Antonio Gershenson
Ya se han dado antes pasos hacia la desintegración de Pemex. Al separarse en organismos descentralizados que se reparten las funciones básicas, no sólo se duplican estructuras administrativas y conjuntos de funcionarios, sino que se establece una relación comercial entre unas y otras. El mayor absurdo: Pemex Exploración y Producción (PEP) le vende a Pemex Refinación (PR) petróleo crudo, y además a precios que no se basan en el costo real, en lo que costó localizarlo y sacarlo en México, sino en precios de fuera del país. De un costo de producción estimado en unos siete dólares por barril, a más de 100 dólares de valor de las exportaciones mexicanas.
Esto hace que haya una apariencia de baja o nula rentabilidad en algunos organismos, que deben “pagar” muy altos precios, y ha dado pretexto para el cierre de plantas y la suspensión de líneas de producción. Ahora, el problema se agrava con los intentos de reforma, o mejor dicho contrarreforma, porque a los organismos divididos se les quiere quitar la exclusividad de funciones que irían a empresas trasnacionales. Por ejemplo, si PR tiene una apariencia de baja productividad, qué quedará de ella si las nuevas refinerías van a ser trasnacionales y le van a vender gasolina, diesel y otros productos refinados a Pemex Refinación, a precios suficientemente altos como para garantizar la rentabilidad y un gran negocio para la trasnacional que tenga la refinería.
La trasnacional también podrá construir, poseer y operar ductos y almacenes, tanto para el crudo que reciba de la filial PEP, o de su contratista, como para entregar a PR en los lugares necesarios los productos refinados. Los fragmentos de Pemex estarían aún más separados entre sí, ya ni siquiera tratarían entre sí, sino con trasnacionales privadas. Estos cambios están propuestos a los artículos tercero y cuarto de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el ramo del petróleo.
En cuanto a PEP, empresas privadas contratadas se encargarían de su trabajo. Podrán ser contratadas por adjudicación directa en toda una serie de casos, algunos fáciles de “fabricar”. Si se aprueba el paquete de reformas legales petroleras en discusión, puede incluso haber entrega del crudo del contratista al dueño de la refinería… y puede resultar que sea la misma trasnacional la que opere exploración, producción, ductos, almacenes y refinerías. Como ya las gasolineras son operadas por particulares, una trasnacional puede controlar desde la boca del pozo petrolero hasta la boca del tanque de gasolina.
De por sí ha sido grave el desmembramiento de Pemex y el establecimiento forzado de relaciones comerciales entre sus entidades. Con estas medidas privatizadoras se agravaría la situación.
Queremos señalar que la tendencia internacional, en general, es en el sentido opuesto. A veces nos ponen como ejemplo a la estatal noruega Statoil, queriendo decir que puede haber una empresa pública y eficiente. Pero no dicen la otra parte. Hay allá una integración de empresas petroleras estatales, no un desmembramiento como aquí. El primero de octubre del año pasado se consumó la fusión de Statoil y la rama de petróleo y gas de la también estatal Norsk Hydro. Se formó la Statoil-Hydro. Pero como resultado de la fusión, el gobierno noruego quedó con 62.5 por ciento de las acciones de la nueva empresa. Y hay decisiones importantes que requieren mayoría superior a dos tercios. El Parlamento de ese país, al aprobar la fusión, la condicionó a que el gobierno comprara acciones suficientes para llegar a tener 67 por ciento de las acciones, o sea más de los dos tercios. En febrero, la ministra del petróleo de Noruega anunció que ya se estaba procediendo a la compra de acciones en cuestión de la empresa integrada, con dinero de los excedentes petroleros.
No sólo procede oponerse a estos nuevos pasos que se proponen en la iniciativa, tanto por ser privatizadores como por ser anticonstitucionales, como por desintegrar aún más a la industria petrolera del país. Procede también llevar, por los conductos legalmente establecidos, propuestas de cambios a las leyes, en este caso la Ley Orgánica de Pemex y la mencionada ley reglamentaria, volviendo a integrar a Pemex en una sola entidad pública y respetando la exclusividad de la nación que se desprende del artículo 27 de la Constitución.
domingo, mayo 11, 2008
Pemex, ¿empresa inconstitucional?
Arnaldo Córdova
Desde que el PAN propuso a quienes debatirán en el Senado en defensa de la reforma de Calderón sobre el petróleo, quedó bastante clara la estrategia argumentativa que seguirán ante sus adversarios. Todos ellos, con la excepción notable del paisano Germán Martínez Cázares (no sé qué podrá hacer en el debate), han expuesto puntos de vista más o menos similares: desprestigiar a Pemex como un monopolio contrario al espíritu del 28 y del 26 constitucionales, que promueven la libre competencia y la iniciativa de los privados. A ello se refirió Héctor Fix Fierro en un coloquio en su instituto.
No tendrán ideas quienes defienden las reformas propuestas por Calderón, pero abundan en ocurrencias. El artículo 27 está bien, según ellos. Lo que no está bien es la Ley Reglamentaria en materia de petróleo vigente que, desde su versión de 1958, confiere a Pemex la tarea de encargarse de la “industria petrolera”, en toda su cadena productiva y comercializadora. Dicho concepto no existe en el 27 ni en el 28. El 27 nos habla sólo de “producto”, el que no implica que, ya no digamos Pemex (que es un ente inexistente en el texto constitucional), sino incluso la Nación, titular propietaria del recurso, deba encargarse de toda la cadena productiva y menos aún de la comercializadora.
Todos hablan de “conceptos” y algunos han advertido que su alegato se funda en una interpretación de las palabras “exactas” de la Carta Magna. Hasta ahora, sólo han hablado de dos: el producto y la industria petrolera. El maestro Eduardo García Máynez escribió dos obritas, Lógica del concepto jurídico (1959) y Lógica del juicio jurídico (1955), que resultan esenciales para entender a cabalidad la argumentación jurídica y el análisis de toda ley. El concepto es una definición de un tópico jurídico (por ejemplo, producto en petróleo). Toda ley está hecha de conceptos. El juicio es un método que liga entre sí los diferentes conceptos. A través de él, podemos entender lo que quiere decir una ley en los conceptos que la integran, interpretándolos en su conjunto.
No se qué tan duchos sean los que van a debatir a favor de la reforma en filosofía del derecho y en lógica jurídica, pero creo que podrán entender con facilidad. Todos los grandes juristas de nuestro tiempo están de acuerdo en las observaciones que, en su época, hizo Emilio Betti (Interpretazione della legge e degli atti giuridici, 1949, y Teoria generale della interpretazione, 1955) acerca de cómo interpretar una ley y, sobre todo, una Constitución. Coincidiendo con García Máynez, Betti señala que interpretar sólo las palabras es un anticuado y muy limitado modo de entender un ordenamiento jurídico. Hay que ver siempre el conjunto de la ley y, más todavía, de la Constitución, para saber lo que realmente dicen. Hay letra, pero hay, ante todo, espíritu, sentido.
Veamos ahora su idea de producto. En mis lecturas de economía política he aprendido que el producto es la coronación del proceso productivo. Adam Smith lo reducía a la ganancia, pero sus sucesores, David Ricardo y Karl Marx, lo corrigieron pues, sobre todo el primero, hicieron notar que había que saber lo que el producto había costado en tiempo de trabajo. Es absurdo separar el producto de su cadena productiva. Todo este lío es porque el 27 dice que “la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos” (del subsuelo, incluido el petróleo).
Los defensores de la reforma dicen que el 27 no dice que la Nación deba encargarse de todo el proceso productivo y sugieren que los artículos 28 y 26, siempre promotores fieles de la iniciativa privada, indican que partes de la cadena productiva deben encargarse a particulares. Olvidan decirnos en qué parte la Constitución dice, literalmente, eso. Olvidan que el 28 habla de un sector estratégico que es el petrolero que debe quedar en exclusiva para la Nación. También que el 26 refrenda ese concepto y que, si se interpretan los tres artículos, junto con el 25, todos en conjunto, resulta un juicio jurídico que les será muy difícil de admitir, pero también de rebatir: se trata de un recurso natural (no sólo de un producto) que pertenece a la Nación y que la Nación misma explotará, “en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva”.
Dicha ley dice que será a través de Pemex. Esa ley podría decir que se hará también a través de otros sujetos jurídicos, como lo proponen las iniciativas de Calderón; pero, si llegaran a aprobarse, entrarían en contradicción flagrante con la Constitución, porque en ningún lado ésta dice que los privados podrán llevar a cabo la explotación de “esos productos”. Y bien interpretada (mediante juicios jurídicos y no mediante sólo conceptos o palabras), por lo demás, más bien afirma que es una riqueza nacional que debe ser explotada en su beneficio sólo por la Nación. Explotación, en el sentido que da la Carta Magna, no es un aprovechamiento cualquiera, como lo ven los defensores de la reforma, sino, precisamente, un proceso productivo que resulta en un producto.
Como lo dije antes, lo que de verdad están planteando es la tesis de que Pemex es un ente “inconstitucional” (el término no se les ha ocurrido, pero razonan en ese sentido). No lo puede ser si la Ley Reglamentaria lo instituye y ésta deriva del 27. Pero ellos dicen que es un monopolio. El 28 dice que no será monopolio, porque no entra en la concurrencia de negocios. Eso no lo entienden. Habrá también que recordarles que el 26 establece que los sectores estratégicos son una palanca esencial de la planificación nacional y que su función como tales es primordial en la economía. Aparte sus críticas al pésimo desempeño de Pemex como empresa, lo que están diciendo es que no se justifica constitucionalmente y hay que desaparecerla.
Pregonan que se apoyan ante todo en la Constitución, pero su credo es el que expresó en su último artículo mi amigo Enrique Krauze: “El problema está en la sutil suplantación que el Estado ha hecho de la nación: para todos los efectos prácticos, quien tiene la propiedad del petróleo no es la nación, sino el Estado, que delega la propiedad en el gobierno en turno… La ‘propiedad’ de la nación es letra muerta”. Así es: no creen en la Constitución que sigue siendo, según ellos, “letra muerta”, aunque ahora la evoquen para sus fines privatizadores.
Desde que el PAN propuso a quienes debatirán en el Senado en defensa de la reforma de Calderón sobre el petróleo, quedó bastante clara la estrategia argumentativa que seguirán ante sus adversarios. Todos ellos, con la excepción notable del paisano Germán Martínez Cázares (no sé qué podrá hacer en el debate), han expuesto puntos de vista más o menos similares: desprestigiar a Pemex como un monopolio contrario al espíritu del 28 y del 26 constitucionales, que promueven la libre competencia y la iniciativa de los privados. A ello se refirió Héctor Fix Fierro en un coloquio en su instituto.
No tendrán ideas quienes defienden las reformas propuestas por Calderón, pero abundan en ocurrencias. El artículo 27 está bien, según ellos. Lo que no está bien es la Ley Reglamentaria en materia de petróleo vigente que, desde su versión de 1958, confiere a Pemex la tarea de encargarse de la “industria petrolera”, en toda su cadena productiva y comercializadora. Dicho concepto no existe en el 27 ni en el 28. El 27 nos habla sólo de “producto”, el que no implica que, ya no digamos Pemex (que es un ente inexistente en el texto constitucional), sino incluso la Nación, titular propietaria del recurso, deba encargarse de toda la cadena productiva y menos aún de la comercializadora.
Todos hablan de “conceptos” y algunos han advertido que su alegato se funda en una interpretación de las palabras “exactas” de la Carta Magna. Hasta ahora, sólo han hablado de dos: el producto y la industria petrolera. El maestro Eduardo García Máynez escribió dos obritas, Lógica del concepto jurídico (1959) y Lógica del juicio jurídico (1955), que resultan esenciales para entender a cabalidad la argumentación jurídica y el análisis de toda ley. El concepto es una definición de un tópico jurídico (por ejemplo, producto en petróleo). Toda ley está hecha de conceptos. El juicio es un método que liga entre sí los diferentes conceptos. A través de él, podemos entender lo que quiere decir una ley en los conceptos que la integran, interpretándolos en su conjunto.
No se qué tan duchos sean los que van a debatir a favor de la reforma en filosofía del derecho y en lógica jurídica, pero creo que podrán entender con facilidad. Todos los grandes juristas de nuestro tiempo están de acuerdo en las observaciones que, en su época, hizo Emilio Betti (Interpretazione della legge e degli atti giuridici, 1949, y Teoria generale della interpretazione, 1955) acerca de cómo interpretar una ley y, sobre todo, una Constitución. Coincidiendo con García Máynez, Betti señala que interpretar sólo las palabras es un anticuado y muy limitado modo de entender un ordenamiento jurídico. Hay que ver siempre el conjunto de la ley y, más todavía, de la Constitución, para saber lo que realmente dicen. Hay letra, pero hay, ante todo, espíritu, sentido.
Veamos ahora su idea de producto. En mis lecturas de economía política he aprendido que el producto es la coronación del proceso productivo. Adam Smith lo reducía a la ganancia, pero sus sucesores, David Ricardo y Karl Marx, lo corrigieron pues, sobre todo el primero, hicieron notar que había que saber lo que el producto había costado en tiempo de trabajo. Es absurdo separar el producto de su cadena productiva. Todo este lío es porque el 27 dice que “la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos” (del subsuelo, incluido el petróleo).
Los defensores de la reforma dicen que el 27 no dice que la Nación deba encargarse de todo el proceso productivo y sugieren que los artículos 28 y 26, siempre promotores fieles de la iniciativa privada, indican que partes de la cadena productiva deben encargarse a particulares. Olvidan decirnos en qué parte la Constitución dice, literalmente, eso. Olvidan que el 28 habla de un sector estratégico que es el petrolero que debe quedar en exclusiva para la Nación. También que el 26 refrenda ese concepto y que, si se interpretan los tres artículos, junto con el 25, todos en conjunto, resulta un juicio jurídico que les será muy difícil de admitir, pero también de rebatir: se trata de un recurso natural (no sólo de un producto) que pertenece a la Nación y que la Nación misma explotará, “en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva”.
