteando la necesidad de discutir la problemática energética en forma integral, ante la vista y el escrutinio de la sociedad toda, en el seno del Congreso, en donde se hacen las leyes y en donde están supuestamente representadas las diferentes corrientes políticas, resulta ser, al mismo tiempo, un llamado a la cordura y una posición inteligente que, aprovechando el espacio abierto en torno al tema, abre la posibilidad de acceder al fondo de los problemas y de corregir los enormes errores cometidos en las últimas décadas.
El sector energético, y Pemex en particular, necesitan cambios, pero éstos no son los que propone el gobierno, sino otros que incluyan la autonomía de la empresa, para que deje de ser su fondo de salvación, ante sus propias ineptitudes, buscando que el sector se convierta en lo que siempre debió ser, el motor de la economía y el desarrollo nacional, sin que para ello sea necesaria la intromisión de intereses ajenos.
El petróleo constituye hoy, como en otras ocasiones pasadas, el tema central de atención en el escenario nacional. Razones hay para ello: no sólo la celebración del 70 aniversario de la expropiación petrolera decretada por el general Lázaro Cárdenas, también cuentan los precios del crudo en el mercado internacional, más altos hoy que nunca, y al mismo tiempo los reclamos del gobierno, de su partido y de un buen número de líderes de opinión, en torno a la necesidad de fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) con recursos privados, cuando sus ingresos están en los niveles más altos de la historia. La desinformación, la incongruencia alrededor del tema y las descalificaciones parecen ser hoy los elementos dominantes del escenario político nacional.
Varios hechos resultan evidentes en este escenario: los altísimos volúmenes de exportación de crudo, simultáneos a la importación millonaria de gasolina para el consumo interno de la maquinaria y los vehículos en operación, resultan ser una contradicción insostenible como política de gobierno. ¿La exportación misma del petróleo sin valor agregado alguno no fue una de las razones estratégicas de la expropiación petrolera, que buscaba con ello la terminación del saqueo del patrimonio nacional? Asimismo, está el destino de los excedentes petroleros, que vienen rebasando los 25 mil millones de dólares cada año, desde hace más de una década. ¿Adónde se han ido? ¿Por qué razón las naciones productoras de petróleo son en general las más ricas del mundo, mientras que en México la miseria es cada día más intensa?
¿Cuál es la razón por la que las ciudades en las que se procesa el petróleo poseen generalmente las mejores condiciones de vida, mientras que en México sean sólo verdaderos basureros insalubres? ¿Cómo explicar que, mientras en otros países, las universidades centran sus investigaciones en los problemas relacionados con la exploración, la extracción y el procesamiento del petróleo, recibiendo por ello recursos económicos importantes, en México esto no suceda?
Es claro, pues, que es mucho lo que se debe corregir en torno al petróleo, y que la responsabilidad del gobierno en toda la problemática descrita es enorme y seguramente con componentes criminales; los problemas que se requiere resolver deben ser tremendamente complejos, no sólo por sus aspectos técnicos, sino por las inmensas marañas de intereses creados y de corrupción que en ellos existen.
En el escenario de confrontación que hoy vive el país, parecen existir dos visiones totalmente opuestas que amenazan con paralizar al país, o crear situaciones de enfrentamiento cuyo desenlace poco servirá para resolver la problemática descrita.
La posición del gobierno, de su partido y, por qué no decirlo, de la derecha en su conjunto, afines a los esquemas de privatización, pero conscientes de que la Constitución mexicana constituye un obstáculo insalvable, se ubica en plantear la existencia de un problema central, la supuesta falta de recursos de Pemex, y la necesidad de recurrir a empresas y a capitales privados para rescatar la empresa y el sector entero de la crisis financiera en la que están sumidos, ignorando los demás problemas descritos y la existencia de los mecanismos que nos han llevado a la situación actual. Las campañas mediáticas, los recursos que se han puesto en operación y los argumentos utilizados dejan muy claro que el propósito del gobierno es más responder a compromisos contraídos con anterioridad, y crear nuevas oportunidades de negocio, como lo han sido todas las privatizaciones realizadas hasta ahora, que resolver los problemas mencionados y aprovechar para el país las oportunidades de desarrollo que la misma problemática entraña.
La posición contraria, asociada supuestamente con un sector de la izquierda y apoyada por grupos importantes de la sociedad, está consistiendo en rechazar cualquier propuesta referente a cambio alguno en el sector energético proveniente del gobierno y su partido, o de cualquier otro grupo que genere sospechas de colaboración con el gobierno. Esta posición entendible ante la sucesión de despojos, engaños y entregas del patrimonio y de empresas públicas a grupos privados conlleva el riesgo de parecer extrema, violenta e inmadura, opuesta a toda discusión y, sobre todo, fuera de los cauces legales, al amenazar con cierres de carreteras, tomas de aeropuertos y acciones que inevitablemente producirán enfrentamientos. Un aspecto francamente inaceptable de esta posición es que aun en el caso de triunfar, lo que implicaría es que las cosas quedaran como están, sin resolver en modo alguno la problemática existente.
En este escenario, la tercera posición, propuesta por Cuauthémoc Cárdenas en su discurso de Morelia del pasado 18 de marzo, planteando la necesidad de discutir la problemática energética en forma integral, ante la vista y el escrutinio de la sociedad toda, en el seno del Congreso, en donde se hacen las leyes y en donde están supuestamente representadas las diferentes corrientes políticas, resulta ser, al mismo tiempo, un llamado a la cordura y una posición inteligente que, aprovechando el espacio abierto en torno al tema, abre la posibilidad de acceder al fondo de los problemas y de corregir los enormes errores cometidos en las últimas décadas.
El sector energético, y Pemex en particular, necesitan cambios, pero éstos no son los que propone el gobierno, sino otros que incluyan la autonomía de la empresa, para que deje de ser su fondo de salvación, ante sus propias ineptitudes, buscando que el sector se convierta en lo que siempre debió ser, el motor de la economía y el desarrollo nacional, sin que para ello sea necesaria la intromisión de intereses ajenos.
Pemex hipoteca ventas a futuro
Carlos Fernández-Vega
¿Pagarían socias de la petrolera la deuda por los Pidiregas?
Año tras año, desde hace ya varios en su consecutiva revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, la Auditoría Superior de la Federación no dejó de advertir, cada vez con mayor énfasis, sobre el notorio cuan complicado nudo financiero que se apretaba en torno al esquema Pidiregas.
