jueves, septiembre 11, 2008

Bolivia vuelve a levantarse

Santa Cruz está cercada por campesinos y obreros que bloquean la carretera a Cochabamba y La Paz, y la ruta a Trinidad (Beni). "También hemos decidido la toma de las instituciones representativas de la prefectura (gobernación), y las propiedades de estos señores en la provincia", declaró el secretario de Relaciones de la Federación de Colonizadores de Santa Cruz, Juan Barea (ecodiario.eleconomista.com.es, 10/9).

Fidel Surco, dirigente de los colonos cruceños, dijo a la radio Erbol: "Pedimos a la población salir a todas las plazas en todas las provincias y municipios (...) no vamos a soportar más la humillación" (ídem).

En Tarija, el miércoles 10 por la mañana, unos cien paramilitares atacaron el mercado campesino de la ciudad -un bastión tradicional de la izquierda- con dinamita, petardos y piedras. Por la tarde, una movilización campesina multitudinaria recuperó esa plaza, expulsó a los fascistas y, al cierre de esta edición, cercaba el edificio de la prefectura (gobernación). El prefecto tarijeño es Mario Cossío, del MNR, uno de los responsables de la represión en 2003.

En Cochabamba, que la derecha pretendía transformar en una de sus fortalezas, miles de campesinos ocupan la ciudad y la bandera aborigen, la Wiphala, flameaba en los edificios públicos al atardecer del miércoles.

En definitiva: el avance de la prepotencia derechista ha encontrado en Bolivia un límite preciso y, a partir de ese límite, se abre la posibilidad de que la movilización de masas le propine golpes decisivos.

La derecha en crisis

Después de la victoria de Evo Morales en el referendo revocatorio y, sobre todo, de la importante votación lograda por el MAS en los distritos de la "media luna" (Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Chuquisaca), la derecha intentó reagruparse en torno de su "núcleo duro", dirigido por Rubén Costas, prefecto cruceño.

Esa derecha comenzó, decididamente, a organizar la sedición en lo que el oficialismo calificó de intento de "golpe de estado civil", con el respaldo apenas encubierto de la embajada norteamericana.

El martes 9, en Santa Cruz, bandas armadas de la Unión Juvenil Cruceñista tomaron y saquearon varios edificios públicos, entre ellos el de la nacionalizada compañía de teléfonos (Entel), además de las instalaciones de Canal 7 y otros medios oficialistas, mientras el Ejército se replegaba a sus unidades (aparentemente por orden del gobierno) y la policía se veía desbordada por los fascistas. Parte de esa ofensiva fue el ataque al mercado campesino de Tarija.

Hasta ese momento, el gobierno sólo mostraba impotencia porque, mientras denunciaba el golpe, se negaba a movilizar a las masas y convocaba a los golpistas a un diálogo imposible en esas condiciones, puesto que la derecha no quería dialogar sino aplastar.

Todo el panorama cambió cuando se produjo la irrupción poderosa de las masas obreras y campesinas, de los insurrectos de 2003 y 2005, decididos a recuperar la calle. Ahora las cosas se han invertido y son las masas oprimidas las que cercan Santa Cruz. Según advierten, ahí seguirán hasta que Costas caiga.

Entonces sí, Evo Morales pareció retomar parte de la iniciativa que siempre se había negado a desarrollar a fondo y, en una medida elemental de autodefensa, declaró persona no grata al embajador norteamericano y pidió su expulsión al parlamento.

Bolivia ha ingresado en horas que pueden ser decisivas, y se jugará en ellas la suerte del proceso abierto en 2003 y 2005, lo cual, claro está, volverá a colocar en primer plano la cuestión de las cuestiones: la dirección política del pueblo explotado.

Alejandro Guerrero--
¡Luchar, Vencer!
Grupo de Acción Revolucionaria

Estalla escándalo de corrupcion de compañías petroleras



http://es.youtube.com/watch?v=oaw49onwBfI

Del intento de golpe de estado y magnicidio en Venezuela: escucha AL

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Ahora que la mayoría de los medios en Venezuela han omitido la denuncia y otros se pronuncian porque es un "montaje" del gobierno, no vayan a salir con que los sujetos a investigación son "perseguidos políticos" del "dictador" Hugo Chávez. El presidente de Venezuela se ha comportado bastante suave con los golpistas del 11 de abril y es hora de enjuiciar a los que pretenden romper con un estado democrático y meter a su país en un baño de sangre. Es hora de que esa canalla esté tras las rejas por traidores y por asesinos.

Genios trabajando - Hernández

Y el ganador es... - Helguera

El señor de los males - Rocha

En el mes de la patria - El Fisgón

Miles de docentes repudian alianza educativa entre gobierno y SNTE

Profesores de Morelos y Guerrero marchan hacia el DF para protestar ante Los Pinos

En Baja California, Quintana Roo, Zacatecas y Tabasco también exponen rechazo a la ACE

De los corresponsales

Al menos 5 mil maestros de Morelos y Guerrero marcharon este miércoles en una caravana de Cuernavaca a la ciudad de México para expresar su repudio a la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE). Los mentores pasaron la noche en Ciudad Universitaria, y anunciaron que la mañana del jueves se manifestarían ante la residencia oficial de Los Pinos.

Alrededor de 15 mil profesores, procedentes de los nueve municipios de Quintana Roo, también protestaron contra la ACE, por las calles de Cancún. Su principal razón de inconformidad es que por dicha alianza perdieron la posibilidad de heredar o vender su plaza laboral al jubilarse.

Los mentores de Morelos y los guerrerenses arribaron la noche del miércoles a la capital del país, con la intención de visitar la residencia oficial de Los Pinos este jueves, para exigir al presidente Felipe Calderón Hinojosa que cancele la ACE, establecida por convenio con Elba Esther Gordillo Morales, dirigente moral del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Por la noche, trascendió que durante una reunión entre el gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame, y una comisión de maestros, el mandatario estatal ofreció el pago de los salarios caídos y el cese del titular de la Secretaría de Educación en el estado, a cambio de que terminen sus movilizaciones, e inicien el ciclo escolar 2008-2009. Adame dijo también que no está en condiciones de hacer compromisos en torno a la Alianza por la Calidad de la Educación.

Según dijo un grupo de maestros a La Jornada Morelos, el gobernador condicionó la instalación de una mesa de diálogo al previo retorno a clases.

Los inconformes salieron por la mañana del monumento de la Paloma de la Paz, ubicado en el norte de Cuernavaca, y comenzaron a caminar por la autopista México-Cuernavaca, ocupando los tres carriles en dirección al Distrito Federal, hasta el kilómetro 65 más 300 metros. Ahí, luego de pasar la curva conocida como La Pera, cantaron el Himno Nacional y subieron a autobuses en los que continuaron el recorrido hasta la comunidad Tres Marías.

La caravana avanzó a 20 kilómetros por hora, y arribó a Tres Marías a las 16 horas. Ahí los recibieron maestros, padres de familia y curiosos, quienes les ofrecieron tortas, refrescos y su apoyo.

La movilización siguió adelante al filo de las 18 horas, y arribó a la caseta de cobro de Tlalpan al filo de las 8 de la noche. Unos 500 metros antes de llegar a la garita, los profesores descendieron de los autobuses con la intención de permitir durante una hora el paso libre a los vehículos que transitaban por la autopista en ambos sentidos. Desistieron de esta última actividad cuando llegaron efectivos antimotines de la Policía Federal Preventiva.

Después de las 21 horas, la caravana continuó por avenida Insurgentes, hasta llegar a Ciudad Universitaria, donde pernoctaron los casi 5 mil maestros morelenses. Se espera que este jueves salgan temprano a marchar a Los Pinos.

Unos 2 mil miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) marcharon con sus casi 3 mil colegas de Morelos, informó el vocero de esa organización, Jorge García Hernández.