Dicha ley dice que será a través de Pemex. Esa ley podría decir que se hará también a través de otros sujetos jurídicos, como lo proponen las iniciativas de Calderón; pero, si llegaran a aprobarse, entrarían en contradicción flagrante con la Constitución, porque en ningún lado ésta dice que los privados podrán llevar a cabo la explotación de “esos productos”. Y bien interpretada (mediante juicios jurídicos y no mediante sólo conceptos o palabras), por lo demás, más bien afirma que es una riqueza nacional que debe ser explotada en su beneficio sólo por la Nación. Explotación, en el sentido que da la Carta Magna, no es un aprovechamiento cualquiera, como lo ven los defensores de la reforma, sino, precisamente, un proceso productivo que resulta en un producto.
Como lo dije antes, lo que de verdad están planteando es la tesis de que Pemex es un ente “inconstitucional” (el término no se les ha ocurrido, pero razonan en ese sentido). No lo puede ser si la Ley Reglamentaria lo instituye y ésta deriva del 27. Pero ellos dicen que es un monopolio. El 28 dice que no será monopolio, porque no entra en la concurrencia de negocios. Eso no lo entienden. Habrá también que recordarles que el 26 establece que los sectores estratégicos son una palanca esencial de la planificación nacional y que su función como tales es primordial en la economía. Aparte sus críticas al pésimo desempeño de Pemex como empresa, lo que están diciendo es que no se justifica constitucionalmente y hay que desaparecerla.
Pregonan que se apoyan ante todo en la Constitución, pero su credo es el que expresó en su último artículo mi amigo Enrique Krauze: “El problema está en la sutil suplantación que el Estado ha hecho de la nación: para todos los efectos prácticos, quien tiene la propiedad del petróleo no es la nación, sino el Estado, que delega la propiedad en el gobierno en turno… La ‘propiedad’ de la nación es letra muerta”. Así es: no creen en la Constitución que sigue siendo, según ellos, “letra muerta”, aunque ahora la evoquen para sus fines privatizadores.
Diálogo de sombras. Daniel Cosío Villegas
José Agustín Ortiz Pinchetti
Camino por la explanada de El Colegio de México y me encuentro con don Daniel vestido a la inglesa. Lo saludo: don Daniel, ¡ya me decían que usted es un fantasma que recorre el Colegio! ¿Qué le parece este búnker? ¿Ya vio su estatua?
DCV: Me parece espantoso el grado de contaminación y de tránsito. Yo no conocí este nuevo edificio, me morí poco antes de que lo inaugurara Echeverría. La estatua apenas se le ve en la maleza. Hubiera preferido una ecuestre.
– Hace unos 60 años, usted escribió La crisis de México y estamos en otra crisis o en la misma, que se agrava día por día. En los medios oficiales nadie habla del asunto, o lo hace con un optimismo prácticamente irreal.
DCV: Bueno, yo me refería a la crisis que provocó el agotamiento de las metas de la Revolución. ¡Mi ensayo es de 1946! A mí no me sorprende que los grupos políticos oficiales continúen como siempre obrando sin importarles el destino del país.
– Pues las cosas se están agravando. En cierta forma estamos afrontando los mismos problemas que suscitaron la Revolución Mexicana.
DCV: A ver, a ver, repasemos… la tenencia indefinida del poder por parte de un hombre o un grupo de hombres… ¿cuál es la situación actual?
– El PRI y el PAN ejercen una especie de condominio del poder, pero los que determinan las políticas públicas son un grupo de magnates y la televisión.
DCV: ¿Y el otro propósito?, “que la suerte de los más debería prevalecer sobre la de los menos y que para lograrlo el gobierno tenía que convertirse en agente activo de la transformación”.
– Esto está peor, don Daniel: 50 monopolios controlan la economía. Las clases altas representan solo 3% y las medias 11%. La diferencia entre lo que ganan las familias más ricas y las más pobres llegan a mil tantos. El Estado ha renunciado a su papel rector… ¡Imagínese, están intentando privatizar Pemex!
DCV: ¿Y el nacionalismo…? “Que los gustos e intereses propios prevalezcan sobre los extraños”.
– Hace 20 años que la política de los gobiernos ha sido asociarnos con Estados Unidos, aceptar su tutelaje y abrirse de par en par a la inversión extranjera en áreas prioritarias y estratégicas.
DCV: eso lo preví puntualmente. Advertí que si México no hacía un enorme esfuerzo para salir de la postración, empezaría a navegar sin rumbo para confiar la solución de sus problemas mayores a la aspiración, imitación y sumisión de Estados Unidos.
Camino por la explanada de El Colegio de México y me encuentro con don Daniel vestido a la inglesa. Lo saludo: don Daniel, ¡ya me decían que usted es un fantasma que recorre el Colegio! ¿Qué le parece este búnker? ¿Ya vio su estatua?
DCV: Me parece espantoso el grado de contaminación y de tránsito. Yo no conocí este nuevo edificio, me morí poco antes de que lo inaugurara Echeverría. La estatua apenas se le ve en la maleza. Hubiera preferido una ecuestre.
– Hace unos 60 años, usted escribió La crisis de México y estamos en otra crisis o en la misma, que se agrava día por día. En los medios oficiales nadie habla del asunto, o lo hace con un optimismo prácticamente irreal.
DCV: Bueno, yo me refería a la crisis que provocó el agotamiento de las metas de la Revolución. ¡Mi ensayo es de 1946! A mí no me sorprende que los grupos políticos oficiales continúen como siempre obrando sin importarles el destino del país.
– Pues las cosas se están agravando. En cierta forma estamos afrontando los mismos problemas que suscitaron la Revolución Mexicana.
DCV: A ver, a ver, repasemos… la tenencia indefinida del poder por parte de un hombre o un grupo de hombres… ¿cuál es la situación actual?
– El PRI y el PAN ejercen una especie de condominio del poder, pero los que determinan las políticas públicas son un grupo de magnates y la televisión.
DCV: ¿Y el otro propósito?, “que la suerte de los más debería prevalecer sobre la de los menos y que para lograrlo el gobierno tenía que convertirse en agente activo de la transformación”.
– Esto está peor, don Daniel: 50 monopolios controlan la economía. Las clases altas representan solo 3% y las medias 11%. La diferencia entre lo que ganan las familias más ricas y las más pobres llegan a mil tantos. El Estado ha renunciado a su papel rector… ¡Imagínese, están intentando privatizar Pemex!
DCV: ¿Y el nacionalismo…? “Que los gustos e intereses propios prevalezcan sobre los extraños”.
– Hace 20 años que la política de los gobiernos ha sido asociarnos con Estados Unidos, aceptar su tutelaje y abrirse de par en par a la inversión extranjera en áreas prioritarias y estratégicas.
DCV: eso lo preví puntualmente. Advertí que si México no hacía un enorme esfuerzo para salir de la postración, empezaría a navegar sin rumbo para confiar la solución de sus problemas mayores a la aspiración, imitación y sumisión de Estados Unidos.
Con Salinas empezó la entrega del país a trasnacionales: CNI
Denuncia durante encuentro de solidaridad con zapatistas en Europa
La reforma energética y el TLC son algunos de los instrumentos neoliberales para destruir la soberanía, señala en Atenas un delegado
Hermann Bellinghausen
Con las reformas constitucionales de 1992, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se emprendió la destrucción de la soberanía nacional “entregando los recursos del país a las trasnacionales y creando normas que afectan a grandes extensiones de tierra, así como la vida de los pueblos originarios y de todo el pueblo mexicano”, expuso el representante purépecha y delegado del Congreso Nacional Indígena (CNI), Juan Chávez Alonso, al dar inicio el Encuentro Europeo de Solidaridad con los Zapatistas y la otra campaña, que se celebra este fin de semana en Atenas, Grecia.
Durante la primera jornada, este viernes en la Escuela Politécnica (emblema de la lucha durante la “dictadura de los coroneles” de ese país), la Asamblea abierta de solidaridad con los zapatistas y contra la represión en Chiapas, anfitriona del encuentro, reconoció los 14 años de resistencia zapatista y solidaridad internacional, señalando que el objetivo del encuentro “es trabajar en común para detener la guerra en Chiapas y poner en relieve que Europa resiste también a través de la solidaridad”.
En su intervención, Chávez Alonso describió los efectos privatizadores de las leyes de Áreas Naturales y de Protección, de Bioprospección (“para robar la sabiduría y patentar los conocimientos ancestrales de los pueblos”), Salud, Educación y Minería. Subrayó la relevancia negativa de la Secretaría de la Reforma Agraria, que a través de sus programas “busca la destrucción de la propiedad colectiva, sembrando ‘ejidos’ en territorios recuperados por los zapatistas con una regulación que permite su venta”.
El representante del CNI definió la reforma energética, el TLC, el ALCA y el Plan Puebla-Panamá como “instrumentos neoliberales para destruir la soberanía”. Quienes se oponen a estos planes, como las bases de apoyo zapatistas, son reprimidos y despojados, mientras se mantiene la militarización de sus tierras.
Para los indígenas, añadió, “todo lo que hay en la tierra es parte de la vida de la humanidad, se respeta y se cuida”. Los métodos de producción y comercialización neoliberales “destruyen y concentran la riqueza en manos de unos pocos, provocando pobreza y la dolorosa emigración”. Así, “el genocidio es cultural y físico”, pues busca “desaparecer materialmente a los pueblos indios”.
Recordó que en 2001, el Congreso mexicano negó el reconocimiento a estos pueblos y su autonomía, y definió a las comunidades “como entidades de interés público, no de derecho público; objetos y no sujetos”. Los zapatistas reafirman entonces el “derecho histórico” a su autonomía y en 2003 constituyen las juntas de buen gobierno. Desde 2006, la sexta declaración de la selva Lacandona significa la construcción de un nuevo proyecto de nación y una nueva Constitución.
Ernesto Ledesma, director de Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (Capise), quien ha recorrido 13 países de Europa para encontrarse con grupos solidarios con el EZLN, sostuvo que “se ha avanzado en el objetivo de romper el cerco informativo a la otra campaña y la lucha zapatista”.
Al concluir el primer día de coloquio en Atenas, Ledesma manifestó que la Sexta “tiene su origen en los pueblos indígenas, en la libre determinación y la aplicación de su autonomía, por naturaleza antisistémica y anticapitalista”. El objetivo, expresó, es aglutinar las luchas de todos los sectores y movimientos de abajo a la izquierda. “El avance de la Sexta origina represión, pero cuanto más nos reprimen más reaccionamos. Hay que seguir este camino y comprender que una parte fundamental de la conformación de los movimientos sociales es escuchar, y esto lo aprendemos de las compañeras y compañeros indígenas”.
La reforma energética y el TLC son algunos de los instrumentos neoliberales para destruir la soberanía, señala en Atenas un delegado
Hermann Bellinghausen
Con las reformas constitucionales de 1992, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se emprendió la destrucción de la soberanía nacional “entregando los recursos del país a las trasnacionales y creando normas que afectan a grandes extensiones de tierra, así como la vida de los pueblos originarios y de todo el pueblo mexicano”, expuso el representante purépecha y delegado del Congreso Nacional Indígena (CNI), Juan Chávez Alonso, al dar inicio el Encuentro Europeo de Solidaridad con los Zapatistas y la otra campaña, que se celebra este fin de semana en Atenas, Grecia.
Durante la primera jornada, este viernes en la Escuela Politécnica (emblema de la lucha durante la “dictadura de los coroneles” de ese país), la Asamblea abierta de solidaridad con los zapatistas y contra la represión en Chiapas, anfitriona del encuentro, reconoció los 14 años de resistencia zapatista y solidaridad internacional, señalando que el objetivo del encuentro “es trabajar en común para detener la guerra en Chiapas y poner en relieve que Europa resiste también a través de la solidaridad”.
En su intervención, Chávez Alonso describió los efectos privatizadores de las leyes de Áreas Naturales y de Protección, de Bioprospección (“para robar la sabiduría y patentar los conocimientos ancestrales de los pueblos”), Salud, Educación y Minería. Subrayó la relevancia negativa de la Secretaría de la Reforma Agraria, que a través de sus programas “busca la destrucción de la propiedad colectiva, sembrando ‘ejidos’ en territorios recuperados por los zapatistas con una regulación que permite su venta”.
El representante del CNI definió la reforma energética, el TLC, el ALCA y el Plan Puebla-Panamá como “instrumentos neoliberales para destruir la soberanía”. Quienes se oponen a estos planes, como las bases de apoyo zapatistas, son reprimidos y despojados, mientras se mantiene la militarización de sus tierras.
Para los indígenas, añadió, “todo lo que hay en la tierra es parte de la vida de la humanidad, se respeta y se cuida”. Los métodos de producción y comercialización neoliberales “destruyen y concentran la riqueza en manos de unos pocos, provocando pobreza y la dolorosa emigración”. Así, “el genocidio es cultural y físico”, pues busca “desaparecer materialmente a los pueblos indios”.
Recordó que en 2001, el Congreso mexicano negó el reconocimiento a estos pueblos y su autonomía, y definió a las comunidades “como entidades de interés público, no de derecho público; objetos y no sujetos”. Los zapatistas reafirman entonces el “derecho histórico” a su autonomía y en 2003 constituyen las juntas de buen gobierno. Desde 2006, la sexta declaración de la selva Lacandona significa la construcción de un nuevo proyecto de nación y una nueva Constitución.