A tal grado llegó la entidad supervisora, que su informe 2005 resultó alarmante: Petróleos Mexicanos “hipoteca sus ventas a futuro” para servir la deuda de lo que una década atrás fue calificado de “solución definitiva” a la ausencia de inversión presupuestaria en Pemex. A esas alturas, precisó la ASF, los Pidiregas “constituyen ya 99 por ciento del presupuesto total de la paraestatal”, la cual “está empeñando la facturación de las ventas de petróleo presentes y futuras para respaldar el financiamiento obtenido mediante endeudamiento con el sector privado para la expansión de su infraestructura productiva, estrategia que le ha ocasionado asumir costos excesivos”.
Un año después ya no era 99 sino 100 por ciento, sino es que más, y la ASF de plano reconoció que “no existen recursos monetarios o reservas líquidas para Pidiregas que pudieran utilizarse en un momento dado para solventar el pasivo contingente de esas obligaciones. En adición a esto, en 2006 no se registraron operaciones tendientes a pagar anticipadamente amortizaciones de los proyectos, puesto que no se crearon las reservas líquidas al cierre del ejercicio… En el mediano plazo se prevé una elevada presión financiera sobre las finanzas gubernamentales” derivadas del pago de la amortización de esos proyectos.
La administración Zedillo puso en marcha el endeudamiento vía Pidiregas, la del “cambio” lo incrementó geométricamente y la de la “continuidad” mantiene el mecanismo, justo en el sexenio en el que su servicio (deuda e intereses) alcanza el pico mayor por obras contratadas hasta 2005. En el gobierno calderonista, sin considerar la nueva deuda por él contratada, del erario tendrán que salir alrededor de 865 mil millones de pesos (tres veces más que la suma conjunta, para el mismo fin, erogada en las administraciones Zedillo-Fox) para amortizar capital e intereses de los Pidiregas puestos en marcha hasta el año mencionado, con lo que el sexenio del michoacano, como se ha señalado en este espacio, se convierte en el financieramente más expuesto en este renglón y al que la bomba le ha estallado.
Ahora que desde Los Pinos “promueven” las “asociaciones” con el capital privado para meterle el diente al petróleo nacional y “compartir” el negocio, ¿qué pasaría con la abultada deuda de la “solución definitiva” (Zedillo dixit), de los Pidiregas? ¿Además de las ganancias, los “asociados” compartirían dichos pasivos? ¿Pagarían mitad y mitad, como en el esquema propuesto para las ganancias? Difícilmente los “socios” lo aceptarían, de tal suerte que no es difícil deducir quiénes cargarían con el fardo.
Por ello, vale recordar de qué se trata: los Pidiregas son un “invento” del sexenio zedillista, aplicables para Pemex y la CFE), y puestos a caminar en 1996. En el resto de esa administración, el gobierno erogó 12 mil 340 millones de pesos por amortización e intereses. En 1996, este mecanismo representó menos de 0.1 por ciento del producto interno bruto; en 2005 llegó a 1.9 por ciento del PIB, un incremento de mil 800 por ciento en el periodo. Comparados con la inversión presupuestaria, avanzaron de 0.5 a 50.5 del valor total de la inversión impulsada por el sector público.
Si se compara con lo que vendría, a la administración Zedillo no le fue nada mal, porque a la de Vicente Fox le significó erogaciones cercanas a 260 mil millones de pesos (71 mil de ellos en 2006), 2 mil por ciento más que en la anterior. De ese monto, 40 por ciento correspondió al pago de intereses. Entre 2001 y 2006 el pago de intereses por el concepto referido se incrementó alrededor de mil 400 por ciento (de 6 mil 937 millones de pesos en 2001 a 102 mil 421 millones en 2006).
El adeudo ha crecido geométricamente, pero la administración calderonista deberá hacer pagos por Pidiregas (capital e intereses) cercanos a 825 mil millones de pesos, un monto más de tres veces superior al cubierto por el gobierno del “cambio” y casi 7 mil por ciento mayor al del zedillato, el de la “solución definitiva”, pasivos que a pesar de todo no son reconocido como deuda pública.
En 2006 el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados estimó que la bomba Pidiregas estallaría justo a mediados del presente sexenio, pero todo indica que se adelantó la fecha. A estas alturas, los pasivos por tal concepto acumulan –a precios de 2005– un billón 544 mil 378.5 millones de pesos (80 por ciento en Pemex y 20 por ciento en la CFE). A ese monto hay que agregar 511 mil 382.3 millones de pesos por concepto de intereses por amortización de los proyectos recibidos por el gobierno federal, lo que totaliza 2 billones 55 mil 760.7 millones, que deberán pagarse en un horizonte que concluye en 2041.
Y la cereza la vuelve a poner la Auditoría Superior de la Federación: “se tiene que, contando a partir de 2006, el plazo de vencimiento de los financiamientos contratados (vía Pidiregas) es mayor que los 10.3 años de duración de las reservas (petroleras) probadas o comercialmente explotables”, estimados por la propia paraestatal, es decir, las que generan los dineros para amortizar la “solución definitiva”.
Las rebanadas del pastel
Por lo visto, el “tesoro” enterrado en el Golfo de México ya tiene destinatarios: los acreedores de esos Pidiregas insolutos, o si se prefiere los mismos que se “asociarían” (“acompañarían”, diría Jesús Reyes Heroles González Garza, director general de Pemex) con el gobierno calderonista para explotar el susodicho cuan rebosante cofre. Negocio redondo, sin duda, pero no para la nación.
¿Pagarían socias de la petrolera la deuda por los Pidiregas?
Año tras año, desde hace ya varios en su consecutiva revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, la Auditoría Superior de la Federación no dejó de advertir, cada vez con mayor énfasis, sobre el notorio cuan complicado nudo financiero que se apretaba en torno al esquema Pidiregas.
A tal grado llegó la entidad supervisora, que su informe 2005 resultó alarmante: Petróleos Mexicanos “hipoteca sus ventas a futuro” para servir la deuda de lo que una década atrás fue calificado de “solución definitiva” a la ausencia de inversión presupuestaria en Pemex. A esas alturas, precisó la ASF, los Pidiregas “constituyen ya 99 por ciento del presupuesto total de la paraestatal”, la cual “está empeñando la facturación de las ventas de petróleo presentes y futuras para respaldar el financiamiento obtenido mediante endeudamiento con el sector privado para la expansión de su infraestructura productiva, estrategia que le ha ocasionado asumir costos excesivos”.
Un año después ya no era 99 sino 100 por ciento, sino es que más, y la ASF de plano reconoció que “no existen recursos monetarios o reservas líquidas para Pidiregas que pudieran utilizarse en un momento dado para solventar el pasivo contingente de esas obligaciones. En adición a esto, en 2006 no se registraron operaciones tendientes a pagar anticipadamente amortizaciones de los proyectos, puesto que no se crearon las reservas líquidas al cierre del ejercicio… En el mediano plazo se prevé una elevada presión financiera sobre las finanzas gubernamentales” derivadas del pago de la amortización de esos proyectos.