Añadió que la ACE “destruye los derechos laborales de seguridad social y sindical de los docentes; además, reforma los lineamientos de la carrera magisterial y hace perder el escalafón y antigüedad en el servicio”. Igualmente, sostuvo que la alianza “invalida estudios superiores, desaparece las normales públicas; crea el empleo por contrato y sin derechos laborales, y acredita el aprendizaje del alumno basado en un instrumento de evaluación que es la prueba de Enlace”.

Mientras, unos 15 mil maestros adscritos a la sección 25 del SNTE marcharon en Cancún, Quintana Roo, para manifestar su rechazo a la ACE. Durante la protesta, alrededor de mil policías preventivos, bomberos y elementos municipales de protección civil resguardaron el acceso a la zona hotelera, a la altura del llamado kilómetro “0” del bulevar Kukulcán, por lo que el ingreso a las playas en automotores se realizó por un acceso alterno.

Los mentores, provenientes de los nueve municipios de Quintana Roo, demandaron respeto a sus derechos laborales; refrendaron su rechazo a los exámenes de oposición para acceder al magisterio, pidieron mayor inversión en infraestructura educativa, y repudiaron el bono de jubilación por 80 mil pesos que el gobierno estatal les ofreció, en lugar de la plaza que hasta la aplicación de la ACE recibían al retirarse, para “heredarla” o venderla.

La ACE igualmente impulsó a unos 180 alumnos de la Escuela Normal de Educación Especial de Oaxaca a plantarse en el Paseo Juárez El Llano, en la capital oaxaqueña, donde mientras recibían clases a la intemperie, se manifestaron en contra de la pretensión de Elba Esther Gordillo, de desaparecer a las escuelas normales.

Se niega BCS a sumarse a la alianza

En tanto, el titular de Educación de Baja California Sur, Jesús Omar Castro Cota, confirmó que la ACE no será aplicada por el gobierno de esa entidad, pues está plagada de “incongruencias”. Señaló que la administración que encabeza el gobernador Narciso Agúndez Montaño considera “incongruente” firmar la Alianza para la Calidad de la Educación, dado que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), no ha cumplido con el sector en la entidad desde que éste se descentralizó en 1992.

Omar Castro recordó que Agúndez Montaño entregó hace unos días una carta al presidente Felipe Calderón, en la cual le expuso los rezagos que la SEP mantiene con el sistema educativo estatal, que ascienden a 600 millones de pesos, y le solicitó que el sistema regrese a la Federación.

Comentó que un secretario de Elba Esther Gordillo se comunicó con el gobierno del estado para agendar la visita de la dirigente a Baja California Sur a fin de firmar la ACE, pero el mismo gobernador le aclaró que antes tenía pendiente una audiencia con Calderón, para tratar los asuntos relacionados en la misiva citada.

El secretario de Educación sudcaliforniano dijo que la educación en México atraviesa por una severa crisis, y consideró que la Alianza resulta contradictoria, porque propone el mejoramiento de la calidad educativa, pero la SEP no ha cumplido con sus obligaciones con las entidades federativas que aceptaron el acuerdo de la descentralización.

Aunque con sus matices, otro gobierno estatal que plantea una “revisión” de la llamada alianza, es el de Zacatecas. El secretario de Educación del estado gobernado por Amalia García, Flavio Campos Miramontes, sostuvo en Villahermosa, Tabasco, el martes pasado, durante la 13 reunión nacional ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, que hay varios puntos por precisar en materia financiera y de disciplina laboral.

Jaime Luis Brito/La Jornada Morelos, Sergio Ocampo, Mauricio Conde, Octavio Vélez, Gerardo Flores y Raymundo León

Nuevo escándalo de corrupción entre funcionarios del gobierno de Bush

Los implicados, acusados de uso de drogas y malos manejos de regalías petroleras

La investigación, que duró dos años, revela “una cultura de fracaso ético”, admite inspector

David Brooks (Corresponsal)

Nueva York, 10 de septiembre. Estalló otro escándalo más de corrupción, sexo y drogas en el gobierno de George W. Bush cuando investigadores federales revelaron hoy que funcionarios encargados de manejar miles de millones de dólares en regalías petroleras participaron durante años en la manipulación de contratos, tuvieron relaciones sexuales y recibieron regalos ilícitos de empleados de varias empresas petroleras estadunidenses

El inspector general del Departamento del Interior presentó hoy informes después de una extensa investigación de dos años, detallando cómo varios funcionarios de la oficina encargada del manejo de regalías petroleras participaron en actos de corrupción en el manejo de contratos, conflicto de interés al trabajar para el gobierno y prestar servicios remunerados a empresas privadas a la vez, aceptar regalos (incluyendo viajes para jugar golf, para esquiar, cenas y más) y hasta relaciones sexuales con empleados de algunas de las empresas petroleras más grandes del país.

Además, por lo menos 19 funcionarios en la sección responsable de comercializar el gas y petróleo que algunas empresas ofrecen en lugar de pagos de regalías al gobierno en sus oficinas en Denver –casi un tercio de los 55 empleados federales–, no sólo recibieron regalos y recompensas de empresas como Chevron, Shell, Hess entre otras, sino que el ex jefe Gregory Smith usó cocaína y tuvo relaciones sexuales con sus subordinadas (una de las cuales le vendía cocaína).

El inspector general Earl Devaney escribió que las investigaciones revelan “una cultura de fracaso ético” y describió “una cultura de abuso de sustancias y promiscuidad” de un grupo de 13 funcionarios en Washington y Denver.

El informe del inspector general afirma que varios de los funcionarios “frecuentemente consumieron alcohol, cocaína y mariguana, y tuvieron relaciones sexuales con representantes de empresas de petróleo y gas”.

Las regalías en dinero o en especie manejadas por estas oficinas del Departamento del Interior son pagadas al gobierno por empresas a cambio de la explotación de petróleo y gas en tierras federales. Los pagos en especie (más de 4 mil millones anualmente) son revendidos por el gobierno a empresas energéticas o depositado en la Reserva Petrolera Estratégica. El llamado Servicio de Administración Mineral recauda unos 10 mil millones en regalías en total cada año y representa una de las fuentes de ingreso más grandes al tesoro federal fuera de los impuestos, informó el New York Times.

Entre los funcionarios implicados, la de más alto rango es Lucy Denett, ex directora asociada de la administración de ingresos minerales, quien manipuló contratos para beneficiar a un amigo y ex asistente, y quien se jubiló este año mientras procedía la investigación. Resulta que su esposo, Paul Denett, era el funcionario de mayor rango para procuración en la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca hasta que renunció este mes.

Las violaciones detalladas ocurrieron durante el gobierno de Bush, desde 2002 hasta por lo menos 2006. También hay pruebas de que Chevron y otras empresas lograron descuentos en sus compras del petróleo del gobierno después de que fueron firmados los contratos, con por lo menos 118 ocasiones documentadas de este tipo de favor, lo cual representa un costo de 4.4 millones de dólares al público.

Este escándalo estalla justo cuando se debate –tanto en Washington como en la contienda electoral– el tema de ampliar la exploración y perforación de empresas petroleras en aguas costeras y territorios federales públicos.

El director del Servicio de Administración Mineral del Departamento del Interior, Randall Luthi, comentó que “solicitamos esta investigación en 2006 después de que un empleado presentó alegatos de fallas éticas”.

En Bolivia, en marcha un golpe de Estado atípico, denuncia Evo Morales

Expulsa el presidente al embajador de EU, por conspirar y apoyar a la oposición política

Continúa la ofensiva de la derecha con saqueos y tomas en regiones de la llamada Media Luna

Cerco de cocaleros y campesinos a Santa Cruz hasta que renuncie el prefecto de ese departamento

Rosa Rojas (Corresponsal)

La Paz, 10 de septiembre. Un golpe de Estado “atípico” está en marcha en Bolivia por parte de “grupos paramilitares fascistas y terroristas” de las prefecturas y los comités cívicos de la llamada Media Luna (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando), denunció hoy el gobierno del presidente Evo Morales, quien ordenó la expulsión del embajador de Estados Unidos en La Paz, Philip Goldberg, después de acusarlo de conspirar contra la democracia, apoyar a la oposición y alentar la división del país.

