martes, agosto 21, 2007
Protestan en Ciudad Sadr por abusos de fuerzas estadunidenses en el país ocupado
Asesinan a gobernador chiíta; la solución debe ser iraquí, sostiene el canciller francés
REUTERS, DPA, AFP, THE INDEPENDENT
Bagdad, 20 de agosto. Habitantes de Ciudad Sadr, un suburbio chiíta de la capital iraquí, salieron hoy a las calles para protestar por las “violaciones a los derechos humanos” cometidas por las fuerzas estadunidenses en el país ocupado.
Según una fuente cercana al clérigo Muqtada Sader, que tiene un amplio apoyo en ese barrio bagdadí, la marcha se organizó para exigir al presidente Jalal Talabani y al primer ministro Nuri Maliki “que terminen esos abusos”.
Estas acciones de las fuerzas ocupantes han provocado gran resquemor en la población, pues muchas suelen ser arbitrarias y algunas muy sangrientas. Hoy, por ejemplo, un grupo de soldados estadunidenses mató a diez personas e hirió a doce en una redada cerca de la ciudad de Bakuba, al norte de Bagdad.
El Pentágono alega que estas acciones disminuirán la violencia que vive el país. Sin embargo, han reportado pocos éxitos. Este lunes, sin ir más lejos, fue asesinado el gobernador de una provincia del sur de Irak, Mohammed Ali Hassani.
Hassani, además de ser el segundo gobernador asesinado en apenas diez días, era el líder de uno de los grupos más poderosos de Irak, el Consejo Supremo Islámico Iraquí, aliado del brazo político de las milicias de Moqtada Sadr en la coalición oficialista. Esta alianza, sin embargo, se limita al gobierno, y los combatientes de ambas facciones se han enfrentado a tiros en las calles en varias ocasiones.
Todo esto ocurrió mientras el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Bernard Kouchner, visitó el país y se reunió con el presidente Talabani. El canciller francés instó a los iraquíes a ver que “la solución a sus problemas debe ser iraquí” y sus principales tareas son la reconciliación entre las comunidades enfrentadas, preservar la soberanía nacional y fortalecer la democracia en el país.
Mientras Kouchner hacía estas declaraciones, el jefe de gobierno Maliki visitó Siria. El viaje del primer ministro iraquí al país vecino es la primera desde que Estados Unidos derrocó a Sadam Hussein, en 2003. En su reunión con su homólogo sirio, Mohammed Naji Otri, Maliki trató el tema del millón y medio de refugiados iraquíes en Siria. Otri, por su parte, aprovechó la ocasión para afirmar que “el establecimiento de un calendario para el retiro de las tropas extranjeras de Irak” es esencial si se quiere pacificar el país.
El gobierno jordano, en tanto, rechazó la petición de extraditar a Irak a Raghad Hussein, la hija mayor del ejecutado Saddam Hussein. El gobierno iraquí la acusa de “incitar al terrorismo”, pero las autoridades de Jordania rechazaron entregarla alegando que “está en Jordania por razones humanitarias”.
REUTERS, DPA, AFP, THE INDEPENDENT
Bagdad, 20 de agosto. Habitantes de Ciudad Sadr, un suburbio chiíta de la capital iraquí, salieron hoy a las calles para protestar por las “violaciones a los derechos humanos” cometidas por las fuerzas estadunidenses en el país ocupado.
Según una fuente cercana al clérigo Muqtada Sader, que tiene un amplio apoyo en ese barrio bagdadí, la marcha se organizó para exigir al presidente Jalal Talabani y al primer ministro Nuri Maliki “que terminen esos abusos”.
Estas acciones de las fuerzas ocupantes han provocado gran resquemor en la población, pues muchas suelen ser arbitrarias y algunas muy sangrientas. Hoy, por ejemplo, un grupo de soldados estadunidenses mató a diez personas e hirió a doce en una redada cerca de la ciudad de Bakuba, al norte de Bagdad.
El Pentágono alega que estas acciones disminuirán la violencia que vive el país. Sin embargo, han reportado pocos éxitos. Este lunes, sin ir más lejos, fue asesinado el gobernador de una provincia del sur de Irak, Mohammed Ali Hassani.
Hassani, además de ser el segundo gobernador asesinado en apenas diez días, era el líder de uno de los grupos más poderosos de Irak, el Consejo Supremo Islámico Iraquí, aliado del brazo político de las milicias de Moqtada Sadr en la coalición oficialista. Esta alianza, sin embargo, se limita al gobierno, y los combatientes de ambas facciones se han enfrentado a tiros en las calles en varias ocasiones.
Todo esto ocurrió mientras el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Bernard Kouchner, visitó el país y se reunió con el presidente Talabani. El canciller francés instó a los iraquíes a ver que “la solución a sus problemas debe ser iraquí” y sus principales tareas son la reconciliación entre las comunidades enfrentadas, preservar la soberanía nacional y fortalecer la democracia en el país.
Mientras Kouchner hacía estas declaraciones, el jefe de gobierno Maliki visitó Siria. El viaje del primer ministro iraquí al país vecino es la primera desde que Estados Unidos derrocó a Sadam Hussein, en 2003. En su reunión con su homólogo sirio, Mohammed Naji Otri, Maliki trató el tema del millón y medio de refugiados iraquíes en Siria. Otri, por su parte, aprovechó la ocasión para afirmar que “el establecimiento de un calendario para el retiro de las tropas extranjeras de Irak” es esencial si se quiere pacificar el país.
El gobierno jordano, en tanto, rechazó la petición de extraditar a Irak a Raghad Hussein, la hija mayor del ejecutado Saddam Hussein. El gobierno iraquí la acusa de “incitar al terrorismo”, pero las autoridades de Jordania rechazaron entregarla alegando que “está en Jordania por razones humanitarias”.
Calderón y la restauración autoritaria
...Ya bien instruido por George Bush, Calderón adelanta su regreso a México por el huracán Dean. Claro: habrá muchas cámaras de televisión y hay que lucir como sensible, sobre todo en vísperas del primer informe vacío…México, D.F., 20 de agosto (apro).- Mientras el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se hunde en sus propias contradicciones internas, y el chuchismo colaboracionista se apodera del cascarón, en el Partido Acción Nacional (PAN) se produce un fenómeno análogo, con su dinámica particular, pero de mayores consecuencias para la vida política y social del país. En efecto, si en la estructura hegemónica del PRD pierde fuerza la línea política de Andrés Manuel López Obrador, a menudo caracterizado como un caudillo, en el PAN se va imponiendo la lógica autoritaria de Felipe Calderón, de convertirse en el gran elector: no sólo ordena quién encabezará la presidencia de este partido, sino quiénes será integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, dirigencias estatales y candidatos a puestos de elección popular.Y conviene no perder de vista lo que ocurre en el PAN, por ejemplo, en la elección de la dirigencia juvenil, celebrada el 6 de julio, y que --con base en pruebas aportadas por dos de los contendientes-- se caracterizó por acciones de defraudación electoral, con la participación, ilegal e inmoral, de funcionarios y operadores del gobierno de Calderón. Más allá de la decisión que la noche de este lunes 20 tome el CEN sobre ese proceso analizado por una comisión que, como nunca, dispuso del plazo máximo para emitir su fallo, ya arrojó saldos negativos para el PAN y para las prácticas democráticas de una entidad de interés público: Si se valida la elección, será otro capítulo de impunidad en la adulteración de la voluntad popular y, si se anula, como lo amerita por las pruebas presentadas, sólo se confirmará ese aserto, aun cuando el ganador formal --allegado a Calderón-- pueda ser instalado en el cargo por decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), hundido en su propio fango. Juan Carlos Martínez, protegido de Calderón, se impuso en la elección del 6 de julio con 58% de los votos de los delegados de la Asamblea Juvenil celebrada en Tlaxcala, encima de su rival Héctor Rivera, identificado con Manuel Espino, presidente nacional del PAN, duranguenses ambos. La víspera de la elección, la diputada federal Claudia Caballero declinó participar, debido --aseguró-- a las presiones de funcionarios federales, entre ellos Juan Camilo Mouriño, jefe de la Oficina de la Presidencia, que contó además con la colaboración de Jorge Manzanera, quien sin ser funcionario es operador de Calderón y el que prestó sus oficinas para convertirlas en casa de campaña de Martínez. "El tuvo mucho que ver. La verdad ya estoy harta de este tipo, y si quieren que nuestro partido se convierta en un PRI, pues vamos por el mejor camino, lo juro", declaró Caballero al diario Reforma, después de detallar las presiones y amenazas de funcionarios gubernamentales contra ella y sus seguidores. --¿Fue Mouriño quien la presionó a renunciar? --le preguntó el reportero Víctor Michel.--La verdad tenían miedo de que fuéramos a construir un juvenil más idealista y luchador. Pero de ahí no puedo decir nada más. Están interferidas mis líneas, están bloqueados los teléfonos de mis amigos, están bloqueadas mis cuentas, no puedo decir todo. No lo dijo públicamente, pero Caballero presentó evidencias ante la Comisión de Elecciones creada por el CEN para elaborar un informe y que sumó, también, las que formuló Héctor Rivera, entre ellas ofrecimientos de chambas en los gobiernos panistas a cambio de su voto y otras acciones que adulteraron la elección, un fenómeno semejante al que se presentó en el proceso de integración del Consejo Nacional. Pero como en este caso de Acción Juvenil y del Consejo Nacional, la intervención de Calderón --porque es él, de otro modo sería peor, un pusilánime-- se ha materializado en la imposición de los candidatos del PAN a gobernadores en Yucatán, Baja California y Michoacán: Xavier Abreu fue impuesto y sacrificado con la deliberada derrota ante el PRI en Yucatán; en Baja California fue Germán Martínez quien instruyó a la cúpula panista que el candidato debía ser, "por deseo" de Calderón, José Guadalupe Osuna, y en el caso de Michoacán fue convocado a Los Pinos Benigno Quezada para ser informado por Mouriño que el aspirante era Salvador López Orduña. Y es Calderón el que decidirá quién será su candidato a la presidencia del PAN: su secretario particular, César Nava, o Germán Martínez, titular de la Función Pública, michoacanos ambos que pacientemente esperan la decisión del gran elector.Ostentar tal condición --que hay despistados o abyectos que lo ven como una virtud-- no concierne sólo al ámbito partidario, que en sí mismo implicaría un retroceso por la historia y doctrina del PAN, sino a todos los mexicanos, porque es la restauración del presidencialismo autoritario: si avasalla en su partido, como está claro en los casos descritos, lo hará con más razón con sus adversarios. De ahí, también, la relevancia del secuestro de la estructura partidaria por la burocracia chuchista en el PRD, que en general como partido nada abona a lo urgente: el desmantelamiento del régimen de simulación que atormenta al país. Lo que ocurre en el PRD y en el PAN --y por supuesto en el PRI y el resto de los partidos-- tiene que ver con eso.
Apuntes
La aparición del Movimiento de Participación Solidaria, que con la unión de panistas confesionales y los residuos del sinarquismo pretende dar vida a un nuevo partido político de derecha, ha concitado felicidad entre militantes del PAN, que no es sólo de derecha, sino de la derecha. Y no hay razón para la dicha. Por elemental sentido común, y con independencia de que obtenga su registro, a ese nuevo partido político no se irán los que ostentan el poder partidista: no sólo Manuel Espino y su grupo en la dirigencia nacional, sino toda la estructura partidista a lo largo de la República, incluyendo gobernadores, alcaldes y legisladores, con abundantes recursos privados y del erario. Es como si los Chuchos entregan el PRD a un puñado de exlíderes del Partido Comunista para irse a formar una célula a la UNAM. No. Se trata de una formación que aglutina, en efecto, a panistas que no han visto satisfechas sus ambiciones con Calderón, pero tampoco con Espino, que los conoce bien. Lorenzo Servitje, quien encabeza el monopolio de pan de caja en México, quiso a Alberto Cárdenas como candidato presidencial del PAN, aunque se conformó con Calderón, y ahora quiere que sea César Nava el presidente del PAN, porque se desencantó de Espino. Pero es la estructura yunquista que gravita en la "sociedad civil" y estrechamente vinculada al PAN… Ya bien instruido por George Bush, Calderón adelanta su regreso a México por el huracán Dean. Claro: habrá muchas cámaras de televisión y hay que lucir como sensible, sobre todo en vísperas del primer informe vacío… Comentarios: delgado@proceso.com.mx
Calderón y el gobernador Sabines, los responsables de desalojar a zapatistas
La JBG de La Realidad teme que se cometan abusos contra los detenidos
La mayoría de los arrestados en Montes Azules son mujeres y niños, denuncian
HERMANN BELLINGHAUSEN
Muchos de los detenidos son niños y niñas zapatistas. La imagen corresponde a La Realidad, en julio pasado Foto: María Meléndrez Parada
La junta de buen gobierno (JBG) Hacia la esperanza, desde el caracol zapatista Madre de los caracoles del mar de nuestros sueños, con sede en La Realidad, Chiapas, denunció el desalojo de dos comunidades indígenas en Montes Azules. La JBG responsabiliza directamente a “Felipe Calderón Hinojosa, gobierno de los ricos de México, y a Juan Sabines Guerrero, gobernador de los terratenientes y paramilitares” de lo que pueda suceder a las familias desalojadas y aprehendidas.
El documento refiere que hacia el mediodía del sábado 18 de agosto “llegaron seis helicópteros para desalojar los poblados de San Manuel y Buen Samaritano, por el delito que los acusan que están destruyendo las montañas de la reserva ecológica”. A San Manuel “llegaron violentamente, amenazando con sus armas a las mujeres, a los niños y niñas”, obligándolos a subir en los helicópteros.
Participaron en la acción unos 90 policías estatales y federales, quienes “inmediatamente se organizaron en dos grupos; uno se encargó de destruir las humildes casas del pueblo de San Manuel, dejándolas totalmente destruidas y robando las pocas pertenencias”. Mientras, el otro grupo subía a los indígenas a helicópteros.
Los policías efectuaron similares acciones en Buen Samaritano, donde “hasta el momento sabemos que en total se llevaron a siete personas, de las cuales no sabemos sus nombres”, añade la JBG, que presenta la lista de los desalojados en San Manuel: Dominga Cruz Hernández (28 años), Fermina Ruiz Jiménez (16), Mario López Gómez (50), Nicolás Hernández Toledo (40), Feliciano López Hernández (20), Margarita López Hernández (19), Juan López Gómez (45), Tomás López Gómez (50), Romelia (27), Jacinta Jiménez Clara (34), Lázaro Ruiz Jiménez (18), María Ruiz Jiménez (14) y Micaela Ruiz Jiménez (13).
Asimismo, los niños Juana Jiménez Ruiz, Manuela Ruiz Jiménez, Francisca Ruiz Jiménez, Eusebio Ruiz Jiménez, Mario Ruiz Jiménez, Jacinto Jiménez Cruz, Domingo Jiménez Cruz, Micaela Jiménez Cruz, Nicolás Jiménez Cruz, Francisca Jiménez Cruz, Nicolasa López Ruiz, Manuel López Hernández, Mario López López, Nicolasa López López, Darinel García, Sebastián García, Heriberto García, Fidencio García y otro más, de un año.
“No sabemos su paradero, los maltratos que han sufrido ni las condiciones físicas en que se encuentran”, agregan las autoridades autónomas de la selva fronteriza, que refieren haberse comunicado con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), para que haga “el trabajo difícil de localizar a los detenidos y las detenidas, sabiendo que sufrirán malos tratos y agresiones por parte del mal gobierno, tanto estatal como federal”.
La junta confía que el CDHFBC hará el trabajo de localizarlos “como lo ha demostrado muchas veces, sobre todo porque no sabemos el paradero de nuestros hermanos y hermanas”. Los zapatistas adelantan tener conocimiento de que “el mal gobierno está por realizar similares desalojos en los poblados Salvador Allende y Nuevo Corozal, porque viven en la tierra donde la trabajan”. (Cabe agregar que esto ocurrió ya el pasado domingo).
La JBG exige la inmediata libertad de los detenidos y las detenidas “porque totalmente no tienen culpabilidad, la tierra la trabajan y la cuidan para poder vivir como seres humanos. En cambio, el gobierno de los ricos y el gobernador de los terratenientes y paramilitares quieren la tierra para convertirla en mercancía, es decir, para venderla a los empresarios nacionales y trasnacionales. Les estorban los que la trabajan y cuidan, los campesinos e indígenas”.
Por eso “seguiremos diciendo para siempre que la tierra es de quien la trabaja, no para venderla como una mercancía. Para nosotros la tierra es nuestra madre, porque en ella vivimos y de ella nos alimentamos”, concluyen Saúl, Tania, Nicodemo y Raúl, en nombre de la junta zapatista.
¡Abajo, Fecal, el pelele usurpador! ¡Fuera Sabines, TRAIDOR a los principios del partido que lo llevó al poder!
La mayoría de los arrestados en Montes Azules son mujeres y niños, denuncian
HERMANN BELLINGHAUSEN
Muchos de los detenidos son niños y niñas zapatistas. La imagen corresponde a La Realidad, en julio pasado Foto: María Meléndrez ParadaLa junta de buen gobierno (JBG) Hacia la esperanza, desde el caracol zapatista Madre de los caracoles del mar de nuestros sueños, con sede en La Realidad, Chiapas, denunció el desalojo de dos comunidades indígenas en Montes Azules. La JBG responsabiliza directamente a “Felipe Calderón Hinojosa, gobierno de los ricos de México, y a Juan Sabines Guerrero, gobernador de los terratenientes y paramilitares” de lo que pueda suceder a las familias desalojadas y aprehendidas.
El documento refiere que hacia el mediodía del sábado 18 de agosto “llegaron seis helicópteros para desalojar los poblados de San Manuel y Buen Samaritano, por el delito que los acusan que están destruyendo las montañas de la reserva ecológica”. A San Manuel “llegaron violentamente, amenazando con sus armas a las mujeres, a los niños y niñas”, obligándolos a subir en los helicópteros.
Participaron en la acción unos 90 policías estatales y federales, quienes “inmediatamente se organizaron en dos grupos; uno se encargó de destruir las humildes casas del pueblo de San Manuel, dejándolas totalmente destruidas y robando las pocas pertenencias”. Mientras, el otro grupo subía a los indígenas a helicópteros.
Los policías efectuaron similares acciones en Buen Samaritano, donde “hasta el momento sabemos que en total se llevaron a siete personas, de las cuales no sabemos sus nombres”, añade la JBG, que presenta la lista de los desalojados en San Manuel: Dominga Cruz Hernández (28 años), Fermina Ruiz Jiménez (16), Mario López Gómez (50), Nicolás Hernández Toledo (40), Feliciano López Hernández (20), Margarita López Hernández (19), Juan López Gómez (45), Tomás López Gómez (50), Romelia (27), Jacinta Jiménez Clara (34), Lázaro Ruiz Jiménez (18), María Ruiz Jiménez (14) y Micaela Ruiz Jiménez (13).
Asimismo, los niños Juana Jiménez Ruiz, Manuela Ruiz Jiménez, Francisca Ruiz Jiménez, Eusebio Ruiz Jiménez, Mario Ruiz Jiménez, Jacinto Jiménez Cruz, Domingo Jiménez Cruz, Micaela Jiménez Cruz, Nicolás Jiménez Cruz, Francisca Jiménez Cruz, Nicolasa López Ruiz, Manuel López Hernández, Mario López López, Nicolasa López López, Darinel García, Sebastián García, Heriberto García, Fidencio García y otro más, de un año.