La administración Zedillo puso en marcha el endeudamiento vía Pidiregas, la del “cambio” lo incrementó geométricamente y la de la “continuidad” mantiene el mecanismo, justo en el sexenio en el que su servicio (deuda e intereses) alcanza el pico mayor por obras contratadas hasta 2005. En el gobierno calderonista, sin considerar la nueva deuda por él contratada, del erario tendrán que salir alrededor de 865 mil millones de pesos (tres veces más que la suma conjunta, para el mismo fin, erogada en las administraciones Zedillo-Fox) para amortizar capital e intereses de los Pidiregas puestos en marcha hasta el año mencionado, con lo que el sexenio del michoacano, como se ha señalado en este espacio, se convierte en el financieramente más expuesto en este renglón y al que la bomba le ha estallado.
Ahora que desde Los Pinos “promueven” las “asociaciones” con el capital privado para meterle el diente al petróleo nacional y “compartir” el negocio, ¿qué pasaría con la abultada deuda de la “solución definitiva” (Zedillo dixit), de los Pidiregas? ¿Además de las ganancias, los “asociados” compartirían dichos pasivos? ¿Pagarían mitad y mitad, como en el esquema propuesto para las ganancias? Difícilmente los “socios” lo aceptarían, de tal suerte que no es difícil deducir quiénes cargarían con el fardo.
Por ello, vale recordar de qué se trata: los Pidiregas son un “invento” del sexenio zedillista, aplicables para Pemex y la CFE), y puestos a caminar en 1996. En el resto de esa administración, el gobierno erogó 12 mil 340 millones de pesos por amortización e intereses. En 1996, este mecanismo representó menos de 0.1 por ciento del producto interno bruto; en 2005 llegó a 1.9 por ciento del PIB, un incremento de mil 800 por ciento en el periodo. Comparados con la inversión presupuestaria, avanzaron de 0.5 a 50.5 del valor total de la inversión impulsada por el sector público.
Si se compara con lo que vendría, a la administración Zedillo no le fue nada mal, porque a la de Vicente Fox le significó erogaciones cercanas a 260 mil millones de pesos (71 mil de ellos en 2006), 2 mil por ciento más que en la anterior. De ese monto, 40 por ciento correspondió al pago de intereses. Entre 2001 y 2006 el pago de intereses por el concepto referido se incrementó alrededor de mil 400 por ciento (de 6 mil 937 millones de pesos en 2001 a 102 mil 421 millones en 2006).
El adeudo ha crecido geométricamente, pero la administración calderonista deberá hacer pagos por Pidiregas (capital e intereses) cercanos a 825 mil millones de pesos, un monto más de tres veces superior al cubierto por el gobierno del “cambio” y casi 7 mil por ciento mayor al del zedillato, el de la “solución definitiva”, pasivos que a pesar de todo no son reconocido como deuda pública.
En 2006 el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados estimó que la bomba Pidiregas estallaría justo a mediados del presente sexenio, pero todo indica que se adelantó la fecha. A estas alturas, los pasivos por tal concepto acumulan –a precios de 2005– un billón 544 mil 378.5 millones de pesos (80 por ciento en Pemex y 20 por ciento en la CFE). A ese monto hay que agregar 511 mil 382.3 millones de pesos por concepto de intereses por amortización de los proyectos recibidos por el gobierno federal, lo que totaliza 2 billones 55 mil 760.7 millones, que deberán pagarse en un horizonte que concluye en 2041.
Y la cereza la vuelve a poner la Auditoría Superior de la Federación: “se tiene que, contando a partir de 2006, el plazo de vencimiento de los financiamientos contratados (vía Pidiregas) es mayor que los 10.3 años de duración de las reservas (petroleras) probadas o comercialmente explotables”, estimados por la propia paraestatal, es decir, las que generan los dineros para amortizar la “solución definitiva”.
Las rebanadas del pastel
Por lo visto, el “tesoro” enterrado en el Golfo de México ya tiene destinatarios: los acreedores de esos Pidiregas insolutos, o si se prefiere los mismos que se “asociarían” (“acompañarían”, diría Jesús Reyes Heroles González Garza, director general de Pemex) con el gobierno calderonista para explotar el susodicho cuan rebosante cofre. Negocio redondo, sin duda, pero no para la nación.
Desfiladero y video de Calderón ya planeando la privatización en 2003
Jaime Avilés
Calderón vendió Pemex en California
Se comprometió con gaseras de México y Canadá
Despilfarró 19 millones de pesos el 15 de septiembre
Durante una reunión patrocinada por Igasamex –conglomerado de firmas de México y Canadá, que hacen negocios con gas natural y productos petroquímicos–, Felipe Calderón aseguró que “61 por ciento de los mexicanos está en favor de una reforma” que modifique el régimen legal de los hidrocarburos en nuestro país.
También dijo que durante los próximos 10 años, “México requerirá una inversión de 140 mil millones de dólares para desarrollar su energía”, y garantizó que, en materia de petróleo y gas natural, “el potencial de nuestro país es enorme”, y subrayó este adjetivo, “enorme”, antes de advertir que no podía “hablar de muchas cosas (al respecto) porque es un tema muy peligroso en términos políticos y si queremos ir hacia delante hay que hacerlo paso a paso”.
Sus palabras quedaron registradas en un video que grabó el Instituto de las Américas, en una charla que Calderón sostuvo con el ex embajador de Estados Unidos en México, Jeffrey Davidow en La Jolla, California, el 10 de noviembre de 2003. (Ustedes pueden consultarlo en YouTube, bajo el nombre de “Encuentros: Davidow and Calderon November 2003”).
¿Qué insinuó el entonces secretario de Energía con eso de “si queremos ir hacia adelante hay que hacerlo paso a paso”? Claro: que tenía que obtener, primero, la candidatura del PAN a las elecciones de 2006 y después llegar a Los Pinos “como haiga sido”. Aquel encuentro con Davidow en realidad fue una entrevista de trabajo, en la que el autodenominado “presidente del empleo” le pidió a Estados Unidos el empleo de presidente de México.
La comparecencia fue auspiciada por la Reinhart Foundation, de San Diego, California, que fomenta “proyectos para México y Guatemala” bajo el lema “ayudando a otros a ayudarse a sí mismos”, y por el consorcio Servicios Integrados de Gas de México (Igasamex, en inglés) que en su página web se anuncia como una empresa establecida en 1996, dueña de “13 gasoductos en México con los cuales sirve a 86 clientes que representan todas las ramas de negocios del país”.
De acuerdo con su propio portal, Igasamex tiene presencia en todo el Golfo de México, desde Altamira, Tamaulipas, hasta Yucatán, pero, ojo, no en Campeche, territorio exclusivo de la familia Mouriño. Socios de Igasamex, y por lo tanto copatrocinadores del encuentro de Calderón con Davidow, fueron asimismo Fergus Thermes, Corporativo San Ángel y Saks Energy.