Con la declaratoria de “persona no grata” a Goldberg culmina una serie de reiteradas acusaciones por parte del gobierno boliviano contra el diplomático, en el sentido de que utilizaba la ayuda de Estados Unidos a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional para financiar a la oposición política boliviana.

Morales, el primer indígena en ocupar la presidencia en este país, condenó los violentos disturbios que se iniciaron el martes en Santa Cruz, Beni y Pando con la ocupación y saqueo de varias oficinas públicas, y que continuaron hoy en Tarija con la toma del aeropuerto y el saqueo de la aduana.

El presidente se refirió al ataque contra un gasoducto por el que se exporta el producto a Brasil y Argentina, y calificó de “inaceptable atentar contra el patrimonio del pueblo boliviano, atentar (contra) la nacionalización de los hidrocarburos, que ha permitido mejorar la economía nacional”.

“Aquí hay una autoridad externa que encabeza la división de Bolivia y conspira contra la democracia”, señaló el mandatario en referencia al embajador estadunidense, quien, dijo, es un experto en alentar conflictos separatistas, al recordar las anteriores misiones diplomáticas de Goldberg en los Balcanes.

Morales mencionó que ahora “está en juego la democracia” boliviana pero ya no al estilo de las dictaduras militares de los años 60 y 70. “Ahora hay otra forma de golpe, un golpe de Estado civil, cívico y prefectural en algunos departamentos”, apuntó durante un acto en el palacio de gobierno.

Por esto, llamó al pueblo boliviano a organizarse para defender la democracia y la unidad del país. “Lo que está en juego –dijo– no es Evo o el gobierno sino dos modelos económicos, uno del pueblo recuperando nuestras empresas y recursos naturales, y otro que quiere hacer retornar el neoliberalismo, la privatización de las empresas, la privatización de los servicios básicos, el saqueo permanente de nuestros recursos”.

Por la mañana, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y el presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Santos Ramírez, denunciaron que un golpe de Estado “atípico” está en marcha en Bolivia por parte de “grupos paramilitares fascistas y terroristas” de las prefecturas y comités cívicos de los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando.

Atentado contra gasoducto

Ramírez también condenó el “atentado terrorista” en Yacuiba contra el gasoducto que sirve para exportar gas a Brasil y Argentina, lo que dejará una pérdida de unos 100 millones de dólares.

No obstante, el Ministerio de Minas aseguró que la violencia política no ha afectado el suministro de gas a ese primer país.

En tanto, los productores cocaleros y los campesinos de Cochabamba iniciaron hoy cortes en una carretera que une el oeste –Cochabamba y La Paz– con Santa Cruz, por donde fluye el grueso de las exportaciones de esa región a ultramar, en repudio a lo que el vocero presidencial Iván Canelas calificó de “golpe de Estado civil” por parte de líderes cívicos y prefectos de la llamada media luna autonomista y por los atentados contra instituciones públicas.

El cerco a la capital cruceña fue acordada por la Coordinadora Nacional para el Cambio y el alcalde de Entre Ríos, Emilio Zurita, quien dijo que la medida de presión se mantendrá hasta que el prefecto del departamento de Santa Cruz, Rubén Costas, renuncie a su cargo, reportó la red Erbol.

Por su parte, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, expresó este miércoles su apoyo al presidente Evo Morales en su decisión de expulsar al embajador estadunidense, mientras Brasil llamó a que se respete la institucionalidad democrática en Bolivia y a que se evite la violencia para retomar el camino del diálogo.

A su vez, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, expresó su “repudio” por los incidentes ocurridos el martes, tras señalar que los grupos opositores mostraron “una clara actitud de provocación y agresión”.

No obstante, destacó que la “prudencia de las autoridades bolivianas y de la fuerza pública” evitó males mayores. Insulza, que calificó la situación de “extremadamente seria”, renovó su llamado al diálogo entre el gobierno y los departamentos que reclaman una mayor autonomía.

Por último, el gobierno de Estados Unidos calificó de “infundadas” las acusaciones del presidente boliviano contra el embajador estadunidense en La Paz, reporta Afp. El portavoz del Departamento de Estado estadunidense, Gordon Duguid, afirmó que su país no fue informado de la decisión de Morales por los canales diplomáticos habituales.

PEF: la deuda de Pemex por Pidiregas suma 2 billones 378 mil 273 millones de pesos

En los próximos 4 años se deben pagar más de 529 mil 586 millones, según el presupuesto

Durante los 2 primeros años de este gobierno aumentó en 201 mil 63 millones, revela el texto

Enrique Méndez y Roberto Garduño

La deuda de México por los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo (Pidiregas), para procesos de exploración de yacimientos de petróleo y gas que empresas privadas realizan para Petróleos Mexicanos (Pemex), asciende ya a 2 billones 378 mil 273 millones de pesos. De ese monto, las obligaciones del gobierno de Felipe Calderón en los próximos cuatro años suman 529 mil 586 millones 834 mil 892.

El crecimiento de esta carga para Pemex es tal que en los primeros dos años de la presidencia de Calderón aumentó en 201 mil 63 millones 478 mil 94 pesos, pues la deuda cerró el gobierno de Vicente Fox con 2 billones 177 mil 209 millones 800 mil pesos.

Del total, 631 mil 787 millones 20 mil 350 pesos corresponden únicamente al pago de intereses en el plazo contratado por la paraestatal, se informa en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2009 que el Ejecutivo entregó el lunes pasado a la Cámara de Diputados.

También explica que el monto actual total de las obligaciones de pago corresponden desde que el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León instauró la figura de Pidiregas, en 1997, hasta su pago final estimado en 2032.

En los documentos que la Secretaría de Hacienda entregó para solicitar los recursos necesarios para cubrir los pagos de Pidiregas durante el próximo año, Pemex explica que la ejecución de obras para asegurar el abasto oportuno de petróleo, gas y petroquímicos bajo este esquema de financiamiento se “encomiendan a empresas privadas, previa licitación pública”; que si bien deberían realizarlas por su cuenta, “con frecuencia obtienen el financiamiento con el cual se cubre el costo de los proyectos durante el periodo de construcción”.

Más aún, se argumenta que todos los contratos con empresas privadas en proyectos de exploración como Burgos, Cantarell, Cadereyta, Madero y distintas plantas petroquímicas han incrementado sus costos, debido principalmente a un aumento en las reparaciones, los costos de perforación, la “escalación (sic) por aumento del costo en equipos”, e inclusive de los precios internacionales del petróleo.

Legisladores han insistido en que el gobierno federal asuma como deuda pública el costo de los Pidiregas, y la Auditoría Superior de la Federación cuestiona que el monto representa un riesgo financiero para el país, sobre todo porque las reservas de hidrocarburos están previstas hasta 2016, y a partir de entonces no habría recursos con los cuales enfrentar los pagos de los siguientes 16 años.

Sólo para 2009 Pemex solicitó a la Cámara de Diputados –a través de Hacienda– recursos para Pidiregas por 101 mil 881 millones 90 mil 261 pesos, de los cuales 44 mil 706 millones 53 mil 891 millones están destinados al pago de intereses.

A partir de 2010, y hasta el último año del actual sexenio, los pagos serían los siguientes: 140 mil 666 millones 666 mil 881 pesos; 115 mil 997 millones 637 mil 32 pesos, y 171 mil 41 millones 440 mil 718 pesos.

Sin embargo, los pagos más altos por Pidiregas para obras de Petróleos Mexicanos tendrán que ser cubiertos en los primeros dos años del próximo gobierno federal. En 2013 deberán pagarse 200 mil 877 millones 24 mil 229 pesos, y en 2014 otros 209 mil 400 millones 519 mil 732 pesos.

Para cuando concluya el sexenio de Calderón, el costo actual de la deuda por Pidiregas aún representará una deuda para el país de un billón 465 mil 99 millones 989 mil 463 pesos.