Ernesto Ledesma, director de Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (Capise), quien ha recorrido 13 países de Europa para encontrarse con grupos solidarios con el EZLN, sostuvo que “se ha avanzado en el objetivo de romper el cerco informativo a la otra campaña y la lucha zapatista”.
Al concluir el primer día de coloquio en Atenas, Ledesma manifestó que la Sexta “tiene su origen en los pueblos indígenas, en la libre determinación y la aplicación de su autonomía, por naturaleza antisistémica y anticapitalista”. El objetivo, expresó, es aglutinar las luchas de todos los sectores y movimientos de abajo a la izquierda. “El avance de la Sexta origina represión, pero cuanto más nos reprimen más reaccionamos. Hay que seguir este camino y comprender que una parte fundamental de la conformación de los movimientos sociales es escuchar, y esto lo aprendemos de las compañeras y compañeros indígenas”.
Ortega vendió la idea de que él podía vetar a AMLO: Saucedo
Por ese “pacto” con la derecha pretenden imponerlo, asegura
Para solucionar la crisis los candidatos deben renunciar, dice Juan Guerra
Georgina Saldierna y Ángeles Cruz
Mario Saucedo señaló ayer que Jesús Ortega y su corriente, Nueva Izquierda (NI), hicieron un compromiso: vendieron la idea a la gente de la derecha y de los poderes fácticos, de que ellos podían vetar a Andrés Manuel López Obrador y al bloque de Alejandro Encinas; a los radicales que dicen ellos.
Pero no les salió, y por eso a como dé lugar, a través del fraude, pretenden imponer la candidatura de Ortega, esperanzados en que esto se logre por medio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, subrayó.
Integrante de la corriente de los Cívicos, estimó que NI pretende hacer del sol azteca un partido de izquierda dócil, funcional al sistema, lo que evidentemente entra en contradicción con el movimiento democrático.
Al referirse al acta de cómputo nacional que da como triunfador de los comicios internos al abanderado de los chuchos, manifestó que tal resultado es producto de que el Comité Técnico Electoral (CTE) sumó votos fraudulentos, esto es, casillas impugnadas o no instaladas de los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz.
Expuso que ahora la Comisión Nacional de Garantías tendrá que calificar la información y decir cuáles son votos correctos y cuáles no.
Más adelante consideró que la crisis en este partido no ha tocado fondo, y que de ella todos sus dirigentes son responsables por haber dejado crecer una forma antidemocrática de hacer política.
Saucedo se refirió también a la propuesta de Cuauhtémoc Cárdenas en el sentido de que los candidatos a la dirigencia declinen sus aspiraciones y se nombre una presidencia interina. Al respecto, cuestionó que en dicha salida se permita a Jesús Ortega despedirse como si no estuviera inculpado de haber cometido fraude electoral y atentar contra la vida interna del PRD.
En este contexto, señaló la posibilidad de integrar una comisión de ética que sancione a dirigentes, senadores, gobernadores y diputados que hayan incurrido en prácticas antidemocráticas en procesos electorales, porque resulta que los causantes del problema que enfrenta el PRD siguen gozando de cabal salud, como si no hubiera pasado nada.
Por su lado, Juan Guerra, vicecoordinador de los diputados federales del PRD, dijo que para solucionar el conflicto de este instituto se requiere que Alejandro Encinas y Jesús Ortega piensen en el partido, en el deterioro que ya presenta, y declinen, porque ninguno de los dos que, por cualquier vía, quedara como presidente, podría desempeñar esa función.
Sorprendido por la noticia de que el Comité Técnico Electoral concluyó el cómputo nacional de la elección del pasado 16 de marzo y le dio el triunfo a Jesús Ortega, confió en que éste se sostenga en su decisión de buscar una salida política.
Resaltó que en el partido del sol azteca se necesitan las dos corrientes que ahora se disputan la presidencia del PRD, tanto la radical como la moderada, para complementarse y mantener ese capital político de la izquierda en México. Esta conjunción es la que da fortaleza al PRD, por lo que se debe preservar, y para ello es necesario buscar una salida política.
De otra manera, advirtió el legislador, el PRD se va a seguir desfigurando y perdiendo apoyos. Ambos candidatos deben solicitar a la Comisión Nacional de Garantías la anulación de la elección y el nombramiento de una dirección provisional mientras se realiza el congreso refundacional del partido, donde se definirían las nuevas reglas internas, indicó.
Para solucionar la crisis los candidatos deben renunciar, dice Juan Guerra
Georgina Saldierna y Ángeles Cruz
Mario Saucedo señaló ayer que Jesús Ortega y su corriente, Nueva Izquierda (NI), hicieron un compromiso: vendieron la idea a la gente de la derecha y de los poderes fácticos, de que ellos podían vetar a Andrés Manuel López Obrador y al bloque de Alejandro Encinas; a los radicales que dicen ellos.
Pero no les salió, y por eso a como dé lugar, a través del fraude, pretenden imponer la candidatura de Ortega, esperanzados en que esto se logre por medio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, subrayó.
Integrante de la corriente de los Cívicos, estimó que NI pretende hacer del sol azteca un partido de izquierda dócil, funcional al sistema, lo que evidentemente entra en contradicción con el movimiento democrático.
Al referirse al acta de cómputo nacional que da como triunfador de los comicios internos al abanderado de los chuchos, manifestó que tal resultado es producto de que el Comité Técnico Electoral (CTE) sumó votos fraudulentos, esto es, casillas impugnadas o no instaladas de los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz.
Expuso que ahora la Comisión Nacional de Garantías tendrá que calificar la información y decir cuáles son votos correctos y cuáles no.
Más adelante consideró que la crisis en este partido no ha tocado fondo, y que de ella todos sus dirigentes son responsables por haber dejado crecer una forma antidemocrática de hacer política.
Saucedo se refirió también a la propuesta de Cuauhtémoc Cárdenas en el sentido de que los candidatos a la dirigencia declinen sus aspiraciones y se nombre una presidencia interina. Al respecto, cuestionó que en dicha salida se permita a Jesús Ortega despedirse como si no estuviera inculpado de haber cometido fraude electoral y atentar contra la vida interna del PRD.
En este contexto, señaló la posibilidad de integrar una comisión de ética que sancione a dirigentes, senadores, gobernadores y diputados que hayan incurrido en prácticas antidemocráticas en procesos electorales, porque resulta que los causantes del problema que enfrenta el PRD siguen gozando de cabal salud, como si no hubiera pasado nada.
Por su lado, Juan Guerra, vicecoordinador de los diputados federales del PRD, dijo que para solucionar el conflicto de este instituto se requiere que Alejandro Encinas y Jesús Ortega piensen en el partido, en el deterioro que ya presenta, y declinen, porque ninguno de los dos que, por cualquier vía, quedara como presidente, podría desempeñar esa función.
Sorprendido por la noticia de que el Comité Técnico Electoral concluyó el cómputo nacional de la elección del pasado 16 de marzo y le dio el triunfo a Jesús Ortega, confió en que éste se sostenga en su decisión de buscar una salida política.
Resaltó que en el partido del sol azteca se necesitan las dos corrientes que ahora se disputan la presidencia del PRD, tanto la radical como la moderada, para complementarse y mantener ese capital político de la izquierda en México. Esta conjunción es la que da fortaleza al PRD, por lo que se debe preservar, y para ello es necesario buscar una salida política.
De otra manera, advirtió el legislador, el PRD se va a seguir desfigurando y perdiendo apoyos. Ambos candidatos deben solicitar a la Comisión Nacional de Garantías la anulación de la elección y el nombramiento de una dirección provisional mientras se realiza el congreso refundacional del partido, donde se definirían las nuevas reglas internas, indicó.
Crisis andina, cadena de inconsistencias
Editorial
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, advirtió ayer que iniciará procesos penales internacionales contra el gobierno de Colombia por las “ejecuciones extrasumariales” presuntamente cometidas durante el ataque lanzado contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano. A decir del mandatario, al menos tres de las personas que se encontraban en el refugio de las FARC fueron rematadas a sangre fría por elementos del ejército colombiano, lo que, de confirmarse, reafirmaría el carácter criminal y bárbaro de la operación militar ordenada por Álvaro Uribe, y que ésta no sólo contravino la legalidad internacional, sino también los más elementales principios humanitarios.
Por supuesto, Bogotá ha negado la versión. Sin embargo, el historial de mentiras e inconsistencias de ese gobierno no permite descartar las acusaciones de Correa. Ha de recordarse que en un principio las autoridades colombianas afirmaron que durante el operativo no se violó en momento alguno la soberanía de Ecuador; más tarde se aseguró que los soldados colombianos sí habían cruzado la frontera, pero que lo habían hecho en persecución de los guerrilleros y en todo momento actuaron en defensa propia, aun cuando se ha comprobado que los insurgentes fueron asesinados a mansalva, posiblemente mientras dormían.
Luego, la Casa de Nariño –sede del gobierno de Colombia– afirmó que contaba con información respecto de supuestos “acuerdos del grupo terrorista de las FARC y los gobiernos de Ecuador y Venezuela”, y pretendió fundamentar tales señalamientos con datos obtenidos en las computadoras que presuntamente llevaba el líder guerrillero Raúl Reyes, caído durante el ataque. Hasta ahora, la versión de Uribe no ha podido ser demostrada e incluso ha tenido que desmentir la autenticidad de algunas de sus “evidencias”, como las imágenes que presuntamente mostraban a Reyes en entrevista con el ministro de Seguridad Interna y Externa venezolano, Gustavo Larrea, cuando en realidad se trataba del secretario general del Partido Comunista de Argentina, Patricio Echegaray.
Ahora el gobierno colombiano afirma que durante la acción militar de principios de marzo no intervino ninguna otra nación. Con ello, Bogotá pretende negar el apoyo de Washington en la operación, lo que pareció evidente desde un principio por el grado de sofisticación y el empleo de tecnología de punta durante el ataque, y porque, como lo señaló el ministro ecuatoriano de Defensa, Javier Ponce, hay “razones fundadas para creer que la fuerza aérea colombiana no tiene capacidad para realizar el ataque”.
En cambio, las aseveraciones del presidente Correa no acusan las inconsistencias de su homólogo colombiano, ni representan una suma de improbabilidades para el sentido común. Algunas de ellas, inclusive, han sido confirmadas por actores ajenos al conflicto, como el gobierno francés, cuya cancillería afirmó que Raúl Reyes era su contacto con las FARC para negociar la liberación de Ingrid Betancourt. Ante estos elementos de juicio, cobran sentido e importancia las intenciones de esclarecer, de cara a la opinión pública mundial, un hecho que agravió al pueblo de Ecuador, a los principios fundamentales de la soberanía, a la legalidad internacional y a la propia condición humana.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, advirtió ayer que iniciará procesos penales internacionales contra el gobierno de Colombia por las “ejecuciones extrasumariales” presuntamente cometidas durante el ataque lanzado contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano. A decir del mandatario, al menos tres de las personas que se encontraban en el refugio de las FARC fueron rematadas a sangre fría por elementos del ejército colombiano, lo que, de confirmarse, reafirmaría el carácter criminal y bárbaro de la operación militar ordenada por Álvaro Uribe, y que ésta no sólo contravino la legalidad internacional, sino también los más elementales principios humanitarios.
Por supuesto, Bogotá ha negado la versión. Sin embargo, el historial de mentiras e inconsistencias de ese gobierno no permite descartar las acusaciones de Correa. Ha de recordarse que en un principio las autoridades colombianas afirmaron que durante el operativo no se violó en momento alguno la soberanía de Ecuador; más tarde se aseguró que los soldados colombianos sí habían cruzado la frontera, pero que lo habían hecho en persecución de los guerrilleros y en todo momento actuaron en defensa propia, aun cuando se ha comprobado que los insurgentes fueron asesinados a mansalva, posiblemente mientras dormían.
Luego, la Casa de Nariño –sede del gobierno de Colombia– afirmó que contaba con información respecto de supuestos “acuerdos del grupo terrorista de las FARC y los gobiernos de Ecuador y Venezuela”, y pretendió fundamentar tales señalamientos con datos obtenidos en las computadoras que presuntamente llevaba el líder guerrillero Raúl Reyes, caído durante el ataque. Hasta ahora, la versión de Uribe no ha podido ser demostrada e incluso ha tenido que desmentir la autenticidad de algunas de sus “evidencias”, como las imágenes que presuntamente mostraban a Reyes en entrevista con el ministro de Seguridad Interna y Externa venezolano, Gustavo Larrea, cuando en realidad se trataba del secretario general del Partido Comunista de Argentina, Patricio Echegaray.
Ahora el gobierno colombiano afirma que durante la acción militar de principios de marzo no intervino ninguna otra nación. Con ello, Bogotá pretende negar el apoyo de Washington en la operación, lo que pareció evidente desde un principio por el grado de sofisticación y el empleo de tecnología de punta durante el ataque, y porque, como lo señaló el ministro ecuatoriano de Defensa, Javier Ponce, hay “razones fundadas para creer que la fuerza aérea colombiana no tiene capacidad para realizar el ataque”.
En cambio, las aseveraciones del presidente Correa no acusan las inconsistencias de su homólogo colombiano, ni representan una suma de improbabilidades para el sentido común. Algunas de ellas, inclusive, han sido confirmadas por actores ajenos al conflicto, como el gobierno francés, cuya cancillería afirmó que Raúl Reyes era su contacto con las FARC para negociar la liberación de Ingrid Betancourt. Ante estos elementos de juicio, cobran sentido e importancia las intenciones de esclarecer, de cara a la opinión pública mundial, un hecho que agravió al pueblo de Ecuador, a los principios fundamentales de la soberanía, a la legalidad internacional y a la propia condición humana.