Fergus Thermes, “empresa mexicana con 60 años de experiencia”, posee una múltiple personalidad que le permite fabricar equipos de refrigeración, importar/exportar petroquímicos, alquilar bodegas en el estado de México y oficinas en la colonia Del Valle y dar toda clase de asesorías, mientras Corporativo San Ángel, con oficinas en la calle de Altavista, DF, lleva “80 años distribuyendo combustóleo, diesel y combustibles marinos”, desde que alguien la fundó en 1927 y, por lo visto, no se enteró de la expropiación petrolera de 1938. Lo misterioso del asunto es que en Internet, ni Fergus Thermes ni Corporativo San Ángel revelan los nombres de sus propietarios, como tampoco hacen los de Sask Energy, que “suministra gas natural a 314 mil clientes a través de 64 mil kilómetros de ductos en Canadá”.
Estos magnates sin rostro impulsaron la precandidatuta de Calderón ante Davidow, un embajador de carrera que estuvo en Chile antes y después del golpe contra Salvador Allende, más tarde en países petroleros de África y por último en México, donde se jubiló a mediados de 2001, antes de asumir, en junio de 2003, la presidencia del Instituto de las Américas, creado por intelectuales de la Universidad de California en San Diego para “promover discusiones y debates sobre políticas públicas en países de la región”.
Aquella noche de noviembre de 2003, Davidow dijo que Calderón estaba sentado en “la silla más caliente del gabinete de Fox” y le pidió su opinión sobre la industria petrolera. El aspirante al empleo, hablando un inglés de campesino pese a que estudió en Harvard, dijo, además de todo lo que ustedes ya han leído, que México “requiere de una reforma fiscal que le permita librar a Pemex de la tremenda carga impositiva que soporta”.
Hoy, esa reforma fiscal, diseñada por Agustín Carstens, es todo un hecho, pero Pemex no se libró de ninguna carga impositiva. Por lo tanto, Calderón propuso una “solución” que se llevó a la práctica y no sirvió absolutamente para nada. ¿Por qué habrían de funcionar entonces las medidas que desea aplicarle a Pemex para cumplir sus compromisos secretos con Igasamex, Saks y las petroleras anglosajonas?
En una sociedad democrática, una reforma como la que pretende la derecha (Manlio Fabio Beltrones incluido, a estas alturas no va a engañar a nadie con sus desplantes y sus alianzas con lo peor del hampa política), tendría que empezar por un debate a fondo, difundido por todos los medios y con la participación de todos los sectores, después de lo cual, como siguiente paso, debería efectuarse un plebiscito nacional, cuyo resultado determinaría, por último, la conducta de los legisladores en las cámaras. Esto, como todos sabemos, no es posible en México. Aquí no sólo no existe la figura del plebiscito sino que tampoco contamos con instituciones electorales confiables.
Aparte de perder el debate antes de iniciarlo, Calderón se quedó sin mano derecha para negociar nada, y al llegar a la ceremonia del 18 de marzo en compañía de Juan Camilo Mouriño y declamar asombrosamente que “quien viola la ley ofende al prócer”, convirtió el homenaje a Benito Juárez, como bien señala Joaquín Romo de Vivar desde Monterrey, “en un homenaje a Maximiliano que ofende a todo el país”.
Pero si la sociedad mexicana está preocupada por Pemex, y más activa que nunca (hay quienes ya no duermen porque se pasan la noche quemando cds para divulgar información contra el anuncio del tesorito), otros fiscalizan a Felipe Calderón y descubren, como Óscar A. García, del portal de la resistencia atsyber, que el 15 de septiembre pasado el gobierno espurio despilfarró 19 millones de pesos en el Zócalo.
De acuerdo con un reporte del IFAI, los gastos del Grito ascendieron a 18 millones 813 mil 743 pesos, que fueron repartidos así: 6 millones 207 mil pesos para “talento artístico” (?); 320 mil pesos para la conductora Mariana Seoane (que estuvo imitando a Gabriela Cuevas), 2 millones 282 mil pesos para la banda El Recodo y 2 millones 800 mil pesos para K-Paz de La Sierra (cuyo vocalista fue asesinado por el narcotráfico tiempo después). ¿Este es el gobierno que merecen los mexicanos?
(Para comunicarse con esta columna jamastu@gmail.com)
Este es el video al que se refiere Avilés:
http://es.youtube.com/watch?v=T9H7v8C2qkM
Calderón vendió Pemex en California
Se comprometió con gaseras de México y Canadá
Despilfarró 19 millones de pesos el 15 de septiembre
Durante una reunión patrocinada por Igasamex –conglomerado de firmas de México y Canadá, que hacen negocios con gas natural y productos petroquímicos–, Felipe Calderón aseguró que “61 por ciento de los mexicanos está en favor de una reforma” que modifique el régimen legal de los hidrocarburos en nuestro país.
También dijo que durante los próximos 10 años, “México requerirá una inversión de 140 mil millones de dólares para desarrollar su energía”, y garantizó que, en materia de petróleo y gas natural, “el potencial de nuestro país es enorme”, y subrayó este adjetivo, “enorme”, antes de advertir que no podía “hablar de muchas cosas (al respecto) porque es un tema muy peligroso en términos políticos y si queremos ir hacia delante hay que hacerlo paso a paso”.
Sus palabras quedaron registradas en un video que grabó el Instituto de las Américas, en una charla que Calderón sostuvo con el ex embajador de Estados Unidos en México, Jeffrey Davidow en La Jolla, California, el 10 de noviembre de 2003. (Ustedes pueden consultarlo en YouTube, bajo el nombre de “Encuentros: Davidow and Calderon November 2003”).
¿Qué insinuó el entonces secretario de Energía con eso de “si queremos ir hacia adelante hay que hacerlo paso a paso”? Claro: que tenía que obtener, primero, la candidatura del PAN a las elecciones de 2006 y después llegar a Los Pinos “como haiga sido”. Aquel encuentro con Davidow en realidad fue una entrevista de trabajo, en la que el autodenominado “presidente del empleo” le pidió a Estados Unidos el empleo de presidente de México.
La comparecencia fue auspiciada por la Reinhart Foundation, de San Diego, California, que fomenta “proyectos para México y Guatemala” bajo el lema “ayudando a otros a ayudarse a sí mismos”, y por el consorcio Servicios Integrados de Gas de México (Igasamex, en inglés) que en su página web se anuncia como una empresa establecida en 1996, dueña de “13 gasoductos en México con los cuales sirve a 86 clientes que representan todas las ramas de negocios del país”.