Pemex reconoció que aún cuando las empresas que ganan las licitaciones deben financiar los proyectos, “en algunos casos, por la complejidad y magnitud de algunas inversiones, o por las condiciones que en su momento prevalecieron en los mercados financieros, las entidades han tenido que recurrir a los mercados internacionales para la ejecución de algunos proyectos”.

Explicó que para el manejo de los recursos se han integrado fideicomisos maestros, “constituidos y operados bajo la supervisión de las autoridades competentes”, y en ellos “se concentran los financiamientos y erogaciones asociadas a cada proyecto”.

Agrega: “bajo el esquema Pidiregas, las obligaciones derivadas de la contratación de las obras se registran en cuentas de orden, durante el periodo de la construcción. Al concluir dicho periodo y, una vez que los activos son recibidos a satisfacción de las entidades, las obligaciones de pago correspondientes al vencimiento del ejercicio corriente y el que le sigue, se consideran como pasivo directo del sector público, en tanto el resto se registra como pasivo contingente”.

Sabotean diputados panistas dictamen de la reforma indígena; rompieron quórum

Abandonaron la sesión tras fracasar en su intento de postergar la consideración del punto

El PAN se niega una vez más a reconocer derechos constitucionales de esos pueblos: PRI y FAP

R. Garduño y E. Méndez

Los diputados del PAN que pertenecen a la Comisión de Puntos Constitucionales rompieron el quórum del órgano legislativo al momento de abordarse la aprobación de la iniciativa de reforma constitucional en materia indígena, por la cual el Estado reconocería “plenamente la personalidad jurídica de los pueblos y comunidades nativas, y respetaría sus formas de organización”.

Tras la convocatoria al encuentro, emitida por el presidente de la comisión, Raymundo Cárdenas, se presentaron 17 de los 28 integrantes del grupo de legisladores que la conforman. Al aprobarse el proyecto de decreto, impulsado por el perredista Emilio Ulloa Pérez, con objeto de reformar la Constitución para garantizar el derecho universal de los mexicanos a la cultura, se dio pie al tema indígena.

De inmediato, la representación panista solicitó al presidente de la comisión que excluyera del orden del día la propuesta de reforma a los artículos 2, 26 y 115 de la Carta Magna. El argumento de los legisladores del blanquiazul se sustentó en que en la tarde de ayer se celebraría un foro en San Lázaro –organizado por la Cocopa (Comisión de Concordia y Pacificación, creada expresamente para mediar en el conflicto con el EZLN en Chiapas) y la Comisión de Gobernación– en torno al tema indígena, y habría que esperar para estudiar si cabría incorporar las conclusiones del mismo en la iniciativa.

Consenso desde hace un año

No obstante, el perredista, Salvador Ruiz señaló que tal propuesta no se ajusta a la realidad ni al proceso legislativo, porque la iniciativa ya fue consensuada desde hace más de un año por todas las fuerzas en el Congreso federal. “Esto obedece más al afán de obstaculizar un tema sensible que no gusta mucho en la esfera del poder panista, comenzando desde el mismo Felipe Calderón”, dijo.

Dicha pretensión del PAN no fue asumida por la Comisión de Puntos Constitucionales, porque Raymundo Cárdenas puso a consideración del pleno la propuesta de excluir el tema de la reforma indígena y se impuso el voto por mantener el proyecto a discusión, por nueve contra ocho.

La consigna de los blanquiazules se mantuvo, porque si bien habían perdido en la votación, después solicitaron que el punto se difiriera hasta el final del orden del día, con el objeto implícito de que no se abordara durante el encuentro. Tampoco fructificó la maniobra, porque 12 legisladores rechazaron su propuesta, contra cinco que la impulsaban.

Al saberse derrotados, sin mayor explicación los representantes del PAN abandonaron la sesión, y con ello automáticamente se rompió el quórum indispensable para continuar el trabajo en la comisión.

La respuesta de los diputados del Frente Amplio Progresista (FAP) y del PRI a la posición del PAN se endureció. Marcos Matías (presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas), Wenceslao Herrera, Othón Cuevas, Carlos Martínez, José Luis Varela y Humberto Alonso se refirieron al caso:

“Una vez más, el PAN da la espalda a los pueblos indígenas de México; los llamamos a que se sienten a debatir y presenten sus puntos de discrepancia. Reconocemos a los diputados del PRI y del FAP, miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales por apoyar la iniciativa: ¡queremos informar al pueblo de México que el PAN una vez más se niega a reconocer los derechos constitucionales de los pueblos indígenas!”, coincidieron.

La iniciativa de reforma planteada expresa en su artículo segundo que “esta Constitución reconoce que los pueblos indígenas son libres e iguales a todos los demás y son sujetos de derechos público. El Estado reconoce plenamente la personalidad jurídica de las comunidades nativas y respeta sus formas de organización (…) las leyes federales, las constitucionales y las estatales establecerán los procedimientos para el ejercicio de los derechos que esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades indígenas”.

Además, se garantizaría el derecho a la libre determinación y, en consecuencia a la autonomía, al señalar: “el Estado, en sus distintos niveles y ámbitos, deberá consultar y consensuar con los pueblos indígenas todos los asuntos que les atañen, mediante sus procedimientos apropiados y sus instituciones representativas, garantizando su derecho de consulta con consentimiento libre, previo e informado”.

Y el artículo 26 de la Constitución, que los panistas se negaron a dictaminar, refiere que “la legislación correspondiente establecerá los mecanismos necesarios para que en los planes y programas de desarrollo se tome en cuenta a las comunidades y pueblos indígenas en sus necesidades y especificidades culturales, a través de la consulta y el consenso, garantizando su derecho al consentimiento libre, previo e informado. El Estado les garantizará acceso equitativo a la distribución de la riqueza nacional”.

Y en el artículo 115, el cambio determinaría lo siguiente: “se respetará el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas en cada uno de los ámbitos y niveles en que hagan valer su autonomía, pudiendo abarcar uno o más pueblos indígenas, de acuerdo con las circunstancias particulares y específicas de cada entidad federativa”.

Defraudan a trabajadores de Pemex

Patricia Muñoz Ríos

Más de 90 mil trabajadores activos y jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) han sido defraudados, ya que han entregado casi 81 millones de pesos a dirigentes de la llamada Coalición Petrolera Independiente, que los ha engañado con que se les devolverán los fondos de un supuesto “seguro de vida”.

Se trata de un megafraude orquestado, en un inicio, por representantes de la sección 3 del sindicato petrolero en Ebano, San Luis Potosí, problema que creció como “bola de nieve” en una intentona de sorprender a trabajadores y autoridades con la existencia de un “fideicomiso petrolero” del cual no se ha podido comprobar su existencia.

Un cúmulo de expedientes entregados a La Jornada sobre este asunto detalla que, según investigaciones de la Secretaría de Hacienda (SHCP), del propio Pemex e incluso de la Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), no hay rastro alguno de dicho fideicomiso. Sin embargo, seudorigentes petroleros en todas las secciones del país han armado una “teatro legaloide” mediante el cual han convencido a miles de trabajadores de la existencia del mismo.

Por miles, los petroleros se han inscrito en esta coalición, la cual les ha pedido el “pago inicial” de 600 pesos, con el argumento de que se requieren gastos para la “defensa legal”; posteriormente otros 200 pesos y así, sucesivamente, con la promesa de que en las próximas semanas se les entregarán 180 mil pesos a cada uno.

Al viejo estilo de los fraudes colectivos, a los trabajadores les entregan copias de las supuestas “demandas presentadas” y de las “resoluciones judiciales”, por lo que cada día se inscriben más petroleros en una lista interminable.

Además, dicha relación está siendo utilizada por otro líder petrolero de la sección 4, Mario Ross, para señalar que todos los trabajadores lo apoyan para lanzarse como candidato a la secretaría general del sindicato.

Larga y oscura historia

Los expedientes de este caso revelan que, efectivamente, existió un seguro de vida que los trabajadores petroleros pagaron de 1972 a 1992, el cual estuvo contratado con la compañía La República.