“No sabemos su paradero, los maltratos que han sufrido ni las condiciones físicas en que se encuentran”, agregan las autoridades autónomas de la selva fronteriza, que refieren haberse comunicado con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), para que haga “el trabajo difícil de localizar a los detenidos y las detenidas, sabiendo que sufrirán malos tratos y agresiones por parte del mal gobierno, tanto estatal como federal”.
La junta confía que el CDHFBC hará el trabajo de localizarlos “como lo ha demostrado muchas veces, sobre todo porque no sabemos el paradero de nuestros hermanos y hermanas”. Los zapatistas adelantan tener conocimiento de que “el mal gobierno está por realizar similares desalojos en los poblados Salvador Allende y Nuevo Corozal, porque viven en la tierra donde la trabajan”. (Cabe agregar que esto ocurrió ya el pasado domingo).
La JBG exige la inmediata libertad de los detenidos y las detenidas “porque totalmente no tienen culpabilidad, la tierra la trabajan y la cuidan para poder vivir como seres humanos. En cambio, el gobierno de los ricos y el gobernador de los terratenientes y paramilitares quieren la tierra para convertirla en mercancía, es decir, para venderla a los empresarios nacionales y trasnacionales. Les estorban los que la trabajan y cuidan, los campesinos e indígenas”.
Por eso “seguiremos diciendo para siempre que la tierra es de quien la trabaja, no para venderla como una mercancía. Para nosotros la tierra es nuestra madre, porque en ella vivimos y de ella nos alimentamos”, concluyen Saúl, Tania, Nicodemo y Raúl, en nombre de la junta zapatista.
¡Abajo, Fecal, el pelele usurpador! ¡Fuera Sabines, TRAIDOR a los principios del partido que lo llevó al poder!
Una farsa, el proyecto de Calderón para superar rezagos del ISSSTE: Gustavo Leal
Se recurrió a cifras maquilladas y frivolidades, subraya el especialista
Advierte que el gobierno no podrá impedir las protestas contra las reformas a la ley de esa instancia
GABRIEL LEON ZARAGOZA
Hace unos días Felipe Calderón leyó sus Diez compromisos para la construcción de un nuevo ISSSTE; el acto se realizó en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre Foto: Marco Peláez
Las “buenas cuentas” presentadas por Felipe Calderón una vez que se cumplió el plazo de 90 días para superar los rezagos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) resultaron ser cifras maquilladas con demagogia y una serie de comentarios frívolos que no apaciguarán las movilizaciones en contra de las reformas a la institución que preparan en el país cientos de miles de personas que se ampararon, refiere en un análisis sobre el tema el especialista Gustavo Leal.
Sobre los presuntos logros, funcionarios de la institución reconocieron que “no se cumplieron del todo” los 10 compromisos presidenciales, porque “no eran para los 90 días”; sin embargo, destacaron, se sigue trabajando para abatir los rezagos.
Destacaron que en el periodo comprometido no se requirió la contratación de personal médico y de enfermería, toda vez que hubo “extensión de jornadas laborales”.
Las cifras de la institución detallan que de las 10 mil intervenciones quirúrgicas y estudios de gabinete pendientes de realizar, se practicaron 9 mil 312, lo que representó un gasto de poco más de 18 millones de pesos.
“El costo total del programa de combate al rezago en los servicios de salud fue de 19 millones 50 mil 249 pesos, de los cuales sólo 2 millones 580 mil fueron aplicados para pagar la subrogación de servicios. De haberse subrogado la totalidad de los programas, el costo para el instituto hubiera sido de 85 millones de pesos”, refiere el documento.
En el resultado institucional, se precisa que aquellas atenciones y estudios de gabinete que no se practicaron fue porque “no se localizó al derechohabiente” o “no aceptaron recibir el servicio de inmediato”; sin embargo, para el investigador esta justificación, que se repite en el apartado de las consultas con especialistas, además de estar por debajo de lo que se ofreció “es tratar de responsabilizar y victimizar de sus fallas al que no se puede defender: el paciente”.
En el comparativo del compromiso presidencial y los resultados alcanzados al término del plazo de 90 días, destaca que de los 18 mil derechohabientes que están en espera de una consulta con un especialista se logró atender a 71 por ciento de los demandantes, esto es, 13 mil 160 pacientes.
Cabe destacar que parte de los anuncios presidenciales de mayo pasado, mantienen tres meses después su carácter de compromiso; por ejemplo, en el acuerdo para evitar retrasos en la atención médica especializada a trabajadores y sus familias se mencionan mecanismos de fortalecimiento y reordenación de infraestructura por desarrollar a mediano plazo.
O el de que Hacienda y el ISSSTE “están concluyendo” los estudios para integrar el padrón de los trabajadores que se incorporarán a la seguridad social, que forma parte del compromiso de asegurar a “más de 300 mil trabajadores eventuales”, entre otros, “como un acto de justicia elemental y una responsabilidad del país”.
En materia de abasto de medicinas a las farmacias y el surtimiento a pacientes, entre las medidas “más importantes” destacan el adelanto de dos meses de abasto y la creación de una reserva “suficiente, para elevar y mantener el surtimiento” además de la promesa de adquisición de 900 millones de pesos en medicamentos, “para asegurar la disponibilidad necesaria durante lo que resta de este año y los tres primeros meses del próximo”.
Al respecto, el académico de la Universidad Autónoma Metropolitana señala que la pregunta no es por qué volvieron los medicamentos, sino por qué no estaban.
El instituto refiere que en lo que resta del año tendrá lugar la primera etapa del proceso de profesionalización y para ello ya se cuenta con los recursos necesarios. Sin embargo, aunque no ha tenido lugar este esquema, se aclara que 60 mil 955 son los “trabajadores beneficiados”.
Tras una revisión del programa de los 90 días, Gustavo Leal precisa que “es completamente demagógico” y obedece a una “acción desesperada” de Calderón para tratar de apaciguar la ola de amparos que presentaron trabajadores en el territorio nacional frente a la inconstitucionalidad de la reforma a la Ley del ISSSTE.
Agrega que el ofrecimiento presidencial de 7 mil créditos hipotecarios a jubilados y pensionados es “un insulto” para “una gente que tiene una esperanza de vida muchísimo menor que la que tienen los trabajadores activos, y da idea de la distorsión de la naturaleza frívola y superficial de los programas calderonistas”.
De la meta por duplicar la infraestructura hospitalaria, precisa que se trata de un proyecto vinculado con gran cantidad de obras que dejó pendientes Benjamín González Roaro (ex titular del ISSSTE), en las que se presumen “actos de corrupción”, toda vez que algunas a la fecha permanecen inconclusas.
Advierte que el gobierno no podrá impedir las protestas contra las reformas a la ley de esa instancia
GABRIEL LEON ZARAGOZA
Hace unos días Felipe Calderón leyó sus Diez compromisos para la construcción de un nuevo ISSSTE; el acto se realizó en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre Foto: Marco Peláez
Las “buenas cuentas” presentadas por Felipe Calderón una vez que se cumplió el plazo de 90 días para superar los rezagos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) resultaron ser cifras maquilladas con demagogia y una serie de comentarios frívolos que no apaciguarán las movilizaciones en contra de las reformas a la institución que preparan en el país cientos de miles de personas que se ampararon, refiere en un análisis sobre el tema el especialista Gustavo Leal.
Sobre los presuntos logros, funcionarios de la institución reconocieron que “no se cumplieron del todo” los 10 compromisos presidenciales, porque “no eran para los 90 días”; sin embargo, destacaron, se sigue trabajando para abatir los rezagos.
Destacaron que en el periodo comprometido no se requirió la contratación de personal médico y de enfermería, toda vez que hubo “extensión de jornadas laborales”.
Las cifras de la institución detallan que de las 10 mil intervenciones quirúrgicas y estudios de gabinete pendientes de realizar, se practicaron 9 mil 312, lo que representó un gasto de poco más de 18 millones de pesos.
“El costo total del programa de combate al rezago en los servicios de salud fue de 19 millones 50 mil 249 pesos, de los cuales sólo 2 millones 580 mil fueron aplicados para pagar la subrogación de servicios. De haberse subrogado la totalidad de los programas, el costo para el instituto hubiera sido de 85 millones de pesos”, refiere el documento.
En el resultado institucional, se precisa que aquellas atenciones y estudios de gabinete que no se practicaron fue porque “no se localizó al derechohabiente” o “no aceptaron recibir el servicio de inmediato”; sin embargo, para el investigador esta justificación, que se repite en el apartado de las consultas con especialistas, además de estar por debajo de lo que se ofreció “es tratar de responsabilizar y victimizar de sus fallas al que no se puede defender: el paciente”.
En el comparativo del compromiso presidencial y los resultados alcanzados al término del plazo de 90 días, destaca que de los 18 mil derechohabientes que están en espera de una consulta con un especialista se logró atender a 71 por ciento de los demandantes, esto es, 13 mil 160 pacientes.
Cabe destacar que parte de los anuncios presidenciales de mayo pasado, mantienen tres meses después su carácter de compromiso; por ejemplo, en el acuerdo para evitar retrasos en la atención médica especializada a trabajadores y sus familias se mencionan mecanismos de fortalecimiento y reordenación de infraestructura por desarrollar a mediano plazo.
O el de que Hacienda y el ISSSTE “están concluyendo” los estudios para integrar el padrón de los trabajadores que se incorporarán a la seguridad social, que forma parte del compromiso de asegurar a “más de 300 mil trabajadores eventuales”, entre otros, “como un acto de justicia elemental y una responsabilidad del país”.
En materia de abasto de medicinas a las farmacias y el surtimiento a pacientes, entre las medidas “más importantes” destacan el adelanto de dos meses de abasto y la creación de una reserva “suficiente, para elevar y mantener el surtimiento” además de la promesa de adquisición de 900 millones de pesos en medicamentos, “para asegurar la disponibilidad necesaria durante lo que resta de este año y los tres primeros meses del próximo”.
Al respecto, el académico de la Universidad Autónoma Metropolitana señala que la pregunta no es por qué volvieron los medicamentos, sino por qué no estaban.
El instituto refiere que en lo que resta del año tendrá lugar la primera etapa del proceso de profesionalización y para ello ya se cuenta con los recursos necesarios. Sin embargo, aunque no ha tenido lugar este esquema, se aclara que 60 mil 955 son los “trabajadores beneficiados”.
Tras una revisión del programa de los 90 días, Gustavo Leal precisa que “es completamente demagógico” y obedece a una “acción desesperada” de Calderón para tratar de apaciguar la ola de amparos que presentaron trabajadores en el territorio nacional frente a la inconstitucionalidad de la reforma a la Ley del ISSSTE.
Agrega que el ofrecimiento presidencial de 7 mil créditos hipotecarios a jubilados y pensionados es “un insulto” para “una gente que tiene una esperanza de vida muchísimo menor que la que tienen los trabajadores activos, y da idea de la distorsión de la naturaleza frívola y superficial de los programas calderonistas”.
De la meta por duplicar la infraestructura hospitalaria, precisa que se trata de un proyecto vinculado con gran cantidad de obras que dejó pendientes Benjamín González Roaro (ex titular del ISSSTE), en las que se presumen “actos de corrupción”, toda vez que algunas a la fecha permanecen inconclusas.
“Abrir la puerta al ejército de EU no es problema, sino cómo sacarlo después”
El académico Guillermo Garduño prevé riesgos en un Plan Colombia para México
Hace falta un hombre de Estado como el general Cárdenas, afirma
Desde 1994 crecieron las presiones del Pentágono
Critica el manejo unilateral de la lucha antinarco
ALFREDO MENDEZ
Parafraseando al general Lázaro Cárdenas, quien durante la Segunda Guerra Mundial sostuvo ante un general estadunidense que México nunca permitiría el ingreso a territorio nacional de militares extranjeros, el experto en análisis de las fuerzas armadas Guillermo Garduño Valero aseguró que el problema que plantea el Plan México, similar al que se aplicó en Colombia, no es abrir las puertas al ejército de Estados Unidos, sino “cómo lo sacamos después” del país.
En entrevista con La Jornada, el especialista en seguridad nacional afirmó que en su momento el Plan Colombia fue un fracaso, por lo que tal como está proyectado el plan antinarco mexicano, que incluye asistencia militar de Estados Unidos en México, “está condenado a convertirnos en víctimas de un imperio”.
El académico de la Universidad Autónoma Metropolitana expuso que las probabilidades de un acuerdo entre México y Estados Unidos son bastante amplias. “El problema es que la capacidad que tendríamos que tener, y no la tenemos –porque en este momento no contamos con un Lázaro Cárdenas de titular de la Secretaría de la Defensa Nacional–, es contar con una visión estratégica que sólo la tiene un hombre de Estado, para saber defender la soberanía nacional”.
Refirió que desde 1994 ha ido en aumento la presión de las autoridades militares estadunidenses a su contraparte de México, y que a partir de esa fecha “se ha venido planteando la necesidad de que Estados Unidos proporcione formación militar a nuestros soldados”.
Agregó que otro aspecto que “nos impide formalizar ahora ese acuerdo es que dependemos tecnológicamente, en materia militar, de los estadunidenses”.
Recordó que “hace algunos años hubo una serie de regalos, en el periodo del presidente Ernesto Zedillo, de helicópteros Bell, que no eran más que chatarra de la época de la guerra de Vietnam y que se trajeron a México. Varios de estos helicópteros se cayeron.
“Al principio se creía que los narcotraficantes los habían derribado, hasta que se dio a conocer la razón científica que explicaba los accidentes: todo tenía que ver con un desgaste y fatiga de los metales, el cual propicia que una aeronave, después de un determinado número de horas de vuelo, se debilite en su estructura y termine siendo absolutamente endeble que hasta una brisa lo puede derrumbar”, indicó.
Sin embargo, sostuvo que es necesario combatir el fenómeno del narcotráfico desde una óptica multilateral y no nacional, por lo que “un acuerdo entre Estados Unidos y México sería benéfico, siempre y cuando no quedáramos supeditados a la supremacía del imperio estadunidense.
“La necesidad del acuerdo es absoluta, porque el narcotráfico no lo podemos atender con un enfoque nacional, pero entonces es indispensable que el gobierno calderonista establezca sobre qué bases se admitiría un acuerdo, para negociar por cuánto tiempo y bajo qué condiciones se establecería el plan.
“De entrada hay que establecer que el ingreso de tropas militares estadunidenses no debe aceptarse; en todo caso una fuerza multinacional avalada por (la Organización de) Naciones Unidas.
“Otra condición es que el acuerdo sea temporal y que quede garantizada la independencia de nuestras fuerzas armadas.”
Para el especialista, lo que está proponiendo Estados Unidos a México es “transferir a territorio mexicano toda su fuerza militar y crear un Plan Colombia que nunca resolvió el problema del narcotráfico y definitivamente sí dejó un fenómeno de devastación social, como también ocurrió en toda América Central.
“Con estos planes, los estadunidenses sencillamente terminan financiando una guerra donde los habitantes de los países colaboracionistas terminan siendo las propias víctimas del imperio”, puntualizó.
Durante la entrevista, Garduño Valero recordó una anécdota que puede aplicarse a la propuesta del plan antinarco que pretende el gobierno estadunidense instaurar con México: “En 1943, el entonces secretario de la Defensa, Lázaro Cárdenas, viajó a Baja California.
“Allí se entrevistó con un general estadunidense, quien le hizo saber la exigencia de que les abriera paso franco a los militares gringos en territorio nacional.
“En esa ocasión se enteró también de que el general Agustín Olachea Avilés había permitido (al Ejército estadunidense) pasar hasta el municipio de Ensenada.
“El general Cárdenas, furioso, le reclamó a Olachea, y éste se defendió diciéndole: ‘mi general, es que somos aliados de Estados Unidos en esta guerra’. ‘El problema con los gringos –le replicó Cárdenas a su subordinado– no es abrirles la puerta, sino cómo los sacamos después’”.
Hace falta un hombre de Estado como el general Cárdenas, afirma
Desde 1994 crecieron las presiones del Pentágono
Critica el manejo unilateral de la lucha antinarco
ALFREDO MENDEZ
Parafraseando al general Lázaro Cárdenas, quien durante la Segunda Guerra Mundial sostuvo ante un general estadunidense que México nunca permitiría el ingreso a territorio nacional de militares extranjeros, el experto en análisis de las fuerzas armadas Guillermo Garduño Valero aseguró que el problema que plantea el Plan México, similar al que se aplicó en Colombia, no es abrir las puertas al ejército de Estados Unidos, sino “cómo lo sacamos después” del país.
En entrevista con La Jornada, el especialista en seguridad nacional afirmó que en su momento el Plan Colombia fue un fracaso, por lo que tal como está proyectado el plan antinarco mexicano, que incluye asistencia militar de Estados Unidos en México, “está condenado a convertirnos en víctimas de un imperio”.
El académico de la Universidad Autónoma Metropolitana expuso que las probabilidades de un acuerdo entre México y Estados Unidos son bastante amplias. “El problema es que la capacidad que tendríamos que tener, y no la tenemos –porque en este momento no contamos con un Lázaro Cárdenas de titular de la Secretaría de la Defensa Nacional–, es contar con una visión estratégica que sólo la tiene un hombre de Estado, para saber defender la soberanía nacional”.
Refirió que desde 1994 ha ido en aumento la presión de las autoridades militares estadunidenses a su contraparte de México, y que a partir de esa fecha “se ha venido planteando la necesidad de que Estados Unidos proporcione formación militar a nuestros soldados”.
Agregó que otro aspecto que “nos impide formalizar ahora ese acuerdo es que dependemos tecnológicamente, en materia militar, de los estadunidenses”.
Recordó que “hace algunos años hubo una serie de regalos, en el periodo del presidente Ernesto Zedillo, de helicópteros Bell, que no eran más que chatarra de la época de la guerra de Vietnam y que se trajeron a México. Varios de estos helicópteros se cayeron.
“Al principio se creía que los narcotraficantes los habían derribado, hasta que se dio a conocer la razón científica que explicaba los accidentes: todo tenía que ver con un desgaste y fatiga de los metales, el cual propicia que una aeronave, después de un determinado número de horas de vuelo, se debilite en su estructura y termine siendo absolutamente endeble que hasta una brisa lo puede derrumbar”, indicó.
Sin embargo, sostuvo que es necesario combatir el fenómeno del narcotráfico desde una óptica multilateral y no nacional, por lo que “un acuerdo entre Estados Unidos y México sería benéfico, siempre y cuando no quedáramos supeditados a la supremacía del imperio estadunidense.
“La necesidad del acuerdo es absoluta, porque el narcotráfico no lo podemos atender con un enfoque nacional, pero entonces es indispensable que el gobierno calderonista establezca sobre qué bases se admitiría un acuerdo, para negociar por cuánto tiempo y bajo qué condiciones se establecería el plan.
“De entrada hay que establecer que el ingreso de tropas militares estadunidenses no debe aceptarse; en todo caso una fuerza multinacional avalada por (la Organización de) Naciones Unidas.
“Otra condición es que el acuerdo sea temporal y que quede garantizada la independencia de nuestras fuerzas armadas.”
Para el especialista, lo que está proponiendo Estados Unidos a México es “transferir a territorio mexicano toda su fuerza militar y crear un Plan Colombia que nunca resolvió el problema del narcotráfico y definitivamente sí dejó un fenómeno de devastación social, como también ocurrió en toda América Central.
“Con estos planes, los estadunidenses sencillamente terminan financiando una guerra donde los habitantes de los países colaboracionistas terminan siendo las propias víctimas del imperio”, puntualizó.
Durante la entrevista, Garduño Valero recordó una anécdota que puede aplicarse a la propuesta del plan antinarco que pretende el gobierno estadunidense instaurar con México: “En 1943, el entonces secretario de la Defensa, Lázaro Cárdenas, viajó a Baja California.