De acuerdo con su propio portal, Igasamex tiene presencia en todo el Golfo de México, desde Altamira, Tamaulipas, hasta Yucatán, pero, ojo, no en Campeche, territorio exclusivo de la familia Mouriño. Socios de Igasamex, y por lo tanto copatrocinadores del encuentro de Calderón con Davidow, fueron asimismo Fergus Thermes, Corporativo San Ángel y Saks Energy.
Fergus Thermes, “empresa mexicana con 60 años de experiencia”, posee una múltiple personalidad que le permite fabricar equipos de refrigeración, importar/exportar petroquímicos, alquilar bodegas en el estado de México y oficinas en la colonia Del Valle y dar toda clase de asesorías, mientras Corporativo San Ángel, con oficinas en la calle de Altavista, DF, lleva “80 años distribuyendo combustóleo, diesel y combustibles marinos”, desde que alguien la fundó en 1927 y, por lo visto, no se enteró de la expropiación petrolera de 1938. Lo misterioso del asunto es que en Internet, ni Fergus Thermes ni Corporativo San Ángel revelan los nombres de sus propietarios, como tampoco hacen los de Sask Energy, que “suministra gas natural a 314 mil clientes a través de 64 mil kilómetros de ductos en Canadá”.
Estos magnates sin rostro impulsaron la precandidatuta de Calderón ante Davidow, un embajador de carrera que estuvo en Chile antes y después del golpe contra Salvador Allende, más tarde en países petroleros de África y por último en México, donde se jubiló a mediados de 2001, antes de asumir, en junio de 2003, la presidencia del Instituto de las Américas, creado por intelectuales de la Universidad de California en San Diego para “promover discusiones y debates sobre políticas públicas en países de la región”.
Aquella noche de noviembre de 2003, Davidow dijo que Calderón estaba sentado en “la silla más caliente del gabinete de Fox” y le pidió su opinión sobre la industria petrolera. El aspirante al empleo, hablando un inglés de campesino pese a que estudió en Harvard, dijo, además de todo lo que ustedes ya han leído, que México “requiere de una reforma fiscal que le permita librar a Pemex de la tremenda carga impositiva que soporta”.
Hoy, esa reforma fiscal, diseñada por Agustín Carstens, es todo un hecho, pero Pemex no se libró de ninguna carga impositiva. Por lo tanto, Calderón propuso una “solución” que se llevó a la práctica y no sirvió absolutamente para nada. ¿Por qué habrían de funcionar entonces las medidas que desea aplicarle a Pemex para cumplir sus compromisos secretos con Igasamex, Saks y las petroleras anglosajonas?
En una sociedad democrática, una reforma como la que pretende la derecha (Manlio Fabio Beltrones incluido, a estas alturas no va a engañar a nadie con sus desplantes y sus alianzas con lo peor del hampa política), tendría que empezar por un debate a fondo, difundido por todos los medios y con la participación de todos los sectores, después de lo cual, como siguiente paso, debería efectuarse un plebiscito nacional, cuyo resultado determinaría, por último, la conducta de los legisladores en las cámaras. Esto, como todos sabemos, no es posible en México. Aquí no sólo no existe la figura del plebiscito sino que tampoco contamos con instituciones electorales confiables.
Aparte de perder el debate antes de iniciarlo, Calderón se quedó sin mano derecha para negociar nada, y al llegar a la ceremonia del 18 de marzo en compañía de Juan Camilo Mouriño y declamar asombrosamente que “quien viola la ley ofende al prócer”, convirtió el homenaje a Benito Juárez, como bien señala Joaquín Romo de Vivar desde Monterrey, “en un homenaje a Maximiliano que ofende a todo el país”.
Pero si la sociedad mexicana está preocupada por Pemex, y más activa que nunca (hay quienes ya no duermen porque se pasan la noche quemando cds para divulgar información contra el anuncio del tesorito), otros fiscalizan a Felipe Calderón y descubren, como Óscar A. García, del portal de la resistencia atsyber, que el 15 de septiembre pasado el gobierno espurio despilfarró 19 millones de pesos en el Zócalo.
De acuerdo con un reporte del IFAI, los gastos del Grito ascendieron a 18 millones 813 mil 743 pesos, que fueron repartidos así: 6 millones 207 mil pesos para “talento artístico” (?); 320 mil pesos para la conductora Mariana Seoane (que estuvo imitando a Gabriela Cuevas), 2 millones 282 mil pesos para la banda El Recodo y 2 millones 800 mil pesos para K-Paz de La Sierra (cuyo vocalista fue asesinado por el narcotráfico tiempo después). ¿Este es el gobierno que merecen los mexicanos?
(Para comunicarse con esta columna jamastu@gmail.com)
Este es el video al que se refiere Avilés:
http://es.youtube.com/watch?v=T9H7v8C2qkM
Gobierno insensible
Editorial
El gobierno de Colombia, encabezado por el presidente Álvaro Uribe, se negó ayer a indemnizar a los familiares de los estudiantes mexicanos Juan González del Castillo, Fernando Franco Delgado, Verónica Natalia Velázquez Ramírez, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Soren Ulises Avilés Ángeles, del Instituto Politécnico Nacional, asesinados durante el ataque a un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que perpetró el ejército colombiano el pasado primero de marzo en Ecuador, durante el cual, además, resultó herida Lucía Morett Álvarez, también integrante de la máxima casa de estudios. Según manifestó el mandatario colombiano, en declaraciones divulgadas mediante un escueto comunicado, el gobierno de ese país no está obligado a pagar indemnizaciones por lo que llamó “acciones legítimas” contra “grupos terroristas”. Tal determinación se dio tan sólo unas horas después de que el canciller de esa nación sudamericana, Fernando Araújo, afirmó que analizarían la posibilidad de indemnizar a los deudos de las víctimas.
Era de preverse la respuesta de un gobierno colombiano cuyo signo ha sido desestimar sistemáticamente la gravedad de lo que hizo: asesinar a mansalva a una veintena de personas, entre ellas el principal negociador de la guerrilla colombiana, Raúl Reyes, algo que debe ser considerado como un crimen de guerra; violentar la soberanía de un país vecino, como Ecuador y, por si fuera poco, justificar como una “acción legítima” el aniquilamiento de cuatro ciudadanos mexicanos que, a decir de la propia Morett Álvarez, se encontraban en el lugar como parte de una actividad académica.
De manera significativa, la primera sesión del año del Consejo Universitario de la UNAM, encabezada por el rector José Narro Robles, sirvió como marco para la condena al ataque del ejército de Colombia contra el campamento de las FARC, así como de exigencia para que las autoridades mexicanas asuman la defensa de los cuatro estudiantes muertos, sus familias, y de la sobreviviente mexicana.