En 2007 un grupo de líderes sindicales menores hizo público en varios medios de comunicación de regiones petroleras que reclamarían ese seguro, cuyo monto total ascendía a 888 millones 547 mil pesos y había sido transferido a un “fideicomiso”.

Sin embargo, una investigación exhaustiva de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público –realizada por la dependencia a solicitud expresa, y en dos ocasiones por el IFAI en 2008– señala que no hay “rastro alguno del fideicomiso”, el cual, por tratarse de una entidad pública, como lo es Pemex, tuvo que haber tenido conocimiento del mismo la SHCP.

La documentación refiere que incluso el 15 de mayo de 2008 hubo una audiencia con autoridades y representantes de la aseguradora Interacciones (antes La República). Estos últimos entregaron información que señala que de 1972 hasta 1992 se vendió un seguro de vida contratado por el sindicato petrolero.

Sin embargo, este fue un “seguro de grupo con vencimiento anual”, en el cual los trabajadores sólo pagaron la prima del mismo y eso de ninguna manera se tomó como ahorro: “No hubo reserva matemática” es decir, no significó ninguna especie de fondo.

Según la subdirectora jurídica de dicha aseguradora, Diana Barrionuevo, es absolutamente improcedente la devolución de un seguro de este tipo.

Presentan denuncia contra Calderón por la intención de entregar Pemex a extranjeros

Juristas solicitan al Senado que someta al Presidente de la República a juicio político

González Schmal: es reponsable de “traición a la patria” y atentado al buen despacho de asuntos públicos

Alma E. Muñoz

Los juristas Jaime Cárdenas Gracia y Jesús González Schmal interpusieron ayer, ante la Procuraduría General de la República (PGR), una denuncia contra Felipe Calderón por “traición a la patria”, ya que –argumentaron– sus iniciativas de reforma energética violentan diversas disposiciones constitucionales.

También presentaron en el Senado la solicitud para que al político panista se le someta a juicio político por esos mismos hechos.

Cárdenas Gracia indicó que ambas instancias están obligadas a investigar y, en el caso del Senado, a citar a Calderón para otorgarle el derecho de audiencia que le corresponde.

En la interposición de las denuncias, que antes de su entrega a la PGR y al Senado se dieron a conocer en las instalaciones del Partido del Trabajo, como integrante del Frente Amplio Progresista (FAP), participaron, entre otros, Raúl Jiménez Vásquez, Virgilio Caballero, el ex ministro Juventino Castro y Castro, Raúl Carrancá y Rivas, Alberto Montoya, Teresa Aguirre y Jaime López Vela, además de los arriba mencionados.

González Schmal explicó: “Estamos haciendo la doble denuncia en la PGR por delitos de traición a la patria, y en el Senado de la República, como dice el artículo 11 constitucional, por ataques (de Calderón) a las instituciones constitucionales y atentado al buen despacho de los asuntos públicos”.

A su vez, Cárdenas Gracia especificó que la exigencia de juicio político responde al “atentado” que el Presidente, “designado por voluntad” de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, “no por voluntad mayoritaria del pueblo mexicano” –se cuidó de hacer esta aclaración– hizo a la Constitución al presentar seis iniciativas en materia energética que “pretenden entregar los recursos del subsuelo, el petróleo, los hidrocarburos, el gas y la petroquímica a intereses extranjeros”. Y como también “viola” el Código Penal Federal, continuó, “eso constituye o puede constituir un delito de traición a la patria”.

El artículo 123 de dicha legislación, precisó González Schmal, señala que incurre en el delito de traición a la patria “el servidor público que atente o contravenga el principio de soberanía nacional y comprometa los recursos nacionales a potencias o intereses extranjeros”.

Jaime Cárdenas confió en que “muchos legisladores” sean conscientes de lo ocurrido para que se alcancen las dos terceras partes de los votos que se requieren para someter a juicio político al titular del Ejecutivo.

También demandó que el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, “aunque sea subordinado de Calderón, actúe con independencia y legalidad en la investigación que le corresponde”.

Aclaró que las denuncias responden a la “fuerte demanda de colectivos de la sociedad civil” para que se hiciera algo más que presentar únicamente una propuesta alternativa de reforma energética, como hizo el FAP.

En el documento que ayer por la tarde se entregó en oficialía de partes de la Cámara de Senadores se solicita, previa información de que se entregó antes la denuncia en la PGR, “sustanciar el deshago del requisito de procedencia para privar del fuero al servidor público inculpado, a fin de que (Calderón) responda ante las instancias ministeriales y judiciales competentes, una vez que éstas lo soliciten y a su vez los mismos hechos contenidos en la denuncia y los razonamientos de derecho relacionados puedan configurar las causas para abrir juicio político al servidor público Felipe Calderón Hinojosa”.

El grado de violencia criminal en México, similar al de Afganistán: Washington Post

Advierte que en el combate contra el narcotráfico está en juego el futuro de la democracia

Plantea la necesidad de que aumente la asistencia estadunidense para abatir el crimen organizado

Es decir, ya el pelele les armó su justificación para intervenir en México y controlar y reprimir, so pretexto del narcotráfico, a la lucha social.

De la Redacción

“La guerra en México (contra el narcotráfico) es, a su propia manera, tan crítica a los intereses de Estados Unidos como la de Afganistán; en ambos casos, un mayor compromiso estadunidense es requerido”, afirma The Washington Post en su editorial “La guerra de México”, publicado ayer.

“Más soldados y oficiales policiacos mexicanos han muerto combatiendo las bandas de la droga en los últimos dos años que el número de tropas estadunidenses y de la OTAN abatidas combatiendo contra los talibannes. Las bajas civiles han sido igual de numerosas y de espeluznantes. Se han dado veintenas de decapitaciones, masacres de familias enteras y asesinatos de altos oficiales. Según la cuenta oficial, los secuestros en México ahora son de 65 al mes, en promedio, un rango mucho más elevado que en Afganistán e Irak”, señaló.

“Algunos funcionarios mexicanos argumentan que la escalada de la violencia es indicadora del éxito del gobierno –al enfrentar y atacar a las bandas de la droga–, aunque han provocado un revire. La mayoría de los mexicanos parece creer que el gobierno está perdiendo la guerra”, afirma el Post.

El editorial señala que el desafío que enfrenta el presidente Felipe Calderón, quien “valientemente declaró la guerra” a los cárteles del narco, recibe relativamente poca atención en Estados Unidos “porque los estadunidenses, en muy raras ocasiones, están entre las bajas”.

Sin embargo, subraya que es el dinero de los consumidores de droga en Estados Unidos, y también el flujo de armas a México, lo que está “nutriendo esta guerra”.

Lo que está en juego, afirma, “no es sólo el éxito del gobierno liberal y amistoso del señor Calderón, sino la sobrevivencia de la democracia de México; no sólo la estabilidad de un vecino, sino la capacidad de Estados Unidos de controlar la inmigración ilegal”.

Recordó que recientemente el Congreso aprobó 400 millones para asistir al gobierno mexicano, “la mayoría de los cuales serán usados para mejor armar y equipar al ejército”. Advierte que “el problema más grande del señor Calderón podría ser la ausencia de fuerzas confiables. La mayoría de la policía de México es contratada y administrada localmente; só-lo 20 mil agentes son federales. El ejército es menos corrupto, pero aun la dedicación de 40 mil elementos ha fracasado en cambiar la marea contra las bandas. “El nuevo financiamiento estadunidense debería de ayudar, pero el próximo gobierno en Washington haría bien en explorar si más asistencia podría ser ofrecida para capacitar a las fuerzas mexicanas, como los asesores estadunidenses han ayudado a profesionalizar al ejército colombiano.”

Todas las policías, infiltradas por la delincuencia: Mouriño y García Luna

Los secretarios confían en que se logre depurar el sistema de seguridad

El caso Martí refrenda la convición de limpiar las corporaciones, sostienen en conferencia

Fabiola Martínez

Los titulares de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) federal y de Gobernación manifestaron ayer que las corporaciones policiales del país están infiltradas por la delincuencia, y confiaron en que el nuevo esquema, el cual incluye controles de confianza (exámenes obligatorios a todos los policías), logre depurar al sistema de seguridad y procuración de justicia.