Asamblea Dominical Resistencia Creativa 11 de Mayo 2008
Invitamos a brigadistas del MNDP, comités ciudadanos en resistencia, hombres y mujeres libres de México, a la Asamblea dominical de la Resistencia Creativa este domingo 11 de mayo del 2008 en el Hemiciclo a Juárez a las 11:00 hrs. en esta ocasión contaremos con la presencia del Dr. Jaime Cárdenas Gracia, quien nos dará una interesante conferencia sobre el tema del Petróleo.
Al concluir la conferencia, la brigada No. 8 "Enaguas Profundas" tendrá ensayo general de la orquesta disfónica (por lo que se solicita lleven sus instrumentos musicales), así como entrega de materiales para brigadeo.
¡Contamos con tu presencia
Invitación hoy, 11 A.M.
Conferencia
El CP José Zúñiga Jiménez, especialista fiscal, abordará las perspectivas económicas y fiscales de la iniciativa privatizadora del petróleo del gobierno calderonista y sus efectos para la población en general. Domingo 11 de mayo a las 11 horas en el salón de usos múltiples de la Unidad Habitacional Carmen Serdán. Décima Cerrada de las Torres No. 22, colonia Valle de San Lorenzo, Iztapalapa DF.
El CP José Zúñiga Jiménez, especialista fiscal, abordará las perspectivas económicas y fiscales de la iniciativa privatizadora del petróleo del gobierno calderonista y sus efectos para la población en general.
Entrevista en la que se expresa el pensamiento de la derecha
Guillermo Velasco Arzac/Mejor Sociedad, Mejor Gobierno
López Obrador se va a topar con un blindaje ciudadano
La próxima vez que el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador intente paralizar las actividades legislativas, se topará con un blindaje ciudadano, advierte, en entrevista con Siempre!, Guillermo Velasco Arzac, presidente de la asociación civil Mejor Sociedad, Mejor Gobierno (MSMG).
El 25 de abril pasado, luego de más de dos semanas del secuestro con el que supuestamente evitó un “madruguete legislativo” que aprobara las cinco iniciativas para la reforma energética presentadas el día 8 por el presidente Felipe Calderón, el Frente Amplio Progresista (FAP) desocupó las tribunas del Congreso de la Unión, tras pactar con el PRI y el PAN un debate nacional en torno a la transformación de Petróleos Mexicanos (Pemex), el cual se celebrará del 13 de mayo al 22 de julio.
El coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, explicó entonces que la ocupación de las tribunas de las cámaras de Diputados y Senadores fue un “triunfo” de los legisladores del FAP y de la resistencia civil (el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, que encabeza López Obrador) para impedir una reforma que viole la Constitución, privatice la industria petrolera y promueva la corrupción. Sin embargo, una encuesta realizada por la propia Unidad de Estudios Estratégicos de la fracción perredista en la cámara alta, indicó que la toma de las tribunas parlamentarias, ocurrida el 10 de abril, obtuvo la reprobación de seis de cada diez mexicanos.
Entrevistado por este semanario, Guillermo Velasco Arzac, contratante del spot televisivo ¿Quiénes toman los Congresos?, que comparó la movilización del FAP con las acciones de dictadores como Adolfo Hitler, Benito Mussolini, Augusto Pinochet y Victoriano Huerta, aseguró que la línea violenta de López Obrador va camino hacia un problema muy grave para México.Actuación fascista
Antonio Cerda Ardura.- ¿Considera usted que el spot de televisión de MSMG influyó, finalmente, en el desalojo de las tribunas parlamentarias?
Guillermo Velasco Arzac.- Estamos convencidos de que contribuyó bastante. Los legisladores que secuestraron el Congreso partían del supuesto de que la opinión pública estaba de su lado, porque estaban uniendo la bandera de Pemex con la clausura de las tribunas. Pero el pueblo mexicano no es tonto y distingue perfectamente que una cosa es debatir la reforma energética y otra es una actuación fascista y autoritaria. Por eso la sociedad les dio la espalda. El spot vino a ser la voz pública de lo que una gran cantidad de mexicanos pensaba en su casa, en el trabajo o en la escuela. Y comprobamos que el spot tuvo un gran apoyo, a través de llamadas telefónicas y por las respuestas a nuestro portal de Internet. Tal vez esto hizo pensar a los legisladores del FAP que estaban pagando un costo muy alto, que sufrían un gran desprestigio y que su acción va a repercutir en el ámbito electoral.
A.C.A.- Las autoridades no condenaron el secuestro del Congreso, pero sí el ataque del spot a un partido político. Algunos intelectuales consideraron que el anuncio fue exagerado y que, por el contrario, quizás abonó más en la división de los mexicanos.
G.V.A.- La mesa directiva del Congreso marcó la pauta institucional, pero sin fuerza suficiente, porque significaba entrar en conflicto con sus compañeros legisladores. Sólo dejó el precedente de no estar de acuerdo con la toma de las tribunas. El Poder Ejecutivo estaba en una situación comprometida, porque, en el momento en que Felipe Calderón opinó, de inmediato se dio una polarización Legislativo-Ejecutivo. Tampoco le convenía. Por eso era indispensable que los ciudadanos manifestáramos un repudio total a los legisladores golpistas. Hubo quienes dijeron que se nos pasó la mano o que nos movió el odio, pero, francamente, se trató de opiniones poco serias. Lo que nos movió fue el amor a las instituciones, a México y a la justicia. Lo que comparó el spot fue una acción. Podrán existir motivaciones diferentes, pero retener, por ejemplo, a una persona por dinero, pasión o venganza, es un secuestro. En este caso, el secuestro del Congreso significó que un poder político se plantó por encima de la ley y el derecho y logró paralizar las actividades legislativas. ¡Eso fue lo que hizo Mussolini! Y eso también lo hizo, por consigna, el grupo de legisladores de López Orador. ¡Fue una acción comparable! Nosotros no equiparamos las biografías ni la trayectoria política de los personajes, sino la acción específica de la clausura del Congreso.
A.C.A.- De la plática López Obrador-Carlos Navarrete dada a conocer, se infiere que la toma del Congreso fue una medida voluntariosa de una sola persona y que los legisladores perredistas obedecen esos dictados.
G.V.A.- Puso en evidencia que López Obrador es un cacique que maneja las riendas del PRD, o de gran parte del PRD. Pero también indica que los legisladores golpistas buscarán culparlo sólo a él. ¡Todos son responsables, porque no son niños! Por lo tanto, la sociedad va a rechazar a los legisladores y al partido que han generado acciones violentas.
A.C.A.- ¿Cómo fundamentaría, legalmente, la emisión de su spot?
G.V.A.- En la libertad de expresión. Desde que se inició la reforma electoral, nosotros advertimos que había un exceso, porque los ciudadanos necesitamos espacios de expresión. No podemos confiar el sentir ciudadano únicamente a los partidos políticos, porque éstos, muchas veces, acaban negociando a espaldas de la ciudadanía. Los ciudadanos tenemos libertad de expresión, por ejemplo, en el restaurante en el que ahora estamos charlando, pero eso no tiene fuerza política. Para poder tener fuerza política, necesitamos libertad para contratar spots o publicar desplegados. Es la única manera de dar peso político a nuestra voz y, por lo tanto, es un fundamento de libertad de expresión. Así que vamos a seguir peleando por ese derecho.
A.C.A.- No debió sorprenderle la reacción dura del lFE, que ordenó retirare el spot, pero no condenó la clausura del Congreso.
G.V.A.- El Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales (Cofipe) prohíbe a los partidos políticos los actos en contra de las instituciones, la democracia y la ley. La clausura del Congreso violó el artículo 38 del Cofipe y, sin embargo, el IFE no ha sancionado a esos legisladores. Es más fácil condenar a un ciudadano que representa a una organización de mediano tamaño. ¡A ese sí hay que aplicarle la ley! En cambio, no hacen valer su autoridad y la norma para frenar una acción, a todas luces ilegal, de uno o de varios partidos políticos.
A.C.A.- ¿Cuál debió haber sido la reacción?
G.V.A.- El IFE debe actuar de manera más firme y más pareja y sancionar al partido o partidos y a las personas que secuestraron el Congreso. Si no es así, lo van volver a secuestrar.
A.C.A.- ¿Qué plantearía MSMG para que el Congreso deje de ser un rehén político?
G.V.A.- Se necesita un buen diagnóstico político que demuestre que no es un problema personal de López Obrador. Muchos dicen que él está loco, pero se equivocan: atrás hay una estrategia. En esa estrategia, López Obrador es sólo un líder. Pero hay muchas personas comprometidas a crear desestabilización e ingobernabilidad en México. Una prueba: uno de nuestros asociados en MSMG, se infiltró en el grupo de las adelitas. ¡Le regalaron discos digitales con propaganda del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)! ¡Así que no es el asunto del petróleo! Se trata de una estrategia de movilización radical, porque, por la vía electoral, no van a encontrar nunca el respaldo suficiente del pueblo. Y los ciudadanos tenemos que rechazar con energía, en todos los foros, esa acción radical de algunos legisladores y dirigentes políticos.
A.C.A.- ¿Esto significa que usted liga al movimiento de López Obrador con las FARC y con grupos rebeldes de México?
G.V.A.- Sostenemos es que se está articulando un movimiento violento. Nosotros denunciamos, por ejemplo, la presencia de mexicanos en las FARC, en territorio de Ecuador. Ya quedó claro que Lucía Morett, que primero decía que estaba en un viaje de estudios, sí está comprometida con las FARC y cuenta ahora con la protección del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Si tomamos en cuenta las expresiones de apoyo de algunos intelectuales y políticos mexicanos de izquierda, eso significa que la línea violenta de las FARC no les es ajena ni antipática. Así que me parece que sí hay una vinculación y que las acciones del EPR, la relación con las FARC y la línea violenta de López Obrador, si no están hoy articuladas, van camino hacia un problema más grave para México.
A.C.A.- Usted se reunió con el presidente de Colombia, Alvaro Uribe. ¿De qué hablaron?
G.V.A.- El primer tema fue el abatimiento del crimen organizado en Colombia. Cuando él tomó posesión, ocurrían en ese país unos tres mil secuestros anuales. Pero el año pasado se registraron sólo 270. En México, durante 2007, tuvimos 570 secuestros. ¡Más del doble! Esto significa que el primer lugar en secuestros que Colombia mantuvo durante muchos años, ahora lo ocupa México. Contra los hechos, no hay argumentos. En Colombia se han fortalecido, en forma simultánea, la democracia y el combate al crimen organizado. Lo segundo que platicamos fue sobre nuestra denuncia formal, penal, respecto a posibles delitos de terrorismo, contra esos mexicanos que estaban en Ecuador. Esto lo tiene que investigar la PGR, porque ha ido quedando claro que estos mexicanos no tenían ningún objetivo académico y que se encontraban en un campamento de alto nivel estratégico para las FARC.
A.C.A.- Hay gente que no comparte su posición y que lo califica como un radical de extrema derecha, cuya pretensión es agudizar la división de la sociedad.
G.V.A.- Extrema derecha fueron Mussolini y Pinochet. En distintos momentos de la historia, las extremas derecha e izquierda se han juntado y apoyado. La posición del nazismo, por ejemplo, fue un socialismo nacionalista como el que algunos izquierdistas sostienen. Y se juntan porque violan derechos humanos, menosprecian las instituciones y manipulan la democracia a su antojo. Por eso extrema derecha y extrema izquierda son autoritarios y prepotentes. Pero mi posición tiene una definición clara a la que dedicamos un congreso nacional: el humanismo solidario. Esto significa que el ser humano, el pobre, el común y corriente, y el nacido en México y el inmigrante deben ser el centro de la vida política y económica. Es solidario porque no bastan las leyes ni el movimiento de la economía. Tiene que haber solidaridad entre las personas y los grupos para resolver los graves problemas sociales del país. Este es un pensamiento profundo. Llamarlo de derecha es una etiqueta muy mal puesta, porque no lo refleja.
A.C.A.- ¿Hasta qué punto los ciudadanos podemos tomar la justicia en nuestras manos? ¿Y hasta qué punto el Estado está omitiendo su obligación de preservar la paz y la seguridad?
G.V.A.- Desde el año 2000, los ciudadanos hemos aprendido lecciones. Los partidos pueden ser mejores y todos queremos que lo sean, pero no podemos confiar la vida política a los políticos profesionales, ni podemos limitar la participación ciudadana a los partidos políticos. Tampoco podemos dejar la democracia sólo en los procesos electorales. Necesitamos una democracia participativa, muy ciudadana y fuerte. De otra manera, los intereses políticos y económicos dentro de los partidos acaban perjudicando a la sociedad. Por otra parte, el gobierno solo no puede enfrentar estrategias como la de la desestabilización o el terrorismo. ¡El Estado es gobierno y sociedad! Así que necesitamos una sociedad mucho más pujante. Precisamente por eso, aun cuando para mí fuera muy atractiva una vida más tranquila, junto con otras personas estoy volviendo a asumir un liderazgo social. La ciudadanía lo espera, lo respalda y lo apoya. Así es como vamos a poder contrarrestar todo lo que atenta contra las instituciones.
A.C.A.- ¿Qué piensa en lo personal de López Obrador? Ambos representan posiciones en colisión. Para usted, él es un cacique.