Acaso lo más grave de todo sea precisamente el amplio margen que el gobierno mexicano, con su actitud tibia e indolente, ha otorgado al Palacio de Nariño para justificar el atropello. Ayer mismo, la cancillería mexicana afirmó que el gobierno de Felipe Calderón seguirá gestionando la entrega de una indemnización a las familias de las víctimas, cuando la principal demanda de éstas ha sido una protesta enérgica ante Colombia por el asesinato de connacionales en Ecuador, sin que hasta el momento haya habido ni la más mínima queja por parte del gobierno federal.
Por el contrario, la administración calderonista ha abandonado a su suerte a los deudos de los mexicanos caídos y ha tolerado el conjunto de voces insidiosas que, desde varios medios de comunicación, pretenden justificar la muerte de esos estudiantes a manos del ejército colombiano e incluso describen a la UNAM, en el colmo del dolo y la descalificación, como un semillero de adeptos a las FARC.
En suma, el gobierno federal ha exhibido, además de una profunda insensibilidad, una lamentable actitud de desentendimiento con respecto a su responsabilidad de procurar el bienestar de los mexicanos dentro y fuera del territorio nacional, y de hacer valer el derecho más fundamental de todos: la vida.
El gobierno de Colombia, encabezado por el presidente Álvaro Uribe, se negó ayer a indemnizar a los familiares de los estudiantes mexicanos Juan González del Castillo, Fernando Franco Delgado, Verónica Natalia Velázquez Ramírez, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Soren Ulises Avilés Ángeles, del Instituto Politécnico Nacional, asesinados durante el ataque a un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que perpetró el ejército colombiano el pasado primero de marzo en Ecuador, durante el cual, además, resultó herida Lucía Morett Álvarez, también integrante de la máxima casa de estudios. Según manifestó el mandatario colombiano, en declaraciones divulgadas mediante un escueto comunicado, el gobierno de ese país no está obligado a pagar indemnizaciones por lo que llamó “acciones legítimas” contra “grupos terroristas”. Tal determinación se dio tan sólo unas horas después de que el canciller de esa nación sudamericana, Fernando Araújo, afirmó que analizarían la posibilidad de indemnizar a los deudos de las víctimas.
Era de preverse la respuesta de un gobierno colombiano cuyo signo ha sido desestimar sistemáticamente la gravedad de lo que hizo: asesinar a mansalva a una veintena de personas, entre ellas el principal negociador de la guerrilla colombiana, Raúl Reyes, algo que debe ser considerado como un crimen de guerra; violentar la soberanía de un país vecino, como Ecuador y, por si fuera poco, justificar como una “acción legítima” el aniquilamiento de cuatro ciudadanos mexicanos que, a decir de la propia Morett Álvarez, se encontraban en el lugar como parte de una actividad académica.
De manera significativa, la primera sesión del año del Consejo Universitario de la UNAM, encabezada por el rector José Narro Robles, sirvió como marco para la condena al ataque del ejército de Colombia contra el campamento de las FARC, así como de exigencia para que las autoridades mexicanas asuman la defensa de los cuatro estudiantes muertos, sus familias, y de la sobreviviente mexicana.
Acaso lo más grave de todo sea precisamente el amplio margen que el gobierno mexicano, con su actitud tibia e indolente, ha otorgado al Palacio de Nariño para justificar el atropello. Ayer mismo, la cancillería mexicana afirmó que el gobierno de Felipe Calderón seguirá gestionando la entrega de una indemnización a las familias de las víctimas, cuando la principal demanda de éstas ha sido una protesta enérgica ante Colombia por el asesinato de connacionales en Ecuador, sin que hasta el momento haya habido ni la más mínima queja por parte del gobierno federal.
Por el contrario, la administración calderonista ha abandonado a su suerte a los deudos de los mexicanos caídos y ha tolerado el conjunto de voces insidiosas que, desde varios medios de comunicación, pretenden justificar la muerte de esos estudiantes a manos del ejército colombiano e incluso describen a la UNAM, en el colmo del dolo y la descalificación, como un semillero de adeptos a las FARC.
En suma, el gobierno federal ha exhibido, además de una profunda insensibilidad, una lamentable actitud de desentendimiento con respecto a su responsabilidad de procurar el bienestar de los mexicanos dentro y fuera del territorio nacional, y de hacer valer el derecho más fundamental de todos: la vida.
viernes, marzo 28, 2008
10 days That Changed CapitalismThe world has changed. The market fundamentalism that has dominated our economics over last three decades has been unmasked as a sham, deemed useless by the guardian of the integrity of finance itself, the Federal Reserve.
Without a vote of the Congress or a public debate, the Bush administration and the Federal Reserve have made government the guarantor of the shadow banking system – the unregulated, unhinged hedge funds and investment houses whose compulsive excesses now threaten the global economy. They say necessity is the mother of invention, but we seen only a part of the new machine, not surprisingly, the part that buttresses Wall Street. They have scrambled to put this together in an emergency, behind closed doors, without a hint of the necessary regulatory changes that must rationally accompany such guarantees. That is what the fight in the coming months will surely be about.
As the article below by David Wessel of the Wall Street Journal summarizes, the intervention puts at risk hundreds of billions of taxpayer dollars.
It also transforms the economic debate. It is inconceivable that taxpayers should be asked to bail out private buccaneer speculators without enforcing limits on their speculation – capital reserves, limits on what gambles they can take, oversight, transparency, new restrictions on their pay packages to remove the current multi-million dollar personal incentives to invent new Penza schemes and scams.
The shadow banking system now must be brought out of the shadows. After all we are constantly told that finance serves the economy, and the market system is the best means to solve our social goals. It feels very uncomfortable when our servant's servant becomes our master's master as Wall Street has been permitted to become in America in recent years by contribution- hungry elected officials.
As Barack Obama noted in his speech yesterday, the deregulation that fostered this folly was supported by both parties. It began under Jimmy Carter, accelerated under Ronald Reagan, went into hyper speed under Bill Clinton, and spiraled into catastrophe under George Bush. The freedom to gamble with other peoples’ money has been protected by lavish campaign contributions and powerful lobbies. These financial buccaneers have treated the laws and rules that govern our financial markets like just one more asset to be bought and sold. They have been unabashed in their arrogant abuse of power, rigging the rules and daring the world to stop them. A particularly audacious example occurred only last year when a concerted lobby campaign convinced the Democratic majority in the Senate to sustain the tax dodge that enables billionaire hedge fund operators to pay a lower tax rate than their secretaries.
This cannot continue. They ask to pocket their profits and have taxpayers protect them from their losses. That offends the principles of both democracy and the market. If they are too big to fail – if their failure will bring down the entire economy – then they are also too big to gamble on their own. They must be regulated – or perhaps nationalized, as the British have just done with one of their leading banks. After all they are asking to nationalize their losses. Why not some of their profits too?