“Respecto a que hay delincuentes infiltrados en las policías, pues sin duda. Una apuesta del crimen ha sido infiltrar a las policías. Hemos encontrado referencias importantes donde ellos intentan en todo momento cooptar, corromper o inclusive intimidar a los policías”, señaló el titular de la SSP federal, Genaro García Luna.

En tanto, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, señaló: “Hemos partido de un diagnóstico que admite que las propias corporaciones policiales están penetradas y que, por tanto, tenemos que someter a controles de confianza (…) y dar señales que el Estado no será permisivo ante aquellos que se vinculen con la criminalidad”.

Respecto del caso del secuestro y asesinato del joven Fernando Martí, García Luna indicó que Lorena González Hernández, una de las principales implicadas, sí tiene una plaza vigente como policía en la Agencia Federal de Investigación (AFI) y que hasta su aprehensión se encontraba con personal en activo, con “derechos ganados” por estar en el periodo de exámenes para acreditar su cambio a lo que se pretende sea la nueva policía federal.

Rechazó que la presunta secuestradora esté relacionada con Luis Cárdenas Palomino, coordinador general de Inteligencia para la Prevención, o con el subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial, Facundo Rosas. El funcionario argumentó que la “confusión” se originó porque ambas instancias compartían el mismo inmueble.

Negó que la presunta secuestradora, a quien mencionó como “ex agente”, realizara actividades especializadas, de inteligencia o en áreas sustantivas de secuestro, sino en un esquema de transferencia y evaluación para ingresar a la PFP.

Señaló que este caso “refrenda la convicción” de depurar y fortalecer a los cuerpos de policía de los tres niveles de gobierno. Advirtió que en la SSP federal no darán cobijo a quienes no acrediten al menos una parte de los exámenes de control de confianza. Sin embargo, no hizo alusión a los exámenes que ya debieron haberse aplicado a González Hernández, tomando en consideración que el control con polígrafo se ha aplicado cuando menos en dos ocasiones desde la creación de la AFI.

García Luna y Mouriño se reunieron ayer con integrantes de la Comisión de Seguridad de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y después ofrecieron una conferencia de prensa conjunta en la cual reconocieron ampliamente al Gobierno del Distrito Federal por la captura de los integrantes de la banda de La Flor, vinculada al asesinato del joven Martí.

“Nos parece que hay un logro importante (con) la captura de gente peligrosa que dañaba claramente a la sociedad y que tenía y merecía ser capturada (...) Y es por ello que el gobierno federal reconoce el logro de las autoridades capitalinas en esta materia”.

Mouriño afirmó que en la relación entre el gobierno federal y la administración local (a cargo de Marcelo Ebrard) “no cabe ni ideología ni partidismo”, porque el tema de la seguridad es prioritario para ambos gobiernos, de ahí que “no ha habido y no habrá regateo alguno ni diferencia ideológica” que impida trabajar de manera permanente y conjunta.

Dijo incluso que el gobierno capitalino ha contado con apoyo del federal, especialmente para la ratificación de funcionarios del área de seguridad y procuración de justicia propuestos por la administración de Ebrard.

Los funcionarios sustentan la estrategia para combatir al crimen organizado en los compromisos adquiridos el pasado 21 de agosto en el Acuerdo para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, principalmente en la depuración y el fortalecimiento de las instituciones; para ello se planea aplicar exámenes de manera obligatoria (de control de confianza) a cerca de 350 mil personas: evaluación patrimonial, entorno social, sicométrico, poligráfico, toxicológico; incrementar los recursos públicos en programas de seguridad y enviar al Congreso de la Unión iniciativas de reformas en la materia, especialmente acerca de una ley general sobre el secuestro.

Además, mejorar los esquemas para intercambio de información y homologar los sistemas de evaluación y seguimiento, así como un registro nacional de policías, que incluya constancias del entorno familiar, ADN, huellas y registro de voz, entre otras.

La descomposición social fue adjudicada a prácticas añejas, dijo García Luna, de aquella “teoría que refería que era mejor tener delincuentes controlados en las policías”.

Calderón, hasta 2012

Durante la conferencia, un reportero preguntó a Mouriño sobre las versiones de una supuesta intención, adjudicada al movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, de derrocar al presidente Felipe Calderón.

El secretario respondió: este gobierno fue democráticamente electo para el periodo de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012. Y, en función de ese mandato del electorado y cumplimiento de la ley, estará el presidente Calderón cumpliendo hasta el último día la responsabilidad encomendada y que legalmente compete al periodo presidencial en curso.

Es decir, no sólo las policías están infiltradas por la delincuencia, también la presidencia.

Huracanes, capitalismo y revolución

Ángel Guerra Cabrera

Los huracanes fueron, hasta hace unas décadas, alteraciones climáticas regidas por las leyes de la naturaleza, que aún no daba señales de agotamiento. Los campesinos en las zonas tropicales ciclónicas sabían que “después de la tempestad viene la calma” y que a periodos de sequía sucedían copiosas precipitaciones acarreadas por el mal tiempo, que si castigaba cosechas, viviendas, instalaciones y mataba personas y animales, también recargaba el acuífero haciendo que la tierra diera luego frutos más generosos. Ésta no es más la realidad desde mediados del siglo XX, cuando se advirtió una tendencia al alza en la frecuencia e intensidad de los ciclones. Estudios científicos concluyen que, como otros cambios alarmantes del clima, su causa está en los gases de efecto invernadero que alimentan el calentamiento global. La tragedia reciente en parte del Caribe es, por eso, un aviso de otras mayores a escala regional y mundial a consecuencia del irracional y suicida patrón capitalista de producción y consumismo desenfrenado.

A una semana del azote a Cuba del poderoso huracán Gustav, Ike barrió todo el oriente, salió al mar por el sur y embistió de nuevo la occidental provincia de Pinar del Río, ya arrasada por el primero al igual que el municipio Isla de la Juventud. Con las lluvias, vientos y marejadas de Hanna, tres de estos organismos batieron la mayor de las Antillas de este a oeste en nueve días, hecho sin precedente. En la ruta de Gustav e Ike la agricultura, la vivienda, la infraestructura vial, eléctrica, portuaria, de comunicaciones, y parte de la industria, están en ruinas. Pueblitos enteros casi han desaparecido. Gracias a su singular cultura solidaria, organización y sólidos vínculos pueblo-gobierno, Cuba ha podido atenuar relativamente una destrucción material inédita y, lo más importante, reducir al mínimo la pérdida de vidas, que en otros parajes del Caribe suman cientos cuando faltan casi tres meses para el fin de la temporada ciclónica y queda octubre por delante, el mes más crítico. Pero los daños son de proporciones bíblicas y resarcirlos exigirá un esfuerzo sobrehumano, aumentado exponencialmente por los elevados precios internacionales de alimentos, combustibles, máquinas y materiales de construcción que el bloqueo vuelve más onerosos.

El nuevo patrón de comportamiento de las tormentas tropicales ha hecho que en los últimos años el Caribe viva en estado de emergencia. La región de la que un puñado de potencias capitalistas extrajo gran parte de los recursos que le permitieron, junto al tráfico negrero, concentrar la riqueza del mundo, ahora sufre año tras año el arrasamiento de sus economías y el agravamiento del drama social si no fuera bastante con el instaurado por las políticas neoliberales sobre las secuelas de siglos de subdesarrollo y dependencia.

Haití, la colonia más rendidora de Europa en el siglo XVIII, vio desaparecer sus bosques, erosionar sus tierras, arruinada su agricultura, que hasta no hace tanto, aunque precariamente, alimentaba su población. Hoy es una de las naciones más pobres y de las más vulnerables a la más leve perturbación climática. Sólo un gran programa de cooperación internacional podría salvarla del apocalipsis, que la tele saca a relucir ahora de Gonaives bajo el agua, pero que es su realidad cotidiana. ¿Hasta cuándo Occidente le va a cobrar la osadía de sacudirse la esclavitud y encabezar la independencia latinoamericana? La gesta inmortal de Bolívar debe mucho a Petion. Es una afrenta que calles de América Latina evoquen a Thiers cuando debieran honrar a Louverture.