G.V.A.- Existe una confrontación que, además, se ha repetido. Cuando marchamos contra la inseguridad, la reacción de López Obrador fue decir que había un complot de la derecha en su contra y mencionó mi nombre como el principal responsable. Durante el proceso electoral del 2006, en el marco de una red ciudadana, nosotros hicimos todo lo posible para impedir que López Obrador llegara a la Presidencia. Después de las elecciones, defendimos la autonomía del Tribunal Electoral para impedir su chantaje. Ahora es lo mismo. Por lo visto, vamos a estar en confrontación durante varios años, porque él buscará lograr sus objetivos políticos y nosotros trataremos de impedirlo. Sin embargo, nuestra acción no se limita a López Obrador, sino a toda esa estrategia que intenta generar un retroceso en la vida política de México y llevarnos, otra vez, a una lucha de clases, al autoritarismo y a las polarizaciones.
A.C.A.- ¿Son López Obrador y el PRD?
G.V.A.- López Obrador y gran parte del PRD. En la misma línea están Alejandro Encinas, aun cuando es más hábil para plantearlo, y muchos más. No es un repudio a todo el PRD. México necesita un partido de izquierda, pero que crea en la democracia y en la ley.
A.C.A.- Para López Obrador, usted y su spot son parte del complot de siempre. Si hubiera que darle alguna explicación, ¿qué le diría?
G.V.A.- Lo invito a un debate. Vamos a discutir su estrategia y, por mi parte, lo que la sociedad pide. No sería sólo mi punto de vista, sino lo que diversos sectores sociales le reclaman, como esa estrategia de movilización antidemocrática. Ojalá lo acepte.
No a la indiferencia
A.C.A.- Ahora se ha dicho que lo que menos le importa a él es el petróleo, sino mantener los reflectores en la búsqueda de la Presidencia de la República. ¿Quién puede detenerlo?
G.V.A.- Hay mucho de megalomanía personal, pero no se trata de un proyecto personal, sino de una estrategia de grupo. Eso lo quiero destacar porque, de lo contrario, minimizamos el peligro que representa para México. Es una estrategia desestabilizadora que va a ir impulsando, poco a poco, una violencia verbal y social que quizás pueda llegar más lejos. El progreso de esa estrategia ocasionaría un enorme daño social, económico, cultural y político a México. Crearía desconfianza en las instituciones, resentimiento social, desunión entre los mexicanos y habría menos creación de empleos y menos inversiones. El buscar que lo detengan, es parte de la audacia de López Obrador. Le vendría muy bien una represión del gobierno para plantearse como víctima. Eso no conviene. Pero tampoco conviene la indiferencia. Tiene que darse un rechazo activo, público, cívico para que el ambiente se vaya calentando en favor de la democracia, con un gran sentido de dignidad, y para que vaya perdiendo el sustento social que hoy tiene.
A.C.A.- ¿Hay que poner algún tipo de blindaje al Congreso?
G.V.A.- Definitivamente, un blindaje ciudadano. Nosotros participaremos activamente. Haremos vallas ciudadanas para preservar la institucionalidad del Congreso y para defenderlo. Vamos a estar ahí para evitar una nueva clausura, porque, al fin y al cabo, las instituciones son del pueblo y no de los partidos. Seguiremos buscando la suma de esfuerzos en contra de la estrategia de López Obrador, que ya no va a poder tomar el Congreso impunemente.
Boletín Informativo ISA núm 417
http://serviciodenoticiasisa
Sumario:
I. La Constitución permite las consultas públicas cuando se trata de asuntos importantes para la Nación y para su desarrollo económico y social, como es el caso del futuro de la industria petrolera, señala López Obrador
II. Sería una tontería vender Pemex, por ser sustento y columna vertebral de la economía nacional: Bátiz
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LA CONSTITUCIÓN PERMITE LAS CONSULTAS PÚBLICAS CUANDO SE TRATA DE ASUNTOS IMPORTANTES PARA LA NACIÓN Y PARA SU DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, COMO ES EL CASO DEL FUTURO DE LA INDUSTRIA PETROLERA, SEÑALA LÓPEZ OBRADOR
Al reiterar la necesidad de combatir la corrupción en Pemex para evitar que Mouriño y Felipe Calderón realicen negocios en la paraestatal al amparo del poder público, el presidente legítimo de México afirmó que Calderón es un inepto y resultó un rotundo fracaso en el combate a la delincuencia y el crimen organizado, como lo demuestra la ola de ejecuciones registradas en un importante número de ciudades del país.
En entrevista que concedió al término de una reunión informativa con brigadistas de comités en defensa del petróleo de los cinco municipios de Baja California Sur, calificó de una farsa la resolución a favor de Mouriño de la comisión legislativa investigadora de los delitos de tráfico de influencias en los negocios del funcionario calderonista.
“Los legisladores de la mencionada comisión investigadora fueron designados por el propio Mouriño, en sus oficinas de la Secretaría de Gobernación, y se formó a la medida de los intereses del propio Mouriño y de Calderón. Ahora, hay que buscar un mecanismo para traerlos a mecate corto, tanto a Mouriño como a Calderón”, propuso.
Sin embargo, López Obrador aclaró que el delito de tráfico de influencias en el que incurrió Mouriñó Terrazo no prescribe. Todavía “hay delitos que perseguir porque Mouriño y Calderón son socios en el negocio del petróleo”, agregó.
El caso Mouriño no está cerrado y “nosotros nunca vamos a quitar el dedo del renglón”, adelantó, y subrayó que es necesario transferir a Pemex los recursos excedentes captados por los altos precios del petróleo en el mercado internacional, para evitar que Calderón, Mouriño y socios los utilicen de manera discrecional.
A pregunta expresa que le hicieron los reporteros, el presidente legítimo de los mexicanos hizo énfasis en que el movimiento nacional en defensa del petróleo se conduce y se conducirá de manera pacífica.
También informó que ha visitado en diversas ocasiones los cinco municipios de Baja California Sur y que en esta ocasión fue para sostener una reunión informativa con los brigadistas de los comités en defensa del petróleo, porque “no queremos la privatización del petróleo, no queremos que se entregue este recurso a extranjeros”.
En las asambleas informativas con los brigadistas de los estados de Baja California Sur y Baja California, López Obrador reiteró “la necesidad de someter a una consulta popular la denominada reforma energética que impulsa el gobierno del presidente pelele, Felipe Calderón”.
Mediante un acuerdo de los legisladores de las diversas fracciones parlamentarias se podría concretar que el pueblo de México expresara su aprobación o rechazo a la mencionada propuesta, explicó. Expresó que la Constitución permite las consultas públicas cuando se trata de asuntos importantes para la Nación y para su desarrollo económico y social, además de que en la mayoría de las leyes fundamentales de los estados ya está prevista la figura de referéndum, el plebiscito y la consulta popular.
En otro orden de ideas, López Obrador destacó la importancia de tomar en cuenta la propuesta hecha por su correligionario, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, como una alternativa de solución al conflicto interno en el PRD.
De acuerdo a la agenda de trabajo, López Obrador no tendrá actividades públicas este 10 de mayo, y se reunirá el domingo con los integrantes de las brigadas en defensa del petróleo de los estados de Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato.
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SERÍA UNA TONTERÍA VENDER PEMEX, POR SER SUSTENTO Y COLUMNA VERTEBRAL DE LA ECONOMÍA NACIONAL: BÁTIZ
Palabras del secretario de Justicia y Seguridad del gobierno legítimo de México, Bernardo Bátiz Vázquez, en el simposio Petróleo y Seguridad Energética, que organiza la Comisión de Energía y Desarrollo del Frente Amplio Progresista en la Antigua Escuela de Medicina
Los proyectos de dos leyes completas y tres reformas a otras, que se ha llamado en su conjunto “Reforma Energética”, no son sino una apertura para que las poderosas empresas petroleras privadas tengan acceso, propiedad y control de refinerías, oleoductos y pozos petroleros en tierra firme y en el mar.
El proyecto en su conjunto es una acción mal intencionada, mentirosa, encaminada simultáneamente a pasar por encima de preceptos constitucionales vigentes y a engañar a la opinión pública diciendo lo contrario de lo que se pretende hacer; se basa en una aplicación equívoca de preceptos constitucionales vigentes de clara interpretación, para entregar, al menos en parte, por lo pronto en parte, el patrimonio mexicano en materia de hidrocarburos.
Al percatarse, quienes proponen la supuesta reforma, que no podrían modificar directamente artículos constitucionales por la ola de descontento que tal intención despertó en la opinión pública ante la sola mención de la posibilidad, buscaron entonces, mediante un proceso acelerado, aprobar las reformas a las leyes secundarias, tan rápidamente, que cuando se iniciara el debate de las mismas ya estarían aprobadas y en vigor; de nueva cuenta.
Sin embargo, toparon con una barrera decidida a evitar el atropello y se frustró la intentona con la huelga y toma de tribuna que los legisladores del Frente Amplio Progresista con toda oportunidad efectuaron y con la salida a la calle del pueblo organizado, con la avanzada de las brigadas blancas de las Adelitas, ejemplo de patriotismo y valor civil.
Gracias a esas acciones, la opinión pública tomó conciencia y se interesó vivamente en el tema, se salvó en parte la barrera de desinformación de los medios electrónicos de comunicación y se puso el asunto en el centro de la atención nacional.
Que el proyecto es mal intencionado salta a la vista con el cotejo entre lo que dice el texto constitucional en los artículos 25, 27 y 28 y lo que se propone en las pretendidas reformas.
En la Constitución todo lo relacionado con el petróleo y los demás hidrocarburos queda reservado a la propiedad y control de la Nación; en cambio, en los proyectos enviados al Legislativo, claramente se rompe con este principio y, de ser aprobados, parte de la propiedad y el control de la industria petrolera podrían entregarse a las grandes corporaciones petroleras trasnacionales; para eso son el proyecto, las prisas y la propaganda.
El desconocimiento de la Constitución podemos encontrarlo desde la conceptualización y la terminología empleadas. A reserva de puntualizar las contradicciones entre la Ley Suprema y las nuevas reglas propuestas por Felipe Calderón, es importante destacar la confusión en la terminología y en los conceptos que pueden percibirse desde la lectura de las exposiciones de motivos.
En la propuesta de una nueva Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, en el primer párrafo de la exposición de motivos, se dice que “México ha reafirmado su rectoría sobre el petróleo y el control de la entidad paraestatal” que lo maneja; los o el autor de la iniciativa desconocen el significado que el constituyente permanente da al termino “rectoría”; en el artículo 28 constitucional, se distinguen con claridad los conceptos de rectoría, que se deja como función del Estado sobre las áreas prioritarias de la economía, entre las que no está el petróleo y control y propiedad, que se aplican a las áreas estratégicas, entre las que sí se encuentra el petróleo.
El artículo 28 de la Constitución dice textualmente: “Las comunicaciones vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional”, y agrega enseguida: “el Estado ejercerá en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la nación y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación…”, aquí la Constitución permite que otros, empresas o personas privadas o entidades sociales, intervengan a través de concesiones o permisos, sólo que con algunas prevenciones y cuidados.
La rectoría es una función desde afuera de las empresas u organismos sobre los que ésta se ejerce, en la Constitución se refiere a las áreas prioritarias, en las que podrán otorgarse concesiones o permisos; las empresas concesionarias o permisionarias, actuarán con autonomía y por su propia cuenta, pero bajo la vigilancia externa del Estado sobre ellas; eso es precisamente la rectoría, que evitará que el empleo de esos permisos y concesiones vaya en contra del interés nacional.
En cambio, en las áreas estratégicas, definidas por los artículos 25 y 28, no hay posibilidad de otorgar ni concesiones ni permisos, ni siquiera la de compartir actividades con otras entidades que no sean las del Estado mismo. Con claridad que no requiere más interpretación que la literal, se establece que en las áreas estratégicas que por cierto no constituyen monopolio, las funciones que el Estado ejerce son en primer lugar exclusivas.
Es decir, sin que se permita en ellas alguna injerencia extraña, mucho menos concesiones o permisos y por la misma exclusividad, ni siquiera contratos para la explotación ni participación ajena y enseguida, con la literalidad de los textos constitucionales, bajo la propiedad y el control del Estado, que por ello tiene mucho más que tan sólo rectoría.
Sobre el petróleo, México no reafirma, como expresa erróneamente la exposición de motivos, rectoría alguna, porque sobre el petróleo la intervención del Estado mexicano es directa, va más allá de la simple rectoría y lo que ejerce es de manera exclusiva, la propiedad misma y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan y que no son otros que Pemex y sus subsidiarias.
Si el legislador constitucional hubiera pretendido darle un tratamiento igual o semejante a las áreas estratégicas y a las prioritarias, no las hubiera distinguido con la precisión con que lo hace, ni hubiera sido tan enfático en declarar la exclusividad para el Estado, a través del gobierno federal, de las estratégicas, tanto en la propiedad como en el control de los organismos que se establezcan, que en realidad ya están establecidos y son Pemex y sus empresas subsidiarias.
Para mayor claridad, menciono textualmente lo que dice la Constitución, primero en el artículo 25 párrafo cuarto:
“El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan”.
El siguiente párrafo aclara al anterior, al establecer textualmente lo siguiente:
“Así mismo podrá participar (el sector público) por sí o con los sectores social y privado de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo” .
La distinción constitucional es nítida, en las áreas estratégicas, dentro de las que está el petróleo, el sector público, por conducto del gobierno federal, tendrá a su cargo de manera exclusiva la propiedad y el control sobre los organismos que se establezcan; en cambio, en las áreas prioritarias podrá participar por sí o con los sectores social y privado.
Por otra parte, el artículo 28 dispone:
“No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafia; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión.”
En este párrafo se reitera la exclusividad para el Estado de las áreas estratégicas a que ya antes había hecho referencia el artículo 25 y se les exceptúa de poder ser consideradas como monopolios.
El gobierno de facto encabezado por Felipe Calderón dice y reitera en forma machacona, en esa negación del debate que es la publicidad en los medios a favor de la iniciativa, que se pretende fortalecer a Pemex. Lo que se pretende en realidad es arrebatarle sectores importantes de su cadena productiva, entregándolo precisamente a empresas que son sus competidoras.