This debate must be accessible to, and reflect the concerns of, citizens. It cannot be the exclusive province of so-called experts, Wall Street operators, economists and legislators. Too often, Wall Street manages to profit having the party and then make a bundle from the government in cleaning up the mess as they socialize the losses that they created.
It is important to understand how reckless Wall Street has been. They have not only victimized the American people through recession and bailouts. Their recklessness threatens to blow up their own cherished role as well. They have damaged the international reputation of the U.S. dollar, turning the world's reserve currency into the equivalent of a junk bond. The excesses of their hubris-driven repackaging of assets has muddied the U.S. credit allocation process and accelerated the US decline as the financial center of world commerce. Their sacred cow of "free trade" is unlikely to withstand the pressure of a prolonged slump. Wall Street is compulsively consuming itself.
We are going to follow this debate closely at CAF. It will be a constant feature of this blog. We’ll call on the best progressive economists and analysts to break it down. We’ll collect the best documents so you can follow the debate. And we’ll be driving campaigns to make certain that the public doesn’t once more get stuck with the bill for the bankers’ party, with no assurances that the reckless structure of finance has been repaired.
David Wessel provides good summary of where we are below.
OTRA CAMPAÑA DE LA CIA CONTRA CUBA
por Néstor García Iturbe
En los últimos meses la Agencia Central de Inteligencia, bajo laorientación de la oficina del Director Nacional de Inteligencia, hainiciado una operación encaminada a erosionar la imagen de ladiplomacia cubana. Este plan, organizado por Thimoty Langford, elAdministrador de la Misión Cuba y Venezuela en la cúpula de laComunidad de Inteligencia de Estados Unidos, tiene como objetivotratar de recuperar el prestigio de las agencias de la Comunidad.
En los primeros días del mes de marzo, preocupado por este asunto,Donald Kerr, alto funcionario de la oficina del Director Nacional deInteligencia, expresó durante una cena patrocinada por la Alianza deInteligencia y Seguridad Nacional… “en la Comunidad de Inteligencia noestamos ganando los corazones y las mentes (de los estadounidenses).Ni siquiera lo estamos intentando. Y eso es lo que más me preocupa”
También Michael Hayden, Director de la Agencia Central de Inteligencia(CIA), mostró preocupación sobre la pérdida de prestigio de la agenciacuando en días pasados acusó a la prensa de arrastrar “todo lo quehace la CIA a la esquina más sombría y tenebrosa del cuarto”.
En su afán por ganar prestigio y mostrarle al contribuyenteestadounidense que los miles de millones de dólares que se gastananualmente por las agencias de los servicios especialesnorteamericanos están bien empleados, se han iniciado acciones queayuden a crear cierta confianza en las mismas.
Estas acciones, que forman parte del Plan de Operaciones Encubiertascontra Cuba, se han organizado utilizando información desactualizadaofrecida por traidorzuelos a la que se le agrega una buena parte deinvención para hacerla más importante y creíble. Para difundir estasse utilizan ”canales de propaganda sucia” que están más quereconocidos como colaboradores de la CIA, como Chris Simmons yWilfredo Cancio Isla para nombrar los que recientemente se hanprestado a colaborar en este sentido. Regularmente el libelo utilizadopara esta operación encubierta es el Miami Herald y también el Nuevo Herald.
Pudiéramos señalar que la campaña salió a la luz pública el 28 dediciembre del 2007 con un articulo de Chris Simmons publicado en elMiami Herald titulado “Espía de la vieja guardia al frente de laSección de Intereses” (Old Guard spy heads Interests Section) en elcual se “denuncia” la supuesta vinculación con el servicio deinteligencia cubano del Embajador Jorge Bolaños, actual Jefe de laSección de Intereses de Cuba en Washington.
El Embajador Bolaños tiene una extensa hoja de servicios diplomáticos,acreditado ante un buen número de países, ha representado a Cuba enmúltiples actividades internacionales, además de haber ocupado elcargo de Vice Ministro Primero del Ministerio de RelacionesExteriores. Los elementos que se exponen para tratar de probar lavinculación de Bolaños con la seguridad cubana no pasan de sersuposiciones y elementos circunstanciales que se tratan de concatenarcon poco éxito, sin que exista nada objetivo o probatorio de supertenencia a la Inteligencia Cubana o cualquier otro servicio especial cubano.
Como antecedente a esta campaña, o quizás una de las primeras accionesde la misma, pudiéramos citar el artículo que el propio Chris Simmonsescribió para el Miami Herald el primero de noviembre del 2007. Estearticulo lo titulo “Peligrosa relación entre Cuba e Irán ( DangerousCuba-Irán kinship) en el que se trataba de revelar vínculos decooperación entre los servicios de inteligencia de ambos países.
En el mencionado artículo se señala que estos vínculos y relaciones deotro tipo están siendo dirigidos desde el año 2006 por el compañeroRicardo Cabrisas Ruiz, al que se acusa de ser un oficial de carreradel servicio de inteligencia cubano. El compañero Cabrisas, conocidointernacionalmente, por más de 20 años fungió como Ministro deComercio Exterior y posteriormente, hasta la actualidad, como Ministrodentro del gobierno de Cuba. Sus funciones y responsabilidadesrequieren una total entrega a los cargos que ha ocupado, lo que quitatodo fundamento a las acusaciones de Simmons.
El otro artículo de la serie, también de Chris Simmons e igualmentepublicado en el Miami Herald se titula “Cuando los espías seconvierten en diplomáticos” ( When spies become diplomats). Este fuepublicado el 11 de marzo del 2008. Aquí el campo se amplia hacia otroscompañeros diplomáticos, en este caso la acusación se inicia contraFelix Wilson y José Imperatori, ambos funcionarios cubanos queestuvieron acreditados ante la Sección de Intereses de Cuba en Washington.
En cuanto a Wilson, este es ampliamente conocido entre diplomáticos dedistintos países, principalmente de África, en los que ha estadoacreditado varias veces durante su carrera diplomática, que en estosmomentos culmina como Embajador de Cuba.
La acusación contra Imperatori pudiera entenderse como una criticadirigida contra el FBI. Estando acreditado en Washington, Imperatorifue acusado de espionaje, por lo que fue detenido por el FBI a pesarde tener inmunidad diplomática. Ante la injusta acusación y laviolación por parte de Estados Unidos de la Convención de Ginebra, elcompañero Imperatori renunció a su inmunidad diplomática y exigió alas autoridades norteamericanas que lo sometieran a juicio dondedebían probar los cargos de espionaje que se formularon en su contra.Pudiendo haber juzgado a un espía, si este lo fuera, el gobiernonorteamericano envió a Imperatori hacia Canadá, desde donde viajó a la Habana.
