No es lo mismo reprimir a la APPO que a narcos

Opinión

Donde las “ejecuciones” de los narcos avanzan, significa sólo dos cosas: O que los lugares donde ocurren están en las rutas básicas del narcotráfico hacia los Estados Unidos, y por ello es feroz y sin cuartel la lucha entre los “cárteles”; o que en la región o ciudad donde ocurren tales “ajusticiamientos” hay gobiernos débiles y mucha miseria, que son unos de los acicates más poderosos para la acción del crimen organizado. Esto nos lo dicen los lugares hasta hoy más recurridos para esas “ejecuciones”:

Guerrero, donde la miseria es ancestral, con violencia acumulada sempiterna, y a lo que se suma la incapacidad operativa del actual gobernador, el empresario Zeferino Torreblanca, que de perredista sólo tuvo el apoyo electoral.

Michoacán, cuya migración hacia los Estados Unidos u otras partes de México siempre ha sido una de las más altas y donde se aposenta un gobernador perredista, Lázaro Cárdenas Batel, pero sumamente débil de carácter y de fuerza institucional.

Tamaulipas, Baja California, Coahuila, Chihuahua (Cd. Juárez específicamente), Quintana Roo, Nayarit, además de tener comprobadamente gobiernos locales débiles (como Baja California, gobernada ya durante tres sexenios por políticos ineptos del derechista PAN), están en las rutas más ambicionadas del tráfico de drogas, por su cercanía a los centros de consumo norteamericanos o por su “viabilidad” como rutas seguras.

Con sólo estos ejemplos basta para verificar que los grupos del crimen organizado son muy sensibles a las fallas del poder, sea nacional, sea local, y muy pragmáticos para escoger esos lugares. De ahí que la narco-geografía esté situada más acentuadamente en los lugares señalados, aunque eso no signifique que las bandas delincuenciales no actúen en otras partes del país, en casi todas, como por ejemplo, en ciudades muy pobladas y, por eso, sustraídas al orden legal, donde los rastros de las acciones del tráfico de drogas tienden a perderse en una suerte de anonimato y clandestinaje impunes. Tales serían los casos de Guadalajara, del DF, de Monterrey, de Villahermosa y de otras.

Las continuas “ejecuciones” entre narcos, que han rebasado desde los tiempos priístas toda capacidad de respuesta de las autoridades encargadas de perseguir esos delitos, pero que se agudizan en los tiempos de Salinas, Zedillo y sobre todo Fox (periodo que arranca en 1988 y culmina en 2006, o sea, tres sexenios y ya casi 20 años) van al parejo con las crecientemente deprimidas situaciones sociales y económicas lugareñas, pero también, en las diversas épocas, con la vigencia del llamado “mercado libre” (si se abre el mercado a las mercaderías comunes y corrientes, ¿por qué razón no lo iba a hacer para el tráfico de estupefacientes, que también son mercancías y por añadidura de alto rendimiento pecuniario?). Y tanto Salinas, como Zedillo y como Fox son campeones del “mercado libre”, lo cual da un indicio de la posibilidad de lucha real contra el narco del nuevo “campeón” neoliberal encaramado en el poder, Calderón.

Si a esto se agregan las múltiples y endémicas complicidades y corrupciones en las filas oficiales, tenemos un país más que “colombianizado”, al grado que ya se podría hablar de que otros países se “mexicanizan” cuando alcanzan la alta incidencia de las luchas intestinas entre bandas de crimen organizado que se está registrando en nuestro país.

El operativo de Michoacán (federal y local) contra el narcotráfico, primero que emprende la administración impuesta de Calderón Hinojosa, no dio hasta hoy los resultados que de ella balandronearon que se tendrían. Ningún asunto destacable hubo en este operativo, anunciado a bombo y platillo días atrás. Y es que de seguro el propio anuncio previo de esta acción dio pie a los supuestos perseguidos para escabullirse, atrincherarse o cesar acciones mientras no se calmase la acción represiva.

Ya se ve que no es lo mismo que las fuerzas del orden se enfrenten a masas que protestan pacíficamente por motivos sociales o políticos (Oaxaca), donde las llamadas fuerzas del orden hacen y deshacen casi a placer, que a forajidos acostumbrados a andar a salto de mata, bien armados y dispuestos a todo. No significa lo mismo reprimir a militantes de la APPO o a mineros de Lázaro Cárdenas-Las Truchas (Michoacán), o a indígenas desarmados (Acteal, Aguas Blancas), que a narcotraficantes que no se enfrentan, sino que se escabullen, y cuando se enfrentan, ellos eligen el momento y el campo de batalla y la sorpresa. Todo parece indicar hasta hoy que este de la persecución del crimen organizado se trata de otro paso perdido de Felipe Calderón, pese s los decomisos de drogas por valor de 6 mil 740 millones de pesos, que son bicocas en el universo de ese tráfico ilegal.