“Allí se entrevistó con un general estadunidense, quien le hizo saber la exigencia de que les abriera paso franco a los militares gringos en territorio nacional.
“En esa ocasión se enteró también de que el general Agustín Olachea Avilés había permitido (al Ejército estadunidense) pasar hasta el municipio de Ensenada.
“El general Cárdenas, furioso, le reclamó a Olachea, y éste se defendió diciéndole: ‘mi general, es que somos aliados de Estados Unidos en esta guerra’. ‘El problema con los gringos –le replicó Cárdenas a su subordinado– no es abrirles la puerta, sino cómo los sacamos después’”.
Aclara el PRD que no se abrió ninguna vía para dialogar con Felipe Calderón
Descartan que haya división tras las diferencias en el congreso del sol azteca
ALMA E. MUñOZ
Dirigentes del PRD rechazaron que en su décimo congreso nacional se abriera una vía para dialogar con el presidente Felipe Calderón, y acordaron presentar este martes aclaraciones sobre los 10 puntos principales aprobados el pasado fin de semana, para terminar con especulaciones.
Tras presentar a su ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, un informe sobre lo acontecido en el congreso, los coordinadores parlamentarios, Carlos Navarrete y Javier González Garza, descartaron una división en el partido. Cabe destacar que a este acto no asistió el líder nacional del PRD, Leonel Cota.
Navarrete yGonzález Garza sostuvieron que la inconformidad expresada por algunos delegados del Frente Político de Izquierda, de no incluir la frase “el rechazo a debatir con quien usurpa la Presidencia de la República” en uno de los resolutivos de línea política, fue producto del “desbordamiento de pasiones” y de la “intransigencia” de algunos congresistas.
“Las cosas están en su lugar, no busquen diferencias donde no las hay”, señaló el diputado González Garza. Con los resolutivos aprobados no queda abierta “ninguna ventana, ninguna puerta, ninguna rendija” para dialogar con Calderón, afirmó por su parte Navarrete.
“El señor Felipe Calderón no es presidente legítimo, porque surgió de un proceso viciado y de un fraude electoral”, agregó.
Los ánimos, a unas horas de concluido el congreso, sostuvo el senador, “se han venido serenando y tengo la seguridad de que se van a serenar más. Las acusaciones de que queremos negociar con Calderón surgieron al calor del debate. Por mi parte, las negociaciones en lo oscurito las hago en mi casa”.
Para Alejandro Encinas, el comportamiento asumido por congresistas en la plenaria del domingo fue “una expresión de que ya se ha agotado el sistema tribal y de corrientes; del enorme deterioro y estridencia tribal, así que estamos al inicio de una nueva etapa, donde los grupos y corrientes deben cambiar”.
Hay que tomar las “cosas con calma”, a veces se “desbordan las pasiones; hay muchas emociones, pero este partido no establecerá en ningún momento negociación alguna con quien no tuvo legitimidad en las urnas”, indicó.
Así que en materia de línea política, dijo, “me quedo con una gran satisfacción”, y reiteró su intención de no ser “candidato de ninguna corriente” para la dirigencia nacional del PRD. “Voy a ser de los sin corriente, que son la mayoría en el partido”.
No obstante, respetó el derecho de los perredistas inconformes con la determinación de la mayoría de congresistas de no incluir la frase “el rechazo a debatir con quien usurpa la Presidencia de la República” en uno de los resolutivos de línea política a impugnar ante el tribunal electoral.
Horas antes, Marcelo Ebrard Casaubon, jefe de Gobierno del Distrito Federal, justificó las diferencias en el perredismo. Refirió que no cabe esperar que haya uniformidad dentro del sol azteca: “hay otros partidos que ocultan eso al público, pero acá no se oculta en el caso del PRD”, aseveró.
La línea que adoptó el partido durante el Congreso, “en cuanto a los resolutivos que yo conozco, me parece que es congruente con lo que ha venido señalando el partido”, apuntó.
Los 10 resolutivos principales
Al término de la reunión semanal que López Obrador sostiene con su equipo de trabajo e integrantes del Frente Político de Izquierda, los senadores Carlos Navarrete y Ricardo Monreal adelantaron que hoy la dirigencia nacional del PRD presentará los 10 principales resolutivos del congreso y hará las aclaraciones pertinentes en torno a su negativa a dialogar, bajo ninguna circunstancia, con Felipe Calderón.
El coordinador de esa bancada reiteró que en el Informe presidencial habrá “cosas interesantes”, y dejó en claro que en los seis años de su administración “Calderón no va a recibir trato de presidente por parte de legisladores del PRD”.
Monreal, suspendido de sus derechos partidarios por seis meses, aseguró que López Obrador se mostró “tranquilo, contento con los resultados del congreso, y sobre todo con la unidad que se logró”.
Por la mañana, representantes de las corrientes perredistas IDN e Izquierda Social rectificaron, en nombre del Frente Político de Izquierda, su intención de acudir ante el tribunal electoral para impugnar el total de los acuerdos asumidos durante el pasado congreso.
El diputado federal Alejandro Sánchez Camacho y David Cervantes indicaron que un grupo de abogados analiza impugnar solamente el párrafo de la línea política del partido, donde la mayoría de los congresistas rechazaron adicionar la frase “el rechazo a debatir con quien usurpa la Presidencia de la República”, que provocó la salida de delegados de la plenaria del domingo.
Anunciaron que el próximo día 26 el Frente Político de Izquierda dará a conocer una serie de iniciativas en favor de la unidad en el PRD, y de rechazo total al diálogo con Calderón.
Con información de Bertha Teresa Ramírez
ALMA E. MUñOZ
Dirigentes del PRD rechazaron que en su décimo congreso nacional se abriera una vía para dialogar con el presidente Felipe Calderón, y acordaron presentar este martes aclaraciones sobre los 10 puntos principales aprobados el pasado fin de semana, para terminar con especulaciones.
Tras presentar a su ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, un informe sobre lo acontecido en el congreso, los coordinadores parlamentarios, Carlos Navarrete y Javier González Garza, descartaron una división en el partido. Cabe destacar que a este acto no asistió el líder nacional del PRD, Leonel Cota.
Navarrete yGonzález Garza sostuvieron que la inconformidad expresada por algunos delegados del Frente Político de Izquierda, de no incluir la frase “el rechazo a debatir con quien usurpa la Presidencia de la República” en uno de los resolutivos de línea política, fue producto del “desbordamiento de pasiones” y de la “intransigencia” de algunos congresistas.
“Las cosas están en su lugar, no busquen diferencias donde no las hay”, señaló el diputado González Garza. Con los resolutivos aprobados no queda abierta “ninguna ventana, ninguna puerta, ninguna rendija” para dialogar con Calderón, afirmó por su parte Navarrete.
“El señor Felipe Calderón no es presidente legítimo, porque surgió de un proceso viciado y de un fraude electoral”, agregó.
Los ánimos, a unas horas de concluido el congreso, sostuvo el senador, “se han venido serenando y tengo la seguridad de que se van a serenar más. Las acusaciones de que queremos negociar con Calderón surgieron al calor del debate. Por mi parte, las negociaciones en lo oscurito las hago en mi casa”.
Para Alejandro Encinas, el comportamiento asumido por congresistas en la plenaria del domingo fue “una expresión de que ya se ha agotado el sistema tribal y de corrientes; del enorme deterioro y estridencia tribal, así que estamos al inicio de una nueva etapa, donde los grupos y corrientes deben cambiar”.
Hay que tomar las “cosas con calma”, a veces se “desbordan las pasiones; hay muchas emociones, pero este partido no establecerá en ningún momento negociación alguna con quien no tuvo legitimidad en las urnas”, indicó.
Así que en materia de línea política, dijo, “me quedo con una gran satisfacción”, y reiteró su intención de no ser “candidato de ninguna corriente” para la dirigencia nacional del PRD. “Voy a ser de los sin corriente, que son la mayoría en el partido”.
No obstante, respetó el derecho de los perredistas inconformes con la determinación de la mayoría de congresistas de no incluir la frase “el rechazo a debatir con quien usurpa la Presidencia de la República” en uno de los resolutivos de línea política a impugnar ante el tribunal electoral.
Horas antes, Marcelo Ebrard Casaubon, jefe de Gobierno del Distrito Federal, justificó las diferencias en el perredismo. Refirió que no cabe esperar que haya uniformidad dentro del sol azteca: “hay otros partidos que ocultan eso al público, pero acá no se oculta en el caso del PRD”, aseveró.
La línea que adoptó el partido durante el Congreso, “en cuanto a los resolutivos que yo conozco, me parece que es congruente con lo que ha venido señalando el partido”, apuntó.
Los 10 resolutivos principales
Al término de la reunión semanal que López Obrador sostiene con su equipo de trabajo e integrantes del Frente Político de Izquierda, los senadores Carlos Navarrete y Ricardo Monreal adelantaron que hoy la dirigencia nacional del PRD presentará los 10 principales resolutivos del congreso y hará las aclaraciones pertinentes en torno a su negativa a dialogar, bajo ninguna circunstancia, con Felipe Calderón.
El coordinador de esa bancada reiteró que en el Informe presidencial habrá “cosas interesantes”, y dejó en claro que en los seis años de su administración “Calderón no va a recibir trato de presidente por parte de legisladores del PRD”.
Monreal, suspendido de sus derechos partidarios por seis meses, aseguró que López Obrador se mostró “tranquilo, contento con los resultados del congreso, y sobre todo con la unidad que se logró”.
Por la mañana, representantes de las corrientes perredistas IDN e Izquierda Social rectificaron, en nombre del Frente Político de Izquierda, su intención de acudir ante el tribunal electoral para impugnar el total de los acuerdos asumidos durante el pasado congreso.
El diputado federal Alejandro Sánchez Camacho y David Cervantes indicaron que un grupo de abogados analiza impugnar solamente el párrafo de la línea política del partido, donde la mayoría de los congresistas rechazaron adicionar la frase “el rechazo a debatir con quien usurpa la Presidencia de la República”, que provocó la salida de delegados de la plenaria del domingo.
Anunciaron que el próximo día 26 el Frente Político de Izquierda dará a conocer una serie de iniciativas en favor de la unidad en el PRD, y de rechazo total al diálogo con Calderón.
Con información de Bertha Teresa Ramírez
Sin acuerdos concretos, México, Canadá y EU anuncian estrategia común de seguridad
Esperamos que haya corresponsabilidad en la lucha contra el narcotráfico: Sarukhán
Calderón externó su preocupación a Washington por el fracaso de la reforma migratoria
¡Hombre! ¡Qué bueno que está preocupado! Lástima que no ocupe.
CLAUDIA HERRERA BELTRAN (ENVIADA)
Montebello, Canadá, 20 de agosto. Los presidentes de México y Estados Unidos reafirmaron que adoptarán una “estrategia común” en materia de seguridad y combate a las drogas; sin embargo, no anunciaron acuerdos concretos.
¿Por qué no anunciarán los acuerdos concretos? ¿La secrecía está relacionada con el temor a que los ciudadanos estén en desacuerdo con los acuerdos?
En torno a este pacto de cooperación, que se ha comparado con el llamado Plan Colombia, el embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, señaló que aún siguen las conversaciones, y por lo pronto insistió en que está descartada la participación de militares estadunidenses en el país.
Con hermetismo se manejó la información del encuentro que sostuvieron los presidentes de México, Felipe Calderón, y de Estados Unidos, George W. Bush, en el Hotel Fairmont Le Chateau, ubicado en un boscoso paraje que fue convertido en un búnker para resguardar la seguridad del estadunidense y contener las manifestaciones de grupos ospositores al Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN).
Otra vez, ¿por qué el hermetismo? ¿Será porque ellos prepotentemente se sienten con el derecho de decidir a pesar de la protesta?
La segunda reunión bilateral que sostuvieron Calderón y Bush –la primera se llevó a cabo en Yucatán– estuvo opacada por el tema del huracán Dean y por el ocaso de la administración del mandatario estadunidense.
El único momento en que Bush, Calderón y el primer ministro canadiense, Stephen Harper, aparecieron ante la prensa fue cuando posaron para los fotógrafos y camarógrafos antes de asistir a una cena. Sonrientes, saludaron y se dio una especie de duelo de cortesías entre el mexicano y el estadunidense cuando el primero le cedía el paso al segundo a la casa Manoir Papineau.
Lo que les encanta, la foto.
Finalmente se resolvió cuando Bush tomó de los hombros a Calderón y caminó detrás de él.
Al término del encuentro bilateral, Sarukhán dio un breve mensaje y aceptó responder unas cuantas preguntas de la prensa mexicana.
Cuando se le pidieron detalles del proyecto de cooperación México-Estados Unidos en materia de narcotráfico y seguridad, señaló: “cuando hay conversaciones que están en proceso, no es un momento para hablar de ellas; tenemos que ser cuidadosos con los tiempos, se están cuidando las formas”.
Se están cuidando las formas porque seguramente el fondo está lleno de mierda.
Indicó que buscarán mejorar los mecanismos que ya existen de intercambio de información y de inteligencia con las autoridades estadunidenses, y México espera de su vecino que haya un principio de corresponsabilidad en la lucha contra el narcotráfico.
Dan Fisk, director general para el Continente Americano del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, elogió los “actos de valentía” que Calderón ha realizado para combatir la violencia en México.
¿Elogió el "acto de valentía" de violar la voluntad popular amparado por el poder económico y las fuerzas armadas?
Al igual que Sarukhán, fue parco en sus declaraciones y señaló que Estados Unidos trata de apoyar una estrategia mexicana de combate al narcotráfico, y que estas conversaciones darían “más un momentum” a las discusiones que han venido realizando los expertos.
Los Estados Unidos trata de apoyar una usurpación disfrazada de una supuesta estrategia de combate al narcotráfico. ¿Discusiones de expertos? Expertos en qué, ¿en sembrar e infiltrar mercenarios que actúen en contra de los luchadores sociales?
En lo que definió como una reunión “franca y muy honesta”, señaló que Calderón también expresó su preocupación sobre el vacío que ha generado el fracaso de la reforma migratoria.
Ah,... preocupado... ¿y por qué no se ocupará?
También afirmó que estará muy pendiente en las semanas y meses por venir del “tema crítico” que es la protección y defensa de las comunidades mexicanas en Estados Unidos, y que México continuará en una labor decidida en la defensa y protección de los connacionales.
Ah, va a estar pendiente, ¿y luego?
Presume inversión extranjera histórica
Por la mañana, Calderón Hinojosa aseguró ante empresarios mexicanos y canadienses que la inversión registrada durante el primer semestre de 2007 ascendió a cerca de 13 mil 250 millones de dólares, lo que representa un “récord histórico”.
¿Y cómo se ha visto esto reflejado en los empleos? Porque ahí también hay un "récord histórico" pero de desempleo.
Entre los empresarios mexicanos estuvo acompañado de Valentín Diez Morodo, del Comce; Jaime Yesaki, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, y Armando Paredes, líder del Consejo Coordinador Empresarial, que viajaron de México a Canadá en el avión presidencial. Otros asistentes fueron Guillermo Vogel, vicepresidente de TAMSA; Roberto Newel, presidente del IMCO, y César de Anda, director general de Avicar. La reunión fue con empresarios de Bombardier, Mastronardi y Damafro.
Claro si el líder del CCE es el verdadero gobernante, delincuente electoral, ¿cómo no va a viajar en el avión presidencial? Y con sus achichincles, seguramente Fecal estaría por ahí en algún rincón escuchando los planes de estos rateros, avariciosos y canallas.
Calderón, Bush y Harper remataron su jornada con una cena en la residencia del primer ministro canadiense.
No, si por cenas no queda. Ojalá hubiera una relación directa entre todo lo que se tragan y lo que trabajan en beneficio de la gente.
Calderón externó su preocupación a Washington por el fracaso de la reforma migratoria
¡Hombre! ¡Qué bueno que está preocupado! Lástima que no ocupe.
CLAUDIA HERRERA BELTRAN (ENVIADA)
Montebello, Canadá, 20 de agosto. Los presidentes de México y Estados Unidos reafirmaron que adoptarán una “estrategia común” en materia de seguridad y combate a las drogas; sin embargo, no anunciaron acuerdos concretos.
¿Por qué no anunciarán los acuerdos concretos? ¿La secrecía está relacionada con el temor a que los ciudadanos estén en desacuerdo con los acuerdos?
En torno a este pacto de cooperación, que se ha comparado con el llamado Plan Colombia, el embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, señaló que aún siguen las conversaciones, y por lo pronto insistió en que está descartada la participación de militares estadunidenses en el país.
Con hermetismo se manejó la información del encuentro que sostuvieron los presidentes de México, Felipe Calderón, y de Estados Unidos, George W. Bush, en el Hotel Fairmont Le Chateau, ubicado en un boscoso paraje que fue convertido en un búnker para resguardar la seguridad del estadunidense y contener las manifestaciones de grupos ospositores al Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN).
Otra vez, ¿por qué el hermetismo? ¿Será porque ellos prepotentemente se sienten con el derecho de decidir a pesar de la protesta?
La segunda reunión bilateral que sostuvieron Calderón y Bush –la primera se llevó a cabo en Yucatán– estuvo opacada por el tema del huracán Dean y por el ocaso de la administración del mandatario estadunidense.
El único momento en que Bush, Calderón y el primer ministro canadiense, Stephen Harper, aparecieron ante la prensa fue cuando posaron para los fotógrafos y camarógrafos antes de asistir a una cena. Sonrientes, saludaron y se dio una especie de duelo de cortesías entre el mexicano y el estadunidense cuando el primero le cedía el paso al segundo a la casa Manoir Papineau.
Lo que les encanta, la foto.
Finalmente se resolvió cuando Bush tomó de los hombros a Calderón y caminó detrás de él.
Al término del encuentro bilateral, Sarukhán dio un breve mensaje y aceptó responder unas cuantas preguntas de la prensa mexicana.
Cuando se le pidieron detalles del proyecto de cooperación México-Estados Unidos en materia de narcotráfico y seguridad, señaló: “cuando hay conversaciones que están en proceso, no es un momento para hablar de ellas; tenemos que ser cuidadosos con los tiempos, se están cuidando las formas”.
Se están cuidando las formas porque seguramente el fondo está lleno de mierda.
Indicó que buscarán mejorar los mecanismos que ya existen de intercambio de información y de inteligencia con las autoridades estadunidenses, y México espera de su vecino que haya un principio de corresponsabilidad en la lucha contra el narcotráfico.
Dan Fisk, director general para el Continente Americano del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, elogió los “actos de valentía” que Calderón ha realizado para combatir la violencia en México.
¿Elogió el "acto de valentía" de violar la voluntad popular amparado por el poder económico y las fuerzas armadas?
Al igual que Sarukhán, fue parco en sus declaraciones y señaló que Estados Unidos trata de apoyar una estrategia mexicana de combate al narcotráfico, y que estas conversaciones darían “más un momentum” a las discusiones que han venido realizando los expertos.
Los Estados Unidos trata de apoyar una usurpación disfrazada de una supuesta estrategia de combate al narcotráfico. ¿Discusiones de expertos? Expertos en qué, ¿en sembrar e infiltrar mercenarios que actúen en contra de los luchadores sociales?
En lo que definió como una reunión “franca y muy honesta”, señaló que Calderón también expresó su preocupación sobre el vacío que ha generado el fracaso de la reforma migratoria.
Ah,... preocupado... ¿y por qué no se ocupará?
También afirmó que estará muy pendiente en las semanas y meses por venir del “tema crítico” que es la protección y defensa de las comunidades mexicanas en Estados Unidos, y que México continuará en una labor decidida en la defensa y protección de los connacionales.