¿Cómo puede fortalecerse algo quitándole partes fundamentales de su estructura? ¿Cómo puede darse fortaleza a una entidad, abriendo las puertas a sus competidoras, para que tengan injerencia en su actividad exclusiva?
El concepto de estrategia proviene de la ciencia militar; un punto estratégico es el que da una ventaja frente al enemigo en una batalla o en una guerra; trasladado el concepto al campo de la economía y de la política, que es como lo emplea el constituyente, un área estratégica es aquella que le da al Estado mexicano una posición que le permite competir con alguna ventaja en el complejo mundo moderno de las relaciones internacionales.
Tanto en la guerra como en la política y la economía, ceder una posición estratégica significa, necesariamente, o una tontería o un acto de traición; los puntos estratégicos se defienden, se fortalecen, se atienden con todos los recursos que se requieran, pero nunca se abren ni se entregan al enemigo o al competidor.
Y eso precisamente es lo que se pretende llevar a cabo con las reformas propuestas; por ejemplo, en el artículo segundo de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos se dice que el Estado realizará las actividades que le corresponda en exclusiva en las áreas estratégicas del petróleo y los hidrocarburos, como si en esta materia existieran otras áreas que no sean estratégicas.
La Constitución no distingue, todo lo relacionado con el petróleo es estratégico y así es, por la importancia económica pero también geopolítica que tiene la industria que se ocupa de su extracción, transportación y venta; pero si esto no fuera así, antes de meter mano en este campo, tan delicado y sensible de nuestro sistema jurídico, debería de haberse intentado la reforma constitucional a la que no se atrevieron y a la que quieren tocar a trasmano y con los subterfugios de una reforma amañada.
En el artículo tercero se reitera el equívoco; pretende el proyecto que Petróleos Mexicanos ejercerá “la conducción central y la dirección estratégica” de la industria petrolera. No, Petróleos Mexicanos no tiene sólo facultades o funciones de conducción y dirección estratégica, tiene mucho más, es el titular mismo, con exclusividad y en nombre del Estado mexicano, de la propiedad y el control; todas las acciones que esta industria requiera, para estar en congruencia con la forma en que están redactados los preceptos constitucionales, deben estar precisamente en las manos de la paraestatal que tiene en exclusiva propiedad y control y que la ley suprema sustrae de la posible acción de empresas privadas; si dejáramos que se aprobara el artículo tercero como está, interpretándolo a contrario sensu, las empresas privadas podrían intervenir en todo lo que no fuera estrictamente “conducción central” y “dirección estratégica”.
Disposiciones violatorias a los artículos 25 y 28 que establecen la distinción entre áreas prioritarias y áreas estratégicas y al 27 que reserva para la Nación el dominio directo sobre el petróleo, se encuentran en los cinco proyectos que integran la supuesta reforma energética; no sólo son los conceptos erróneos que se leen en las exposiciones de motivos, si no que artículos claramente contradictorios de los principios constitucionales, como el 4 de la Ley Reglamentaria del 27 Constitucional, que abre la puerta a que se den permisos a particulares para el transporte, almacenamiento y distribución de petróleo y sus derivados y que permite en forma solapada que los particulares, sin distinguir si son nacionales o extranjeros, sean propietarios de refinerías, oleoductos y otras instalaciones que corresponden exclusivamente al sector público de la economía, esto es, al Estado.
Lo mismo sucede con el artículo 7 de dicha ley, que deja a los particulares la posibilidad de explorar campos petroleros; o el 12, que equipara a Pemex con una entidad del derecho privado; este espíritu de sacar a la paraestatal del ámbito del derecho público y de la jurisdicción nacional se manifiesta en diversas expresiones empleadas en los proyectos de nuevas disposiciones, que emplean, por ejemplo, como una regla para los trabajos y contratos relacionados con el petróleo y sus derivados la de “las mejores prácticas”.
Esto es, se pretende que en México se sigan esa “mejores prácticas” o sea lo que se usa en otros países, sin tomar en cuenta ni quién será el que califique cuáles son esas mejores prácticas y sin tomar en cuenta tampoco que las mejores prácticas en empresas privadas pueden ser unas, tendientes a la mayor explotación del petróleo con miras únicamente de mayor lucro, y otras muy distintas pueden ser prácticas más adecuadas para una entidad que, como Pemex, es una empresa estatal que se ha convertido, en la práctica, en el sustento y columna vertebral de la economía nacional.
Las mejores prácticas pueden ser, para las grandes corporaciones, las de una explotación indiscriminada para obtener de inmediato el mayor provecho posible, sin cálculos para el futuro y sin consideraciones de carácter político; en cambio, para la empresa mexicana las mejores prácticas debieran ser las de administrar con prudencia y con visión a largo plazo nuestra riqueza petrolera.
Otro término que se usa en forma reiterada en varias partes de los proyectos es el concepto de “criterio corporativo”, que se pretende sea el modelo que debe adoptar el Consejo de Administración de la paraestatal.
El criterio corporativo está tomado de una nueva rama del derecho denominada precisamente “derecho corporativo” y que se ocupa del estatuto jurídico de las grandes empresas trasnacionales, las relaciones entre sus accionistas, sus contratos, fusiones, escisiones, conflictos financieros y formas de evadir las cargas fiscales; el derecho corporativo pretende, según sus teóricos, estar por encima de la clasificación clásica que divide a las ramas del orden jurídico en derecho público, derecho privado y derecho social; el corporativo, dicen, es una rama nueva del derecho, que rompe con los esquemas anteriores y que constituye un derecho que excede los ámbitos nacionales y pretende validez de carácter internacional, sólo que en beneficio y provecho de las grandes corporaciones y de sus abogados que son los propulsores de esta nueva rama de la ciencia jurídica.
Aceptar expresamente en textos jurídicos nacionales que una empresa mexicana, de interés público, use criterios del derecho corporativo, es poner en juego la soberanía sobre nuestros recursos y entregar la interpretación y cumplimiento de los contratos a leyes y tribunales extranjeros.
Esta tendencia se refleja claramente en el proyecto de artículo 49 de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos que permite convenir en la aplicación del derecho extranjero y sujetarse a la jurisdicción de tribunales de otras naciones. Ya sabemos que cuando se habla con esa generalidad de derecho y jurisdicción extranacional, van a ser las grandes potencias, como los Estados Unidos o Inglaterra o quizá alguna otra nación emergente, a las que en el fondo se está refiriendo el proyecto sin sentido de previsión y de protección mínima de nuestra soberanía en un tema tan controvertido y delicado, en el que tan fácilmente se resbala hasta el conflicto armado.
Otro vicio de la propuesta del ejecutivo de facto, es que pretende, de dientes para afuera, fortalecer a Pemex, pero lo que hace en realidad es multiplicar la burocracia con nuevos organismos como la Comisión del Petróleo o con el incremento del número de consejeros en el Consejo de Administración de la paraestatal mexicana, duplicando las funciones y creando un verdadero laberinto de disposiciones que pueden servir fácilmente para, en lo futuro, burlar las claras disposiciones constitucionales.
Es cierto, como dice la propaganda, que hay un tesoro que México debe buscar, pero no es cierto que esté en las profundidades del Golfo de México; el tesoro está en el Instituto Mexicano del Petróleo que ha sido abandonado y reducido a su mínima expresión y que hay que rehabilitar; el tesoro está en los pozos taponados y abandonados a lo largo de la costa del Golfo, que pueden volverse a explotar con poca inversión; el tesoro está en la capacidad, espíritu de trabajo y patriotismo de los técnicos, obreros y profesionistas mexicanos que han sido hechos a un lado para ser sustituidos con contratos muy jugosos para quienes los otorgan, con empresas extranjeras de todo tipo.
El tesoro está en los yacimientos en tierra firme y en aguas someras que pueden ser ya explotados ahora o a muy corto plazo o en aguas profundas que requerirán más de tiempo y más trabajo. El tesoro esta también en la convicción de muchos mexicanos de que somos tan capaces como cualquiera y que no necesitamos en forma insustituible ni de inversiones ni de tecnología que nos venga de fuera; tenemos que acabar con ese criterio timorato que piensa que sólo puede salir México adelante si nos vienen a ayudar y que no ven o no quieren ver que cada vez que tal cosa ha sucedido no hay ni solidaridad ni desinterés, si no afán colonialista y codicia desmedida.
Si evitamos, si el pueblo evita, con su participación y sus movilizaciones, el atropello a la Constitución que se pretende, también y con el mismo impulso, estaremos rescatando la confianza en nosotros, en nuestros recursos, en nuestro propio ingenio y fortaleza y en nuestro destino como nación independiente.
Las entrañas del monstruo
Escrutinio
En su última e inconclusa carta, el 18 de mayo de 1895, José Martí escribió en referencia al tiempo que pasó en Estados Unidos: "Viví en el monstruo, y le conozco las entrañas". De igual modo puedo decir que, por haber trabajado en muchos medios de comunicación a lo largo de mi carrera periodística, los conozco por dentro, y sé que en ellos, al lado de periodistas rectos, honrados y ejemplares, abundan los mercenarios de la pluma que se alquilan o venden al mejor postor.
En su última e inconclusa carta, el 18 de mayo de 1895, José Martí escribió en referencia al tiempo que pasó en Estados Unidos: "Viví en el monstruo, y le conozco las entrañas". De igual modo puedo decir que, por haber trabajado en muchos medios de comunicación a lo largo de mi carrera periodística, los conozco por dentro, y sé que en ellos, al lado de periodistas rectos, honrados y ejemplares, abundan los mercenarios de la pluma que se alquilan o venden al mejor postor.
Sé también que los dueños de diarios, revistas, radios y televisoras están en su mayor parte ligados a poderosos intereses económicos y a menudo ellos mismos poseen otros grandes negocios, que los gobiernos destinan mucho dinero para comprar publicidad disfrazada de noticias o comentarios, y que mucha de la información y las opiniones que esos medios difunden no son imparciales ni bienintencionadas, sino que responden a mezquinos intereses o son francamente pagadas por el gobierno o por gente poderosa.
Por eso siempre recomiendo no aceptar a pie juntillas lo que se publica o se dice en la prensa hablada o escrita —ni siquiera lo que yo escribo—, sino tratar de obtener información de diversas fuentes, examinarla, compararla, cotejarla y analizarla, para así poder reflexionar, sacar conclusiones y formarse una opinión propia.
Fue por ello que el pasado lunes 5 envié a aquellas personas a quienes por distintas razones mando copia de mis artículos, una invitación a asistir a escuchar a Andrés Manuel López Obrador en Cancún, si deseaban —decía yo en el mensaje— "recibir información de primera mano sobre la privatización de la industria petrolera y no solamente la que el gobierno paga en la TV y otros medios de comunicación", para así "tener más elementos de juicio y poder normar su criterio."
Casi de inmediato recibí la respuesta de una persona que prácticamente rechazaba la invitación en los siguientes términos, que transcribo textualmente: "Pienso que el Sr Lopez Obrador ya le ha hecho mucho daño al pais, como para seguir haciendo propaganda sin fundamentos tecnicos, legales, de contratos, etc. Si pemex no se moderniza por medio de empresas que se dedican a realizar trabajos expertos, nadie lo va a realizar, porque precisamente por las trabas politicas y de discusiones sin fundamento en el congreso y en la calle, no se ha realizado acuerdos para que Pemex realize trabajos que al dia de hoy no hace, precisamente por la falta de acuerdos y objeciones de gente que lo unico que sabe hacer es manejar a la gente a su conveniencia y en contra de la democracia, el ejemplo mas claro que dentro de su partido, es el ejemplo mas claro de su antidemocracia."
Lamento que esa persona no haya asistido a la reunión. Ahí hubiera podido saber muchas cosas interesantes. Por ejemplo, que todas las refinerías que se necesitan para ya no tener que importar el 40% de la gasolina que consumimos en México, y todos los oleoductos que se requieren para transportar el petróleo y sus derivados de manera más económica y segura, los podría construir PEMEX con el dinero de los llamados excedentes petroleros de este año. Es decir, los ingresos extraordinarios que recibirá gracias a la diferencia de 50 dólares por barril entre el precio estimado en el presupuesto de ingresos 2008, y el precio que ya ha alcanzado el crudo. Y para construir y operar esas refinerías y esos oleoductos basta la tecnología que ya dominan los ingenieros y técnicos de Pemex.
Pero en la propaganda pagada por el gobierno, se nos hace creer que Pemex no tiene ni dinero ni tecnología para aprovechar nuestros recursos. Por ello, insisto, hay que buscar otras fuentes de información y no creer todo lo que se dice en la televisión.
Por eso siempre recomiendo no aceptar a pie juntillas lo que se publica o se dice en la prensa hablada o escrita —ni siquiera lo que yo escribo—, sino tratar de obtener información de diversas fuentes, examinarla, compararla, cotejarla y analizarla, para así poder reflexionar, sacar conclusiones y formarse una opinión propia.
Fue por ello que el pasado lunes 5 envié a aquellas personas a quienes por distintas razones mando copia de mis artículos, una invitación a asistir a escuchar a Andrés Manuel López Obrador en Cancún, si deseaban —decía yo en el mensaje— "recibir información de primera mano sobre la privatización de la industria petrolera y no solamente la que el gobierno paga en la TV y otros medios de comunicación", para así "tener más elementos de juicio y poder normar su criterio."
