El cachorro enjaulado

Porfirio Muñoz Ledo

El ejercicio ensimismado del poder es con frecuencia síndrome de debilidad congénita. Acusa un reflejo defensivo frente al entorno, que no se puede domeñar y ni siquiera encauzar razonablemente. Se recurre entonces al empleo desesperado del arsenal disponible, sin medir consecuencias posteriores. Es ante todo una afirmación sicológica y una estrategia palaciega con las que se busca sorprender y persuadir a los demás.

Ese es el saldo de las primicias del gobierno de Felipe Calderón. A despecho de una apariencia sobria y concentrada, traduce el acorralamiento determinado por las circunstancias. A falta de autoridad democrática y de disposición intelectual para emprender el diálogo, ha optado por ordeñar las potestades administrativas de que dispone aún la Presidencia de la República, con el fin de erigir una especie de fortaleza burocrática, impermeable a la protesta social y a los vientos de cambio.

Diríase que actúa como cachorro enjaulado, preso de una ferocidad inmadura e inconsciente todavía de la fragilidad de sus propias fuerzas y de los límites que su prisión política le marca. Entiéndase por cachorro, de acuerdo con la segunda acepción del diccionario de la Real Academia, el "hijo pequeño de otros mamíferos, como el león, el tigre, el lobo o el oso". Esto es, el heredero incipiente de especies que dominaron sus territorios en otros tiempos, sin obstáculos invencibles para conquistarlos.

La inercia imitativa del antiguo régimen no puede ser hoy fuente de gobernabilidad. Es irrisoria la comparación con el ruizcortinismo, dado que en aquel caso la austeridad del estilo era la envoltura que escondía la sabiduría del gobernante y ennoblecía la reciedumbre del sistema. Lo que ahora se pretende es disfrazar la precariedad de las instituciones, acoplarse a los poderes dominantes y hacer olvidar la ilegitimidad de origen.

De poco vale utilizar sin mesura los poderes residuales del Ejecutivo si no se corrigen las distorsiones constitucionales que generan la disfuncionalidad del sistema. Si no se atienden las causas que agudizaron la crisis y no se enfrentan los verdaderos retos del país. Antes que nada debiera disolverse un continuismo estéril, que se exhibe como el pago vergonzante de la imposición. Enseguida, habría que cancelar la deuda onerosa con los agentes políticos y económicos que la hicieron posible.

Hasta hora, nada indica que el gobierno se oriente en ese sentido. Por el contrario, pareciera que el nuevo mandatario asume sus ataduras como inevitables y se sostiene en ellas, en ausencia de un poder propio, distinto al que deriva de las órdenes que imparte y a la obediencia, en apariencia irrestricta, de las Fuerzas Armadas. La complicidad convencional de los medios informativos, de las oligarquías sindicales y de los dueños del dinero no hace sino subrayar la dramática sumisión del Estado.

Para encarar los verdaderos desafíos del país sería indispensable una reconversión política de gran envergadura y la revisión a fondo del andamiaje institucional. Afirmó ayer Julio María Sanguinetti en El País que el reto de Calderón "es tan nítido como difícil, pues debe intentar la disminución de la brecha de pobreza para superar ese país, partido por la desigualdad". ¿Podría pensarse que semejante tarea es asequible sin una modificación, así fuese gradual pero sustantiva, del modelo económico prevaleciente?

Los resultados catastróficos en materia de crecimiento, empleo y equidad social que arrojan los últimos 20 años demuestran todo lo contrario. En este punto el gobierno parece proseguir el autismo de su antecesor. Una suerte de ceguera contumaz ante las evidencias de la realidad. En el caso de Fox la conducta esquizoide era fruto de la frivolidad y el propagandismo. Ahora se asumen en el discurso los rezagos acumulados, pero se propone la continuidad de la estrategia que los generó. A un personaje doctrinario corresponden definiciones análogas. Esa es la primera de las murallas que lo acotan.

La composición del equipo económico del gabinete no deja lugar a dudas sobre la cárcel escogida. Sus primeras definiciones, menos aún. La pretensión de reducir el presupuesto de la educación pública, particularmente en el nivel superior, revela un talante privatizador que ignora la peligrosidad social del ausentismo escolar y la raíz misma de nuestra escasa competitividad. Proponer simultáneamente el incremento de los gastos de seguridad, equivale a privilegiar la fuerza sobre la razón.

El acuerdo alcanzado entre los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados por lo que hace a la ley de ingresos debe estimarse como una concesión táctica para corregir el despropósito en la distribución del gasto. Al igual que las discretas transacciones que permitieron la deslucida toma de protesta, pasarán a la memoria como equilibrios de emergencia al borde del precipicio. En modo alguno pueden confundirse con la apertura de un diálogo verdadero.

La condescendencia ante los grupos económicos y políticos que reivindican la manipulación electoral es indicativa del secuestro del Estado por los poderes fácticos. Transparenta un nuevo modelo de dominación que ha reemplazado el sistema de poder hegemónico por el de dinero hegemónico. Su pecado mayor es un continuismo degradante y su consecuencia inevitable, el sometimiento de las políticas públicas a intereses ajenos y aun opuestos a los objetivos que se postulan.

El llamado inicial apuntaba hacia un gobierno de coalición, que fracasó en ausencia de programas compartidos y de interlocución responsable. En su lugar, se ha instalado un gobierno de colusión. Las parcelas de poder otorgadas a las mafias gremiales y al aparato partidista acusan una propensión enfermiza hacia el clientelismo interno, notoriamente más corrosiva que la del régimen anterior, por la que se renuncia a la consecución del interés público y se desmiente el propósito de combatir la corrupción.

La feudalización del poder es opuesta a la modernidad política y a la racionalidad administrativa. Corre en sentido inverso a la parlamentarización de los sistemas que determina la evolución constitucional de una abrumadora mayoría de países. En vez de conformar una mayoría congresional estable por medio de alianzas con los partidos y de cara a la sociedad, entrega el poder como un botín a corrientes facciosas e instancias supraestatales. El recurso a las lealtades personales para acuerpar al Ejecutivo sólo habla de un reducto colectivo o de un reclusorio generacional.

Lo más grave es la práctica sistemática de la represión. El ejercicio de la violencia como método de gobierno. Lo que ocurre en Oaxaca y en Michoacán corresponde a una misma estrategia aplicada en dos contextos distintos. Agrediendo masivamente a las organizaciones populares se criminaliza la inconformidad social. Combinando todos los resortes del Estado para atajar en apariencia al narcotráfico, se acaba politizando el empleo de la fuerza pública. En ambos casos se trata de una operación mediática, no lejana de las gesticulaciones que hacen temibles a los fortachones de la lucha libre.

En suma, un gobierno en actitud defensiva frente a problemas de complejidad extrema y a una población cada vez más reclamante. Muy pronto tales políticas encontrarán fronteras infranqueables. Tal vez, por el camino de la profundización de la crisis se impondrá la necesidad de reinventar las instituciones nacionales.