Si en las elites de Europa y Estados Unidos quedara residuo de amor al prójimo, iniciarían hoy por el Caribe la reparación sin condicionamientos políticos del saqueo al tercer mundo, a que deben su opulencia. A Cuba le bastaría el levantamiento del bloqueo, más dañino que 100 huracanes, pero Washington afirma que no sería “inteligente” ni siquiera de modo parcial y transitorio.

Conmueven gestos como el del diminuto y sufrido Timor Leste, que no demoró un instante en tender la mano a Cuba, al igual que lo hicieron Venezuela, Rusia y China.

Luchar muy duro por el imperio universal de la equidad, la solidaridad y la reconciliación con la naturaleza es lo único que queda a los pueblos. Ésos que hoy se juntan y organizan para entregar algo de lo poco que tienen a Cuba, Haití, a sus hermanos del Caribe.

Infraestructura estratégica

John Saxe-Fernández

Son ominosos los indicios de la decisión de las cúpulas del PAN y el PRI y algunos de la “oposición” para entregar el petróleo a los intereses de seguridad de Estados Unidos y a poderosos consorcios externos y sus voraces socios locales. Lo hacen en momentos de grave crisis económica mundial y nacional, y cuando la riqueza petrolera del país adquiere más peso geoestratégico por la creciente dificultad mundial en la localización de petróleo convencional. La inconstitucional reforma energética, que ahora Washington tramita por medio de Calderón, es un esquema de largo alcance que contempla el desmantelamiento de los fundamentos de la soberanía y de la integridad territorial mexicana.

Generada por la política económica adoptada por quienes se autocalifican de reformistas, la debacle nacional, en sus manifestaciones más lamentables, corrupción, delincuencia organizada, narcotráfico, etcétera, es usada como excusa para desmontar los cimientos del proyecto histórico de la nación. La política económica vigente por 26 años: un persistente despojo a la economía popular y de clase media y al patrimonio nacional es el problema central para la seguridad nacional mexicana, que se agrava por el uso policial-represivo de las fuerzas armadas, desgastándolas, minando sus bases logísticas y alejándolas de la función de defensa nacional.

Frente a esta situación, la iniciativa del PRI para adicionar el artículo 32 de la Ley Federal de Seguridad Privada, si bien pretende que “el resguardo de las instalaciones estratégicas sea una función cuyo ejercicio corra a cargo de las autoridades del país”, es indiferente a “que la protección de tales inmuebles sea realizada directamente por el Estado o concesionada a particulares” (La Jornada, 5/11/08, p. 13). El problema es que, si bien se indica que por “instalación estratégica” se incluye a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, los caminos y carreteras, los puentes nacionales e internacionales, los puertos, recintos terminales e instalaciones portuarias, los aeropuertos, las instalaciones nucleares o con procesos radiactivos, las fronteras, estaciones migratorias, aduanas y obras de infraestructura hidráulica, y además se puntualiza en la referida ley que los prestadores de servicios deben abstenerse de proporcionarlos “en cualquier instalación considerada estratégica en los términos proyectados en la norma” (ibidem), dichas definiciones pueden cambiar.

El asunto es muy delicado, pues las fuerzas armadas, alejadas de su función de defensa nacional, están comprometidas en la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia (tareas propias a cuerpos policiales y de inteligencia), además de que se trata de múltiples instalaciones: sólo en Pemex son varios miles distribuidas a lo largo y ancho del país que necesitan resguardo: como en Colombia, queda así la puerta abierta a firmas (nacionales y extranjeras) tipo Blackwater, SyColeman, DynCorp vinculadas al Pentágono y a la CIA.

El peligro a la integridad territorial del país por la acción de ejércitos mercenarios de Estados Unidos se acrecienta: la Iniciativa Mérida impulsa el contratismo en materia de seguridad mientras el proyecto de reformas y adiciones a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de petróleo de Calderón, como advierten Raúl Carrancá, Sergio Cárdenas y Virgilio Caballero, “… reduce y anula tramposamente el significado de área estratégica del Estado sobre el petróleo, hidrocarburos y petroquímica, al referir el significado de área estratégica a lo que disponga la propia ley y olvida que la Constitución obliga a la exclusividad del Estado sobre estos recursos”.

Si se concede a privados la extracción, almacenaje y distribución de hidrocarburos, entonces los nuevos propietarios de ductos y otra infraestructura contratan a sus propias “firmas de seguridad” (ejércitos mercenarios): es el resguardo de algo que por ley ya no es estratégico, sino suyo y que cubre el territorio nacional.

Impunidad y derechos humanos

Adolfo Sánchez Rebolledo

La formación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) significó un gran avance en la búsqueda de una convivencia un poco más civilizada entre los ciudadanos mexicanos. Por primera vez el Estado reconocía públicamente lo que cualquier ciudadano sabía de memoria: que las prácticas de la autoridad encargada de la seguridad y la justicia se apoyaban en la arbitrariedad más absoluta, en el desprecio por los detenidos, en el abuso y en procedimientos tan viles como la aplicación reiterada de la tortura. No sorprende que en ese contexto moral, sea la confesión la “reina de las pruebas”, el corolario lógico de la “investigación” judicial. No obstante, en ese país de las maravillas y la estabilidad que era el México oficial, se habla sin rubor del “estado de derecho”, fórmula desprovista de real contenido que, en realidad, ampara la ley del más fuerte, la corrupción y la impunidad.

Durante décadas, las relaciones del Estado con la sociedad, en particular con los grupos que reclaman derechos y la aplicación de la ley, están marcadas a fuego por dicha manera de concebir la legalidad, de modo que algunos delincuentes logran atemperar el peso del castigo moviendo los hilos de la corrupción, mientras contingentes enteros de trabajadores, comunidades agrarias o simples vecinos de las nuevas urbes, asisten a la conculcación de sus libertades fundamentales sin disponer de mecanismos ciertos de defensa. Las movilizaciones en pos de mejorías salariales o por reivindicaciones legítimas en contra de la manipulación corporativista son derrotadas con lujo de violencia y estigmatizadas mediante campañas de odio contra “la subversión”. La represión es el único método al alcance de los gobiernos para aplacar disidencias o “resolver” conflictos. En 1959, los líderes de los trabajadores ferrocarrileros son detenidos junto a miles de sus camaradas en una acción de represión masiva y luego encarcelados durante once años como escarmiento público. En 1968, la paranoia del poder conduce al mayor acto criminal de la historia moderna de México, pero la justicia resuelve condenar a las víctimas.

Los procesos contra los presos políticos de esos años marcan un nuevo hito en la violación de las garantías individuales. Se trata pura y simplemente de una venganza política contra aquellos que se atrevieron a desafiar el principio de autoridad sin violentar la ley. Los juicios instruidos contra ellos quedan para la historia como una grave denuncia de la sumisión del poder judicial a los caprichos del máximo gobernante: “las arbitrariedades y violaciones a los derechos consagrados en las leyes son innumerables y son juicios viciados de origen. Detenciones masivas sin orden judicial, secuestrados durante semanas enteras, torturados para arrancar confesiones prefabricadas y durante más de un año detenidos sin conocer las acusaciones concretas” (ver: Los procesos de México 1968, 1970). Ésa fue la respuesta a un movimiento que sólo pedía –en el famoso pliego petitorio– la oportuna aplicación de la ley.