Casi de inmediato recibí la respuesta de una persona que prácticamente rechazaba la invitación en los siguientes términos, que transcribo textualmente: "Pienso que el Sr Lopez Obrador ya le ha hecho mucho daño al pais, como para seguir haciendo propaganda sin fundamentos tecnicos, legales, de contratos, etc. Si pemex no se moderniza por medio de empresas que se dedican a realizar trabajos expertos, nadie lo va a realizar, porque precisamente por las trabas politicas y de discusiones sin fundamento en el congreso y en la calle, no se ha realizado acuerdos para que Pemex realize trabajos que al dia de hoy no hace, precisamente por la falta de acuerdos y objeciones de gente que lo unico que sabe hacer es manejar a la gente a su conveniencia y en contra de la democracia, el ejemplo mas claro que dentro de su partido, es el ejemplo mas claro de su antidemocracia."
Lamento que esa persona no haya asistido a la reunión. Ahí hubiera podido saber muchas cosas interesantes. Por ejemplo, que todas las refinerías que se necesitan para ya no tener que importar el 40% de la gasolina que consumimos en México, y todos los oleoductos que se requieren para transportar el petróleo y sus derivados de manera más económica y segura, los podría construir PEMEX con el dinero de los llamados excedentes petroleros de este año. Es decir, los ingresos extraordinarios que recibirá gracias a la diferencia de 50 dólares por barril entre el precio estimado en el presupuesto de ingresos 2008, y el precio que ya ha alcanzado el crudo. Y para construir y operar esas refinerías y esos oleoductos basta la tecnología que ya dominan los ingenieros y técnicos de Pemex.
Pero en la propaganda pagada por el gobierno, se nos hace creer que Pemex no tiene ni dinero ni tecnología para aprovechar nuestros recursos. Por ello, insisto, hay que buscar otras fuentes de información y no creer todo lo que se dice en la televisión.
sábado, mayo 10, 2008
■ ¿Quién ganó en el PRD?
■ La mayoría piensa que Encinas
■ Proceso irregular daña la imagen del partido
■ La mayoría piensa que Encinas
■ Proceso irregular daña la imagen del partido
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó que se cuenten los votos de todas las casillas instaladas el día de la elección en el PRD, inclusive las que registran irregularidades. El resultado se conocerá en los siguientes días. Nuestra encuesta de esta semana planteó dos preguntas. Primera: ¿eres miembro del PRD? Ochenta y uno por ciento de los 2 mil 733 participantes contestó que no. Segunda: ¿a tu juicio –cualquiera que vaya a ser el fallo del (TEPJF)– quién ganó? Sesenta y siete por ciento opinó que Alejandro Encinas; 27 por ciento dijo que no hay ganador, el proceso fue irregular. Sólo 2 por ciento sostuvo que ganó Jesús Ortega.Metodología
Enviamos 5 mil cuestionarios por correo electrónico a un número igual de buzones tomados al azar de los 10 mil 737 miembros de El Foro México. Hasta ayer habíamos recibido, también por Internet, la respuesta de 55 por ciento. Numerosos foristas acompañaron su voto con su razonamiento. En seguida reproducimos algunos fragmentos. Los textos completos pueden leerse en el foro.
Votos razonados
Lo mejor es que entre un tercero, distinto a Encinas y Ortega, para evitar que termine partido el partido. Acá en Puebla dizque ganaron los chuchos con la ayuda del góber precioso.
Federico Chilián / Puebla
Por supuesto que ganó Encinas; Jesús Ortega se hace la víctima, desprestigiando al partido y negociando con la derecha.
Christian Cruz Meléndez / Ecatepec
Fui testigo, ayudé a contar los votos, vi cómo firmaron las actas y vi cómo ganó Encinas en la casilla de Boca del Río, Veracruz. No sé cómo apareció en Jalapa un resultado distinto, absurdo, ridículo, grotesco, en favor del tramposo de Ortega. Vean lo que les comento en Youtube: Votación PRD Boca del Río Veracruz.
Juan Villar Romero / Boca del Río
En Aguascalientes, como en otros estados, los de Nueva Izquierda dominan el partido. Su trabajo es vivir del presupuesto sin hacer nada. Tan contentos se les ve que, con algunas excepciones, opinan en contra de la resistencia civil pacífica. No quieren perder su corrupto acomodo en el sistema, donde la riqueza se alimenta de la pobreza de las mayorías.
Edith Olivares / Aguascalientes
Los días de los chuchos están contados y la derecha puede decir misa.
Carmen Gutiérrez/Texcoco
Se debieran realizar nuevas elecciones, solamente con militantes del PRD, ya que los últimos resultados apestan.
Gustavo Villarreal / Cuernavaca
A pesar de no ser perredista, en mi opinión ganó Encinas; en fin, lo que hicieron fue un proceso sucio. Ojalá se anulara la elección.
Elizabeth Laurrabaquio Junco / Milpa Alta
Los ganadores fueron: la desconfianza, la traición, la división, la hipocresía, el servilismo, el materialismo, el interés; pero lo que es un hecho es que todos perdimos.
Guillermo Castillo / Distrito Federal
¿Para qué hacen tanto alboroto si va a quedar un incondicional de AMLO? Mejor ahórrense los berrinches y que AMLO sea el dueño y señor del PRD y que él decida quiénes quedan y en qué puestos.
Alejandro Carstens Franco / La Paz
No soy perredista, ni otro ista mexicano, y me mantengo informado, en la medida de mis posibilidades, con fuentes confiables. Según esto, es altamente seguro que haya ganado Encinas. Si así fuera y se formalizara su triunfo, el PRD ganaría mucho de lo perdido, desde que se comenzó a ir para abajo por el erotismo de Rosario.
Joel Arellano Ortiz / Oaxaca
En 1988, también en una votación fraudulenta (entre Clouthier y Jesús González Schmal), el PAN fue tomado por los empresarios, al postular como candidato a la Presidencia a Maquío. Hoy se da lo mismo con el PRD. Han domesticado o sobornado a una parte importante de ese partido.
Fernando Gómez Cruz / Xochimilco
Por supuesto que ganó Chucho. Que cuenten los votos de Chiapas y Oaxaca.
Enrique González/Distrito Federal
Realmente es vergonzoso lo que está sucediendo en el PRD. Lo que es más escandaloso es el dinero que están gastando en todo esto y que proviene de nuestros impuestos. Deberían mostrar más respeto por la gente.
Marcela Acle / Distrito Federal
De la lectoría y las orejas justificatorias
“En un país donde las principales carencias en algunas personas son el dinero y la dignidad, gente de la ralea de Carlos Salinas de Gortari se mueve a sus anchas. Oficiosos que venden por migajas lo poco que les queda, y abren las puertas de sus medios, a personajes tan nefastos como el antes citado, lo confirman. La escasez de memoria es insultante. La falta de conciencia histórica, aberrante. Y la necesidad de mantener ligas subterráneas, vergonzosa. El pueblo mexicano, a pesar del retraso educativo, no es de la calidad de esos tipejos. Un asesino convertido en facilitador de los sucesos. Un ladrón de siete suelas transformado en honesto discursivo, con su estilo difuso que vuelve por sus fueros. Redentor de los años y escritor de los patíbulos. No permitamos que, una vez más, se burlen de nosotros. Absurdos son los que piensan que, cambiando la patina del tiempo, se borran las heridas. Por más que sean expertos en cinismo. Esta época convulsa merece menos fuego. Los espacios son adecuados para pesca, pues la revoltura del río se acrecienta; sin embargo, nuestra inteligencia se yergue sobre el valle de los necios y concurre a la razón. Demos cabida a los esclavos que salen del marasmo, levantemos la pared de la verdad, y no permitamos el paso de aquellos que tienen escasez, hasta de origen”
(Francisco A. Servín de A., fsda@att.net.mx).
(Francisco A. Servín de A., fsda@att.net.mx).
Definiciones y preguntas en la defensa de Pemex
La operación en curso de privatización de Pemex va mucho más allá de los negocios del capital y de la corrupción de los funcionarios, como en cambio era el caso en la prolongada destrucción de la red de ferrocarriles nacionales y en las sucesivas concesiones y rescates de las carreteras de cuota.
Esta de hoy es una decisión de alcance histórico, tanto como lo fueron el reparto agrario y la expropiación petrolera en los años 30, pero exactamente en el sentido opuesto. Se trata ahora de completar, por un lado, una recomposición ya iniciada del Estado y de los sectores de clase dominantes y, por el otro, una restructuración de las relaciones de ese Estado con la nación y su pueblo, y con Estados Unidos y sus planes geoestratégicos en estos años iniciales del siglo.
Se trata, al mismo tiempo, de llevar a término el mando indiscutido del capital financiero mexicano –insisto, mexicano– sobre el Estado nacional, y de integrar a éste como socio menor subordinado en la zona contigua de dominación y seguridad –América del Norte– de esa potencia a través de tres tratados: el TLCAN, el ASPAN y la Iniciativa Mérida, los tres estatutos clave de la subordinación económica, militar y política.
Se trata de desarmar y terminar de desmantelar las defensas estructurales que protegían la soberanía y la independencia de esta nación. Así y nada menos.
Esta posición de mando del capital financiero mexicano fue afirmándose a partir de los años ochenta del siglo XX a través de los sucesivos gobiernos y cambios constitucionales –artículos 3º, 27, 130– y de la privatización creciente de los bienes de la nación, no sólo en tanto empresas públicas y servicios financieros sino también en cuanto dominio del territorio, del patrimonio cultural y de los recursos naturales.
Es una gigantesca operación de despojo la que está en marcha desde entonces. La entrega de Pemex es la culminación de ese proceso.
* * *
El desmantelamiento que se intenta ahora completar no es, en efecto, sólo el de la propiedad estatal, sino también el de una forma de Estado mexicano –entendiendo aquí “Estado” como proceso de relación entre gobernantes y gobernados– que desde la derrota y la destrucción del Ejército Federal por la División del Norte en Zacatecas el 23 de junio de 1914 –es decir, ya desde antes de la Constitución de 1917–, se había ido conformando en la historia, en la legislación y en los antagonismos y las luchas hasta cubrir todo el siglo XX mexicano. Se trata de revertir el proceso histórico hasta una nueva y atroz Bella Época en este siglo.
De ese tamaño es la derrota que nos quieren imponer y lo que está en juego en la propuesta desintegradora de Felipe Calderón.
La ocasión parece inmejorable. El Estado mexicano, nominalmente unido bajo la Presidencia de la República y el pacto federal, está hoy fragmentado en mandos múltiples: el mando de los gobernadores que, mientras cada uno actúa como amo y señor en su feudo, se reúnen como poder nacional en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago); el de la Iglesia, potente y prepotente como nunca desde el siglo XIX y la Reforma, ante la cual bajan la cabeza todos los partidos y sus dirigentes (todos, dije, todos); el de los grandes señores de las finanzas y sus conexiones con el opaco y turbulento mundo financiero internacional; el de una Presidencia que busca refugio y amparo en las fuerzas armadas; el del narcotráfico con sus redes y contactos no visibles pero reales con todas las esferas de poder antes mencionadas y con varios poderes externos.
Si en este listado no concedo poder propio al dual monopolio televisivo es porque se trata de una dependencia del capital financiero en cuyos intereses y designios está integrada. Si tampoco lo concedo al Poder Legislativo y al Poder Judicial es porque cuanto de importante se decide en esas sedes ya estuvo decidido de antemano en otras sedes y otros poderes.
* * *
El mando financiero no tiene interés en recomponer ese Estado roto en fragmentos, con su modo protector y clientelar de relación con la población y sus políticas desarrollistas y de subvención al gasto social, a las empresas locales y a la planta industrial nacional. Quiere una nueva relación entre el gobierno y un pueblo, no de ciudadanos, sino de individuos atomizados en su vida social y focalizados en su conexión mediática.
Quiere una nueva relación estatal, sin patrimonio nacional común y cuya red conectiva, material y espiritual, sea ante todo ese mercado de las cosas que el capital financiero domina y controla, y donde el educador del pueblo son los medios mucho más que los maestros de un sistema escolar abandonado.
Para ese objetivo hay que terminar de quitar la pieza material central en la que se sustenta y con la que se financia el persistente modo de gobernar inscrito en la Constitución de 1917. Esa pieza, desde el 18 de marzo de 1938, se llama Pemex. Hoy, setenta años después, hay que acabar con ella y mandarla al desván de los recuerdos patrióticos, junto con el convento de Churubusco o la carroza de Juárez. Y, de paso, hacer un suculento negocio con el petróleo.
Hay que desmantelar y ceder, entonces, esa prenda del orgullo nacional que es Pemex, a la cual el modo como había sido conquistada y defendida en otros tiempos había convertido en símbolo material de la independencia frente a la potencia del Norte y también en prenda de la autonomía relativa de los políticos gobernantes.
Entregar Pemex es también quitar piso propio a las fuerzas armadas mexicanas y acelerar su conversión, deseada por el Pentágono y las finanzas, en una Guardia Nacional destinada a tareas de represión interior ya ejercidas desde el PRI; y por otro lado, dedicada, al igual que en Colombia, a la regulación armada del narcotráfico, negocio que Estados Unidos no muestra interés en erradicar sino en mantener bajo control. Ese ejército quedaría así subordinado al Pentágono.
La iniciativa de Felipe Calderón pretende completar el vaciamiento del artículo 27 constitucional, pilar central de la forma de Estado posterior a la revolución. Salinas de Gortari destruyó su parte agraria. Se trata ahora de echar abajo lo que queda, la expropiación petrolera que recuperó el subsuelo y unificó a la nación.
Ésta es la magnitud de lo que está en juego. No es nuestro interés defender la actual forma de Estado, corrupta, opresora y fragmentada. Pero su suerte y sus indispensables cambios tienen que ser decisión del pueblo mexicano, no de los poderes financieros nacionales y extranjeros.