Ah, va a estar pendiente, ¿y luego?
Presume inversión extranjera histórica
Por la mañana, Calderón Hinojosa aseguró ante empresarios mexicanos y canadienses que la inversión registrada durante el primer semestre de 2007 ascendió a cerca de 13 mil 250 millones de dólares, lo que representa un “récord histórico”.
¿Y cómo se ha visto esto reflejado en los empleos? Porque ahí también hay un "récord histórico" pero de desempleo.
Entre los empresarios mexicanos estuvo acompañado de Valentín Diez Morodo, del Comce; Jaime Yesaki, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, y Armando Paredes, líder del Consejo Coordinador Empresarial, que viajaron de México a Canadá en el avión presidencial. Otros asistentes fueron Guillermo Vogel, vicepresidente de TAMSA; Roberto Newel, presidente del IMCO, y César de Anda, director general de Avicar. La reunión fue con empresarios de Bombardier, Mastronardi y Damafro.
Claro si el líder del CCE es el verdadero gobernante, delincuente electoral, ¿cómo no va a viajar en el avión presidencial? Y con sus achichincles, seguramente Fecal estaría por ahí en algún rincón escuchando los planes de estos rateros, avariciosos y canallas.
Calderón, Bush y Harper remataron su jornada con una cena en la residencia del primer ministro canadiense.
No, si por cenas no queda. Ojalá hubiera una relación directa entre todo lo que se tragan y lo que trabajan en beneficio de la gente.
El PRD y los otros
Pedro Miguel
Posiblemente el PRD sea el último de los partidos grandes del país en el que haya todavía alguna capacidad para escuchar lo que mucha gente de la calle piensa acerca de él en particular y, en general, de todos los partidos: que está lleno de rateros, de corruptos y de oportunistas; que sus dirigentes prometen una cosa y antes de una semana hacen la contraria; que el rescate de México y el bienestar de la población están sólo en el papel mojado de los estatutos, pero que en la práctica lo único que importa es llegar a la diputación, a la senaduría, a la gubernatura o a la dirección general de algo, de cualquier cosa; que sólo se acuerda de los ciudadanos cuando va a haber elecciones o cuando hay que hacer un mitin; que el partido no va a cambiar nunca el régimen porque sus dirigentes se encuentran entre los beneficiarios de él.
Tal vez existan, en el interior del partido del sol azteca, algunas orejas dispuestas a escuchar estos juicios que algo tienen de hipérbole y de caricatura y que no son clamor, sino rumor sordo, exasperado y desarticulado en una población cada vez más harta de ser ciudadanía, un título cuyo refrendo anual le cuesta miles de millones de pesos. A fin de cuentas, todavía quedan en ese partido algunos o muchos que recuerdan los tiempos en los que para propugnar la transformación del país no se necesitaba de camionetas de 300 mil pesos, choferes para el cónyuge y los hijos, viajes a Europa y seguro médico con aplicación en Houston, todo ello pagado por el erario. Quedan los que no tenían problema en declinar a la competencia por candidaturas porque estaban conscientes de sus limitaciones personales y tenían disposición para reconocer las aptitudes de otros compañeros. Quedan los que abominaban de la grilla en las oficinas y preferían ir a hacer trabajo directo en los sindicatos, en las colonias, en los ejidos.
El PRI escuchó durante cuatro décadas reclamos semejantes, y más agudos –porque a las acusaciones de rateros, de corruptos y de oportunistas se ha agregado, en ocasiones, la de asesinos–, se acostumbró a ellos y optó por asumir sin complejos su propia descomposición. Candidaturas como la presidencial de 2006 y la estatal de Baja California en 2007 confirman que el Revolucionario Institucional halló un filón de imagen corporativa en sus peores lacras: el leproso le agarró gusto al arte de bailar desnudo sobre las mesas y es natural que si alguien le señala sus purulencias, responda: “Y a mucha honra”.
Por su parte, Acción Nacional, salvo memorables excepciones como la de aquel legislador del que se recuerda el mote, mas no el nombre –el dipu-table dance–, abomina de los desnudos: lo suyo es la falda, o la sotana, o la casaca militar, calada hasta el huesito. Desde luego, semejantes agregados a López Velarde son inconscientes y así se quedarán: los blanquiazules son inmunes a la autocrítica, y cuando un yunquero realiza un ejercicio de introspección, no se encuentra con su demonio interior, sino con una estampita de Cristo Rey.
Pensar es demasiado doloroso, parece recordar el discurso de Manuel Espino, y por demás innecesario para la tarea de gobernar, agrega el de Vicente Fox, el presidente más iletrado que ha tenido el país y quien, sin embargo, quiso pasar a la historia con la construcción de un elefante blanco que lo mismo habría podido ser biblioteca que pizzería o que tienda departamental: la apuesta –como se ha ido revelando después– era por una obra cuya magnitud dejara márgenes generosos y jugosos para los contratos turbios. Vuelto gobierno, el partido de la gente decente rompe marcas históricas de indecencia. Los herederos de Gómez Morín hablan como Felipe Calderón. Los que reclaman una historia partidista de luchas abnegadas por la democracia son lo más autoritario que se haya visto en décadas, y no lo son más porque el país no se deja. “Transparencia”, clamaba Fox, mientras justificaba el uso de recursos públicos para comprarle ropa a su mujer.
Así las cosas, ojalá que el PRD sea capaz de escuchar, de contemplarse en el espejo y de sacudirse a los burócratas sedientos de poder y presupuesto, a los caciques de clanes corporativos, a los simples rateros, y de aplicar en sí mismo –aunque duela– la propuesta de país ciudadano, democrático, equitativo y honesto que ha quedado reducida a un conjunto de signos cada vez menos legibles en el papel mojado de sus estatutos.
Posiblemente el PRD sea el último de los partidos grandes del país en el que haya todavía alguna capacidad para escuchar lo que mucha gente de la calle piensa acerca de él en particular y, en general, de todos los partidos: que está lleno de rateros, de corruptos y de oportunistas; que sus dirigentes prometen una cosa y antes de una semana hacen la contraria; que el rescate de México y el bienestar de la población están sólo en el papel mojado de los estatutos, pero que en la práctica lo único que importa es llegar a la diputación, a la senaduría, a la gubernatura o a la dirección general de algo, de cualquier cosa; que sólo se acuerda de los ciudadanos cuando va a haber elecciones o cuando hay que hacer un mitin; que el partido no va a cambiar nunca el régimen porque sus dirigentes se encuentran entre los beneficiarios de él.
Tal vez existan, en el interior del partido del sol azteca, algunas orejas dispuestas a escuchar estos juicios que algo tienen de hipérbole y de caricatura y que no son clamor, sino rumor sordo, exasperado y desarticulado en una población cada vez más harta de ser ciudadanía, un título cuyo refrendo anual le cuesta miles de millones de pesos. A fin de cuentas, todavía quedan en ese partido algunos o muchos que recuerdan los tiempos en los que para propugnar la transformación del país no se necesitaba de camionetas de 300 mil pesos, choferes para el cónyuge y los hijos, viajes a Europa y seguro médico con aplicación en Houston, todo ello pagado por el erario. Quedan los que no tenían problema en declinar a la competencia por candidaturas porque estaban conscientes de sus limitaciones personales y tenían disposición para reconocer las aptitudes de otros compañeros. Quedan los que abominaban de la grilla en las oficinas y preferían ir a hacer trabajo directo en los sindicatos, en las colonias, en los ejidos.
El PRI escuchó durante cuatro décadas reclamos semejantes, y más agudos –porque a las acusaciones de rateros, de corruptos y de oportunistas se ha agregado, en ocasiones, la de asesinos–, se acostumbró a ellos y optó por asumir sin complejos su propia descomposición. Candidaturas como la presidencial de 2006 y la estatal de Baja California en 2007 confirman que el Revolucionario Institucional halló un filón de imagen corporativa en sus peores lacras: el leproso le agarró gusto al arte de bailar desnudo sobre las mesas y es natural que si alguien le señala sus purulencias, responda: “Y a mucha honra”.
Por su parte, Acción Nacional, salvo memorables excepciones como la de aquel legislador del que se recuerda el mote, mas no el nombre –el dipu-table dance–, abomina de los desnudos: lo suyo es la falda, o la sotana, o la casaca militar, calada hasta el huesito. Desde luego, semejantes agregados a López Velarde son inconscientes y así se quedarán: los blanquiazules son inmunes a la autocrítica, y cuando un yunquero realiza un ejercicio de introspección, no se encuentra con su demonio interior, sino con una estampita de Cristo Rey.
Pensar es demasiado doloroso, parece recordar el discurso de Manuel Espino, y por demás innecesario para la tarea de gobernar, agrega el de Vicente Fox, el presidente más iletrado que ha tenido el país y quien, sin embargo, quiso pasar a la historia con la construcción de un elefante blanco que lo mismo habría podido ser biblioteca que pizzería o que tienda departamental: la apuesta –como se ha ido revelando después– era por una obra cuya magnitud dejara márgenes generosos y jugosos para los contratos turbios. Vuelto gobierno, el partido de la gente decente rompe marcas históricas de indecencia. Los herederos de Gómez Morín hablan como Felipe Calderón. Los que reclaman una historia partidista de luchas abnegadas por la democracia son lo más autoritario que se haya visto en décadas, y no lo son más porque el país no se deja. “Transparencia”, clamaba Fox, mientras justificaba el uso de recursos públicos para comprarle ropa a su mujer.
Así las cosas, ojalá que el PRD sea capaz de escuchar, de contemplarse en el espejo y de sacudirse a los burócratas sedientos de poder y presupuesto, a los caciques de clanes corporativos, a los simples rateros, y de aplicar en sí mismo –aunque duela– la propuesta de país ciudadano, democrático, equitativo y honesto que ha quedado reducida a un conjunto de signos cada vez menos legibles en el papel mojado de sus estatutos.
Yucatán y los derechos humanos
Luis Hernández Navarro
Unos días antes del primero de agosto de 2007, fecha en la que dejó la gubernatura de Yucatán, Patricio Patrón Laviada, publicó en el Diario Oficial del Gobierno de Yucatán el decreto 791. En él se asigna a sí mismo y a algunos de sus funcionarios vinculados con el combate al crimen organizado una escolta vitalicia a cargo del erario.
El decreto establece que el ex gobernador tendrá, por lo menos, tres escoltas escogidos por él mismo, además de armamento adecuado y sistemas de comunicación. Por supuesto, no lo consultó con el Congreso local porque “es potestad exclusiva del mandatario”.
Investigando los motivos del decreto, un periodista preguntó: “¿Tiene miedo, señor gobernador?
“–Ya lo dije: por si se requiere –respondió molesto y azotó la puerta de su camioneta.”
Ese es el tamaño del miedo de Patrón Laviada. Ese gesto sintetiza y perpetúa su administración. Durante su gestión, sus dos procuradores, en vez de perseguir al crimen organizado, le dieron protección; en vez de acabar con la impunidad de funcionarios públicos y familiares cercanos al titular del Ejecutivo, los solaparon.
Promotor de la candidatura de Felipe Calderón, nieto de la “casta divina” formada durante el porfiriato por los hacendados yucatecos, sobrino del banquero Roberto Hernández, empresario que no pasó de estudiar la secundaria, coordinador de Amigos de Fox en su estado, llegó a la gubernatura para restaurar los privilegios de la antigua oligarquía henequenera. Lo logró montado en el hastío ante el caciquismo priísta, la “ola foxista” y la consolidación del conservadurismo panista en el estado.
Derrotado su candidato a la gubernatura del estado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Patrón Laviada aguarda el momento en el que su tío lo haga nombrar secretario de Turismo. No importa que quienes lo han tratado lo describan como un personaje intolerante, inculto, incapaz, grosero y tonto. Es insustancial que las arcas públicas hayan terminado con números rojos. Lo primordial es que, como demostró durante sus seis años de gobierno, ayudó a hacer buenos negocios a sus amigos.
Patrón Laviada instaló en la entidad un gobierno comandado por una derecha facciosa y una administración cuasi-policial. Durante su mandato floreció el nepotismo, el cuatachismo y el tráfico de influencias en todas las instancias de poder. Parientes, compadres y amigos fueron favorecidos con prebendas y canonjías a costa del gobierno. Los recursos enviados con el único fin de atender desastres naturales para atender a los damnificados del huracán Isidoro fueron utilizados para formar clientelas electorales.
Oscurecida por las graves violaciones a las garantías individuales perpetradas en lugares como Atenco y Oaxaca, la situación de los derechos humanos en la entidad es lamentable: un promedio de 54 quejas mensuales por violaciones a los principios constitucionales, según Jorge Victoria Maldonado, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey).
Los principales hechos violatorios fueron: prestación indebida de los servicios públicos, detenciones arbitrarias, abusos de autoridad y violaciones al derecho a la integridad. Sintomáticamente, ningún funcionario fue sancionado por ello.
El organismo de derechos humanos Indignación caracterizó el periodo de Patrón Laviada como “La hacienda restaurada”. En el magnífico y documentado balance que efectuó sobre esa administración constata la continuidad del proyecto económico del PRI y el PAN en la entidad y afirma que se despojó a la gente “no sólo de sus derechos, sino de la posibilidad de verlos algún día garantizados, intentando arrebatar incluso su futuro”.
El equipo Indignación documentó durante 2001-2007 varios casos de represión al pueblo maya relacionados con el despojo de tierras y territorios. Lo mismo sucedió con expresiones de descontento juvenil. La intolerancia del conservadurismo regional sentó allí sus reales. “En Yucatán –aseguran los defensores de las garantías individuales– se criminalizó la protesta, la diferencia, la pobreza, la juventud, el ejercicio de derechos e incluso la defensa de éstos, mientras permanecen impunes quienes son responsables de violaciones a los derechos humanos.”
No se pudo ocultar el despojo y especulación de tierras campesinas destinadas a la construcción de un aeropuerto. Varios campesinos de Poxilá y los ejidos de Hunucmá y Umán, que denunciaron el atraco, resultaron encarcelados. También fue patente la salvaje represión que sufrieron 48 jóvenes –entre ellos varios menores– que protestaban pacíficamente en la ciudad de Mérida contra la visita de George W. Bush. Fueron detenidos arbitrariamente en la Plaza Grande por cientos de agentes de las Policía Municipal y de la Secretaría de Protección y Vialidad del estado, golpeados, maltratados, llevados a la cárcel e incomunicados.
Expresión de la ultraderecha empresarial, el gobierno de Patrón Laviada elaboró un discurso político elemental, reiterativo, lleno de adjetivos, obsesionado por el orden. “El Patronato –asegura “la hacienda restaurada” refiriéndose al periodo del ex mandatario– intentó neutralizar e ignorar el compromiso del Estado con los derechos humanos dándoles un breve espacio y desentendiéndose del compromiso de su plena vigencia.”
El informe sobre Yucatán elaborado por Indignación muestra que las violaciones a las garantías individuales en México no se limitan a unas cuantas entidades, sino que abarcan casi toda la República. Presenta asimismo el contexto que permite explicar por qué el hoy ex gobernador se asignó una escolta vitalicia. Evidencia, además, el poco respeto que los “decentes” gobiernos de Acción Nacional en todo el país tienen hacia los derechos humanos de los de abajo.
Unos días antes del primero de agosto de 2007, fecha en la que dejó la gubernatura de Yucatán, Patricio Patrón Laviada, publicó en el Diario Oficial del Gobierno de Yucatán el decreto 791. En él se asigna a sí mismo y a algunos de sus funcionarios vinculados con el combate al crimen organizado una escolta vitalicia a cargo del erario.
El decreto establece que el ex gobernador tendrá, por lo menos, tres escoltas escogidos por él mismo, además de armamento adecuado y sistemas de comunicación. Por supuesto, no lo consultó con el Congreso local porque “es potestad exclusiva del mandatario”.
Investigando los motivos del decreto, un periodista preguntó: “¿Tiene miedo, señor gobernador?
“–Ya lo dije: por si se requiere –respondió molesto y azotó la puerta de su camioneta.”
Ese es el tamaño del miedo de Patrón Laviada. Ese gesto sintetiza y perpetúa su administración. Durante su gestión, sus dos procuradores, en vez de perseguir al crimen organizado, le dieron protección; en vez de acabar con la impunidad de funcionarios públicos y familiares cercanos al titular del Ejecutivo, los solaparon.
Promotor de la candidatura de Felipe Calderón, nieto de la “casta divina” formada durante el porfiriato por los hacendados yucatecos, sobrino del banquero Roberto Hernández, empresario que no pasó de estudiar la secundaria, coordinador de Amigos de Fox en su estado, llegó a la gubernatura para restaurar los privilegios de la antigua oligarquía henequenera. Lo logró montado en el hastío ante el caciquismo priísta, la “ola foxista” y la consolidación del conservadurismo panista en el estado.
Derrotado su candidato a la gubernatura del estado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Patrón Laviada aguarda el momento en el que su tío lo haga nombrar secretario de Turismo. No importa que quienes lo han tratado lo describan como un personaje intolerante, inculto, incapaz, grosero y tonto. Es insustancial que las arcas públicas hayan terminado con números rojos. Lo primordial es que, como demostró durante sus seis años de gobierno, ayudó a hacer buenos negocios a sus amigos.
Patrón Laviada instaló en la entidad un gobierno comandado por una derecha facciosa y una administración cuasi-policial. Durante su mandato floreció el nepotismo, el cuatachismo y el tráfico de influencias en todas las instancias de poder. Parientes, compadres y amigos fueron favorecidos con prebendas y canonjías a costa del gobierno. Los recursos enviados con el único fin de atender desastres naturales para atender a los damnificados del huracán Isidoro fueron utilizados para formar clientelas electorales.
Oscurecida por las graves violaciones a las garantías individuales perpetradas en lugares como Atenco y Oaxaca, la situación de los derechos humanos en la entidad es lamentable: un promedio de 54 quejas mensuales por violaciones a los principios constitucionales, según Jorge Victoria Maldonado, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey).
Los principales hechos violatorios fueron: prestación indebida de los servicios públicos, detenciones arbitrarias, abusos de autoridad y violaciones al derecho a la integridad. Sintomáticamente, ningún funcionario fue sancionado por ello.
El organismo de derechos humanos Indignación caracterizó el periodo de Patrón Laviada como “La hacienda restaurada”. En el magnífico y documentado balance que efectuó sobre esa administración constata la continuidad del proyecto económico del PRI y el PAN en la entidad y afirma que se despojó a la gente “no sólo de sus derechos, sino de la posibilidad de verlos algún día garantizados, intentando arrebatar incluso su futuro”.
El equipo Indignación documentó durante 2001-2007 varios casos de represión al pueblo maya relacionados con el despojo de tierras y territorios. Lo mismo sucedió con expresiones de descontento juvenil. La intolerancia del conservadurismo regional sentó allí sus reales. “En Yucatán –aseguran los defensores de las garantías individuales– se criminalizó la protesta, la diferencia, la pobreza, la juventud, el ejercicio de derechos e incluso la defensa de éstos, mientras permanecen impunes quienes son responsables de violaciones a los derechos humanos.”
No se pudo ocultar el despojo y especulación de tierras campesinas destinadas a la construcción de un aeropuerto. Varios campesinos de Poxilá y los ejidos de Hunucmá y Umán, que denunciaron el atraco, resultaron encarcelados. También fue patente la salvaje represión que sufrieron 48 jóvenes –entre ellos varios menores– que protestaban pacíficamente en la ciudad de Mérida contra la visita de George W. Bush. Fueron detenidos arbitrariamente en la Plaza Grande por cientos de agentes de las Policía Municipal y de la Secretaría de Protección y Vialidad del estado, golpeados, maltratados, llevados a la cárcel e incomunicados.
