“Reforma”: más desintegración de Pemex

Antonio Gershenson

Ya se han dado antes pasos hacia la desintegración de Pemex. Al separarse en organismos descentralizados que se reparten las funciones básicas, no sólo se duplican estructuras administrativas y conjuntos de funcionarios, sino que se establece una relación comercial entre unas y otras. El mayor absurdo: Pemex Exploración y Producción (PEP) le vende a Pemex Refinación (PR) petróleo crudo, y además a precios que no se basan en el costo real, en lo que costó localizarlo y sacarlo en México, sino en precios de fuera del país. De un costo de producción estimado en unos siete dólares por barril, a más de 100 dólares de valor de las exportaciones mexicanas.

Esto hace que haya una apariencia de baja o nula rentabilidad en algunos organismos, que deben “pagar” muy altos precios, y ha dado pretexto para el cierre de plantas y la suspensión de líneas de producción. Ahora, el problema se agrava con los intentos de reforma, o mejor dicho contrarreforma, porque a los organismos divididos se les quiere quitar la exclusividad de funciones que irían a empresas trasnacionales. Por ejemplo, si PR tiene una apariencia de baja productividad, qué quedará de ella si las nuevas refinerías van a ser trasnacionales y le van a vender gasolina, diesel y otros productos refinados a Pemex Refinación, a precios suficientemente altos como para garantizar la rentabilidad y un gran negocio para la trasnacional que tenga la refinería.

La trasnacional también podrá construir, poseer y operar ductos y almacenes, tanto para el crudo que reciba de la filial PEP, o de su contratista, como para entregar a PR en los lugares necesarios los productos refinados. Los fragmentos de Pemex estarían aún más separados entre sí, ya ni siquiera tratarían entre sí, sino con trasnacionales privadas. Estos cambios están propuestos a los artículos tercero y cuarto de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el ramo del petróleo.

En cuanto a PEP, empresas privadas contratadas se encargarían de su trabajo. Podrán ser contratadas por adjudicación directa en toda una serie de casos, algunos fáciles de “fabricar”. Si se aprueba el paquete de reformas legales petroleras en discusión, puede incluso haber entrega del crudo del contratista al dueño de la refinería… y puede resultar que sea la misma trasnacional la que opere exploración, producción, ductos, almacenes y refinerías. Como ya las gasolineras son operadas por particulares, una trasnacional puede controlar desde la boca del pozo petrolero hasta la boca del tanque de gasolina.

De por sí ha sido grave el desmembramiento de Pemex y el establecimiento forzado de relaciones comerciales entre sus entidades. Con estas medidas privatizadoras se agravaría la situación.

Queremos señalar que la tendencia internacional, en general, es en el sentido opuesto. A veces nos ponen como ejemplo a la estatal noruega Statoil, queriendo decir que puede haber una empresa pública y eficiente. Pero no dicen la otra parte. Hay allá una integración de empresas petroleras estatales, no un desmembramiento como aquí. El primero de octubre del año pasado se consumó la fusión de Statoil y la rama de petróleo y gas de la también estatal Norsk Hydro. Se formó la Statoil-Hydro. Pero como resultado de la fusión, el gobierno noruego quedó con 62.5 por ciento de las acciones de la nueva empresa. Y hay decisiones importantes que requieren mayoría superior a dos tercios. El Parlamento de ese país, al aprobar la fusión, la condicionó a que el gobierno comprara acciones suficientes para llegar a tener 67 por ciento de las acciones, o sea más de los dos tercios. En febrero, la ministra del petróleo de Noruega anunció que ya se estaba procediendo a la compra de acciones en cuestión de la empresa integrada, con dinero de los excedentes petroleros.

No sólo procede oponerse a estos nuevos pasos que se proponen en la iniciativa, tanto por ser privatizadores como por ser anticonstitucionales, como por desintegrar aún más a la industria petrolera del país. Procede también llevar, por los conductos legalmente establecidos, propuestas de cambios a las leyes, en este caso la Ley Orgánica de Pemex y la mencionada ley reglamentaria, volviendo a integrar a Pemex en una sola entidad pública y respetando la exclusividad de la nación que se desprende del artículo 27 de la Constitución.