¿Puede extrañar que durante décadas la ciudadanía desconfíe de la justicia, de la “legalidad” y de los cuerpos de seguridad? ¿Puede sentirse seguro un ciudadano ante la juricidad de los actos de gobierno, cuando la experiencia indica que la arbitrariedad va de la mano de la impunidad? Si ahora traigo a colación estos antecedentes es para recordar que los mayores esfuerzos en el terreno de crear una verdadera legalidad los ha dado la sociedad, no una “sociedad civil” abstracta e inexistente, sino los grupos que al defender sus derechos o denunciando complicidades hicieron posible un replanteamiento de la cuestión en términos de derechos humanos. Me parece vital que no se pierda de vista la estrecha conexión existente entre la necesidad de abrir espacios democráticos y la consecuente acción en defensa de la aplicación de la ley, que ha sido la característica común a todos los grandes movimientos reformadores de nuestra historia.

La impunidad tiene muchas cabezas, sin duda, pero se oculta en la discrecionalidad, en la ausencia de vigilancia sobre la actividad de los gobernantes, incluidos los cuerpos de seguridad. En ese sentido, el combate a la delincuencia debería ser también parte de la reforma democrática del Estado, una demolición de los hoyos negros que aún subsisten en el entramado público, favoreciendo la connivencia con el mundo criminal. Por eso me parece especialmente importante la denuncia de Jorge Carpizo a la CNDH, cuando afirma que su presidente ha sido “omiso en el cumplimiento de sus obligaciones”. Y luego se pregunta: “¿qué ha hecho la CNDH en estos 11 años, además de solicitar más y más presupuesto e intentar crearse una buena imagen derrochando recursos en medios de comunicación? ¿Acaso no siente que tiene cuando menos un granito de responsabilidad de la situación de inseguridad en la cual México se encuentra horriblemente sumergido?” Finalmente, concluye, las recomendaciones de la comisión “ahora se guardan en el escritorio del ombudsman porque éste las considera no oportunas o incorrectas políticamente”. Grave acusación que, sin embargo, subraya la urgencia de devolver a la acción a favor de los derechos humanos su carácter perturbador, la capacidad de sacudir los prejuicios de la autoridad, devolviéndole la voz a las víctimas. En otras palabras: impedir que el conformismo conservador acabe por nulificar el valor de las denuncias ciudadanas. La lucha contra la delincuencia presupone también erradicar el cinismo de las relaciones sociales, instaurar el imperio de la ley pero también de una moral diferente.

Memoria y democracia

Marcos Roitman Rosenmann

Las tiranías han dejado una estela de muerte y un conjunto de estructuras sociales y de poder cuya pervivencia se sitúa por encima de nostálgicos que buscan un retorno al pasado. Ellos no son capaces de percibir el alcance de los proyectos políticos dictatoriales. Sus fundamentos han socavado los órdenes democráticos contra los que lucharon borrando las huellas de un sistema emancipador e igualitario. Éstos han sido los casos del franquismo en España o del pinochetismo en Chile.

Ambos son resultado de conspiraciones y alzamientos militares que devienen en golpes de Estado en pro de una cruzada que enarbola el discurso de una patria amenazada por enemigos externos identificados con el socialismo, el comunismo y la participación del pueblo en el proceso de toma de decisiones. En definitiva una lucha contra el saber, la educación laica, la libre enseñanza y la cultura cívica. Su parafernalia cotidiana está ligada a movilizar recursos propagandísticos en dicha dirección. Su resultado más perverso se traduce en generaciones de jóvenes, cuya única visión del mundo ha sido la recibida en las aulas del franquismo y del pinochetismo. Bajo esta lógica, el sistema educativo se mantuvo 40 años en la España de Franco y 17 en el Chile de Pinochet.

Sin embargo, la salida de las tiranías no modifica los planes y programas de estudios, siguen los mismos parámetros, sólo se añaden más temas. Para dichas generaciones, ambos tiranos pasan a formar parte de un proyecto de reconstrucción frente a una sociedad sumida en la degradación moral y la decadencia material. Considerados portadores de un aura liberadora, su destino consistió en salvar el país. La historia les debe valorar su entrega a la patria. No pueden ser cuestionados. Es de mal gusto poner en tela de juicio su honor. Su imagen pública se construye recurriendo a un supuesto liderazgo carismático. Franco por la gracia de Dios; Pinochet por revelación divina, pero son héroes en su tiempo. Su camino supone una peregrinación, sufren y ven la luz. Escuchan la voz, reciben la llamada y cumplen; su espada es justicia. Están por encima del bien y del mal. Sus regímenes no pueden ser juzgados. Hay que entender su papel en la historia. Restablecen el orden. Tras la oscuridad, la luz. Su fuerza se traduce en proponer obras y trascender el tiempo. Por ello se dedican a realizar megaproyectos. Inauguran carreteras, pantanos, torres comerciales, estadios, etcétera. Se convierten en padres fundadores de un revolucionario orden social. Ejercen un populismo que encubre su tiranía. Anticomunistas en un periodo de guerra fría, apoyados por la institución eclesiástica, las elites dominantes, las oligarquías locales, las burguesías trasnacionales y los sectores medios reconstruyen el país mostrando odio profundo a la ciencia, el arte, el saber y la cultura.

Lamentablemente, la nueva identidad se forja despolitizando, con una población que asume sin cuestionarse represión, tortura o desapariciones. Hubo luchas, rebeldía, dignidad, el pueblo no se doblegó. Pero no nos llamemos a engaño: era una minoría. En España, a medida que transcurría la dictadura, los responsables de los crímenes de lesa humanidad se fueron a la tumba con honores y medallas. En Chile, el tiempo no lo ha permitido del todo. Algunos torturadores han sido juzgados a pesar de las elites en el poder. Los más siguen en las fuerzas armadas, son diputados, senadores, cobran pensiones y se mofan de las víctimas. Hablamos de las consecuencias de invernar la memoria y sustracción de la democracia.

Para salvar a los dictadores y no dañar los procesos de transición, se inventaron las reformas políticas y los pactos “de caballeros” dentro de las dictaduras. En Chile se otorgó a Pinochet el mérito de sacar a Chile del subdesarrollo, por ende, su figura se torno intocable en la nueva etapa. Se argumentó que era un peaje. Impunidad a cambio de economía de mercado. La gobernabilidad se encauzaba, gracias a dos décadas de torturas y represión. En España sucedió algo similar. La idea de una reconciliación nacional, tras la muerte biológica del tirano, abrió la puerta a la necesidad de olvidar y perdonar. La fórmula de una reforma sin ruptura democrática se antoja adecuada. Los vencedores de la guerra civil se frotaban las manos y siguen mandando. La oposición democrática fue arrinconada y desplazada. La sucesión monárquica pactada por Franco con la banca, la burguesía y el nacional-catolicismo se impuso. Igualmente, el criterio de la modernización franquista se hizo dominante y puso tierra por medio para defenestrar el mito de las dos Españas. De esta guisa se alza un poder oligárquico cuyo barniz modernizador posterga hasta hoy los cambios democráticos. Reforma agraria, acuerdos con la iglesia, por ejemplo.

Los comportamientos inhibidores de una cultura democrática construidos en las tiranías subsisten. Cuando emerge una alternativa democrática se pone en funcionamiento el llamado tiempo de paz social precedente. Es el argumento para impedir las movilizaciones y las protestas. Discurso complementado con la estrategia del miedo, la represión y las técnicas del social-conformismo. Gracias al apoyo de la izquierda institucional que participó de la reforma cumple sus objetivos. Son las secuelas de un orden cuyo lenguaje ha sido culpabilizar y deshumanizar al vencido. Son los momentos álgidos de toda tiranía representados en la tortura. Su ejercicio construye un mensaje capaz de purificar a quienes la practican. Lo transforma en un trabajo decente, con un objetivo racional: obtener información o acabar con el problema. Tal como en tiempos de la Inquisición, sirve para limpiar el alma de los herejes. Así, cuando se quiere rescatar la memoria histórica o preguntar por los desaparecidos y luchar contra la impunidad, se está torciendo la dirección de un poder perversamente antidemocrático fundado en la incultura, la sinrazón y la miseria humana. Es hora de romper los mitos de la transición en España y en Chile para vivir en libertad, con dignidad y en democracia.