Expresión de la ultraderecha empresarial, el gobierno de Patrón Laviada elaboró un discurso político elemental, reiterativo, lleno de adjetivos, obsesionado por el orden. “El Patronato –asegura “la hacienda restaurada” refiriéndose al periodo del ex mandatario– intentó neutralizar e ignorar el compromiso del Estado con los derechos humanos dándoles un breve espacio y desentendiéndose del compromiso de su plena vigencia.”
El informe sobre Yucatán elaborado por Indignación muestra que las violaciones a las garantías individuales en México no se limitan a unas cuantas entidades, sino que abarcan casi toda la República. Presenta asimismo el contexto que permite explicar por qué el hoy ex gobernador se asignó una escolta vitalicia. Evidencia, además, el poco respeto que los “decentes” gobiernos de Acción Nacional en todo el país tienen hacia los derechos humanos de los de abajo.
La Maestra
José Blanco
El corporativismo es un hecho social que desde que apareció en la Edad Media ha vivido crisis severas y recuperaciones frondosas: a veces se enconcha en los intersticios de la sociedad y, cuando se le abre alguna puerta, sale a la superficie, siempre bajo formas renovadas, buscando alcanzar el mayor poder.
No estoy haciendo una hipóstasis del corporativismo; aludo al hecho de las analogías que pueden hallarse en formas de organización social diversas, con propósitos de fondo similares, en un tramo sumamente largo de la historia medieval y capitalista.
Acaso la primera gran crítica del corporativismo se la debemos a la economía clásica: el corporativismo cancela el desarrollo económico.
En general, el corporativismo pretende acabar con todo interés intermediario entre el interés particular del individuo y el interés general del Estado; es, en tal sentido, incompatible con el proceso de modernización del sistema político; es, además, un férreo obstáculo a la industrialización, que exige la ruptura del rígido tejido corporativo, impermeable al dinamismo productivo y la innovación tecnológica.
Las nuevas formas de asociación que surgen con la revolución industrial se basan no en la conciliación de los intereses y su acumulación en un orden institucional orgánico, sino en el conflicto entre los intereses y en la lucha de clases. Esta lucha es una conflictualidad altamente productiva y modernizante. El enfrentamiento, en el marco de un Estado democrático, entre el salario y el capital –o entre los sindicatos no espurios, sino reales y los capitalistas– devino la principal palanca del desarrollo tecnológico.
Al borrar del mapa a la oligarquía porfirista, la Revolución Mexicana impulsó un proceso social, político y militar, que derrota política y militarmente a los ejércitos populares de Villa y Zapata, y debe después conciliar los intereses no sólo de los derrotados, sino también los de las distintas fracciones victoriosas (encarnados en los muchos generales). Ello dio pie al desarrollo de un Estado con fuerte componente corporativo.
Los cuerpos dirigentes sindicales se añadieron a las elites políticas que monopolizaron por décadas el poder del Estado, al tiempo que se alejaron, se desprendieron de sus representados, pero reteniendo las riendas del control sobre los mismos. En adelante el interés de esos cuerpos dirigentes será el poder del Estado, por conducto del partido casi-único, no la materia laboral de los trabajadores. Desde luego que no pueden desentenderse del interés de los asalariados, sólo que éste es manipulado en función del interés del partido cuasi único y del Estado cuasi corporativo.
Les interesará, por tanto, no sólo refinar y ampliar los mecanismos de control sobre los asalariados, sino inmiscuirse hasta el fondo en los asuntos sustantivos de las instituciones y organismos donde trabajan sus “representados”: un retrato hablado del SNTE (y de otros muchos sindicatos).
El pasado mes de junio la Maestra entregó al presidente Calderón la propuesta educativa del SNTE. Un ¡ufff! desinflante debió oírse a lo largo y ancho de la República: el corporativismo vivito y coleando a las órdenes de la cúspide del poder. Más allá de la bronca de la presidenta del comité ejecutivo del sindicato magisterial con su partido, más allá de la crisis del PRI, más allá de la pérdida del poder por ese partido, quienes creímos que con la muerte del presidencialismo priísta moriría rápidamente también el nefasto corporativismo mexicano nos equivocamos de medio a medio.
Pero han empezado a ocurrir cosas. A fines de julio, en una entrevista con el periodista Raymundo Riva Palacio, doña Vitalicia dijo que Josefina Vázquez Mota “no sabe nada de educación”. La responsable de la SEP no se subió al ring, pero declaró que la calificación más importante y la de calidad es la de los ciudadanos.
Nada perezoso en la política, el “secretario general” del sindicato, Rafael Ochoa, se sumó a doña Vitalicia y opinó que a Vázquez Mota seguramente “le gusta acumular papeles en su escritorio, ya que no ha dado respuesta a infinidad de peticiones (del sindicato)”; en diversos momentos ha agregado que “las propuestas del sindicato no son atendidas por la SEP”, y que “no hay voluntad ni sensibilidad para establecer compromisos” entre el SNTE y la SEP.
Hay diversas lecturas sobre estos hechos. Una dice que hay una ruptura entre las elites políticas. Otra, que Gordillo ha estado cobrando las facturas de sus servicios, pero que quiere la SEP entera. Otra, que nunca antes la Maestra tuvo un repudio tan grande del PRI y del PRD y una tan horrible vergüenza del PAN por contar con una aliada tan impresentable. Unos más advierten que los miembros del SNTE absorben 90 por ciento del presupuesto de educación, cobran el equivalente a 466 días del año y descansan 90 (concediendo que los días que asisten, trabajan), mientras la educación se deteriora, todo lo cual es parte de la explicación de que la Maestra haya acumulado más odio social que Madrazo y que cualquier otro personaje de la política mexicana, incluido Salinas.
Vázquez Mota ha dicho, en el contexto de los obuses gordillos, “que tenemos 32 millones de alumnos que esperan respuestas concretas en calidad, en transparencia, en rendición de cuentas y también en equidad”: es decir, que algo tiene que ver el SNTE con este estado lamentable de cosas. En alguna de sus recientes declaraciones la titular de la SEP externó su disposición al diálogo con el sindicato, pero subrayó que ocurrirá al respecto de las relaciones laborales.
Sí hay una ruptura en las elites políticas; pero hay rupturas altamente benéficas para el país. Si reducir el SNTE al ámbito del que nunca debió salir (las relaciones laborales) implica el comienzo del fin de un corporativismo nefasto, debemos externar un sonoro ¡hurra! nacional. Ojalá de eso se trate. El interés de los profesores y el de la dirigencia sindical están ortogonalmente dispuestos: no es lo mismo hablar con unos que con la otra.
El corporativismo es un hecho social que desde que apareció en la Edad Media ha vivido crisis severas y recuperaciones frondosas: a veces se enconcha en los intersticios de la sociedad y, cuando se le abre alguna puerta, sale a la superficie, siempre bajo formas renovadas, buscando alcanzar el mayor poder.
No estoy haciendo una hipóstasis del corporativismo; aludo al hecho de las analogías que pueden hallarse en formas de organización social diversas, con propósitos de fondo similares, en un tramo sumamente largo de la historia medieval y capitalista.
Acaso la primera gran crítica del corporativismo se la debemos a la economía clásica: el corporativismo cancela el desarrollo económico.
En general, el corporativismo pretende acabar con todo interés intermediario entre el interés particular del individuo y el interés general del Estado; es, en tal sentido, incompatible con el proceso de modernización del sistema político; es, además, un férreo obstáculo a la industrialización, que exige la ruptura del rígido tejido corporativo, impermeable al dinamismo productivo y la innovación tecnológica.
Las nuevas formas de asociación que surgen con la revolución industrial se basan no en la conciliación de los intereses y su acumulación en un orden institucional orgánico, sino en el conflicto entre los intereses y en la lucha de clases. Esta lucha es una conflictualidad altamente productiva y modernizante. El enfrentamiento, en el marco de un Estado democrático, entre el salario y el capital –o entre los sindicatos no espurios, sino reales y los capitalistas– devino la principal palanca del desarrollo tecnológico.
Al borrar del mapa a la oligarquía porfirista, la Revolución Mexicana impulsó un proceso social, político y militar, que derrota política y militarmente a los ejércitos populares de Villa y Zapata, y debe después conciliar los intereses no sólo de los derrotados, sino también los de las distintas fracciones victoriosas (encarnados en los muchos generales). Ello dio pie al desarrollo de un Estado con fuerte componente corporativo.
Los cuerpos dirigentes sindicales se añadieron a las elites políticas que monopolizaron por décadas el poder del Estado, al tiempo que se alejaron, se desprendieron de sus representados, pero reteniendo las riendas del control sobre los mismos. En adelante el interés de esos cuerpos dirigentes será el poder del Estado, por conducto del partido casi-único, no la materia laboral de los trabajadores. Desde luego que no pueden desentenderse del interés de los asalariados, sólo que éste es manipulado en función del interés del partido cuasi único y del Estado cuasi corporativo.
Les interesará, por tanto, no sólo refinar y ampliar los mecanismos de control sobre los asalariados, sino inmiscuirse hasta el fondo en los asuntos sustantivos de las instituciones y organismos donde trabajan sus “representados”: un retrato hablado del SNTE (y de otros muchos sindicatos).
El pasado mes de junio la Maestra entregó al presidente Calderón la propuesta educativa del SNTE. Un ¡ufff! desinflante debió oírse a lo largo y ancho de la República: el corporativismo vivito y coleando a las órdenes de la cúspide del poder. Más allá de la bronca de la presidenta del comité ejecutivo del sindicato magisterial con su partido, más allá de la crisis del PRI, más allá de la pérdida del poder por ese partido, quienes creímos que con la muerte del presidencialismo priísta moriría rápidamente también el nefasto corporativismo mexicano nos equivocamos de medio a medio.
Pero han empezado a ocurrir cosas. A fines de julio, en una entrevista con el periodista Raymundo Riva Palacio, doña Vitalicia dijo que Josefina Vázquez Mota “no sabe nada de educación”. La responsable de la SEP no se subió al ring, pero declaró que la calificación más importante y la de calidad es la de los ciudadanos.
Nada perezoso en la política, el “secretario general” del sindicato, Rafael Ochoa, se sumó a doña Vitalicia y opinó que a Vázquez Mota seguramente “le gusta acumular papeles en su escritorio, ya que no ha dado respuesta a infinidad de peticiones (del sindicato)”; en diversos momentos ha agregado que “las propuestas del sindicato no son atendidas por la SEP”, y que “no hay voluntad ni sensibilidad para establecer compromisos” entre el SNTE y la SEP.
Hay diversas lecturas sobre estos hechos. Una dice que hay una ruptura entre las elites políticas. Otra, que Gordillo ha estado cobrando las facturas de sus servicios, pero que quiere la SEP entera. Otra, que nunca antes la Maestra tuvo un repudio tan grande del PRI y del PRD y una tan horrible vergüenza del PAN por contar con una aliada tan impresentable. Unos más advierten que los miembros del SNTE absorben 90 por ciento del presupuesto de educación, cobran el equivalente a 466 días del año y descansan 90 (concediendo que los días que asisten, trabajan), mientras la educación se deteriora, todo lo cual es parte de la explicación de que la Maestra haya acumulado más odio social que Madrazo y que cualquier otro personaje de la política mexicana, incluido Salinas.
Vázquez Mota ha dicho, en el contexto de los obuses gordillos, “que tenemos 32 millones de alumnos que esperan respuestas concretas en calidad, en transparencia, en rendición de cuentas y también en equidad”: es decir, que algo tiene que ver el SNTE con este estado lamentable de cosas. En alguna de sus recientes declaraciones la titular de la SEP externó su disposición al diálogo con el sindicato, pero subrayó que ocurrirá al respecto de las relaciones laborales.
Sí hay una ruptura en las elites políticas; pero hay rupturas altamente benéficas para el país. Si reducir el SNTE al ámbito del que nunca debió salir (las relaciones laborales) implica el comienzo del fin de un corporativismo nefasto, debemos externar un sonoro ¡hurra! nacional. Ojalá de eso se trate. El interés de los profesores y el de la dirigencia sindical están ortogonalmente dispuestos: no es lo mismo hablar con unos que con la otra.
El Plan México: militarización, daños colaterales y soberanía
Carlos Fazio
Tras varios meses de incertidumbre, el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, confirmó a mediados de agosto, que en el marco de la “guerra” a las drogas, el crimen organizado y el terrorismo, México y Estados Unidos vienen negociando un multimillonario paquete de seguridad similar al Plan Colombia. Sin revelar mayores datos, dijo que “algo tarde o temprano se aplicará” en México y que la asistencia estadunidense superará los alcances del Plan Colombia. Admitió, también, que el acuerdo contempla cursos de capacitación y el suministro de equipo y tecnología militar.
Las declaraciones del funcionario se produjeron un día después de que el Departamento de Estado estadunidense confirmó al diario The Washington Post que el plan de ayuda, estimado entre 700 y mil 200 millones de dólares para los dos primeros años de ejecución, incluiría tecnología para espionaje y vigilancia –entre la cual destacan equipos para intercepciones telefónicas y radares para rastrear envíos de traficantes por aire–, aeronaves para transportar grupos de elite, así como “diversos tipos” de entrenamiento militar y policial. Incluso, algunas fuentes mencionaron que se estaría negociando la “donación” de siete helicópteros Black Hawk artillados, ideales para el transporte de las tropas, y un incremento de recursos para el desarrollo de centrales de inteligencia.
Medina Mora, quien eludió referirse al contenido del plan –mismo que ha sido manejado por el gobierno mexicano en medio del mayor sigilo–, aseguró que “no habrá, bajo ninguna circunstancia, una injerencia externa” y que “la conducción operacional” estará a cargo de efectivos mexicanos. Los señalamientos del procurador general de México fueron una respuesta implícita a la información proporcionada por The Washington Post, según la cual quedan por definir algunos “puntos delicados”, en particular lo que tiene que ver con la presencia de instructores militares estadunidenses en territorio mexicano.
Rodeada de gran secreto, la negociación de lo que ha dado en llamarse Plan México se inició en enero pasado e involucra a distintas instancias del gobierno estadunidense (los departamentos de Estado y de Justicia, la Secretaría de Seguridad Interna, el Pentágono, la CIA, la FBI, la agencia antidrogas DEA) y al Congreso, y a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina de Guerra, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) por la parte mexicana. El plan fue afinado en marzo pasado, durante la visita del presidente Bush a Mérida, y en mayo funcionarios mexicanos del área de seguridad se reunieron en Washington con la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, y fijaron los términos de un memorando de entendimiento, que contendría objetivos, metas, mecanismos y recursos.
Desde un principio quedó establecido que los costos de la “colaboración” correrán por cuenta de Washington y, pese a los desmentidos de Medina Mora y de la canciller de México, Patricia Espinosa, se trata de asistencia militar y policial condicionada. Dados los elevados montos de la subvención, que podría ascender a mil 200 millones de dólares en los primeros dos años –cifra varias veces superior a los 45.67 millones de dólares de la ayuda antinarcóticos y antiterrorista de los acuerdos bilaterales vigentes–, el presidente Bush se verá obligado a llevar la aprobación de los fondos a votación del Congreso, en el corto periodo que se abre en septiembre. El mecanismo extraordinario para asignar recursos por fuera del presupuesto regular, conocido como “suplemento de emergencia”, sería similar al utilizado por el presidente Bill Clinton en 2000, cuando solicitó mil 300 millones para dar inicio al Plan Colombia. En función de ello, el Plan México, igual que ocurre en Colombia, quedaría sujeto al escrutinio de los legisladores de Estados Unidos.
Asistencia militar: mitos y realidades
En total sintonía con Medina Mora y la canciller Espinosa, analistas mexicanos con acceso a fuentes de inteligencia han puesto énfasis en que, a diferencia del Plan Colombia, el mecanismo de colaboración bilateral entre México y Estados Unidos no prevé la operación directa en el territorio nacional de técnicos, instructores y asesores del Pentágono –y de las otras agencias que intervienen en el proyecto de manera pública o encubierta– en las tareas de capacitación y entrenamiento de soldados y policías mexicanos. Sin embargo, de hecho eso ya ocurre y está documentado en los casos de la DEA y la FBI, y las otras instancias lo hacen mediante asesores de las empresas privadas de seguridad subcontratadas por la Secretaría de Defensa o el Departamento de Estado y/o de las compañías de armamento que proveen los equipos y tienen estrechos vínculos con el Pentágono y la comunidad de inteligencia estadunidense.
La estrategia del Plan Colombia, donde 80 por ciento de los 4 mil 800 millones de dólares canalizados en los pasados siete años se ha destinado a las fuerzas armadas, incluyendo la capacitación y dotación de recursos (armamento y helicópteros Black Hawk) para la creación de brigadas de aproximadamente 2 mil 600 soldados, permite que 500 militares estadunidenses estén estacionados en distintas bases castrenses del país y capaciten efectivos locales en el territorio colombiano, a lo que se suman unos 4 mil “contratistas privados” (mercenarios) subcontratados por el Pentágono para realizar tareas de espionaje y entrenamiento de personal militar.
Más allá de los señalamientos oficiales de que no se permitirá una injerencia militar y policial estadunidense en México, es bien conocido que el abastecimiento de tecnología represiva a los regímenes autoritarios en el extranjero es un producto intencional y coherente, y no periférico o accidental, de la diplomacia de guerra de Washington. En los años 60 del siglo pasado, los llamados Documentos del Pentágono y otros informes desclasificados confirmaron que Vietnam del Sur había sido elegida como “campo de prueba” para ensayar la efectividad de la naciente estrategia de contrainsurgencia de la administración Kennedy.
Desde entonces, como parte de una estrategia global pos-Vietnam y con el pretexto de fortalecer las defensas del “mundo libre” frente a la “amenaza comunista” –enemigo elusivo y a modo sustituido después por las “guerras” a las drogas y al terrorismo que llegan hasta nuestros días–, distintos inquilinos de la Casa Blanca, en colusión con grandes empresarios del complejo militar industrial, utilizaron el Programa de Ayuda Militar, el Programa de Ventas Militares al Extranjero y el Programa de Control de Narcóticos como mecanismos de penetración de los gobiernos, los ejércitos y las policías de los países del tercer mundo.
Junto a la relación de influencia política-dependencia que se establece entre el país vendedor y el país comprador de tecnología y equipo militar y de seguridad, el contacto entre las elites castrenses y policiales derivado de este tipo de convenios permite al proveedor (la mancuerna Pentágono/industria de defensa), a través de los programas de entrenamiento, contratos de servicios y mantenimiento y asistencia técnica, establecer relaciones interinstitucionales y personales duraderas con jefes militares y policiales de alto rango del país anfitrión o receptor de la ayuda, lo que en su larga historia de vínculos con América Latina llevó a Estados Unidos a instaurar relaciones de poder y a involucrarse de manera directa en procesos de desestabilización, golpes de Estado, operaciones encubiertas y guerras de baja intensidad.
La ventaja política que se deriva para el vendedor de armamento y tecnología castrense es de simple comprensión. La mayoría de los armamentos modernos necesitan partes de recambio y asistencia en el entrenamiento y mantenimiento que únicamente pueden obtenerse del productor. Cuando más complicada es el arma, más dependiente llega a ser el comprador de los servicios técnicos facilitados por el proveedor. Y como esos servicios se requieren a lo largo de toda la vida útil del producto (por ejemplo 15-20 años en materia de aviación), un convenio de armamento normalmente tiende a vincular políticamente al receptor con el donante durante ese tiempo, si se quiere mantener cierta continuidad en la efectividad militar.