Aquí se probó fehacientemente que no existía prueba alguna quesustentara la acusación realizada. ¿Por qué ahora Chris Simmons lomenciona en su artículo sensacionalista?. Al parecer los que le dieronla orden de publicar esto no le explicaron totalmente lascircunstancias de la detención de Imperatori, lo que daña sucredibilidad como periodista y lo ratifica como “canal de propagandasucia” al que ahora se le puede añadir “de baja profesionalidad”.
En el propio articulo, este “canal de propaganda sucia” menciona alEmbajador de Cuba ante el Reino Unido, Rene Mujica Cantelar. Sihacemos un ligero analisis de la información que el propio Simmonsplantea sobre el compañero Mujica, podemos establecer que desde 1977el mismo ha estado acreditado en diferentes países durante su carreradiplomática, que desde 1996 fue promovido a Embajador y que ademásocupó distintos cargos en el Ministerio de Relaciones Exteriores.Resumiendo, 31 años de carrera diplomática y 12 de Embajador.
En el artículo se plantea que durante sus años de diplomático “hatrabajado por mejorar las relaciones entre Cuba y los países europeos,aunque con el temor que Estados Unidos interfiera en dicha mejoría, enespecial algunos países pro norteamericanos que pudieran adoptar unaposición de línea dura hacia Cuba”…..”Desde que fue nombrado enLondres, Mujica ha tratado de lograr el fortalecimiento de lasrelaciones bilaterales entre Cuba y el Reino Unido. Es un fuertecrítico de las medidas tomadas por la administración Bush en contra de Cuba”.
Es interesante que en ninguno de los casos señalados se expongainformación que vincule, directa o indirectamente a los compañeros conalguna operación de inteligencia o acción propia de los serviciosespeciales cubanos. Ninguno de los traidorzuelos que menciona Simmons,o la CIA que es quien los dirige, es capaz de ofrecer información deesta índole . Cuando se habla de nuestros Embajadores y de lasactividades que realizan,se mencionan las propias de un diplomáticoque representa a su país y que trata de fortalecer las relacionesentre el mismo y el país donde ha sido designado.
La ultima acción relacionada con este tipo de actividad, contenida enel Plan de Operaciones Especiales contra Cuba, le fue asignada aWilfredo Cancio Isla y publicada en el Nuevo Herald el 12 de marzo del2008. Este articulo se titula “Ex agente dice que Pablo Escobar viajóa Cuba”. Esta acción complementa los intereses de dos agencias de laComunidad de Inteligencia de Estados Unidos, la Agencia Central deInteligencia (CIA) y la Administración para la Penalización de la Droga (DEA).
La introducción del articulo periodístico está plagada de informaciónfalsa, pues se plantea que el narcotraficante colombiano Pablo Escobarestuvo en Cuba, lo cual no es cierto y se especifica que eso lo diceun ex oficial de inteligencia, cuando la fuente principal delartículo, Daniel Abierno y Govin, perteneció a la Policía NacionalRevolucionaria, no a la Inteligencia cubana
En el propio articulo se pone en duda lo asegurado por Abierno,citando a una fuente autorizada para hablar de los viajes de Escobar,su lugarteniente John Jairo Velázquez, alias “Popelle”, el que dijoque” hasta donde el sabía, Escobar nunca había ido a Cuba.”
Las declaraciones de Abierto, que aparece en el artículo con trescargos distintos dentro del Ministerio del Interior, Oficial deInteligencia, Primer Teniente del Ministerio del Interior y miembro dela Seguridad del Estado como verificador de solicitudes al MININT, nosolamente van dirigidas a tratar de involucrar a Cuba en el tráfico dedrogas, sino además a denunciar a su hermano Bienvenido y a su sobrinoLuis Felipe a quienes califica de Oficiales de la Inteligenciacubana, sin dar elemento alguno que permita asegurar esto. Al parecer,como no tenía a nadie a quien denunciar, se dedicó a hacerlo con la familia.
Como parte de sus declaraciones, el “agudo oficial” denunció a dospersonas que según él son agentes de la Seguridad del Estado cubanainfiltradas en Estados Unidos, las cuales ha podido descubrir a pesardel poco tiempo que lleva en la Florida. Según se establece en elartículo, Abierno planteó que “ la CIA no parece interesada ya enestas cosas, porque considera que puede crear un problema políticoentre ambos países”, es decir, que ¡la CIA no quiere provocarproblemas políticos entre Cuba y Estados Unidos! ( Una crítica para elFBI y otra para la CIA)
Seguramente en las próximas semanas seguirán apareciendo acciones deesta índole, no creo que la CIA deje de hacerlas a pesar de laineficacia de las mismas. En definitiva, algo tienen que hacer.Todavía les queda una buena parte del presupuesto de la operación singastar y muchos diplomáticos cubanos que pueden “denunciar”.
Fuente: Cubasocialista.net
Un escrito del Artista Plastico Francisco Toledo
SÚMATE AL SUEÑO DE PRO-OAX
Todos soñamos alguna vez con nuestros más íntimos anhelos. Los comerciantes y los empresarios sueñan con la creciente prosperidad de sus negocios; los políticos sueñan con escalar los más altos cargos públicos y con permanecer en la memoria amorosa de sus pueblos; los obreros y campesinos sueñan con un trabajo digno y con líderes sociales honestos e incorruptibles; los padres de familia sueñan con maestros sabios y amorosos que conduzcan a sus hijos por la senda de la virtud y de la justicia…
A partir de los conflictos del año 2006, los sueños de la mayoría de los oaxaqueños se convirtieron en una pesadilla. Sigue latente el miedo a que el odio y la violencia, con su secuela de destrucción y miseria, se apoderen de nuevo de la entidad y nos hundan en la barbarie. Vemos con preocupación cómo la inseguridad pública -secuestros, levantones y asesinatos- tiene en vilo a la ciudadanía.
Vemos señales ominosas en los ataques e injurias con que se descalifican mutuamente los líderes y funcionarios que deberían ser ejemplo de entendimiento y concordia… Pero por encima de estas visiones inquietantes está nuestro sueño pleno de amor y esperanza. Un sueño sin presos políticos ni bloqueos de calles y carreteras; un sueño de perdón y no de odio, de reconciliación y no de venganza; un sueño donde la mentira y la simulación sean desplazadas para siempre por un diálogo respetuoso entre la sociedad y el gobierno.
Los que amamos a Oaxaca por encima de todo, aún seguimos soñando con lo imposible.
Francisco Toledo
PATRONATO PRO-DEFENSA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL ESTADO DE OAXACA, A.C.MACEDONIO ALCALA, 507, CENTRO, C.P. 68000, OAXACA, OAX. MÉXICO
TEL. Y FAX (52-951) 51 6 20 45
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