En cuanto a la demostración presupuestaria, financiera, administrativa y tecnológica de la plena viabilidad de Pemex como patrimonio nacional, ha sido y está siendo hecha en estos días, con abundancia de datos y argumentos, por los numerosos expertos mexicanos en cuestiones petroleras. A ellos nos remitimos.
* * *
La defensa de Pemex y del patrimonio es una de las grandes causas de esta nación. Su dimensión simbólica y práctica va mucho más allá que la de sus empresas equivalentes en otras naciones latinoamericanas. Esa defensa necesita ser múltiple y en todos los terrenos, más allá de los ámbitos discursivos, parlamentarios o legislativos, aunque los incluya; más allá de las diferencias en otros temas y cuestiones entre las fuerzas y los individuos que se movilizan; más allá de las disputas por la preminencia, el mando o la dirección del movimiento de pueblo que es preciso extender a todos los espacios de vida, de trabajo, de estudio, de reunión o de esparcimiento.
Es preciso sumar a todos cuantos quieren preservar a Pemex como patrimonio común de la nación. ¿Cómo agregar esas fuerzas tras un objetivo común sin exigir a nadie que se subordine a una política, a una dirección partidaria o a un dirigente; y sin pedirle tampoco que no lo haga, si así le place y le parece?
El bando neoliberal está unificado por el poder presidencial, el poder financiero y el poder eclesiástico, cuyos altavoces son la televisión y la campaña unificada de los medios y sus cabecitas parlantes.
¿Cómo unificar las fuerzas de este lado en un frente plural por el petróleo; no por la Presidencia en 2012; no por las elecciones en 2009; no por la dirección o el control de este o aquel aparato partidario o sindical (y no sigo porque la lista de ambiciones e intereses particulares sería interminable)? ¿Cómo asegurar la independencia de cada uno en la unidad de un solo objetivo: defender a Pemex? ¿Cómo organizar sin regimentar ni uniformar, en las maneras diversas como se han organizado siempre en este país los movimientos de trabajadores, de estudiantes, de colonos, de ejidatarios, de lo que fuere?
¿Es que esa experiencia de generación tras generación de todo un pueblo durante un siglo entero se va a condensar sólo en votaciones de plaza a mano alzada y bajo consignas beatíficas como “amar es perdonar”, mientras la violencia se descarga en la descalificación y el insulto al que está al lado?
¿Cómo poner en el centro de las discusiones y las movilizaciones ideas, objetivos, discursos y modos diversos de organizar que muevan a la acción, a la convergencia, a la creación libre de maneras efectivas de lucha? ¿Cómo cortar de plano, a comenzar desde quienes ocupan posiciones dirigentes, las feroces disputas internas y el lenguaje soez: “traidor”, “víbora”, “fecal”, “pantaleta”, que hasta en los columnistas de la prensa escrita se ha ido haciendo costumbre? ¿Cómo lograr, por fin, que la causa de Pemex y el terreno central de esta lucha no sean vistos por sectores populares, angustiados por la pobreza y la sobrevivencia cotidiana, como una mera disputa en el Estado, en las instituciones, entre los políticos, esos que desde hace muchos años y a vista y paciencia de todos han usado a Pemex como su propiedad y para sus fines?
Estas son mis preguntas, dirigidas a todos nosotros, gente de la UNAM, y también al Movimiento Nacional por la Defensa del Petróleo que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
Y finalmente una pregunta no menos significativa: ¿por qué exigir ahora a los zapatistas, amenazados de un golpe militar represivo en cualquier momento, que se agreguen a este movimiento mientras todos los partidos los abandonaron y mantuvieron en el Congreso de la Unión la exclusión de los indígenas y la negación de sus derechos en esta nación?
* * *
No vine a esta nuestra universidad con respuestas ni con consignas. Vine con preguntas que nos hacemos tantos en esta movilización que no es de nadie y es de todos. Traje un manojo de interrogantes, producto de experiencias colectivas de organización de luchas mexicanas que se remontan al menos al movimiento ferrocarrilero de los años cincuenta y al movimiento estudiantil y popular de 1968, y que se han ido trasmitiendo y acrecentando generación tras generación.
Pido y propongo que encontremos entre todos y en todas partes los medios para que esa experiencia acumulada, patrimonio espiritual e ideal de todos nosotros, se vuelque en libertad como torrente, rescate el petróleo y ponga un alto a las sumisiones a las que nos arrastran este gobierno, sus mandantes y sus aliados.
Conferencia pronunciada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México el 8 de mayo de 2008.
El salinismo de Calderón
Carlos Presuel Salazar
El diseño y funcionamiento del actual gobierno no ofrecen garantías suficientes para evitar la restauración. Estrategias como "Vivir Mejor" son instrumentos de manipulación y acción clientelar de la política social que Calderón ahora recupera. En realidad con su "nueva" estrategia, Calderón confirma que es el espejo de Carlos Salinas:
"Hermanado por la ilegitimidad de su acceso a la silla presidencial con Carlos Salinas de Gortari, repite los pasos que éste dio en su intento por legitimarse: 1) golpear duro para demostrar que es un presidente fuerte y decidido (Salinas encarcela a La Quina, Calderón lanza la guerra al narcotráfico); 2) lanzar un gran ‘programa’ nacional para mostrar que gobierna para todos, especialmente para los pobres (Salinas, el Programa Nacional de Solidaridad, Calderón, el "Vivir Mejor"); 3) enviar y, mediante la alianza PAN-PRI, aprobar una andanada de reformas legislativas neoliberales (Salinas, entre otras, la reforma que convirtió la tierra ejidal en mercancía vendible y canceló la reforma agraria, y una ola privatizadora sin precedentes; Calderón, la reforma judicial que cancela garantías individuales básicas y endurece al aparato represivo, y la privatización petrolera) que dejan contentos a los verdaderos dueños del poder: los grandes capitalistas, locales y trasnacionales".
Pronasol vs Vivir Mejor
Mientras el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) de Carlos Salinas opera a partir de la formación de una enorme bolsa de recursos producto de la privatización, transferencia y liquidación de entidades públicas, la estrategia "Vivir Mejor" de Felipe Calderón descansa en los recursos provenientes de los excedentes petroleros.
En buena medida, la efectividad política del Pronasol se sustentó en su vasta publicidad que explotó un esquema de participación comunitaria, componente que no aparece en la estrategia calderonista de "Vivir Mejor" que sólo da recursos y subsidios.
Lo más importante, sin embargo, es el rol que tiene "Vivir Mejor en la actual coyuntura dominada por las iniciativas de reforma a Pemex que buscan privatizar la industria del petróleo en México: "…el lanzamiento de Vivir Mejor desempeña una doble función: lavarle la cara (al gobierno)…a su intento privatizador…Vivir Mejor, que no es un programa, sino una etiqueta…electorera que ya tiene logotipo y marca el inicio de la campaña electoral del PAN en 2009, encabezada por Calderón", tal y como ocurrió con el Pronasol que le permite a Carlos Salinas, en las elecciones intermedias de 1991, asegurar para el PRI mayoría absoluta en la Cámara baja.
Lo singular y anecdótico de la estrategia "Vivir Mejor", es que resulta una política espejo de los programas desarrollados durante el periodo de Carlos Salinas en la Presidencia de la República, con un agravante: al estar sujeta al ciclo económico los programas sociales de Calderón tienen un carácter marcadamente asistencialista y clientelar. El Ejecutivo regala dinero a los más pobres, lo que en términos económicos resulta altamente ineficiente.
La orientación de la política social de Calderón que inspira a la estrategia "Vivir Mejor" persigue tres objetivos políticos:
La individualización de los apoyos;
La regionalización de los programas;
La selección unilateral de los beneficiarios;
Entre sus principales fallas se identifican, entre otras:
"Vivir Mejor" es inercial. El mismo diseño y los mismos programas desde Zedillo hasta Calderón, pasando por Vicente Fox;
"Vivir Mejor" es limitado en su propia concepción: establece el objetivo de la igualdad de oportunidades, pero no la igualdad de resultados. En política social no importa sólo crear percepciones de oportunidades sino generar realidades de igualdad.
"Vivir Mejor" está sujeto al ciclo económico. Las metas del programa sectorial están sujetas a mantener durante el sexenio 2007-2012 un crecimiento del 3.5 por ciento de la economía en promedio anual. Entre 1983 y 2007, el PIB ha crecido a una tasa de 2.5 por ciento, la inversión fija bruta 2.4 por ciento y los salarios mínimos han perdido 69.4 por ciento su poder de compra. El panorama no es bueno, por lo que las metas del Programa Sectorial de la Sedesol fácilmente pueden venirse abajo.
Mientras Felipe Calderón anuncia programas bajo la "nueva" estrategia "Vivir Mejor", hay datos duros que confirman que en el primer trimestre del año, la actual administración registró "….un subejercicio del gasto por siete mil 451.4 millones de pesos, que afecta principalmente a la construcción de infraestructura, educación pública y salud…De acuerdo con los Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, en el periodo enero-marzo de 2008, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, reportó un monto no ejercido por tres mil 378.3 millones de pesos; en educación pública el subejercicio del gasto fue de dos mil 58.8 millones y en salud fue de 445.6 millones de pesos…".
El diseño y funcionamiento del actual gobierno no ofrecen garantías suficientes para evitar la restauración. Estrategias como "Vivir Mejor" son instrumentos de manipulación y acción clientelar de la política social que Calderón ahora recupera. En realidad con su "nueva" estrategia, Calderón confirma que es el espejo de Carlos Salinas:
"Hermanado por la ilegitimidad de su acceso a la silla presidencial con Carlos Salinas de Gortari, repite los pasos que éste dio en su intento por legitimarse: 1) golpear duro para demostrar que es un presidente fuerte y decidido (Salinas encarcela a La Quina, Calderón lanza la guerra al narcotráfico); 2) lanzar un gran ‘programa’ nacional para mostrar que gobierna para todos, especialmente para los pobres (Salinas, el Programa Nacional de Solidaridad, Calderón, el "Vivir Mejor"); 3) enviar y, mediante la alianza PAN-PRI, aprobar una andanada de reformas legislativas neoliberales (Salinas, entre otras, la reforma que convirtió la tierra ejidal en mercancía vendible y canceló la reforma agraria, y una ola privatizadora sin precedentes; Calderón, la reforma judicial que cancela garantías individuales básicas y endurece al aparato represivo, y la privatización petrolera) que dejan contentos a los verdaderos dueños del poder: los grandes capitalistas, locales y trasnacionales".
Pronasol vs Vivir Mejor
Mientras el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) de Carlos Salinas opera a partir de la formación de una enorme bolsa de recursos producto de la privatización, transferencia y liquidación de entidades públicas, la estrategia "Vivir Mejor" de Felipe Calderón descansa en los recursos provenientes de los excedentes petroleros.
En buena medida, la efectividad política del Pronasol se sustentó en su vasta publicidad que explotó un esquema de participación comunitaria, componente que no aparece en la estrategia calderonista de "Vivir Mejor" que sólo da recursos y subsidios.
Lo más importante, sin embargo, es el rol que tiene "Vivir Mejor en la actual coyuntura dominada por las iniciativas de reforma a Pemex que buscan privatizar la industria del petróleo en México: "…el lanzamiento de Vivir Mejor desempeña una doble función: lavarle la cara (al gobierno)…a su intento privatizador…Vivir Mejor, que no es un programa, sino una etiqueta…electorera que ya tiene logotipo y marca el inicio de la campaña electoral del PAN en 2009, encabezada por Calderón", tal y como ocurrió con el Pronasol que le permite a Carlos Salinas, en las elecciones intermedias de 1991, asegurar para el PRI mayoría absoluta en la Cámara baja.
Lo singular y anecdótico de la estrategia "Vivir Mejor", es que resulta una política espejo de los programas desarrollados durante el periodo de Carlos Salinas en la Presidencia de la República, con un agravante: al estar sujeta al ciclo económico los programas sociales de Calderón tienen un carácter marcadamente asistencialista y clientelar. El Ejecutivo regala dinero a los más pobres, lo que en términos económicos resulta altamente ineficiente.
La orientación de la política social de Calderón que inspira a la estrategia "Vivir Mejor" persigue tres objetivos políticos:
La individualización de los apoyos;
La regionalización de los programas;
La selección unilateral de los beneficiarios;
Entre sus principales fallas se identifican, entre otras:
"Vivir Mejor" es inercial. El mismo diseño y los mismos programas desde Zedillo hasta Calderón, pasando por Vicente Fox;
"Vivir Mejor" es limitado en su propia concepción: establece el objetivo de la igualdad de oportunidades, pero no la igualdad de resultados. En política social no importa sólo crear percepciones de oportunidades sino generar realidades de igualdad.
"Vivir Mejor" está sujeto al ciclo económico. Las metas del programa sectorial están sujetas a mantener durante el sexenio 2007-2012 un crecimiento del 3.5 por ciento de la economía en promedio anual. Entre 1983 y 2007, el PIB ha crecido a una tasa de 2.5 por ciento, la inversión fija bruta 2.4 por ciento y los salarios mínimos han perdido 69.4 por ciento su poder de compra. El panorama no es bueno, por lo que las metas del Programa Sectorial de la Sedesol fácilmente pueden venirse abajo.
Mientras Felipe Calderón anuncia programas bajo la "nueva" estrategia "Vivir Mejor", hay datos duros que confirman que en el primer trimestre del año, la actual administración registró "….un subejercicio del gasto por siete mil 451.4 millones de pesos, que afecta principalmente a la construcción de infraestructura, educación pública y salud…De acuerdo con los Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, en el periodo enero-marzo de 2008, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, reportó un monto no ejercido por tres mil 378.3 millones de pesos; en educación pública el subejercicio del gasto fue de dos mil 58.8 millones y en salud fue de 445.6 millones de pesos…".
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