William Perreault, ex vicepresidente de Lockheed –compañía que durante la guerra fría vendió decenas de Hercules C-130 a países latinoamericanos–, decía que “cuando se compra un avión, se compra también un proveedor y una línea de abastecimiento; en otras palabras, se compra un socio político”. A causa de la complejidad de la aviación moderna, explicó, “con sólo una pequeña pieza que no funcione, todo va mal” y el avión debe quedarse en tierra hasta que se sustituya. Eso fue lo que le ocurrió a México con la donación estadunidense de 73 helicópteros Huey al gobierno de Ernesto Zedillo en 1997; muy pronto la mayoría de los aparatos quedaron fuera de servicio e incluso varios se desplomaron, ocasionando la muerte de sus tripulantes. Eso es lo que podría pasar si, finalmente, de aprobarse el paquete, Estados Unidos provee a México helicópteros Black Hawk o Sikosky y aviones Citation, como ha solicitado la Sedena.
Tras varios meses de incertidumbre, el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, confirmó a mediados de agosto, que en el marco de la “guerra” a las drogas, el crimen organizado y el terrorismo, México y Estados Unidos vienen negociando un multimillonario paquete de seguridad similar al Plan Colombia. Sin revelar mayores datos, dijo que “algo tarde o temprano se aplicará” en México y que la asistencia estadunidense superará los alcances del Plan Colombia. Admitió, también, que el acuerdo contempla cursos de capacitación y el suministro de equipo y tecnología militar.
Las declaraciones del funcionario se produjeron un día después de que el Departamento de Estado estadunidense confirmó al diario The Washington Post que el plan de ayuda, estimado entre 700 y mil 200 millones de dólares para los dos primeros años de ejecución, incluiría tecnología para espionaje y vigilancia –entre la cual destacan equipos para intercepciones telefónicas y radares para rastrear envíos de traficantes por aire–, aeronaves para transportar grupos de elite, así como “diversos tipos” de entrenamiento militar y policial. Incluso, algunas fuentes mencionaron que se estaría negociando la “donación” de siete helicópteros Black Hawk artillados, ideales para el transporte de las tropas, y un incremento de recursos para el desarrollo de centrales de inteligencia.
Medina Mora, quien eludió referirse al contenido del plan –mismo que ha sido manejado por el gobierno mexicano en medio del mayor sigilo–, aseguró que “no habrá, bajo ninguna circunstancia, una injerencia externa” y que “la conducción operacional” estará a cargo de efectivos mexicanos. Los señalamientos del procurador general de México fueron una respuesta implícita a la información proporcionada por The Washington Post, según la cual quedan por definir algunos “puntos delicados”, en particular lo que tiene que ver con la presencia de instructores militares estadunidenses en territorio mexicano.
Rodeada de gran secreto, la negociación de lo que ha dado en llamarse Plan México se inició en enero pasado e involucra a distintas instancias del gobierno estadunidense (los departamentos de Estado y de Justicia, la Secretaría de Seguridad Interna, el Pentágono, la CIA, la FBI, la agencia antidrogas DEA) y al Congreso, y a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina de Guerra, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) por la parte mexicana. El plan fue afinado en marzo pasado, durante la visita del presidente Bush a Mérida, y en mayo funcionarios mexicanos del área de seguridad se reunieron en Washington con la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, y fijaron los términos de un memorando de entendimiento, que contendría objetivos, metas, mecanismos y recursos.
Desde un principio quedó establecido que los costos de la “colaboración” correrán por cuenta de Washington y, pese a los desmentidos de Medina Mora y de la canciller de México, Patricia Espinosa, se trata de asistencia militar y policial condicionada. Dados los elevados montos de la subvención, que podría ascender a mil 200 millones de dólares en los primeros dos años –cifra varias veces superior a los 45.67 millones de dólares de la ayuda antinarcóticos y antiterrorista de los acuerdos bilaterales vigentes–, el presidente Bush se verá obligado a llevar la aprobación de los fondos a votación del Congreso, en el corto periodo que se abre en septiembre. El mecanismo extraordinario para asignar recursos por fuera del presupuesto regular, conocido como “suplemento de emergencia”, sería similar al utilizado por el presidente Bill Clinton en 2000, cuando solicitó mil 300 millones para dar inicio al Plan Colombia. En función de ello, el Plan México, igual que ocurre en Colombia, quedaría sujeto al escrutinio de los legisladores de Estados Unidos.
Asistencia militar: mitos y realidades
En total sintonía con Medina Mora y la canciller Espinosa, analistas mexicanos con acceso a fuentes de inteligencia han puesto énfasis en que, a diferencia del Plan Colombia, el mecanismo de colaboración bilateral entre México y Estados Unidos no prevé la operación directa en el territorio nacional de técnicos, instructores y asesores del Pentágono –y de las otras agencias que intervienen en el proyecto de manera pública o encubierta– en las tareas de capacitación y entrenamiento de soldados y policías mexicanos. Sin embargo, de hecho eso ya ocurre y está documentado en los casos de la DEA y la FBI, y las otras instancias lo hacen mediante asesores de las empresas privadas de seguridad subcontratadas por la Secretaría de Defensa o el Departamento de Estado y/o de las compañías de armamento que proveen los equipos y tienen estrechos vínculos con el Pentágono y la comunidad de inteligencia estadunidense.
La estrategia del Plan Colombia, donde 80 por ciento de los 4 mil 800 millones de dólares canalizados en los pasados siete años se ha destinado a las fuerzas armadas, incluyendo la capacitación y dotación de recursos (armamento y helicópteros Black Hawk) para la creación de brigadas de aproximadamente 2 mil 600 soldados, permite que 500 militares estadunidenses estén estacionados en distintas bases castrenses del país y capaciten efectivos locales en el territorio colombiano, a lo que se suman unos 4 mil “contratistas privados” (mercenarios) subcontratados por el Pentágono para realizar tareas de espionaje y entrenamiento de personal militar.
Más allá de los señalamientos oficiales de que no se permitirá una injerencia militar y policial estadunidense en México, es bien conocido que el abastecimiento de tecnología represiva a los regímenes autoritarios en el extranjero es un producto intencional y coherente, y no periférico o accidental, de la diplomacia de guerra de Washington. En los años 60 del siglo pasado, los llamados Documentos del Pentágono y otros informes desclasificados confirmaron que Vietnam del Sur había sido elegida como “campo de prueba” para ensayar la efectividad de la naciente estrategia de contrainsurgencia de la administración Kennedy.
Desde entonces, como parte de una estrategia global pos-Vietnam y con el pretexto de fortalecer las defensas del “mundo libre” frente a la “amenaza comunista” –enemigo elusivo y a modo sustituido después por las “guerras” a las drogas y al terrorismo que llegan hasta nuestros días–, distintos inquilinos de la Casa Blanca, en colusión con grandes empresarios del complejo militar industrial, utilizaron el Programa de Ayuda Militar, el Programa de Ventas Militares al Extranjero y el Programa de Control de Narcóticos como mecanismos de penetración de los gobiernos, los ejércitos y las policías de los países del tercer mundo.
Junto a la relación de influencia política-dependencia que se establece entre el país vendedor y el país comprador de tecnología y equipo militar y de seguridad, el contacto entre las elites castrenses y policiales derivado de este tipo de convenios permite al proveedor (la mancuerna Pentágono/industria de defensa), a través de los programas de entrenamiento, contratos de servicios y mantenimiento y asistencia técnica, establecer relaciones interinstitucionales y personales duraderas con jefes militares y policiales de alto rango del país anfitrión o receptor de la ayuda, lo que en su larga historia de vínculos con América Latina llevó a Estados Unidos a instaurar relaciones de poder y a involucrarse de manera directa en procesos de desestabilización, golpes de Estado, operaciones encubiertas y guerras de baja intensidad.
La ventaja política que se deriva para el vendedor de armamento y tecnología castrense es de simple comprensión. La mayoría de los armamentos modernos necesitan partes de recambio y asistencia en el entrenamiento y mantenimiento que únicamente pueden obtenerse del productor. Cuando más complicada es el arma, más dependiente llega a ser el comprador de los servicios técnicos facilitados por el proveedor. Y como esos servicios se requieren a lo largo de toda la vida útil del producto (por ejemplo 15-20 años en materia de aviación), un convenio de armamento normalmente tiende a vincular políticamente al receptor con el donante durante ese tiempo, si se quiere mantener cierta continuidad en la efectividad militar.
William Perreault, ex vicepresidente de Lockheed –compañía que durante la guerra fría vendió decenas de Hercules C-130 a países latinoamericanos–, decía que “cuando se compra un avión, se compra también un proveedor y una línea de abastecimiento; en otras palabras, se compra un socio político”. A causa de la complejidad de la aviación moderna, explicó, “con sólo una pequeña pieza que no funcione, todo va mal” y el avión debe quedarse en tierra hasta que se sustituya. Eso fue lo que le ocurrió a México con la donación estadunidense de 73 helicópteros Huey al gobierno de Ernesto Zedillo en 1997; muy pronto la mayoría de los aparatos quedaron fuera de servicio e incluso varios se desplomaron, ocasionando la muerte de sus tripulantes. Eso es lo que podría pasar si, finalmente, de aprobarse el paquete, Estados Unidos provee a México helicópteros Black Hawk o Sikosky y aviones Citation, como ha solicitado la Sedena.
Lo falso y lo cierto de Téllez
Carlos Fernández-Vega
No se darán concesiones carreteras a quienes ya las tuvieron, prometió en marzo
En agosto hizo lo contrario
Con el rigor científico que lo caracteriza, Luis Téllez, ahora en funciones de Secretario de Comunicaciones y Transportes, ha sido convocado por la Comisión Permanente del Congreso para que a sus integrantes detalle lo “falso” y lo cierto del rescate carretero, el Farac, y la (tercera) “nueva” etapa de concesiones al capital privado.
Entre lo “falso” que deberá detallar se cuenta lo que a senadores de la República dijo el pasado 14 de marzo: “no se darán concesiones carreteras a quienes ya las tuvieron… es falso que las autopistas retornen a los concesionarios originales”, porque sus empresas fueron “rescatadas” por el gobierno federal, amén que “muchos de ellos no cumplen” con “el requisito” legal.
Y entre lo cierto, lo que el pasado 6 de agosto, en conferencia de prensa, informó: el ganador de la primera licitación de la “nueva” etapa de concesiones carreteras fue ICA, asociado con Goldman Sachs o, lo que es lo mismo, el concesionario original, con Salinas de Gortari, de los tramos “rescatados” por el gobierno de Zedillo y que hoy regresan a su inventario, a pesar de no cumplir con el “requisito”.
También tendrá que explicar, junto con el director de Banobras, Alonso García Tamés, la magia numérica del Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (Farac), pues sus pasivos reportan un espeluznante incremento de 210 por ciento en sus diez años de fértil existencia: de poco más de 58 mil millones de pesos en 1997, a estas alturas acumula alrededor de 180 mil 300 millones, a pesar del creciente uso de recursos públicos para “reducirlos”.
No hay que dejar de lado que en agosto de 1997, inicio oficial del “salvamento”, el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes Carlos Ruiz Sacristán, reconoció que con el “rescate” carretero puesto en marcha por el gobierno zedillista “se asumirán pasivos por casi 60 mil millones de pesos y un costo fiscal cercano a 19 mil millones; el costo fiscal se absorberá en el largo plazo”.
Pero una década después, amén de la magia numérica del Farac, apareció el mago Téllez, quien como nuevo secretario del despacho en el gobierno calderonista, no sólo justifica la reprivatización, sino que jura que “no se han utilizado recursos fiscales para el rescate carretero; con ingresos propios ha sido posible operarlas y mantener” las autopistas involucradas. Lo único cierto es que con este personaje en la oficina principal de la SCT los pasivos de tal fideicomiso pasaron de poco más de 178 mil, a 180 mil 300 millones de pesos, y eso que todavía no acude a la Comisión Permanente.
En tiempos del “cambio”, el saldo de los pasivos del Farac creció a 102 mil 700 a 178 mil 300 millones de pesos, entre otras causas por un segundo “rescate” carretero autorizado por el de las ideas cortas y la lengua larga. Todo, desde luego, a costillas de los contribuyentes. Es tal el desastre administrativo del fideicomiso, que la propia Auditoría Superior de la Federación ha reclamado no sólo por las interminables adendas al “rescate” original, sino por la “carencia de bases contables razonables y de formulación de estados financieros”.
En fin, al mago Téllez se le presenta una excelente oportunidad para detallar lo “falso” y lo cierto del “rescate” carretero, la (tercera) “nueva etapa de concesiones y el Farac, junto con el alegre crecimiento de los fondos públicos destinados al “salvamento” del capital privado involucrado en este jugosísimo negocio.
En vía de mientras, un rápido recorrido por el “rescate”, cortesía de la Cámara de Diputados: en 1997 la deuda bancaria por el Programa de Rescate Carretero que asumió el gobierno federal ascendió a más de 36 mil millones de pesos, más alrededor de 22 mil que se canalizaron al pago de indemnización de los participantes mediante los PIC’s –para liquidar las cuentas por pagar de los proyectos–, para lo cual se constituyó en Banobras el Farac, en el que el primero actuó a su vez como fideicomitente y fiduciario, lo cual no está permitido por la ley.
El costo total del “rescate” carretero realizado por el gobierno federal en agosto de 1997 creció 206.7 por ciento entre esa fecha y el cierre de 2006, al pasar de 58 mil 123 millones de pesos a 178 mil 289.4 millones (ahora 180 mil 300 millones), y que para ese último año representa 78 por ciento del total del saldo de las obligaciones garantizadas por el gobierno federal.
Se estima que al pago de intereses del “rescate” carretero se han destinado 98 mil 735 millones de pesos en el periodo 1997-2007, los cuales se han registrado dentro del gasto no programable. Así, de cada peso del erario que se ha involucrado en este “salvamento”, 55 centavos se dirigió al pago de intereses.
En busca de garantizar el pago del “rescate” carretero, señala la Cámara de Diputados, el gobierno federal ha tenido que destinar importantes recursos presupuestales y, además, de manera irregular, entregar al Farac, para elevar sus ingresos, los 10 tramos carreteros más rentables, entre ellos las autopistas México-Cuernavaca, México-Querétaro y Querétaro-Irapuato.
Lo mejor del caso es que entramos de lleno a la (tercera) “nueva” etapa de concesiones carreteras, otorgándoselas a quienes las tronaron una década atrás.
Las rebanadas del pastel
Al Banco Mundial le inquieta saber por qué “los 13 años transcurridos desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte han sido poco favorables para los mexicanos”. Bueno, porque, entre otras cosas, sólo 601 empresas se quedan con 77 por ciento del valor exportado o, lo que es lo mismo, 0.02 por ciento de las unidades económicas registradas y reconocidas oficialmente en el país. Pero no hay de qué preocuparse: el inquilino de Los Pinos va a resolver el problema garantizándole seguridad y energía a su vecino del norte. Los de aquí pueden esperar.
No se darán concesiones carreteras a quienes ya las tuvieron, prometió en marzo
En agosto hizo lo contrario
Con el rigor científico que lo caracteriza, Luis Téllez, ahora en funciones de Secretario de Comunicaciones y Transportes, ha sido convocado por la Comisión Permanente del Congreso para que a sus integrantes detalle lo “falso” y lo cierto del rescate carretero, el Farac, y la (tercera) “nueva” etapa de concesiones al capital privado.
Entre lo “falso” que deberá detallar se cuenta lo que a senadores de la República dijo el pasado 14 de marzo: “no se darán concesiones carreteras a quienes ya las tuvieron… es falso que las autopistas retornen a los concesionarios originales”, porque sus empresas fueron “rescatadas” por el gobierno federal, amén que “muchos de ellos no cumplen” con “el requisito” legal.
Y entre lo cierto, lo que el pasado 6 de agosto, en conferencia de prensa, informó: el ganador de la primera licitación de la “nueva” etapa de concesiones carreteras fue ICA, asociado con Goldman Sachs o, lo que es lo mismo, el concesionario original, con Salinas de Gortari, de los tramos “rescatados” por el gobierno de Zedillo y que hoy regresan a su inventario, a pesar de no cumplir con el “requisito”.
También tendrá que explicar, junto con el director de Banobras, Alonso García Tamés, la magia numérica del Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (Farac), pues sus pasivos reportan un espeluznante incremento de 210 por ciento en sus diez años de fértil existencia: de poco más de 58 mil millones de pesos en 1997, a estas alturas acumula alrededor de 180 mil 300 millones, a pesar del creciente uso de recursos públicos para “reducirlos”.
No hay que dejar de lado que en agosto de 1997, inicio oficial del “salvamento”, el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes Carlos Ruiz Sacristán, reconoció que con el “rescate” carretero puesto en marcha por el gobierno zedillista “se asumirán pasivos por casi 60 mil millones de pesos y un costo fiscal cercano a 19 mil millones; el costo fiscal se absorberá en el largo plazo”.
Pero una década después, amén de la magia numérica del Farac, apareció el mago Téllez, quien como nuevo secretario del despacho en el gobierno calderonista, no sólo justifica la reprivatización, sino que jura que “no se han utilizado recursos fiscales para el rescate carretero; con ingresos propios ha sido posible operarlas y mantener” las autopistas involucradas. Lo único cierto es que con este personaje en la oficina principal de la SCT los pasivos de tal fideicomiso pasaron de poco más de 178 mil, a 180 mil 300 millones de pesos, y eso que todavía no acude a la Comisión Permanente.
En tiempos del “cambio”, el saldo de los pasivos del Farac creció a 102 mil 700 a 178 mil 300 millones de pesos, entre otras causas por un segundo “rescate” carretero autorizado por el de las ideas cortas y la lengua larga. Todo, desde luego, a costillas de los contribuyentes. Es tal el desastre administrativo del fideicomiso, que la propia Auditoría Superior de la Federación ha reclamado no sólo por las interminables adendas al “rescate” original, sino por la “carencia de bases contables razonables y de formulación de estados financieros”.
En fin, al mago Téllez se le presenta una excelente oportunidad para detallar lo “falso” y lo cierto del “rescate” carretero, la (tercera) “nueva etapa de concesiones y el Farac, junto con el alegre crecimiento de los fondos públicos destinados al “salvamento” del capital privado involucrado en este jugosísimo negocio.
En vía de mientras, un rápido recorrido por el “rescate”, cortesía de la Cámara de Diputados: en 1997 la deuda bancaria por el Programa de Rescate Carretero que asumió el gobierno federal ascendió a más de 36 mil millones de pesos, más alrededor de 22 mil que se canalizaron al pago de indemnización de los participantes mediante los PIC’s –para liquidar las cuentas por pagar de los proyectos–, para lo cual se constituyó en Banobras el Farac, en el que el primero actuó a su vez como fideicomitente y fiduciario, lo cual no está permitido por la ley.
El costo total del “rescate” carretero realizado por el gobierno federal en agosto de 1997 creció 206.7 por ciento entre esa fecha y el cierre de 2006, al pasar de 58 mil 123 millones de pesos a 178 mil 289.4 millones (ahora 180 mil 300 millones), y que para ese último año representa 78 por ciento del total del saldo de las obligaciones garantizadas por el gobierno federal.
Se estima que al pago de intereses del “rescate” carretero se han destinado 98 mil 735 millones de pesos en el periodo 1997-2007, los cuales se han registrado dentro del gasto no programable. Así, de cada peso del erario que se ha involucrado en este “salvamento”, 55 centavos se dirigió al pago de intereses.
