Reorientar el presupuesto

Editorial

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos acordó ayer un aumento general de 3.9 por ciento a esa percepción básica de los asalariados mexicanos. El porcentaje equivale a menos de dos pesos al día, con lo que el indicador quedará en 50.57 pesos en el área geográfica A, y en las regiones B y C la percepción mínima será, respectivamente, de 49 y 47.60.

La decisión contrasta de manera manifiesta con la disposición constitucional que establece: "Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos" (título sexto, artículo 123, apartado A, inciso VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). En suma, este incremento miserable constituye, en términos legales, una determinación anticonstitucional. En el ámbito político y social la fijación del salario mínimo es, además, una burla: el incremento queda por debajo del estimado inflacionario y no alcanza ni siquiera a compensar los incrementos a la leche y a los combustibles impuestos en los últimos días del foxismo; representa, desde ahora, un nuevo retroceso en el poder adquisitivo del salario, el cual se ha reducido, de 1977 a la fecha en más de 75 por ciento.

Con este dato exasperante como telón de fondo, el debate legislativo en torno a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos de 2007 debe reorientarse a la protección de esa mitad de la población que subsiste con un salario mínimo o menos, y a los 20 millones de mexicanos que sobreviven con 22 pesos diarios, o con menos.

En este sentido, es claro que, independientemente de lo que decida hacer la Cámara de Diputados con los cambios introducidos por la de Senadores a la Ley de Ingresos particularmente, el rechazo al polémico impuesto a los refrescos propuesto por el Ejecutivo federal , al Presupuesto de Egresos del año que está por empezar debe imprimírsele un sentido redistributivo. No es difícil apreciar, por cierto, de dónde podrían salir los recursos para atender las acuciantes necesidades de salud, alimentación, educación, vivienda y transporte de la mayor parte de la población y las inversiones en infraestructura que el país requiere. A dos días de asumir la titularidad del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa presentó un plan de austeridad que establecía una reducción de las percepciones de los altos funcionarios, con lo que podría obtenerse un ahorro de 25 mil millones de pesos.

Si el recorte a esas percepciones fuera de 50 por ciento, como proponía Andrés Manuel López Obrador y aun ganando la mitad de lo que ganan, los altos cuadros gubernamentales seguirían teniendo salarios más que decorosos , se podría obtener, por simple lógica aritmética, cinco veces más, es decir, 125 mil millones de pesos. Recursos adicionales podrían liberarse si se eliminaran las pensiones insultantes que se otorgan los directivos de poderes y de organismos autónomos, y si se redujera el presupuesto a organismos como el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los cuales quedaron muy por debajo de lo que se esperaba de ellos, en materia de eficiencia, transparencia e integridad, antes y después de los comicios de julio pasado, y cuyos respectivos desempeños, lejos de impulsar la armonía en la sociedad, alimentaron una perdurable fractura política en el país.

Lo anterior es sólo algo de lo que podría hacerse para reorientar el presupuesto y hacer de él, a pesar del sello excluyente y oligárquico de la política económica anunciada por el nuevo gobierno, un instrumento de combate a las pavorosas desigualdades sociales y a la miseria de siempre que asoma por todo el territorio nacional una vez que van siendo retiradas las escenografías estadísticas del montaje llamado Foxilandia.