En busca de garantizar el pago del “rescate” carretero, señala la Cámara de Diputados, el gobierno federal ha tenido que destinar importantes recursos presupuestales y, además, de manera irregular, entregar al Farac, para elevar sus ingresos, los 10 tramos carreteros más rentables, entre ellos las autopistas México-Cuernavaca, México-Querétaro y Querétaro-Irapuato.
Lo mejor del caso es que entramos de lleno a la (tercera) “nueva” etapa de concesiones carreteras, otorgándoselas a quienes las tronaron una década atrás.
Las rebanadas del pastel
Al Banco Mundial le inquieta saber por qué “los 13 años transcurridos desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte han sido poco favorables para los mexicanos”. Bueno, porque, entre otras cosas, sólo 601 empresas se quedan con 77 por ciento del valor exportado o, lo que es lo mismo, 0.02 por ciento de las unidades económicas registradas y reconocidas oficialmente en el país. Pero no hay de qué preocuparse: el inquilino de Los Pinos va a resolver el problema garantizándole seguridad y energía a su vecino del norte. Los de aquí pueden esperar.
Un párrafo del Astillero
Como sabemos el obsesivo malabarista de la palabra, a veces afortunado a veces forzado, Julio Hernández, ha sido un asiduo crítico de López Obrador respecto a sus giras y siempre me he preguntado cuáles serían las recomendaciones que este periodista que no luchador social le daría al presidente legítimo si fuese su asesor (¡Dios no lo quiera!). A ver si en este parrafito nos da una luz de lo que sería su sapientísimo consejo:
Frente a esas maniobras anunciadas y cantadas, el más reciente de los que han sido candidatos del PRD a la Presidencia sigue gira y gira, colocándose geográficamente a distancia o en la imposibilidad técnica de tener comunicación plena y oportuna con sus lugartenientes operativos.
En primer lugar, decir que alguien está gira y gira, de cierta manera implica que no sabe a dónde va. No sé si JHL no escucha a AMLO como gran parte de los mexicanos por el cerco informativo, pero para un periodista que se jacta de ser de izquierda es inexcusable, porque sabemos que quien quiere, y en este caso no se trata de querer sino de deber profesional, está al día sobre las actividades del presidente legítimo. AMLO no gira y gira, sino que anda y anda hacia adelante por los caminos de México para llevar su mensaje de transformación del país a los mexicanos que más marginados están, para darles esperanza y animarlos a luchar por este cambio que urge, además de escuchar las demandas de sus localidades. En segundo, no está colocado geográficamente a distancia o en la imposibilidad técnica de tener comunicación plena y oportuna con sus "lugartenientes operativos" como él los llama, porque está en la ciudad de México tres días a la semana y al tanto de lo que aquí acontece con sus "lugartenientes operativos" ¿de qué? no sé pero en fin. Aunque así fuera JHL muestra, cada vez que critica las giras de AMLO, su camauflageado racismo y su clasismo pues parece que para él es más importante el contacto con estos "lugartenientes" que el que tiene con la gente de los pueblos que mucha falta les hace la información, la esperanza y el ánimo que AMLO pueda llevarles. Primero los Pobres no es una frase propagandística sino un empeño real que el Presidente Legítimo ha cumplido. Primero son ellos antes de cualquier "lugarteniente operativo", porque no se trata de estar grillando, sino de manifestar su posición y seguir trabajando con la gente pobre, nadie que gira visita casi 700 municipios en ocho meses. Así que ahí o hay mala leche o hay desconocimiento.
Andrés Manuel López Obrador es el gran perdedor del congreso nacional perredista, pero a pesar de todo continúa con la repetición ritual del mismo esquema de trabajo, que a lo largo de meses consume su atención invariable. La elección del nuevo dirigente perredista a partir del padrón de militantes, la instalación mediática de la tesis de que por errores internos se perdió en 2006 y la apertura de una vía para el diálogo con Calderón son golpes directos a AMLO que no serán contrarrestados con declaraciones tibias, mutismo “táctico” o protestas y movilizaciones de grupos afines. Seguir jugando con las mismas cartas marcadas y en el terreno sucio de los arreglos “pragmáticos” podría colocar a López Obrador en un ambiente de decepción y parálisis, que minará fuerzas y mellará armas cuando –algún día– se pretenda enfrentar y colocar a un lado a los oportunistas y claudicantes hoy formalmente victoriosos.
A JHL, como a la derecha, le encanta hablar de perdedores cuando se trata de mencionar a AMLO. Decir que el presidente legítimo es el "gran perdedor" del congreso nacional perredista es una frase insignificante y relativa, depende de cuál es el supuesto premio y de quién lo gana y en este caso la presea está muy desdibujada y "el ganador" indefinido. Si bien pudiéramos decir que la elección del nuevo dirigente perredista a partir del padrón de militantes, la instalación mediática de la tesis de que por errores internos se perdió en 2006 y la apertura de una vía para el diálogo con Calderón serían golpes directos a AMLO, habrá que aclarar que en el Congreso se dijo que los errores no habían sido del presidente legítimo sino de los operativos perredistas y la apertura al diálogo aún está por verse. Ahora, en lo que se refiere a contrarrestar esos golpes, también es muy cuestionable que sus declaraciones sean tibias, porque otros muchos creemos que son absolutamente contundentes; por otra parte, no hay un mutismo "táctico", AMLO no es un dirigente tradicional ni ningún cacique, él externa su opinión y no trata de controlar al partido sino que lo deja libre de tomar sus decisiones, por tanto, las protestas y movilizaciones de grupos afines son genuinas y espontáneas, no es él quien las está promoviendo ni constituyen parte de su "táctica".
No se trata de jugar con las mismas cartas marcadas en el terreno sucio de los arreglos "pragmáticos", porque, en primer lugar, este no es un juego ni siquiera metafóricamente, es una línea de conducta apoyada en convicciones, acertada o no, pero honesta, y él no tiene el poder de evitar que integrantes del PRD hagan arreglos sucios, lo más que puede hacer es instarlos a conducirse con ética y definir su postura, lo que ellos hagan ya es cuestión de ellos. El decir que esto puede colocar a López Obrador en un ambiente de decepción y parálisis vuelve a colocar al periodista en la posición de ignorante respecto a las acciones de la resistencia, una gran parte de la población se está organizando y de ninguna manera está paralizada, por el contrario hay una intensa actividad que avanza y los logros que ha tenido a un año de iniciarse es excepcional. Ni ha minado fuerzas ni ha mellado armas por el contrario cuando llegue la hora del enfrentamiento aunque no de la claudicación con los oportunistas que por cierto no son "formalmente victoriosos", primero porque la batalla no ha terminado, y segundo, porque no sé que es lo que han ganado aún, no irá sólo sino con muchos millones y veremos entonces de que lado está la victoria.
Todo esto me recuerda las viejas tácticas de la derecha (se usa desde el siglo XVIII, que yo sepa) y la nueva película de "Los infiltrados", en que un supuesto izquierdista se infiltra para desde ahí atacar al grupo al que pretende pertenecer para debilitarlo o sabotearlo. Algunas voces afirman que JHL es susceptible al maiceo, o como me lo han dicho, es corrupto, no lo sé, ni me atrevería a sostenerlo, porque no es ético decir algo de lo que no se tiene la seguridad, pueden ser chismes, pero con estas inserciones que a veces tiene en sus escritos parece que lo fuera, la duda me queda. A veces tiene artículos muy acertados, sin embargo, pocos tienen una propuesta o una disertación que verdaderamente apoye al movimiento de AMLO, y algunos son francamente en su contra. Por otro lado, tiene derecho a no comulgar con las ideas o con el movimiento de transformación del país, sólo me gustaría saber con que línea comulga o si simplemente es un amargado, que ha caído en la "decepción y la parálisis" y gira y gira en el mismo lugar criticando lo que no entiende, lo que no sabe o lo que le han dictado.
Por lo que se deslinda del parrafito, parece que su consejo sería no irse de gira sino mantenerse aquí con sus "lugartenientes operativos" en la grilla para controlar al partido, no irse de gira a los municipios más apartados pues total esa gente no es la importante, hacer declaraciones más agresivas para que la derecha pueda televisar que es un loco violento, y parar las protestas o movilizaciones de grupos afines. ¡Que bueno que no es su asesor!
Frente a esas maniobras anunciadas y cantadas, el más reciente de los que han sido candidatos del PRD a la Presidencia sigue gira y gira, colocándose geográficamente a distancia o en la imposibilidad técnica de tener comunicación plena y oportuna con sus lugartenientes operativos.
En primer lugar, decir que alguien está gira y gira, de cierta manera implica que no sabe a dónde va. No sé si JHL no escucha a AMLO como gran parte de los mexicanos por el cerco informativo, pero para un periodista que se jacta de ser de izquierda es inexcusable, porque sabemos que quien quiere, y en este caso no se trata de querer sino de deber profesional, está al día sobre las actividades del presidente legítimo. AMLO no gira y gira, sino que anda y anda hacia adelante por los caminos de México para llevar su mensaje de transformación del país a los mexicanos que más marginados están, para darles esperanza y animarlos a luchar por este cambio que urge, además de escuchar las demandas de sus localidades. En segundo, no está colocado geográficamente a distancia o en la imposibilidad técnica de tener comunicación plena y oportuna con sus "lugartenientes operativos" como él los llama, porque está en la ciudad de México tres días a la semana y al tanto de lo que aquí acontece con sus "lugartenientes operativos" ¿de qué? no sé pero en fin. Aunque así fuera JHL muestra, cada vez que critica las giras de AMLO, su camauflageado racismo y su clasismo pues parece que para él es más importante el contacto con estos "lugartenientes" que el que tiene con la gente de los pueblos que mucha falta les hace la información, la esperanza y el ánimo que AMLO pueda llevarles. Primero los Pobres no es una frase propagandística sino un empeño real que el Presidente Legítimo ha cumplido. Primero son ellos antes de cualquier "lugarteniente operativo", porque no se trata de estar grillando, sino de manifestar su posición y seguir trabajando con la gente pobre, nadie que gira visita casi 700 municipios en ocho meses. Así que ahí o hay mala leche o hay desconocimiento.
Andrés Manuel López Obrador es el gran perdedor del congreso nacional perredista, pero a pesar de todo continúa con la repetición ritual del mismo esquema de trabajo, que a lo largo de meses consume su atención invariable. La elección del nuevo dirigente perredista a partir del padrón de militantes, la instalación mediática de la tesis de que por errores internos se perdió en 2006 y la apertura de una vía para el diálogo con Calderón son golpes directos a AMLO que no serán contrarrestados con declaraciones tibias, mutismo “táctico” o protestas y movilizaciones de grupos afines. Seguir jugando con las mismas cartas marcadas y en el terreno sucio de los arreglos “pragmáticos” podría colocar a López Obrador en un ambiente de decepción y parálisis, que minará fuerzas y mellará armas cuando –algún día– se pretenda enfrentar y colocar a un lado a los oportunistas y claudicantes hoy formalmente victoriosos.
A JHL, como a la derecha, le encanta hablar de perdedores cuando se trata de mencionar a AMLO. Decir que el presidente legítimo es el "gran perdedor" del congreso nacional perredista es una frase insignificante y relativa, depende de cuál es el supuesto premio y de quién lo gana y en este caso la presea está muy desdibujada y "el ganador" indefinido. Si bien pudiéramos decir que la elección del nuevo dirigente perredista a partir del padrón de militantes, la instalación mediática de la tesis de que por errores internos se perdió en 2006 y la apertura de una vía para el diálogo con Calderón serían golpes directos a AMLO, habrá que aclarar que en el Congreso se dijo que los errores no habían sido del presidente legítimo sino de los operativos perredistas y la apertura al diálogo aún está por verse. Ahora, en lo que se refiere a contrarrestar esos golpes, también es muy cuestionable que sus declaraciones sean tibias, porque otros muchos creemos que son absolutamente contundentes; por otra parte, no hay un mutismo "táctico", AMLO no es un dirigente tradicional ni ningún cacique, él externa su opinión y no trata de controlar al partido sino que lo deja libre de tomar sus decisiones, por tanto, las protestas y movilizaciones de grupos afines son genuinas y espontáneas, no es él quien las está promoviendo ni constituyen parte de su "táctica".
No se trata de jugar con las mismas cartas marcadas en el terreno sucio de los arreglos "pragmáticos", porque, en primer lugar, este no es un juego ni siquiera metafóricamente, es una línea de conducta apoyada en convicciones, acertada o no, pero honesta, y él no tiene el poder de evitar que integrantes del PRD hagan arreglos sucios, lo más que puede hacer es instarlos a conducirse con ética y definir su postura, lo que ellos hagan ya es cuestión de ellos. El decir que esto puede colocar a López Obrador en un ambiente de decepción y parálisis vuelve a colocar al periodista en la posición de ignorante respecto a las acciones de la resistencia, una gran parte de la población se está organizando y de ninguna manera está paralizada, por el contrario hay una intensa actividad que avanza y los logros que ha tenido a un año de iniciarse es excepcional. Ni ha minado fuerzas ni ha mellado armas por el contrario cuando llegue la hora del enfrentamiento aunque no de la claudicación con los oportunistas que por cierto no son "formalmente victoriosos", primero porque la batalla no ha terminado, y segundo, porque no sé que es lo que han ganado aún, no irá sólo sino con muchos millones y veremos entonces de que lado está la victoria.
Todo esto me recuerda las viejas tácticas de la derecha (se usa desde el siglo XVIII, que yo sepa) y la nueva película de "Los infiltrados", en que un supuesto izquierdista se infiltra para desde ahí atacar al grupo al que pretende pertenecer para debilitarlo o sabotearlo. Algunas voces afirman que JHL es susceptible al maiceo, o como me lo han dicho, es corrupto, no lo sé, ni me atrevería a sostenerlo, porque no es ético decir algo de lo que no se tiene la seguridad, pueden ser chismes, pero con estas inserciones que a veces tiene en sus escritos parece que lo fuera, la duda me queda. A veces tiene artículos muy acertados, sin embargo, pocos tienen una propuesta o una disertación que verdaderamente apoye al movimiento de AMLO, y algunos son francamente en su contra. Por otro lado, tiene derecho a no comulgar con las ideas o con el movimiento de transformación del país, sólo me gustaría saber con que línea comulga o si simplemente es un amargado, que ha caído en la "decepción y la parálisis" y gira y gira en el mismo lugar criticando lo que no entiende, lo que no sabe o lo que le han dictado.
Por lo que se deslinda del parrafito, parece que su consejo sería no irse de gira sino mantenerse aquí con sus "lugartenientes operativos" en la grilla para controlar al partido, no irse de gira a los municipios más apartados pues total esa gente no es la importante, hacer declaraciones más agresivas para que la derecha pueda televisar que es un loco violento, y parar las protestas o movilizaciones de grupos afines. ¡Que bueno que no es su asesor!
Entran a Circulación los Bilimbiques Panistas
De Blogotitlan
Entran a Circulación los Bilimbiques Panistas
Por razones políticas, no económicas ni financieras, el supuestamente autónomo Banco de México mete a circulación un nuevo billete de 20 pesos, para quitarle a López Obrador el escudo juarista de su Gobierno Legítimo, y complacer otro capricho del presidente "institucional".
En más de 75 años desde el término bélico formal de la Revolución, cuando salieron de circulación los bilimbiques que se emitían irreflexivamente para financiar la lucha armada, México tuvo tres cambios del papel moneda representativo de la riqueza del país. Fueron las épocas de la estabilización económica y el peso fuerte.
Pero de 1992 a la fecha --o sea, en tan sólo 15 años neoliberales-- se registran CINCO cambios de billetes, en diseño, denominación y montos de emisión. Casi un cambio por sexenio, incluídos los negros años de Salinas de Gortari cuando se crearon los Nuevos Pesos, que luego sacaron de circulación.
Hoy que el gobierno es igual de ilegítimo, aunque más cuestionado, que el de Salinas de Gortari, el afán de trascendencia tecnocrática se juntó con la aversión a la nueva encarnación del demonio (con iniciales López Obrador) y todo lo que se relacione con él, que padece el "gobernante" espurio.
Preocupado por borrar toda huella del fraude electoral (que según la Iglesia católica "nadie vio") y las señales y símbolos de la resistencia civil que el mismo generó, el supuestamente autónomo Banco de México y la Casa de Moneda se apresuraron a cambiar los novedosos billetes de 20 pesos en los que recientemente se estrenó (junto con los de 50) la base de polímeros que los hacía más durables y resistentes, capaces de aguantar una vida útil mayor a los de papel moneda convencional.
Suprimieron el águila republicana juarista, adoptada por el Gobierno Legítimo de Andrés Manuel López Obrador como escudo, que por mentalidad y formación le causa escozor a la tecnocracia conservadora y ultrareaccionaria. Pero dejaron intocada la efigie de Juárez (que también les da escalofríos), como para hacer menos evidentes sus fobias.
Sin embargo, la profusa campaña mediática para acompañar la nueva emisión monetaria sólo destacó la abierta pretensión del gobierno ilegítimo de borrar todo vestigio de resistencia, manoseando --otra vez-- groseramente las "instituciones" supuestamente nacionales y autónomas (como el Banco de México) para ponerlas al servicio de sus particulares intereses facciosos y de coyuntura.
La nueva emisión de billetes de 20 responde, como en el caso de los famosos Bilimbiques de la Revolución, a las necesidades exclusivas de una facción regional, no al interés general del país, pues no toma en cuenta la imagen de inestabilidad que alimenta, no sólo por sus motivos y efectos, sino por su momento.
Las emisiones de billetes son constantes en todo el mundo, pues debe reponerse el circulante por su deterioro natural y lógico. Pero una cosa es emisión y otra el cambio de diseño, sobre todo en tan corto plazo. A modo de ejemplo, el dólar conserva el mismo diseño (apenas con leves e imperceptibles variantes) original, que proyecta una imagen de estabilidad y fortaleza a través del tiempo. Y por el estilo, muchas monedas de países con economías estables.
México, en cambio, a partir de 1992 cambia los billetes al contentillo de cada dictadorzito sexenal. Antes se censuraba que el PRI pusiera a trabajar la imprenta para sacar billetes supuestamente sin respaldo, pero ahora también se ponen a imprimir (quién sabe con cuánto respaldo) billetes a placer del jefe espurio en turno. La única diferencia es que los antiguos censores son los nuevos impresores.
Entran a Circulación los Bilimbiques Panistas
Por razones políticas, no económicas ni financieras, el supuestamente autónomo Banco de México mete a circulación un nuevo billete de 20 pesos, para quitarle a López Obrador el escudo juarista de su Gobierno Legítimo, y complacer otro capricho del presidente "institucional".
En más de 75 años desde el término bélico formal de la Revolución, cuando salieron de circulación los bilimbiques que se emitían irreflexivamente para financiar la lucha armada, México tuvo tres cambios del papel moneda representativo de la riqueza del país. Fueron las épocas de la estabilización económica y el peso fuerte.Pero de 1992 a la fecha --o sea, en tan sólo 15 años neoliberales-- se registran CINCO cambios de billetes, en diseño, denominación y montos de emisión. Casi un cambio por sexenio, incluídos los negros años de Salinas de Gortari cuando se crearon los Nuevos Pesos, que luego sacaron de circulación.
Hoy que el gobierno es igual de ilegítimo, aunque más cuestionado, que el de Salinas de Gortari, el afán de trascendencia tecnocrática se juntó con la aversión a la nueva encarnación del demonio (con iniciales López Obrador) y todo lo que se relacione con él, que padece el "gobernante" espurio.
Preocupado por borrar toda huella del fraude electoral (que según la Iglesia católica "nadie vio") y las señales y símbolos de la resistencia civil que el mismo generó, el supuestamente autónomo Banco de México y la Casa de Moneda se apresuraron a cambiar los novedosos billetes de 20 pesos en los que recientemente se estrenó (junto con los de 50) la base de polímeros que los hacía más durables y resistentes, capaces de aguantar una vida útil mayor a los de papel moneda convencional.
Suprimieron el águila republicana juarista, adoptada por el Gobierno Legítimo de Andrés Manuel López Obrador como escudo, que por mentalidad y formación le causa escozor a la tecnocracia conservadora y ultrareaccionaria. Pero dejaron intocada la efigie de Juárez (que también les da escalofríos), como para hacer menos evidentes sus fobias.
Sin embargo, la profusa campaña mediática para acompañar la nueva emisión monetaria sólo destacó la abierta pretensión del gobierno ilegítimo de borrar todo vestigio de resistencia, manoseando --otra vez-- groseramente las "instituciones" supuestamente nacionales y autónomas (como el Banco de México) para ponerlas al servicio de sus particulares intereses facciosos y de coyuntura.
La nueva emisión de billetes de 20 responde, como en el caso de los famosos Bilimbiques de la Revolución, a las necesidades exclusivas de una facción regional, no al interés general del país, pues no toma en cuenta la imagen de inestabilidad que alimenta, no sólo por sus motivos y efectos, sino por su momento.
Las emisiones de billetes son constantes en todo el mundo, pues debe reponerse el circulante por su deterioro natural y lógico. Pero una cosa es emisión y otra el cambio de diseño, sobre todo en tan corto plazo. A modo de ejemplo, el dólar conserva el mismo diseño (apenas con leves e imperceptibles variantes) original, que proyecta una imagen de estabilidad y fortaleza a través del tiempo. Y por el estilo, muchas monedas de países con economías estables.
México, en cambio, a partir de 1992 cambia los billetes al contentillo de cada dictadorzito sexenal. Antes se censuraba que el PRI pusiera a trabajar la imprenta para sacar billetes supuestamente sin respaldo, pero ahora también se ponen a imprimir (quién sabe con cuánto respaldo) billetes a placer del jefe espurio en turno. La única diferencia es que los antiguos censores son los nuevos impresores.
Arellano: mensaje y atropello
Editorial
La deportación expedita de territorio estadunidense de la activista social mexicana Elvira Arellano, en la que las autoridades del país vecino violaron de manera flagrante la Convención de Viena –que establece el derecho de todo extranjero imputado a recibir protección consular–, exhibe el verdadero rostro de la barbarie que se abate sobre millones de mexicanos y otros latinoamericanos anónimos que viven y trabajan en Estados Unidos sin documentos migratorios.
Arellano es, desde hace años, una luchadora emblemática por una reforma migratoria que permita a esos millones de extranjeros tener un estatuto legal definido y desarrollar su vida con un mínimo de certeza y seguridad, como lo merecen por el invaluable aporte que realizan a la economía y a la cultura estadunidenses.
La situación familiar de esta michoacana es también representativa de la pesadilla a la que son sometidos los trabajadores migrantes por una legislación inhumana: la amenaza de la separación entre cónyuges o entre padres e hijos cuando uno de ellos es expulsado del país. En el caso de Arellano, la pesadilla se ha hecho realidad porque la activista tiene un hijo de ocho años, de nacionalidad estadunidense, que se ha quedado, por el momento, al norte de la frontera común, separado de su madre, quien el domingo fue deportada a Tijuana.
Por si faltara alguna agravante, en el documento de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas en que se informó de la medida se caracterizó a Arellano de “extranjera fugitiva y delincuente”, en lo que constituye un acto de criminalización de algo que no es delito, sino a lo sumo una falta administrativa, como lo es carecer de documentos migratorios regulares. En la lógica de la Migra, todo indocumentado es, pues, “un extranjero fugitivo y delincuente”.
Con estos antecedentes, resulta inevitable ver en este atropello un mensaje de meridiana claridad dirigido por el gobierno de George W. Bush a las autoridades y a la sociedad de nuestro país: las oficinas migratorias de la nación vecina actuarán, cuando lo deseen, con la máxima saña posible contra los indocumentados que residen en territorio estadunidense, sin parar mientes en trayectorias personales, sin considerar circunstancias personales que añaden a las deportaciones el castigo inusual y crudelísimo de la separación familiar, y sin observar el menor respeto a la legislación internacional, que consagra el derecho de la asistencia consular a los extranjeros acusados de algún delito.
La determinación indica, además, que las expresiones de la Casa Blanca en favor de una reforma migratoria son mera demagogia para consumo de los siempre obsecuentes gobernantes mexicanos, y que en los hechos la política antimigratoria de Estados Unidos seguirá siendo tan bárbara y violatoria de los derechos humanos como siempre.
Para mayor agravio y vergüenza del gobierno mexicano, el atropello antecedió por un par de días el encuentro de Felipe Calderón con Bush en Canadá, y coincidió con la sumisa aceptación de un programa antinarcóticos que podría implicar graves cesiones en materia de soberanía y que despierta alarma por sus similitudes con el Plan Colombia, el cual ha sido el marco para un intervencionismo militar y policial en gran escala de Washington en ese país sudamericano, que lo ha sumido en algo muy semejante a una guerra y que, por lo demás, no ha servido de gran cosa para frenar la producción y el trasiego de drogas ilícitas.
La respuesta de la cancillería mexicana a la atrocidad sufrida por Arellano ha sido, hasta ahora, de tibieza y pusilanimidad exasperantes: se limitó a enviar una nota diplomática en la que “expresa su profunda preocupación” y pide “una explicación” sobre la manera en que se llevó a cabo la detención de la migrante.
Atropellos como el referido seguirán ocurriendo en tanto las autoridades mexicanas sigan renuentes a garantizar la protección de los ciudadanos mexicanos en el extranjero, lo cual no es una tarea optativa y discrecional, sino una clara obligación constitucional.
La deportación expedita de territorio estadunidense de la activista social mexicana Elvira Arellano, en la que las autoridades del país vecino violaron de manera flagrante la Convención de Viena –que establece el derecho de todo extranjero imputado a recibir protección consular–, exhibe el verdadero rostro de la barbarie que se abate sobre millones de mexicanos y otros latinoamericanos anónimos que viven y trabajan en Estados Unidos sin documentos migratorios.
Arellano es, desde hace años, una luchadora emblemática por una reforma migratoria que permita a esos millones de extranjeros tener un estatuto legal definido y desarrollar su vida con un mínimo de certeza y seguridad, como lo merecen por el invaluable aporte que realizan a la economía y a la cultura estadunidenses.
La situación familiar de esta michoacana es también representativa de la pesadilla a la que son sometidos los trabajadores migrantes por una legislación inhumana: la amenaza de la separación entre cónyuges o entre padres e hijos cuando uno de ellos es expulsado del país. En el caso de Arellano, la pesadilla se ha hecho realidad porque la activista tiene un hijo de ocho años, de nacionalidad estadunidense, que se ha quedado, por el momento, al norte de la frontera común, separado de su madre, quien el domingo fue deportada a Tijuana.
Por si faltara alguna agravante, en el documento de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas en que se informó de la medida se caracterizó a Arellano de “extranjera fugitiva y delincuente”, en lo que constituye un acto de criminalización de algo que no es delito, sino a lo sumo una falta administrativa, como lo es carecer de documentos migratorios regulares. En la lógica de la Migra, todo indocumentado es, pues, “un extranjero fugitivo y delincuente”.
Con estos antecedentes, resulta inevitable ver en este atropello un mensaje de meridiana claridad dirigido por el gobierno de George W. Bush a las autoridades y a la sociedad de nuestro país: las oficinas migratorias de la nación vecina actuarán, cuando lo deseen, con la máxima saña posible contra los indocumentados que residen en territorio estadunidense, sin parar mientes en trayectorias personales, sin considerar circunstancias personales que añaden a las deportaciones el castigo inusual y crudelísimo de la separación familiar, y sin observar el menor respeto a la legislación internacional, que consagra el derecho de la asistencia consular a los extranjeros acusados de algún delito.
La determinación indica, además, que las expresiones de la Casa Blanca en favor de una reforma migratoria son mera demagogia para consumo de los siempre obsecuentes gobernantes mexicanos, y que en los hechos la política antimigratoria de Estados Unidos seguirá siendo tan bárbara y violatoria de los derechos humanos como siempre.
Para mayor agravio y vergüenza del gobierno mexicano, el atropello antecedió por un par de días el encuentro de Felipe Calderón con Bush en Canadá, y coincidió con la sumisa aceptación de un programa antinarcóticos que podría implicar graves cesiones en materia de soberanía y que despierta alarma por sus similitudes con el Plan Colombia, el cual ha sido el marco para un intervencionismo militar y policial en gran escala de Washington en ese país sudamericano, que lo ha sumido en algo muy semejante a una guerra y que, por lo demás, no ha servido de gran cosa para frenar la producción y el trasiego de drogas ilícitas.
La respuesta de la cancillería mexicana a la atrocidad sufrida por Arellano ha sido, hasta ahora, de tibieza y pusilanimidad exasperantes: se limitó a enviar una nota diplomática en la que “expresa su profunda preocupación” y pide “una explicación” sobre la manera en que se llevó a cabo la detención de la migrante.
Atropellos como el referido seguirán ocurriendo en tanto las autoridades mexicanas sigan renuentes a garantizar la protección de los ciudadanos mexicanos en el extranjero, lo cual no es una tarea optativa y discrecional, sino una clara obligación constitucional.
La JBG hacia la esperanza, denuncia desalojo en la región de Montes Azules
La JBG hacia la esperanza, denuncia desalojo en la región de Montes Azules
escrito por Junta de Buen Gobierno hacia la esperanza
lunes, 20 de agosto de 2007
JUNTA DE BUEN GOBIERNO HACIA LA ESPERANZA
CARACOL: MADRE DE LOS CARACOLES DEL MAR DE NUESTROS SUEÑOS.
Al pueblo de México
A los pueblos del mundo
A los compañeros y compañeras
Adherentes de la Otra Campaña en México
A los compañeros y compañeras de la Zezta Internazional.
1.- Denunciamos públicamente de lo que esta haciendo Felipe Calderón Hinojosa, gobierno de los ricos de México y a Juan Sábines Guerrero Gobernador de los terratenientes y paramilitares de Chiapas.
2.- El 18 de agosto del 2007 en eso de las 11 de la mañana y 12 del día, del dia sábado llegaron 6 helicópteros para desalojar a los poblados de San Manuel y el poblado de Buen Samaritano. Por el delito que los acusan que están destruyendo las montañas de reserva ecológica de los montes azules.
3.- En el poblado San Manuel llegaron violentamente sin darles tiempo de nada amenazándolos con sus armas a las mujeres y a los niños y niñas obligándolos a los hombres de subir en sus helicópteros todos los que es encontraban en la población.
4.- Mientras estaban obligándolos a subir en los helicópteros de los policías Estatal y policías Federal, que se calculan que llegaron como 90 elementos de las corporaciones policíacas, inmediatamente se organizaron en 2 grupos, un grupo se encargo a destruir las humildes casas del pueblo de San Manuel, dejando totalmente destruida y robando las pocas pertenencias que hay mientras el otro grupo obligándoles a subir en sus helicópteros.
5.- Estos tipos de acciones así lo mismo hicieron en el poblado Buen Samaritano que hasta el momento sabemos que en total llevaron 7 personas de las cuales no sabemos sus nombres.
6.- Presentamos la lista de los que llevaron en el Poblado San Manuel:
Dominga Cruz Hernández 28 años
Fermina Ruiz Jiménez 16 años
Mario López Gómez 50 años
Nicolás Hernández Toledo 40 años
Feliciano López Hernández 20 años
Margarita López Hernández 19 años
Juan López Gómez 45 años
Tomás López Gómez 50 años
Romelia 27 años
Jacinta Jiménez Clara 34 años
Lázaro Ruiz Jiménez 18 años
María Ruiz Jiménez 14 años
Micaela Ruiz Jiménez 13 años
Juana Jiménez Ruiz 11 años
Manuela Ruiz Jiménez 9 años
Francisca Ruiz Jiménez 7 años
Eusebio Ruiz Jiménez 4 años
Mario Ruiz Jiménez 1 año
Jacinto Jiménez Cruz 10 años
Domingo Jiménez Cruz 10 años
Micaela Jiménez Cruz 8 años
Nicolás Jiménez Cruz 5 años
Francisca Jiménez Cruz 2 años
Nicolasa López Ruiz 10 meses
Manuel López Hernández 4 años
Mario López López 2 años
Nicolasa López López 5 meses
Darinel García 10 años
Sebastián García 6 años
Heriberto García 8 años
Fidencio García 3 años
Otro niño 1 año
Todas esas personas, hombres, mujeres y niños no sabemos de sus paraderos y los maltratos que han sufrido, sus condiciones físicas en que se encuentran ahora.
7.- Por eso hemos podido comunicar con los compañeros y compañeras defensores de los derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas que hiciera el trabajo difícil de localizar a los detenidos y las detenidas sabiendo también que nuestros hermanos y hermanas defensores de los derechos humanos que sufrirán malos tratos, agresiones por parte del mal gobierno tanto estatal como federal. Pero sabemos que sus trabajos del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas si lo harán como lo han demostrado muchas veces, sobretodo porque no sabemos sus paraderos de nuestros hermanos y hermanas.
8.- Sabemos que el mal gobierno estatal y federal están por realizar los mismos desalojos en los poblados Salvador Allende y Nuevo Corozal porque viven en la tierra donde la trabajan para poder vivir.
9.- Exigimos su inmediata libertad a todos y todas los detenidos y detenidas porque totalmente no tienen culpabilidad, la tierra la trabajan y la cuidan para poder vivir como seres humanos. En cambio el gobierno y los ricos y el gobernador de los terratenientes y paramilitares la tierra la quieren para convertir en mercancía, es decir para venderla a los empresarios nacionales y trasnacionales, por eso los estorban los que trabajan y cuidan la tierra, es decir, los campesinos e indígenas.
Por eso seguiremos diciendo para siempre: la tierra es de quien la trabaja, no para venderla como una mercancía.
Nosotros, los que trabajamos la tierra es nuestra madre porque en ella vivimos y en ella nos alimentamos, por eso nuestros hermanos y hermanas desalojados y detenidos y desaparecidos no tienen nada de culpabilidad. Por eso exigimos su libertad inmediata e incondicional.
Es toda nuestra palabra.
ATENTAMENTE
MANDAR OBEDECIENDO
JUNTA DE BUEN GOBIERNO HACIA LA ESPERANZA
SAUL; ABEL; TANIA; NICODEMO; RAÚL
escrito por Junta de Buen Gobierno hacia la esperanza
lunes, 20 de agosto de 2007
JUNTA DE BUEN GOBIERNO HACIA LA ESPERANZA
CARACOL: MADRE DE LOS CARACOLES DEL MAR DE NUESTROS SUEÑOS.
Al pueblo de México
A los pueblos del mundo
A los compañeros y compañeras
Adherentes de la Otra Campaña en México
A los compañeros y compañeras de la Zezta Internazional.
1.- Denunciamos públicamente de lo que esta haciendo Felipe Calderón Hinojosa, gobierno de los ricos de México y a Juan Sábines Guerrero Gobernador de los terratenientes y paramilitares de Chiapas.
2.- El 18 de agosto del 2007 en eso de las 11 de la mañana y 12 del día, del dia sábado llegaron 6 helicópteros para desalojar a los poblados de San Manuel y el poblado de Buen Samaritano. Por el delito que los acusan que están destruyendo las montañas de reserva ecológica de los montes azules.
3.- En el poblado San Manuel llegaron violentamente sin darles tiempo de nada amenazándolos con sus armas a las mujeres y a los niños y niñas obligándolos a los hombres de subir en sus helicópteros todos los que es encontraban en la población.
4.- Mientras estaban obligándolos a subir en los helicópteros de los policías Estatal y policías Federal, que se calculan que llegaron como 90 elementos de las corporaciones policíacas, inmediatamente se organizaron en 2 grupos, un grupo se encargo a destruir las humildes casas del pueblo de San Manuel, dejando totalmente destruida y robando las pocas pertenencias que hay mientras el otro grupo obligándoles a subir en sus helicópteros.
5.- Estos tipos de acciones así lo mismo hicieron en el poblado Buen Samaritano que hasta el momento sabemos que en total llevaron 7 personas de las cuales no sabemos sus nombres.
6.- Presentamos la lista de los que llevaron en el Poblado San Manuel:
Dominga Cruz Hernández 28 años
Fermina Ruiz Jiménez 16 años
Mario López Gómez 50 años
Nicolás Hernández Toledo 40 años
Feliciano López Hernández 20 años
Margarita López Hernández 19 años
Juan López Gómez 45 años
Tomás López Gómez 50 años
Romelia 27 años
Jacinta Jiménez Clara 34 años
Lázaro Ruiz Jiménez 18 años
María Ruiz Jiménez 14 años
Micaela Ruiz Jiménez 13 años
Juana Jiménez Ruiz 11 años
Manuela Ruiz Jiménez 9 años
Francisca Ruiz Jiménez 7 años
Eusebio Ruiz Jiménez 4 años
Mario Ruiz Jiménez 1 año
Jacinto Jiménez Cruz 10 años
Domingo Jiménez Cruz 10 años
Micaela Jiménez Cruz 8 años
Nicolás Jiménez Cruz 5 años
Francisca Jiménez Cruz 2 años
Nicolasa López Ruiz 10 meses
Manuel López Hernández 4 años
Mario López López 2 años
Nicolasa López López 5 meses
Darinel García 10 años
Sebastián García 6 años
Heriberto García 8 años
Fidencio García 3 años
Otro niño 1 año
Todas esas personas, hombres, mujeres y niños no sabemos de sus paraderos y los maltratos que han sufrido, sus condiciones físicas en que se encuentran ahora.
7.- Por eso hemos podido comunicar con los compañeros y compañeras defensores de los derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas que hiciera el trabajo difícil de localizar a los detenidos y las detenidas sabiendo también que nuestros hermanos y hermanas defensores de los derechos humanos que sufrirán malos tratos, agresiones por parte del mal gobierno tanto estatal como federal. Pero sabemos que sus trabajos del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas si lo harán como lo han demostrado muchas veces, sobretodo porque no sabemos sus paraderos de nuestros hermanos y hermanas.
8.- Sabemos que el mal gobierno estatal y federal están por realizar los mismos desalojos en los poblados Salvador Allende y Nuevo Corozal porque viven en la tierra donde la trabajan para poder vivir.
9.- Exigimos su inmediata libertad a todos y todas los detenidos y detenidas porque totalmente no tienen culpabilidad, la tierra la trabajan y la cuidan para poder vivir como seres humanos. En cambio el gobierno y los ricos y el gobernador de los terratenientes y paramilitares la tierra la quieren para convertir en mercancía, es decir para venderla a los empresarios nacionales y trasnacionales, por eso los estorban los que trabajan y cuidan la tierra, es decir, los campesinos e indígenas.
Por eso seguiremos diciendo para siempre: la tierra es de quien la trabaja, no para venderla como una mercancía.
Nosotros, los que trabajamos la tierra es nuestra madre porque en ella vivimos y en ella nos alimentamos, por eso nuestros hermanos y hermanas desalojados y detenidos y desaparecidos no tienen nada de culpabilidad. Por eso exigimos su libertad inmediata e incondicional.
Es toda nuestra palabra.
ATENTAMENTE
MANDAR OBEDECIENDO
JUNTA DE BUEN GOBIERNO HACIA LA ESPERANZA
SAUL; ABEL; TANIA; NICODEMO; RAÚL
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